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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2016-00477-01

Fecha
3 de junio de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2016-00477-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Revócase la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Cauca que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, 16 Expediente 19001-23-33-000-2016-00477-01 (65.643) Actor: Álvaro Ocoró González y otros Reparación directa Apelación sentencia declárase probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y, consecuencialmente, deniéganse las súplicas de la demanda. 2°) Condénase en costas de segunda instancia a la parte actora en favor de la parte demandada, tásense de manera concentrada por el tribunal de primera instancia. 3º) Acéptase la renuncia del doctor Carlos Jorge Collazos Alarcón, quien actuaba como apoderado judicial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca. 4º) En firme este fallo, por Secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 19001-23-33-000-2016-00477-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

3 de junio de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, tres (3) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Consejero ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 19001-23-33-000-2016-00477-01 (65.643)
Demandante: ÁLVARO OCORÓ GONZÁLEZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA - CPACA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - DESTRUCCIÓN DE
RETROEXCAVADORAS EN OPERATIVO CONTRA
LA MINERÍA ILEGAL

Síntesis del caso: el 17 de octubre de 2015, integrantes de la Policía Nacional en aplicación del
Decreto 2235 de 2012 destruyeron dos retroexcavadoras por considerar que estaban destinadas a
actividades de minería ilegal; la parte demandante estima que se le debe indemnizar por la pérdida
de una de las máquinas que era de su propiedad porque, en su criterio, esta no era usada en labores
de minería ilegal y la actuación de la entidad demandada fue arbitraria e injustificada.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia dictada el 7 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del
Cauca en la que decidió:

“PRIMERO. - NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad
con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. - CONDENAR en costas a la parte demandante, conforme a
lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia

TERCERO. - NOTIFÍQUESE la presente sentencia de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 203 de la Ley 1437 de 2011”. (fl. 351 cdno. ppal -
mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1) Mediante escrito radicado el 10 de octubre de 2016 (fls. 92 a 102 cdno. 1), los
señores Álvaro Ocoró González, Ximena Mina Mezu, Darwin Fernando Ocoró
Possu, Mayra Alejandra Ocoró Possu, Álvaro Javier Ocoró Cabrera y Juan David

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Expediente 19001-23-33-000-2016-00477-01 (65.643)
Actor: Álvaro Ocoró González y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

Ocoró Mina, por intermedio de apoderado judicial, presentaron demanda en contra
de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, la Agencia Nacional de
Minería y la Corporación Autónoma Regional del Cauca con las siguientes súplicas:

“PRIMERA. La Nación Colombiana y el Ministerio de Defensa Policía
Nacional, la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC y la Agencia
Nacional Minera de Colombia, son administrativamente responsables de
los perjuicios materiales, morales, psicológicos, vida de relación causados
a los demandantes ÁLVARO OCORÓ GONZÁLEZ, quien es el
representante de la empresa EMMANUEL & OCGOAL S.A.S., XIMENA
MINA MEZU (esposa), mis hijos DARWIN FERNANDO OCORÓ POSSU,
MAYRA ALEJANDRA OCORÓ POSSU, ÁLVARO JAVIER OCORÓ
CABRERA y el menor JUAN DAVID OCORÓ MINA, quien lo representa
la señora XIMENA MINA MEZU como madre, demandamos en Acción de
Reparación Directa por falla en la prestación del servicio de la policía
nacional en destrucción total (incendiar totalmente) una máquina
HYUNDAI D6BVC 220 LC-9 retro excavadora de orugas modelo 2012
(…), hechos realizados el 17 del mes de octubre de 2015, demanda que
impetramos por los perjuicios antes mencionados así:

SEGUNDA. Condenar solidariamente, en consecuencia a la Nación, el
Ministerio de Defensa Policía Nacional, la Corporación Autónoma
Regional del Cauca CRC y la Agencia Nacional Minera de Colombia por
el daño ocasionado en la Destrucción total de una maquina Hyundai de
propiedad del doctor ALVARO OCORÓ GONZALEZ, quien es el
representante de la empresa EMMANUEL & OCGOAL S.A.S. y como
pago en LUCRO CESANTE, el reconocimiento de la totalidad del contrato
que tiene firmado el actor con el señor TEODULO QUINTERO, POR LOS
DIEZ (10) AÑOS DE SERVICIOS A VALOR DE $ 66.000.000°° PESOS
MES, y las demás adehalas que se desprenden de la relación de dicho
contrato.

TERCERA. Condenar, en consecuencia a la Nación, el Ministerio de
Defensa Policía Nacional, la Corporación Autónoma Regional del Cauca
CRC y la Agencia Nacional Minera de Colombia por el daño ocasionado
en la Destrucción total de una maquina Hyundai de propiedad del doctor
ALVARO OCORO GONZALEZ, quien es el representante de la empresa
EMMANUEL & OCGOAL S.A.S., XIMENA MINA MEZU (esposa), sus
hijos DARWIN FERNANDO OCORÓ POSSU, MAYRA ALEJANDRA
OCORÓ POSSU, ALVARO JAVIER OCORÓ CABRERA y el menor JUAN
DAVID OCORÓ MINA por PERJUICIOS PSICOLÓGICOS la suma de
cien (100) SMLMV para cada uno de ellos para la época de ocurrencia de
los hechos.

CUARTA. Condenar, en consecuencia a la Nación, el Ministerio de
Defensa Policía Nacional, la Corporación Autónoma Regional del Cauca
CRC y la Agencia Nacional Minera de Colombia por el daño ocasionado
en la Destrucción total de una máquina Hyundai de propiedad del doctor
ALVARO OCORÓ GONZALEZ, quien es el representante de la empresa
EMMANUEL &OCGOAL S.A.S., XIMENA MINA MEZU (esposa), sus hijos
DARWIN FERNANDO OCORÓ POSSU, MAYRA ALEJANDRA OCORÓ
POSSU, ALVARO JAVIER OCORÓ CABRERA y el menor JUAN DAVID
OCORÓ MINA por PERJUICIOS MORALES la suma de cien (100)

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Expediente 19001-23-33-000-2016-00477-01 (65.643)
Actor: Álvaro Ocoró González y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

SMLMV para cada uno de ellos para la época de ocurrencia de los
hechos.

QUINTA. Condenar, en consecuencia a la Nación, el Ministerio de
Defensa Policía Nacional, la Corporación Autónoma Regional del Cauca
CRC y la Agencia Nacional Minera (…) por el daño ocasionado en la
Destrucción total de una máquina Hyundai de propiedad del doctor
ÁLVARO OCORÓ GONZÁLEZ, quien es el representante de la empresa
EMMANUEL & OCGOAL S.A.S., XIMENA MINA MEZU (esposa), sus
hijos DARWIN FERNANDO OCORÓ POSSU, MAYRA ALEJANDRA
OCORÓ POSSU, ALVARO JAVIER OCORÓ CABRERA y el menor JUAN
DAVID OCORÓ MINA por VIDA DE RELACIÓN cada uno de ellos para
la época de ocurrencia de los hechos.

SEXTA. Condenar en consecuencia a la Nación, el Ministerio de Defensa
Policía Nacional, la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC y la
Agencia Nacional Minera de Colombia por el daño ocasionado en la
Destrucción total de una máquina Hyundai de propiedad del doctor
ALVARO OCORÓ GONZALEZ, quien es el representante de la empresa
EMMANUEL & OCGOAL S.A.S., XIMENA MINA MEZU (esposa), sus
hijos DARWIN FERNANDO OCORÓ POSSU, MAYRA ALEJANDRA
OCORÓ POSSU, ALVARO JAVIER OCORÓ CABRERA y el menor JUAN
DAVID OCORÓ MINA por pérdida material en la DESTRUCCIÓN TOTAL
DE LA MÁQUINA valor $ 320.000.000°° millones de pesos.

SÉPTIMA. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo
previsto en el Inciso 4 del artículo 187 del nuevo código de procedimiento
administrativo y de lo contencioso administrativo ley 1437 de 2011 (…)
desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del
correspondiente fallo definitivo.

OCTAVA. La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los
términos del artículo 192 del nuevo código de procedimiento
administrativo y de lo contencioso administrativo ley 1437 de 2011.

NOVENA: Condenar, en consecuencia a la Nación, el Ministerio de
Defensa Policía Nacional, la Corporación Autónoma Regional del Cauca
CRC y la Agencia Nacional Minera (…) por agencias en derecho (…)”. (fls.
92 a 94 cdno.1- mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

2. Hechos

La parte actora expuso como fundamento fáctico, en síntesis, lo siguiente:

1) La sociedad Emmanuel & OCGOAL SAS - cuyo representante legal es el señor
Álvaro Ocoró González- es propietaria de la máquina retroexcavadora marca
Hyundai, modelo 2012, identificada con el número de serie HHKHZ614CC0001576.

2) El 31 de agosto de 2015, la sociedad Emmanuel & OCGOAL SAS suscribió un
contrato de arrendamiento con el señor Teódulo Quintero, quien es titular del

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Actor: Álvaro Ocoró González y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

contrato de concesión minera número EJ3-102, en virtud del cual le entregó la
tenencia de la retroexcavadora para la explotación de un yacimiento de materiales
de construcción en el cauce del río Palo del municipio de Guachené (Cauca).

3) El 17 de octubre de 2015, aproximadamente a las 6 de la tarde, agentes de la
Policía Nacional destruyeron la retroexcavadora de propiedad de la sociedad
representada por el señor Álvaro Ocoró González con la que se estaban ejecutando
actividades de explotación minera; la retroexcavadora estaba a una distancia de 12
metros de la orilla del río y la destrucción se llevó a cabo en desarrollo de un
operativo contra la minería ilegal.

4) Las actividades que se realizaban con la máquina estaban amparadas por los
contratos de concesión minera números EAT-141 y EJ3-102 celebrados entre el
Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS) y el señor Teódulo
Quintero (arrendatario de la retroexcavadora); dichas actividades se ejecutaban
dentro del área contemplada en el contrato de concesión minera número EJ3-1021
que comprende veinticuatro (24) hectáreas y 2.765,5 m2.

5) La Policía presentó ante la Fiscalía General de la Nación - Seccional del Municipio
de Caloto (Cauca) un informe sobre el operativo, con base en el cual se inició un
proceso penal por los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y daño
ambiental; en ese informe, consta que el operativo tenía por objeto la destrucción
de dos máquinas de propiedad de José Valentino Moreno Javes (quien no es parte
en este proceso) pero, a pesar de ello, los agentes también quemaron la
retroexcavadora del demandante que no tenía relación alguna con la maquinaria
que fue objeto de la medida de destrucción.

6) La Policía Nacional es responsable por el daño consistente en la destrucción de
la retroexcavadora Hyundai, modelo 2012, identificada con el número de serie
HHKHZ614CC0001576, porque el operativo realizado fue ilegal, por cuanto, i) el
polígono reportado en el informe del operativo realizado por la Policía Nacional no
correspondía al lugar donde fue destruida la maquinaria; ii) la incineración de la

1 Según el informe de visita técnica realizado por un ingeniero de minas sobre el área del contrato

que fue aportado con la demanda y que los demandantes afirman hace parte integral de la demanda.

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Actor: Álvaro Ocoró González y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

máquina no tenía justificación alguna, pues, la entidad no permitió a su operador
exhibir los documentos que demostraban que contaba con título minero en esa
zona; los agentes de la Policía Nacional no procedieron de acuerdo con la norma
que regula la medida de destrucción de maquinaria pesada, pues, debieron recibir
la documentación que acreditaba los permisos que tenían para operar en el sector
y, iii) no era posible que la Policía Nacional verificara si tenía título minero con la
ANM y la CRC porque el operativo se hizo un día sábado a las 6 de la tarde y las
entidades no laboraban ese día; el procedimiento debía realizarse en día y horas
hábiles para que la información del título minero correspondiente pudiera ser
corroborada.

7) La Agencia Nacional de Minería y la Corporación Autónoma Regional del Cauca
son responsables por informarle a los agentes de la Policía Nacional,
equivocadamente, que no había título minero en la zona en la que fue hallada la
retroexcavadora, información con base en la cual los policías procedieron a su
incineración.

3. Contestación de la demandada

1) La Corporación Autónoma Regional del Cauca (fls. 131 a 145 cdno. 1) se opuso
a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de i) falta de
legitimación en la causa por pasiva, ii) ausencia de responsabilidad, iii) inexistencia
del nexo causal entre la conducta atribuida y el daño y, iv) ineptitud sustantiva de la
demanda; argumentó que la CRC es una autoridad ambiental que no tiene a su
cargo la vigilancia y control de la actividad minera y sus competencias en materia
de minería se limitan a las sanciones por vulneración de la normativa ambiental;
igualmente, hay ineptitud de la demanda porque los demandantes no realizaron una
imputación concreta de responsabilidad respecto de la CRC ni establecieron un
nexo causal entre los hechos que originaron el perjuicio y la actuación de las
entidades demandadas diferentes a la Policía Nacional; adicionalmente, es falso
que la CRC hubiese dado información que llevara a la destrucción de la mercancía,
toda vez que, i) el operativo se realizó un día sábado, en el cual la entidad no labora
y, ii) en todo caso, la CRC no es competente para dar la información sobre la
existencia de títulos mineros.

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Actor: Álvaro Ocoró González y otros
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Apelación sentencia

2) Por su parte, la Agencia Nacional de Minería (fls. 190 a 201 cdno. 1) propuso la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva; en ese sentido, adujo que
no le consta la destrucción de la retroexcavadora, pues, los demandantes no
allegaron el acta de destrucción de la misma; en relación con los hechos alegados
en la demanda, indicó que el 17 de octubre de 2015 la Policía Nacional le consultó
sobre la existencia de un título minero en tres puntos de control respecto de lo cual
la ANM estableció que en las coordenadas consultadas no existía título minero que
amparara la actividad minera; adicionalmente, ninguno de los puntos de control
consultados coincidía con las coordenadas de los contratos de concesión
enunciados en la demanda, por lo cual no podía considerarse que las actividades
desarrolladas estuvieran amparadas por dicho título.

De otra parte, el daño no es imputable a la acción u omisión de la ANM, toda vez
que, el operativo en el que se destruyó la maquinaria fue realizado por la Policía
Nacional y la participación de la agencia se limitó a brindar información en lo
relacionado con los títulos mineros debidamente registrados; al respecto, explicó
que la ANM no adelantó las diligencias de destrucción de maquinaria, tan solo
informó a la autoridad que no existían títulos mineros en las coordenadas
respectivas.

Finalmente, el daño no es antijurídico, pues, los beneficios obtenidos por los
demandantes provenían de la realización de una actividad ilegal, por lo tanto, los
perjuicios reclamados no son indemnizables.

3) La Policía Nacional controvirtió las súplicas de la demanda (fls. 217 a 222 cdno.
2) por considerar que el lugar donde fue encontrada la maquinaria no contaba con
título minero ni licencia ambiental para desempeñar actividades mineras como lo
exige la ley; por ello, la actividad que se realizaba al momento de la destrucción de
la maquinaria era ilegal y la Policía Nacional ejecutó la medida en aplicación del
artículo 2º del Decreto 2235 de 2012 expedido por el Ministerio de Defensa que le
otorgaba la competencia para ello; además, el procedimiento adelantado se ajustó
a derecho, pues, se realizó previa solicitud de la Policía Nacional a la ANM y a la
ANLA para comprobar la existencia de los requisitos y exigencias legales conforme
con el Decreto 2235 de 2012; una vez ingresadas las coordenadas donde se halló

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Actor: Álvaro Ocoró González y otros
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la máquina “al aplicativo SIG y VITAL -ANLA arrojó que ese punto no contaba con
instrumento de manejo y control ambiental (licencia ambiental o su equivalente)” (fl.
220 reverso cdno. 2) y ello está acreditado con el poligrama del operativo, en el que
consta que se contactó mediante llamada telefónica al subintendente Carlos
Alejandro Ortega, quien laboraba para la época de los hechos como enlace entre la
ANM, la ANLA y la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía.

Contrario a lo afirmado por los demandantes, el procedimiento no puede supeditarse
a un día y hora hábil para poder realizarlo, máxime si se trata de un caso de
flagrancia; en nada incide que las respuestas físicas a la solicitud de verificación de
título minero y licencia ambiental se hayan protocolizado hasta el lunes 19 de
octubre de 2015.

Como medio exceptivo invocó la ausencia de legitimación en la causa por pasiva,
porque la ANM y la ANLA son las autoridades que aportan la información a la Policía
sobre la existencia o no de título minero vigente, requisitos sin los cuales esta última
no podría ejecutar la medida de destrucción de maquinaria; por lo tanto, estas son
las entidades responsables si se destruye maquinaria amparada en un título minero;
no obstante, este no es el caso en el asunto objeto de estudio, porque la maquinaria
estaba en una zona donde no existía autorización para desarrollar actividades de
minería.

4. Sentencia de primera instancia

En providencia del 7 de noviembre de 2019 (fls. 342 a 351 cdno. ppal.), el Tribunal
Administrativo del Cauca denegó las súplicas de la demanda por considerar que el
daño alegado por los demandantes no es antijurídico y condenó en costas a la parte
demandante con base en las siguientes consideraciones:

1) Los demandantes no cumplieron la carga probatoria que les incumbía, pues,
aunque el daño consistente en la destrucción de la retroexcavadora está probado,
las pruebas obrantes en el expediente no acreditan que con la maquinaria se
estuvieran ejecutando actividades en una zona amparada por un título minero, razón
por la cual no se demostró la ilegalidad del procedimiento de destrucción de la
retroexcavadora adelantado por la Policía Nacional.

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2) Si bien al proceso se allegaron documentos que acreditan que en el lugar donde
fue incinerada la máquina existía una propuesta de contrato de concesión, esto no
implica que se contara con título minero; la referida propuesta constituía una
expectativa que no habilitaba que en la zona se pudiera realizar alguna explotación.

3) La prueba testimonial practicada en el proceso no es suficiente para demostrar
que el operativo fue ilegal; la afirmación realizada por los testigos en relación con el
hecho de que la Policía Nacional no permitió demostrar que la máquina podía operar
en el sector no es idónea para acreditar la existencia de un contrato de concesión
minera; además, los mismos testigos manifestaron que no tenían claridad de si el
sitio explotado era parte de la concesión otorgada al arrendatario de la máquina o
parte de la solicitud de contrato de concesión.

5. Recurso de apelación

La parte demandante en escrito radicado el 6 de diciembre de 2019 interpuso
recurso de apelación (fls. 358 a 363 y 365 a 369 cdno. ppal.) en el que solicitó la
revocatoria de la decisión de primera instancia, por las siguientes razones:

1) El tribunal valoró erradamente el testimonio rendido por Álvaro Possu (operario
de la máquina que estaba presente al momento de los hechos), porque, de sus
afirmaciones se puede concluir que la máquina se estaba utilizando para ejecutar
una actividad de minería legal y que la Policía Nacional no permitió que se
exhibieran los documentos que acreditaban que la retroexcavadora no podía ser
destruida.

2) El a quo no tuvo en cuenta que en el proceso se probó que la actividad que se
desarrollaba era legal; lo anterior, con base en los siguientes documentos: i) oficio
en el que se advertía a la Alcaldía de Guachené (Cauca) sobre la presencia de la
maquinaria en el sector y, ii) copia del contrato de concesión EJ3-102 celebrado con
INGEOMINAS para la explotación minera suscrito por 30 años a partir del año 2001,
pues, con dicho documento se demostraba que la actividad minera realizada en el
sector era conocida por las autoridades y que se ejercía desde 14 años atrás con
fundamento en ese título minero, sin que antes los hubiesen sancionado; en ese

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sentido, se desconoció el concepto del Ministerio Público que reconoce que sí
existió una falla del servicio en el operativo de la Policía por destruir la máquina sin
verificar los documentos.

3) No se comparte la consideración del tribunal relativa a que el contrato de
concesión aportado al proceso es solo una expectativa, que no autoriza la
explotación minera; por el contrario, este produce efectos y permite dicha actividad,
toda vez que, la Resolución 0794 del 18 de diciembre de 2007 en la que la
Corporación Autónoma Regional del Cauca reconoce la existencia del contrato de
concesión dispone que el mismo es de obligatorio cumplimiento.

4) La existencia del título minero que autoriza la actividad de la retroexcavadora está
probada, por lo cual, igualmente está acreditado el “hecho dañino y vandálico” (fl.
360 cdno. 2) realizado por los agentes de la Policía Nacional.

5) La primera instancia no tuvo en cuenta que la máquina del señor Álvaro Ocoró
González estaba en reposo (no realizaba actividades mineras en el momento del
operativo) y que se encontraba a diez (10) kilómetros de aquellas con las que sí se
estaba realizando la minería ilegal; la normativa aplicable para la destrucción de
maquinaria usada para minería ilegal prevé que si esta se encuentra a más de 30
metros del lugar donde se ejerce la actividad minera ilegal y está inactiva no se debe
proceder a la destrucción de esos elementos.

6) El tribunal no valoró el informe técnico rendido por el ingeniero de minas Luis
Rafael Parody Pontón, que fue aportado con la demanda, en el que se indica que a
la hora del operativo la máquina no estaba siendo usada; además, si bien la
retroexcavadora no estaba dentro de las coordenadas del contrato de concesión,
estaba en reposo y es normal que las máquinas usadas en la concesión estuvieran
en zonas distintas a esta, con lo cual se acredita que no era procedente considerar
que se desarrollaba una actividad ilegal.

7) Tampoco valoró el testimonio de Óscar González Valencia, director de Catastro
Minero, quien manifestó, claramente, que el lugar donde se incineró la máquina es

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un sitio diferente al de las coordenadas consultadas por la Policía Nacional para
adelantar el operativo.

6. Actuación surtida en segunda instancia

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 20 de febrero de 2020 (fl.
381 cdno. ppal), y el 15 de octubre de 2020 se corrió traslado a las partes para que
presentaran los alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera
concepto (fl. 386 cdno. ppal).

En dicha oportunidad procesal, la parte demandante (índices 19 y 20 SAMAI)
deprecó la revocatoria de la sentencia de primera instancia; mientras que la Agencia
Nacional de Minería pidió su confirmación (índice 24 SAMAI) y, las otras entidades
demandadas guardaron silencio; el Ministerio Público no rindió concepto (índice 25
SAMAI y fl. 390 cdno. ppal.).

I. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La demanda fue presentada en tiempo2, por lo cual, cumplidos los trámites propios
del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente
derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) legitimación en la
causa por activa, 3) análisis del caso concreto, 4) conclusión, 5) condena en costas
y, 6) otras decisiones.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1) La demanda está dirigida a que se declare la responsabilidad patrimonial
extracontractual de la Policía Nacional, la Agencia Nacional de Minería y la
Corporación Autónoma Regional del Cauca porque durante un operativo contra la
minería ilegal se destruyó una retroexcavadora de propiedad de la sociedad

2 La demanda se presentó dentro de los dos (2) años contados desde el acaecimiento del hecho

dañoso imputado. El operativo policial se adelantó el 17 de octubre de 2015 y la demanda se
interpuso el 10 de octubre de 2016; por su parte, la conciliación fue radicada el 8 de agosto de 2016
y la constancia de no conciliación se levantó el 26 de septiembre de 2016 (fl. 90 cdno. 1.).

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Emmanuel & OCGOAL SAS de la cual el señor Álvaro Ocoró González era el
representante legal.

2) El tribunal de primera instancia denegó las súplicas de la demanda por considerar
que no está probado que el daño alegado es antijurídico, pues, no acreditaron que
con la maquinaria se estuvieran ejecutando actividades en una zona amparada por
un título minero válido, razón por la cual no se demostró la ilegalidad del
procedimiento de destrucción de la retroexcavadora adelantado por la Policía
Nacional.

3) La parte demandante sostiene que sí está demostrada la existencia de un título
minero válido, que el tribunal no valoró las pruebas que lo acreditaban y que la
Policía Nacional destruyó la retroexcavadora sin verificar los documentos que
acreditaban que esta desarrollaba una actividad minera legal; asimismo, el contrato
de concesión aportado al proceso no es una mera expectativa, sino que, autoriza la
actividad minera y es de obligatorio cumplimiento.

4) La Sala revocará la sentencia de primera instancia que denegó las súplicas de la
demanda y, en su lugar, declarará, de oficio, la excepción de falta de legitimación
en la causa por activa porque no se demostró que los demandantes ostentaran
algún derecho de propiedad respecto de la retroexcavadora destruida al momento
de los hechos.

2. Legitimación en la causa por activa

1) La legitimación en la causa, como presupuesto procesal para obtener una
decisión de fondo hace referencia a la relación sustancial que debe existir entre las
partes del proceso y el interés sustancial del litigio, de manera tal que aquella
persona que ostenta la titularidad de la relación jurídica material es quien se
encuentra habilitada por la ley para actuar procesalmente.

2) Así las cosas, la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto
procesal del medio de control que debe ser observado por el juez de segunda
instancia, al margen que haya sido cuestionado o no en el marco del recurso de
apelación, sumado al hecho que de conformidad con lo expresamente dispuesto en

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el inciso segundo del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, en cualquier instancia el
juez puede declarar todas aquellas excepciones que se encuentren probadas en el
proceso, propuestas o no por las partes.

3) En el presente asunto, la parte demandante está conformada por los señores
Álvaro Ocoró González, Ximena Mina Mezu, Darwin Fernando Ocoró Possu, Mayra
Alejandra Ocoró Possu, Álvaro Javier Ocoró Cabrera y Juan David Ocoró Mina, y
en la demanda se pretende la indemnización de perjuicios por la destrucción de la
retroexcavadora marca HYUNDAI D6BVC 220 LC-9, modelo 2012, serial
HHKHZ614CC0001576.

4) El señor Álvaro Ocoró González acudió al proceso con invocación de la condición
de representante legal de la sociedad Emmanuel & OCGOAL SAS, la cual, se alegó,
era “propietaria” de la máquina retroexcavadora; en esa dirección, para acreditar su
condición con la demanda allegó i) la factura de venta de la retroexcavadora marca
HYUNDAI, serial HHKHZ614CC0001576, expedida el 24 de septiembre de 2012, la
cual está a su nombre (fl. 91 cdno. 1) y, ii) el contrato de arrendamiento de la
máquina suscrito con el señor Teódulo Quintero (titular del contrato de concesión
minera número EJ3-102) el 31 de agosto de 2015 (fls. 36 y 37 cdno. 1); no obstante,
las referidas pruebas no acreditan que el demandante o la sociedad por él
representada fueran los propietarios de la retroexcavadora.

5) De conformidad con el artículo 2 de la Ley 769 de 20023, la licencia de tránsito
es el documento que acredita la propiedad de los vehículos automotores y el artículo
47 de la misma normatividad establece que la tradición de vehículos requiere de la
inscripción del negocio jurídico ante el Registro Nacional Automotor4, requerimiento
que no es ajeno a las retroexcavadoras porque estas son consideradas como

3 El artículo 2° de la Ley 769 de 2002 dispone: “Licencia de tránsito: Es el documento público que

identifica un vehículo automotor, acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho
vehículo para circular por las vías públicas y por las privadas abiertas al público”.
4 “Artículo 47. Tradición del dominio. La tradición del dominio de los vehículos automotores requerirá,

además de su entrega material, su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, quien lo
reportará en el Registro Nacional Automotor en un término no superior a quince (15) días. La
inscripción ante el organismo de tránsito deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles
siguientes a la adquisición del vehículo (…)”.

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Expediente 19001-23-33-000-2016-00477-01 (65.643)
Actor: Álvaro Ocoró González y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

“vehículos automotores destinados a labores industriales o de construcción”5,
aspecto sobre el cual la Corte Suprema de Justicia ha precisado lo siguiente:

“En tal virtud, es claro que la expedición de la Ley 769 de 2002
introdujo en la normativa nacional, en forma definitiva y sin
excepciones, la formalidad de la inscripción en el registro terrestre
automotor de los títulos de adquisición de bienes automotores para
efectuar la tradición de estos, lo cual aplica igualmente para la
maquinaria capaz de desplazarse, los remolques y los
semirremolques. De manera que mientras no se lleve a cabo la
inscripción en el registro nacional automotor, el derecho de dominio
no se habrá transferido por falta del modo, es decir, no habrá
tradición. Por consiguiente, desde la expedición de esa legislación es
obligatorio, en todos los casos, el registro de la venta de un vehículo
automotor, para que pueda concretarse el modo de adquisición del
dominio”.6 (resalta la Sala).

6) En este caso, no se aportó al proceso la licencia de tránsito ni el certificado de
tradición de la retroexcavadora marca HYUNDAI, serial HHKHZ614CC0001576, por
lo cual, no se demostró el derecho de propiedad del señor Álvaro Ocoró González
ni de la sociedad Emmanuel & OCGOAL SAS sobre la misma, de modo que no
están legitimados en la causa por activa para demandar en tal condición ; además,
la Sala advierte que en la demanda no se determinó claramente quién es el
propietario de la máquina, pues, si bien en las pretensiones se afirma que le
pertenecía al señor Ocoró González, posteriormente, se afirma también que esta
era de propiedad de la sociedad Emmanuel & OCGOAL SAS y que el señor Ocoró
González obraba como representante legal de dicha empresa; lo mismo se
evidencia en el contrato de arrendamiento suscrito con el señor Teódulo Quintero
en donde consta que “EMMANUEL & OCGOAL SAS, cede a título de arrendamiento
una máquina retroexcavadora de orugas modelo 2012 color amarilla (…) motor
HYUNDAI D6BV-C 220LC (…) número de serie: HHKHZ614CC0001576 (…)” (fls.
36 y 37 cdno. 1).

7) De otra parte, si el señor Álvaro Ocoró González consideraba ser el propietario
de la máquina debió actuar contra su arrendatario, esto es, el señor Teódulo

5 “Maquinaria rodante de construcción o minería: Vehículo automotor destinado exclusivamente a

obras industriales, incluidas las de minería, construcción y conservación de obras, que por sus
características técnicas y físicas no pueden transitar por las vías de uso público o privadas abiertas
al público”.
6 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, expediente SC5327-2018 del 13 de diciembre

de 2018, MP Luis Alfonso Rico Puerta, radicación no. 68001-31-03-004-2008-00193-01.

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Expediente 19001-23-33-000-2016-00477-01 (65.643)
Actor: Álvaro Ocoró González y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

Quintero para reclamar los perjuicios sufridos por la destrucción de la
retroexcavadora; al respecto, el artículo 1996 del Código Civil dispone lo siguiente:

“El arrendatario es obligado a usar de la cosa según los términos o
el espíritu del contrato; y no podrá, en consecuencia, hacerla servir
a otros objetos que los convenidos, o a falta de convención expresa, a
aquellos a que la cosa es naturalmente destinada, o que deban
presumirse de las circunstancias del contrato o de la costumbre del país.

Si el arrendatario contraviene a esta regla, podrá el arrendador reclamar
la terminación del arriendo con indemnización de perjuicios, o
limitarse a esta indemnización, dejando subsistir el arriendo”
(negrillas de la Sala).

En el mismo sentido, el artículo 2005 del mismo código preceptúa que:

“El arrendatario es obligado a restituir la cosa al fin del arrendamiento.

Deberá restituir en el estado en que le fue entregada, tomándose en
consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimo (…)

En cuanto a los daños y pérdidas sobrevenidos durante su goce,
deberá probar que no sobrevinieron por su culpa, ni por culpa de sus
huéspedes, dependientes o subarrendatarios, y a falta de esta
prueba será responsable” (negrillas adicionales).

8) En ese orden, en el asunto objeto de estudio está probado que la retroexcavadora
fue entregada en arrendamiento al señor Teódulo Quintero para desarrollar la
actividad de “cargue de material de construcción del río Palo para la trituradora
MINATRUCK LTDA.”, según consta en la cláusula 10 del contrato celebrado el 31
de agosto de 2015 (fl. 37 cdno. 1); por lo tanto, como la máquina estaba en poder
del arrendatario y él la tenía en su custodia al momento del operativo de la Policía
Nacional, es este quien, en virtud de las normas que regulan el contrato de
arrendamiento, tenía la obligación de restituirla en el estado en que le fue entregada
y de usarla de acuerdo con el objeto pactado en el contrato; en consecuencia, el
señor Teódulo Quintero es quien debe responder por los perjuicios causados con
su destrucción la cual constituiría un incumplimiento de las obligaciones a su cargo;
por lo anterior, ninguno de los demandantes está legitimado para demandar al
Estado por los perjuicios reclamados.

3. Conclusión

Se revoca la sentencia de primera instancia que denegó las súplicas de la demanda
y, en su lugar, se declara, de oficio, la falta de legitimación en la causa por activa

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Actor: Álvaro Ocoró González y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

respecto de todos los accionantes, porque en la demanda no se alegó y mucho
menos se demostró que estos ostentaran algún derecho respecto de la maquinaria
destruida; en consecuencia, probada la ausencia de legitimación en la causa por
activa se denegarán las pretensiones de la demanda.

4. Condena en costas

En vista de que el recurso de apelación no prosperó, el apelante debe ser
condenado en costas y agencias en derecho de conformidad con lo ordenado en el
artículo 188 del CPACA, las cuales serán tasadas y liquidadas de manera
concentrada por el tribunal de primera instancia, de acuerdo con los artículos 365 y
366 del CGP.

4. Otra decisión

Respecto de la renuncia al poder presentada por el apoderado judicial de la
Corporación Autónoma Regional del Cauca se tiene que, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso cuarto del artículo 76 del Código General del Proceso, el
poder terminará luego de transcurridos cinco (5) días de presentado el memorial de
renuncia al correspondiente despacho judicial acompañado de comunicación
enviada al poderdante en tal sentido, por lo cual, teniendo en cuenta que dicho
memorial fue presentado a esta Corporación el 3 de mayo de 2024 (índice 30
SAMAI) acompañado de la respectiva comunicación, se acepta la renuncia del
doctor Carlos Jorge Collazos Alarcón, quien actuaba como apoderado judicial de la
Corporación Autónoma Regional del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1°) Revócase la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Cauca que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar,

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Expediente 19001-23-33-000-2016-00477-01 (65.643)
Actor: Álvaro Ocoró González y otros
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Apelación sentencia

declárase probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa y, consecuencialmente, deniéganse las súplicas de la demanda.

2°) Condénase en costas de segunda instancia a la parte actora en favor de la parte
demandada, tásense de manera concentrada por el tribunal de primera instancia.

3º) Acéptase la renuncia del doctor Carlos Jorge Collazos Alarcón, quien actuaba
como apoderado judicial de la Corporación Autónoma Regional del Cauca.

4º) En firme este fallo, por Secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen
para lo de su cargo, previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Sala Magistrado (E)
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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