Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00242-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00242-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2017-00242-02
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
22 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D. C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022).
Radicado No. 190012333000201700242 01.
No. interno: 1641-2022.
Actor: Carlos Fernando Medina Ramírez.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
Trámite: Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho / Segunda Instancia.
Asunto: Establecer si el acto de insubsistencia se
encuentra viciado en infracción en las normas en
que debían fundarse, pues, aparentemente,
además de que el Procurador General de la Nación
no podía regular aspectos de la carrera y del
concurso de los Procuradores Judiciales, no se
tuvo en cuenta su condición de prepensionado.
Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la
Sección de 21 de julio de 20221, después de surtidas a cabalidad las demás
etapas procesales y de establecer que no obra en el proceso irregularidades o
nulidades procesales que deban ser saneadas, para decidir el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 2 de
diciembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio
de la cual negó las pretensiones del señor Carlos Fernando Medina Ramírez en
contra de la Procuraduría General de la Nación.
I. ANTECEDENTES2
1.1 La demanda y sus fundamentos.
Carlos Fernando Medina Ramírez, por intermedio de apoderado judicial3, en
ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho –Ley
1437 de 2011- presentó demanda con el fin de que se declare la nulidad del
Decreto 3586 de 8 de agosto de 2016, por medio del cual, el Procurador General
de la Nación nombró en periodo de prueba a la señora María Alejandra Paz
Restrepo en el cargo de Procurador Judicial I código 3PJ grado EG, en la
Procuraduría 74 Judicial I Administrativa y, en consecuencia, se dispuso que su
nombramiento en provisionalidad «en el citado cargo» había terminado.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: (i) el reintegro a un cargo de igual o superior categoría, sin solución de
1
Informe visible a folio 290 del expediente.
2
Visible a folios 16 a 42 del expediente.
3
El abogado Gustavo Quintero Navas.
2
Radicado No. 190012333000201700242 01.
No. interno: 1641-2022.
Actor: Carlos Fernando Medina Ramírez.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
continuidad; (ii) el pago de salarios y demás emolumentos dejados de percibir
desde el momento en que se produjo su retiro hasta cuando se produzca su
reintegro; (iii) el reconocimiento de 100 salarios mínimos mensuales legales
vigentes por concepto de daño emergente; (iv) dar aplicación a la sentencia en
los términos de los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; (v) y, condenar en costas y
agencias en derecho.
Para una mejor compresión del caso, la Sala se permite realizar un resumen
integral de la situación fáctica de la demandante, así:
El señor Carlos Fernando Medina Ramírez fue nombrado el 10 de diciembre de
20084 para desempeñar el cargo de Procurador Judicial I código 3PJ grado EG,
en la Procuraduría 74 Judicial I Administrativa.
Este empleo correspondía a los denominados de libre nombramiento y
remoción, sin embargo, con posterioridad a la expedición de la sentencia C-101
de 20135 de la Corte Constitucional, la cual declaró la inexequibilidad de la
expresión “Procurador Judicial” del artículo 182 del Decreto Ley 262 de 20006,
pasó a ser de carrera, pues a su juicio se había vulnerado el artículo 280 de la
Constitución7 que ordena la equiparación en materia de “derechos” entre
magistrados y jueces y los agentes del ministerio público que ejercen el cargo
ante ellos.
En virtud de lo anterior, el Procurador General de la Nación mediante Resolución
040 de 20 de enero de 2015 aperturó el concurso de méritos para proveer los
empleos de Procurador Judicial I y II.
Una vez que la señora María Alejandra Paz Restrepo superó el citado concurso,
el Procurador General de la Nación lo nombró por medio del Decreto 3586 de 8
de agosto de 2016 en periodo de prueba en el cargo de Procurador Judicial I
código 3PJ grado EG, en la Procuraduría 74 Judicial I Administrativa, lo cual
afectó al señor Carlos Fernando Medina Ramírez, porque le produjo el retiro del
servicio.
4
Información tomada de la Certificación que obra a folio 10 del expediente.
5
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-101 de 28 de febrero de 2013, demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000; actor: Juan Evangelista Soler
Reyes; M. P. Dr. Mauricio González Cuervo.
6
“(…) ARTÍCULO 182. Clasificación de los empleos. Los empleos, de acuerdo con su naturaleza y
forma de provisión, se clasifican así:
1) De carrera
2) De libre nombramiento y remoción
Los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera, con excepción de los de libre
nombramiento y remoción.
Los empleos de libre nombramiento y remoción son:
(…)
• Procurador Judicial
(…)
3. De período fijo: Procurador General de la Nación.
(…)”.
7
“(…) ARTICULO 280. Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría,
remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes
ejerzan el cargo. (…)”.
3
Radicado No. 190012333000201700242 01.
No. interno: 1641-2022.
Actor: Carlos Fernando Medina Ramírez.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
En efecto, el 12 de agosto de 2016 el Secretario General (e) de la Procuraduría
General de la Nación le informó al señor Carlos Fernando Medina Ramírez que
el cargo que venía ocupando lo desempeñaría María Alejandra Paz Restrepo y,
por tal motivo, su vinculación terminaría una vez el citado señor se posesionara.
A juicio del demandante, el acto acusado se encuentra viciado de nulidad
porque, entre otras, no tuvo en cuenta su condición de prepensionado.
1.2 Normas violadas y concepto de violación.
Constitución Política, artículos 4, 13, 113, 125, 279 y 280; Decretos 262 de 2000,
artículos 194 y 203; 263 de 2000, artículo 20; 264 de 2000 artículos 4 y 7.
Como concepto de violación de las normas invocadas, manifestó que los actos
demandados están afectados por cargos que se expondrán a continuación:
1.2.1. Extralimitación de la Corte Constitucional. Porque (i) la Corte
Constitucional sólo es competente para revisar la constitucionalidad de las leyes
y de los decretos del Gobierno Nacional que tengan fuerza material de ley, pero
no para proferir disposiciones legales para remplazar estas; (ii) la Corte
Constitucional no puede adoptar determinaciones que se encuentran
reservadas a legislador, como lo es el régimen laboral, prestacional y salarial de
los procuradores judiciales; y (iii) la Corte Constitucional no podía en la
sentencia C-101 de 2013,8 ordenar a la PGN que en un plazo de 6 meses,
convocase a concurso público de méritos para proveer en propiedad los cargos
de «Procurador judicial», sin que el Congreso de la República regulase a través
de ley, lo relacionado con el sistema específico de carrera administrativa de
estos empleos, especificando, entre otras, sus funciones, y régimen
disciplinario, pues, dicha tarea, corresponde al Legislador.
1.2.2. Vulneración del principio de la reserva legal. Puesto que luego de que
en la sentencia C-101 de 2013,9 la Corte Constitucional declarase la
inexequibilidad de la expresión «Procurador Judicial», contenida en el artículo
182 del Decreto Ley 262 del 2000,10 que definía dicho empleo como de libre
nombramiento y remoción, el Procurador General debía esperar a que el
Congreso de la República legislara sobre la naturaleza de los mencionados
empleos, especificando su régimen de carrera, su régimen disciplinario, etc. En
ese sentido, dicen los demandantes, que el señor Procurador General no podía,
en la Resolución 040 del 20 de enero de 2015,11 regular tales aspectos del
régimen de carrera de los procuradores judiciales porque dicha tarea es propia
del legislador.
8
Con ponencia del Magistrado Mauricio González Cuervo.
9
Ídem.
10
Por el cual se modifican la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación y del
Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría
General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría
General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las
diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos.
11
Por medio de la cual se da apertura y se reglamenta la convocatoria del proceso de selección para
proveer cargos de carrera de procuradores judiciales de la entidad.
4
Radicado No. 190012333000201700242 01.
No. interno: 1641-2022.
Actor: Carlos Fernando Medina Ramírez.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
1.2.3. Falta de competencia del Procurador General para convocar a
concurso público de méritos para proveer los cargos de Procurador
Judicial. El señor Procurador General no podía dar apertura a un proceso de
selección para proveer en carrera los cargos de «Procurador Judicial», puesto
que, declarada inexequible la norma que estipulaba que dichos empleos eran
de libre nombramiento y remoción, le correspondía al legislador determinar la
naturaleza de tales empleos, en consecuencia, el Procurador General no se
encontraba habilitado para considerar «motu propio», que eran de carrera
administrativa, y mucho menos para convocar a concurso público de méritos
para proveerlos, sin que antes, el Congreso de la República regulase la materia.
1.2.4. Desconocimiento del derecho de igualdad de las personas que se
venían desempeñando en el cargo de «Procurador Judicial» en calidad de
empleados de libre nombramiento y remoción, antes de la expedición de
la sentencia C-101 de 2013. Puesto que (i) a dichos funcionarios se les obligó
a concursar con personas que no se encontraban en igualdad de circunstancias
que ellos, dada su experiencia en dichos empleos, y (ii) estos funcionarios no
fueron censados para determinar quiénes estaban en «condiciones
especiales», para luego establecer las garantías a que hubiere lugar.
1.2.5. Desconocimiento del derecho de acceso a cargos públicos. Porque
la convocatoria aperturada y regulada en la Resolución 040 del 20 de enero de
2015,12 prohibió que, al momento de inscribirse, los concursantes pudieran
aspirar a varios cargos de Procurador Judicial, es decir, postularse para varias
Procuradurías Delegadas.
1.2.6. Desconocimiento de los derechos a la igualdad, trabajo y debido
proceso y al principio del mérito. Porque sin justificación constitucionalmente
admisible, según aducen los demandantes, en la convocatoria demandada se
establecieron como reglas, (i) otorgar mayor puntaje a la experiencia
relacionada adicional que a la experiencia específica, y (ii) equiparar la
experiencia relacionada a la experiencia docente y a la publicación de libros.
1.2.7. Desconocimiento del principio del mérito. Porque: (i) la etapa de
«análisis de antecedentes» no se valoró de manera objetiva, sino que dependió
de la discrecionalidad y subjetividad de los evaluadores; y (ii) en la etapa de
«análisis de antecedentes» se confirió una puntuación exagerada a los títulos
de postgrado y a las publicaciones.
1.3 Contestación de la demanda13.
La Procuraduría General de la Nación solicitó negar las súplicas de la demanda
con fundamento en los siguientes argumentos:
No es posible que se afirme que los actos expedidos en desarrollo del concurso
de méritos adelantado por la Procuraduría General de la Nación para proveer
los cargos de Procurador Judicial I y II, así como el que conformó la lista de
12
Ibidem.
13
Visible a folios 99 a 124 del expediente.
5
Radicado No. 190012333000201700242 01.
No. interno: 1641-2022.
Actor: Carlos Fernando Medina Ramírez.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
legibles se encuentran viciados de nulidad, por cuanto éstos a la fecha aún no
han sido declarados nulos por el Juez de lo Contencioso Administrativo.
Es cierto que los fallos que declaran la nulidad de un acto administrativo tienen
la fuerza de cosa juzgada y efectos ex–tunc, pero también lo es que éstos tienen
aplicación únicamente con respecto a situaciones jurídicas no consolidadas,
esto es, aquellas que a la fecha de ejecutoria del fallo anulatorio se encuentren
en debate ante las autoridades administrativas o judiciales o que sean
susceptibles de ello, por no encontrarse en firme, puesto que las demás que
adquirieron el carácter de firmeza e intangibilidad no se afectan por la anulación
de las normas en que se hayan fundado.
El hecho de que la Corte Constitucional haya declarado inexequible la expresión
“Procurador Judicial” del numeral 2 del artículo 182 del Decreto 262 de 2000 14,
por haber vulnerado el artículo 280 de la Constitución Política15, no da lugar a
señalar que dicho cuerpo colegiado está legislando, pues dentro de sus
competencias se encuentra el estudio de constitucionalidad de las normas; en
ese contexto, al retirar del mundo jurídico la citada expresión no podía quedar
en un limbo la naturaleza del empleo y, por lo mismo, debía señalar los efectos.
De otro lado, no se puede desconocer que quien participa y supera
satisfactoriamente las etapas de un concurso de méritos adquiere un derecho
subjetivo de ingreso a la función pública, exigible tanto a la administración como
a los funcionarios públicos que están desempeñando los cargos ofertados en
provisionalidad, pues gozan de una estabilidad relativa o inmediata dado que
dicho cargo debe proveerse por medio de un proceso de selección.
1.4. La sentencia apelada16.
El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia de 2 de diciembre de
2021, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante, con fundamento en los siguientes argumentos:
No puede aplicarse obligatoriamente las normas de carrera establecidos para
el sector de la Rama Judicial a los Procuradores Judiciales y ellos no ponen
condiciones de desigualdad ni afecta negativamente el concurso de los
Procuradores al permitirse etapas como el curso-concurso en la selección de
14
“(…) ARTÍCULO 182. Clasificación de los empleos. Los empleos, de acuerdo con su naturaleza y
forma de provisión, se clasifican así:
1) De carrera
2) De libre nombramiento y remoción
Los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera, con excepción de los de libre
nombramiento y remoción.
Los empleos de libre nombramiento y remoción son:
(…)
• Procurador Judicial
(…)
3. De período fijo: Procurador General de la Nación.
(…)”.
15
“(…) ARTICULO 280. Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría,
remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes
ejerzan el cargo. (…)”.
16
Visible a folios 231 a 257 del expediente.
6
Radicado No. 190012333000201700242 01.
No. interno: 1641-2022.
Actor: Carlos Fernando Medina Ramírez.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
éstos, pues en principio la norma que les regula, esto es el decreto ley 262 de
2000, no lo contempla y porque se trata de regímenes que se adecúan a su
especialidad.
No se encuentra vulneraciones las normas superiores ni la extralimitación de
funciones que aduce el demandante incurrió el Procurador General de la Nación
con el acto administrativo que reguló el concurso de méritos, en atención al
cumplimiento de una orden judicial, pues contaba con la reglamentación propia
que lo facultaba para el previsión de cargos de Procurador Judicial.
En el presente asunto, aunque no se notificó personalmente al demandante del
decreto mediante el cual se dispuso la culminación de su vínculo laboral
provisional con la Procuraduría General de la Nación, se le comunicó del mismo
en un acto administrativo diferentes; tan es así que, ocurrido su retiro, acudió al
jurisdicción a impugnar dicho acto administrativo a través del presente medio de
control. Así se dio cumplimiento del principio de publicidad y se garantizó el
derecho de defensa del actor.
Finalmente, aunque el presente asunto no tiene que ver con el retén social de
que trata el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, como quiera que protege a los
servidores de entidades públicas pertenecientes al nivel central que se
encuentran dentro del proceso de reestructuración en virtud del programa de
renovación de la administración pública, en el sub-lite no se cuenta con las
pruebas que permitan concluir que, presuntamente, se encuentre cobijado por
éste.
1.5 El recurso de apelación17.
La parte demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en los
argumentos que se exponen a continuación:
A su juicio, como el régimen de carrera de la Rama Judicial y de la Procuraduría
General de la Nación no son equiparables, el Procurador General de la Nación
«a través de la Resolución 040 de 20 de enero de 2015» no podía regular
aspectos esenciales de la carrera y del concurso de los Procuradores Judiciales
I y II, ni mucho menos, estaba en la capacidad de determinar homologaciones
o equivalencias, por cuanto se requiería de una ley que garantizara a los
aspirantes los mismos derechos de acceso a la carrera que a los funcionarios
judiciales de mayor jerarquía que venían ejerciendo el cargo.
La demanda instaurada pretende, adicionalmente, la inaplicación con efectos
interpartes de los actos administrativos que se expidieron en el marco del
concurso público de méritos convocado por la Procuraduría General de la
Nación, esto es, la Resolución 040 del 20 de enero de 2015 y la Resolución 357
del 2016 «por medio de la cual se conformó la lista de elegibles», los cuales dieron
origen a la expedición del acto acusado; lo anterior, en razón a que el artículo
148 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo estableció que el “(…) el juez podrá, de oficio o a petición de parte,
17
Visible a folios 261 a 279 del expediente..
7
Radicado No. 190012333000201700242 01.
No. interno: 1641-2022.
Actor: Carlos Fernando Medina Ramírez.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
inaplicar con efectos inter partes los actos administrativos cuando vulneren la
Constitución Política o la ley (…)”.
En su sentir, era necesario que el ente demandado notificara de manera
personal el Decreto 3825 del 8 de agosto de 2016 «acto acusado», pues además
de que es de contenido particular y concreto, fue el que le definió su situación
juridica.
Es evidente que el señor Carlos Fernando Medina Ramírez cumple con el
requisito de estar en el umbral de los tres años anteriores a la causa acción de
la pensión de jubilación, prueba de ello es la hoja de vida que reposa en el
expediente, de manera entonces que se desconoció su condición de pre
pensionado, lo que impedía a la entidad demandada removerlo de su cargo.
No es posible que se condene en costas y agencias en derecho, en tanto el a-
quo omitió realizar un análisis acerca de la conducta procesal de la parte
vencida en juicio para lograr determinar su procedencia, por lo cual, desconoció
la jurisprudencia del Consejo de Estado mediante la que se ha reiterado que el
juez debe realizar una evaluación si ha incurrido en alguna acción desleal dentro
del proceso.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con el argumento que obra en el recurso de apelación, establece la
Sala como problema jurídico el siguiente:
Establecer si el acto acusado, por medio de los cuales se nombró a la
señora María Alejandra Paz Restrepo en periodo de prueba y se dio por
terminada el vínculo laboral del señor Carlos Fernando Medina Ramírez,
se encuentran inmerso en infracción en las normas en que debían
fundarse, como quiera que el Procurador General de la Nación no podía
regular aspectos de la carrera y del concurso de los Procuradores
Judiciales y, además, en tanto no se tuvo en cuenta su condición de
prepensionado.
Para desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: (i) de la
naturaleza del cargo de Procurador Judicial; y, (ii) del caso en concreto.
2.2. Naturaleza del cargo de Procurador Judicial.
La Procuraduría General de la Nación es un órgano de control independiente
de las otras ramas del poder público a partir de la Constitución Política de 1991,
que ejerce a través del Procurador General de la Nación, la función de
Ministerio Público. Le corresponde a la ley regular lo relativo a la estructura y
funcionamiento, el ingreso y concurso de méritos, así como el retiro del servicio,
además de las inhabilidades, incompatibilidades, denominación, calidades,
remuneración y régimen disciplinario propio -art. 279 Superior-, y al Procurador
le compete la reubicación y distribución de los empleos en la planta globalizada,
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Radicado No. 190012333000201700242 01.
No. interno: 1641-2022.
Actor: Carlos Fernando Medina Ramírez.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
así como la fijación del número de integrantes de la Sala Disciplinaria de la
Procuraduría.
El Decreto 262 de 2000 “por el cual se modifican la estructura y la organización de
la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público;
el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas
para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General
de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan
las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos” , en su
artículo 182 clasificó los empleos de la Procuraduría General de la Nación
conforme a su naturaleza y forma de provisión de la siguiente manera:
“(…) ARTICULO 182. CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS. Los empleos, de
acuerdo con su naturaleza y forma de provisión, se clasifican así:
1) De carrera
2) De libre nombramiento y remoción
Los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera, con excepción
de los de libre nombramiento y remoción.
Los empleos de libre nombramiento y remoción son:
• Viceprocurador General
• Secretario General
• Tesorero
• Procurador Auxiliar
• Director
• Jefe de la División Administrativa y Financiera del Instituto de Estudios del Ministerio
Público
• Procurador Delegado
• Procurador Judicial
• Asesor del Despacho del Procurador
• Asesor del Despacho del Viceprocurador
• Veedor
• Secretario Privado
• Procurador Regional
• Procurador Distrital
• Procurador Provincial
• Jefe de Oficina
• Jefe de la División de Seguridad
• Agentes adscritos a la División de Seguridad y demás servidores cuyas funciones
consistan en la protección y seguridad personales de los servidores públicos,
cualquiera sea la denominación del empleo.
3. De período fijo: Procurador General de la Nación.
(...)”
La clasificación de los Procuradores Judiciales en cargos de libre nombramiento
y remoción no ha sido un tema pacífico, por cuanto ha sido objeto de varios
pronunciamientos constitucionales en las sentencias: C-334 de 1996, C-031 de
1997, C-443 de 1997, C-146 de 2001, las cuales, pese a que solamente
validaron la naturaleza conferida por el Decreto 262 de 2000, solo en la última
decisión citada concluyó la exequibilidad de la norma respecto del artículo 125
Superior, al señalar lo “que no se viola el principio general de la carrera
administrativa” concretamente porque:
“(…) igual que ocurre con los Procuradores Delegados, los Procuradores Judiciales
son agentes directos del Procurador frente a los despachos judiciales ante los que
actúan como Ministerio Público. Y la Corte examinó la dependencia directa de esta
clase de empleados del Ministerio Público, al decidir sobre la constitucionalidad de
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Radicado No. 190012333000201700242 01.
No. interno: 1641-2022.
Actor: Carlos Fernando Medina Ramírez.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
normas que incluidas en la Ley 27 de 1992 y en la Ley 201 de 1995, en lo sustancial,
es el mismo, como ya se recordó en esta sentencia.
En consecuencia, por existir cosa juzgada constitucional, se declarará exequible la
expresión "Procurador Judicial" del numeral 2) del artículo 182 del Decreto 262 de
2000. (…)”
A pesar de lo dicho, la Corte Constitucional en un nuevo estudio plasmado en
la sentencia C-131 de febrero 28 de 2013, declaró la inexequibilidad de la
expresión “Procurador Judicial” del numeral 2), del artículo 182, del Decreto Ley
262 de 2000, por la vulneración del artículo 280 de la Constitución Política.
De lo expuesto se colige que el cargo de Procurador Judicial por reciente
Sentencia Constitucional pasó de ser un empleo de libre nombramiento y
remoción a uno de carrera especial de la Procuraduría General de la Nación, lo
que implica que los funcionarios que se encuentran en este tránsito deben
superar las etapas de un concurso a partir de la convocatoria que haga la
entidad para que así puedan considerarse inscritos y adquirir los privilegios que
la carrera otorga, ya que es inconstitucional el ingreso automático a la misma.
2.3. Del caso en concreto.
En el sub-lite el apoderado del señor Carlos Fernando Medina Ramírez solicitó
en el recurso de apelación que se declare la nulidad de los actos acusados por
considerar que el Procurador General de la Nación no podía regular aspectos
de la carrera y del concurso de los Procuradores Judiciales y, además, en tanto
no se tuvo en cuenta su condición de prepensionado.
Con miras a resolver los puntos objeto de controversia, conforme al material
probatorio obrante en el expediente, se realizarán las siguientes precisiones
generales:
a) En virtud del Decreto 2886 de 28 de noviembre de 2008 el Procurador
General de la Nación nombró en provisionalidad en el cargo de Procurador
Judicial I código 3PJ, grado EG al señor Carlos Fernando Medina Ramírez18.
b) Mediante Decreto 3586 de 8 de agosto de 2016 el Procurador General de la
Nación nombró en periodo de prueba a la señora María Alejandra Paz Restrepo
en el cargo de Procurador Judicial I código 3PJ, grado EG, en la Procuraduría
74 Judicial I Administrativa con sede la ciudad de Popayán19.
c) El 12 de agosto de 2016 el Secretario General (e) de la Procuraría General
de la Nación le informó al señor Carlos Fernando Medina Ramírez que por
medio del Decreto 3586 de 8 de agosto de 2016 el Procurador General de la
Nación, en aplicación de la lista de elegibles contenida en la Resolución 338 de
8 de julio de 2016, nombró a la señora María Alejandra Paz Restrepo en el cargo
de Procurador Judicial I código 3PJ, grado EG, el cual venía desempeñando de
manera provisional20.
18
Visible a folio 7 del cuaderno de antecedentes administrativos.
19
Visible a folio 9 del expediente.
20
Visible a folio 5.
10
Radicado No. 190012333000201700242 01.
No. interno: 1641-2022.
Actor: Carlos Fernando Medina Ramírez.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
En tal virtud, para fines metodológicos la Sala analizará el argumento propuesto
por la recurrente conforme a las normas regulatorias y al material probatorio que
obra en el proceso, así:
2.3.1. Expedición irregular.
Este vicio o causal de nulidad de los actos administrativos se predica de los
defectos en el elemento formal del acto, el cual comprende dos aspectos a
saber: el procedimiento y la forma de la declaración. Sobre lo primero, la
expedición irregular se configura cuando se incumplen las condiciones y fases
previstas en el ordenamiento jurídico para la formación del acto. Y frente a lo
segundo, el vicio se presenta en los casos en los que la manifestación unilateral
de voluntad de la administración adolece de formalidades esenciales para su
validez, tales como la motivación.
En ese sentido, el elemento formal del acto que protege esta causal de nulidad,
obedece tanto a razones de orden interno de la administración, como al respeto
de las garantías y derechos de las personas , lo cual puede referirse a requisitos
tendientes a garantizar cuestiones como la igualdad y la participación de los
interesados en la formación del acto, otorgar las oportunidades que
correspondan para el ejercicio de los derechos a la defensa o contradicción y
también para asegurar la autenticidad o veracidad del acto administrativo.
No obstante, es necesario precisar que, tanto esta Corporación como la
doctrina, han señalado de manera reiterada que, en virtud de los principios
constitucionales de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y de eficacia de
la función administrativa, las irregularidades formales que no tengan
trascendencia en los derechos y garantías fundamentales como el debido
proceso, pueden ser subsanadas y no implican necesariamente la anulación del
acto. Así, la irregularidad que tiene vocación de llevar al juez a declarar la
nulidad es la que compromete un presupuesto básico de la decisión o la que
tuvo incidencia en su sentido final.
Al respecto, el Consejo de Estado ha dicho que21:
“(…) La expedición irregular como vicio anulante de los actos administrativos se
configura cuando la decisión de la administración viola las normas de orden
adjetivo que establecen el procedimiento para su formación o la forma como
éste debe presentarse. Cuando el acto es expedido con vicios en el trámite debe
verificarse si éstos son de una suficiencia tal que afecten el sentido de la decisión. Si
la irregularidad en el proceso logra afectar la decisión por cuanto es sustancial o
trascendente, el acto será anulable por expedición irregular, caso contrario, es decir,
cuando el defecto es formal e intrascendente, no hay lugar a decretar su anulación
(…)”. (Lo resaltado en negrilla es de la Sala).
Y desde la doctrina, Luis Enrique Berrocal Guerrero indicó lo siguiente 22:
21
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 12 de julio de 2012, radicación 25000-23-27-000-2008-00188
(17892), C. P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
22
BERROCAL GUERRERO, Luis Enrique, Manual del Acto Administrativo según la ley, la jurisprudencia
y la doctrina, 7ª Ed. 2016, pág. 551 y 552.
11
Radicado No. 190012333000201700242 01.
No. interno: 1641-2022.
Actor: Carlos Fernando Medina Ramírez.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
“(…) Esta causal de nulidad se configura cuando se da cumplimiento a las
formalidades previstas a la ley o el reglamento ara a formación del acto de que se
trate, entendiendo como formalidades los requisitos tendientes a garantizar la
veracidad del acto, la igualdad de los interesados, sus derechos privados como el de
defensa, controversia etc. Así como la publicidad que en determinados casos se debe
hacer trámite de la actuación respectiva. Entre ellos se encuentran desde requisitos
obvios y comunes como la fecha, nombre de órgano, firma de funcionario, pasando
por la motivación cuando deba hacerse de manera expresa, hasta el cumplimiento de
trámites, diligencias o pasos necesarios, tales como solicitud de conceptos,
dictámenes, estudios previos, publicación de la solicitud o del inicio de la actuación
administrativa, citaciones a terceros, etc. Según se ha comentado atrás la
irregularidad que puede originar la anulación del acto es la que es relevante
para su contenido o para la efectividad del debido proceso, cuando es
sustancial, según la jurisprudencia, es decir, cuando incide en el sentido de la
decisión o es básica para la misma (…). (Lo resaltado en negrilla es de la Sala).
Ahora bien, para definir la trascendencia de la irregularidad que puede llevar a
la anulación del acto administrativo es posible acudir, inicialmente, a un criterio
eminentemente normativo, según el cual, si un precepto jurídico positivo le da
el carácter de esencial a una formalidad, su incumplimiento puede generar la
nulidad del acto, lo cual ocurre, por ejemplo, con la consulta previa. Luego, de
no existir disposiciones en el anterior sentido, la determinación de la importancia
de los requisitos formales en un caso concreto puede ser objeto de ponderación,
esto es, de un ejercicio comparativo en el que se busca un equilibrio práctico
entre, por un lado, los principios o derechos que subyacen a las reglas sobre
las formalidades a las que debía sujetarse la manifestación unilateral de
voluntad de la administración y, por el otro, de los que, en sentido contrario,
propugnan por la eficacia de la actuación administrativa en un caso concreto.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procede a analizar los argumentos del
recurrente, según los cuales: (i) el Procurador General de la Nación no podía
regular aspectos de la carrera y del concurso de los Procuradores Judiciales; y
(ii) no se tuvo en cuenta su condición de prepensionado.
2.3.1.1. Falta de competencia del Procurador General de la Nación. El
recurrente sustentó su inconformidad en contra de la sentencia proferida por el
a quo en la ilegalidad del concurso de méritos adelantado por la Procuraduría
General de la Nación para proveer los cargos de Procuradores Judiciales por
cuanto, a su juicio, era necesaria la existencia previa de una ley que regulará y
determinada el régimen laboral y/o la naturaleza de este tipo de cargos, pues la
Corte Constitucional no tenía competencia para ello; por lo mismo, el Procurador
General de la Nación no podía abrir la convocatoria, ni mucho menos nombrar
a la señora María Alejandra Paz Restrepo en remplazo del señor Carlos
Fernando Medina Ramírez luego de que aquél hubiera superado el concurso de
méritos.
En aras a solucionar este aspecto en particular, se debe indicar que hasta el
año de 1991 era función de la Corte Suprema de Justicia la guarda e integridad
de la Constitución Política y mediante el ejercicio de la acción pública de
inexequibilidad, cualquier ciudadano podía demandar las leyes que
contravinieran esa preceptiva de orden superior; sin embargo, con la expedición
de la nueva Constitución Política de 1991, dicha función pasó de la Corporación
12
Radicado No. 190012333000201700242 01.
No. interno: 1641-2022.
Actor: Carlos Fernando Medina Ramírez.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
mencionada a la Corte Constitucional, quien teniendo a su cargo el control
judicial de constitucionalidad, debe decidir sobre las demandas de
inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos, contra las normas
señaladas en el artículo 241 de la Constitución Política23, determinando si ellas
se encuentran, o no, conformes con la Carta Fundamental.
Ahora bien, como la Constitución Política se ha configurado en la piedra angular
de todo el ordenamiento jurídico y en el fundamento de los valores, motivo por
el cual si bien existe una apertura hacia el pluralismo 24, a partir de principios y
derechos allí establecidos, también se derivan criterios estructurales y
materiales interpretativos de forzoso acatamiento, tanto en lo que se refiere a la
configuración y aplicación del derecho instrumental o procedimental, como del
derecho sustantivo.
23
“(…) ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía
de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las
siguientes funciones:
1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos
reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su
formación.
2. Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a
un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, sólo por vicios de
procedimiento en su formación.
3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y
plebiscitos del orden nacional. Estos últimos sólo por vicios de procedimiento en su convocatoria y
realización.
4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes,
tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.
5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos
con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la
Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación.
6. Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución.
7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno
con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución.
8. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados
por el Gobierno como inconstitucionales, y de los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido
material como por vicios de procedimiento en su formación.
9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de
tutela de los derechos constitucionales.
10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los
aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción
de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la
Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no
serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles
por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento
formulando la correspondiente reserva.
11. <Numeral adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es el
siguiente:> Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
12. Darse su propio reglamento.
PARAGRAFO. Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del
acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible,
enmiende el defecto observado. Subsanado el vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad del acto.
(…)”.
24
Constitución Política
“(…) ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas
que la integran y en la prevalencia del interés general.
(…)
ARTICULO 7o. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
(…)”.
13
Radicado No. 190012333000201700242 01.
No. interno: 1641-2022.
Actor: Carlos Fernando Medina Ramírez.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
Para el desarrollo y garantía de aquellos valores, principios y derechos, la
Constitución ha proporcionado ciertos mecanismos que permiten obtener
“armonía y coherencia en la aplicación” de los preceptos jurídicos y hacen factible
asegurar la integridad, unidad y supremacía del orden constitucional, tal es el
caso de la acción y excepción de inconstitucionalidad, las cuales se constituyen
en mecanismos tendientes a defender la Constitución Política.
En efecto, la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de participación
ciudadana, con el cual se desarrolla el principio previsto en los artículos 1º, 2º y
3º de la Constitución Política25. Dicha acción está destinada a provocar que la
Corte constitucional, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, tras
el adelanto de un proceso judicial, produzca una sentencia con efectos de cosa
juzgada sobre un cierto problema jurídico planteado por el actor, relacionado
con disposiciones creadas en general, aunque no exclusivamente por el
Congreso de la República, obrando como constituyente derivado o como órgano
representativo legislativo.
De otro lado, la excepción de inconstitucionalidad, consagrada en el artículo 4
de la Constitución Política26, se ha constituido en la facultad con la que cuentan
no sólo los jueces, sino cualquier autoridad encargada de aplicar las normas
jurídicas está habilitada para dejar de hacerlo en un caso concreto, como quiera
que las encuentra incompatibles con la Constitución Política, debiendo entonces
aplicar de manera preferentemente el citado marco superior. En tal sentido, ha
precisado la jurisprudencia constitucional:
“La posición de supremacía de la Constitución… sobre las restantes normas que
integran el orden jurídico, estriba en que aquélla determina la estructura básica del
Estado, instituye los órganos a través de los cuales se ejerce la autoridad, atribuye
competencias para dictar normas, ejecutarlas y decidir conforme a ellas las
controversias y litigios que se susciten en la sociedad, y al efectuar todo esto, funda
el orden jurídico mismo del Estado”27.
25
“(…) ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas
que la integran y en la prevalencia del interés general.
ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa
y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
ARTICULO 3o. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El
pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución
establece.
(…)”.
26
“(…) ARTICULO 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar
y obedecer a las autoridades.
(…)”.
27
Por todas cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-1290 de 2001.
14
Radicado No. 190012333000201700242 01.
No. interno: 1641-2022.
Actor: Carlos Fernando Medina Ramírez.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
En el presente caso se tiene que, de conformidad con lo previsto en el artículo
279 de la Constitución Política28, fue modificada la estructura y la organización
de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio
Público, así como el régimen de competencias interno el régimen de carrera y
el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores a través del Decreto
Ley 262 de 2000, el cual, en su artículo 182 clasificó los empleos de la
Procuraduría de acuerdo con la naturaleza de su vinculación en: carrera, libre
nombramiento y remoción y de periodo fijo.
Sin embargo, la Corte Constitucional en virtud de la facultad que le confirió el
numeral 5º del artículo 241 de la Constitución Política29, en sentencia C-101 de
201330 declaró inexequible la expresión “Procurador Judicial” del numeral 2),
artículo 182 del Decreto Ley 262 de 200031, por haber vulnerado el artículo 280
de la Constitución Política32, específicamente, porque consideró que no existía
cosa juzgada y:
“(…) por cuanto ni en la citada sentencia ni en las allí mencionadas, se cotejó la
disposición demandada frente al deber constitucional de equiparación de los agentes
del ministerio público que ejercen ante jueces y magistrados con las autoridades
judiciales ante quienes actúan, en materia de “calidades, categoría, remuneración,
derechos y prestaciones”.
6.1.3. Examinada la disposición acusada, la Corte determina que entre los “derechos”
a ser homologados a favor de los procuradores judiciales, en virtud del artículo 280
constitucional, se halla el que su empleo sea considerado de carrera administrativa.
En consecuencia, declarará la inexequibilidad de la expresión “Procurador Judicial”
del numeral 2 del artículo 182 del decreto Ley 262 de 2000, por la vulneración del
artículo 280 de la Constitución Política. Y ordenará la convocación de un concurso
público de méritos para la provisión, en propiedad, de los cargos de Procuradores
Judiciales que se desempeñan ante magistrados y jueces de carrera.
28
“(…) ARTICULO 279. La ley determinará lo relativo a la estructura y al funcionamiento de la
Procuraduría General de la Nación, regulará lo atinente al ingreso y concurso de méritos y al retiro del
servicio, a las inhabilidades, incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración y al régimen
disciplinario de todos los funcionarios y empleados de dicho organismo.
(…)”.
29
“(…) 5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los
decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10
y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación.
(…)”.
30
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-101 de 28 de febrero de 2013, demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000; actor: Juan Evangelista Soler
Reyes; M. P. Dr. Mauricio González Cuervo.
31
“(…) ARTÍCULO 182. Clasificación de los empleos. Los empleos, de acuerdo con su naturaleza y
forma de provisión, se clasifican así:
1) De carrera
2) De libre nombramiento y remoción
Los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera, con excepción de los de libre
nombramiento y remoción.
Los empleos de libre nombramiento y remoción son:
(…)
• Procurador Judicial
(…)
3. De período fijo: Procurador General de la Nación.
(…)”.
32
“(…) ARTICULO 280. Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría,
remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes
ejerzan el cargo.
(…)”.
15
Radicado No. 190012333000201700242 01.
No. interno: 1641-2022.
Actor: Carlos Fernando Medina Ramírez.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
(…)
Resuelve:
Primero. - Declarar la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “Procurador Judicial” del
numeral 2), del artículo 182, del Decreto Ley 262 de 2000, por la vulneración del
artículo 280 de la Constitución Política.
Segundo. - ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que, en un término
máximo de seis meses, contados a partir de la notificación de este fallo, convoque a
un concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de Procurador
Judicial, que deberá culminar a más tardar en un año desde la notificación de esta
sentencia. (…)”.
Nótese que la Corte Constitucional ordenó convocar a concurso público para la
provisión en propiedad de todos los cargos de Procurador Judicial; en ese
sentido, el proceso de selección que se abrió a través de la Resolución 040 de
20 de enero de 201533, suscrita por el Procurador General de la Nación, fue
expedida en estricto cumplimiento de una orden judicial, la cual no quedó sujeta
a ninguna condición o restricción que le permitiera a dicho organismo
abstenerse de proveer los cargos con los concursantes que, en su orden, hayan
integrado las listas de elegibles.
Lo anterior por cuanto, de conformidad con los artículos 21 del Decreto 2067 de
1991 y 48 de la Ley 270 de 1997 «Estatutaria de Administración de Justicia», las
sentencias que profiere la Corte Constitucional tienen el valor de cosa juzgada
constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los
particulares; por tal motivo, no era necesario expedir una ley estatutaria para
regular los aspectos esenciales y trascendentales del régimen de carrera de los
Procuradores Judiciales. Al respecto ha dicho la Corte Constitucional 34:
“(…) Por lo tanto, las sentencias en sede de control de constitucionalidad proferidas
por esta Corporación hacen tránsito a cosa juzgada y son inmutables, vinculantes y
definitivas. En el mismo sentido, los artículos 46 y 48 de la Ley 270 de 1996 y el
artículo 22 del Decreto 2067 de 1991 establecen que las decisiones que dicte la Corte
Constitucional en ejercicio del control abstracto son definitivas, de obligatorio
cumplimiento y tienen efectos erga omnes.
5. De conformidad con lo anterior, este Tribunal ha determinado que la cosa juzgada
implica que sus providencias tienen un carácter definitivo e incontrovertible y
proscriben los litigios o controversias sobre el mismo tema. Esa prohibición se
extiende a la reproducción de normas que hayan sido declaradas inexequibles por
razones de fondo, mientras que subsistan los parámetros constitucionales que
sirvieron como fundamento de esa determinación. Luego, la obligatoriedad de las
decisiones responde a la protección del principio de seguridad jurídica y a la guarda
de la primacía de la Constitución (…)”.
Además, la Corte Constitucional ya se había ocupado del tema en la sentencia
C-101 de 201335 al determinar que los cargos de Procuradores Judiciales debían
ser catalogados en el régimen de carrera de la Procuraduría General de la
Nación, pues si el artículo 280 de la Constitución Política ordena la extensión
de los derechos de los magistrados y jueces a los agentes de la Procuraduría,
33
“(…) Por medio de la cual se da apertura y se reglamenta la convocatoria del proceso de selección
para proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales de la Entidad (…)”.
Sentencia C-1290 de 2001.
34
Cfr., entre otras, Corte Constitucional, Sentencias C-1290 de 2001; C-0
35
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-101 de 28 de febrero de 2013, demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000; actor: Juan Evangelista Soler
Reyes; M. P. Dr. Mauricio González Cuervo.
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Radicado No. 190012333000201700242 01.
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Actor: Carlos Fernando Medina Ramírez.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
ello implica que puedan ser considerados en empleados de carrera
administrativa; además, la citada entidad cuenta con su propio régimen de
carrera administrativa, el cual, como ya se había mencionado anteriormente,
tiene por objeto garantizar la eficiencia de la entidad y ofrecer igualdad de
oportunidades para el acceso a ella, la estabilidad en los empleos y la
posibilidad de ascender, como también establecer la forma de retiro de la
misma.
El anterior postulado fue reiterado por la propia Corte Constitucional en auto A-
-255 de 6 de noviembre de 2013, en el cual resolvió una solicitud de nulidad
propuesta por la Procuraduría General de la Nación en la que se pidió claridad
acerca de la necesidad de adecuar el sistema de carrera de los Procuradores
Judiciales al de los Jueces y Magistrados, pues, a su juicio, la orden de la
convocatoria a concurso, contraría el principio a la igualdad, pues el régimen de
carrera de la entidad es completamente distinto al de la carrera judicial.
En aquella oportunidad, la citada Corporación ratificó que la igualdad de
derechos que había sido dispuesta a través de la sentencia C-101 de 2013 se
limitaba a su ingreso a través del concurso público de méritos pero que ello no
implicaba un régimen especial distinto al que ya regía en la Procuraduría
General de la Nación; veamos:
“(…) 3.2.4. Ahora bien, frente a la afirmación de la Procuraduría de la imposibilidad
de cumplir el mandato de igualdad del artículo 280 constitucional debido a la
divergencia entre los regímenes de la carrera de la procuraduría y la carrera judicial,
encuentra la Corte que ella surge como consecuencia de la interpretación errada que
hace la solicitante, considerar que el mandato de igualdad contenido en el artículo
280 constitucional, se refiere a la equiparación de los regímenes de la carrera
administrativa de la Procuraduría General de la Nación y el de la carrera judicial propia
de los Jueces y Magistrados (LEY 270/96), y no al “derecho” a que los cargos de los
Procuradores Judiciales sean considerados de carrera, como lo indicó esta
Corporación en la providencia impugnada.
2.3.5. Es por ello que la Corte fue clara en el pronunciamiento acusado, al establecer
• en su numeral 5.5.2. - la necesidad de distinguir entre la carrera judicial administrada
por el Consejo Superior de la Judicatura y la carrera administrativa de la Procuraduría
General de la Nación y que por ello, la incorporación que procedía respecto de los
Procuradores Judiciales era a la carrera propia de la Procuraduría General de la
Nación, en tanto “entre los “derechos” de los jueces y magistrados, que en virtud
del artículo 280 constitucional deben ser extendidos a los agentes del ministerio
público que ejercen su cargo ante ellos, se encuentra de no ser catalogado su
empleo por el Legislador como de libre nombramiento y remoción, es decir, ser
reconocido como cargo de carrera.” sin que se refiera en ningún momento, a
que deba aplicarse en mismo régimen de carrera. (…)”. (Lo resaltado en negrilla y
subrayado es de la Sala).
De manera que, la Corte Constitucional definió el régimen de carrera de los
Procuradores Judiciales, pues en ambas providencias judiciales «sentencia C-
101 -2013 y auto A-255 de 6 de noviembre de 2013» lo que propendió fue abrir una
convocatoria pública de méritos para proveer mediante concurso público los
cargos de “Procurador Judicial”.
Por lo anterior, no es posible afirmar que era necesario que el legislador se
ocupara del tema para establecer un nuevo régimen de carrera administrativa
17
Radicado No. 190012333000201700242 01.
No. interno: 1641-2022.
Actor: Carlos Fernando Medina Ramírez.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
para los Procuradores Judiciales, dado que la Corte Constitucional fue muy
específica al señalar que debían regirse por el mismo sistema de carrera
previsto para los demás servidores públicos de la Procuraduría General de la
Nación, dispuesto en el Decreto Ley 262 de 2000. Sobre el particular, la Sección
Segunda de esta Corporación se pronunció de la siguiente manera36:
“(…) 95 El aludido numeral 45 le atribuyó al Procurador la competencia para definir las
políticas para la elaboración y aplicación de las pruebas que se utilizarán en los
concursos y determinar los parámetros para su calificación; adoptar los instrumentos
necesarios para el cumplimiento de los fines de cada una de las etapas del proceso
de selección; designar a las personas que integrarán el jurado encargado de elaborar
y calificar las pruebas de pregunta abierta y la entrevista y de resolver las
reclamaciones relacionadas con estas pruebas y definir las condiciones de las
convocatorias para los concursos de méritos y suscribirlas.
96
Lo expuesto hasta aquí, permite inferir que era totalmente innecesaria la expedición
de una nueva ley de carrera para ser aplicada a los concursos públicos de mérito
dirigidos a la provisión de los cargos de procurador judicial, pues estando en vigencia
el Decreto Ley 262 de 2000, ello llevaría al absurdo de permitir la coexistencia de dos
sistemas de carrera administrativa distintos en el seno de la Procuraduría General de
la Nación, uno de los cuales sería aplicable a los concursos para la selección por
mérito de los procuradores judiciales y otro para los demás concursos que deba
adelantar ese organismo de control.
97
Si bien la Sentencia C-878 de 2008 declaró la inexequibilidad de los artículos 54,
56, 60, 65, 66 y 71 de la Ley 938 de 2004, en virtud de los cuales el legislador le
otorgó facultades a la Comisión Nacional de Administración de Carrera de la Fiscalía
General de la Nación, para regular aspectos trascendentales del concurso como los
relativos a la inscripción y la convocatoria, también lo es, que esa decisión de la Corte
Constitucional tuvo como fundamento la vulneración del principio de reserva de ley
“por omisión relativa”, pues en lugar de ocuparse el Congreso de regular la materia,
dejó en manos de dicha Comisión “la adopción de decisiones trascendentales que
competen exclusivamente al legislador”.
98
En el caso bajo examen dicha situación no se presenta, pues es absolutamente
claro que el legislador extraordinario sí reguló ampliamente en los artículos 197 y 198
del Decreto Legislativo 262 de 2000 los aspectos básicos y esenciales de los
concursos de la carrera que deba adelantar la Procuraduría, incluyendo los asuntos
referidos a la convocatoria y la inscripción. En últimas, el Procurador General de la
Nación no hizo nada distinto a instrumentalizar el desarrollo de las 14 convocatorias
mencionadas en el concurso, sin que sea válido entender que con ello haya usurpado
las funciones propias del legislador, como equivocadamente lo interpretan los
demandantes.
(…)”.
Aunado a lo anterior, no es dable perder de vista que La Ley 909 de 2004,
aplicable cuando existen vacíos en la normativa que rige a aquellas entidades
que tienen un régimen especial, establece que cuando un empleo sea
clasificado como de carrera administrativa, como en este caso, se debe
proceder a su provisión inmediata mediante concurso, de manera que no
estableció la necesidad de crear una nueva normativa que regule esa condición.
Finalmente, no es de recibo el argumento propuesto por el recurrente, según el
cual, se requiería de una ley que garantizara a los aspirantes los mismos
derechos de acceso a la carrera que a los funcionarios judiciales de mayor
36
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 30 de julio de 2021, radicado 110010325000201500366 00
(0740-2015), demandante: Héctor Alfonso Carvajal Londoño y otros; demandado: Procuraduría General
de la Nación, C. P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
18
Radicado No. 190012333000201700242 01.
No. interno: 1641-2022.
Actor: Carlos Fernando Medina Ramírez.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
jerarquía que venían ejerciendo el cargo, pues si bien es cierto los Procuradores
Judiciales intervienen ante los jueces en sus diferentes jurisdicciones, también
lo es que, no por ello integran la estructura de la rama judicial, ni obliga a la
aplicación de las normas profesionales establecidas para éste, concretamente,
la Constitución Política reconoció el carácter de la Procuraduría General de la
Nación como una institución autónoma e independiente respecto del resto de la
rama judicial.
De acuerdo con los anteriores razonamientos, el cargo alegado no puede
prosperar.
2.3.1.2. Desconocimiento de la condición de prepensionado.
Es necesario tener en cuenta que Ley 790 de 2002 el Congreso de la República
estableció varias disposiciones tendientes a adelantar el Programa de
Renovación de la Administración Pública, con el objeto de renovar y modernizar
la estructura de la rama ejecutiva del orden nacional, y la finalidad de garantizar,
dentro de un marco de sostenibilidad financiera de la Nación, un adecuado
cumplimiento de los fines del Estado con celeridad e inmediación en la atención
de las necesidades de los ciudadanos, conforme a los principios establecidos
en el artículo 209 de la Constitución Política y desarrollados en la Ley 489 de
1998.
Dentro de este proceso de renovación de la administración, el legislador previó
una medida de protección especial a favor de los empleados que se encontraran
en circunstancias excepcionales que ameritaban un tratamiento preferencial, en
los siguientes términos:
“(…) Artículo 12. De conformidad con la reglamentación que establezca el Gobierno
Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del Programa de
Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de familia sin alternativa
económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los
servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio,
para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años
contados a partir de la promulgación de la presente ley.
(…)”.
Sobre este particular, la Corte Constitucional en sentencia T-768 de 2005,
sostuvo que la medida consagrada en la norma arriba transcrita responde a
imperativos constitucionales que se desprenden de los artículos 13, 42, 43 y 44
superiores, entre otros, y que constituyen en sí mismos fines esenciales en el
Estado Social de Derecho. Así se lee en la citada sentencia:
“(…) Pues bien, es en desarrollo de este tipo de medidas, entre otras, en donde
se enmarca la protección laboral reforzada establecida por el artículo 12 de la
ley 790 de 2002, denominada “reten social”, por medio de la cual se buscó que
dentro del programa de renovación de la administración pública, se otorgara
una protección especial a las madres cabeza de familia sin alternativa
económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los
servidores que en el término de tres (3) años contados a partir de la
promulgación la ley en comento cumplieran con la totalidad de los requisitos,
edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez.
De lo contrario, en virtud de la fusión, reestructuración o liquidación de las entidades
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públicas objeto del programa de renovación referido, esas personas quedarían
desprotegidas y cesantes laboralmente.
Así las cosas, se concluye que aunque la protección laboral reforzada que el
legislador otorgó a aquellas personas que se encontraban en la condiciones descritas
por el artículo 12 de la ley 790 de 2002, se circunscribe a aquellos trabajadores que
eventualmente pudieran verse afectados en desarrollo del programa de renovación
de la administración pública, no obstante, dicha protección no se agota allí, como
quiera que la disposición referida es simplemente una aplicación concreta de las
garantías constitucionales, las cuales están llamadas a ser aplicadas cuando quiera
que el ejercicio del derecho fundamental pueda llegar a verse conculcado. En este
orden de ideas, debe tenerse presente que la implementación de este tipo de
medidas responde a imperativos constitucionales que se desprenden de los
artículos 13, 42, 43 y 44 superiores, entre otros, y que constituyen en sí mismos
fines esenciales en el Estado Social de Derecho.
6.4. Los programas de renovación o modernización de la administración pública
persiguen una mejora en la eficiencia de las labores adelantadas por las entidades
públicas con la finalidad de optimizar la prestación de los servicios necesarios en el
cumplimiento de los fines del estado. Con este objetivo, es posible que la
administración decida reorganizar su estructura y, en este proceso, eventualmente
racionalizar las plantas de personal de las entidades estatales. No obstante, los
derechos de los trabajadores no pueden verse lesionados por la supresión
intempestiva de sus cargos, en virtud de una decisión unilateral y discrecional
de la administración. Es dentro de esta finalidad en donde se inscribe la
protección laboral reforzada que prevé la ley 790 de 2002. (…).”. (Negrilla fuera
del texto).
Posteriormente, la Corte Constitucional en sentencia C-795 de 2009 definió el
concepto de pre-pensionado y delimitó su alcance de protección, así:
“(…) (i) [Definición de pre-pensionado:] (…) tiene la condición de pre-pensionado para
efectos de la protección reforzada reconocida por el legislador a sujetos de especial
vulnerabilidad, en el contexto de procesos de renovación de la administración pública,
el servidor público próximo a pensionarse al cual le falten tres (3) o menos años para
reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para
obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez”.
“(ii) El momento a partir del cual se [debe contabilizar] el parámetro temporal
establecido para definir la condición de pre-pensionado (…) En relación con el (…)
momento histórico a partir del cual se contabilizarían esos tres (3) años [previos al
cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez], este debe
adecuarse al nuevo contexto normativo generado por la expedición de la Ley 812 de
2003 y el pronunciamiento de la Corte efectuado en la sentencia C-991 de 2004 sobre
esta norma. En ese nuevo marco, la jurisprudencia ha estimado que el término de
tres (3) años o menos, debe contabilizarse a partir de la fecha en que se declara la
reestructuración de la entidad de la administración pública37”
“(iii) [sobre la extinción de la protección en el tiempo], es decir el lapso durante el cual
es posible mantener la protección de estabilidad reforzada para las personas
próximas a pensionarse, la jurisprudencia ha desarrollado un criterio uniforme
aplicable a todos los grupos protegidos por la Ley 790 de 2002 (madres y padres
cabeza de familia, discapacitados y pre-pensionados), consistente en que dicha
protección solamente puede ser sostenida durante el tiempo por el cual se prolongue
el proceso de liquidación, y hasta la extinción material y jurídica de la entidad sometida
a dicho proceso (…)”.
Bajo tal entendimiento, la Corte Constitucional precisó que el fundamento del
reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada de los “pre-pensionados” no
es un asunto que dependa de un mandato legislativo particular y concreto, sino
37
Criterio sostenido en la sentencia T-089 de 2009.
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que tiene raigambre constitucional, es decir, «opera para la satisfacción de los
derechos fundamentales de estos grupos poblacionales, que se verían gravemente
interferidos por el retiro del empleo público»; así las cosas, la mencionada
estabilidad no solo es aplicable en las supresiones de las entidades o en el
marco de los procesos de restructuración de la Administración Pública «retén
social», sino que también brindó la posibilidad de que se garantizaran los
derechos fundamentales de aquellos servidores próximos a pensionarse.
Es por lo anterior que la estabilidad laboral de los pre-pensionados se convierte
en un imperativo constitucional en cada uno de los escenarios en que se
materialice alguna de las causales que lleven al retiro del servicio, evento en
el cual, será necesario efectuar un ejercicio de ponderación entre los derechos
al mínimo vital e igualdad de los pre-pensionados y la satisfacción del interés
general del buen servicio público, con el fin de no afectar el núcleo esencial de
cada uno de los extremos en cuestión38.
De hecho, en su momento la Corte Constitucional39 dispuso que esta garantía
cubría no solo a los empleados en carrera administrativa o en provisionalidad,
sino también a quienes ocuparan empleos de libre nombramiento y remoción,
lo que se fundamentó en la obligación de brindar un tratamiento igual a quienes
conforman un grupo de especial protección como los pre-pensionados toda vez
que por el tipo de vinculación no se pierde esta calidad. Para el efecto dispuso:
“(…) En consecuencia, si bien es cierto, las personas que se encuentran en cargos
de libre nombramiento y remoción tienen una estabilidad laboral precaria, dentro de
estos procesos administrativos deben ser tratados de manera igualitaria cuando
hacen parte de este grupo de protección especial. Pues resulta claro que la intención
de legislador es proteger a un grupo de personas en estado de vulnerabilidad, por ello
se estableció que el retén social opera para los procesos de liquidación y de
reestructuración independientemente si es del orden nacional o departamental, es
así, que por la naturaleza de la vinculación como en cargos de libre nombramiento y
remoción, no se pierde la condición de ser un sujeto de especial protección
constitucional. Esta situación que debe ser evaluada dentro del desarrollo del estudio
técnico utilizando los medios para establecer quienes hacen parte del grupo, mediante
el análisis de las hojas de vida y de información que resulta de fácil acceso para el
empleador, como es el caso de los pre-pensionados.
3.8. Así las cosas, en los procesos de reestructuración, aún en los cargos de libre
nombramiento y remoción, deberán respetarse los mandatos constitucionales y los
derechos fundamentales de los sujetos de especial protección; no obstante, su
estabilidad sea precaria. En estos eventos, la administración pública está obligada a
adoptar medidas de diferenciación positiva a favor del servidor público que pueda
llegar a ser considerado como sujeto de especial protección y que resulte afectado
con la supresión del cargo del que es titular, independientemente de la naturaleza de
su nombramiento. (…)”. (Lo subrayado es de la Sala).
Fue por lo anterior que esta Corporación en sentencia de 29 de febrero de 2016
fijó ciertas reglas al momento de dar aplicación al denominado «reten social»
para esta clase de servidores públicos40, de la siguiente manera:
38
Así lo consideró la Corte Constitucional en la Sentencia T-186 de 2013.
39
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-862 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
40
CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección B. Bogotá D.C. 29 de febrero de 2016.
Expediente: 050012333000201200285-01. Número interno: 3685-2013. Autoridades Departamentales.
Actor: Edgar Augusto Arias Bedoya. M.P Gerardo Arenas Monsalve.
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“(…) De las consideraciones esbozadas, la Sala concluye lo siguiente:
a) La protección especial de estabilidad laboral conferida a quienes están próximos a
consolidar el status pensional, es aplicable tanto a empleados en provisionalidad,
como a empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera, respecto de
cualquier escenario que materialice una causal objetiva de retiro del servicio.
b) Al ejercer la potestad discrecional de libre nombramiento y remoción, la
administración deberá tener en cuenta que la protección especial de quienes están
próximos a consolidar el status pensional es un imperativo constitucional, razón por
la cual es necesario que el nominador realice un ejercicio de ponderación entre los
derechos fundamentales de los pre pensionados (mínimo vital, igualdad, seguridad
social) y la satisfacción del interés general del buen servicio público, con el fin de
tomar la decisión más “adecuada a los fines de la norma que la autoriza” y
“proporcional a los hechos que le sirven de causa”, buscando en lo posible, armonizar
el ejercicio de la facultad discrecional del literal a) del artículo 41 de la Ley 909 de
2004 con las disposiciones que consagran la protección especial de los sujetos que
están próximos a pensionarse.
c) La protección especial en razón a la condición de sujeto “pre pensionado”, resulta
aplicable siempre y cuando el servidor público esté próximo a pensionarse, es decir,
le falten tres (3) o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio
o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez”,
por lo tanto, quien para la fecha de retiro del servicio ya tiene consolidado su estatus
pensional, no se encuentra en la situación fáctica de sujeto pre pensionable, aunque
sí goza de otro tipo de garantía otorgada por el legislador para la protección de sus
derechos fundamentales al mínimo vital y seguridad social, la cual se encuentra
establecida en la Ley 797 de 2003, en su artículo 9, parágrafo 1, al establecer que los
fondos encargados tienen el deber de reconocer la pensión en un tiempo no superior
a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la
correspondiente documentación que acredite su derecho, motivo por el cual la
persona no quedará desamparada, pues tendrá derecho a disfrutar de la pensión.
Así las cosas, la sola condición de estar próximo a consolidar el estatus pensional no
tiene el alcance de enervar la facultad discrecional con que cuenta la administración
para retirar del servicio a un empleado de libre nombramiento y remoción, mediante
la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento (…)”
Así pues, las reglas jurisprudenciales que se definieron son: i) la condición de
pre-pensionado la tienen los funcionarios que les falten 3 o menos años para
reunir los requisitos a la pensión; ii) esta condición también se predica del
servidor de libre nombramiento y remoción, pero no excluye el ejercicio de la
facultad discrecional del nominador porque la decisión de retiro debe consultar,
en cada caso concreto, la afectación de los derechos fundamentales del
funcionario; y, iii) la protección de estabilidad laboral de pre-pensionado no se
aplica para quien tiene cumplidos los requisitos para adquirir la pensión.
En el presente caso, tal y como lo sostuvo el a-quo, no hay pruebas que
permitan indicar el número de semanas cotizadas, factor importante para
demostrar la condición de prepensionado, pues no solo es necesario demostrar
la edad, sino también el tiempo de servicio cotizado.
Pero si en gracia de discusión no se admitiera lo anterior, se tiene que para el
momento en que se produjo el acto acusado, 8 de agosto de 2016, el
demandante tenía 55 años 41, quiere decir que le faltaban más de 6 años para
41
Si se tiene en cuenta que nació el 27 de octubre de 1960.
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obtener el reconocimiento pensional y, por ende, no se encaja dentro de los
presupuestos necesarios para ser beneficiario de esta protección.
Finalmente, con relación al argumento que propuso el recurrente, según el cual,
era necesario que el ente demandado notificara de manera personal el Decreto
3586 del 8 de agosto de 2016 «acto acusado», se debe afirmar que, en principio
ello era necesario, dado que se trataba de un acto de insubsistencia tácito; sin
embargo, tal particularidad se corrigió una vez fue comunicado al señor Carlos
Fernando Medina Ramírez, a través del Oficio del 12 de agosto de 2016 suscrito
por el Secretario General (e) de la Procuraría General de la Nación, que por
medio del primero de los actos había sido nombrado la señora María Alejandra
Paz Restrepo en el cargo de Procurador Judicial I código 3PJ, grado EG, el cual
venía desempeñando de manera provisional42.
De acuerdo con los argumentos expuestos, este cargo tampoco puede
prosperar.
2.3.2. Condena en Costas.
En el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo controvertido, se condenó
en costas a la parte demandante. Al respecto, la Sala reitera lo expuesto por
ambas subsecciones de la Sección Segunda43 de esta Corporación sobre el
particular, en la medida que el artículo 188 del CPACA44, impone al juez la
facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos
aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes,
y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes
con el contenido del artículo 365 del CGP; descartándose así una apreciación
que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas.
En el caso, la Sala observa que el a-quo no hizo un análisis sobre la necesidad
de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios
ya definidos por la jurisprudencia, echándose de menos, además, alguna
evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a la
demandante, quien formuló sus pretensiones de manera seria desde el punto
de vista jurídico. Por consiguiente, se revocará el numeral segundo que
condena en costas a la parte vencida dentro del proceso, por las
consideraciones expuestas en precedencia y se confirmará en lo demás.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia, en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
42
Visible a folio 3 del expediente digital ubicado en el archivo denominado
“7_250002342000201701265013EXPEDIENTEDIGI20220204114352” índice 2 de SAMAI.
43
Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e)
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
44
“ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.”
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No. interno: 1641-2022.
Actor: Carlos Fernando Medina Ramírez.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de diciembre de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual negó las pretensiones
del señor Carlos Fernando Medina Ramírez en contra de la Procuraduría
General de la Nación, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo a través de la cual el Tribunal
Administrativo de Cauca condenó en costas a la parte demandante.
En su lugar, se dispone:
NEGAR la condena en costas, acorde con lo explicado en la motivación
precedente.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE
ORIGEN. CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión45.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
45
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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