Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00275-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00275-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2017-00275-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., cinco (05) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 19001-23-33-000-2017-00275-01 (0656-2021)
Demandante: Florentina Cerón de Ordoñez
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos como docente en
plazas del orden territorial. Aplicación de la sentencia de
unificación del 21 de junio de 2018. CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veintisiete (27) de agosto de dos mil veinte (2020) por el
Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual accedió a las pretensiones
de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora FLORENTINA CERON DE ORDOÑEZ instauró demanda en contra de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 012197 del 18 de octubre de
2012, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a
1 Folios 54 a 55.
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Radicado: 19001-23-33-000-2017-00275-01 (0656-2021)
favor de la demandante en su primera solicitud, de la RDP 020298 del 19 de
diciembre de 2012 y la RDP 0004815 del 4 de febrero de 2013, que confirmaron la
negativa de la decisión al resolver los recursos de reposición y apelación. También
de las Resoluciones RDP 005921 del 11 de febrero de 2016, por medio de la cual
se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor de la demandante en
su segunda solicitud, así como de la que resolvió el recurso de apelación (RDP
030968 del 24 de agosto de 2016).
Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar la prestación, con los reajustes anuales, y el retroactivo indexado
de las mesadas adeudadas por dicho concepto, así como los intereses moratorios.
Que se dé cumplimiento a la sentencia conforme a las previsiones de los artículos
189, 192, 194 y 195 del CPACA y se condene en costas y agencias en derecho a la
parte accionada.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que la demandante nació el 27 de diciembre de 1941 y prestó sus servicios como
docente municipal o nacionalizado desde el 27 de septiembre de 1974 hasta el 26
de septiembre de 1994, por lo que adquirió el estatus el día 26 de septiembre de
1994.
Que solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, sobre la
cual obtuvo respuesta negativa mediante las Resoluciones RDP 012197 del del 18
de octubre de 2012, y por tal motivo presentó el recurso de reposición y apelación,
y la entidad reiteró su respuesta negativa en las Resoluciones RDP 020298 de 19
de diciembre de 2012 y RDP 004815 del 4 de febrero de 2013. Que nuevamente
elevó la solicitud, recibiendo la misma decisión por parte de la UGPP en
Resoluciones RDP 005921 del 11 de febrero de 2016 y RDP 030968 del 24 de
agosto de 2016.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3
La parte activa asegura que con los actos administrativos demandados se
transgreden los artículos: 2, 4, 5, 13, 23, 25, 29, 48, 53, 58, 83, 85, 86 de la
Constitución Política; las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975
y 91 de 1989; el Decreto 2277 de 1977; el Código Civil, el Código General del
2 Folios 56 y 57.
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Folios 57 a 62.
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Proceso, el Código Sustantivo del Trabajo y de Procedimiento Laboral y de la
Seguridad Social y demás normas concordantes.
Que la actora se vinculó como docente del orden municipal y prestó sus servicios
por más de 20 años, por lo tanto, es incuestionable el reconocimiento de la pensión
a su favor a partir del momento en el que reunió los requisitos de ley.
Que los argumentos en los que la demandada se sustentó para negar el derecho
se superan críticamente por las sentencias de la Corte Constitucional (C-SU 640-
98) y del Consejo de Estado (25000-23-25-000-2004-90767-01 (1275-06) y 25000-
23-42-000-2013-00827-01 (2748-14).
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 9 de noviembre de 20174, y notificada
a la UGPP5, quien presentó memorial de contestación6 en el que se opuso a las
pretensiones de la demanda al argumentar que la demandante no cumplió con los
requisitos previstos para el reconocimiento de la pensión gracia, ya que se
encontraron inconsistencias en la vinculación de la docente pues algunos
certificados manifiestan una vinculación nacional y otros una municipal, y que ante
la duda no puede reconocerse la pensión. Que con los decretos de nombramiento
y actas de posesión no se puede tener certeza de cuál es el acto que nombró a la
demandante en su cargo.
Propuso las excepciones que denominó: (i) inexistencia de la obligación demandada
y cobro de lo no debido, (ii) ausencia de vicios en los actos administrativos
demandados, y (iii) prescripción.
En la audiencia inicial7 el tribunal señaló que no se plantearon excepciones previas
que debieran ser resueltas en esa etapa de la audiencia, fijó el litigio
estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se
orientaría la decisión. Declaró fallida la conciliación y efectuó el decreto de pruebas.
En la audiencia de pruebas8 incorporó las allegadas dentro del término, dio por
agotada la etapa probatoria; prescindió de la audiencia de alegaciones y
juzgamiento, para ordenar la presentación de los alegatos de conclusión por escrito.
4 Folios 70 a 71.
5 Folio 77.
6 Folios 81 a 89.
7 Folios 132 a 138.
8 Folios 165 a 168.
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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN9
El Tribunal Administrativo del Cauca, dictó sentencia el 27 de agosto de 2020, a
través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda, al argumentar que la
señora Florentina Cerón de Ordoñez demostró una vinculación previa al 31 de
diciembre de 1980 y cumplió con los 20 años de servicio como docente municipal
pues tuvo en cuenta los periodos laborados desde el mes de septiembre de 1974 al
30 de agosto de 1997.
Que en el expediente administrativo y en los actos de nombramiento y posesión se
comprueba la vinculación de la docente y el tiempo de servicio laborado.
Que, aunque la Secretaría del departamento del Cauca informó que la demandante
no estaba registrada en el sistema de historias laborales, la docente se retiró del
servicio antes de que las entidades territoriales debieran certificarse para la
administración de la educación, por lo que esa situación no es relevante.
Declaró la prescripción de las mesadas anteriores al 6 de abril de 2012, teniendo en
cuenta la petición elevada a la entidad el 6 de abril de 2015.
EL RECURSO DE APELACIÓN10
La demandada en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia de
primera instancia, al asegurar que la docente no logró acreditar 20 años de servicio
en el orden territorial o nacionalizado, pues en el certificado de factores salariales
del 1 de octubre de 2014 se evidencia que los tiempos de servicio fueron nacionales,
impidiendo tal categoría que la reclamante acceda al reconocimiento de la pensión.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante11 y demandada12 presentaron escrito de alegaciones finales
en el que reiteraron los argumentos expuestos en la demanda, contestación y en el
recurso de apelación, respectivamente.
POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Procuraduría Tercera delegada ante el Consejo de Estado no efectuó
pronunciamiento alguno13.
9 Folios 133 a 140.
10 Folios 143 a 146.
11 Ver expediente digital en el índice 12 de SAMAI.
12 Ver expediente digital en el índice 13 de SAMAI.
13 Según constancia secretarial visible a folio 225 del expediente.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió
con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente el relativo a mantener una vinculación territorial o nacionalizada
previa al 31 de diciembre de 1980 y durante 20 años de servicio.
Marco normativo y jurisprudencial
En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar
cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]
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de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»14. Con la expedición de la
Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de
establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o
adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos.
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
(..)
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
14 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199715 señaló que,
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201816
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones.
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
16 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir entre otros observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
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Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,17 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos.
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias normativas señaladas previamente para consolidar
17 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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el derecho a la pensión gracia.
En el asunto, en estudio, deberá enfocarse dicho análisis en el entendido de que los
motivos de inconformidad del apelante único (circunscriben por congruencia la
competencia de decisión en esta instancia), se centran y limitan en verificar si la
actora acredita alguna vinculación como docente de carácter territorial o
nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y si ostentó otras
vinculaciones que le permitan acumular los 20 años de servicio necesarios para
consolidar el derecho pensional en litigio.
Pues bien, frente al primer requisito enunciado relacionado con la edad, se
observa que la señora Florentina Cerón de Ordoñez nació el 27 de diciembre de
194118, de modo que cumplió los 50 años el 27 de diciembre de 1991.
Según las pruebas obrantes en el expediente se encuentra que la demandante
prestó sus servicios en condición de docente, así:
• Periodo I: del 27 de septiembre de 1974 al 30 de agosto de 1997
Del material allegado al plenario puede evidenciarse que la docente fue nombrada
por la Alcaldía de Mercaderes, Cauca mediante el Decreto No. 022 del 31 de agosto
de 197419, para desempeñar el cargo de directora en la Escuela Municipal El
Arrayanal para el año lectivo de 1974 a 1975 y tomó posesión del cargo el día 27
de septiembre de 1974 según consta en el acta de posesión aportada20, como se
muestra en las imágenes:
18 De conformidad con la copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 3.
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Folio 39.
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Folio 40.
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Se encuentra también el acta de posesión del 1 de septiembre de 197521 como
directora de la misma institución educativa, así como diversos decretos en los que
se traslada a la docente a otras instituciones22 y también que la ratifican en su
cargo23, sin embargo, el extremo temporal en el cual la docente finalizó su labor solo
se logra verificar con los certificados aportados, a saber, el certificado de salarios
No. 01324 en el que consta que la docente laboró del 27 de septiembre al 30 de
agosto de 1997 y el certificado de tiempos de servicio No. 01325 del 13 de junio de
2005 emitido el alcalde municipal encargado y el director de núcleo educativo y
cultural, en el cual coincide el lapso de tiempo mencionado, visible este último en el
expediente administrativo.
21
Folio 41.
22
Decreto 034 de 1984 (folio 44); Decreto 033 de 1985 (folio 45); Decreto 074 A de 1992 (folio 48).
23 Decreto 007 de 1983 (folio 42); Decreto 044 de 1983 (folio 43); 017 de 1986 (folio 46); Decreto 054 de 1988
(folio 47); Decreto No. 081 de 1993 (folio 49); Decreto 82BIS de 1994 (folio 50).
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Folio 37.
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Radicado: 19001-23-33-000-2017-00275-01 (0656-2021)
Sin perjuicio de lo anterior, la reclamante en el escrito de la demanda, unicamente
se refirió al servicio prestado desde el 27 de septiembre de 1974 al 26 de septiembre
de 1994, estimando que en este lapso adquirió su estatus pensional, por lo que no
relacionó la labor ejercida desde 1994 hasta 1997. En ese orden ideas, unicamente
considerará esta Sala el tiempo alegado por la demandante para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia.
Teniendo claro que la actora efectivamente prestó sus servicios durante el periodo
analizado, se determinará la plaza ocupada por la docente en tal interregno. Al
respecto, es adecuado resaltar que la Corte Constitucional en sentencia C-084 de
1999, por medio de la cual se estudió la constitucionalidad del artículo 15, numeral
2, literal b), de la Ley 91 de 1989, precisó que:
«[…] antes de la "nacionalización" de la educación primaria y secundaria oficial
decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es
decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes
oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa
al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados
laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces
en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada "pensión gracia", de que
trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes
116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos
en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos
sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la
diversidad del empleador (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta,
establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de
devengar dos asignaciones del Tesoro Público […]» (Negrilla de la Sala)
Por tanto, en el entendido de que el nombramiento de la accionante (27 de
septiembre de 1974), fue anterior al proceso previsto en la Ley 43 de 1975 (11 de
diciembre de 197526) y en consideración a que en dicho tiempo sólo existían dos
categorías de docentes oficiales y que en el acervo probatorio no se encuentra
elemento alguno que demuestre que la plaza fue objeto de nacionalización, aplica
a este caso para la educadora la calidad territorial del vínculo.
Lo anterior considerando que, del acto por el que se nombró a la demandante, no
se puede concluir que el cargo ejercido por la reclamante haya sido de aquellos
propios de la planta de personal de la Nación, o que hubiese sido vinculada por la
autoridad territorial en calidad de administrador del personal de la Nación en virtud
de la desconcentración, por lo que se descarta que la relación legal y reglamentaria
haya sido del orden nacional.
Contrario a lo anterior, sí se extrae con claridad que el nombramiento de la actora
en este caso tuvo lugar por decisión autónoma y directa de la autoridad nominadora,
lo que logra acreditar una calidad territorial de la actividad docente; situación que se
26
Fecha de entrada en vigencia de la Ley 43 de 1975.
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Radicado: 19001-23-33-000-2017-00275-01 (0656-2021)
corrobora con la constancia laboral visible en el expediente27 y en el certificado de
tiempo de servicios No. 011 del 1° de octubre de 2014 obrante en el expediente
administrativo28, en donde se observa que la vinculación de la docente fue del orden
territorial.
Ahora bien, respecto al argumento de la demandada en su escrito de apelación en
el que relaciona un certificado de factores salariales del 1 de octubre de 2014 en el
que se indica que la calidad docente de la actora es nacional, sea lo primero indicar,
que no se encuentra en el expediente un documento que soporte tal afirmación,
además, el demandando no identificó claramente el certificado al que se refiere,
pues en el expediente judicial y administrativo se aportaron varios certificados con
la mencionada fecha, sin embargo, en el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Salarios con consecutivo No. 013, se puede ver que en la casilla de
situación laboral de la docente su régimen de pensiones es nacional.
Sobre el particular, es preciso aclarar que el régimen de pensiones no determina el
tipo de vinculación de un maestro, de hecho, la sentencia de unificación del 21 de
junio de 2018, ya referida en esta providencia, claramente indicó los medios de
prueba idóneos para acreditar la categoría de un docente, entre estos: los actos
administrativos donde conste el vínculo y se establezca con claridad la plaza a
ocupar o una certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca del tipo de vinculación del educador. Por lo tanto, carece de fundamento
lo expuesto por la entidad para desestimar el tiempo de servicio.
Sumando a lo anterior, se tiene que el mismo certificado de salarios al cual se hace
referencia, en su parte final, claramente indica que la vinculación de la docente fue
municipal, confirmando también esta pieza probatoria la categoría concluida
previamente y el tiempo de servicio prestado al relacionar los factores salariales de
cada año laborado, contados desde el 27 de septiembre de 1974 al 30 de agosto
de 1997.
27
Folio 28.
28
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Por consiguiente, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo
laborado por la demandante como docente territorial durante el lapso transcurrido
entre el 27 de septiembre de 1974 al 26 de septiembre de 1994 (20 años),
observa la Sala que tal periodo es suficiente para cumplir con el tiempo mínimo de
servicio exigido para acceder a la prestación solicitada.
Seguidamente, sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar
alguna vinculación en una plaza docente de iguales calidades a las mencionadas
con anterioridad, ello previo al 31 de diciembre de 1980, quedó demostrado al
corroborar que la actora efectivamente se desempeñó como docente territorial
desde el 27 de septiembre de 1974, es decir, en una fecha anterior a la primera en
comento, por lo que se encuentra colmada la exigencia objeto de análisis.
En punto de cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta de la demandante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa, ni en la primera instancia ni mucho menos mediante el recurso de
apelación analizado en esta oportunidad, por lo que se presume la buena fe de la
interesada en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.
Según lo expuesto, se estima que resultó acertada la decisión del tribunal de origen
en el fallo apelado para acceder al reconocimiento de la prestación solicitada por la
actora, y aunque la mencionada sentencia no determinó una fecha de estatus, en
esta oportunidad se reconoce el estatus pensional de la docente a partir del 26 de
septiembre de 1994, fecha en la cual cumplió los 20 años de servicio; también fue
apropiado el análisis de la prescripción al considerar que la demandante elevó la
última solicitud de reconocimiento de la pensión gracia ante la UGPP el día 6 de
abril de 201529 e interpuso la demanda dentro de la interrupción, esto es el día 9 de
junio de 201730.
Condena en costas de segunda instancia
Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
29
Folio 13.
30
Conforme al acta individual de reparto visible a folio 68.
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Radicado: 19001-23-33-000-2017-00275-01 (0656-2021)
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación presentados por la parte demandada no
presentan una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas. Contrario a ello, la parte demandada propuso argumentos razonables en
defensa jurídica de sus intereses y fue luego del debate jurídico y probatorio que se
determinó en segunda instancia la procedencia del derecho, por lo que no se
impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de agosto de 2020 por el
Tribunal Administrativo del Cauca, según las razones expuestas en la parte motiva
de esta decisión.
SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandada según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.
TERCERO: RECONOCER personería adjetiva a la abogada Evelyn María Molina
Padilla, portadora de la tarjeta profesional 338.949 del C.S de la J. según, como
apoderada sustituta del demandado en los términos y para los efectos del poder de
sustitución conferido por la apoderada principal la Dra. Marcela Patricia Ceballos
Osorio, ello conforme al respectivo memorial obrante en el índice 29 de la plataforma
SAMAI.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
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Radicado: 19001-23-33-000-2017-00275-01 (0656-2021)
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente en comisión
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