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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00343-02

Fecha
15 de junio de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00343-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero: Revocar la sentencia del 7 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca que negó las pretensiones de la demanda presentada por Julián Andrés Vivas Escobar contra el municipio de Cajibío Cauca. Segundo: Declarar la nulidad parcial del Oficio DDA 100104053 del 20 de diciembre de 2016, en lo relacionado a la negación de la sanción moratoria por el no pago oportuno del auxilio de cesantías. Tercero: A título de restablecimiento del derecho, condenar al municipio de Cajibío, Cauca, al reconocimiento y pago de un día de salario por cada día de retardo, por concepto de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, 16 Radicado: 19001233300420170034302 (3160-2022) Demandante: Julián Andrés Vivas Escobar. desde el 25 de abril de 2015 hasta el 10 de abril de 2018, la cual se liquidará con base en la asignación básica devengada por el actor para la anualidad de 2015, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Cuarto: Abstenerse de declarar responsabilidad alguna respecto de Héctor José Guzmán y Ceneida Valencia Dorado en calidad de llamados en garantía. Quinto: Abstenerse de condenar en costas a la parte vencida en el proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2017-00343-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

15 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., quince (15) de junio dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001233300420170034302(3160-2022)
Demandante: Julián Andrés Vivas Escobar
Demandado: Municipio de Cajibío, Cauca
Temas: Sanción moratoria por no pago en tiempo de las cesantías
definitivas / pago por consignación / límite de la penalidad.

Sentencia segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 7 de abril de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo1, Julián Andrés Vivas Escobar presentó demanda
para que se declare la nulidad parcial del oficio DDA 10004053 del 20 de
diciembre de 2016, emitido por el alcalde municipal de Cajibío2, Cauca, que negó
el reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las
cesantías reclamadas.

1 En adelante CPACA.
2
En adelante el demandado.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 19001233300420170034302 (3160-2022)
Demandante: Julián Andrés Vivas Escobar.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) condenar al ente territorial demandado a reconocer, liquidar y pagar las
sumas de dinero correspondientes a la sanción moratoria por el no pago de las
cesantías definitivas; ii) ordenar pagar los intereses generados; iii) dar
cumplimiento a la sentencia debidamente ejecutoriada en los términos de los
artículos 187, 188, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

En virtud del Decreto 9 del 10 de enero de 2014 el municipio de Cajibío nombró a
Julián Andrés Vivas Escobar en el cargo de jefe de despacho, secretario de
gobierno, código 20, grado 11, empleo que desempeñó entre el 11 de enero y el
31 de diciembre de 2014.

Una vez retirado del servicio, presentó solicitud de reconocimiento y pago
definitivo de todas sus acreencias laborales. En respuesta, el municipio ordenó el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales e indicó, respecto de las
cesantías, que estas habían sido consignadas al fondo administrador Porvenir,
según Resolución 133 del 3 de febrero de 2015. Sin embargo, solo hasta finales
del año 2016 el actor se acercó a las oficinas del fondo a retirar sus cesantías y le
comunicaron que no había consignación por parte de ninguna entidad por ese
concepto.

El 3 de diciembre de 2016 radicó petición ante el ente demandado con el propósito
de que le reconociera y ordenara el pago del auxilio de cesantías y además la
sanción moratoria por el no pago oportuno; de igual forma, solicitó que le
informaran la fecha en que se hizo el pago y se le expidiera copia del recibo y de
la planilla con la cual se había realizado el aporte correspondiente a Porvenir.

El 20 de diciembre de 2016 la entidad dio respuesta a la solicitud mediante Oficio
DDDDA10004053 y le manifestó que «[…] no figura abonado al peticionario pago
por concepto de auxilio de cesantías y en tal virtud, teniendo en cuenta la presente
reclamación, se procederá a su reconocimiento, liquidación y pago» y en cuanto a
la sanción moratoria, indicó que era improcedente y negó su reconocimiento y
pago.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

2

Radicado: 19001233300420170034302 (3160-2022)
Demandante: Julián Andrés Vivas Escobar.

Como disposiciones violadas citó los artículos 13 y 29 de la Constitución Política;
99 de la Ley 50 de 1990; 13 de la Ley 344 de 1996; 2 de la Ley 244 de 1995
subrogado por el 5 de la Ley 1071 de 2006 y el Decreto 1252 de 2000.

En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos3:

Falsa motivación

El acto administrativo demandado está viciado de nulidad por falsa motivación,
toda vez que en la Resolución 133 del 3 de febrero de 2015 se le indicó que, para
la fecha de expedición de la referida decisión, sus cesantías ya habían sido
consignadas en el fondo Porvenir, lo cual resultó ajeno a la realidad, teniendo en
cuenta que, al momento de reclamar su pago, no existía la consignación en la
cuenta individual. Lo anterior deja claro que la decisión de negar el reconocimiento
de la sanción moratoria pretendida viola el debido proceso, pues el argumento
consistente en que debía requerirse previamente a la administración el pago del
auxilio no se acompasa con la realidad, comoquiera que, pese haberse
presentado la respectiva petición, no fue tenida en cuenta por la entidad.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Actuación del demandado

El municipio de Cajibío se opuso a la prosperidad de las pretensiones por las
razones que se expresan a continuación4:

El ente territorial dio respuesta al peticionario mediante Oficio D.D.A.100-4053 del
20 de diciembre de 2016 y le indicó que no figuraba abono a su favor por concepto
de cesantías y que procedería a su respectivo pago, para lo cual, procedió a emitir
certificado de disponibilidad presupuestal 1040 del 10 de diciembre de 2016,
registro 996 del 23 siguiente y giró el cheque 5505 del 27 de diciembre de 2016
del banco Agrario de Colombia por el valor del auxilio respectivo, el cual se ha
negado a recibir el demandante, lo que muestra la voluntad inequívoca del
municipio en cumplir con sus obligaciones prestacionales para con él.

Con posterioridad, se identificó que el valor correspondiente a las cesantías de
Julián Vivas sí había sido consignado al Fondo de Pensiones y Cesantías
Porvenir, pero a nombre de otra funcionaria de nombre Doly Patricia Orozco. Lo

4 Folios50 al 56

3

Radicado: 19001233300420170034302 (3160-2022)
Demandante: Julián Andrés Vivas Escobar.

anterior deja claro que no era voluntad del municipio sustraerse del
reconocimiento y pago de la prestación, sino que incurrió en un error al ejecutar la
Resolución 133 del 3 de febrero de 2015. Sin embargo, en un acto desleal con la
administración, el actor solo pasado 2 años pone en conocimiento de ello y
además se negó a recibir el pago de la prestación para exigir la sanción moratoria.
Finalmente, propuso las excepciones de improcedencia de la sanción moratoria,
prescripción de la acción y buena fe.

1.2.2. Llamamiento en garantía

Mediante auto del 18 de julio de 2018 se admitió el llamamiento en garantía con
fines de repetición en contra de Héctor José Guzmán en su calidad de exalcalde
del municipio de Cajibío y Ceneida Valencia Dorado como extesorera para la
época de los hechos. El primero contestó la demanda y se opuso a las súplicas5,
para lo cual propuso la excepción de caducidad, pues considera que la Resolución
133 del 3 de febrero de 2015 le fue notificada al actor en esa misma fecha, sin que
hubiese controvertido tal decisión y frente al Oficio D.D.A. 100-4053 del 20 de
diciembre de 2016, no medió intervención alguna de su parte. Así mismo, invocó
la excepción de inexistencia de dolo o culpa grave como ordenador del gasto,
pues en tal condición su actuación se ciñó al manual de funciones a espera que
los demás funcionarios actuaran de la misma manera bajo la aplicación del
principio de confianza.

Ceneida Valencia Dorado se opuso a las pretensiones de la demanda6, pues de
acuerdo con la consignación en la que aparece el nombre del actor, se observa
que fue realizada en la oportunidad legal, esto es el 9 de febrero de 2015, es decir,
antes del 15 de febrero de ese mismo año, lo que no configura la sanción
moratoria reclamada, pues a pesar del error generado por la oficina de personal,
se cumplió con el deber legal. Propuso las excepciones de inexistencia de dolo y
el principio general de que nadie puede beneficiare de su propio dolo, buena fe y
confianza legítima.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Cauca, negó las pretensiones de la demanda. Para
tal efecto, se pronunció en estos términos7:

Si bien en la Resolución 133 del 3 de febrero de 2015 que liquidó las prestaciones

5 Folios 105 al 123 del cuaderno de llamamiento en garantía.
6
Folios 130 al 150.
Folios 328 al 344 del expediente.

4

Radicado: 19001233300420170034302 (3160-2022)
Demandante: Julián Andrés Vivas Escobar.

se indicó que esta se realizó por solicitud del actor, lo cierto es que, de acuerdo
con lo previsto en la Ley 244 de 1995, cuando ocurre el retiro del servicio, debe
mediar solicitud de parte del interesado en reclamar las respectivas cesantías,
requerimiento que debió hacerse de manera expresa, pues de ello depende que el
acto administrativo de reconocimiento de dicha prestación sea expedido o no en el
tiempo que prevé la norma, hecho que en el presente asunto no se probó.

Para el fallador de instancia, no puede analizarse si el municipio incurrió en mora
en el pago de las cesantías definitivas, pues en este caso no se realizó la
respectiva liquidación de la prestación y no existe certeza si el demandante elevó
solicitud para el pago de su auxilio, al no existir soporte de ello.

Interpretó que el actor acudió por primera vez a reclamar sus cesantías definitivas
el 2 de diciembre de 2016 y es a partir de esa fecha que realizó el conteo de los
términos para determinar si había lugar a configurarse la sanción moratoria
reclamada y encontró que el ente territorial mediante Oficio D.D.A.100-4053 del 20
de diciembre de 2016 dio respuesta al peticionario y le indicó que no figura abono
a su favor por concepto de cesantías y que procedería a su respectivo pago, para
lo cual, emitió certificado de disponibilidad presupuestal 1040 del 10 de diciembre
de 2016, registro 996 del 23 siguiente y giró el cheque 5505 del 27 de diciembre
de 2016 del banco Agrario de Colombia por el valor del auxilio respectivo, el cual
el demandante se negó a recibir, pero para ese momento, es decir, la expedición
del título valor, no habían vencido los 45 días con que contaba para efectuar el
pago y con fundamento en ello, determinó que el municipio no había incurrido en
la mora.

Pero debido a que el demandante no se acercó a reclamar el cheque, el municipio
procedió el 11 de abril de 2018 a constituir un depósito judicial por el valor
correspondiente a las cesantías del actor y lo puso a disposición de la
administración de justicia. Aunque es «[…] evidente que desde la petición del 2 de
diciembre de 2016 hasta la constitución del depósito judicial trascurrieron más de
los 45 días de que trata la norma […], mal podría esta Corporación ordenar el
pago de una sanción a favor del demandante, amparando su actuación no
diligente y por lo menos, con culpa grave en los términos del Código Civil, con
miras a verse beneficiado.

1.4. El recurso de apelación

El demandante apeló el fallo de primera instancia con los argumentos que a
continuación se exponen:

Respecto de la inexistencia de la reclamación oportuna por parte del demandante

5

Radicado: 19001233300420170034302 (3160-2022)
Demandante: Julián Andrés Vivas Escobar.

para que se configure la sanción moratoria, alegó que la Resolución 133 de
febrero de 2015 goza de la presunción de legalidad de conformidad con el artículo
88 de la Ley 1437 de 2011, en esa medida el a quo «[…] pareciera exigir una tarifa
legal para acreditar la solicitud de reconocimiento de las cesantías definitivas[…]»
pues, pese a que admite que la liquidación de las prestaciones sociales se
realizaron a través de la Resolución 0133 de 3 de febrero de 2015, en atención a
solicitud presentada por el actor, considera que no existe dentro del proceso
prueba que demuestre esa afirmación. Contrario a lo sostenido por el tribunal, el
actor además de las vacaciones, prima de servicio, bonificación por recreación,
reclamó el pago de sus cesantías definitivas, al punto que en respuesta a esa
petición el ente territorial informó que sus cesantías definitivas le habían sido
consignadas al fondo Porvenir.

Manifestó inconformidad por la exigencia de requisitos no previstos en el artículo 5
de la Ley 1071 de 2006, en el cual solamente le fija criterios temporales a la
administración pública para reconocer y ordenar el pago en el término de 45 días
que se cuentan desde que quede en firme el reconocimiento de las cesantías. Por
lo anterior, considera un error de la sentencia no atender los términos de dicha
disposición trasladándolos a la petición del 2 de diciembre de 2016, en especial
por la reclamación de la mora y su sanción.

Para determinar el momento a partir del cual se configuró la sanción moratoria, se
debe tomar como punto de partida el vencimiento de los 45 días hábiles que tenía
la administración para realizar el pago de las cesantías definitivas, de manera que
la mora se causó desde el 25 de abril de 2015 y hasta el pago total de la acreencia
laboral.

Afirma que no actuó con negligencia por no acercarse a reclamar ante la entidad
un cheque que supuestamente había a su nombre, puesto que en el proceso no
existe prueba que acredite que haya sido requerido de manera formal, ni porqué
concepto se había girado el aludido título valor, ni su monto, lo que hacía inviable
reclamarlo.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

1.5.1. Parte demandante

No se pronunció en esta etapa procesal.

1.5.2. Parte demandada

6

Radicado: 19001233300420170034302 (3160-2022)
Demandante: Julián Andrés Vivas Escobar.

La entidad no se pronunció.

1.6. El Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio.

2. Consideraciones

2.1. ¿El problema jurídico

Se circunscribe a establecer como problema principal, lo siguiente: ¿es posible
tener por demostrado con lo expuesto en la Resolución 0133 del 3 de febrero de
2015 que el actor solicitó el reconocimiento de sus acreencias laborales entre las
cuales se encuentra las cesantías y con base en ello determinar si el pago se
efectuó dentro de los términos de ley o si en su defecto se pagó tardíamente lo
que configura la penalidad reclamada?

2.2. Marco normativo

La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno
de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan
otras disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días para
que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de
los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la
solicitud que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de
que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar
expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen,
pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente
indicado. El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto
de reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término
de cuarenta y cinco (45) días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir
en mora y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente
a un día de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta
cuando se haga efectivo el pago. Al respecto, es importante hacer mención de los
argumentos que sirvieron de soporte a la exposición de motivos que dio origen a la
sanción moratoria consagrada en la aludida ley, en especial, los siguientes:

[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los
servidores públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para

7

Radicado: 19001233300420170034302 (3160-2022)
Demandante: Julián Andrés Vivas Escobar.

lograr el cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque
ha terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que
traen consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque
ante la necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima
para los funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho
origina además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de
radicación de las solicitudes, prácticamente al mejor postor. Además de este factor
de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga al trabajador su
cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal meses, y hasta
años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante que la
entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando esos
dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin ningún
reconocimiento para el trabajador8.

La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de
las cesantías definitivas y parciales de los servidores públicos y en sus artículos 4
y 5 determinó lo siguiente:

«Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo
el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes. Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la
solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este
artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de
los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se
haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no
cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad
podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se
produjo por culpa imputable a este».

Según lo previsto en el artículo 2, los destinatarios de la Ley 1071 de 2006, son:

«Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas,

8
Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.

8

Radicado: 19001233300420170034302 (3160-2022)
Demandante: Julián Andrés Vivas Escobar.

empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros
de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma
permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República
y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro».

2.3. Análisis del caso concreto

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

Julián Andrés Vivas Escobar fue nombrado mediante Decreto 9 del 10 de enero de
20149 en el cargo de secretario de gobierno, tránsito, transporte y participación
comunitaria, código 30, grado 11 del municipio de Cajibío, Cauca. Una vez
desvinculado de la administración municipal, el ente territorial por virtud de la
Resolución 133 del 3 de febrero de 201510 reconoció el pago de las prestaciones
sociales definitivas por todo el tiempo de servicio prestado desde el 11 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2014, decisión que le fue notificada el 3 de febrero de
201511. Dicho acto en sus consideraciones registró lo siguiente:

«[…] 1. Que JULIAN ANDRES (sic) VIVAS ESCOBAR, identificado con cédula No
76.352.486 de Popayán Cauca, ha solicitado el pago definitivo de las acreencias
laborales por todo el tiempo de servicio prestado al municipio durante el desempeño
como SECRETARIO DE GOBIERNO, CODIGO (sic) 020, GRADO 11 adscrito al
DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE desde el día once (11) de Enero (sic) de 2014
hasta el día 31 de Diciembre de 2014 (sic)
[…]
Nota: La (sic) cesantías fueron giradas al Fondo de cesantías porvenir (sic)
[…]
RESULEVE:

ARTICULO (sic) PRIMERO. - Reconocer a favor del señor JULIAN ANDRES (sic)
VIVAS ESCOBAR identificado con cédula No 76.352.486 de Popayán Cauca, el
pago de prestaciones sociales definitivas por todo el tiempo de servicio prestado al
municipio desde el día once (11) de Enero de 2014 hasta el día 31 de diciembre de
2014». Negrillas fuera de texto.

Petición radicada por el actor ante el municipio el 3 de diciembre de 2016 12 a
través de la cual solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que
trata la Ley 244 de 1995 y 1071 de 2006, como consecuencia de la omisión en el
pago de las cesantías definitivas. Así mismo, solicitó que se procediera a liquidar y
pagar el referido auxilio por el tiempo que se desempeñó como jefe de despacho
en dicho ente territorial, la cual fue resuelta con Oficio D.D.A. 100-4053 del 20 de
diciembre de 2016, por medio del cual manifestó su voluntad con fundamento en

9
Folio 13 del expediente.
10
Folios 60 y 61.
11
Folio 62.
12
Folio 10 y 11.

9

Radicado: 19001233300420170034302 (3160-2022)
Demandante: Julián Andrés Vivas Escobar.

las siguientes consideraciones:

«[…] Verificado el reporte denominado “Libro Auxiliar por Tercero y Cuenta” de la
Tesorería Municipal de Cajibío, impreso el 6 de diciembre de 2016, no figura
abonado al peticionario pago por concepto de auxilio de cesantías por el periodo
reclamado, en tal virtud, teniendo en cuenta la presente reclamación se procederá a
su reconocimiento, liquidación y pago.
[…]
Con todo, cabe anotar que dada la naturaleza sancionatoria que reviste lo solicitado
por el peticionario, es claro que para la procedencia de su pago, debe mediar
declaración judicial previa valoración de la conducta dela administración y del
exfuncionario frete al particular».

Certificado expedido por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantías Porvenir S.A. de fecha 11 de enero de 2017, en el cual indicó lo
siguiente:

«[…] El(la) Señor (a) JULIAN ANDRES (sic) VIVAS ESCOBAR, identificado con
cédula de ciudadanía 76.325.486, se encuentra afiliado al FONDO DE CESANTIAS
PORVENIR con un saldo a la fecha de $402.15.42 – empresa Universidad del
Cauca…»

Consignación ante el banco Agrario de Colombia, depósito judicial realizado el 11
de abril de 2018, por «concepto de pago consignación de prestaciones sociales» y
como beneficiario Julián Andrés Vivas Escobar por valor de $2.431.05413

Certificado de disponibilidad presupuestal 1040 del 10 de diciembre de 2016 por
concepto de auxilio de cesantías exsecretario de gobierno municipal Julián Andrés
Vivas Escobar por valor de $2.431.05414; registro presupuestal 996 del 23 de
diciembre de 2016 por idéntico concepto y valor 15; comprobante de egreso
presupuestal 17929 del 27 de diciembre de 201616 correspondiente a la aludida
prestación social y cheque 5505 del 27 de diciembre de 2016 para ser pagado a
favor del demandante y por la suma ya mencionada.

De acuerdo con las pruebas documentales antes referenciadas, la Sala encuentra
demostrado que i) Julián Andrés Vivas Escobar tuvo vinculación con el municipio
de Cajibío en el cargo de cargo de secretario de gobierno, tránsito, transporte y
participación comunitaria, código 30, grado 11; ii) al finalizar la relación laboral, la
administración municipal procedió a reconocerle las prestaciones sociales a través
de la Resolución 133 del 3 de febrero de 2015; iii) en dicho acto administrativo se
afirmó que el ente territorial tomó tal decisión con ocasión de la solicitud de pago

13
Folios 66 y 71.
14
Folio 69.
15
Folio 68.
16
Folio 67.

10

Radicado: 19001233300420170034302 (3160-2022)
Demandante: Julián Andrés Vivas Escobar.

definitivo de las acreencias laborales reclamadas por el actor; iv) también afirmó
que las cesantías fueron giradas al Fondo de cesantías Porvenir; (v) solo hasta el
11 de abril de 2018 el municipio procedió a pagar las cesantías definitivas del
demandante a través de la figura de pago por consignación, para lo cual,
constituyó un depósito judicial ante el banco Agrario de Colombia.

El apelante alega que el fallo recurrido desconoció lo dispuesto en la Resolución
133 de febrero de 2015, acto que goza de la presunción de legalidad de
conformidad con el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, de manera que para
demostrar que elevó petición de reconocimiento de las prestaciones sociales el a
quo «[…] pareciera exigir una tarifa legal para acreditar la solicitud de
reconocimiento de las cesantías definitivas […]».

Al respecto, observa la Sala que en efecto el prenotado acto administrativo fue
inequívoco en indicar que el actor «ha solicitado el pago definitivo de las
acreencias laborales por todo el tiempo de servicio prestado al municipio durante
el desempeño» como secretario de gobierno en el municipio de Cajibío,
declaración amparada por la presunción de legalidad, en la medida en que sobre
ella no recae decisión de la jurisdicción que haya declarado su invalidez.

La teoría general del acto administrativo explica que en virtud del principio de
legalidad, la actividad de la administración debe someterse plenamente a las
normas de superior jerarquía y de ahí que los actos producto de su actividad estén
amparados por la presunción de legalidad, esto es que son eficaces mientras no
sean anulados. Se trata de una presunción juris tantum o puramente legal que
admite prueba en contrario, la cual debe ser alegada ante el órgano jurisdiccional
y demostrar las causales de anulación de los actos17, de manera que, para el caso
bajo estudio, si bien al expediente no se aportó por ninguna de las partes la
petición a través de la cual el actor solicitó el reconocimiento de sus prestaciones
con ocasión de la terminación del vínculo con la entidad territorial, no es menos
cierto que la administración no solo procedió a emitir la Resolución 133 del 3 de
febrero de 2015 que le reconoció las acreencias laborales y prestacionales
reclamadas, sino que además indicó, de manera puntual, que ello lo había hecho
precisamente en atención a lo solicitado por el demandante, motivo por el cual no
encuentra esta colegiatura justificación para restarle crédito a lo plasmado en
dicho acto administrativo, antes por el contrario, al estar revestida de legalidad, se

17 Sobre la presunción juris tantum, la jurisprudencia de la Corporación ha explicado que implica la

legalidad implícita de los actos administrativos se sujeten al ordenamiento jurídico (Sección
Primera, sentencia de 20 de noviembre de 1996, Expediente nro. 3912, Consejero ponente: doctor
Libardo Rodríguez Rodríguez), lo que les brinda plena eficacia y obligatoriedad hasta que se logre
desvirtuarla ante la jurisdicción, por contravención de disposiciones de orden constitucional, legal o
reglamentario.

11

Radicado: 19001233300420170034302 (3160-2022)
Demandante: Julián Andrés Vivas Escobar.

le da valor a lo allí consignado.

Esclarecido lo anterior, considera la Sala que no le asiste razón al tribunal de
instancia cuando afirmó que no le era posible analizar si el municipio incurrió en
mora en el pago de las cesantías definitivas, bajo el supuesto de no tener certeza
acerca de que el demandante hubiera elevado la respectiva solicitud para el pago
de su auxilio, puesto que admitir ello es desconocer la presunción que reviste
Resolución 133 de febrero de 2015, en tanto en ella la administración municipal
señaló que se profirió justamente en virtud de la solicitud incoada por Julián
Andrés Vivas Escobar al reclamar el reconocimiento de todas sus prestaciones
con ocasión de la ruptura del vínculo laboral con el municipio.

Significa lo anterior, que al a quo le era dable poder determinar si la administración
municipal procedió al pago de las cesantías definitivas del actor dentro del término
previsto en la ley, para con fundamento en ello, establecer si se configuró o no la
penalidad pretendida, comoquiera que la sanción moratoria se encuentra
justificada por el simple incumplimiento de la obligación de pago, de manera que,
reconocida la prestación social a través de la Resolución 133 del 3 febrero de
2015, lo procedente es verificar si, después de su ejecutoria, se pagó dentro de los
45 días hábiles con que contaba para ello, máxime, si se tiene en cuenta que la
mencionada resolución se dejó anotado que «fueron giradas al Fondo de
cesantías Porvenir», hecho este que deberá ser corroborado a continuación por la
Sala.

Entonces, al observar la Sala que la Resolución 133 de 2015 fue notificada el 3 de
febrero de esa anualidad, se tiene que adquirió ejecutoria el 17 siguiente, en
atención a lo previsto en los artículos 76 y 87 de la Ley 1437 de 201118, de manera
que, a partir del día siguiente en que quedó en firme la resolución, corren los 45
días hábiles para que la administración municipal procediera al pago, los cuales
vencieron el 24 de abril de 2015. Pues bien, de acuerdo con las pruebas que
18 «ARTÍCULO 76. oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse

por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los
actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el
juez.
[…]
ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o
publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos
interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo
positivo.»

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Radicado: 19001233300420170034302 (3160-2022)
Demandante: Julián Andrés Vivas Escobar.

fueron debidamente aportadas al proceso, se obtiene que el municipio de Cajibío
procedió a realizar el pago por consignación de prestaciones sociales ante el
banco Agrario de Colombia el día 11 de abril de 2018.

Con fundamento en lo anterior, la Sala establece que el periodo de mora se causó
entre 25 de abril de 2015 y el 10 de abril de 2018, día antes en que el ente
territorial realizó el pago por consignación de la prestación social ante el banco
Agrario. Si bien adujó la entidad que el actor se negó a recibir el cheque 5505 del
27 de diciembre de 2016 con el cual, pretendió pagarle sus cesantías, lo cierto es
que en el plenario no reposa prueba indicativa que por parte de la administración
municipal hubiese desplegado actuación formal alguna tendiente a comunicarle al
actor para que se acercara a su cobro, sino que, de acuerdo con lo indicado en el
escrito de contestación de la demanda, ello lo intentó hacer por conducto de
terceras personas, sin que dicho proceder se ajustara al ordenamiento. Lo cierto
de todo esto es que el municipio, desde el momento mismo en que se percató que
no había pagado las cesantías definitivas al demandante, muy a pesar de haber
afirmado en la Resolución 133 de 2015 que ya las había consignado en el fondo
administrador, pudo haberlas pagado a través de la figura que al final utilizó, esto
es pago por consignación de prestaciones sociales ante el banco Agrario y con
ello reducir el tiempo de mora, pero desafortunadamente no fue diligente en tal
proceder y solo hasta el 1 de abril de 2018 efectuó el pago.

Al observar esta colegiatura que la petición de reconocimiento de la sanción
moratoria fue instaurada por el actor el 3 de diciembre de 2016, se establece que
no se configuró el medio extintivo de la prescripción, toda vez que su exigibilidad
surgió a partir del 25 de abril de 2015 y contaba hasta el 25 de abril de 2018 para
reclamar en término el derecho, lo cual ocurrió con mucha antelación como bien
se indicó en precedencia, razón por la cual, la reclamación la efectuó dentro del
tiempo de ley.

2.4. Llamamientos en garantía.

El llamamiento en garantía con fines de repetición es un mecanismo de economía
procesal19 que surgió como desarrollo del deber constitucional de repetir contra
los agentes del Estado, cuya conducta dolosa o gravemente culposa hubiera
ocasionado su condena patrimonial. De acuerdo con los artículos 19 y 22 de la
Ley 678 de 2001, en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, como el
presente, puede solicitarse el llamamiento en garantía «[ ... ] del agente frente al
que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad al haber actuado con dolo o
culpa grave, para que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la

19
Corte Constitucional, sentencia C-482 de 2002

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Radicado: 19001233300420170034302 (3160-2022)
Demandante: Julián Andrés Vivas Escobar.

administración y la del funcionario», con el fin último de que en el fallo se decida
sobre la responsabilidad de la entidad, así como sobre la responsabilidad del
agente llamado en garantía y la repetición que le corresponda al Estado respecto
de aquél. Para hacer efectivo el deber constitucional de repetición y facilitar la
labor de las entidades públicas, en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001
fueron establecidas unas presunciones de dolo y culpa grave, cuyo supuesto
fáctico, como hecho indicador, debe ser acreditado por la entidad20, mientras que
el llamado estará en la posición de desvirtuarla.

Con lo anterior, resulta claro que la prueba sumaria —es decir, que no ha sido
controvertida— de la responsabilidad del funcionario llamado, es uno de los
requisitos para que proceda la solicitud de llamamiento en garantía con fines de
repetición. Pero, de ninguna forma, tal prueba será suficiente para declarar la
responsabilidad y condenar al llamado, dado que esto requiere la demostración
del hecho indicador de la culpa grave o dolo, mediante prueba controvertida por la
persona llamada, así como la demostración de cada uno de los presupuestos de
su responsabilidad patrimonial.

De la lectura del referido escrito de llamamiento en garantía, se advierte que el
sustento del municipio de Cajibío para que Héctor José Guzmán en su calidad de
exalcalde y Ceneida Valencia Dorado como extesorera respondan
patrimonialmente por la condena que en este proceso se le imponga, se
circunscribió exclusivamente en indicar que para el caso del primero fue quien
profirió la Resolución 133 del 3 de febrero de 2015, acto que fue emitido con
«una falsa motivación en consideración a que declaró expresamente que las
cesantías ya habían sido consignadas a un fondo privado a favor del
exfuncionario Vivas Escobar cuando realmente no fue así» y respecto de la
extesorera porque « llevó a cabo el pago a un funcionario distinto, como fue la
señora DOLY PATRICIA OROZCO».

De las pruebas que obran en el expediente, observa la Sala que se allegó
certificación expedida por el auxiliar administrativo de la Secretaría de Tránsito y
Transporte del municipio de Cajibío, en la cual hizo constar que «[…] HECTOR
JOSÉ GUZMÁN, identificado con cédula de ciudadanía número 10.524.603 de
Popayán, laboró en el municipio de Cajibío desde el primero (01) de enero de

20
Al analizar la constitucionalidad de los artículos 5 y de la Ley 678 de 2001, en la sentencia C-374 del 14 de
mayo de 2002, la Corte Constitucional consideró que:« [...] con estas presunciones legales de dolo y culpa
grave el legislador busca hacer efectivo el ejercicio de la acción de repetición en la medida en que el Estado,
al formular la correspondiente demanda, deberá probar solamente el supuesto fáctico en el que se basa la
presunción que alega para que ésta opere, correspondiéndole al demandado la carga de desvirtuar el hecho
deducido a fin de eximirse de responsabilidad, con lo cual no sólo se garantiza su derecho de defensa sino que
se logra un equilibrio en el debate probatorio que debe surtirse en esta clase de actuaciones, sin que pueda
pensarse que por esta circunstancia se vulnera el debido proceso».

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Demandante: Julián Andrés Vivas Escobar.

2012 hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de dos mil quince (2015),
desempeñándose como Alcalde Municipal» y el acta de posesión del 16 de
diciembre de 2011. Así mismo, que «[…] CENEIDA VALENCIA DORADO,
identificada con cédula de ciudadanía número 34.543.155 de Popayán, laboró en
el Municipio de Cajibío, desde el primero (01) de enero de 2012 hasta el día
treinta y uno (31) de diciembre de dos mil quince (2015), desempeñándose como
Tesorera General del Municipio, código 201, grado 11 de la planta de personal de
la entidad».

Esta subsección evidencia que no obra en el plenario documento alguno que
acredite que para la época de los hechos se encontraban a cargo de los llamados
en garantía las funciones de reconocimiento de las prestaciones sociales y su
pago. Para ello, era necesario que se aportara el manual específico de funciones
que permitiera con certeza establecer la responsabilidad de cada uno de los
servidores y su delimitación funcional. En esa medida no resulta posible
determinar si en efecto, ellos incurrieron en desconocimiento a los deberes
funcionales del cargo desempeñado. No resulta suficiente para poder hacer el
escrutinio y verificación competencial, acudir a las funciones enlistadas en el
artículo 91 de la Ley 136 de 1994, por cuanto que en ellas no aparece la
descripción específica funcional en relación con la labor administrativa del ente
territorial, sino únicamente las funciones generales de los alcaldes en relación con
el concejo, la nación, el departamento y el orden público, entre otras.

De otra parte, es pertinente indicar que la penalidad que se reconoce al actor en
el presente asunto, si bien se causó desde el 15 abril de 2015, momento para el
cual los llamados se encontraban vinculados laboralmente al municipio
demandado, no es menos cierto que con posterioridad al año 2016 se
desplegaron actuaciones que igualmente tuvieron incidencia en la configuración
de la penalidad, de la cual, no serían ellos los únicos llamados, al punto que solo
hasta el 11 de abril de 2018 cesó la sanción moratoria por efectuar el pago por
consignación de las prestaciones sociales en el banco Agrario, momento para el
cual se desconoce si eran otros los servidores quienes tenían a cargo la labor, por
lo que no resulta posible determinar en la presente causa la responsabilidad de
cada uno de ellos.

Costas

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP,
esta Sala no condenará en costas a la parte vencida, en atención a que en el

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Radicado: 19001233300420170034302 (3160-2022)
Demandante: Julián Andrés Vivas Escobar.

trámite no se observa que se hayan causado, ni que las partes hayan desplegado
un actuar temerario.

4. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que, a pesar de no haberse
aportado por ninguna de las partes la petición de reconocimiento de las
prestaciones sociales, lo cierto es que al a quo le era dable poder determinar si la
administración municipal procedió al pago de las cesantías definitivas del actor a
partir de lo expresado en la Resolución 133 del 3 febrero de 2015. En esa medida,
al verificarse si el pago de la prestación social se efectuó dentro del término fijado
por la Ley 244 de 1995 y 1071 de 2006, se encontró probado que se configuró un
periodo de mora que se causó entre el 25 de abril de 2015 y el 10 de abril de
2018, motivo por el cual, se revocará la sentencia del 7 de abril de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda y en su lugar se declarará la nulidad parcial del oficio
DDA 10004053 del 20 de diciembre de 2016, emitido por el alcalde municipal de
Cajibío que negó el reconocimiento de la sanción moratoria y en consecuencia, a
título de restablecimiento del derecho, se ordenará al ente territorial reconocer un
día de salario por cada día de retardo, a título de la sanción moratoria prevista en
la Ley 1071 de 2006, entre el 25 de abril de 2015 y el 10 de abril de 2018 la cual
se liquidará con base en la asignación básica devengada por el actor para la
anualidad de 2015, sin indexación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero: Revocar la sentencia del 7 de abril de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca que negó las pretensiones de la demanda presentada
por Julián Andrés Vivas Escobar contra el municipio de Cajibío Cauca.

Segundo: Declarar la nulidad parcial del Oficio DDA 100104053 del 20 de
diciembre de 2016, en lo relacionado a la negación de la sanción moratoria por el
no pago oportuno del auxilio de cesantías.

Tercero: A título de restablecimiento del derecho, condenar al municipio de
Cajibío, Cauca, al reconocimiento y pago de un día de salario por cada día de
retardo, por concepto de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006,

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Radicado: 19001233300420170034302 (3160-2022)
Demandante: Julián Andrés Vivas Escobar.

desde el 25 de abril de 2015 hasta el 10 de abril de 2018, la cual se liquidará con
base en la asignación básica devengada por el actor para la anualidad de 2015,
por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cuarto: Abstenerse de declarar responsabilidad alguna respecto de Héctor José
Guzmán y Ceneida Valencia Dorado en calidad de llamados en garantía.

Quinto: Abstenerse de condenar en costas a la parte vencida en el proceso, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

17

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