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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00442-01

Fecha
22 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00442-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 11 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda incoada por la señora Nazly Amparo Carabalí Díaz 17 Expediente: 19001-23-33-000-2017-00442-01 (544-2021) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nazly Amparo Carabalí Díaz contra la UGPP contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por las razones expuestas en la parte motiva. 2º. Revócase la condena en costas, que incluye las agencias en derecho, impuesta a la parte demandada. 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2017-00442-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

22 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 19001-23-33-000-2017-00442-01 (544-2021)
Demandante : Nazly Amparo Carabalí Díaz
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Tema : Reconocimiento de pensión gracia

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la entidad
accionada contra la sentencia proferida el 11 de febrero de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Cauca, mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas
de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 1 a 28). La señora Nazly Amparo Carabalí Díaz,
por intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente
se precisan.

1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad del «auto» ADP 390 de 24 de enero
de 2017, por el que la demandada negó el reconocimiento de la pensión gracia
a la accionante1.

1
Se advierte que si bien la accionante también deprecó la nulidad de la Resolución RDP 27262 de 5 de
septiembre de 2014, «Por la cual se niega el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de
Jubilación Gracia», el a quo, mediante auto de 11 de febrero de 2020, dictado dentro de la audiencia inicial
prevista en el artículo 180 del CPACA, concluyó que como «[…] no se aprecia que dicho recurso [el de
apelación] haya sido interpuesto […], no se cumple con [el] requisito previo [establecido en los artículos 76 y
161 del CPACA] para cuestionarla en vía judicial. En consecuencia, se excluirá de este litigio la pretensión
de anulación de la resolución mencionada, por no ser susceptible de control judicial» (sic), decisión respecto
de la cual las partes no formularon ningún reparo.

Expediente: 19001-23-33-000-2017-00442-01 (544-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nazly Amparo Carabalí Díaz contra la UGPP

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la accionada conceder la aludida prestación desde el «[…] 25 de enero
de 2008, al cumplir los 50 años de edad y 26 de servicios, hasta la fecha actual,
pues fue interrumpida la prescripción trienal con la solicitud de reconocimiento
y los recursos de vía gubernativa interpuestos oportunamente» (sic), de manera
indexada.

1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata la actora que nació el 25 de enero de 1958
y prestó sus servicios como maestra oficial municipal y nacionalizada durante
34 años y 4 meses, motivo por el cual el 30 de abril de 2014 y 2 de septiembre
de 2016 pidió de la demandada la pensión gracia, negada a través de Resolución
RDP 27262 de 5 de septiembre de 2014 y «auto» ADP 390 de 24 de enero de
2017, respectivamente, con el argumento de que (i) los documentos adosados,
para demostrar los tiempos laborados en la educación a partir del 7 de junio de
1982, no especifican el tipo de vinculación; y (ii) el lapso trabajado en el
municipio de Puerto Tejada (Cauca), entre el 1º de octubre y el 30 de noviembre
de 1980, fue «[…] bajo la modalidad de servicios prestados, tiempos que son
desestimados toda vez que la norma ha establecido que para acceder al
reconocimiento […] el docente deberá desarrollar su labor en propiedad bajo
la docencia oficial de carácter Departamental, Distrital, Municipal o
Nacionalizado […]» (sic).

1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por el acto administrativo acusado los artículos 1º de la Ley
114 de 1913, 6º de la Ley 116 de 1928 y 15 de la Ley 91 de 1989, la Ley 812
de 2003 y el Decreto 2277 de 1979.

Arguye que (i) su ingreso al sector educativo en 1980 «[…] eman[ó] de un Acto
Administrativo formal y legal, emitido por una autoridad gubernamental oficial
en este caso el Señor Secretario de Educación […] y el Jefe de Servicios
Educativos del Cauca, financiada y pagada la Licencia con los dineros del
Fondo Educativo Regional, entidad de esa época encargada del manejo y los
pagos salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales de Colombia,
bajo la responsabilidad de las entidades territoriales Departamentos y
Municipios […]» (sic); y (ii) «[…] para la Década del 80, no existía en el sector
del magisterio la modalidad de vinculación por prestación de servicios, pues
para llenar las licencias no remuneradas solicitadas por los docentes, los
reemplazos se hacían a través de Resoluciones o Decretos de nombramientos
por un término definido, según la duración de la licencia, máximo 90 días […]»
(sic).

1.2 Contestación de la demanda (ff. 71 a 78). La accionada, por conducto de
2

Expediente: 19001-23-33-000-2017-00442-01 (544-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nazly Amparo Carabalí Díaz contra la UGPP

apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y se
refirió a cada uno de los hechos, en el sentido de que algunos son ciertos y otros
parcialmente. Asimismo, propuso las excepciones denominadas inexistencia de
la obligación y cobro de lo no debido, ausencia de vicios en los actos
administrativos cuestionados y prescripción.

Aduce que el período servido por la accionante entre el 1º de octubre y el 30 de
noviembre de 1980 como profesora en el municipio de Puerto Tejada, no puede
ser tenido en cuenta para el reconocimiento pensional reclamado, puesto que su
ingreso no fue en «propiedad», sino bajo la modalidad de prestación de
servicios, que no es de aquellas que la norma autoriza, al paso que «[…] los
certificados aportados no establecen el tipo de vinculación […] a partir del 07
de junio de 1982».

1.3 Providencia apelada (ff. 113 a 1202). El Tribunal Administrativo del
Cauca, mediante sentencia de 11 de febrero de 2020, accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda (con condena en costas), al considerar que «[…] la
experiencia docente bajo la prestación de servicios es válida para acceder a la
pensión gracia, según lo avala la jurisprudencia contenciosa administrativa,
de lo que se sigue que la actora sí cumple con el requisito de haber prestado
los servicios como docente antes del 31 de diciembre de 1980, y por más de 20
años como docente con vinculaciones del orden municipal y nacionalizada, […]
y que son válidos para el reconocimiento de la pensión gracia [...]» (sic);
además, de los medios de convicción allegados se advierte que el tiempo
laborado por la demandante desde el 7 de junio de 1982 lo fue en condición de
maestra nacionalizada.

Respecto del fenómeno jurídico-procesal de la prescripción, lo encuentra
configurado parcialmente, comoquiera que «En razón a la existencia de más de
una solicitud […], debe desestimarse [la] elevada por el trabajador si una vez
resuelta no se acudió ante la jurisdicción dentro del término de prescripción
[…]», y como en el sub lite «[…] la solicitud que [la] interrumpió […] es la
última, elevada el 19 de octubre de 2016, […] están prescritas las mesadas
causadas con anterioridad al 19 de octubre de 2013 […]» (sic).

1.4 El recurso de apelación (ff. 129 a 131). Inconforme con el anterior fallo,
la entidad accionada interpuso recurso de apelación, para lo cual insiste en que
«[…] es necesaria una vinculación legal y reglamentaria para que el particular
obtenga la calidad de servidor público docente, pues para tal hecho debe estar
precedido de un acto administrativo de nombramiento y un acto de posesión en
2
Providencia dictada dentro de la audiencia inicial celebrada el 11 de febrero de 2020, contenida en CD obrante
en el folio 112.

3

Expediente: 19001-23-33-000-2017-00442-01 (544-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nazly Amparo Carabalí Díaz contra la UGPP

el cargo, situación que la parte demandante no realizó en los periodos
comprendidos entre [el] 1 de octubre [y el] 30 de noviembre de 1980, por lo
que […] no obtuvo una vinculación con anterioridad al 31 de diciembre [de la
misma anualidad] como docente del orden nacionalizado o territorial» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación interpuesto fue concedido mediante proveído de 19 de
noviembre de 2020 (f. 154) y admitido por esta Corporación a través de auto de
28 de enero de 2022 (f. 158), en el que se dispuso la notificación personal al
agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los
artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con providencia de 28 de abril de 2022 (f. 160), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por las
primeras3.

2.1.1 Parte actora. Pide confirmar la decisión impugnada, puesto que
«DURANTE TODO SU TIEMPO DE LABORES HA SIDO PAGADA
SALARIAL Y PRESTACIONALMENTE PRIMERO CON DINEROS
PROVENIENTES DEL SITUADO FISCAL Y LUEGO CON LOS RECURSOS
DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, POR LO CUAL POSEE
TODO EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE SU PENSIÓN
GRACIA DE JUBILACIÓN» (sic).

2.1.2 Entidad accionada. Reiteró los argumentos de sus escritos de
contestación de la demanda y de apelación.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación4, corresponde

3
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai (índices 14 a
16).
4
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del

4

Expediente: 19001-23-33-000-2017-00442-01 (544-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nazly Amparo Carabalí Díaz contra la UGPP

en esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante le asiste razón
jurídica para reclamar de la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia por
cumplir los requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de
1933 y demás normas que la regulan; o, por el contrario, carece de fundamento,
dado que no demostró que su vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980
haya sido legal y reglamentaria, como lo aduce la entidad accionada.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico de fondo
planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente
correcta para el asunto sub examine.

En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación
especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a
su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad
educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras
exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:

El artículo 1º de la Ley 114 de 19135 consagró por primera vez la pensión gracia:

Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el
Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una
pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de
la presente Ley.

El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que para gozar de la
gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha
recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional
[…]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que
percibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las
asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación;
tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 19036, la educación
pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto
que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
5
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
6
«[S]obre Instrucción Pública».

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nazly Amparo Carabalí Díaz contra la UGPP

Posteriormente, la Ley 116 de 19287 amplió el beneficio de la pensión gracia a
los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:

Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los
Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los
términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta
complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los
prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria
como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica
la inspección.

Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la
exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a
la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en
la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario,
limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual8.

La Ley 37 de 19339 tampoco introdujo modificaciones a las condiciones
establecidas en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la
pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel
secundario.

La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 199810, con
ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4
(numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:

En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de
1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no
haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente
el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que
la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos
relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para
acceder a ella.

Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado
para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino
limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos
condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación.
En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una
justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la
7
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
8
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria
el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación,
el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
9
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
10
M. P. Carlos Gaviria Díaz.

6

Expediente: 19001-23-33-000-2017-00442-01 (544-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nazly Amparo Carabalí Díaz contra la UGPP

doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto
constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido
en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble
asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia
establezca la ley.

Posteriormente, a raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado
por la Ley 43 de 197511, los profesores de primaria y secundaria quedaron
vinculados a la Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a
educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la
Nación». Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían
diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto
de las pensiones, estableció:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la
Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales
y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero
de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una
pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del
último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de
medio año equivalente a una mesada pensional.

Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada,
esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se
acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en fallo de 26 de
agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2) de la Ley 91 de
1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en
relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.

En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:

11
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye
una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».

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Expediente: 19001-23-33-000-2017-00442-01 (544-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nazly Amparo Carabalí Díaz contra la UGPP

[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron
comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por
habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les
dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre
que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado
vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37
de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos
docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión
gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter
nacional”.
[…]

5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues
su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por
su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y
secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se
hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no
existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la
establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados
(literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del
legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como
dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y
por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el
literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose
nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha
prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente
le asignó la ley12.

En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b), de la
Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero de
1999, expuso:

Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.

12
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás
Pájaro Peñaranda.

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Expediente: 19001-23-33-000-2017-00442-01 (544-2021)
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Nazly Amparo Carabalí Díaz contra la UGPP

3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación laboral
de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de
1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen
“un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que culminado el
tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de
diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes
nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de
la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER),
girados por concepto del situado Fiscal.

Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su
artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían
vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y
por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para
entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”,
continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con
el lleno de los requisitos legales correspondientes.
[…]

Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de
la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975
para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de
diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber:
los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio
de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los
departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que
existiera para éstos últimos la denominada “pensión gracia”, de que trata
la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las
leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación
de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o
reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31
de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados (nación o
departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto
y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos
asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta igualmente
acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada
(artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de
la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual
prohíbe dispensar trato diferente y discriminado “por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso.

La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo
13 de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no
existe. En efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo
150 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la función de “hacer las
leyes”, que asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la
Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen prestacional del
Magisterio, como efectivamente lo ha hecho.

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Expediente: 19001-23-33-000-2017-00442-01 (544-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nazly Amparo Carabalí Díaz contra la UGPP

La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional
haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de
1913 para los maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros
docentes, sólo se conserve como derecho para quienes estaban
vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se conceda
a los vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica
desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir, no afecta
situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente, a
disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán
posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa”
la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el
legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza suya
de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las
situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y
quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981 no son las mismas, es
claro, entonces, que por ser disímiles no exigen igualdad de trato, y que,
las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación laboral que se
tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad
cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto
por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la
acusación13 [se subraya y destaca].

De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o
municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere
vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; cumplir cincuenta (50) años de
edad; y desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.

3.5 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

a) Cédula de ciudadanía y registro civil de la actora, que dan cuenta de que nació
el 25 de enero de 195814.

13
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913,
continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues,
como acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre
de 1980” que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los
vinculados a partir del 1º de enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho
“sólo a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca).
La parte en negrillas de la Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.
14
Folio 48 y archivo «1301 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD-3-2018-01-24_103926.PDF»
del expediente administrativo, contenido en CD obrante en el folio 103.

10

Expediente: 19001-23-33-000-2017-00442-01 (544-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nazly Amparo Carabalí Díaz contra la UGPP

b) Certificado 6240 de 26 de febrero de 201415, por el que el área de hojas de
vida, registro y control de la secretaría de educación y cultura del Cauca
informa:

EN PUERTO TEJADA (CAUCA)-RAMO DOCENTE
CONCENTRACION “SAGRADO CORAZON”

DESDE HASTA TOTAL DIAS
01/10/1980 30/11/1980 60

PERIODO LABORADO POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN
RESOLUCION No.4731 DE DICIEMBRE 30 DE 1980, DURANTE
EL TERMINO DE LICENCIA SIN REMUNERACION DE LA
TITULAR MARIA EUGENIA GONZALEZ MOSQUERA.-

TOTAL DIAS: 60

[…] (sic para toda la cita).

c) Constancia de tiempo de servicio expedido por la aludida dependencia, en la
que figura que la accionante laboró del 1º de octubre al 30 de noviembre de
1980 (2 meses), como maestra «Nacionalizada», en «Propiedad», nombrada
por medio de Resolución «4731» de «30/12/80» del municipio de Puerto Tejada
(ff. 40 y 41).

d) «FORMATOS» únicos para la expedición de certificado de historia laboral
de 26 de febrero de 2014 y 5 de octubre de 2015 provenientes de la secretaría
de educación del Cauca, en los que se consigna que la demandante prestó sus
servicios entre el 7 de junio de 1982 y el 31 de diciembre de 1994 (12 años, 6
meses y 25 días) y desde el 5 de enero de 1995 hasta el 26 de febrero de 201416
(19 años, 1 mes y 22 días) en instituciones académicas de Puerto Tejada, en
condición de profesora con vinculación municipal, designada por el respectivo
alcalde con Decretos 14 de 7 de junio de 1982 y 5 de «01/01/1995», en su
orden17.

e) Resolución 4731 de 30 de diciembre de 1980, mediante la cual el secretario
de educación del Cauca ordena pagar a la actora «[…] el valor correspondiente
al tiempo laborado entre el 1o. de Octubre y el 30 de Noviembre de […] (1980),
por servicios prestados como seccional de la Concentración “Sagrado
Corazón”, de Puerto Tejada, durante el término de la licencia […] concedida

15
Archivo «0501 CERTIFICADO DE INFORMACIÓN LABORAL-6-2018-01-24_103926.PDF» ibidem.
16
Fecha de expedición del certificado de tiempos de servicio.
17
Folios 42 y 43 y archivo «0501 CERTIFICADO DE INFORMACIÓN LABORAL-8-2018-01-
24_103926.PDF» del expediente administrativo, contenido en CD obrante en el folio 103.

11

Expediente: 19001-23-33-000-2017-00442-01 (544-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nazly Amparo Carabalí Díaz contra la UGPP

sin remuneración a la titular MARIA EUGENIA GONZALEZ DE
MOSQUERA» (sic; f. 30).

f) Decreto 14 de 7 de junio de 1982, por cuyo conducto el señor alcalde de
Puerto Tejada nombra a la accionante «[…] en el cargo de Profesora Municipal
[…]» (ff. 31 y 32).

g) Decreto 5 de 5 de enero de 1995, por el cual la mencionada autoridad vincula
a la demandante, en propiedad, como docente de tiempo completo en la Escuela
Sagrado Corazón, con efectos fiscales desde el 1º de los mismos mes y año (ff.
33 a 35).

h) Decreto 535-06-2007 de 19 de junio de 2007 del departamento del Cauca, en
el que se «[…] distribuye […] en el Municipio de Puerto Tejada, unos Docentes
con cargo al Sistema General de Participaciones, de la planta incorporada del
Departamento […]» (sic), entre ellos la actora, quien ingresa a la Concentración
Escolar Sagrado Corazón de Jesús (ff. 37 a 39).

i) Resolución RDP 27262 de 5 de septiembre de 2014, a través de la cual la
demandada niega el reconocimiento de la pensión gracia reclamada por la
accionante el 30 de abril de ese año, por cuanto «[…] los tiempos laborados por
[ella] a Puerto Tejada […] entre el 01 de octubre […] y el 30 de noviembre de
1980, […] fueron prestados bajo la modalidad de servicios prestados, tiempos
que son desestimados toda vez que la norma ha establecido que para acceder
[a aquella prestación] el Docente deberá desarrollar su labor en propiedad bajo
la docencia oficial de carácter Departamental, Distrital, Municipal o
Nacionalizado, requisitos que no cumple la solicitante» (sic); al paso que «[…]
los certificados aportados no establecen el tipo de vinculación […] a partir del
07 de junio de 1982» (sic; ff. 49 y 50).

j) «Auto» ADP 390 de 24 de enero de 2017, por medio del cual la UGPP, en
respuesta a la petición pensional formulada por la actora el 19 de octubre de
2016, reitera los argumentos expuestos en el acto administrativo citado en el
apartado precedente18.

k) Declaración extrajuicio rendida por la accionante el 15 de abril de 2014 ante
la Notaría Única del Círculo de Puerto Tejada, en la que expresa que «[…]
DESDE HACE 32 AÑOS [se] DESEMPEÑ[a] COMO DOCENTE CON
HONRADEZ, IDONEIDAD, CONSAGRACIÓN Y BUENA CONDUCTA»19
(sic).
18
Folio 53 y archivo «2601 AUTOS-14-2018-01-24_103926.PDF» ibidem.
19
Archivo «-5-2018-01-24_103926.PDF» idem.

12

Expediente: 19001-23-33-000-2017-00442-01 (544-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nazly Amparo Carabalí Díaz contra la UGPP

De las pruebas antes enunciadas se desprende que la accionante nació el 25 de
enero de 1958 y prestó sus servicios para la educación oficial (i) del 1º de
octubre al 30 de noviembre de 1980, como docente nacionalizada (2 meses), y
(ii) entre el 7 de junio de 1982 y el 31 de diciembre de 1994 (12 años, 6 meses
y 25 días) y desde el 5 de enero de 1995 hasta el 26 de febrero de 2014 20 (19
años, 1 mes y 22 días), en condición de profesora municipal, esto es, completó
31 años, 10 meses y 17 días, períodos durante los cuales laboró en colegios
públicos de Puerto Tejada.

En tal virtud, la demandante pidió de la accionada (30 de abril de 2014 y 19 de
octubre de 2016) el reconocimiento de la pensión gracia, negado a través de
Resolución RDP 27262 de 5 de septiembre de 2014 y «Auto» ADP 390 de 24
de enero de 2017 (acusado), al estimar que los lapsos laborados para la docencia
«bajo la modalidad de servicios prestados» (f. 50) no se pueden contabilizar
para tal propósito, además de que las certificaciones que dan cuenta de los
lapsos trabajados a partir de 1982, no determinan el tipo de vinculación, por lo
que al no haber superado los veinte (20) años como maestra oficial, no es dable
acceder a aquella prestación.

Al respecto, la Sala advierte que, a pesar de que con constancia de 25 de
noviembre de 2015 el departamento del Cauca anota que la actora ingresó con
Resolución «4731» de «30/12/80» como docente nacionalizada en propiedad,
este acto administrativo da cuenta de que la respectiva secretaría de educación
la designó para cubrir una licencia, es decir, en forma temporal; empero, esa
vinculación no resulta inválida, habida cuenta de que el ordenamiento que
regula la pensión reclamada y la jurisprudencia de esta Corporación21, no la
condicionan a la manera como debe surgir la relación laboral del profesor, pues
no exige que dicho ingreso deba hacerse bajo un nombramiento en propiedad.

Esta modalidad de vinculación no es ajena a quienes se incorporen a la planta
docente de las entidades territoriales en propiedad, toda vez que las funciones
que cumplen unos y otros son «[…] similares en el campo educativo y, en
consecuencia, [el vinculado en interinidad] está obligado a acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley
y las propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus
propios estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el
derecho de los docentes ocasionales […], a percibir las prestaciones sociales

20
Fecha de expedición del último de los certificados de tiempos de servicio aportados, en el que también consta
que la actora seguía «ACTIVA» en la actividad docente en Puerto Tejada.
21
Ver, entre otras, las sentencias de 19 de febrero de 2018, expediente 25000-23-42-000-2015-00032-01 (2300-
2017); 19 de enero de 2017, expediente 54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015); 19 de febrero de 2018,
expediente 76001-23-33-000-2013-01033-01 (3864-2015) y 16 de marzo de 2017, expediente 81001-23-33-
000-2013-00285-01 (2806-2015).

13

Expediente: 19001-23-33-000-2017-00442-01 (544-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nazly Amparo Carabalí Díaz contra la UGPP

reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores públicos o
privados, las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado»22.

Además, la interinidad «[…] constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto
es, a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en
consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con
carácter autónomo […]», cuya naturaleza, en todo caso, constituye una forma
de proveer cargos docentes23.

Agrégase a lo anotado que la demandada, al expedir el acto enjuiciado, incurrió
en error al colegir que no es dable incluir el mencionado interregno (1º de
octubre a 30 de noviembre de 1980) «[…] en aras de cumplir los requisitos
para acceder al reconocimiento de la pensión gracia deprecada, pues […] la
demandante fue vinculada a través de orden de prestación de servicios» (f.
129), habida cuenta de que, además de que no obra ningún medio de convicción
del que se pueda inferir que con antelación al 31 de diciembre de 1980 la
Administración y la señora Carabalí Díaz suscribieron algún contrato de ese
tipo, para la subsección dicha aseveración de la recurrente se debe a una lectura
parcial y equivocada del certificado 6240 de 26 de febrero de 2014 de la
secretaría de educación y cultura del Cauca, en el que se consigna que hubo un
«PERIODO LABORADO POR SERVICIOS PRESTADOS […]» (se
subraya) por la actora para reemplazar a una maestra en uso de licencia no
remunerada24, lo que no significa que la vinculación tuvo fundamento en una
«orden de prestación de servicios», sino que, simplemente, «prestó sus
servicios» durante dos (2) meses, tal como se constata del contenido de la
Resolución 4731 de 30 de diciembre de 1980 (f. 30).

Así las cosas, no existe justificación para descartar, como lo exige la accionada
en el recurso, los tiempos servidos en interinidad por la demandante entre el 1º
de octubre y el 30 de noviembre de 1980 como educadora interina en el
municipio de Puerto Tejada, dado que su designación fue realizada y autorizada
por la secretaría de educación del Cauca para proveer temporalmente un empleo
vacante con ocasión de una licencia no remunerada otorgada a su titular, ingreso
que, según precisó esa dependencia, tiene el carácter de nacionalizado.

Por otra parte, en lo atinente a la vinculación de la actora desde el 7 de junio de

22
Sentencia C-517 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
23
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, consejero ponente:
Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 14 de noviembre de 2015, expediente: 52001-23-33-000-2013-00058-
01 (2636-14).
24
Archivo «0501 CERTIFICADO DE INFORMACIÓN LABORAL-6-2018-01-24_103926.PDF» del
expediente administrativo, contenido en CD obrante en el folio 103.

14

Expediente: 19001-23-33-000-2017-00442-01 (544-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nazly Amparo Carabalí Díaz contra la UGPP

1982, obsérvese que las plazas que ocupó estaban a cargo del municipio de
Puerto Tejada y sus nombramientos como educadora fueron suscritos por el
respetivo alcalde, lo que se corrobora con las constancias de historia laboral
allegadas a las presentes diligencias, que denotan su condición de docente
territorial.

Debe anotarse que las anteriores pruebas son las que, a la luz del artículo 1º de
la Ley 91 de 1989 y la jurisprudencia de esta Corporación, determinan el tipo
de vinculación de una persona con la «profesión docente»25, pues el primero
prevé que los profesores nombrados por el Gobierno nacional conforman el
«[p]ersonal nacional», al paso que la segunda ha concluido que el funcionario
competente para certificar la calidad de maestro territorial o nacionalizado es el
nominador.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación CE- SUJ-
SII-11-2018 (SUJ-11-S2)26, precisó:

Unificase la jurisprudencia respecto de las controversias relacionadas
con el reconocimiento de pensión gracia, […] en el sentido de que […]
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de
los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además
se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la
autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es
de carácter territorial [se destaca].

En ese orden de ideas, se tiene que la demandante laboró como educadora, así:

Tiempo
Entidad Acto nombramiento Tipo de
Desde Hasta laborado
Territorial o posesión Vinculación
a m d
Resolución 4731 de
Departamento del
30 de diciembre de Nacionalizada 01/10/1980 30/11/1980 - 2 -
Cauca
1980
Decreto 14 de 7 de
Municipio de Territorial 07/06/1982 31/12/1994 12 6 25
junio de 1982
Puerto Tejada
Decreto 5 de 5 de
(Cauca) Territorial 05/01/1995 26/02/201427 19 1 22
enero de 1995

25
Sobre el particular, el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 prevé que «Se entiende por profesión docente el
ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata
este Decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y
coordinación de los planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación
educativa, de conserjería y orientación de educandos, de educación especial, de alfabetización de adultos y
demás actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los términos
que determine el reglamento ejecutivo».
26
Fallo de 21 de junio de 2018, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, expediente: 25000-23-42-000-
2013-04683-01 (3805-2014).
27
Fecha de la última certificación expedida, en la que la docente se encontraba activa en el servicio.

15

Expediente: 19001-23-33-000-2017-00442-01 (544-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nazly Amparo Carabalí Díaz contra la UGPP

Total tiempo de servicio 31 10 17

A manera de corolario, se acreditaron plenamente por parte de la actora los
requisitos necesarios para acceder a la pensión gracia, como son el haber
prestado los servicios como profesora territorial por más de veinte (20) años28,
vinculada antes del 31 de diciembre de 1980 (1º de octubre de ese año), contar
con 50 años de edad (pues los cumplió el 25 de enero de 2008) y observar una
buena conducta en su desempeño como maestra, razón por la que resulta dable
acceder a las pretensiones de la demanda, como lo determinó el a quo.

Por último, dado que la entidad accionada en el recurso de apelación solicita se
revoque en su integridad el fallo impugnado, incluida la condena en costas, la
Sala estima al respecto que el a quo aplicó de manera restrictiva lo dispuesto en
el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por remisión expresa del
artículo 188 del CPACA, a la parte vencida, pues no estudió aspectos como la
temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino que adoptó esa decisión
con el único fundamento de que la norma en mención preceptuaba de manera
inexorable la imposición de tal condena. En este sentido, se pronunció esta
Corporación, en sentencia de 1º de diciembre de 201629, así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de
lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición

28
Que completó el 30 de septiembre de 2007, valga decir, antes de cumplir el requisito de la edad.
29
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

16

Expediente: 19001-23-33-000-2017-00442-01 (544-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nazly Amparo Carabalí Díaz contra la UGPP

de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas;
se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.

Por tanto, se considera que la referida normativa deja a disposición del juez la
procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe examinar
la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el
simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus
intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, análisis que, se
reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte
demandada, se revocará la condena en costas.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que accedió de
manera parcial a las pretensiones de la demanda, y se revocará la condena en
costas, que incluye las agencias en derecho, impuesta a la accionada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 11 de febrero de 2020 proferida por
el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió de manera parcial a las
pretensiones de la demanda incoada por la señora Nazly Amparo Carabalí Díaz

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Expediente: 19001-23-33-000-2017-00442-01 (544-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nazly Amparo Carabalí Díaz contra la UGPP

contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por las razones
expuestas en la parte motiva.

2º. Revócase la condena en costas, que incluye las agencias en derecho,
impuesta a la parte demandada.

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

18

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