República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2017-00461-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
5 de febrero de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA - Ampara / ACCIDENTE LABORAL SUFRIDO POR MIEMBRO DE LA POLICÍA NACIONAL EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES - Lesión en hombro izquierdo / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA SALUD, VIDA, SEGURIDAD SOCIAL Y DIGNIDAD HUMANA
[L]a Sala [deberá] determinar si se encuentra superada la situación que vulnera los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la dignidad humana del señor [L.F.M.M.] como lo decidió el Tribunal Administrativo del Cauca y si tuvo en cuenta los criterios que fija la Corte Constitucional respecto al tratamiento integral de su patología. (…) La Sala considera que le asiste razón al Tribunal al amparar los derechos del accionante, toda vez que, contrario a las afirmaciones de la entidad impugnante, precisamente lo que da lugar a la presente acción es la omisión de esta, en emitir las autorizaciones para la realización de “RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO SUPERIOR (CODO, HOMBRO Y/O PUÑO) + SE SOLICITA RNM DE HOMBRO IZQUIERDO LDESION (SIC.) MR POSTRAUMÁTICO”, valoración por cirujano de preservación de la cadera y control de ortopedia con reportes, que desde el mes de agosto de 2017, le prescribieron al señor [L.F.M.M.], los médicos tratantes de las lesiones que se le causaron a consecuencia de accidente laboral que sufrió el 28 de junio de 2017, en las instalaciones del Comando del Departamento de Policía Cauca. (…) En el sub examine, la orden que el a quo imparte para que se le brinde al accionante tratamiento integral, oportuno, continuo y sin interrupciones, que ordenen ahora o con posterioridad los médicos tratantes, no resulta demasiado amplia como lo alega la demandada, por cuanto esa autoridad determina que esta se prestara en relación con el diagnóstico objeto de la presente acción, esto es, por los “esguinces y torceduras de otras partes y las no especificadas de la rodilla”, que se le causaron a consecuencia del accidente laboral que sufrió el 28 de junio de 2017, en las instalaciones del Comando del Departamento de Policía Cauca y mientras conserve su vinculación con la entidad. Conforme a lo expuesto, no le asiste razón a la demandada en cuanto solicita se revoque la decisión de primera instancia, por la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado, que fundamenta en que no vulneró los derechos del accionante y que ya se dio cumplimiento al fallo, pues, como lo establece el Tribunal, y se hace en esta instancia, se demostró la transgresión de las garantías constitucionales que se invocan en la acción de tutela y la procedencia de la orden de prestación integral del servicio de salud al [tutelante]. (…) En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 19001-23-33-000-2017-00461-01(AC)
Actor: LEONARDO FABIÁN MENESES MENESES
Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POLICÍA NACIONAL, DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL
Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandada contra la sentencia de 21 de septiembre de 2017, que profirió el Tribunal Administrativo del Cauca mediante la que tutela los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la dignidad humana al señor Leonardo Fabián Meneses Meneses.
Antecedentes
Solicitud de tutela
El señor Leonardo Fabián Meneses Meneses, por medio de apoderado, interpone acción de tutela contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Dirección de Sanidad para que se protejan sus derechos a la salud y a la seguridad social.
Pretensiones
PRIMERO: se ORDENE a la DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL que en el menor tiempo posible REALICE TODAS LAS GESTIONES TENDIENTES A LA AUTORIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES MÉDICOS RESONANCIA MAGNÉTICA DE HOMBRO IZQUIERDO Y LAS CITAS DE CONTROL CON TRAUMOTOLOGÍA, FISIATRÍA Y CON EL CIRUJANO DE PRESERVACIÓN DE CADERA, ordenadas por los médicos tratantes del señor LEONARDO FABIÁN MENESES MENESES.
SEGUNDO: se ORDENE a (sic.) DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL autorice las órdenes médicas para los medicamentos, exámenes médicos, citas con especialistas y todo TRATAMIENTO INTEGRAL que se le ordene para atender las patologías del señor LEONARDO FABIÁN MENESES MENESES derivadas del accidente laboral acaecido el día 28 de junio del año en curso.
TERCERO: en el caso de que la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL autorice los exámenes y procedimientos médicos en otra ciudad distinta a Popayán, comedidamente solicito señor juez, se ORDENE el valor para VIÁTICOS Y TRASLADOS en caso de que se requieran.
Hechos de la solicitud
El 28 de junio de 2017, el accionante sufre un accidente laboral en las instalaciones del Comando de Policía del Cauca, cuando descendía del bus asignado al Grupo de Movilidad de la Policía Metropolitana, en cumplimiento de una orden dada para realizar el acompañamiento a las honras fúnebres del Subintendente Fabián Ordóñez Casimance, perdió el equilibrio y cayó del vehículo por las escaleras, lo que le ocasionó múltiples lesiones osteomusculares en la rodilla derecha, rodilla izquierda, cadera, espalda y hombro izquierdo, por lo que debió ser trasladado al Hospital Susana López de Valencia, donde se le valora y diagnostica esguince y diversas torceduras.
Como consecuencia de lo anterior, debió ser tratado por las especialidades de ortopedia, traumatología y fisiatría, que le ordenan diferentes exámenes y tratamientos tendientes a tratar sus lesiones, las cuales han sido tramitadas ante la entidad accionada con el fin de lograr su pronta recuperación.
En septiembre de 2017, el médico traumatólogo y ortopedista le ordena cita con cirujano de preservación de cadera, en la ciudad de Cali, resonancia magnética de rodilla derecha y, el médico fisiatra le prescribe, resonancia magnética de hombro izquierdo, en los dos casos se manda cita de control con resultados.
Señala que conforme al trámite establecido, gestiona las autorizaciones para la realización de los exámenes y citas; sin embargo, la entidad accionada solo le concede la resonancia magnética de rodilla derecha y la cita de control para traumatología; por ello, procede a practicarse el referido examen para con los resultados acudir a la consulta de control, la cual no se le asigna por el Hospital Susana López de Valencia ESE, porque según se le informa la Policía Nacional no tiene contrato vigente con esa IPS.
1.4. Fundamentos jurídicos de la tutela
Los anteriores hechos y omisiones violan sus derechos fundamentales a la salud, el preámbulo de la Constitución Política y los artículos 2.º y 11 ibidem. Así mismo lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-396 de 2013.
1.5. Trámite en primera instancia
La acción de tutela se admitió mediante auto de 11 de octubre de 2017, que se ordenó notificar al representante legal del Área de Sanidad de la Policía Cauca o a quien haga sus veces como demandado, para que diera contestación a la solicitud de amparo.
1.6. Intervenciones
El jefe del Área de Sanidad de la Policía Cauca en respuesta a la acción de tutela, alega que revisado el Sistema de Salud Policial (SISAP), el accionante es titular del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, con circunscripción en el Área de Sanidad de la Policía Cauca, por tanto, tiene habilitados los servicios médicos y especializados en la red propia y en la red externa contratada, en el Área de Sanidad Cauca, Clínica Fátima Seccional Valle, Clínica Regional de Occidente de Cali (Valle) y en la ciudad de Bogotá en el Hospital Central de la Policía Nacional (HOCEN nivel III y IV), de urgencias 24 horas, exámenes clínicos de laboratorio, procedimientos quirúrgicos, valoración médica y especializada, rehabilitación, imagenología, suministro de medicamentos dentro del plan obligatorio de salud y fuera del mismo que se aprueben por el Comité Técnico Científico de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, con previa orden del médico u especialista tratante y con el cumplimiento de los trámites y requisitos legales para la autorización y entrega.
Afirma que el 12 de octubre de 2017, solicita autorización y prestación de «servicio especializado denominado «ORTOPEDIA – CONSULTA ESPECIALIDAD CIRUJANO DE PRESERVACIÓN DE LA CADERA – RMN DE HOMBRO IZQUIERDO Y RODILLA DERECHA» a la Clínica Seccional Valle, a la Oficina de Referencia y Contra referencia (sic.), al Doctor Édgar León Uribe Giraldo, mediante correo electrónico HYPERLINK "mailto:referenciadepartamental@hotmail.com" referenciadepartamental@hotmail.com y HYPERLINK "mailto:disan.seval-ref@policia.gov.co" disan.seval-ref@policia.gov.co, […] donde una vez se autorizado y programado el servicio requerido se notificara de inmediato al señor LEONARDO MENESES».
Alega que no es viable acceder a la solicitud del accionante para que se le autoricen viáticos y traslados en caso de que los requiera, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues para la prestación de esos servicios debe ceñirse a lo previsto en el Acuerdo 2 de 27 de abril de 2001, por el cual se establece el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial.
Considera que existe carencia actual de objeto, ya que esa entidad, está y le seguirá prestando al accionante los servicios médicos y especializados de conformidad con las normas que regulan su funcionamiento.
Solicita que en razón a que no ha vulnerado ningún derecho fundamental a la parte actora, se niegue la acción de tutela que se interpone en su contra. Por el contrario, en el evento de que se acceda a las pretensiones se ordene el recobro al FOSYGA y, en caso de que se disponga la prestación de servicios médicos especializados se vincule al proceso al Hospital Universitario San José, a la Clínica Regional de Occidente y a la Clínica Rey David (COSMITET, LTDA.). Resalta que no tiene contrato vigente con el «Hospital Universitario San José de Popayán y CLÍNICA REY DAVID-COSMITET LTDA, de la Ciudad de Cali».
1.7. La sentencia que se impugna
El Tribunal Administrativo del Cauca mediante fallo de 24 de octubre de 2017, dispone lo siguiente:
PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la dignidad humana del señor LEONARDO FABIÁN MENESES MENESES, vulnerados por el Área de Sanidad del Departamento de Policía Cauca, por las razones expuesta (sic.) en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- En consecuencia, ORDENAR al Área de Sanidad del Departamento de Policía Cauca, para que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, emita la autorización para los servicios de valoración por cirujano de preservación de cadera, resonancia magnética de rodilla derecha y de hombro izquierdo, y así mismo, para que en el mismo término se señalen las fechas de las citas en las que se practicaran estos procedimientos.
Una vez se cuente con los resultados, de inmediato se gestionará la cita de control con los mismo (sic.) tal como fue prescrito en cada caso.
TERCERO.- De igual manera, el Área de Sanidad del Departamento de Policía Cauca, deberá brindarle al señora (sic.) Meneses Meneses toda la ATENCIÓN Y TRATAMIENTO INTEGRAL, OPORTUNO, CONTINUO Y SIN INTERRUPCIONES, que ordenen ahora o con posterioridad los médicos tratantes, en relación con el diagnostico objeto de la presente tutela, mientras conserve su vinculación con la entidad, bajo las condiciones clínicas que exijan su estado de salud, a fin de garantizarle y permitirle llevar una calidad de vida acorde a sus condiciones y sin impedimentos para el goce de vivir dignamente
El cumplimiento de los anteriores ordenamientos se acreditará al expediente.
CUARTO.- Se niegan las restantes pretensiones.
[…].
Establece de las pruebas aportadas al proceso y de las razones que expresa la demandada en la contestación a la acción, que efectivamente los derechos a la salud, a la seguridad social y a la dignidad humana del accionante se conculcan por el Área de Sanidad del Departamento de Policía Cauca, en tanto los servicios prescritos desde agosto de 2017, no se le han practicado por asuntos de orden administrativo, lo cual desconoce los precedentes de la Corte Constitucional que prevén, que la atención en salud debe prestarse de manera oportuna, continua e integral, sin que estos principios puedan omitirse argumentando situaciones administrativas.
Advierte que las autoridades deben enmarcar sus actuaciones en los postulados constitucionales, legales, contractuales y por supuesto en lo debatido por la jurisprudencia; por consiguiente, si bien la Unidad de Sanidad de la Policía Nacional debe acoger el procedimiento que establece el Subsistema de Salud de la Policía Nacional, no puede en ningún momento dejar de lado los mandatos que guardan estrecha relación con el contenido protector de la Constitución respecto a los derechos fundamentales, los cuales priman en el ordenamiento jurídico, por ello los trámites administrativos no pueden ser un obstáculo para la efectiva protección de los garantías violadas o efectivamente puestas en peligro.
Considera que no existe excusa para que no se haya hecho realidad el servicio médico que se dictaminó al accionante, lo que implica que se le debe brindar una efectiva, pronta y eficaz protección a sus derechos a la salud, a la vida, a la seguridad social y a la dignidad humana; por ello, accede a la tutela, en el sentido de ordenar a la entidad que expida las autorizaciones para los procedimientos prescritos por los especialistas y gestione las citas que correspondan, a fin de que reciba un tratamiento integral de manera oportuna, continua y sin interrupciones para los padecimientos por los cuales interpone la acción de tutela, y que se formulen ahora o con posterioridad.
Decide negar la pretensión que se dirige a que se cubran viáticos y costos de transporte, en razón a que las lesiones sufridas por el accionante, si bien revierten cierta complejidad y molestia en su tratamiento, no ponen en peligro su integridad física, sicológica y mucho menos su vida y porque en el expediente no hay prueba que demuestre una insuficiencia económica que le imposibilite acudir por sus propios medios a las citas que llegaren a autorizarse en ciudad distinta a Popayán.
Señala respecto a la solicitud de la entidad accionada de que se ordene el recobro al FOSYGA, que este es un trámite que opera por ministerio de la ley —Resolución 458 de 2013—; por consiguiente, puede acudirse a esta, sin necesidad de que vía tutela se emita una orden en ese sentido.
1.8. Impugnación
La parte demandada impugna la decisión anterior y, pide tener en cuenta la actuación que ha surtido para dar cumplimiento al fallo de tutela, en consecuencia, se revoque la sentencia de tutela.
Señala como lo hace en la contestación a la acción de tutela, que conforme al Sistema de Salud Policial (SISAP), el accionante es titular del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, con circunscripción en el Área de Sanidad de la Policía Cauca.
Afirma que el 30 de octubre de 2017, le autoriza y notifica vía telefónica al número 3178945085 —que pertenece al accionante—, la orden de apoyo número 24075, con vigencia de 90 días, para que se le realice resonancia nuclear magnética de articulaciones de miembro superior en la Clínica Cosmitet (Rey David) en Cali (Valle), para lo cual debe programar su cita con la entidad prestadora de salud y llenar una encuesta personal con una serie de recomendaciones previas al procedimiento que debe acatar el usuario.
En la misma fecha vía telefónica, le autoriza y notifica la orden de apoyo número 24077, con vigencia de 90 días, para que asista a consulta con medicina especializada en cirugía de cadera en la Clínica Cosmitet (Rey David) de la ciudad de Cali (Valle). El accionante debe programar su cita, una vez tenga los resultados de la resonancia nuclear magnética de articulaciones de miembro superior, con el fin de que el galeno defina el tratamiento a seguir para la patología presentada.
Arguye que en el presente caso se configura la carencia actual de objeto, ya que la Dirección de Sanidad, Área de Sanidad de la Policía Cauca, le ha prestado y seguirá prestando al accionante los servicios médicos y especializados, así como el suministro de medicamentos.
Reitera que su actuación se ha ajustado a las disposiciones especiales que regulan la prestación de los servicios de sanidad en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y ha sido diligente en la atención y autorización de los servicios de salud, los que se le han prestado y seguirán prestando al accionante; por consiguiente, como ha cumplido con las obligaciones como prestador del servicio de salud, lo que corresponde es declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
Alega que la providencia contempla un mandato demasiado amplio y no es congruente, al no establecer hasta dónde va la protección del derecho y en qué sentido hay vulneración al derecho fundamental, lo cual le causa a la Policía Nacional un grave detrimento patrimonial por asumir costos, que pueden ir más allá de los contemplados en el Plan de Beneficios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, fijado en el Acuerdo 2 de 2001.
Concluye que el a quo al momento de fallar, no tuvo en cuenta ni valoró la contestación a la demanda presentada por el Área de Sanidad de la Policía Cauca en las premisas y subargumentos fácticos y jurídicos relacionados con los beneficios que comporta la integralidad de la prestación de servicios de salud de la Policía Nacional.
Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, según el cual «presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente», esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se encuentra superada la situación que vulnera los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la dignidad humana del señor Leonardo Fabián Meneses Meneses como lo decidió el Tribunal Administrativo del Cauca y si tuvo en cuenta los criterios que fija la Corte Constitucional respecto al tratamiento integral de su patología.
Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de esta acción, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que se encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por alto.
Por ello el artículo 6º numeral 1 del Decreto 2591 de 1991 establece como causales de improcedencia de la acción de tutela, las siguientes: 1) cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; 2) cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus; 3) cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás que se mencionan en el artículo 88 de la Constitución Política; 4) cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho; 5) cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.
2.3.2. De la carencia actual de objeto por hecho superado
El fenómeno de la carencia actual de objeto se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y aquel en que se dicta el fallo, se satisface por completo la pretensión que contiene la solicitud, razón por la cual cualquier orden judicial sería innecesaria.
La Corte Constitucional ha indicado que el propósito de la acción de tutela se limita a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente previstos en la ley. Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o violación desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón de ser, pues en estas condiciones no existiría una orden que impartir. Sobre el particular, expresa lo siguiente:
Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón de ser, pues en estas condiciones no existiría una orden que impartir. Así la Sentencia T-096 de 2006 expuso:
“Cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, el amparo constitucional pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción.”
[…].
El hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela”.
[…].
En resumen, se ha entendido que la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de su proferirla, se encuentra que la situación expuesta en la acción, que había dado lugar a su interposición, ha cesado, desapareciendo la amenaza o daño a los derechos fundamentales, lo que lleva a que la protección a través de este mecanismo pierda sentido y, en consecuencia, el juez constitucional queda imposibilitado para emitir órdenes.
2.3.3. El derecho a la salud
La Constitución Política sitúa el derecho a la salud en el Capítulo II, dentro de los llamados derechos sociales, económicos y culturales, o de segunda generación, catalogándolo como un derecho de carácter prestacional; y, el artículo 49, define la atención en salud como un servicio público a cargo del Estado, en sus facetas de acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Actualmente el derecho a la salud se encuentra regulado en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, en la que el legislador lo elevó a la categoría de derecho fundamental y le otorgó una naturaleza autónoma e irrenunciable, que comprende, para el usuario, el derecho de acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad, para su preservación, mejoramiento y promoción, y para el agente encargado de garantizar el derecho, la obligación de prestar el servicio bajo los principios de universalidad, pro homine, equidad, continuidad, oportunidad, prevalencia, progresividad, libre elección, sostenibilidad, solidaridad, eficiencia, interculturalidad e integralidad, entre otros.
La Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que aun cuando el derecho a la salud se ha elevado a la categoría de derecho fundamental, plausible de protección de manera autónoma por vía de tutela, este derecho tiene límites en su protección, al reconocer que no todos los aspectos cobijados por este derecho son tutelables, sino sólo aquellos que atentan de manera grave con la vida, la integridad personal, la dignidad y el mínimo vital de la persona, circunstancias que el juez de tutela debe evaluar en cada caso.
2.3.2 Régimen especial de la seguridad social en salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
La Ley 100 de 1993, en su artículo 279, establece distintos regímenes especiales de seguridad social, los cuales están excluidos del Sistema General en Salud, como son los relativos a los miembros de la Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de Ecopetrol y de las empresas en concordato preventivo y obligatorio mientras dure el proceso concursal.
Bajo este entendido, se tiene que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional forman parte de los regímenes especiales de salud, frente a los cuales la Corte Constitucional, en la sentencia T-348 de 1997, sostiene lo siguiente:
[t]ales regímenes consagran derechos adquiridos por los mencionados sectores laborales, gracias a reivindicaciones colectivas que fueron defendidas por sus voceros ante el Congreso de la República, justamente, para que no fueran desconocidas por el sistema general de pensiones y salud.
Concretamente, respecto del Régimen Especial de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, la Ley 352 de 1997 «por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional», define la sanidad como un servicio público esencial orientado a dar respuesta a las necesidades del personal activo, retirado, pensionado y beneficiario de dichas entidades.
Lo anterior debido a que el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía se inspira en principios orientadores, entre los cuales se encuentra el de la universalidad, que es la garantía de la protección para todas las personas sin ningún tipo de discriminación y en todas las etapas de la vida; y el de la protección integral, dirigido a sus afiliados y beneficiarios en sus fases de educación, información y fomento de la salud, prevención, protección, diagnóstico, recuperación y rehabilitación.
2.5. Hechos probados
Al proceso se allegaron los siguientes documentos:
2.5.1. Orden de 16 de agosto de 2017, expedida por la especialidad de fisiatría de la EPS A su Salud IPS (HOME CARE SAS), en la que se prescribe al accionante resonancia nuclear magnética de articulaciones de miembro superior —codo, hombro y/o puño— (folios 8 y 9).
2.5.2. Órdenes médicas para valoración por cirujano de preservación de la cadera y cita de control, expedidas el 3 de agosto de 2017, por la especialidad de Ortopedia y Traumatología del Hospital Susana López de Valencia ESE (folios 10 y 11).
2.5.3. Orden 20256 de 12 de septiembre de 2017, mediante la cual la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional autoriza consulta con medicina especializada en ortopedia y trauma en el Hospital Susana López de Valencia ESE, válida por 90 días (folio 12).
2.5.4. Historia Clínica 10303866 de 3 de agosto de 2017, perteneciente al señor Leonardo Fabián Meneses Meneses, que reposa en el Hospital Susana López de Valencia ESE (folios 16 al 20).
2.5.5. Orden 24077 de 27 de octubre de 2017, mediante la cual la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional autoriza consulta con medicina especializada en cirugía de cadera en la Clínica COSMITET en la ciudad de Cali (Valle), con vigencia por 90 días (folio 57).
2.5.6. Orden 24075 de 27 de octubre de 2017, a través de la cual la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, le autoriza al demandante resonancia nuclear magnética de articulaciones de miembro superior (codo, hombro y/o puño), para la Clínica COSMITET en la ciudad de Cali (Valle), válida por 90 días (folio 58).
2.6. Análisis de la Sala
El señor Leonardo Fabián Meneses Meneses promueve acción de tutela en contra de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional para que se le ordene, expedir autorizaciones, se le practique resonancia magnética de hombro izquierdo y se le den citas de control de traumotología, fisiatría y con el cirujano de preservación de cadera, que fueron prescritas por sus médicos tratantes en agosto de 2017; así como el tratamiento integral para atender las patologías derivadas del accidente laboral acaecido el 28 de junio de 2017, en las instalaciones del Comando del Departamento de Policía Cauca.
El a quo ampara los derechos fundamentales del accionante a la salud, a la seguridad social y a la dignidad humana y, para ello, ordena al Área de Sanidad del Departamento de Policía Cauca, que emita la autorización para los servicios de valoración por cirujano de preservación de cadera, resonancia magnética de rodilla derecha y de hombro izquierdo y señale las fechas de las citas en las que se practicaran estos procedimientos. También dispone la atención y tratamiento integral, oportuno, continuo y sin interrupciones, que formulen ahora o con posterioridad los médicos tratantes, en relación con el diagnostico de «esguinces y torceduras de otras partes y las no especificadas de la rodilla» mientras conserve su vinculación con la entidad, bajo las condiciones clínicas que exigen su estado de salud.
La entidad demandada impugna esa decisión, para que se revoque, pues aduce el cumplimiento del fallo, en razón a que el 30 de octubre de 2017, le notifica telefónicamente al accionante las órdenes 24077 de 27 de octubre de 2017, mediante la cual la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional concede consulta con medicina especializada en cirugía de cadera y 24075 de 27 de octubre de 2017, a través de la cual le autoriza resonancia nuclear magnética de articulaciones de miembro superior (codo, hombro y/o puño), para la Clínica COSMITET en la ciudad de Cali (Valle). Agrega, que su actuación se ha ajustado a las disposiciones especiales que regulan la prestación de los servicios de sanidad en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y ha sido diligente en la atención y autorización de los servicios de salud, los que se le han prestado y seguirán prestando al accionante; por consiguiente, como ha cumplido con las obligaciones como prestador del servicio de salud, lo que corresponde es declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. También censura la orden de prestar atención y tratamiento integral al actor; pues considera que es un mandato demasiado amplio e incongruente, que no establece hasta dónde va la protección del derecho y en qué sentido hay vulneración al derecho fundamental que se ampara.
La Sala considera que le asiste razón al Tribunal al amparar los derechos del accionante, toda vez que, contrario a las afirmaciones de la entidad impugnante, precisamente lo que da lugar a la presente acción es la omisión de esta, en emitir las autorizaciones para la realización de «RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO SUPERIOR (CODO, HOMBRO Y/O PUÑO) + SE SOLICITA RNM DE HOMBRO IZQUIERDO LDESION (SIC.) MR POSTRAUMÁTICO», valoración por cirujano de preservación de la cadera y control de ortopedia con reportes, que desde el mes de agosto de 2017, le prescribieron al señor Leonardo Fabián Meneses Meneses, los médicos tratantes de las lesiones que se le causaron a consecuencia de accidente laboral que sufrió el 28 de junio de 2017, en las instalaciones del Comando del Departamento de Policía Cauca.
En el presente caso, se halla probado que mediante Orden 20256 de 12 de septiembre de 2017, la Dirección de Sanidad le autoriza al accionante consulta de Ortopedia y Trauma en el Hospital Susana López de Valencia, especialista que le ordena los exámenes que se referenciaron en el párrafo anterior, de los cuales afirma el señor Meneses Meneses en su escrito de demanda, la entidad demandada solo concedió la resonancia magnética de rodilla derecha y la cita de control por traumatología. Esta última no se le asignó, por cuanto la IPS Hospital Susana López de Valencia, a donde se remitió, no tenía contrato vigente con la Policía Nacional.
Al dar contestación a la acción, el jefe del Área de Sanidad de la Policía Cauca, informa al Tribunal que el 12 de octubre de 2017 —fecha en la que se le notifica el auto de 11 de octubre de 2017, mediante el que se admite la tutela— solicita autorización y prestación «del servicio especializado por ortopedia, «CONSULTA ESPECIALIDAD CIRUJANO DE PRESERVACIÓN DE LA CADERA – RMN DE HOMBRO IZQUIERDO Y RODILLA DERECHA» a la Clínica Seccional Valle, a la Oficina de Referencia y Contra referencia (sic.), al Doctor Édgar León Uribe Giraldo, mediante correo electrónico, HYPERLINK "mailto:referenciadepartamental@hotmail.com" referenciadepartamental@hotmail.com y HYPERLINK "mailto:disan.seval-ref@policia.gov.co" disan.seval-ref@policia.gov.co […] donde una vez sea autorizado y programado el servicio requerido se notificara de inmediato al señor LEONARDO MENESES».
Finalmente, al impugnar el fallo de 24 de octubre de 2017, allega las órdenes 24077 de 27 de octubre de 2017 y 24075 de 27 de octubre de 2017, a través de las cuales, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, le autoriza al accionante consulta con medicina especializada en cirugía de cadera y resonancia nuclear magnética de articulaciones de miembro superior (codo, hombro y/o puño), respectivamente, para que se practiquen en la Clínica COSMITET en la ciudad de Cali (Valle), con vigencia por 90 días, las que afirma notificó telefónicamente al señor Leonardo Fabián Meneses Meneses, el 30 de octubre de 2017.
Pues bien, el artículo 8 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 señala que «la prestación del servicio no puede fragmentarse en desmedro de la salud del usuario». De manera que al verificarse en el caso en estudio que las autoridades omiten el cumplimiento de este principio, el juez constitucional, con el ánimo de racionalizar el acceso a la acción de tutela, puede ordenar la prestación del servicio de salud en forma integral.
El mismo artículo prevé de manera especial el principio de integralidad, cuyo mandato implica que el sistema debe brindar servicios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación y todo aquello necesario para que el individuo goce del nivel más alto de salud posible o al menos, padezca el menor sufrimiento posible.
En virtud de este principio, se entiende que «toda persona tiene el derecho a que se garantice su salud en todas sus facetas, esto es, antes, durante y después de presentar la enfermedad o patología que lo afecta, de manera integral y sin fragmentaciones».
Aunque la entidad impugnante refiere que siempre ha estado presta a garantizar los servicios requeridos por el accionante, lo cierto es que en el presente asunto, se comprueba que solo como consecuencia del trámite de tutela, el Área de Sanidad de la Policía Cauca autorizó la realización de los exámenes de diagnóstico y las citas con especialistas en la ciudad de Cali, situación que deja en evidencia la violación de los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social del señor Leonardo Fabián Meneses Meneses, lo cual autoriza al juez constitucional para amparar las garantías conculcadas y a prevenir tal vulneración ordenando la prestación del servicio de salud en forma integral, como en efecto ocurre en el sub lite.
Ahora, lo anterior no comporta que la orden de prestación integral del servicio de salud se efectúe de manera general o imprecisa; por el contrario, debe estar supeditada a la prestación requerida por el accionante de acuerdo con lo prescrito por el médico tratante y que, por tanto, fue objeto de orden de tutela. Así, la orden de atención integral debe garantizar que no persista la negativa u omisión de la EPS en la prestación requerida.
En el sub examine, la orden que el a quo imparte para que se le brinde al accionante tratamiento integral, oportuno, continuo y sin interrupciones, que ordenen ahora o con posterioridad los médicos tratantes, no resulta demasiado amplia como lo alega la demandada, por cuanto esa autoridad determina que esta se prestara en relación con el diagnóstico objeto de la presente acción, esto es, por los «esguinces y torceduras de otras partes y las no especificadas de la rodilla», que se le causaron a consecuencia del accidente laboral que sufrió el 28 de junio de 2017, en las instalaciones del Comando del Departamento de Policía Cauca y mientras conserve su vinculación con la entidad.
Conforme a lo expuesto, no le asiste razón a la demandada en cuanto solicita se revoque la decisión de primera instancia, por la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado, que fundamenta en que no vulneró los derechos del accionante y que ya se dio cumplimiento al fallo, pues, como lo establece el Tribunal, y se hace en esta instancia, se demostró la transgresión de las garantías constitucionales que se invocan en la acción de tutela y la procedencia de la orden de prestación integral del servicio de salud al señor Leonardo Fabián Meneses Meneses.
Conclusión
De conformidad con los argumentos expuestos, la Sala concluye que como lo decidió el Tribunal, la entidad demandada vulnera los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y dignidad humana del señor Leonardo Fabián Meneses Meneses, por cuanto de los hechos y de las pruebas que se aportan al proceso, se constata que se le ha negado la realización oportuna de los exámenes de diagnóstico y las citas con especialistas que requiere para que se establezcan y traten las patologías que padece a consecuencia de accidente laboral que sufrió el 28 de junio de 2017, así como la procedencia de la orden de prestación de la atención médica y tratamiento integral, oportuno, continuo y sin interrupciones.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que dictó el Tribunal Administrativo del Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Falla
Se confirma la sentencia de 24 de octubre de 2017, que dictó el Tribunal Administrativo del Cauca mediante la que tutela los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la dignidad humana del señor Leonardo Fabián Meneses Meneses vulnerados por el Área de Sanidad del Departamento de Policía Cauca.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, se ordena remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
La Corte Constitucional en sentencia C-018 de 1993, Declaró «EXEQUIBLE los artículos […] 6º (numerales 1º y 3º) […] del Decreto 2591 de 1991, en los apartes en que fueron atacados, por los motivos expresados en su oportunidad. Se entiende por irremediable el perjuicio que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización.
Lo anterior no obsta para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
Ver sentencias T-608 de 1 de agosto de 2002, M.P. Dr. Manuel José Cepeda y T-552 de 18 de julio de 2002, M.P. Dr. Manuel José Cepeda
M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil, 14 de febrero de 2006.
Sentencia SU-540/07 M.P. Álvaro Tafur Gálvis.
Sentencia T-358 de 2014 de la Corte Constitucional.
Declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-634 de 2015.
Sentencia T-760 de 2008 y C-313 de 2014.
Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud.
En la sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional explica los casos en que ocurre el fraccionamiento de los servicios de salud por parte de las entidades encargadas de su prestación.
Corte Constitucional. T-121 de 2015.
Corte Constitucional, sentencia T-657 de 2008.
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