Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00017-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00017-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2018-00017-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
22 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-2022)
Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
Demandado: Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, Seccional Popayán)
Temas: Improcedencia de la equiparación de cargos en concursos de
méritos respecto de aquellos que no fueron ofertados en la
convocatoria pública
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 10 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Cauca que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo - CPACA, el señor Cristian Camilo Valencia Muñoz, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
los siguientes actos administrativos: i) Oficio CSJSAC1021 del 16 de julio de 2016;
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)
Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
ii) Resolución 199 del 14 de septiembre de 2016; y iii) Resolución CJR17-171 del 3
de agosto de 2017, por medio de los cuales se negó la solicitud de equiparación
del cargo de técnico de centro u oficina de servicios y/o equivalentes grado 11, al
de técnico de tribunal, grado 11.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
accionante solicitó ordenar la publicación de las opciones de sede para que pueda
optar por el cargo de técnico en sistemas, grado 11, creado mediante el Acuerdo
PSAA15-10402 de 29 de octubre de 2015 y «así este se pueda proveer con la lista
de elegibles del cargo de técnico de centro y oficina de servicios y/o equivalentes
grado 11, acatando lo ordenado por el Consejo Superior de la Judicatura en el
Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 2015, que dispone que se deben
proveer los cargos con la lista de elegibles».
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor Cristian Camilo Valencia Muñoz participó en el concurso de
méritos convocado mediante el Acuerdo 095 de 29 de noviembre de 2013, para la
provisión de empleos de carrera de Tribunales, Juzgados y Centro de Servicios
del Distrito Judicial de Popayán y Administrativo del Cauca, obteniendo resultados
favorables en todas sus etapas.
ii) Una vez la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del
Cauca publicó el formato de opción de sede, optó para ocupar el cargo de técnico
de centro u oficina de servicios y/o equivalentes, grado 11, en la única vacante
que existía, esto es, en el Centro de Servicios de los Juzgados Penales para
Adolescentes, pero este fue provisto por una persona diferente.
iii) Actualizada la lista de elegibles del cargo en cuestión en atención a la
referida provisión, el demandante ocupó el primer lugar, conforme lo dispuesto en
la Resolución CSJCAUR17-192 del 4 de julio de 2017.
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Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)
Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
iv) Mediante el Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 2015, se creó el
empleo de técnico en sistemas de tribunal, grado 11 por lo que presentó petición
para que se publicara la opción de sede de ese cargo, al considerar que era
equivalente al de técnico de centro u oficina de servicios y/o equivalentes, grado
11.
v) El Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, hasta junio de 2016,
publicaba la opción de sede para el cargo de técnico en sistemas de tribunal,
grado 11, para quienes quisieran solicitar traslado.
vi) Dado que en diferentes seccionales del país se estaba realizando la
equiparación de cargos, solicitó se respetara el derecho a la igualdad. No
obstante, mediante Oficio de 16 de julio de 2016, el Consejo Seccional de la
Judicatura del Cauca negó aquel pedimento en atención a que no se había
ofertado a concurso el cargo de técnico en sistemas de tribunal, grado 11, y que
no resultaba equivalente al de técnico de centro u oficina de servicios y/o
equivalentes, grado 11, por cuanto tienen diferente categoría.
vii) La anterior decisión fue objeto de los recursos pertinentes, los cuales fueron
resueltos de manera negativa mediante las Resoluciones 199 del 14 de
septiembre de 2016 y CJR17-171 del 3 de agosto de 2017.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 13, 25, 29, 40, 53, 54 al 257 de la
Constitución Política; y 130, 162 al 167 de la Ley 270 de 1996. Asimismo, invocó
como vulnerados el Acuerdo 95 del 29 de noviembre de 2013, la Resolución
CSJCAUR17-192 del 4 de julio de 2017 y el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de
octubre de 2015.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del actor expuso lo siguiente:
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Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)
Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
i) El señor Valencia Muñoz demostró resultados favorables en las etapas del
concurso de méritos, por lo que actualmente ocupa el primer lugar de la lista o
registro de elegibles para el cargo de técnico de centro u oficina de servicios y/o
equivalente, grado 11. Por consiguiente, no tenía una mera expectativa de ocupar
el cargo para el cual participó, sino un derecho adquirido, lo que implica que al
existir una vacante en un empleo equivalente tiene derecho a optar a esta, ser
nombrado y posesionarse.
ii) Como el empleo para el cual participó en el concurso de méritos contenía la
expresión «equivalente», ello implica que puede optar por el cargo denominado
técnico de tribunal, grado 11, por cuanto todos los cargos técnicos de apoyo tienen
el mismo grado, reciben igual remuneración y precisamente tienen la función de
apoyo tecnológico a oficinas, juzgados o tribunales donde se vaya a desempeñar.
Además, en ambos casos se exige el título tecnológico en sistemas y 2 años de
experiencia.
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de la Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, Seccional Popayán) se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso
las siguientes razones de defensa:1
i) Los actos demandados fueron expedidos respetando el marco
constitucional y legal, en tanto, en atención a la función reguladora en cabeza del
Consejo Seccional, se expidió el Acuerdo 095 de 2013, en el que claramente se
estableció que la convocatoria sería norma obligatoria y reguladora de ese
proceso de selección.
ii) Conforme dicho acuerdo, para aspirar al cargo de técnico de centro u
oficina de servicios y/o equivalentes se requería acreditar el título tecnológico en
sistemas y contar con dos años de experiencia; no obstante, para el cargo de
técnico en sistemas, grado 11, creado mediante el Acuerdo PSAA15-10402 solo se
1 Folios 120 al 127.
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Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)
Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
solicitaban estudios «técnicos» en sistemas, formaciones que, conforme a la
reglamentación del Ministerio de Educación, son diferentes.
iii) Adicionalmente, el demandante concursó para un cargo de circuito,
mientras que el empleo al cual pretende se realice la homologación es de
categoría de tribunal.
iv) Asimismo, la homologación solo es procedente cuando la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura hubiera suprimido,
trasladado, reubicado el cargo o cuando no exista en la planta o despachos para
los cuales fueron convocados. En ese orden, dado que el empleo para el cual
concursó el demandante no ha sido objeto de ninguna de esas situaciones
administrativas, no se cumplen las exigencias para realizar la respectiva
homologación del cargo de técnico de centro u oficina de servicios y/o
equivalentes, grado 11, al de técnico en sistemas, grado 11, pues, insistió, este
último fue creado con posterioridad a la convocatoria del Acuerdo 095 de 2013.
v) Hizo énfasis en que entre los referidos empleos no existe igualdad de
condiciones en cuanto a formación académica ni se encuentran en la misma
categoría; por lo que la pretensión del accionante estaría encaminada a inaplicar
las reglas del concurso a las cuales se acogió de manera voluntaria.
Propuso las excepciones de falta de causa para demandar, inexistencia de
perjuicios, presunción de legalidad de los actos administrativos demandados y la
genérica o innominada.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia escrita del 10 de marzo
de 2022, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:2
2 Folios 208 al 224. Con ponencia del magistrado David Fernando Ramírez Fajardo.
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Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)
Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
i) El señor Cristian Camilo Valencia Muñoz concursó para el empleo de
técnico de centro u oficina de servicios y/o equivalentes, grado 11, para el cual se
encuentra como único integrante del registro de elegibles; no obstante, pretende
se le asemeje al cargo de técnico en sistemas de tribunal, grado 11, para poder
optar a este.
ii) Teniendo en cuenta ello se debe precisar que la lista de elegibles para la
provisión de empleos de carrera, en virtud del concurso de méritos, solo puede
utilizarse para ocupar las vacantes ofertadas e indicadas en la convocatoria
respectiva.
iii) Revisado el asunto se advierte que el cargo de técnico de sistemas de
tribunal, grado 11 no fue ofertado en la convocatoria en la que participó el
demandante, pues fue creado con posterioridad a esta, y, por el contrario, en este
momento se encuentra incluido en la convocatoria realizada mediante Acuerdo
CSJCAUA17-372 del 5 de octubre de 2017.
iv) Adicional a lo anterior, no se configuraron los requisitos para determinar la
similitud funcional de cargos; y, en consecuencia, para autorizar la apertura de la
opción de sede, pues si bien tienen un mismo grado, su denominación, la
exigencia de los requisitos de estudio y experiencia y el lugar donde se prestará el
servicio son disímiles.
v) Si bien se observó que algunas funciones son similares, no es un
argumento que permita inferir que materialmente sean iguales, hecho que le
correspondía probar a la parte actora y no lo hizo. Tampoco es posible aplicar las
figuras de traslado de inscripción y homologación, previstas en el Acuerdo 599 de
1999, pues no se probó que se cumplieran las exigencias allí previstas.
vi) Nótese que lo que aquí acontece es que no se ha producido una vacante
para que el actor pueda optar al cargo al que concursó, sin que por ello se pueda
predicar la inexistencia del empleo; además que, de presentarse la situación en
comento, el accionante podría solicitar la homologación a un empleo de igual o
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Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)
Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
inferior categoría, y el cargo para el cual concursó desempeña sus funciones en
los juzgados penales, mientras que la plaza a la cual pretende se le dé apertura de
opción de sede fue creada para que realizara sus funciones en el tribunal superior
o administrativo, por lo que no podría predicarse que es de inferior categoría.
vii) Igualmente, se resalta que en ningún momento la convocatoria garantizaba
la existencia de vacantes al aperturarse el concurso, sino la existencia del empleo
para el que se concursó al expedirse el registro de elegibles.
viii) En suma, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al
demandante.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado del señor Cristian Camilo Valencia Muñoz interpuso recurso de
apelación en contra de la sentencia previamente referenciada, solicitó que se
revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Como
sustento de su pretensión expuso lo siguiente:3
i) Teniendo en cuenta que el demandante pasó la prueba de conocimientos y
quedó en el registro de elegibles para el cargo de técnico de centro u oficina de
servicios y/o equivalente grado 11, tiene derecho acceder al cargo.
ii) Si bien la vacante se presentaba en los centros de servicios penales, la cual
fue ocupada por el primero en la lista de elegibles, no puede dejarse de lado que
la oferta contaba con un presupuesto denominado «y/o equivalentes», lo que
traduce que de existir un cargo equivalente con funciones iguales o similares, que
para su desempeño se exijan requisitos de estudio, experiencia y competencias
laborales iguales o similares a las del empleo ofertado y tenga una asignación
básica mensual igual o superior, el accionante podría optar por ser nombrado en
este.
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Folios 228 al 234.
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Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
iii) En ese sentido, la primera instancia no tuvo en cuenta que al momento de
la creación del cargo para el cual se buscó se hacer efectiva la equivalencia, se
encontraba vigente la lista de elegibles, situación que le otorga al demandante el
derecho a que, de existir un cargo con las mismas características al ofertado,
pueda tener la posibilidad de acceder este.
iv) El hecho de que el cargo de técnico en sistemas, grado 11 se creara de
forma posterior a la convocatoria del Acuerdo 095 de 2013, no implica que no
pueda existir equivalencia entre dicho empleo y el de técnico de centro u oficina de
servicios y/o equivalentes, grado 11.
v) Lo anterior por cuanto dentro del trámite del proceso se demostró que de
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, los cargos de
técnico en sistemas grado 11 pertenecen a la misma categoría y denominación de
«cargos técnicos de apoyo», luego tienen el mismo grado, reciben la misma
remuneración, y las funciones, son precisamente de apoyo tecnológico en la
oficina, juzgado o tribunal donde se vayan a desempeñar.
vi) No existen aspectos de orden legal que sustenten el supuesto requisito de
acreditar estudios técnicos en sistemas para el caso del cargo de técnico en
sistemas, grado 11 creado en el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de
2015, pues ese requisito no se enuncia en ningún acuerdo del Consejo Superior
de la Judicatura.
vii) Finalmente, respecto a la condena en costas, no se entiende cómo el
Tribunal las tasó, por cuanto no se configuró ninguna de las excepciones
propuestas por la entidad demandada.
1.5. Pronunciamiento frente al recurso de apelación
La Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Seccional Popayán) no se pronunció respecto del recurso de apelación propuesto
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Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
por la parte demandante.4
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.5
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala
debe establecer si es procedente que el demandante, quien ocupa el primer lugar
en el registro de elegibles para el empleo de técnico de centro u oficina de
servicios y/o equivalentes, grado 11, pueda elegir la opción de sede del cargo de
Técnico en Sistemas (Tribunal), grado 11, pese a que este último no se ofertó en
la convocatoria en la que participó.
2.2. Marco normativo
La carrera administrativa para los empleados de la Rama Judicial
El artículo 125 de la Carta Política estableció la carrera administrativa como la
regla general para la vinculación laboral con el Estado. Tal previsión constitucional
tiene como fin garantizar que quienes ingresen al servicio público sean los
mejores, los más idóneos y eficaces, por lo que se cimenta en el mérito y en la
capacidad del empleado público para ejercer sus funciones, criterios todos estos
que determinan el ingreso, permanencia y retiro del servicio.6
4 Folio 245.
5 Ibidem.
6 En ese sentido ver: Corte Constitucional, Sentencia C-315 de 2007 magistrado ponente Jaime Córdoba
Triviño.
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Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
La carrera administrativa ha sido elevada al rango de principio constitucional,7 en
razón a que busca la consecución de intereses superiores, entre los que se
encuentran i) la selección del mejor personal para la función pública; ii) la
realización de los principios de eficiencia y eficacia; iii) la garantía de la igualdad
entre quienes aspiren a acceder al ejercicio público; iv) la conformación de una
planta de personal que beneficie el interés general y, v) la estabilidad laboral de
los empleados públicos.8
Precisamente, al premiar la carrera administrativa el mérito, el inciso 2.º del
artículo 125 superior estableció el concurso público como su garantía, de modo
que el ingreso, permanencia y ascenso de los empleados públicos se base en
criterios objetivos y que las decisiones no se permeen por aspectos subjetivos.
De esta manera, el concurso público «se dirige a comprobar las calidades
académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de
los empleos»9, para que la selección del personal no obedezca a favoritismos o
caprichos del nominador y de esta forma se erradique el clientelismo y el
nepotismo.10
Para el caso de la Rama Judicial, el artículo 256 de la Carta Política de 1991 le
otorgó la competencia para administrar la carrera judicial al Consejo Superior de la
Judicatura al señalar que «Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a
los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes
atribuciones: 1. Administrar la carrera judicial».
Este mandato se replicó en los numerales 17 y 22 del artículo 85 la Ley 270 de
1996 en los que se indica que a dicha entidad le corresponde «17. Administrar la
7 La jurisprudencia ha señalado que tres criterios específicos para que sea considerado de esta manera. Uno
histórico relacionado con la necesidad de acabar prácticas en la administración pública como el clientelismos,
amiguismo o nepotismo existentes en Colombia desde tiempos remotos. El conceptual según el cual al ser
considerado principio la carrera administrativa debe ser un estándar para la selección de personal y una guía
de interpretación para las reglas sobre el ingreso al servicio público. Y un criterio teleológico entendido como
el instrumento para cumplir los principios de eficiencia, eficacia en la función pública, igualdad de
oportunidades para acceder a ella y de estabilidad laboral de los servidores públicos. Esta postura se
encuentra explicada con detalle en la sentencia C-553 de 2010 con ponencia del magistrado Luis Ernesto
Vargas Silva. Reiterado en la sentencia SU-539 de 2012 de igual ponente.
8 Sentencia C-588 de 2009, magistrado ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
9 Corte Constitucional, sentencia C.1122 de 2005. magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra.
10 Corte Constitucional, sentencia C-901 de 2008 magistrado ponente Mauricio González Cuervo.
10
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Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
Carrera Judicial de acuerdo con las normas constitucionales y la presente ley. (…)
22. Reglamentar la carrera judicial».
En lo que se refiere a la función de reglamentación aludida, la Corte Constitucional
la inscribió en la facultad denominada «potestad reglamentaria de los órganos
constitucionales»,11 que implica la expedición de disposiciones de orden general a
través de la cuales se desarrolla la ley con la finalidad de hacerla ejecutable. El
ejercicio de tal poder por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura está limitado en el contenido y espíritu de la ley reglamentada.12
A esta le corresponde entonces reglamentar las normas de la Ley 270 de 1996
relacionadas con el ingreso, permanencia y retiro del servicio de los empleados de
la Rama Judicial. Así, le incumbe expedir los reglamentos para realizar el proceso
de selección,13 fijar los requisitos mínimos de experiencia y capacitación para los
participantes,14 determinar el contenido y procedimiento de las etapas del concurso
de méritos.15
Finalizada la etapa de selección, a la Sala Administrativa le compete, también, por
disponerlo el artículo 166 ibidem, conformar el registro de elegibles en orden
descendente con quienes hayan superado todas las etapas, registro que tiene una
vigencia de cuatro años. Y en caso de presentarse una vacante definitiva de un
cargo ofertado en el concurso, el nominador, dentro de los tres días siguientes
deberá solicitar a dicha Sala el envío de la lista de elegibles (la cual se integra con
quienes ocupen los cinco primeros lugares en el «registro de elegibles») y una vez
11 Sentencia C-384 de 2003.
12 Al respecto se puede consultar la siguiente sentencia: Sentencia SU539 de 2012, magistrado
ponente Luis Ernesto Vargas Silva. En la providencia se explicó lo siguiente: «Entonces, a la
luz del artículo 257 de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es claro
que (i) el Consejo Superior de la Judicatura tiene potestad reglamentaria en el ámbito de la
carrera judicial; (ii) dicha potestad implica la facultad de adoptar disposiciones que desarrollen
el sentido de la ley para hacerla ejecutable, en este caso la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia; y (iii) la potestad en cuestión encuentra sus límites en las funciones
constitucionales asignadas al Consejo Superior, lo que implica que no puede “suplantar las
atribuciones propias del legislador».
13 Artículo 160 de la ley 270 de 1996.
14 Artículo 161 ibidem.
15 Artículo 162 y 163 ibidem.
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Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
esta sea allegada debe nombrar dentro de los 10 días siguientes al conocimiento
de esta conforme lo manda el artículo 167 ibidem.
En lo que se refiere a quienes se encuentran en el registro de elegibles, la
jurisprudencia ha señalado que quien ocupe el primer lugar tiene un derecho
adquirido, pues superó todas las etapas del concurso público de méritos. Así, solo
resta que sea nombrado en el cargo para el cual concursó, que debe estar
vacante, de lo contrario no hubiese sido ofertado.
También se ha dicho que el registro de elegibles surte un efecto inmediato y crea
derechos respecto de las personas en ella incluidas y, de manera particular acerca
de quien ocupa el primer lugar, la jurisprudencia ha sido clara en indicar que
«…tienen el derecho adquirido a ser nombradas en el cargo correspondiente,
materializándose así el principio constitucional del mérito para acceder a los
cargos públicos».16 (Resalta la Sala).
En igual sentido, la Corte Constitucional explicó que cuando una entidad pública
cita a un concurso público de méritos es porque existe una vacante definitiva que
debe proveerse, razón por la que no se justifica que quien superó todas las etapas
del trámite no sea nombrado en aquella, en la medida que si ocupó el primer lugar
«tiene, en tal virtud y por mandato constitucional, no una mera expectativa sino
un verdadero derecho adquirido a ser nombrado en el cargo correspondiente».17
(Negrilla fuera de texto).
Bajo tales parámetros, es claro que para poder afirmar que una persona que haya
participado en un concurso público de méritos tiene un derecho adquirido para ser
nombrado en el empleo que se ofertó, es menester que el trámite finalice con la
16 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicado 11001-03-06-000-2013-00387-
00. Número interno: 2158. Referencia: Carrera Administrativa en la Fiscalía General de la Nación.
Concurso de méritos. Lista de elegibles. Actor: Departamento Administrativo de La Función
Pública. Consejero ponente: Augusto Hernández Becerra. Bogotá, D.C. 10 de diciembre de 2013.
17 Sentencia T-455 de 2000, magistrado ponente José Gregorio Hernández Galindo. Providencia reiterada en
la SU-913 de 2009, con ponencia del magistrado Juan Carlos Henao Pérez.
Criterio esbozado también en la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicación: 18001-23-31-000-2002-00196-01(2665-11).
Actor: Pedro Rojas Rojas. Demandado: Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
DEAJ. Consejera ponente: Bertha Lucia Ramírez de Páez. Bogotá, D.C., 2 de agosto de 2012.
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Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)
Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
correspondiente firmeza del registro de elegibles y, además, que ocupe el primer
lugar en esta.
2.3. Hechos probados
i) Mediante el Acuerdo 95 de 2013, la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura convocó a concurso de méritos para la conformación del registro
seccional de elegibles para la provisión de los cargos empleados de carrera de
Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de Popayán y
Administrativo del Cauca.18 La convocatoria fue identificada con el número 3.
Entre los cargos en concurso se encontraba el de técnico de centro u oficina de
servicios y/o equivalentes, grado 11, cuyos requisitos mínimos por acreditar
eran título tecnológico en sistemas y dos años de experiencia relacionada.
ii) El 29 de octubre de 2015, a través del Acuerdo PSAA15-10402, el presidente
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creó, con carácter
permanente, en cada uno de los Tribunales Superiores y Contencioso
Administrativos del país un cargo de Técnico en Sistemas, grado 11.19 En dicho
acuerdo se dispuso lo siguiente respecto el nombramiento de dichos empleos:
Artículo 5°.- De los nombramientos. Los nombramientos de los cargos de que trata
el presente Acuerdo se efectuarán de las correspondientes listas de elegibles,
conforme a la Constitución, a la Ley Estatutaria y a los Acuerdos de la Sala
Administrativa.
En los demás casos y de conformidad con lo ordenado en las sentencias de tutelas
que así lo han decidido, las autoridades nominadoras deberán ejercer esta
competencia al amparo de lo dispuesto en dicha providencia, para lo cual tendrán
en cuenta los últimos registros de elegibles.
iii) El 10 de diciembre de 2015, mediante la Resolución 171, la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Cauca publicó el registro
18 Folios 130 al 136
19 Consultado en la página web de la Rama Judicial el 25 de mayo de 2023 en el siguiente link:
www.ramajudicial.gov.co/documents/10240/5571964/ACUERDO+PSAA15-10402.pdf
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Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)
Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
seccional de elegibles correspondiente a la Convocatoria 3, destinado al cargo de
técnico de centro u oficina de servicios y/o equivalentes de la siguiente manera:20
iv) El 13 de julio de 2016, la presidenta de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, Seccional Cauca, dio respuesta al derecho de petición
elevado por el accionante con el propósito de que fuera publicado el formato de
opción de sede del cargo de técnico de sistemas, grado 11, creado mediante el
Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, así como la homologación con
el cargo técnico de centro u oficina de servicios y/o equivalentes, grado 11, en
los siguientes términos:21
Mediante Acuerdo No. 95 del 29 de noviembre de 2013, esta Sala Administrativa
convocó a concursos de méritos para la conformación del Registro Seccional de
Elegibles para la provisión de los cargos de empleados de carrera de Tribunales,
Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de Popayán y Administrativo
del Cauca dentro del cual no se encuentra ofertado el cargo de Técnico en Sistemas
de Tribunal, grado 11, motivo por el cual no fue publicada la opción de sedes
respectiva.
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 1586 de 2002, la figura de
homologación procede cuando en virtud de una sentencia judicial o una decisión de
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura el cargo ofertado en la
convocatoria haya sido suprimido, trasladado, reubicado o redistribuido, situaciones
que no se han presentado si en cuenta se tiene que el cargo de su aspiración, como
lo es el de Técnico de Centro u Oficina de Servicios y/o equivalentes, grado 11,
existe dentro de la planta de cargos de la Rama Judicial (Centro de Servicios
Judiciales de los Juzgados Penales para Adolescentes) y por tanto fue publicada la
respectiva opción de sede.
Los cargos de técnico en sistemas de tribunal grado 11 y técnico de centro u oficina
de servicios y/o equivalentes grado 11, no son iguales porque como se puede
observar se trata de cargos de diferente categoría y en consecuencia diferentes en
su salario y funciones a diferencia de lo afirmado en su escrito por lo que no son
cargos equivalentes.
20 Ibidem, ocuments/2311324/10221555/REGISTRO+SECCIONAL+ELEGIBLES+-
+RES.+171+del+10-12-2015
21 Folios 5 y 6.
14
Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)
Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
Consecuentemente con lo anterior, la opción de sede por usted presentada para el
cargo de técnico en sistemas de tribunal, grado 11, no será tenida en cuenta por las
razones anteriormente señaladas.
v) El 14 de septiembre de 2016, mediante la Resolución 199, la presidenta del
Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, resolvió desfavorablemente el
recurso de reposición interpuesto por el actor en contra de la anterior decisión, al
indicar que no resulta procedente la publicación de la vacante para opción de sede
del cargo de técnico de sistemas de tribunal, grado 11, por cuanto no se
desarrolló el proceso de selección respectivo al no haber sido este convocado en
el Acuerdo 95 de 2013 y, por lo tanto, no existe registro de elegibles para ese
empleo.22
vi) El 3 de agosto de 2017, con la Resolución CJR17-171 la directora de la Unidad
de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
decidió el recurso de apelación interpuesto en contra del Oficio CSJ-SA-C1021 del
13 de julio de 2016 y resolvió confirmarle en cada una de sus partes, al indicar lo
siguiente:23
Es preciso señalar que no es dable utilizar el Registro de Elegibles conformado para
el cargo de técnico grado 11 para la provisión de los cargos de técnicos en sistemas
grado 11, creados en el Acuerdo PSAA-15-10402 de 2015, toda vez que los
requisitos son diferentes entre unos y otros. Mientras el primero convocado exige
acreditar estudios con título tecnológico en sistemas, el segundo, solo admite
estudios técnicos en sistemas.
Así las cosas y de conformidad con la clasificación efectuada por el Ministerio de
Educación Nacional, en cuanto a la educación superior en pregrado, se tienen como
niveles de formación diferentes, la técnica profesional y la tecnológica, variando
para la obtención del título, la cantidad de años o créditos académicos.
Adicional a lo anterior, los dos cargos corresponden a diferente categoría, por
tratarse, uno de categoría de tribunal y el otro de categoría de circuito, lo que impide
la utilización del registro vigente para tal efecto, motivos por los cuales la decisión
del Consejo Seccional de la Judicatura deberá ser confirmada.
vii) En el trámite de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA el
magistrado sustanciador del proceso en primera instancia requirió al Consejo
22 Folios 15 al 21.
23 Folios 25 al 28.
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Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)
Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
Seccional de la Judicatura del Cauca para que allegara el registro de elegibles
para el cargo de técnico de sistemas grado 1 y se sirviera certificar cuántos cargos
de estos existían en el departamento del Cauca y las vacantes disponibles, a lo
que dicha entidad indicó lo siguiente:24
En el Distrito Judicial de Popayán y Administrativo del Cauca, existe un cargo de
técnico de centro u oficina de servicios y/o equivalentes grado 11, el cual se
encuentra adscrito al Centro de Servicios del Sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes de Popayán, y a la fecha está provisto en propiedad, toda vez
que fue ofertado en la Convocatoria 3 realizada por esta Seccional mediante
Acuerdo 95 de 2013.
Es importante mencionar que mediante el Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, el
Consejo Superior de la Judicatura creó, entre otros, dos cargos de técnico de
sistemas de tribunal grado 11, uno de ellos, en el Tribunal Administrativo del Cauca
y el segundo, en el Tribunal Superior de Popayán, encontrándose provistos hasta la
presente fecha en provisionalidad los dos cargos en mención si en cuenta se tiene
que los mismos fueron ofertados en la Convocatoria 4 realizada mediante Acuerdo
CSJCAUA17-372 del 5 de octubre de 2017.
[…]
De acuerdo con lo anterior, en la fecha aún no se ha conformado Registro Seccional
de Elegibles para la provisión en propiedad de los cargos de técnico en sistemas de
tribunal grado 11, toda vez que la resolución que publicó los resultados de las
pruebas de aptitudes, conocimientos y psicotécnica no se encuentran firme.
[…]
Como se puede observar, el cargo de Técnico en Sistemas de Tribunal – Grado 11,
no fue convocado en esa convocatoria (Acuerdo 95 del 29 de noviembre de 2013) y
es diferente al cargo del Centro de Servicios de los Juzgados de Adolescentes si en
cuenta se tiene la categoría, jerarquía, especialidad, funciones, salarios y requisitos.
viii) El profesional universitario grado 12 con funciones de coordinador del area
de talento humano de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
de Popayan certificó que según el aplicativo de nómina del Consejo Superior de la
Judicatura el cargo de técnico en sistemas, grado 11, del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayan y del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados
Penales para Adolecentes, les corresponde la misma remuneracion. 25
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
24 Folio 184
25 Folio 12
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Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)
Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
En la demanda el señor Valencia Muñoz pide declarar la nulidad del Oficio
CSJSAC1021 del 16 de julio de 2016; de la Resolución 199 del 14 de septiembre de
2016; y de la Resolución CJR17-171 del 3 de agosto de 2017, actos por medio de
los cuales se negó la solicitud de equiparación del cargo de técnico de centro u
oficina de servicios y/o equivalentes grado 11, al de técnico de sistemas de
tribunal, grado 11, y como consecuencia de ello se ordene la publicación de las
opciones de sede para que pueda optar por el último empleo, teniendo en cuenta
que se encuentra de primero en el registro de elegibles.
A su juicio, los cargos de técnico en sistemas (Tribunal), grado 11, pertenecen a la
misma categoría y denominación de «cargos técnicos de apoyo», luego tienen el
mismo grado, reciben la misma remuneración, y las funciones, son precisamente
de apoyo tecnológico en la oficina, juzgado o tribunal donde se vayan a
desempeñar las labores, por lo que el referido empleo resulta «equivalente» al de
técnico de centro u oficina de servicios y/o equivalentes, grado 11, respecto del
cual tiene un derecho adquirido.
Teniendo en cuenta los hechos probados, en consonancia con el marco normativo
y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala confirmará la decisión del
a quo que negó las pretensiones de la demanda. Esta conclusión se funda en los
siguientes razonamientos.
Revisado el contenido del Acuerdo 95 de 2013, mediante el cual se convocó al
concurso de méritos para la conformación del registro seccional de elegibles para la
provisión de los cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros
de Servicios del Distrito Judicial de Popayán y Administrativo del Cauca, se advierte
que en el artículo segundo se estableció que dicho acuerdo era la norma
obligatoria y reguladora del proceso de selección, por tanto, de obligatorio
cumplimiento tanto para los participantes como para la administración, quienes
estarían sujetos a las condiciones y términos señalados.
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Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)
Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
Es indiscutible, entonces, que las pautas del concurso son inmodificables y, en
consecuencia, a las entidades, en este caso al Consejo Superior de la Judicatura,
Seccional Cauca no le es dado variarlas en ninguna fase del proceso, por cuanto
con ello se afectarían los derechos fundamentales de los participantes en
particular.
No se puede perder de vista que el único cargo con denominación «técnico»
ofertado en la convocatoria núm. 3 fue el de técnico de centro u oficina de
servicios y/o equivalentes, grado 11, cuyos requisitos mínimos por acreditar
eran título tecnológico en sistemas y dos años de experiencia relacionada; y que
la convocatoria fue clara al señalar que solo se permitiría la inscripción en un solo
empleo de los ofertados.
Terminado el proceso de selección se publicó el registro seccional de elegibles
correspondiente, destinado al cargo de técnico de centro u oficina de servicios y/o
equivalentes, grado 11, en el que se incluyó al actor.
Posteriormente, mediante el Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 del Consejo Superior
de la Judicatura se creó, con carácter permanente, en cada uno de los Tribunales
Superiores y Contencioso Administrativos del país un cargo de Técnico en
Sistemas, grado 11.26 Así las cosas, tanto en el Tribunal Superior de Popayán
como en el Tribunal Administrativo del Cauca, se creó una plaza de estas.
En atención a la creación de esas dos nuevas plazas del nivel técnico en la
Seccional Cauca, el accionante pretendía optar por alguna de ellas bajo el
entendido de que estaba en primer lugar en el registro de elegibles para ocupar el
empleo de técnico de centro u oficina de servicios y/o equivalentes, grado 11.
Sin embargo, considera la Sala que dicha pretensión desborda las reglas de la
convocatoria, que como se indicó, resultan invariables. Lo anterior por cuanto, se
insiste, el único cargo que se ofertó a nivel técnico en la Convocatoria núm. 3 fue
26 Artículos 26 y 94.
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Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)
Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
el de técnico de centro u oficina de servicios y/o equivalentes, grado 11. Dicho
empleo fue ofertado para prestar servicios al interior de los centros u oficinas de
servicios de la Seccional Cauca donde existiera la vacante.
De suerte que al actor le asistía el derecho de optar por la sede de su elección en
donde existiera la vacante en las dependencias por él elegidas al momento de
participar en la convocatoria, esto es, centros u oficinas de servicios, únicamente.
Es por ello que, el hecho de pretender ocupar un empleo diferente al cual aspiró y
participó en la convocatoria, riñe abiertamente con los postulados constitucionales
y con los derechos fundamentales de todos los aspirantes.
Lo anterior por cuanto, en efecto, el registro de elegibles del cual hace parte el
señor Valencia Muñoz se realizó para el cargo de técnico de centro u oficina de
servicios y/o equivalentes, grado 11, ya que para la fecha en que se dio
apertura al concurso de la Convocatoria núm. 3 en la Seccional Cauca solamente
existía dicho empleo, pues el de técnico en sistemas (Tribunal), grado 11, fue
creado a partir del año 2015, luego no había forma de que hubiere sido ofertado.
De igual modo, nótese que dentro de las reglas de la convocatoria se señaló con
claridad que solo se permitiría la inscripción en máximo un empleo de los
ofertados; así pues, de haber sido ofrecidos en su momento los dos cargos, el
aspirante únicamente hubiese podido elegir entre una de las dos categorías
(oficinas u centros de servicios o tribunales) para concretar su aspiración.
Así las cosas, admitir en este punto que al haber superado el concurso de méritos
para un cargo determinado permite al concursante ser nombrado en otro empleo
que no se ofertó dentro del proceso de selección, para el que no hubo
inscripciones y, por contera, no se presentaron las pruebas respectivas, afectaría
los principios básicos de toda convocatoria pública, máxime si se tiene en cuenta
la diversidad de jerarquías y especialidades que pueden coincidir en las plazas a
ocupar.
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Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
Ahora, respecto al argumento del apelante referente a que si bien es cierto la
vacante del cargo de técnico de centro u oficina de servicios y/o equivalentes,
grado 11 se presentaba en los centros de servicios penales, la cual fue ocupada
por el primero en la lista de elegibles, también lo es que la oferta contaba con un
presupuesto denominado «y/o equivalentes», lo que traduce que de existir un
cargo equivalente con funciones iguales o similares, que para su desempeño se
exijan requisitos de estudio, experiencia y competencias laborales iguales o
similares a las del empleo ofertado, el accionante podría optar por ser nombrado
en este, advierte la Sala que los cargos de técnico en sistemas de tribunal, grado
11 y técnico de centro u oficina de servicios y/o equivalentes, grado 11, no son
iguales, por cuanto se trata de cargos de diferente categoría y, en ese orden, no
es dable afirmar que son cargos equivalentes.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo PSAA13-10039 de
2013, que ajustó la clasificación y requisitos de los cargos en los respectivos
niveles ocupacionales, teniendo en cuenta los requisitos y funciones establecidos
en el Acuerdo PSAA13-10038 de 2013, los únicos cargos grado 11 existentes en
el nivel técnico para ese momento (año 2013) en la Rama Judicial eran los
siguientes:
Dichos empleos, como se observa, no ostentan categoría de Tribunal, pues se
ubican en los centros u oficinas de servicios. Luego es dable afirmar que para el
año 2013 no existía el cargo de técnico en sistemas de tribunal, grado 11.
En efecto, el referido cargo fue creado con el Acuerdo PSAA15-10402 de 2015,
acto en el que no se hizo referencia expresa a los requisitos exigidos para su
desempeño.
20
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Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
Posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura, por medio del Acuerdo
PCSJA17-10780 de 2017, que modificó el Acuerdo PSAA13-10039 de 2013
respecto a la inclusión en los niveles ocupacionales establecidos en el artículo 161
de la Ley 270 de 1996 para algunos cargos de empleados de tribunales, juzgados,
centros de servicios administrativos, centros de servicios judiciales, centros de
servicios administrativos jurisdiccionales, oficinas de servicios y de apoyo, en
virtud de las modificaciones a la denominación y fijación de requisitos para
algunos cargos previstas en el Acuerdo PCSJA17-10779 de 2017, ajustó la
clasificación de los empleos, en los respectivos niveles ocupacionales, teniendo en
cuenta los requisitos y funciones.
En ese orden, se clasificaron los niveles ocupacionales al interior de la Rama
Judicial con el propósito de tipificar la naturaleza general de los requisitos y las
funciones de los diferentes empleos.
El nivel técnico, se explicó en el referido acuerdo, hace referencia a los empleos a
los que corresponde el desarrollo de funciones que requieren de un nivel de
preparación técnica o tecnológica que prestan apoyo en la ejecución de
procedimientos y tareas de esa naturaleza. Así las cosas, de conformidad con la
denominación y requisitos mínimos, el nivel técnico lo componen los siguientes
empleos:
21
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Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
Así pues, a partir de dicho acuerdo ya se pueden establecer con claridad los
requisitos para ocupar el empleo de técnico en sistemas de tribunal, grado 11.27
Dicho de otra manera, como en el acuerdo de creación del cargo de técnico en
sistemas de tribunal, grado 11 (Acuerdo PSAA15-10402 de 2015) no se hizo
alusión a los requisitos que se exigen para ocuparlo, la única referencia que se
tiene respecto de aquellos es el Acuerdo PCSJA17-10780 de 2017, según el cual
todos los empleos de técnico en sistemas pertenecen al grado 11 (incluido el de
Tribunal), y tienen la misma exigencia en cuanto a los requisitos de
experiencia y formación académica.
Sin embargo, de conformidad con la clasificación que se observa en el cuadro que
antecede, pese a que todos los empleos de técnico en sistemas pertenecen al
grado 11, y tienen la misma exigencia en cuanto a los requisitos de experiencia y
formación académica (título de formación tecnológica en el área de sistemas y un
año de experiencia relacionada), no se ubican en la misma categoría, por
cuanto se observa que existe un cargo para cada nivel jerárquico (Tribunales,
Juzgados y centros u oficinas de servicio).
27 Teniendo en cuenta el anterior análisis, no encuentra soporte la Sala respecto de la afirmación
de que el empleo de técnico en sistemas de tribunal, grado 11, exija la acreditación de requisitos
de estudios distintos a los anotados.
22
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Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
Dicha afirmación encuentra sustento además en lo dispuesto en el Acuerdo
PCSJA17-10781 de 2017, por medio del cual se modificó el Acuerdo PSAA06-3584
de 2006, con el fin de incluir los cargos de carrera de tribunales, juzgados, centros
de servicios administrativos, centros de servicios judiciales, centros de servicios
administrativos jurisdiccionales, oficinas de servicios y de apoyo, en los niveles
ocupacionales y de clasificación establecidos en el citado Acuerdo PCSJA17-10780
de 2017, ya que, para el nivel técnico, determinó el siguiente orden y
denominaciones:
En ese orden, si bien es cierto, en principio podría concluirse, como lo hace el
apelante, que se exigen los mismos requisitos para desempeñar los cargos de
técnico de centro u oficina de servicios y/o equivalentes, y de técnico en sistemas
de tribunal, como también lo es que se encuentran en el mismo grado (11), se
advierte que aquellas similitudes (requisitos y grado), per se, no permiten
considerarlos como empleos equivalentes. Lo anterior por cuanto los dos
cargos corresponden a diferentes categorías, por tratarse uno de categoría de
tribunal y el otro, de circuito, lo que impide la utilización del registro vigente de uno
de los empleos para proveer el otro.
Así pues, el término equivalencia, aunque haga referencia a los requisitos para
proveer determinados empleos no permite inferir que aquellos cargos se
encuentran en la misma categoría, dado que esta última obedece a varios
aspectos relacionados con el empleo, tales como la categoría, jerarquía y
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Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
especialidad, y no necesariamente a las exigencias para su desempeño.
Dicho de otra forma, la categoría del empleo es independiente o difiere de los
requisitos para su desempeño, por ello no es posible afirmar la equivalencia de
dos empleos que, aunque tengan el mismo grado y exigencia en cuanto a
requisitos, tengan diversidad de jerarquía.
De suerte que, el cargo de técnico de centro u oficina de servicios y/o
equivalentes, grado 11 encontraría su equivalente dentro de la Seccional ofertada
en dependencias homólogas de su misma categoría, como podría serlo, a manera
de ejemplo, una oficina de apoyo del Distrito Judicial de Popayán o Administrativo
del Cauca.
En consecuencia, la Sala acompaña las consideraciones expuestas por el Tribunal
para afirmar que la actuación de la parte demandada se rigió por las reglas
establecidas en la Convocatoria núm. 3, las cuales resultan vinculantes para las
partes, al paso que no se demostró la equivalencia entre los empleos de técnico
de centro u oficina de servicios y/o equivalentes, grado 11, y de técnico en
sistemas (Tribunal), grado 11.
Finalmente, referente al argumento de la apelación sobre la decisión del Tribunal
de condenar en costas al demandante, se tiene que por mandato del artículo 188
del CPACA la imposición de las costas obedece a un criterio objetivo, sin que para
ello deba evaluarse la conducta de las partes. De este modo, al juez le
corresponde efectuar una valoración objetiva-valorativa para comprobar que estas
se causaron conforme con los criterios fijados en el artículo 365 del CGP, sin que
se requiera un examen de la existencia de una actuación temeraria o de mala fe
de los sujetos procesales.
En ese orden de ideas la decisión de condenar o no en costas a la parte vencida
del proceso corresponde a un análisis discrecional del fallador de instancia. En
efecto, en aplicación del criterio objetivo, en la sentencia debe haber una
disposición o decisión acerca de la condena en costas, bien sea imponiéndola o
24
Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)
Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
absteniéndose de hacerlo; en este caso, el juez de instancia decidió condenar en
costas a la parte vencida en el proceso.
Así las cosas, en virtud del criterio valorativo anotado era necesario que el juez
revisara si las costas se causaron o si era viable comprobar su causación, ello, de
acuerdo con la actividad que efectivamente se hubiera desplegado en ejercicio de
la defensa de los intereses de las partes, como en efecto ocurrió.
Bajo los anteriores argumentos se concluye que la decisión de condenar en
costas tomada por el Tribunal Administrativo del Cauca no desatendió los
postulados del artículo 188 del CPACA, razón por la cual se encuentra ajustada a
derecho.
En suma, una vez fueron estudiados uno a uno los argumentos esbozados en el
recurso de apelación impetrado, la Sala advierte que ninguno tiene vocación de
prosperidad y en tal sentido se confirmará la sentencia de primera instancia.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201628, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
25
Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)
Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
las partes.
Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de
agosto de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y
la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de
las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su
liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las
costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única
instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda
instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y en atención a lo dispuesto en los numerales 1
y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso,29 la Sala no condenará en
costas de segunda instancia a la parte demandante, por cuanto no se encuentran
causadas pues, aunque se resolvió desfavorablemente el recurso de apelación
interpuesto, la entidad accionada no intervino en esta instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser confirmada por
cuanto el demandante no acreditó en el proceso que el registro de elegibles al cual
pertenece le permitiera optar válidamente por la sede del cargo de técnico en
sistemas (Tribunal), grado 11.
29
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
26
Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)
Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 10 de marzo de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda interpuesta
por el señor Cristian Camilo Valencia Muñoz, en contra de la Nación, Rama
Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Cauca, de conformidad con
las consideraciones expuestas en esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
AVM
27
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