Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00044-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00044-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2018-00044-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
6 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 19001-23-33-000-2018-00044-01 (335-2021)
Demandante : Luis Antonio Grueso Romero
Demandado : Nación – Procuraduría General de la Nación y
departamento del Cauca
Tema : Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad
general por el término de 11 años
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia de 26 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, mediante la cual negó las súplicas de la demanda
dentro del proceso del epígrafe
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 66 a 75). El señor Luis Antonio Grueso Romero,
mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Procuraduría
General de la Nación y el departamento del Cauca, para que se acojan las
pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad: (i) de la decisión de primera instancia
de 29 de noviembre de 2016, proferida por la procuraduría regional del Cauca,
a través de la cual sancionó disciplinariamente al demandante con destitución e
inhabilidad general por el término de once (11) años; (ii) de la determinación
de segunda instancia de 31 de marzo de 2017, con la que el procurador segundo
delegado para la vigilancia administrativa confirmó la anterior; (iii) del Decreto
580 de 14 de junio de 2017, por el cual la gobernadora (e) del Cauca, en
cumplimiento de la sanción impuesta, dispuso su retiro; y (iv) del oficio 4.8.2.1-
2017-3646 (sin fecha), por medio del cual el jefe de recursos humanos de la
secretaría de educación del Cauca negó su solicitud de reintegro.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la parte accionada (i) su reintegro «[…] al cargo que desempeñaba
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[…] al momento de su retiro del servicio […]» (sic), sin solución de
continuidad; (ii) pagar «[…] los salarios y prestaciones sociales, aportes a la
seguridad social y demás haberes laborales dejados de percibir desde el día en
que se hizo efectiva la sanción disciplinaria hasta la fecha en que se [le]
incorpore nuevamente al ejercicio de las funciones propias de su cargo […]»
(sic), debidamente indexados; y (iii) dar cumplimiento a la sentencia en los
términos del artículo 192 del CPACA.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el demandante que fue vinculado como
maestro oficial del departamento del Cauca, regido por el Decreto 2277 de
1979; y que ascendió de manera pacífica y reglamentaria hasta la categoría 13
del escalafón docente; igualmente, que le fue negada su solicitud de ascenso al
escalafón 14, en atención a que quienes adelantaron su trámite y el de al menos
otros 63 profesores del departamento presentaron documentos contrarios a la
verdad académica.
Que fue víctima de una estafa, pues, aunque realizó el pago de una suma de
dinero para que se efectuara por terceros dicho trámite y entregó a estos los
documentos exigidos, su solicitud le fue denegada al haberse presentado
documentación falsa.
Indica que, si bien por lo ocurrido se dio inicio a una investigación disciplinaria
en su contra y los demás docentes implicados, por lo que en consecuencia les
fue impuesta una misma sanción, debió ser diferenciado su caso, ante el hecho
de que existían profesores que sí habían logrado ser ascendidos a la categoría
14 desde el año 2011, junto con todas las implicaciones salariales,
prestacionales y pensionales que esto conlleva.
Que como es un sujeto de especial protección, toda vez que le aquejan
problemas de salud que lo ubican dentro de la categoría de una persona con
limitación física, la cual debe ser protegida a la luz de lo dispuesto por la Ley
361 de 1997, debió brindársele también un tratamiento diferencial y no
aplicársele la misma sanción que le fue impuesta a los demás implicados.
Sostiene que el departamento para dar cumplimiento a lo ordenado en la
decisión sancionatoria procedió a través de acto administrativo a disponer su
retiro, el cual no le fue debidamente notificado y, además, en los términos del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, se debió solicitar autorización ante el
Ministerio del Trabajo para su desvinculación.
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Que, pese a que solicitó en su favor la protección establecida en la norma en
comento y su consecuente reintegro, no recibió respuesta satisfactoria al
respecto.
1.3.1 Síntesis de las circunstancias que generaron la investigación
disciplinaria y la sanción. La Procuraduría General de la Nación sancionó al
demandante con destitución e inhabilidad general por el término de once (11)
años, en razón a que, en su calidad de docente oficial del departamento del
Cauca, solicitó su ascenso en el escalafón docente y para ello presentó
documentación académica falsa, un diploma y un acta de grado que lo
acreditaban como especialista, los cuales no correspondían a la realidad.
La demandada lo halló responsable de la falta gravísima a título de dolo descrita
en el artículo 48 (numeral 56) de la Ley 734 de 2002, por «[…] Suministrar
datos inexactos o documentación con contenidos que no correspondan a la
realidad para conseguir posesión, ascenso o inclusión en carrera
administrativa […]».
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos demandados los artículos 2, 13, 29, 48 y 53 de la
Constitución Política; 26 de la Ley 631 de 1997; 18 y 20 de la Ley 734 de 2002.
Argumenta el demandante que se debe proceder a declarar la nulidad de los
actos administrativos acusados, por ser violatorios de las normas superiores en
que debían fundarse (i) al resultar ser desproporcionada la sanción de
destitución e inhabilidad que le fue impuesta y vulnerado el derecho a la
igualdad, «[…] toda vez, que [los] docentes que realizaron los mismos trámites
y ascendieron en el escalafón […] [que] recibieron su salario […] y […]
pensiones […] con [fundamento en este] nuevo [rango], [les fue impuesta] la
misma sanción que [al actor], [aun] cuando el no pudo ascender y no obtuvo
ningún provecho de los recursos [provenientes] del estado […]» (sic); (ii) por
ser desconocida su condición de vulnerabilidad, al manifestar que padece de
una enfermedad, «[…] DIABETES E INSULINODEPENDIENTE […], lo
cual lo hace una persona de especial protección por el estado, [al] ser un
trabajador enfermo que se lo desvinculó del sistema de salud, lo cual hace que
la decisión desproporcionada de las entidades demandadas, sea más gravosa y
perjudicial a [sus] derechos fundamentales […]» (sic); y (iii) al vulnerar el
derecho al debido proceso, al no ser tenidos en cuenta los principios y el
procedimiento sancionatorio, en especial lo dispuesto en el artículo 18 del
Código Disciplinario Único, en el que se establece la proporcionalidad de la
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sanción disciplinaria, la cual debe de ser acorde con la falta, pues, como se
indicó, los organismos demandados aplicaron una sanción desmedida que se
demuestra tan solo con observar los otros procedimientos de los docentes que
sí defraudaron al Estado y se les sancionó de la misma manera que al actor.
Que también fue vulnerado por la parte demandada el artículo 26 de la Ley 631
de 1997, al no haberse previamente solicitado del Ministerio del Trabajo
autorización para que, como paciente con diabetes e insulinodependencia,
pudiese ser desvinculado.
1.5 Contestación de la demanda (ff. 186 a 189). La accionada, Procuraduría
General de la Nación, por conducto de apoderada, se opuso a la prosperidad de
las pretensiones de la demanda, al argumentar principalmente que su actuación
estuvo ajustada al ordenamiento jurídico y los actos acusados fueron proferidos
de conformidad con los requisitos de validez y legalidad, en desarrollo de su
obligación que, como órgano de control de la función pública, le asiste en la
protección y guarda de los derechos fundamentales.
Sostiene que en el marco del procedimiento disciplinario, en el que resultó
sancionado el demandante, fueron respetadas las garantías fundamentales al
debido proceso y defensa, por cuanto «[…] (i) el trámite administrativo se
adelantó de cara a lo dispuesto en la Ley 734 de 2002; (ii) se le permitió al
disciplinado ejercer su derecho de contradicción formulando descargos,
alegando de conclusión, apelando el fallo de primera instancia, es decir,
permitiendo su participación activa ante el operador disciplinario; (iii) se
efectuó una adecuada individualización de la conducta objeto de reproche; y,
(iv) la sanción impuesta al demandante atendió a los principios de
proporcionalidad y razonabilidad […]» (sic).
Respecto de los argumentos expuestos en relación con que se le impuso al
demandante una sanción desproporcionada, porque no se causó un daño
patrimonial al Estado, dado que no se le ascendió en el escalafón, que fue
víctima de una estafa y que a los demás docentes que cometieron la misma falta,
pero se beneficiaron del ascenso en el escalafón, se les impuso la misma sanción
que a él, indica que «[…] si bien el accionante no señala cuáles son los «otros
docentes» sancionados, lo cierto es que, tal como [fijó] en su oportunidad el
operador disciplinario, la falta endilgada […] consistió en «Suministrar datos
inexactos o documentación con contenidos que no correspondan a la realidad
para conseguir posesión, ascenso o inclusión en carrera administrativa», art.
48 numeral 56 de la ley 734 de 2002, siendo el verbo rector de esta
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«SUMINISTRAR», sin que sea necesario para la configuración de la misma que
el infractor logre engañar a la administración y lucrarse de ello […]» (sic).
Aduce que el tipo disciplinario que le fue endilgado al actor, corresponde a un
acto de mera conducta, mas no de resultado, que se configura cuando se
suministra dato inexacto o bien se suministra documentación con contenido que
no correspondan a la realidad con el objeto de conseguir posesión en un cargo
para el cual no se cumple los correspondientes requisitos; y frente a la ilicitud
sustancial, que esta se configuró, porque el disciplinado con su actuar contrario
a derecho, realizó objetivamente la descripción típica de la falta disciplinaria
gravísima contenida en el numeral 56 del artículo 48 del mencionado estatuto.
Sostiene, por otra parte y en lo atañedero a la aplicación de lo dispuesto por la
Ley 631 de 1997, que «[…] la presunta autorización que trae a colación la
parte actora no vicia de nulidad los fallos sancionatorios […] por cuanto la
autorización de la autoridad competente debe mediar, en términos del artículo
263 de la Ley 361 de 1997, en los eventos en que una persona con discapacidad
vaya a ser despedida o su contrato terminado por razón de su discapacidad,
mas no en los casos en que fruto de un proceso disciplinario se imponga una
sanción […]» (sic), y si en gracia de discusión se llegare a considerar lo
contrario, es del caso precisar que el artículo 5 de la misma normativa exige
que en el carné de la persona en situación de discapacidad se consigne tal
calificación, prueba que no fue aportada por el accionante.
• Por su lado, el departamento del Cauca contestó la demanda y concluye que
«De probado en el proceso se tiene que una vez ejecutoriado el fallo
sancionatorio de fecha 31 de marzo de 2017, la Secretaría de la Procuraduría
Regional del Cauca remite copia del fallo de primera y segunda instancia al
Departamento del Cauca, para dar cumplimiento al artículo 172 de la ley 734
de 2002. Razón por la cual se observa que los actos administrativos proferidos
por el Departamento del Cauca, que fueron demandados en el presente proceso
fueron proferidos en cumplimiento de un deber legal, por el funcionario
[competente], debidamente motivados, sin desviación de poder, garantizando
así el derecho de defensa del demandante» (sic).
1.6 La providencia apelada (ff. 269 a 281vuelto). El Tribunal Administrativo
del Cauca, en sentencia de 26 de septiembre de 2019, negó las súplicas de la
demanda (con condena en costas), al considerar que el análisis probatorio, la
adecuación típica que se le dio a la conducta desplegada por el docente y la
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dosificación de la sanción impuesta, realizados por la respectiva autoridad
disciplinaria, están ajustados a derecho.
Respecto de la adecuación típica y la comprobación de la comisión de la falta,
arguye que la conducta que le fue atribuida al actor, en efecto, sí correspondía
a la de la falta reseñada en el artículo 48 (numeral 56) de la Ley 734 de 2002,
pues si bien los hechos «[…] daban cuenta de que este había presentado un
diploma y un acta de grado falsos para obtener un ascenso en el escalafón
docente […]», esto fue corroborado a través de los documentos atañederos a la
solicitud de ascenso, el diploma, el acta de grado y la certificación de que el
actor no era egresado de la institución universitaria que presuntamente había
expedido el título.
Que si bien se encuentra probado «[…] que el actor nunca cursó estudios en la
Fundación Universitaria Los Libertadores y, […] aún consciente de dicha
situación, pretendió aducir un diploma y un acta de grado falsos que lo
acreditaban como especialista en lúdica y recreación para el desarrollo social
y cultural de esa entidad, con el fin de obtener un ascenso en el escalafón
docente y acceder a mejores prestaciones laborales y sociales […]»; y afirmó
«[…] que los documentos los obtuvo de buena fe porque un compañero le dijo
que le colaboraba para homologar su tiempo de servicios y un diplomado por
la citada especialización, […] que se había confiado de la legalidad de su
actuar […]», ello no constituye excusa válida para haber incurrido en dicha
falta; pues, tal como lo ha desarrollado la doctrina y lo señalan los artículos 768
y 1603 del Código Civil, 863 y 871 del Código de Comercio y 83 de la
Constitución Política, debe entenderse que la mera creencia interna no es
constitutiva de la buena fe, sino que ella surge del comportamiento, ya por
acción o por omisión de las personas que pueda ser verificable.
Que «[…] si el demandante era consciente de que no había sido estudiante de
la fundación universidad Los Libertadores y que tampoco había acudido el 13
de diciembre de 2012 a la ciudad de Bogotá a recibir un diploma, no podía
pretender indicar que actuaba de buena fe ni tampoco de manera negligente,
cuando entregó los documentos aludidos a la secretaría de educación del
departamento del Cauca reclamando un ascenso, ya que era plenamente
conocedor de que la información que estaba contenida en ellos no era real,
pese a lo cual no se abstuvo de tal acto».
En relación con la proporcionalidad en la dosificación de la sanción impuesta,
a partir de la consideración de que a otras personas que incurrieron en la misma
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falta y que alcanzaron a obtener beneficios económicos, se les aplicó la misma
pena (destitución e inhabilidad por 11 años), afirma que no se demostró que
existiera sanciones menores o iguales a la que se le impuso al actor frente a otros
docentes que hubieran incurrido en igual falta con consecuencias más graves y,
además, el ente disciplinario impuso una pena baja dentro del margen que le
permitía la norma, a pesar de que incurrió el actor en la conducta bajo la
modalidad de dolo.
Por otra parte, en lo referente a la procedencia de la separación del cargo del
accionante dadas sus particulares condiciones de salud, aduce que aunque en
los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, se estatuye lo concerniente
a la no discriminación a persona en situación de discapacidad, «[…] de la
lectura de la norma invocada por la parte actora, se extrae que la imposibilidad
respecto [del] despido de una persona en situación de discapacidad de que trata
el contenido normativo enunciado, se limita a que la desvinculación se
fundamente en la aquella discapacidad que presente el respectivo
empleado/trabajador, siendo indispensable destacar que de conformidad con
el artículo 5 de la misma ley, la situación de discapacidad se acredita a partir
de una calificación que se encuentre registrada en el carné de afiliación al
sistema de seguridad en salud del empleado, lo cual es útil para identificarlo
como titular de los derechos de que trata la Ley 316 de 1997 […]»; luego, si
bien la parte actora allegó apartes de su historia clínica, con la que se constata
que sufre de diabetes, ello no constituye que sufra alguna incapacidad y, por
consiguiente, no se encuentran acreditados los requisitos para invocar la norma
en comento, por lo que también se halla desestimada la posibilidad de aplicar
las premisas normativas solicitadas en aras de evitar la imposición de sanciones
disciplinarias en su contra.
1.7 El recurso de apelación (ff. 293 a 297). Inconforme con la anterior
providencia, la parte actora, mediante su apoderado, interpuso recurso de
apelación, con el que refuta lo estimado por el Tribunal.
Argumenta que le fueron desconocidos con la decisión sus derechos
fundamentales a la igualdad y debido proceso, consagrados en los artículos 13
y 29 de la Constitución, al no reconocerse por el a quo que se trataba de una
persona con una condición especial, que padecía de una afectación en su salud,
la cual debía ser objeto de especial protección, por encontrarse en un estado de
vulnerabilidad manifiesta; razón por la cual, para poder llegar a prescindir de
sus servicios, era necesario que se «[…] aplicar[a] el procedimiento contenido
en la sentencia de unificación SU 049 de 2019 [sic] y [el fallo] C-200 de 2019,
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que implicaba de manera obligatoria, pedirle permiso al Ministerio del Trabajo
para poder despedirlo, y como quiera que esa no fue la conducta [que asumiera]
la entidad, el despido se tiene [por] ineficaz, […] debió [ordenar su] reintegr[o]
[...] [junto] con el pago de salarios y prestaciones sin solución de continuidad
[…]» (sic).
Que al igual como lo adujo en sus correspondientes alegatos, se debe entender
que «[…] las sentencias de unificación (SU) 049 de 2017, y C- 200 de 2019, [se
encuentran] dirigidas a la protección del trabajador que presenta [una]
situación de salud, sin necesidad de que presente [una] invalidez, como de […]
manera equivocada, lo pretende exigir el A quo, por tanto [...] si la conducta
que según la procuraduría desplegó [el demandante] fuera típica, se requería
de la autorización del Ministerio del Trabajo […]» (sic), para poder disponer
de su retiro.
Que fue desconocido por el juzgador el mencionado precedente jurisprudencial,
que precisa el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de las
personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta, como
consecuencia de afecciones a su salud; como el principio de solidaridad, en
virtud de los cuales el empleador debe preservar al trabajador enfermo en su
empleo o acudir al Ministerio del Trabajo para solicitar su autorización con el
fin de poder despedirlo.
Concluye que, como lo señala la Corte Constitucional en sus providencias, los
entes demandados debieron pedir autorización al Ministerio del Trabajo para
desvincular a un trabajador con deficiencias de salud, y no lo hicieron, peses a
que la consecuencia es que, en este caso, «[…] 1. El trabajador goza de
estabilidad ocupacional reforzada. 2. Al no reposar autorización del Ministerio
de Trabajo, se presume que el despido es discriminatorio. 3. Surge
inexorablemente la ineficacia del despido. 4. Se le debe realizar al actor el pago
de salarios y prestaciones dejadas de percibir. 5. Se debe realizar en favor del
demandante el reintegro en un cargo igual o superior del cual fue despedido.
6. Surge en favor del [demandante], el derecho a recibir indemnización de 180
días de salario […]» (sic).
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido con auto de 3 de octubre de 2020 (f. 299)
y admitido por esta Corporación a través de proveído de 30 de noviembre de
2021 (f. 310), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
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Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de providencia de 28 de abril de 2022 (f. 332), para que
aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, sin que fuere allegado
pronunciamiento alguno de las primeras y el segundo rindió concepto fiscal.
• Ministerio Público. El señor procurador tercero delegado ante el Consejo de
Estado, quien funge como representante del Ministerio Público dentro del
presente proceso, es del criterio de que se debe confirmar el fallo impugnado
porque «materialmente se estima que el actor sí incurrió en la falta imputada y
se le probó en debida forma; que los argumentos de ataque no tuvieron la
contundencia necesaria para dudar de la legalidad de la actuación
disciplinaria, conforme a las explicaciones sobre esos planteamientos de
carácter teórico sin pruebas que les dieran el debido soporte para llevar algún
grado de certeza a la autoridad judicial, pues la diabetes diagnosticada no fue
llevada a la Junta de Calificación de Invalideces y no se desvirtuó en forma
alguna error en la dosificación de la falta censurada».
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Actos acusados.
3.2.1 Decisión administrativa de primera instancia de 29 de noviembre de 2016,
proferida por la procuraduría regional del Cauca dentro del expediente
disciplinario IUS 2016-955177 /IUC-D-2016-45-842331, a través de la cual
sancionó al demandante con destitución e inhabilidad general por el término de
once (11) años (ff. 4 a 28).
3.2.2 Acto administrativo de 31 de marzo de 2017, con el que el procurador
segundo delegado para la vigilancia administrativa confirmó aquella
determinación (ff. 33 a 43).
3.2.3 Decreto 580 de 14 de junio de 2017, por el cual la gobernadora (e) del
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Cauca, en cumplimiento de la sanción impuesta, dispuso el retiro del
demandante; y oficio 4.8.2.1-2017-3646 (sin fecha), por medio del cual el jefe
de recursos humanos de la secretaría de educación del Cauca negó la solicitud
de reintegro del accionante.
3.3 Problema jurídico. La Sala debe determinar si la sentencia apelada fue
ajustada a derecho, en cuanto el Tribunal Administrativo del Cauca negó las
pretensiones de la demanda. Para tal propósito, examinará los actos acusados,
conforme a las acusaciones de la demanda y el escrito de alzada,
específicamente se revisará si, en materia disciplinaria, por padecer de una
enfermedad, el retiro del accionante por destitución debe diferirse o cumplir un
procedimiento especial.
3.4 Hechos probados. Se hará referencia a las pruebas que guardan relación
con los problemas jurídicos derivados de las causales de nulidad invocadas en
el escrito de apelación de la sentencia de primera instancia:
a) Solicitud de ascenso al grado 14 del escalafón docente, formulada por el
demandante ante la secretaría de educación del Cauca el 8 de octubre de 2014;
para ello aportó copia del diploma de «especialista en lúdica y recreación para
el desarrollo social y cultural» conferido en Bogotá el 13 de diciembre de 2012,
por la Fundación Universitaria Los Libertadores; y del acta grado de la misma
fecha, suscrita por la secretaria general de esa universidad (ff. 7 a 9, c. 2)
b) Oficio de 21 de noviembre de 2014, emitido por la directora de registro y
control de la Fundación Universitaria Los Libertadores, con sede en Bogotá, en
el que informa que «el diploma presentado por el señor LUIS ANTONIO
GRUESO [...] no fue emitido por la institución, ya que el señor Luis Antonio no
se encuentra registrado en las bases de datos como egresado» (f. 10, c. 2).
c) Resolución 9092 de 5 de diciembre de 2014, expedida por la secretaria de
educación del Cauca, por medio de la cual se le negó al demandante el ascenso
al grado 14 del escalafón docente, con fundamento en el oficio antes
mencionado, que certificó que no figuraba como egresado de dicha institución
educativa (fl. 42 c. 2).
d) Auto 27 de 18 de marzo de 2016, proferido por el procurador regional del
Cauca, por el que se inició la indagación preliminar contra el actor (ff. 12 a 14,
c. 2).
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Luis Antonio Grueso Romero contra la Nación - Procuraduría General de la Nación y
otro
e) Auto que califica procedimiento y cita a audiencia, emitido por el procurador
regional del Cauca, por la posible comisión del hecho disciplinable contenido
en los artículos 35 (numeral 12) y 48 (numeral 56) de la Ley 734 de 2002,
porque «para conseguir su ascenso en el grado 14 del Escalafón Nacional
Docente, […] al parecer suministró datos inexactos y presentó documentos
presuntamente falsos, consistente en el Acta de Grado y Título de Especialista
en Lúdica y Recreación para el Desarrollo Social y Cultural […]» (ff. 45 a
54).
f) Actas de audiencias de 26 de octubre, 1º y 15 de noviembre de 2016, en las
que se agotó las etapas procedimentales del trámite verbal (ff. 74 a 77 y 87 a
93).
A las demás pruebas hará mención la Sala al momento de resolver los cargos
planteados en la apelación del fallo.
3.5 Debido proceso en el procedimiento disciplinario. Los artículos 29 de la
Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002 establecen la garantía del debido
proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y formales de
obligatorio acatamiento por parte de las autoridades disciplinarias, en cuanto
constituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen, entre otras
cosas, en la posibilidad de defenderse, presentar y controvertir pruebas e
impugnar las decisiones que los afecten; cuando ello no ocurre el sancionado
puede acudir ante el juez de lo contencioso-administrativo en demanda de
nulidad de las decisiones adoptadas por los funcionarios administrativos, si se
evidencia violación del debido proceso.
Congruente con lo anterior, también la jurisprudencia constitucional ha sido
particularmente reiterativa en que, en todos los trámites de naturaleza
disciplinaria, los respectivos funcionarios deberán observar y aplicar de manera
rigurosa el derecho fundamental al debido proceso, lo que incluye, además de
aquellas garantías que, según se explicó, conforman su contenido básico
aplicable en todos los casos, las que la jurisprudencia ha señalado como propias
de este tipo de procedimientos:
A partir de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado desde sus
inicios el mínimo de aspectos inherentes a la noción de debido proceso, cuya
vigencia es indispensable en todo tipo de actuación disciplinaria. Esos
criterios, que se traducen en deberes de la autoridad disciplinaria, son los
11
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otro
siguientes1:
“i) La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario
a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de sanción;
ii) La formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o
escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa
las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan
lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas
disciplinarias;
iii) El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que
fundamentan los cargos formulados;
iv) La indicación de un término durante el cual el acusado pueda
formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y
allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos;
v) El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes
mediante un acto motivado y congruente;
vi) La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la
motivaron; y
vii) La posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante
los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones.”
En la misma línea, la jurisprudencia se ha referido también a los siguientes
elementos o principios, derivados del artículo 29 superior y aplicables a
todas las actuaciones disciplinarias2: “(i) el principio de legalidad de la
falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de publicidad, (iii) el
derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y de
controversia de la prueba, (iv) el principio de la doble instancia, (v) la
presunción de inocencia, (vi) el principio de imparcialidad, (vii) el
principio de non bis in idem, (viii) el principio de cosa juzgada y (ix) la
prohibición de la reformatio in pejus” 3.
De antemano, reitera esta Colegiatura que si bien la garantía del debido proceso
abarca un conjunto de principios materiales y formales de obligatoria
observancia por parte de las autoridades disciplinarias, que a la vez constituyen
derechos de los sujetos disciplinables, tampoco se debe desconocer que los
actos de la administración gozan de la presunción de legalidad, hoy por expresa
disposición del artículo 88 del CPACA4, indemnidad que adquiere mayor
connotación cuando se trata de decisiones sancionatorias de carácter
disciplinario, en virtud de que su formación estuvo precedida de la participación
activa del investigado y de su apoderado, mediante defensa técnica, con
1 Sobre este tema ver especialmente la sentencia T-301 de 1996 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), reiterada en
otras posteriores, entre ellas T-433 de 1998 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra), T-561 de 2005 (M. P. Marco Gerardo
Monroy Cabra), T-1034 de 2006 y C-213 de 2007 (en estas dos M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) y C-542 de
2010 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).
2 Cfr. especialmente la sentencia C-555 de 2001 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), además de las ya citadas
T-1034 de 2006, C-213 de 2007 y C-542 de 2010.
3
Sentencia T-429 de 2014, M. P. Andrés Mutis Vanegas, véase también la sentencia C- 721 de 2015.
4
«Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales
mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción Contencioso Administrativa […]»
12
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ejercicio de los derechos de contradicción y defensa. De ahí que en sede judicial
se realice un juicio de validez de la actuación disciplinaria, no de corrección, y
por ello no cualquier defecto procesal tiene el poder de afectar la presunción de
legalidad que ampara dichos actos administrativos.
Esta Corporación ha reiterado que «de acuerdo con la Jurisprudencia
Constitucional5 y Contencioso Administrativa6 no toda irregularidad procesal
da lugar a nulidad, en ese orden, para que el defecto bajo análisis -atendiendo
a las condiciones del caso concreto- conduzca a la anulación del proceso
correspondiente debe afectar el núcleo esencial del debido proceso y ser
trascendental para la modificación de la decisión objeto de cuestionamiento
judicial»7, y este no es el caso, como se explica a continuación.
Ahora bien, advierte la Sala que el apelante, en esta instancia, no discute los
hechos que motivaron la sanción, sino que limita su inconformidad a que, a su
juicio, no podía ser retirado del servicio porque gozaba de estabilidad laboral
reforzada por padecer una enfermedad, pues (i) «[…] existe el principio de
solidaridad, el cual el empleador tiene el deber de preservar al trabajador
enfermo, o acudir al Ministerio de Trabajo solicitando autorización para
poderlo despedir, en el caso concreto, las entidades demandadas en los actos
administrativos acusados no tuvieron en cuenta el principio de solidaridad de
que trata la Sentencia de Unificación [se refiere a la sentencia SU-49 de 2017]
inmediatamente citada en cuanto solicitaron el permiso para desvincular al
señor Grueso Romero» (sic, destacado es del texto); y (ii) «[…] Tal como lo
señala la Corte Constitucional [fallo C-200 de 2019], las entidades
demandadas debieron pedir autorización al Ministerio de Trabajo para
desvincular a un trabajador con deficiencias de salud, y como no lo hicieron,
la consecuencia es: 1. El actor goza de estabilidad Ocupacional reforzada. 2.
Al no reposar autorización del Ministerio de Trabajo, se presume oue el
Despido es Discriminatorio. 3. Surge inexorablemente La ineficacia del
Despido. 4. Se le debe realizar al actor el pago de salarios v prestaciones
dejadas de percibir. 5. Se debe realizar en favor del demandante el Reintegro
en un cargo igual o superior del cual fue despedido. 6. Surge en favor del
señor Grueso Romero. El derecho a recibir indemnización da 180 días de
salario» (sic para todo el texto y lo resaltado no es de la Sala).
5
Corte Constitucional, Sentencia T-125 de 2010.
6
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de abril de 2013, radicado: 11001-03-25-
000-2011-00599-00 (2307-2011).
7
Fallo de 28 de julio de 2014, sección segunda, subsección B, radicado: 11001-03-25-000-2011-00365-00 (1377-
11).
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Por tanto, sea lo primero precisar que lo que discute el demandante son aspectos
ajenos al contenido de los actos acusados, sin embargo, respecto del trámite
disciplinario se indica lo siguiente:
3.5.1 Las pruebas se apreciaron en forma integral, de acuerdo con las
reglas de la sana crítica. Advierte la Sala que como no se trata de repetir en
sede judicial la valoración probatoria que realizó la demandada en el
procedimiento administrativo, pues se desnaturalizaría la potestad disciplinaria,
el examen integral de legalidad recae en el contenido de los actos acusados
frente al orden jurídico superior al que estaban sometidos y los supuestos de
hecho en que se fundaron.
Sobre la apreciación de las pruebas, la Ley 734 de 2002 preceptúa:
ARTÍCULO 141. APRECIACIÓN INTEGRAL DE LAS
PRUEBAS. Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo
con las reglas de la sana crítica.
En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de
las pruebas en que ésta se fundamenta.
ARTÍCULO 142. PRUEBA PARA SANCIONAR. No se podrá
proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que
conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la
responsabilidad del investigado.
En el presente caso, el actor alega que las autoridades disciplinarias no actuaron
con imparcialidad en las diligencias que se adelantaron en su contra porque no
valoraron de manera adecuada las pruebas recaudadas porque fue engañado por
un tramitador que le aseguró que con su experiencia y un diplomado que había
realizado podía homologar el título de postgrado.
Los medios probatorios que se recibieron durante la actuación administrativa
muestran en conjunto una realidad material que debe ser apreciada como
legalmente corresponde, según la ley disciplinaria, es decir, que la finalidad de
este procedimiento «[…] es la prevalencia de la justicia, la efectividad del
derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los
derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen», tal como lo
dispone el artículo 20 de la mencionada Ley 734, y al mismo tiempo tener en
cuenta que la sanción disciplinaria «[…] tiene función preventiva y correctiva,
para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la
Constitución, la ley y los tratados internacionales que se deben observar en el
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ejercicio de la función pública», como lo instituye el artículo 16 ibidem.
Sobre las pruebas, «La Corte Constitucional ha establecido como regla inicial
que la simple transgresión de las normas procesales que regulan la inclusión
de pruebas en las diligencias no implica afectación del debido proceso. Estas
irregularidades menores se refieren a la afectación de las formas propias de
los juicios, pero dada su baja intensidad en la definición del conflicto, no
quedan cobijadas por el inciso final del artículo 29 constitucional» (sentencia
T-233 de 20078); también señaló en la misma providencia que «Valorar una
prueba no necesariamente implica admitir su contenido. La valoración de la
prueba es, precisamente, el procedimiento previo que permite establecer si el
contenido de lo que se prueba puede ser admitido como elemento de convicción
y sustento de la consecuencia jurídica».
Para la Sala la indebida o falta de apreciación integral de las pruebas no ocurrió.
Revisado el expediente administrativo, se observa que la accionada efectuó en
las decisiones un amplio análisis y examen integral de las evidencias
probatorias; en ese contexto, explicó y justificó con suficiencia por qué dio
credibilidad a unas pruebas y se apartó de otras, y el hecho de que el accionante
esté en desacuerdo con tal razonamiento, no implica que haya incurrido en
violación de los derechos de contradicción, defensa y debido proceso o que no
existieran razones suficientes para sancionar.
Asimismo, cabe precisar que el demandante no redarguye específicamente las
pruebas recaudadas, pues su censura se sustenta de manera general respecto del
acervo probatorio y que fue inducido a error o engaño por un tramitador.
Sobre la indebida valoración probatoria, encuentra la Sala que dentro del
procedimiento sancionatorio se recibieron testimonios, se aceptaron las pruebas
practicadas válidamente en la actuación sancionatoria y se halla demostrada la
conducta dolosa de aportar documentos falsos para obtener el ascenso al
escalafón docente en el grado 14.
Ahora bien, el demandante afirma que esta omisión no fue dolosa, sino culposa,
empero, para la Sala no resulta razonable que un docente niegue tener el
conocimiento acerca de que, para obtener un postgrado en la modalidad de
especialización, deba matricularse en una universidad, cursar las respectivas
materias y cumplir los requisitos para obtener el grado de la correspondiente
facultad. Pretender lograr un título de especialización con un mero diplomado
8
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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y $4.000.000,oo (que le pagó a un tramitador) resulta un despropósito.
En cuanto a los derechos del demandante, constata la Sala que durante el curso
de la actuación administrativa se le respetaron todas la garantías procesales y
sustanciales para ejercer las prerrogativas de contradicción y defensa, así, desde
la apertura de indagación y durante el curso de la investigación disciplinaria fue
escuchado, tuvo la oportunidad de solicitar y aportar pruebas, presentar
descargos y alegaciones finales e interponer recursos, proponer nulidades etc.,
por mencionar algunas; es decir, que no se afectó su participación en el
procedimiento, ni las garantías sustanciales y procesales iusfundamentales.
Además, el hecho de no ascender ni recibir los dineros de ese nuevo escalafón
no enerva ni hace menos gravosa la conducta gravísima por la cual le imputaron
el hecho disciplinable y fue sancionado.
3.5.2 Respecto de la violación de su derecho a permanecer en el cargo por
gozar de estabilidad reforzada, al estar enfermo. La Sala reivindica la
autonomía del derecho sancionatorio, de manera que quien cometa un hecho
disciplinable debe sufrir las consecuencias de su actuar y padecer una
enfermedad (salvo que se alegue como una causal de exclusión de
responsabilidad dentro de ese trámite) no lo exime ni impide que sobre él
recaiga la sanción.
Al respecto, en primer lugar, se precisa que las sentencias SU-49 de 20179 y C-
200 de 201910 de la Corte Constitucional, invocadas por el actor como garantía
de una estabilidad laboral reforzada por su enfermedad, se refieren a vínculos
regidos por contratos de trabajo o de prestación de servicios.
Sin embargo, recuérdese que la estabilidad laboral reforzada fue concebida por
9
Concluyó: «8. Síntesis de la unificación // 8.1. El derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada es
una garantía de la cual son titulares las personas que tengan una afectación en su salud que les impida o dificulte
sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, con independencia de si tienen una
calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda. La estabilidad ocupacional reforzada
es aplicable a las relaciones originadas en contratos de prestación de servicios, aun cuando no envuelvan
relaciones laborales (subordinadas) en la realidad. La violación a la estabilidad ocupacional reforzada debe dar
lugar a una indemnización de 180 días, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, interpretado
conforme a la Constitución, incluso en el contexto de una relación contractual de prestación de servicios, cuyo
contratista sea una persona que no tenga calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o
profunda» (destacado no es del texto).
10
En la que se declara «EXEQUIBLE el numeral 15 del literal A) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo,
únicamente por el cargo analizado en esta oportunidad, EN EL ENTENDIDO de que carece de todo efecto jurídico
el despido o la terminación del contrato de trabajo de una persona por razón de su situación de salud cuando no
exista autorización previa del inspector de trabajo. Además de la ineficacia descrita previamente, quienes fueren
despedidos o su contrato terminado por razón de su situación de salud, sin la autorización del inspector de trabajo,
tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás
prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas
que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren, en los términos de la parte motiva de esta providencia».
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el artículo 53 de la Carta Política como principio que rige todas las relaciones
laborales y que se expresa en «[…] la conservación del cargo por parte del
empleado, sin perjuicio de que el empleador pueda dar por terminada la
relación laboral al verificar que se ha configurado alguna de las causales
contempladas en la ley como “justa” para proceder de tal manera o, que de
estricto cumplimiento a un procedimiento previo»11.
Por consiguiente, dicha prerrogativa, dirigida a personas cuya merma en su
salud (física o mental) les impida desarrollarse plenamente en todos los ámbitos
de su vida, les concede, desde el punto de vista laboral, el derecho a (i) conservar
el empleo, (ii) no ser retirados de este por la situación de vulnerabilidad, (iii)
permanecer en el cargo hasta cuando se requiera y siempre que no se establezca
una causal objetiva que imponga la desvinculación; y (iv) que la autoridad
laboral competente autorice el despido, previa verificación de la estructuración
de la causal objetiva, no relacionada con el estado médico del trabajador, so
pena de que, de no determinarse, sea declarado ineficaz12.
Ahora bien, para efectos del cumplimiento de la mencionada protección al
demandante, como se indicó arriba, se le siguió un procedimiento disciplinario
con las etapas y garantías que la ley establece, que culminó con la imposición
de la sanción de destitución, conforme a la Ley 734 de 2002, dirigida a los
servidores públicos13. En consecuencia, el cargo propuesto no prospera.
Sin más disquisiciones sobre el particular y a partir de una sana hermenéutica
jurídica, la Sala arriba a la convicción de que se debe confirmar la sentencia
apelada, en cuanto negó las súplicas de la demanda.
Por otra parte, frente a la condena en costas, la Sala estima que según lo
dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por
remisión expresa del artículo 188 del CPACA, se deben estudiar para tal fin
aspectos como la temeridad o mala fe en la que la parte vencida pudo incurrir.
En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1º de diciembre
de 201614, así:
11
Corte Constitucional, fallo T-449 de 2008, M. P. Humberto Sierra Porto.
12
Ver, de la Corte Constitucional, sentencias T-2 de 2011, M. P. Mauricio González Cuervo; y T-320 de 2016, M.
P. Alberto Rojas Ríos.
13
«ARTÍCULO 2°. Titularidad de la acción disciplinaria. Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la
Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y Municipales, corresponde a las oficinas de
control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del
Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias. […]
La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta».
14
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
17
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En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas en
la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».
Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en
caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal
de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se
entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Por consiguiente, se considera que la referida normativa deja a disposición del
juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y
no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus
intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe; por tanto, al no
observarse tal proceder de la parte accionante, se revocará dicha condena.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
18
Expediente 19001-23-33-000-2018-00044-01 (335-2021)
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otro
nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el Ministerio
Público,
FALLA:
1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 26 de septiembre de 2019 proferida
por el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las súplicas de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Luis Antonio
Grueso Romero contra la Nación – Procuraduría General de la Nación y el
departamento del Cauca, conforme a la motivación.
2º. Revócase la condena en costas impuesta a la parte demandante, de acuerdo
con la motivación del presente fallo.
3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SADRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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