Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00052-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00052-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2018-00052-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de mayo de 2025
Radicado: 19001-23-33-000-2018-00052-01
Demandante: Consuelo Medina Orozco
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001-23-33-000-2018-00052-01 (3157-2022)
Demandante: Consuelo Medina Orozco
Demandado: Departamento del Cauca 1.
Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Confirma decisión
de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la entidad demandada contra la sentencia del 7 de abril de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
2. La señora Consuelo Medina Orozco por intermedio de apoderada y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó que se declare la
nulidad del Oficio G- IN 256 del 28 de septiembre de 2017, por medio del cual se negó
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no cancelación de los derechos
laborales reconocidos en las Resoluciones núm. 22 del 16 de mayo y 30 del 21 de
junio del 2016.
3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en
las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, correspondiente a un (1) día de salario por
cada día de retardo, ii) la indexación de los valores reconocidos, entre otras condenas.
1 La demanda inicialmente fue dirigida contra Innovar documental; sin embargo, mediante el Decreto 0500-06-2019
del 10 de junio de 2019 el gobernador del departamento del Cauca suprimió y ordenó su liquidación, asumiendo
como sucesor procesal a partir del 27 de diciembre de 2019.
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Radicado: 19001-23-33-000-2018-00052-01
Demandante: Consuelo Medina Orozco
Hechos
4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
5. La señora Consuelo Medina Orozco estuvo vinculada con la empresa Innovar
Documental por el periodo comprendido entre el 1° de enero de 1990 y el 31 de julio
de 2015, cuando fue aceptada su renuncia.
6. La entidad en mención por medio de la Resolución núm. 22 del 16 de mayo de 2016,
reconoció y ordenó el pago de las prestaciones sociales por valor de $15. 605.332
COP. Encontrándose dentro de la oportunidad legal, interpuso recurso de reposición
contra el anterior acto administrativo, el cual fue resuelto mediante la Resolución núm.
30 del 21 de junio del mismo año, aumentando la suma a $16.791.453 COP.
7. A la fecha de presentación de la demanda no se había efectuado su cancelación.
8. El 12 de septiembre de 2017 exigió el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria, solicitud que fue resuelta en forma negativa a sus intereses a través del acto
hoy demandado.
Fundamentos de derecho y concepto de violación
9. Señaló como vulneradas las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
10. Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de la demandante expuso
que la señora Consuelo Medina Orozco es beneficiaria del régimen de retroactividad
de sus cesantías, en razón a que su vinculación ocurrió antes del 30 de diciembre de
1996. Siendo así, tiene derecho a que se le respete el término perentorio dentro del
cual la entidad empleadora tenía la obligación de reconocer y pagar el auxilio
definitivo, so pena de generarse la sanción moratoria.
Contestación de la demanda
11. El departamento del Cauca guardó silencio.
Sentencia de primera instancia
12. El Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia del 7 de abril de 2022 2,
previa declaratoria de nulidad del acto demandado, ordenó al departamento del Cauca,
en calidad de sucesor procesal de Innovar Documental, a pagar a favor de la señora
Consuelo Medina Orozco una sanción moratoria por el periodo comprendido entre el
3 de mayo de 2016 y el 19 de diciembre de 2019; tomando como base la asignación
2 Folios 172 a 175 del expediente físico.
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Demandante: Consuelo Medina Orozco
básica devengada por la actora en el «año 2015», y condenó en costas a la parte
demandada.
13. Adujo el a quo que la demanda se presentó con el objeto de obtener el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la cancelación tardía de las
cesantías definitivas a favor de la señora Consuelo Medina Orozco.
14. Quedó acreditado que la demandante es beneficiaria del régimen con
retroactividad de las cesantías, pues se vinculó a una entidad del orden territorial con
anterioridad a la Ley 344 de 1996, «estando vinculada al Fondo Nacional del Ahorro».
15. Por lo anterior, en principio no tendría derecho a la sanción moratoria, ya que esta
no aplica para los afiliados a dicho fondo; sin embargo, como lo pretendido es producto
de la terminación de la relación laboral, debe estudiarse la penalidad a la luz de las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
16. En ese contexto, la demandante solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías
el 20 de enero de 2016, razón por la cual la entidad demandada debía resolver la
petición el 10 de febrero de la misma anualidad; sin embargo, el acto administrativo se
expidió el 16 de mayo de ese mismo año, es decir por fuera de los términos previstos
en la norma. «Así, debe acudirse a la primera regla sentada en la sentencia de
unificación del 18 de julio de 2018, vista en el acápite anterior; esto es, que el
empleador tenía 70 días hábiles para realizar el pago del auxilio de cesantía, pues de
no hacerlo en este término, incurriría en mora»
17. Si bien en el presente asunto se interpuso recurso de reposición, debe ponerse de
presente que la tercera hipótesis de la antedicha providencia fue fijada en el evento en
que el acto primigenio es expedido dentro del término legal. Luego, no podría iniciar el
conteo a partir del acto administrativo que resolvió el recurso, pues se insiste en que
el acto que reconoció el auxilio fue expedido por fuera de los términos para ello.
18. En ese orden de ideas, los 70 días con los que disponía la entidad demandada
para realizar el pago de la prestación vencieron el 2 de mayo de 2016; no obstante,
como la cancelación se efectuó el 20 de diciembre de 2019, incurrió en mora desde el
3 de mayo de 2016 hasta el 19 de diciembre de 2019.
19. Por último, negó la indexación de la sanción moratoria con base en la sentencia
anteriormente mencionada y condenó en costas a la parte vencida.
Recurso de apelación
20. La apoderada del departamento del Cauca 3 interpuso recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia en los siguientes términos:
3 Folios 182 a 186 del expediente físico.
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Demandante: Consuelo Medina Orozco
21. No es claro el criterio utilizado para contar la fecha de exigibilidad de la sanción,
dado que la reclamación de cesantías fue resuelta mediante acto administrativo en
mayo de 2016, decisión que fue recurrida y zanjada el 21 de junio de 2016, fecha a
partir de la cual debían empezarse a contar los 70 días a los que hace mención la
norma y no el 20 de enero de 2016.
22. Agregó, que la jurisprudencia indica «Así mismo, en cuanto a que el acto que
reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en
el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de
ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria,
deberá considerarse el término dispuesto en la ley para que la entidad intentara
notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la
notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más
para perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el
peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de
reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de
estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como
computables para sanción moratoria» 4.
23. El objeto del recurso es que sea reconsiderada la fecha de exigibilidad de la
sanción moratoria, considerando la jurisprudencia expuesta.
24. Por lo que, solicitó revisar los fundamentos fácticos y probatorios del proceso y en
ese escenario, evaluar si la condena impuesta cumple los parámetros establecidos
tanto por la ley como por la jurisprudencia, y en caso de errores argumentativos,
modificar la sentencia.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
25. Mediante auto del 16 de agosto de 2022 5 se admitió el recurso de apelación, sin
que las partes y el agente del Ministerio Público se hayan pronunciado.
26. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
procederá a resolver la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia
4 CE-SUJ-SII-022-2020 citada por el apelante
5 Folio 245 del expediente físico.
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27. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto
de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo 6.
28. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto
por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes presentó
recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo recurso.
Problema jurídico
29. Le corresponde a la Subsección determinar si la sanción moratoria objeto de la
condena tiene una fecha diferente de exigibilidad tal como lo alega la entidad apelante
y, por lo tanto, se debe disminuir el número de días a los que se condenó, o hay lugar
a confirmar la decisión de primera instancia.
30. A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará los
siguientes temas: i) Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria, ii)
Hechos probados y iii) Caso concreto.
Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria.
31. La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 20067, establece
que:
«Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo
texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente,
si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.» (subraya
fuera del texto)
32. De igual manera, el artículo 2° de la citada ley, dispone que la entidad pagadora
tendrá un plazo máximo para cancelar dicha prestación, veamos:
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o
parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”
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«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional
de Ahorro.»( Subraya fuera del texto)
33. Norma que también dispone una sanción cuando se incumplen los términos para
resolver la solicitud de cesantías, así como su pago, tal como se evidencia en el
parágrafo del artículo en comento:
«Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este». (subraya fuera del texto)
34. Esta Sección, en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, sentó
jurisprudencia frente a la fecha de causación de la sanción moratoria. Se consideró
en esa oportunidad que:
«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva
la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de
manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de
la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días
hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L.
1071/20065), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437
de 20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles a partir del día en
que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días
hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)
35. Las reglas jurisprudenciales fijadas en la misma sentencia de unificación, en
cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria en comento se sintetizan así:
«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se
puede evidenciar en el siguiente cuadro:
TÉRMINO PAGO
HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA CESANTÍA CORRE MORATORIA
10 días, después de 45 días posteriores a la 70 días posteriores a la
PETICIÓN SIN
No aplica cumplidos 15 para expedir el ejecutoria petición
RESPUESTA
acto
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Demandante: Consuelo Medina Orozco
Aplica pero no se tiene
ACTO ESCRITO 10 días, después de
en cuenta para el 45 días posteriores a 70 días posteriores a
EXTEMPORANEO cumplidos 15 para expedir
cómputo del término la ejecutoria la petición
(después de 15 días) el acto
de pago
ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores a la 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
Personal ejecutoria notificación
TIEMPO notificación
10 días, posteriores a 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Electrónica certificación de acceso al ejecutoria notificación
TIEMPO
acto
10 días, posteriores al 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Aviso siguiente de entrega del ejecutoria entrega del aviso
TIEMPO
aviso
ACTO ESCRITO EN Sin notificar o notificado 10 días, posteriores al intento 45 días posteriores a la 67 días posteriores a la
TIEMPO fuera de término de notificación personal 9 expedición del acto
ejecutoria
45 días después de la 45 días desde la
ACTO ESCRITO Renunció Renunció renuncia renuncia
Adquirida, después de 45 días, a partir del 46 días desde la
ACTO ESCRITO Interpuso recurso notificado el acto que lo siguiente a la ejecutoria notificación del acto que
resuelve resuelve recurso
ACTO ESCRITO, 61 días desde la
RECURSO SIN Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días 45 días, a partir del interposición del
RESOLVER de interpuesto el recurso siguiente a la ejecutoria recurso
Fuente: Sentencia de 18 de julio de 2018
Hechos probados
36. Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra
acreditados los siguientes:
37. Mediante la Resolución núm. 022 del 30 de junio de 2015 8 el gerente de la liquidada
Innovar Documental le aceptó la renuncia a la señora Consuelo Medina Orozco, a partir
del 1° de agosto de la misma anualidad.
38. El 20 de enero de 2016 9, la demandante solicitó el reconocimiento y pago de sus
prestaciones sociales, petición que fue atendida por medio de la Resolución núm. 22
del 16 de mayo del mismo año 10, por valor de $15. 605.332 COP.
39. Contra el anterior acto administrativo se interpuso recurso de reposición, el cual
fue resuelto a través de la Resolución núm. 30 del 21 de junio de 2016 11, modificando
la liquidación inicial en valor de 16.791.453 COP.
40. El dinero correspondiente al pago de la mentada prestación fue puesto a
disposición el 20 de diciembre de 2019, tal como consta en comprobante de egreso.
41. El 12 de septiembre de 2017 12, la actora solicitó ante la liquidada Innovar
Documental el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la cancelación tardía
8 Folio 2 del expediente físico.
9 Folio 3 del expediente físico.
10 Folios 5 a 8 del expediente físico.
11 Folios 9 a 13 del expediente físico.
12 Folios 22 a 26 del expediente físico.
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de las prestaciones sociales; sin embargo, la entidad territorial negó lo pedido por
medio del Oficio G – ID 256 del 28 de septiembre del mismo año 13.
Caso concreto
42. El departamento del Cauca inconforme con la decisión de primera instancia alegó
que el término de 70 días para el pago de las cesantías debe ser contabilizado a partir
del 21 de junio de 2016, es decir desde el día siguiente a la expedición del acto
administrativo que resolvió el recurso de reposición contra la resolución que liquidó las
cesantías definitivas y no a partir del 20 de enero de 2016.
43. Desde ya advierte la Sala que el reparo del apelante no tiene vocación de
prosperidad, pues si bien es cierto la sentencia de unificación SUJ-012 del 18 de julio
de 2018, fijó una regla jurisprudencial cuando se interpone el recurso en contra del
acto administrativo que reconoció el auxilio de cesantías, donde la sanción moratoria
se causa posterior al vencimiento de los 46 días hábiles siguientes a la notificación del
acto que resolvió el recurso; también lo es que en la mencionada providencia se
consignó que, en aquellos casos en los que la entidad no resuelve la solicitud dentro
de los 15 días siguientes a su presentación, la sanción moratoria se hace exigible a
los 70 días siguientes a la petición.
44. Y en el caso concreto, el reconocimiento de la sanción moratoria por no pago de
las cesantías está supeditado a la hipótesis de un acto escrito extemporáneo, pues la
reclamación administrativa para obtener el reconocimiento y pago de las cesantías se
presentó el 20 de enero de 2016 y el acto administrativo que las reconoció fue proferido
el 16 de mayo del mismo año, esto es posterior a los 15 días con los que contaba la
entidad para su expedición.
45. Por lo anterior encuentra la Sala que la fecha a partir de la cual debe ser
contabilizado el término de 70 días para el pago de la prestación no es otra que el 20
de enero de 2016, fecha en que se presentó la reclamación de las cesantías. Tal como
fue considerado por el a quo en la sentencia apelada.
46. Se precisa que la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto
de 2020 invocada por el apelante no resulta aplicable al caso concreto, en tanto la
misma se limitó a fijar la regla de causación de la sanción moratoria descrita en la Ley
50 de 1990, asunto diferente a la exigibilidad de la sanción moratoria tratándose de las
cesantías parciales o definitivas.
47. En ese orden de ideas, la sentencia de primera instancia atendió los parámetros
establecidos en la legislación vigente.
13 Folio 27 del expediente físico.
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Demandante: Consuelo Medina Orozco
48. Ahora bien, sobre la petición de revisar los fundamento fácticos y probatorios que
dieron lugar a la decisión que se impugna, lo cierto es que esta no satisface los
requisitos del recurso de apelación, pues si bien se indicó que a juicio del interesado
pudo haber falencias de esta naturaleza no se pusieron de presente reparos concretos
adicionales a los ya abordados, carga argumentativa que debe ser cumplida a fin de
determinar la competencia funcional del juez de segunda instancia en los términos del
artículo 328 del CGP 14. Sobre el particular esta Corporación ha considerado lo
siguiente:
«Esta Subsección, de manera reiterada, ha considerado que el marco
fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen
los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la cual no
basta con la simple interposición del recurso por la parte interesada, así como
tampoco es suficiente con la manifestación general de no estar conforme
con la decisión impugnada, toda vez que quien tiene interés en que el
asunto sea analizado de fondo en segunda instancia debe señalar cuáles
fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera
instancia al resolver la litis planteada»15 (Negrilla fuera de texto)
49. En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la sentencia de primera instancia
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en
precedencia.
Condena en costas
50. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo expresado, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar a
aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la
Ley 2080 de 2021, es procedente verificar si el recurso de apelación se presentó con
carencia de fundamentación jurídica.
51. En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego
de revisar los argumentos de la entidad apelante, no se advierte tal situación. Por el
contrario, se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus
intereses, por lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.
14
Artículo 328. Competencia del superior
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A,
Sentencia del 8 de mayo de 2023. Radicado: 76001 23 31 000 2009 00496 01; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda- Subsección A, Sentencia del 30 de enero de 2020.
Radicado 05001-23-33-000-2016-00693-01(1623-18) y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 18 de mayo de 2018. Radicado 25000 23 24 000 2010
00642 02 (20718).
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Demandante: Consuelo Medina Orozco
52. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 7 de abril de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Cauca que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a las consideraciones
antedichas.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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