Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00214-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00214-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2018-00214-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001 23 33 000 2018 00214 01 (0472-2026)
Demandante: Edward Jesús Reina Ascensio
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
Tema: Reajuste de la asignación básica y la asignación de retiro de
acuerdo al IPC. Principio de oscilación. Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirmar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia proferida el 16 de octubre de 2025, por
el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda1
2. El señor Edward Jesús Reina Ascensio, por intermedio de apoderado pretende
la inaplicación vía excepción de inconstitucionalidad de los Decretos 122 de 1977, 58
de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y
4158 de 20042 y la nulidad del Oficio 20165660728041 del 8 de junio de 2016, por
medio del cual se negó el reajuste de los salarios devengados en actividad.
3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene el reajuste del sueldo básico
devengado para los años 2000 a 2004 con fundamento en el IPC certificado por el
DANE y, como consecuencia de ello, la reliquidación de todas las primas y
prestaciones. Asimismo, se modifique su hoja de servicios incluyendo la nueva base
de liquidación salarial y se remita a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares con el
fin de establecer el nuevo monto de la primera mesada de la asignación de retiro y
reliquidar las demás partidas computables.
4. Además, se tenga en cuenta la nueva asignación básica salarial reajustada para
el cómputo con retroactividad de los valores adeudados correspondientes a la
aplicación de las primas, cesantías, indemnizaciones y otros pagos efectuados con
la anterior asignación básica. Finalmente, que las sumas reconocidas sean
indexadas; se dé cumplimiento a la sentencia en los términos ordenados por el
C.P.A.C.A., de no ser así se condene al pago de intereses moratorios y de las costas
del proceso.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
5. El demandante se vinculó al Ejército Nacional y fue retirado del servicio por
1 Expediente digital primera instancia índice 32 – archivo 001Demanda.pdf
2 Por los cuales se fijan los sueldos básicos para el personal de oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares,
Oficiales y Suboficiales y Agentes Nacional, personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y empleados
públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se establecen bonificaciones para
alféreces, guardiamarinas, pilotines. Grumetes y soldados, se modifican las comisiones y se dictan otras
disposiciones en materia salarial
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Edward Jesús Reina Ascensio
solicitud propia, razón por la cual la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le
reconoció asignación de retiro, no obstante, la base de liquidación salarial
considerada para la liquidación de la prestación por retiro para los años 1999 al 2004
fue inferior al IPC certificado por el DANE, lo que genera una pérdida en el poder
adquisitivo de la prestación.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
6. Citó como normas vulneradas el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 42,
53, 90, 150, 334, 366 y 373 de la Constitución Política; las Leyes 4 de 1992 y 238 de
1995 y el Decreto 4433 de 2004.
7. Expuso que desde el año 1999 y hasta el 2004 el reajuste salarial anual para el
personal de las Fuerzas Militares se realizó en un valor inferior al IPC certificado por
el DANE, lo que ocasionó una pérdida en el poder adquisitivo de los salarios y
prestaciones del personal en servicio activo y retirado quienes permanecen en una
situación de desmejora continua.
8. Que la Corte Constitucional en sentencia C- 448 de 1996 reiteró la protección del
poder adquisitivo de las prestaciones y remuneraciones laborales, además señaló
que los trabajadores no deben soportar la pérdida del poder adquisitivo en sus
asignaciones. En igual sentido, señaló que la Ley 238 de 1995 hizo extensivo los
derechos que contemplan los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993 a los
pensionados de los regímenes exceptuados incluyendo al personal que integra las
fuerzas militares y de policía.
9. Mencionó que a partir de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, el
reajuste de las asignaciones de retiro y pensiones no se haría de conformidad con el
IPC sino en aplicación del principio de oscilación, no obstante, la base de la
asignación de retiro a 31 de diciembre de 2004 debe contemplar el reajuste que en
pasado se ordenó con fundamento a la variación porcentual del IPC respecto de los
años 1999 a 2004.
1.4. Contestaciones de la demanda3
10. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares por intermedio de apoderada
contestó oportunamente la demanda, y se opuso a las pretensiones alegando que la
asignación de retiro del demandante se ajustó para los años 1999 a 2004 según el
IPC y los decretos expedidos anualmente por el Gobierno nacional para la fijación
anual del reajuste salarial.
11. Agregó que el Departamento Administrativo de la Función Pública a través de los
Decretos 122/1997, 58/1998, 62/1999, 2740/2000, 2737/2001, 745/2002, 3552/2003
y 4158/2004, determinó los porcentajes del incremento de los sueldos anuales para
el personal de la Fuerza Pública, que en ningún caso estuvieron debajo del IPC, así
el Gobierno nacional dio cumplimiento a los parámetros fijados por la Ley 4ª de 1992.
12. Concluyó que el presente asunto no recae sobre un reajuste de la asignación de
retiro sino salarial, lo que divide la periodicidad alegada, pues cualquier reclamo
respecto a su salario debió realizarse hasta tres años después del retiro y no cuando
la acción está afectada por la prescripción extintiva.
3 Expediente digital primera instancia índice 32 – archivo 021ContesacionDemanda.PDF
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1.5. Sentencia de primera instancia4
13. Con sentencia de 16 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cauca
negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte
vencida. Luego de efectuar el recuento normativo, jurisprudencial y probatorio
pertinente concluyó que el reajuste salarial por debajo del IPC no viola la
Constitución Política ni el ordenamiento jurídico, en razón a que el derecho
constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario no es absoluto y los
reajustes salariales pueden efectuarse por debajo del porcentaje del IPC, según las
determinaciones que al respecto adopte el Gobierno nacional, en atención a los
objetivos y propósitos de la ley marco expedida para dicho efecto.
14. Además, explicó que no se evidencia que el actor devengara menos de dos
SMLMV que le hiciera merecedor de una protección en cuanto al reajuste salarial y
según se reconoce en la demanda, el salario siempre fue reajustado, aunque alega
que, en un porcentaje inferior al IPC, por lo que en ninguno de los años demandados
se desmejoró su poder adquisitivo.
15. Finalmente el Tribunal advirtió que el objeto litigioso se concentró en el reajuste
de la asignación percibida en servicio activo. De manera que no es objeto de la
sentencia pronunciarse sobre el reajuste de la asignación de retiro con aplicación
del principio de oscilación o el porcentaje del IPC en aplicación de la Ley 100 de
1993, porque no fue una pretensión elevada en la demanda, y porque este tipo de
debates se enmarcan para los años 1997, 1999, 2001 a 2004, fechas en las que el
actor prestaba aún servicio, y no percibía asignación de retiro.
1.6. Recurso de apelación5
16. El demandante por intermedio de apoderado interpuso recurso de apelación
argumentando a manera de síntesis, que la sentencia de primera instancia
transgrede los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, trabajo,
seguridad social, confianza legítima, mínimo vital y goce de la protección en forma
digna y justa. Reiteró que le asiste el derecho al reajuste de los salarios y
emrolumentos devengados a partir del 1 de enero de 1997 y hasta el 15 de enero
de 2014, fecha a partir de la cual se le otorgó asignación de retiro con fundamento
en el IPC del año anterior, en lugar de los porcentajes fijados por el Gobierno
nacional, exceptuando los años 1998 y 2002 en los que el IPC fue inferior o igual al
aumento ordenado por el Gobierno nacional.
17. Citó la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2012 por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado en la cual se ordenó el reajuste de las
asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza Pública con fundamento en el
IPC certificado por el DANE. Si bien es cierto dicha decisión se limitó a los miembros
en retiro de las Fuerzas Militares, también resulta aplicable al personal en servicio
activo, pues ambos grupos corrieron con los riesgos del ejercicio de la actividad
militar.
18. Solicitó tener en cuenta el principio de analogía, que según la Corte
Constitucional es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas
expresamente en ella, pero que solo difieren de las que sí lo están en aspectos
jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquéllos que explican y fundamentan
la razón de ser de la norma.
4 Expediente digital primera instancia índice samai 23
5 Expediente digital primera instancia índice samai 26
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19. Finalmente y en caso de confirmar la sentencia, solicitó no condenar en costas
a la parte que representa, atendiendo al criterio subjetivo para su imposición, es
decir, analizando la conducta desplegada en el curso del proceso y en la medida en
que aparezcan causadas.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
20. Por auto de fecha 6 de abril de 2026, se admitió el recurso de apelación6. En el
término otorgado la entidad demandada7 solicitó confirmar la sentencia que negó
las pretensiones de la demanda toda vez que el reajuste del sueldo básico se realizó
de conformidad con los decretos expedidos anualmente por el Gobierno nacional.
21. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que se
observe por la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
22. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo8, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso9, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante.
2.2. Problema Jurídico
23. Corresponde a la Sala determinar si el demandante en calidad de sargento
primero ® del Ejército Nacional, le asiste el derecho al reajuste de la asignación
salarial y consecuentemente de la asignación de retiro, con fundamento en la
variación del índice de precios al consumidor.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. Régimen salarial y prestacional del personal de la Fuerza Pública
24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 19 literal e) de la
Constitución10 la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
públicos, incluidos entre ellos los integrantes de la Fuerza Pública, no es asunto
privativo de la órbita de competencia del Congreso de la República, sino que esa
atribución hoy es compartida con el presidente de la República, al disponer que
corresponde al Congreso en ejercicio de la función legislativa «dictar las normas
generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios» a los cuales se sujetará el Gobierno
para «fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública».
25. En este sentido le corresponde al legislador establecer normas generales y
señalar objetivos y criterios en las materias a que se refiere el numeral 19 del artículo
150 de la Carta, con lo cual, precisa el marco dentro del cual deberá actuar el
Gobierno nacional para los efectos señalados entre los que se encuentra «la fijación
del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos».
6 Expediente digital segunda instancia índice samai 4
7 Expediente digital segunda instancia índice samai 10
8«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.»
10 e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y de la Fuerza Pública
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26. En desarrollo de lo anterior el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de
199211, que en su artículo 1º determinó los servidores públicos que serían objeto de
regulación salarial y prestacional por parte del Gobierno, dentro de los cuales se
encuentran los miembros de la Fuerza Pública. Así mismo, en su artículo 13
estableció con respecto a la escala gradual porcentual, lo siguiente:
«Artículo 13. En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional establecerá una escala
gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza
Pública de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2º.
Parágrafo. La nivelación de que trata el presente artículo debe producirse en las vigencias
fiscales de 1993 a 1996. […]».
27. De la norma referida se colige que uno de los propósitos del legislador de 1992
al expedir la Ley 4ª de ese mismo año y ordenar el establecimiento de una escala
gradual porcentual era el de nivelar la remuneración de los miembros activos y
retirados de la Fuerza Pública, razón por la que se creó de manera temporal la prima
de actualización, la que subsistiría mientras se cumpliera tal objetivo, lo que se
materializó en vigencia de los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y 133
de 1995.
28. En efecto, el artículo 15 del Decreto 335 de 1992, expedido por el Presidente
de la República, en ejercicio de las facultades del artículo 215 de la Constitución
Política y en desarrollo del Decreto 333 de 1992, que declaró el estado de
emergencia social, creó para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y
de la Policía Nacional en servicio activo, una prima de actualización, en los
porcentajes que allí se indican para cada grado, liquidada sobre la asignación
básica, la cual estaría vigente hasta el establecimiento de una escala salarial
porcentual única para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, cuyo objetivo fue
el de nivelar la remuneración de estos servidores en forma gradual hasta llegar a
una escala salarial única.
29. En este orden de ideas, la prima de actualización introdujo una modificación
gradual a las asignaciones de actividad que es computable para el reconocimiento
de la asignación de retiro y pensión, no solo para quienes la devenguen en servicio
activo como lo establece expresamente el parágrafo del artículo 15 ya citado, sino
también para el personal retirado, ya que por el sistema de oscilación de las
asignaciones de retiro y pensiones consagrado en el artículo 169 del Decreto 1211
de 1990, las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de
actividad se deben reflejar en las asignaciones y pensiones ya reconocidas.
Adicionalmente, el Decreto 107 de 199612 en sus artículos 1º y 2º fijó la escala
gradual porcentual para el personal de oficiales, suboficiales, miembros del nivel
ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública; y además se dispuso que los sueldos
básicos mensuales para el personal relacionado corresponderán al porcentaje que
se indica para el grado, con respecto a la asignación básica del grado de General.
11 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan
otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política»
12 «Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares,
Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y
Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional»
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30. Así entonces, a partir de la expedición del anterior decreto, el Gobierno nacional
cada año profiere los decretos de reajuste salarial con sujeción a la escala salarial13,
es decir, que ha tomado como base el porcentaje de la asignación básica del grado
de general.
31. Conforme con lo señalado, se colige que la asignación básica del personal de la
Fuerza Pública está sujeta a los decretos que anualmente expide el Gobierno
nacional, en los que se fijan las pautas para determinar el monto que devengarán
sus miembros anualmente, impidiendo recurrir a una fuente distinta para realizar el
correspondiente incremento salarial, puesto que, a partir del Decreto 107 de 1996,
quedaron debidamente nivelados los salarios de dicho personal.
2.3.2. La asignación de retiro de las Fuerzas Armadas y su reajuste
32. En lo que tiene que ver con la naturaleza jurídica de la asignación de retiro, la
Sala de Subsección precisa que tanto esta Corporación como la Corte
Constitucional, en su jurisprudencia, han reconocido a las asignaciones de retiro el
carácter de una pensión como la de vejez o de jubilación.
33. Así, en sentencia C-432 de 2004, la Corte Constitucional analizó la
constitucionalidad de algunas normas consagradas en el Decreto 2070 de 2003, el
cual introdujo reformas al régimen pensional de la Fuerza Pública, concretamente
en cuanto al porcentaje que se aplicaría a la asignación de retiro. En dicha
oportunidad, la Corte precisó que la asignación de retiro es una modalidad de
prestación social que se asimila a la pensión de vejez y que goza de un cierto grado
de especialidad (en requisitos), atendiendo la naturaleza especial del servicio y las
funciones que cumplen los servidores públicos a quienes se les reconoce. Se trata,
como bien lo afirman los intervinientes, de establecer con la denominación de
“asignación de retiro”, una pensión de vejez o de jubilación para los miembros de la
Fuerza Pública, en la medida que el resto del ordenamiento especial de dichos
servidores públicos se limita a regular las pensiones de invalidez y sobrevivientes.
34. Esta prestación periódica para el personal militar y policial comprende algunas
diferencias muy relevantes debido a la situación especial de dichos servidores
públicos, como es la dedicación exclusiva al servicio, las jornadas especiales de
trabajo, los lugares donde se debe trabajar, la continua reubicación de lugares de
servicio y, en fin, el peligro para su vida y familia dadas las circunstancias de nuestro
medio, por ello el legislador consagró un régimen salarial y prestacional especial.
35. A su vez, el Consejo de Estado ha sostenido reiteradamente que la asignación
de retiro es el término del legislador utilizado para referirse a la pensión de vejez de
los miembros de la Fuerza Pública, prestación esta que se encuentra consagrada
en un régimen especial, cuyos destinatarios son el personal que ella determina de
manera clara.
36. Este régimen se encuentra contenido en el Decreto 1211 de 1990, «Por el cual
se reforma el estatuto del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares» que en sus artículos 163 y 169, señaló no solo el concepto de asignación
de retiro y sus variaciones, sino que también tuvo en cuenta el aumento salarial
decretado para el personal de las Fuerzas Militares en actividad, vale decir,
mediante la aplicación del principio de oscilación.
13 Decretos 122 de 1997; 058 de 1998; 62 de 1999; 2724 de 2000; 2737 de 2001; 745 de 2002; 3552 de 2003;
4158 de 2004; 923 de 2005; 407 de 2006; 1515 de 2007; 673 de 2008; 737 de 2009; 1530 de 2010; 1050 de
2011; 0842 del 2012; 1017 de 2013; 187 de 2014 187 de 2014, 1028 de 2015, 214 de 2016, 984 de 2017, 324
de 2018, 1002 de 2019 y 318 de 2020.
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37. Acorde con tales disposiciones, cada vez que existiera una variación en los
salarios del personal en servicio activo, esta se extendería para el personal en uso
de buen retiro.
38. De igual manera lo consagró el artículo 151 del Decreto 1212 de 1990, por el
cual se reforma el estatuto del personal y suboficiales de la Policía Nacional, de tal
forma que a la luz de estas disposiciones, quedó establecido el sistema de reajuste
y la prohibición expresa de utilizar otro régimen, «salvo autorización expresa» lo
cual significa que solo es factible la aplicación de normas generales de la
administración a los casos sometidos a un régimen especial militar cuando la ley
expresamente lo autorice.
39. Ahora bien, la Ley 100 de 1993, «Por la cual se creó el sistema de seguridad
social integral», en el artículo 1414, previó el reajuste de las pensiones teniendo en
cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin
embargo, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, determinó que a los miembros de
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional no se les aplicaría el sistema integral
de seguridad social.
40. Si bien, en principio, dicha norma excluyó entre otros servidores, a los miembros
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de su aplicación, no es menos cierto
que posteriormente tal disposición fue adicionada en el parágrafo 4.º por disposición
expresa del artículo 1.º de la Ley 238 de 1995, así:
«Artículo 1º: Adiciónese el Artículo 279 de la Ley 100 de 1993, con el siguiente
parágrafo:
Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación
de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los
pensionados de los sectores aquí contemplados»
41. Con fundamento en lo anterior, a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, los
pensionados del régimen de excepción de la Ley 100 de 1993 tuvieron derecho a
que sus mesadas se reajustaran atendiendo a la variación porcentual del IPC
certificado por el DANE, como lo dispuso el artículo 14 de esta última citada, y a la
mesada 14, conforme el artículo 142 ibídem.
42. No obstante, el sistema de liquidación de las asignaciones de retiro y
pensiones de los miembros de la Fuerza Pública con base en el IPC tan solo
estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, toda vez que el propio legislador
volvió a establecer el incremento pensional con base en el principio de oscilación,
mediante el artículo 3 de la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004, así:
«Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de
invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas,
correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno
Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos: […]
14 «Artículo. 14. Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de
invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones,
mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada
año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año
inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal
mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho
salario por el gobierno».
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3.13. El incremento de las asignaciones de retiro y de las pensiones del personal
de la Fuerza Pública será el mismo porcentaje en que se aumenten las
asignaciones de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo.»
41. En el mismo sentido, el artículo 42 del Decreto 4433 de 31 de diciembre de
2004, “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de
los miembros de la Fuerza Pública” determinó lo siguiente:
«Artículo 42. Oscilación de la asignación de retiro y de la pensión. Las asignaciones
de retiro y las pensiones contempladas en el presente decreto, se incrementarán en el
mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en actividad para cada grado.
En ningún caso las asignaciones de retiro o pensiones serán inferiores al salario mínimo
legal mensual vigente.
El personal de que trata este decreto, o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas
que regulen ajustes en otros sectores de la administración pública, a menos que así lo
disponga expresamente la ley.»
42. Y, en los artículos 13 y 14 ibídem se establecieron las partidas computables para
el personal de las Fuerzas Militares; y lo referente a la asignación de retiro para el
personal de Oficiales y Suboficiales en actividad.
43. Por su parte, el Decreto 407 de 2006, “por el cual se fijan los sueldos básicos
para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares”, en desarrollo
de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 4 de 1992, determinó el sueldo básico
mensual para el personal, en porcentaje que se indica para cada grado, y con
respecto a la asignación básica del grado de general que fijó al rango de mayor el
45.5288%.
44. Acorde con lo expuesto, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995,
se hicieron extensivos para los pensionados pertenecientes a los regímenes
excluidos por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, como es el caso del personal
de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, los beneficios contemplados por los
artículos 14 y 142 ibídem, es decir, el reajuste de las mesadas pensionales de
conformidad con la variación porcentual del índice de precios al consumidor
certificado por el DANE.
45. El reajuste con la variación del IPC para los miembros de la Fuerza Pública tuvo
como límite la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, que restableció
nuevamente el principio de oscilación, posición que ha sido reiterada de manera
consistente y uniforme por esta Sección, a partir de la sentencia de 17 de mayo de
200715. Y posteriormente en sentencia del 21 de agosto de 2008 16 se señaló que
«el ajuste de las asignaciones de retiro a partir del año de 1995 deberá hacerse con
fundamento en el I.P.C. que certifique el DANE; fórmula aplicable hasta el año de
2004, en razón de que el propio Legislador volvió a consagrar el sistema de
oscilación como la forma de incrementar las asignaciones de retiro de los miembros
de la Fuerza Pública, a través del artículo 3 [3.13] de la Ley 923 de 2004, el cual fue
reglamentado por el artículo 42 del Decreto 4433 del mismo año […]». (negrilla y
subrayado fuera de texto).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 17 de mayo de 2007, Expediente 8464-2005. En esta
oportunidad se precisó: «7. Límite del derecho. El reajuste pensional aquí reconocido, debe liquidarse hasta
el reajuste dispuesto por el artículo 42 del decreto 4433 de 2004, debido a que esta norma volvió a establecer
el mismo sistema que existió bajo la vigencia del decreto 1212 de 1990, o sea decir, teniendo en cuenta la
oscilación de las asignaciones del personal en actividad.»
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 21 de agosto de 2008, expediente 0663-2008.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 19001 23 33 000 2018 00214 01 (0472-2026)
Demandante: Edward Jesús Reina Ascensio
46. De acuerdo con tales planteamientos, el reajuste ordenado sobre la base de la
asignación de retiro, con fundamento en la variación porcentual del índice de precios
al consumidor, IPC, respecto de los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y
2004, contaba con un límite temporal, esto es, el 31 de diciembre de 2004, fecha de
entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, mediante el cual se volvía a adoptar
como método de reajuste de la citada prestación, el principio de oscilación. En
sentencia de 15 de noviembre de 201217 se reiteró dicha tesis, concluyendo que el
reajuste efectuado sobre las asignaciones de retiro de los oficiales y suboficiales de
la Fuerza Pública obedece a uno solo, el cual se ha realizado en el tiempo con
fundamento en dos criterios distintos, a saber, el primero con observancia del índice
de precios al consumidor, IPC, esto, hasta el 31 de diciembre de 2004, fecha en la
que se retoma el principio de oscilación, siendo este el segundo criterio, el cual, en
todo caso, incrementará anualmente y a futuro las mesadas de las asignaciones del
personal en retiro, partiendo siempre de la última mesada pensional del año 2004.
47. Ahora bien, es preciso reiterar que no es posible aplicar lo dispuesto en las
Leyes 100 de 1993 y 238 de 1995, normas que regulan el Sistema General de
Pensiones a las asignaciones percibidas en actividad, al tratarse de dos
condiciones muy diferentes jurídica y fácticamente, como son gozar de asignación
de retiro y otra, devengar la asignación básica en servicio activo, cuyo sistema de
reajuste se encuentra regulado por pautas normativas diversas que no se pueden
pasar por alto desconociendo el querer del constituyente.
2.4. Caso concreto
48. De conformidad con el plenario, el señor Edward Jesús Reina Ascensio estuvo
vinculado en el Ejército Nacional por espacio de 23 años, 2 meses y 3 días18 y se
retiró del servicio por solicitud propia19 a partir del 13 de octubre de 2013, momento
para el cual ostentaba el grado de sargento primero. Por medio de la Resolución 24
del 7 de enero de 2014, el director general de la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares le reconoció la asignación de retiro a partir del 15 de enero de 2014, en
cuantía del 82% del sueldo básico para el grado que ocupaba.20
49. El 2 de junio de 201621, el demandante radicó solicitud ante la Dirección de
Personal del Ejército Nacional con el fin de obtener la reliquidación y reajuste del
sueldo básico con base en el IPC y la consecuente reliquidación de la asignación
de retiro; sin embargo, la entidad resolvió de manera negativa mediante el acto
acusado de nulidad y que es objeto de revisión.
50. En efecto, revisados los decretos expedidos por el Gobierno nacional que
disponen el aumento porcentual de los salarios de los miembros de la Fuerza
Pública, se observa que desde el año 1992 en adelante, como suboficial del Ejército
Nacional, el señor Edward Jesús Reina Ascensio tuvo derecho al incremento
porcentual decretado año a año en aplicación de la Ley 4 de 1992, por lo tanto, la
pretensión de reliquidación con fundamento en el IPC es improcedente, pues no
resulta pertinente acudir a una fuente distinta para realizar el correspondiente
incremento salarial, en la medida en que existe prohibición expresa consagrada en
el artículo 10 de la citada ley e implicaría la modificación de la escala gradual
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 15 de noviembre de 2012, expediente 0907-2011.
18 Expediente digital primera instancia índice 32 – archivo 003Anexos.PDF folios 16 - 18
19 Expediente digital primera instancia índice 32 – archivo 003Anexos.PDF folios 1 – 3. Resolución 2422 del 8
de octubre de 2013
20 Expediente digital primera instancia índice 32 – archivo 003Anexos.PDF folios 4 - 7
21 Expediente digital primera instancia índice 32 – archivo 003Anexos.PDF folios 8 - 11
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 19001 23 33 000 2018 00214 01 (0472-2026)
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porcentual, con base en la cual el Gobierno nacional fija anualmente los sueldos
básicos del personal de las Fuerzas Militares en actividad; decretos que valga
resaltar, no fueron cuestionados con la presente demanda.
51. Adicional a ello, la solicitud de inaplicar los mencionados decretos no resulta
válida, en atención a que la circunstancia que ocasionó la diferencia porcentual
entre lo incrementado y el IPC, fue solventada por normas posteriores que cobijaron
únicamente a quienes se vieron afectados, es decir a quienes ya eran beneficiarios
de una asignación de retiro para el momento en que ocurrió dicha diferencia,
circunstancia que fue analizada por la Corte Constitucional como se recordó en esta
providencia.
52. En cuanto a la reliquidación de la asignación de retiro, se debe mencionar que el
reajuste del IPC en estas prestaciones solo se aplica para las reconocidas y
devengadas en el periodo comprendido entre 1997 y 2004, por tanto, no tiene
derecho a ella, pues la asignación le fue reconocida con la Resolución 24 del 7 de
enero de 2014.
53. Cabe destacar que si bien en la sentencia C-931 de 2004 proferida por la Corte
Constitucional, se desató la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de
la Ley 848 de 200322, decisión en la que se refirió al “derecho del servidor público a
mantener el poder adquisitivo real del salario”, el cual solo puede ser limitado, en
palabras de la Corte, para promover el fin constitucionalmente imperioso de
preservar la estabilidad macroeconómica reduciendo el gasto en circunstancias de
déficit fiscal y elevado endeudamiento para no afectar el gasto social, asegurando
de esta forma la efectividad de la solidaridad como principio fundante del Estado
Social de Derecho, en el marco de un contexto económico que justifique la
necesidad de la limitación. Lo cierto es que, para el asunto que convoca, es
menester reiterar que el reajuste salarial pretendido con fundamento en el IPC, no
tiene vocación de prosperidad, dado que como se expuso, para las anualidades de
1992 a 2004, el Gobierno nacional no se encontraba jurídicamente obligado a
incrementar en ese porcentaje las asignaciones salariales, a lo que se suma, que
los decretos mediante los cuales se fijaron los incrementos salariales no fueron
cuestionados por la parte actora a través del presente medio de control.
54. Por otra parte, con el recurso se citan una serie de providencias de la Corte
Constitucional relacionadas con los ajustes conforme al IPC, así como el derecho a
que se mantenga el poder adquisitivo de los salarios, beneficios que no desconoce
esta Sala de Decisión, no obstante, como se explicó, el actor no se encuentra dentro
de los supuestos para obtener el reajuste por los años 1997 a 2004 como lo reclama,
en tanto, para esa data aún no se encontraba percibiendo la asignación de retiro –
lo cual ocurrió solo en el año 2014.
55. Se concluye entonces que el actor no tiene derecho a la reliquidación solicitada,
en tanto las asignaciones salariales del personal activo de la Fuerza Pública se
determinan conforme al régimen especial desarrollado mediante los decretos
expedidos anualmente por el Gobierno nacional en aplicación de la Ley 4 de 1992.
En consecuencia, no resulta procedente sustituir los incrementos legalmente
establecidos por la variación del IPC. Adicionalmente, la jurisprudencia relativa al
reajuste de asignaciones de retiro con fundamento en dicho índice se refiere a
prestaciones reconocidas con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 4433
22 “por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2004”
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 19001 23 33 000 2018 00214 01 (0472-2026)
Demandante: Edward Jesús Reina Ascensio
de 2004, supuesto que no corresponde a la situación jurídica del demandante, a
quien la asignación de retiro le fue reconocida en el año 2014.
56. Todo lo anterior, lleva a confirmar en su integridad la sentencia de primera
instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca el 16 de octubre de 2025,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
2.5. Condena en costas en segunda instancia
La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
57. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
58. En tal virtud, contrario a lo alegado con el recurso, la eventual condena se
impondrá a la parte vencida sin que sea necesario verificar si realizó o no actos
dilatorios; y la liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP
teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.
59. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia al actor por cuanto no
prospera el recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
60.
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 16 de octubre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda
presentada por el señor Edward Jesús Reina Ascensio en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, conforme la motivación.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora, conforme lo
indicado en la parte motiva.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 19001 23 33 000 2018 00214 01 (0472-2026)
Demandante: Edward Jesús Reina Ascensio
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA
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