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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00287-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00287-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual se accedió a las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2018-00287-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 19001-23-33-000-2018-00287-01 (0474-2026)
Demandante: Rosalba Antero
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ─CASUR─

Tema: Pensión de sobreviviente y/o sustitución pensional. Principio de
congruencia. Fijación del litigio, en relación con las medidas de
saneamiento y el control de legalidad de la actuación procesal.
Derecho a la igualdad y a la no discriminación debido al vínculo
natural o jurídico del cual deriva la familia. Aplicación
retrospectiva de la Constitución de 1991. CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, contra la sentencia proferida el diecisiete (17)
de octubre de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Cauca,
por medio de la cual se accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Rosalba Antero instauró demanda contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional ─CASUR─, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las
siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de la Resolución Nro. 06772 del 14 de diciembre de
1973, por medio de la cual se reconoció una pensión de invalidez al señor
Baldomero Aldana Ospina; de la Resolución Nro. 00543 del 13 de junio de 2006,
mediante la cual se le negó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional; y
de la Resolución Nro. 01182 del 24 de agosto de 2012, por medio de la cual se le
negó, de nuevo, el reconocimiento y pago de la sustitución pensional.

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3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a las demandadas
que le reconozcan y paguen la «pensión de sobrevivientes», en su calidad de
compañera permanente, con ocasión del fallecimiento del señor Baldomero Aldana
Ospina, desde el 20 de marzo de 1984 o, en su defecto, a partir de la entrada en
vigor de la Ley 54 de 1990.

4. Que la liquidación se efectúe teniendo en cuenta los valores correspondientes a
la pensión por prestación de servicios completos a los que tenía derecho el causante
y no los que correspondan a la pensión de invalidez.

5. Que se condene a las accionadas al pago de las mesadas pensionales, prima
semestral y de navidad, incluyendo el valor de los aumentos que se hubieran
decretado, debidamente indexados.

6. Y que se condene al reconocimiento y pago de los demás derechos inherentes a
la sustitución pensional, como atención médica hospitalaria, bienestar social y todos
los servicios que brinde la Caja a sus afiliados, los cuales deberán pagarse con los
incrementos correspondientes, así como con los intereses legales, comerciales y
moratorios.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

7. Que desde el 2 de agosto de 1960 sostuvo una unión marital de hecho con el
señor Baldomero Aldana Ospina, la cual subsistió hasta el 17 de marzo de 1984,
fecha en la que este falleció.

8. Que mediante Resolución Nro. 06772 del 14 de diciembre de 1973, el director
general de la Policía Nacional reconoció una pensión de invalidez al señor
Baldomero Aldana Ospina.

9. Indicó que, a través de la sentencia del 30 de diciembre de 2011, el Juzgado
Primero Promiscuo de Familia de Santander de Quilichao declaró probada la
existencia de la unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial.

10. Que mediante las Resoluciones Nro. 00543 del 13 de junio de 2006 y 01182 de
24 de agosto de 2012, se le negó el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

11. Consideró violados los artículos 2, 4, 5, 13, 23, 25, 42, 48 y 53 de la Constitución
Política; 1, 16, 19 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 5 de la Ley 44 de 1980;
110 y 111 del Decreto 1029 de 1994; las Sentencias T-1009 de 2007, T-932 de
2008, T-584 de 2009, T-098 de 2010 y T-110 de 2011; y la Observación General
Nro. 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

12. Que los actos acusados violaron las normas en las que debió fundarse e
incurrieron en falsa motivación, ya que se le negó el reconocimiento de la sustitución

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pensional con fundamento en que la Policía Nacional, al momento del fallecimiento
del causante, no reconocía el derecho a la sustitución de la pensión a las
compañeras de los causantes, sino solo a las cónyuges.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

13. La demanda se admitió en auto del 10 de octubre de 20181.

14. CASUR se opuso a las pretensiones, bajo el argumento de que los actos fueron
proferidos por la Policía Nacional, por lo que solicitó que se declarara la falta de
legitimación en la causa por pasiva, en atención a que no se elevó petición alguna
que la vinculara.

15. Propuso como excepción la de inepta demanda, porque la demandante no elevó
ninguna pretensión, en sede administrativa, ante esa entidad2.

16. La Policía Nacional se opuso a las pretensiones e indicó que, pese a que la
señora Rosalba Antero solicitó el reconocimiento prestacional, no interpuso los
recursos que procedían contra los actos que le negaron lo pretendido, razón por la
que quedaron en firme. Que, en todo caso, para la fecha en que falleció el señor
Baldomero Aldana Ospina, se encontraba vigente el Decreto 2063 de 1984, el cual
no contemplaba que la compañera permanente pudiera ser beneficiaria de la
sustitución pensional.

17. Propuso, como excepciones, las de legalidad de los actos administrativos,
inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y genérica3.

18. Por auto del 23 de abril de 2025 decidió impartirse el trámite de sentencia
anticipada, se decretaron las pruebas y se fijó el litigio en el entendido de que los
actos administrativos demandados serían los Oficios Nro. 16267 del 12 de agosto
de 2008, 199233 del 1° de agosto de 2012, 246163 del 26 de agosto de 2013 y el
del 29 de diciembre de 2017.

19. La anterior determinación se tomó en consideración a que la Resolución Nro.
06772 del 14 de diciembre de 1973 es un acto administrativo de ejecución, razón
por la que no es susceptible de control judicial; y porque contra las Resoluciones
Nro. 00543 del 13 de junio de 2006 y 01182 del 24 de agosto de 2012 no se
interpusieron los recursos de la actuación administrativa.

20. Señaló que como pueden realizarse nuevas peticiones sobre el mismo objeto y
se constató que mediante los anteriores oficios ─los cuales se aportaron con la
demanda─ se direccionó a la demandante a las respuestas que previamente se le
habían otorgado, era claro que la determinación negativa fue la misma que se tomó
en los otros actos administrativos4.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

1 Véase el archivo «016AutoAdmiteDemanda» del expediente digital.
2 Véase el archivo «020ContestacionDemandaMindefensa» del expediente digital.
3 Véase el archivo «030ContestacionDemandaPolicía» del expediente digital.
4 Véase a índice 24 de SAMAI del Tribunal.

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21. El Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia del diecisiete (17) de octubre
de dos mil veinticinco (2025), accedió a las pretensiones, para lo cual indicó que la
compañera permanente sí tiene la vocación de ser beneficiaria respecto a los
derechos prestacionales, inclusive, para las uniones maritales ocurridas en vigencia
de la Constitución de 1886.

22. Que se acreditó que el señor Baldomero Aldana Ospina recibía una pensión de
invalidez, reconocida por la Resolución Nro. 06772 del 14 de diciembre de 1973;
que falleció el 17 de marzo de 1984; y que la señora Rosalba Antero fue su
compañera permanente, porque sostuvieron una unión marital que surgió en 1960
y perduró hasta el deceso del causante.

23. Señaló que con fundamento en la sentencia de la Corte Constitucional que
dispone que a partir de la vigencia de la Constitución de 1991 no pueden existir
normas que vulneren el conjunto de derechos y principios allí plasmados, siendo
uno de ellos el derecho a la igualdad y a la no discriminación por sexo o condición
social, no era procedente negar el derecho con fundamento en que la compañera
del causante no podía ser beneficiaria de la sustitución pensional.

24. Declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de CASUR y anuló los
actos cuestionados en la medida que reprodujeron una decisión que fue contraria al
ordenamiento constitucional, lo que hacía procedente el restablecimiento del
derecho.

25. Finalmente, declaró prescritas las mesadas pensionales que se causaron con
anterioridad al 13 de diciembre de 2013, por prescripción cuatrienal5.

RECURSO DE APELACIÓN

26. La Policía Nacional interpuso recurso de apelación por considerar que el fallo
fue incongruente porque, al analizar el caso concreto, hizo referencia a otro proceso,
cuyas partes procesales y medios probatorios diferían abiertamente de este.

27. Señaló que como el señor Baldomero Aldana Ospina falleció el 20 de marzo de
1984, la norma aplicable era el Decreto 2063 de 1984, que en su artículo 130
establecía el orden de beneficiarios y no contemplaba a la compañera permanente
como alguien a quien pudiera reconocérsele la sustitución pensional.

28. Indicó que no era de recibo que el litigio hubiera versado sobre actos que no
fueron debidamente individualizados, ya que la demanda se orientó a obtener la
nulidad de las Resoluciones Nro. 06772 del 14 de diciembre de 1973, 00543 del 13
de junio de 2006 y 01182 del 24 de agosto de 2012, mas no de los Oficios Nro.
16267 del 12 de agosto de 2008, 199233 del 1° de agosto de 2012, 246163 del 26
de agosto de 2013 y el del 29 de diciembre de 2017.

29. Que la presentación de la demanda en debida forma era una carga procesal
que recaía en la demandante y, por ello, le correspondía soportar las consecuencias
de los defectos que esta contenga; que el juez no puede, so pena de violar el

5 Véase a índice 33 de SAMAI del Tribunal.

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principio de congruencia, modificar lo que fue pedido. Que la falencia en la que
incurrió la demandante impedía decidir de fondo sobre las pretensiones, de manera
que el juez no estaba facultado para pronunciarse, oficiosamente, sobre la validez
de unos actos administrativos que no fueron demandados6.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

30. El 3 de marzo de 2026 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriado, el expediente pasaría a despacho para dictar sentencia7.

31. Las partes guardaron silencio y el agente del Ministerio Público no emitió
concepto.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

32. De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, los problemas jurídicos
que deberá resolver la Sala consisten en determinar, en primer lugar, si la sentencia
apelada, al establecer que serían otros los actos administrativos objeto de control
judicial, desconoció el principio de congruencia.

33. Y, en segundo lugar, si a la señora Rosalba Antero le asiste o no razón jurídica
para reclamar la sustitución pensional, aduciendo su calidad de compañera
permanente, teniendo en cuenta que la normativa vigente para la época del deceso
del señor Baldomero Aldana Ospina únicamente contemplaba ese beneficio
prestacional para la cónyuge sobreviviente del causante y otros, pero no para la
compañera o compañero permanente.

Del principio de congruencia

34. La congruencia se entiende como la «[a]rgumentación en que se basa la parte
dispositiva de una sentencia, ajustándose a las pretensiones sostenidas por las
partes y respondiendo a la fundamentación establecida en los escritos procesales
de las mismas»8. En ese orden, el Código General del Proceso, respecto a los autos
y sentencias, preceptúa lo siguiente:

«ARTÍCULO 280. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La motivación de la
sentencia deberá limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación
razonada de las conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos
constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios
para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión,
con indicación de las disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá calificar
la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella.

La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula “administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley”; deberá contener decisión
expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las
excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a

6 Véase a índice 38 de SAMAI del Tribunal.
7 Véase a índice 4 de SAMAI.
8 Diccionario Panhispánico del Español Jurídico.

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cargo de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir
con arreglo a lo dispuesto en este código.

Cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una síntesis de la demanda y
su contestación» (subrayas fuera de texto).

35. Por su parte, sobre la congruencia que ha de plasmarse en las providencias que
profiere el juez, dispuso:

«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio. […]».

36. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
preceptúa en su artículo 187 cuál debe ser el contenido de la sentencia, de modo
que esta deberá realizar un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones a las que llegue el juez.

37. Visto lo anterior, se pone de presente que el anterior marco normativo describe
el principio de congruencia en sus dos acepciones, a saber: congruencia interna,
que se refiere a la armonía entre la parte motiva y resolutiva del fallo; y congruencia
externa, que alude a la conformidad entre la decisión y lo que fue pedido por las
partes en la demanda y en su contestación. Así concebido, este principio «[…]
persigue la protección del derecho de las partes a obtener una decisión judicial
certera sobre el asunto puesto a consideración del juez, al igual que la salvaguarda
del debido proceso y del derecho de defensa de las partes, cuya actuación procesal
se dirige a controvertir los argumentos y hechos expuestos en la demanda,
tratándose del demandado, y en la contestación, si la posición procesal es la del
demandante»9.

38. Bajo esa lógica, cuando en una providencia judicial no se respeta el principio de
congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha denominado: i) fallo ultra petita, es
decir, cuando se reconoce un mayor derecho que el invocado por el demandante;
ii) fallo extra petita, esto es, cuando se reconoce un derecho que no se reclamó o
cuando se reconoce un derecho reclamado, pero por una causa diferente o
deducida de hechos no alegados; y iii) fallo minus petita, es decir, aquel que omite
el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.

9 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2012. Rad. 25000-23-27-000-2008-00228-

02 (18380). C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

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Marco normativo aplicable a los agentes de la Policía Nacional en materia
prestacional

39. En vigencia de la Constitución Política de 1886, el Congreso de la República le
otorgó al presidente de la República, en múltiples oportunidades, facultades
extraordinarias relacionadas con la ordenación de materias atinentes a las fuerzas
militares y de policía. Sobre el último grupo se expidieron, concretamente, los
Decretos 3187 de 1968, 2340 de 1971, 609 de 1977, 2063 de 1984, 97 de 1989 y
1213 de 1990, los cuales regularon la carrera de los agentes de la Policía Nacional,
así como sus prestaciones sociales.

40. Para lo que interesa al proceso, el Decreto 609 de 1977, en su Título Quinto,
reguló las prestaciones en actividad, por retiro, por separación, por incapacidad e
invalidez, por muerte, por desaparición y en cautiverio; y, particularmente, el
Capítulo V se refirió a las «prestaciones por muerte», para lo cual dispuso que el
orden de beneficiarios era el siguiente:

«Artículo 76. Orden de beneficiarios. Las prestaciones sociales por causa de
muerte de los Agentes de la Policía Nacional se pagarán según el siguiente
orden preferencial:

a) La mitad a la esposa y la otra mitad a los hijos legítimos. Si hubiere también
hijos naturales, estos concurren teniéndose en cuenta que cada uno lleva la
mitad de lo que le concierne a cada uno de los hijos legítimos. Si no hubiere
hijos legítimos la porción de éstos corresponde a los naturales.

b) Si no hubiere esposa ni hijos naturales, la prestación corresponde
íntegramente a los hijos legítimos.

c) A falta de hijos legítimos y naturales, la prestación corresponde a la esposa
y a los padres legítimos o naturales del Agente, siempre que estos últimos
carezcan de medios de subsistencia, caso contrario, la esposa lleva toda la
prestación.

d) Si no hubiere esposa ni hijos legítimos, el monto de la prestación se divide
entre los padres legítimos o naturales y los hijos naturales del Agente. A falta
de los padres legítimos o naturales del Agente llevan la prestación los hijos
naturales y en efecto de éstos, los padres naturales, y

e) Los hermanos menores del Agente, previa comprobación de que le causante
era su único sostén».

41. Por su parte, el artículo 84 de la misma normativa, respecto de las prestaciones
por muerte en retiro, dispuso:

«Artículo 84. Muerte en goce de asignación de retiro o pensión. A partir de la
vigencia del presente Decreto, a la muerte de un Agente de la Policía Nacional,
sus beneficiarios en el orden y proporción establecidos en este estatuto tendrán
derecho a una pensión mensual pagadera por la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional o por el Tesoro Público, equivalente a la totalidad de la
prestación que venía gozando el causante».

42. En punto a esta situación, se advierte que los reconocimientos prestacionales
que se originaban por la muerte de un agente de policía, en los términos del Decreto
609 de 1977, solo exigían para su otorgamiento que se demostrara la calidad del
parentesco con el causante de la pensión ─a excepción del supuesto de los

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hermanos menores de edad del agente, quienes debían demostrar la dependencia
económica─, para lo cual cobra relevancia probatoria la presentación del registro
civil de matrimonio ─en el caso que el beneficiario fuese el cónyuge─ o del registro
civil de nacimiento ─en el caso que los beneficiarios fuesen los hijos o los padres─.

De la declaratoria de exequibilidad y la aplicación retrospectiva de la
Constitución Política de 1991: el caso de los compañeros permanentes

43. La Corte Constitucional, al examinar las normas que excluían al compañero
permanente del orden de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de los
oficiales y suboficiales de la Policía Nacional frente a los derechos que sobre la
misma prestación tenían el o la cónyuge sobreviviente, consideró que el
ordenamiento superior otorgaba especial protección a la institución familiar y que
estaba prohibida la discriminación debido al vínculo natural o jurídico del cual se
derivaba la familia10.

44. Bajo dicho entendido, destacó la igualdad imperante entre cónyuges y
compañeros permanentes bajo la Constitución de 1991, motivo por el cual no era
procedente excluir a los últimos del derecho a la pensión de sobrevivientes, pues
debía tenerse en cuenta la necesidad de interpretar la normativa conforme con los
postulados del ordenamiento superior y, por lo tanto, las solicitudes de aquel grupo
poblacional, en relación con esa prestación, debían atenderse a la luz de la cláusula
de no discriminación en razón del origen familiar.

45. Al respecto, la Corte concluyó, aludiendo a la Sentencia C-1126 de 2004, que:

«[…] la providencia estableció que las normas parcialmente demandadas eran
incompatibles con los arts. 5, 13 y 42 de la Constitución, por cuanto excluían al
compañero o compañera permanente del derecho a la pensión de
sobreviviente. También decidió que la sentencia tendría efectos retroactivos a
partir del 7 de julio de 1991, cuando entró a regir la Constitución, con el objeto
de restablecer los derechos conculcados a los compañeros y compañeras
permanentes de los servidores públicos de las entidades sobre las que trataba
la Ley 611 de 1977 “a quienes se les negó el derecho a que se les reconociera
la pensión de sobrevivientes o no la solicitaron porque los decretos aquí
examinados no consagraban tal derecho a su favor.”

Sin embargo, en la sentencia se aclaró que, si bien se declaraba que los
compañeros (as) permanentes también tenían derecho a la pensión de
sobreviviente desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, la
sentencia solamente tendría efectos patrimoniales a partir del momento de su
notificación. De esta manera, en la sentencia se dispuso que los compañeros
(as) permanentes a los que la sentencia les reconocía el derecho a gozar de
una pensión de sobreviviente podían exigir a las autoridades correspondientes
el pago de las mesadas que se causaran a partir de la notificación de la
providencia»11.

46. En virtud de la anterior providencia, los compañeros permanentes solo tendrían
derecho a esa prestación para las situaciones que se presentaron con posterioridad
al 7 de julio de 1991, fecha en que entró en vigor la Constitución Política actual y
con derecho a las mesadas a partir de la notificación de esa sentencia.

10 Corte Constitucional. Sentencia C-121 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
11 Ibid.

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47. No obstante, en atención a situaciones similares que se presentaron en vigencia
de la Constitución Política de 1886, la Corte Constitucional efectuó un análisis de
las normas que excluían a los compañeros permanentes como beneficiarios de la
sustitución pensional y de sobrevivencia ocurrida con anterioridad a la Constitución
de 1991, para lo cual precisó, in extenso, que:

«[…] 47.2.- Para atender la situación jurídica del grupo poblacional de
compañeros permanentes cuyas parejas fallecieron en vigencia de la
Constitución del 86, el Tribunal Constitucional ha dado aplicación retrospectiva
a la norma superior de 1991, por cuanto tratándose de situaciones jurídicas que
iniciaron su configuración antes del 7 de julio de 1991, este es el dispositivo
jurídico que procede. En efecto, esta Corporación ha dictado cuatro
precedentes constitucionales en los cuales, en atención a una ratio decidendi
análoga a la identificada en las sentencias C-1126 de 2004 y C-121 de 2010,
ha empleado retrospectivamente la Carta del 91 para enjuiciar las peticiones de
sustitución pensional impetradas por este género de compañeros permanentes
(Infra 49).

En estas providencias, la Corte Constitucional efectuó de forma implícita una
aplicación retrospectiva de la Carta del 91, en cuanto empleó los elementos que
permiten la configuración de la misma. Así, al analizar la praxis judicial de este
Tribunal en sede de revisión, se advierte que en las decisiones señaladas la
Corporación determinó que las peticiones de este grupo de personas debían (i)
resolverse de conformidad con la cláusula de no discriminación en razón del
origen familiar consagrada en la norma fundamental del 91, en la medida que
(ii) los efectos de la prestación pensional, habiéndose iniciado estando en vigor
la Carta del 86, continuaban generando consecuencias jurídicas en vigencia de
la Constitución del 91. Lo anterior, como se observa, se ajusta a la
jurisprudencia del Tribunal sobre la aplicación de la Constitución en el tiempo,
en tanto, se itera, “la Corte Constitucional ha señalado que las disposiciones de
la Constitución Política de 1991 se aplican retrospectivamente a aquellas
situaciones jurídicas que estaban en curso al momento de entrada en vigencia
de la nueva Carta” (Supra 28; Infra 64).

[…]

De allí que si el propósito del constituyente del 91 fue eliminar las manifiestas
injusticias e inequidades con que el ordenamiento jurídico sancionaba las
relaciones entre compañeros permanentes, mal podría esta Corte acoger una
interpretación que condujera a profundizar la discriminación que la Carta del 91
quiso superar. Estas personas serían objeto de una doble segregación, la
primera, aquella que profiere la ley que los excluyó del beneficio prestacional
que hoy se discute, y de otra, la interpretación según la cual la norma superior
ahora vigente no les aplica.

[…]

48.- Puestas así las cosas, la Sala concluye que la situación jurídica de
aquellos compañeros permanentes cuyas parejas fallecieron en vigencia
de la Carta de 1886 es similar en términos materiales a la posición
normativa en que se encuentran las personas beneficiarias de
pensionados que murieron en vigencia de la norma fundamental del 91,
debiendo preferirse en el caso de los primeros una aplicación
retrospectiva de la Constitución del 91 por parte del operador jurídico”»12
(cursivas originales, negrillas de la Sala).

48. De acuerdo con lo anterior, es claro que la Corte Constitucional decidió amparar,
en cuanto al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y sustitución pensional,

12 Corte Constitucional. Sentencia T-110 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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los derechos de los compañeros permanentes cuyas parejas fallecieron cuando aún
se encontraba vigente la Constitución de 1886, en virtud de la aplicación
retrospectiva de la Constitución de 1991 y acorde con la cláusula de no
discriminación en razón al origen familiar.

49. En igual sentido, esta corporación ha sostenido que:

«[…] las cláusulas de retroactividad incluidas en las sentencias C-1126 de 2004
y C-121 de 2010 no implican una desprotección de los compañeros
permanentes cuya prestación pensional inició su configuración en vigencia de
la Carta Política de 1886, por virtud a la aplicación retrospectiva de la
Constitución de 1991 para aquellos compañeros permanentes cuyas parejas
fallecieron en vigencia de la Carta Política de 1886, pues al marginárseles se
viola la prohibición constitucional de no discriminación por razón del origen
familiar y la igualdad de trato y protección que el orden superior confiere a las
familias constituidas por vínculos naturales»13.

50. En conclusión, la tendencia actual en el derecho colombiano insiste en el
reconocimiento pleno de los derechos de los compañeros permanentes en materia
prestacional, concretamente, en lo que corresponde a la legitimación para el
derecho a la sustitución pensional, pues, se insiste, de conformidad con los artículos
13, 42 y 48 de la Constitución Política, los derechos a la seguridad social
comprenden de la misma manera tanto al cónyuge como al compañero o
compañera permanente.

Resolución del caso concreto

51. La Policía Nacional pretende con su recurso, en primer término, que se revoque
la decisión de primera instancia y se declare que el Tribunal Administrativo del
Cauca violó el principio de congruencia, en la medida que determinó que los actos
administrativos demandados serían los Oficios Nro. 16267 del 12 de agosto de
2008, 199233 del 1° de agosto de 2012, 246163 del 26 de agosto de 2013 y el del
29 de diciembre de 2017 y no las Resoluciones Nro. 06772 del 14 de diciembre de
1973, 00543 del 13 de junio de 2006 y 01182 del 24 de agosto de 2012, que fueron
las que originalmente individualizó la señora Rosalba Antero.

52. Al respecto, se pone de presente que esa decisión fue producto del
razonamiento ponderado del material probatorio que aportó la demandante, del que
pudo concluirse que, pese a no haber interpuesto los recursos de la actuación
administrativa cuando procedían, continuó presentando peticiones en las que
solicitó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional de la que consideró
tenía derecho con ocasión del fallecimiento del señor Baldomero Aldana Ospina, las
cuales remitían a la manifestación de la voluntad que se plasmó en las Resoluciones
Nro. 00543 del 13 de junio de 2006 y 01182 del 24 de agosto de 2012.

53. Valga resaltar, además, que fue en el auto del 23 de abril de 2025, dentro de la
fijación del litigio, en el que se consideró lo siguiente:

13 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 1° de diciembre de 2016. Exp.

0399-16. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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«el litigio a resolver en el presente asunto consiste en determinar si hay lugar a
declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en el oficio Nro.
16267 del 12 de agosto de 2008, el oficio Nro. 199233 del 1 de agosto de 2012,
el oficio Nro. 246163 del 26 de agosto de 2013 y el oficio del 29 de diciembre
de 2017, que negaron la sustitución de la pensión de invalidez que en vida
percibía el señor Baldomero Aldana Ospina».

54. En ese orden, es claro que la decisión de primera instancia no violó el principio
de congruencia porque, como medida de saneamiento y control de legalidad, está
facultado, entre otros aspectos, para precisar cuáles son los actos administrativos
demandados con el objeto de fijar adecuadamente el litigio, corregir vicios, evitar
nulidades, garantizar la tutela judicial efectiva y evitar que se causen sentencias
inhibitorias. Esas potestades pueden materializarse en cualquier etapa del proceso,
por ejemplo, al momento de estudiar la demanda para su admisión, en la audiencia
inicial ─artículo 180 del CPACA─ o en el auto que dispone surtir el trámite de
sentencia anticipada ─artículo 182A del CPACA─.

55. Además, si la entidad recurrente no estaba de acuerdo con la fijación que se
hizo del litigio, pudo valerse de las herramientas procesales que el ordenamiento
jurídico regula para controvertir dicha determinación del Tribunal ─esto es, el
recurso de reposición─, en la medida que la fijación del objeto de la litis no es una
liberalidad del funcionario judicial, sino una etapa en la que las partes determinan
con precisión las cuestiones de hecho que serán materia del debate probatorio. Sin
embargo, como la Policía Nacional guardó silencio frente a ello, se entiende su
convalidación o aquiescencia, en atención a la preclusión de las etapas procesales.

56. Por consiguiente, la providencia recurrida se profirió de acuerdo con los
argumentos, de hecho y de derecho, expuestos judicialmente, sin que se observe o
deduzca algún tipo de pronunciamiento por fuera o más allá de lo solicitado en la
demanda ─extra o ultra petita─.

57. Ahora, respecto del argumento de falta de congruencia relacionado con que el
fallo de primera instancia analizó elementos de otro proceso, cuyas partes y medios
probatorios diferían abiertamente de este, es claro que, aunque es cierto que esa
situación se presentó y que realizó valoraciones respecto de la convivencia de los
señores «Arnoldo Murillo Pino» y «Rosalbina Durango Roldán», los cuales difieren
de este proceso, la sentencia sí analizó la situación específica de la aquí
demandante, razón por la que no puede sostenerse que ese error fue constitutivo
de una vía de hecho o de una vulneración al debido proceso.

58. En segundo término, el recurso de apelación cuestiona que a la señora Rosalba
Antero no le asiste razón jurídica para reclamar la sustitución pensional, aduciendo
su calidad de compañera permanente, teniendo en cuenta que la normativa vigente
para la época del deceso del señor Baldomero Aldana Ospina no contemplaba dicho
beneficio prestacional para la compañera permanente.

59. Con base en las anotaciones que anteceden, se tiene que si bien las
disposiciones aplicables son aquellas que estaban vigentes al momento del
fallecimiento del causante ─Decreto 609 de 1977─, lo cierto es que sí puede puede
otorgarse la sustitución pensional a los compañeros permanentes de los agentes de

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Policía en servicio activo o goce de retiro, que fallecieron bajo la vigencia de la
Constitución de 1886, aplicando, retrospectivamente, la Constitución de 1991.

60. Por consiguiente, como la demandante probó su calidad de compañera
permanente del señor Baldomero Aldana Ospina, a través de la sentencia del 30 de
diciembre de 2011 proferida por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de
Santander de Quilichao que declaró probada la existencia de la unión marital de
hecho desde el 2 de agosto de 1960 hasta el 17 de marzo de 1984 y la condición
de que la pareja procreó tres hijos, resulta palmaria la ilegalidad de los Oficios Nro.
16267 del 12 de agosto de 2008, 199233 del 1° de agosto de 2012, 246163 del 26
de agosto de 2013 y el del 29 de diciembre de 2017, porque reprodujeron una
discriminación debido al origen familiar que, a la fecha, no tiene sustento en nuestro
ordenamiento jurídico; máxime si se tiene en cuenta que la norma aplicable al caso
concreto no determinaba ningún otro requisito, más que el de la calidad de cónyuge
o compañero permanente, para acceder a la sustitución de una prestación por
muerte en retiro de un agente de la Policía Nacional.

61. Corolario de lo anterior, la Sala confirmará la sentencia proferida el diecisiete
(17) de octubre de dos mil veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo
del Cauca, por medio de la cual se accedió a las pretensiones.

Condena en costas de segunda instancia

62. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

63. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

64. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

65. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el diecisiete (17) de octubre de dos
mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual
se accedió a las pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente, conforme
a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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