Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2018-00329-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
De los efectos de acto administrativo: únicamente procede cuando se
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2018-00329-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 19001-23-33-000-2018-00329-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
25 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 19001-23-33-000-2018-00329-011 (68915)
Demandante: FUNDACIÓN JURÍDICA POPULAR DE COLOMBIA
Demandado: MUNICIPIO DE PASTO Y OTRO
Referencia: ACCIÓN POPULAR
Temas: MORALIDAD ADMINISTRATIVA - Elementos objetivo y subjetivo / SUSPENSIÓN
DE LOS EFECTOS DE ACTO ADMINISTRATIVO – Únicamente procede cuando se
comprueba la transgresión del derecho colectivo invocado en la demanda.
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la accionante contra la sentencia
desestimatoria de las pretensiones proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, el 18 de julio de 2022.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 21 de febrero de 2012 (fl. 1 c. 1), la Fundación Jurídica Popular de Colombia
formuló acción popular en contra del municipio de Pasto y del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi - IGAC, a efectos de que se proteja el derecho colectivo a la
moralidad administrativa y los derechos de los consumidores y usuarios, previstos
en el artículo 4° de la Ley 472 de 1993 -literales b y n-. Para el efecto formuló las
siguientes pretensiones (fl. 3 c. 1):
1. Proteger los derechos colectivos invocados o los que encuentre configurados
el operario judicial.
2. Restablecer o prevenir en lo sucesivo, la violación a los derechos colectivos,
disponiendo las siguientes o semejantes medidas de protección:
2.1. Suspender los efectos de la base de datos de la actualización catastral,
contenida en acto administrativo publicado en el Diario Oficial del 26 de enero
de 2012.
1 El presente asunto fue tramitado inicialmente por el Tribunal Administrativo de Nariño bajo el
radicado 52001-23-31-000-2012-00071-00. Sin embargo, mediante providencia del 17 de septiembre
de 2018, el Consejo de Estado dispuso el cambio de radicación del proceso, en atención a que se
declaró fundado el impedimento de todos los magistrados y conjueces de ese tribunal, por lo que fue
remitido al Tribunal Administrativo del Cauca (fl. 151 c. 1).
Radicación: 19001-23-33-000-2018-00329-01 (68915)
Demandante: Fundación Jurídica Popular de Colombia
Demandado: Municipio de Pasto y otro
Referencia: Acción Popular
2.2. Ordenar al IGAC revisar la totalidad de la base de datos, disponiendo la
realización de las visitas físicas a todos los predios, previa citación a los
propietarios o poseedores registrados.
2.3. Ordenar al IGAC el cumplimiento estricto al debido proceso en la adopción
de la base de datos de actualización de los avalúos, la cual empezará a regir en
el año siguiente a la sentencia, previa notificación en el DIARIO OFICIAL a más
tardar el 3 de diciembre del último año de actualización, al tenor del artículo 104
de la Resolución 0070 de 2011.
2.4. Ordenar a CORPONARIÑO y MUNICIPIO DE PASTO proceder a
cofinanciar con el IGAC el proceso de actualización catastral.
2.5. Ordenar al CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, proceda a la revisión total
del Estatuto Tributario Municipal, con énfasis en la tasa del 7.4% de la base
gravable, debiendo asesorarse de expertos economistas, contadores y
tributaristas en orden a revisar la conveniencia o inconveniencia de dicha tasa.
2.6. Ordenar al MUNICIPIO DE PASTO, proceder a presentar al CONCEJO
MUNICIPAL DE PASTO, un plan de alivios tributarios ajustado a los resultados
del ajuste de la actualización de los avalúos que se presente como consecuencia
de los anteriores ordenamientos, en orden a minimizar en lo posible el impacto
social de la medida.
3. Para el cumplimiento de los ordenamientos a las entidades accionadas, el
Juzgado fijará el término de un año siguiente a la ejecutoria del fallo.
4. CONFORMAR un COMITÉ DE VERIFICACIÓN DE LA SENTENCIA,
integrado por las siguientes personas y entidades [se enlistan las entidades].
Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la parte actora adujo que mediante
la Resolución 52-000-043-2011 del 28 de diciembre de 2011, publicada en el Diario
Oficial el 26 de enero de 2012, el IGAC “adoptó la actualización de la base de datos
del [impuesto] predial para el municipio de Pasto” (fl. 5 c. 1).
La información contenida en esa base de datos fue utilizada por el municipio de
Pasto como insumo para efectuar el cobro del impuesto predial para el mismo año
2012, en contravía de lo previsto en el artículo 104 de la Resolución 070 de 2011 2 -
IGAC-, que prescribe que los avalúos deben publicarse a más tardar el 31 de
diciembre del año inmediatamente anterior, para que puedan usarse a partir del 1
de enero siguiente. Sin embargo, nada de esto ocurrió porque se cobró el impuesto
predial de 2012 con base en la información publicada por el IGAC el 26 de enero de
ese mismo año.
También se adujo que la actualización de la formación catastral tiene yerros en la
determinación de los valores de los predios, toda vez que hubo alzas excesivas e
injustificadas, derivadas de la contratación de personal no calificado para hacer los
trabajos de avalúo y del hecho de no haberse practicados visitas técnicas en todos
los inmuebles, a causa de la falta de financiamiento del proyecto de actualización
catastral.
2 “Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la formación
catastral y la conservación catastral”.
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Radicación: 19001-23-33-000-2018-00329-01 (68915)
Demandante: Fundación Jurídica Popular de Colombia
Demandado: Municipio de Pasto y otro
Referencia: Acción Popular
2. Trámite en primera instancia
2.1. Mediante auto del 5 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo del Cauca
admitió la demanda, actuación que fue notificada en debida forma (fls. 169 a 175 c.
1).
2.2. En su escrito de oposición a las pretensiones, el municipio de Pasto señaló que
la liquidación del impuesto predial para el año 2012 se hizo con estricta sujeción a
lo previsto en la Ley 44 de 1990 y precisó que quien funge como autoridad catastral
es el IGAC y no ese municipio, por lo que para determinar los valores del referido
impuesto se ciñó a lo señalado por la base de datos actualizada que realizó la
entidad del orden nacional.
Además, adujo que los aumentos en las tarifas del impuesto predial se ajustaron a
la normativa aplicable, solo que en muchos casos las alzas fueron elevadas porque
muchos bienes pasaron de ser lotes no urbanizados a predios que sí lo eran y eso
tiene un impacto en la liquidación del tributo. Pero en todo caso, con la
implementación de la actualización de los valores catastrales se creó un sistema
de mecanismos e incentivos encaminados a aliviar la carga impositiva para los
ciudadanos.
Finalmente señaló que en el presente asunto no se persigue la protección de
derecho colectivo alguno, sino que se busca la garantía de intereses subjetivos
individuales de una pluralidad de sujetos. Al respecto, indicó que las
inconformidades con el avalúo catastral deben ser objeto de una solicitud de
revisión del valor señalado por la autoridad, a efectos de que se corrija y así se
liquide correctamente el impuesto predial.
2.3. El IGAC también se opuso a las pretensiones. Para el efecto, señaló que no
era posible ordenar la suspensión de los efectos de la Resolución 52-000-043-2011
del 28 de diciembre de 2011, pues, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo
de Estado, esta actuación no es susceptible de control judicial, en la medida en que
se trata de un acto administrativo de trámite.
En lo que tiene que ver con el principio de publicidad, señaló que la referida
Resolución 52-000-043-2011 de 2011 fue proferida el 28 de diciembre de 2011, con
el objeto de derogar la actualización catastral adoptada previamente. Estos efectos
se cumplieron plenamente a partir del 1° de enero de 2012, al margen de que se
hubiera publicado el 29 de enero de esa anualidad, pues así lo permiten los
artículos 8 de la Ley 14 de 1983 y 22 del Decreto 3496 de 1983.
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Radicación: 19001-23-33-000-2018-00329-01 (68915)
Demandante: Fundación Jurídica Popular de Colombia
Demandado: Municipio de Pasto y otro
Referencia: Acción Popular
Adujo igualmente que el IGAC carece de legitimación en la causa por pasiva, en la
medida en que no era la entidad competente para determinar las tarifas de cobro o
modificar el estatuto tributario municipal. Y, finalmente, indicó que con la actuación
de la entidad no se causó afectación alguna a derechos colectivos, sino que la
reclamación se refiere a derechos individuales de cada una de las personas a las
que se les modificó el avalúo catastral.
2.4. El 25 de septiembre de 2019 tuvo lugar la audiencia de que trata el artículo 27
de la Ley 472 de 1998, y en ella el Tribunal hizo constar que las entidades
comparecientes no presentaron proyecto de pacto de cumplimiento, lo que derivaba
en la imposibilidad de celebrarlo (fl. 292 c. 2).
2.5. Mediante proveído del 10 de octubre de 2019 se abrió a pruebas el proceso (fl.
306 c. 1). Posteriormente, a través de auto del 20 de mayo de 2022 se corrió
traslado para alegar de conclusión (fl. 412 c. 3), oportunidad en la que las partes
insistieron en los argumentos expresados en la demanda y su contestación.
3. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 18 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo del Cauca
negó las pretensiones. Para el efecto, consideró que, en principio, “la acción popular
no es procedente para suspender los efectos de las resoluciones o demás actos
administrativos que determinan el incremento del avalúo catastral”, en la medida en
que esa actuación incide únicamente en los derechos subjetivos e individuales de
las personas a las que se les modifica el avalúo de su inmueble.
Sin embargo, señaló que “la improcedibilidad (sic) de la acción popular para
suspender los efectos de actos, como los que aquí se atacan, no opera por el solo
hecho de versar sobre el incremento de avalúos catastrales, pues aún en esa
situación se podrían ver afectados o amenazados derechos colectivos”.
Al analizar la cuestión de fondo, el Tribunal Administrativo del Cauca determinó que
no hubo vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, puesto que
(i) la actualización de la conformación catastral se hizo con sujeción al artículo 24
de la Ley 1450 de 2011, (ii) la parte demandante no aportó prueba de que el
aumento de los avalúos fuera desproporcionado o excediera los límites establecidos
en el ordenamiento jurídico, (iii) ni se demostró que la metodología empleada fuera
inadecuada, pues simplemente se hicieron cuestionamientos en abstracto. Además,
(iv) se precisó que el supuesto yerro en la publicación de la Resolución 52-000-043-
2011 de 2011 no tuvo efectos sobre derecho colectivo alguno, sino únicamente
sobre intereses individuales de cada uno de los propietarios afectados, quienes
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Radicación: 19001-23-33-000-2018-00329-01 (68915)
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Referencia: Acción Popular
podían solicitar la corrección del avalúo y demandar el acto particular que se la
negara.
Finalmente, el a quo señaló que, en todo caso, la resolución en comento es un acto
administrativo de trámite cuya legalidad no podía ser evaluada en el presente
proceso, de cara a la suspensión de sus efectos, pues el acto que sí puede ser
controlado por la jurisdicción es el que determina particularmente el avalúo de cada
inmueble.
4. El recurso de apelación
En su recurso de apelación, la parte demandante adujo que el acto mediante el cual
el IGAC estableció la actualización de la conformación catastral para el municipio
de Pasto -Resolución 52-000-043-2011 de 2011- no es de trámite, sino definitivo,
en la medida en que con él se estableció la base gravable para liquidar el impuesto
predial de 2012 y porque concluye un procedimiento en el que se realizan
previamente actuaciones que sí son de trámite, como la “la adopción de las zonas
económicas homogéneas” y de los “avalúos actualizados”.
De la mano con esta consideración, señaló que hubo una vulneración del derecho
a la moralidad administrativa, por cuanto se empleó el contenido de ese acto
administrativo en la liquidación del impuesto predial para el año 2012, a pesar de
que había sido publicado en el mismo año, y no antes del 31 de diciembre del año
anterior, como lo exige el ordenamiento jurídico. Y aunque es claro que esta
situación tiene incidencia en derechos individuales, no puede desconocerse la
afectación al derecho colectivo en mención.
En la apelación se solicitó que se expidiera sentencia de unificación jurisprudencial
sobre la naturaleza jurídica del acto administrativo de actualización de formación
catastral, en relación con las acciones populares.
5. Actuación en segunda instancia
La apelación fue concedida mediante auto del 23 de agosto de 2022 (fl. 587 c. 3) y
admitida por esta Corporación en proveído del 2 de junio de 2023 (Samai, índice
26).
En la providencia del 24 de noviembre de 2023, el Despacho sustanciador le precisó
al recurrente que si su intención era la de “interponer el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, este no cumple con los requisitos establecidos en los
artículos 256 y siguientes del CPACA, teniendo en cuenta que el mismo procede,
únicamente, contra las sentencias dictadas en única y segunda instancia por los
tribunales administrativos, lo cual no ocurre en el presente caso, motivo por el cual
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Radicación: 19001-23-33-000-2018-00329-01 (68915)
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Demandado: Municipio de Pasto y otro
Referencia: Acción Popular
este Despacho mediante proveído de 1° de junio de la presente anualidad admitió
el recurso de apelación y, por lo tanto, se continuará con el trámite del mismo”
(Samai, índice 34).
En esa misma fecha se corrió traslado para alegar de conclusión en la segunda
instancia (Samai, índice 33), oportunidad en la cual el IGAC insistió en su falta de
legitimación en la causa por pasiva y en que no hay afectación a derecho colectivo
alguno, lo que hace improcedente la acción popular impetrada (Samai, índice 40).
A su vez, el municipio de Pasto reiteró los argumentos de defensa sostenidos a lo
largo del proceso y retomó las consideraciones expresadas por el a quo para
respaldarlas (Samai, índice 41). La parte demandante guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia de la Sala
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las
acciones populares originadas en actos, acciones u omisiones de las entidades
públicas o de las privadas que desempeñen funciones administrativas 3.
A su vez, la Sala es competente para conocer del recurso de alzada, por tratarse de
un proceso con vocación de doble instancia, en tanto se discute la presunta
vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y de los
consumidores y usuarios, por parte de una autoridad del orden nacional -IGAC-, tal
como lo establece el numeral 14 del artículo 132 del Código Contencioso
Administrativo4, aplicable al presente asunto, en tanto la demanda fue radicada el
21 de febrero de 2012 (fl. 1 c. 1).
Además, en los términos del artículo 13.135 del Acuerdo 80 de 2019 del Consejo de
Estado, la Sección Tercera es la competente para conocer, en segunda instancia,
de las apelaciones de las sentencias proferidas por los tribunales administrativos
cuando las controversias estén referidas a la protección de los derechos colectivos
a la moralidad administrativa y de los consumidores y usuarios.
3Ley 472 de 1998. “ARTÍCULO 15. JURISDICCIÓN. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las Acciones Populares
originadas en actos, acciones u omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que
desempeñen funciones administrativas, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones
vigentes sobre la materia. / En los demás casos, conocerá la jurisdicción ordinaria civil”.
4“ARTÍCULO 132. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA
INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: (…) 14. De las acciones populares y de cumplimiento que se interpongan contra entidades
del nivel nacional”.
5 Consejo de Estado, Acuerdo 80 de 2019. “ARTÍCULO 13. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS
ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo
Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de
especialización y de volumen de trabajo, así: (…) Sección Tercera (…) 13. Las acciones populares
que versen sobre asuntos contractuales y aquellas relacionadas con el derecho a la moralidad
administrativa”.
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2. Caso concreto
Corresponde a la Sala determinar si existió una vulneración del derecho colectivo a
la moralidad administrativa, al emplearse la actualización catastral contenida en la
Resolución 52-000-043-2011 del 28 de diciembre de 2011 -IGAC- como fundamento
para la liquidación del impuesto predial del año 2012 en el municipio de Pasto, pese
a que dicho acto se publicó en el Diario Oficial en la misma vigencia fiscal -26 de
enero de 2012-, y no antes del 31 de diciembre del año anterior, como lo exige el
ordenamiento jurídico.
En la presente decisión no se efectuará pronunciamiento alguno sobre la supuesta
vulneración del derecho colectivo de los consumidores y usuarios, pues, aunque en
la demanda se invocó como transgredido, en realidad no se formularon razones que
sustentaran esa consideración. Esto se mantuvo a lo largo del proceso, pues ni en
los alegatos de primera instancia, ni en la sentencia de primer grado y mucho menos
en el recurso de apelación, se hizo mención alguna de ese derecho, de manera que
la controversia sobre su vulneración no hace parte del objeto de la litis en el presente
asunto.
Debe recordarse que en el fallo de primera instancia se emitió un pronunciamiento
de fondo acerca de la falta de demostración de la vulneración del derecho colectivo
a la moralidad administrativa. Sin embargo, el recurso de apelación se centró en
cuestionar la afirmación del a quo, según la cual la Resolución 52-000-043-2011 de
2011 es un acto administrativo de trámite.
Y aunque ese reparo está ineludiblemente ligado con la pretensión de suspender
los efectos de la actualización catastral contenida en la demanda, lo cierto es que
la discusión sobre la procedencia de esa medida solo es jurídicamente relevante en
cuanto aparezca demostrada la vulneración del derecho a la moralidad
administrativa. Es decir, solo ante la comprobación de la transgresión del derecho
colectivo invocado, le es dable al juez pronunciarse sobre las medidas que el actor
popular eligió, como mecanismo para restablecer su protección.
Esta orientación de la decisión sigue la lógica establecida previamente por la Sala
Plena de esta Corporación, cuando señaló que, aunque la acción popular no puede
emplearse para pretender la anulación de actos administrativos, sí pueden
implementarse otras medidas en relación con dichos actos, pero siempre que estén
encaminadas a la protección de un derecho colectivo afectado, así:
Así las cosas, en criterio de la Sala Plena del Consejo de Estado las funciones
del juez de la acción popular son diferentes a las que ejerce el juez
administrativo cuando decide un conflicto para resolver si el acto
administrativo adolece de alguna causal de nulidad. Como lo refirió la Corte
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Referencia: Acción Popular
Constitucional en Sentencia C-644 de 2011, el juez de la acción popular,
antes que dedicarse a determinar quién debía proferir un acto o cómo debía
emitir el acto, debe adoptar las medidas materiales que garanticen el derecho
colectivo afectado con el acto, cuya fórmula no consiste precisamente en su
anulación (…).
Conforme a lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
unifica el criterio interpretativo así:
En las acciones populares el juez no tiene la facultad de anular los actos
administrativos, pero sí podrá adoptar las medidas materiales que
salvaguarden el derecho o interés colectivo afectado con el acto
administrativo que sea la causa de la amenaza, vulneración o el agravio de
derechos e intereses colectivos; para el efecto, tendrá múltiples alternativas
al momento de proferir órdenes de hacer o no hacer que considere
pertinentes, de conformidad con el caso concreto6.
Visto lo anterior, precisa la Sala que mediante la presente sentencia no se accederá
a la pretensión de suspensión del acto administrativo de actualización catastral, por
cuanto no se configuran los elementos para que pueda considerarse vulnerado el
derecho a la moralidad administrativa.
En los términos de la jurisprudencia unificada de esta Corporación, para que se
configure la violación de la moralidad administrativa desde el punto de vista del
interés colectivo tutelable a través de la acción popular, es necesario que se
demuestre el elemento objetivo que alude al quebrantamiento del ordenamiento
jurídico y el elemento subjetivo relacionado a la comprobación de conductas
amañadas, corruptas, arbitrarias, alejadas de la correcta función pública 7.
Esto es así, pues con la acción popular lo que se busca es corregir las
irregularidades que lesionan las reglas y principios rectores de la actividad
administrativa, conjurando oportunamente hechos u omisiones capaces de generar
daños colectivos a la moralidad con el fin de superarlos. Por tal motivo, la prueba
del elemento subjetivo referido a la disposición o el ánimo materializado a través de
conductas deshonestas en función de anteponer los intereses particulares, en
detrimento de los intereses generales, es carga de la parte actora, en tanto le
incumbe probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen8.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de febrero de
2018, exp. 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU) (M.P. William Hernández Gómez).
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 1 de diciembre de
2015, exp. 2007-00033-01(AP); Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia del 13 de febrero de 2018, exp. 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU) (M.P. William
Hernández Gómez).
8 Así lo ha sostenido la Corporación, entre otras, en las siguientes providencias: Consejo de Estado,
Sección Tercera, sentencia del 24 de septiembre de 2021, exp. 25000-23-24-000-2010-00734-
01(AP) (M.P. José Roberto Sáchica Méndez); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 27 de marzo de 2014, expediente, 201002404 A.P.
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Radicación: 19001-23-33-000-2018-00329-01 (68915)
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Para el caso particular, en la demanda únicamente se adujo como fundamento de
la transgresión del derecho a la moralidad administrativa el aspecto objetivo,
relacionado con la inobservancia de las normas sobre la temporalidad en la
publicación de la actualización de la formación catastral. Pero además de esa
consideración, no se cuenta con medios de convicción que evidencien la
vulneración del derecho colectivo en su aspecto subjetivo, puesto que las pruebas
documentales arrimadas al proceso únicamente dan cuenta de la existencia de un
procedimiento administrativo en virtud del cual se expidió la Resolución 52-000-043-
2011 de 2011, así como de la variación en la liquidación del impuesto predial que
hubo para algunos contribuyentes en el año 2012 y las medidas de alivio adoptadas
por el municipio de Pasto.
Esta conclusión se refuerza al valorar el testimonio rendido por el señor Nicolás
Martín Toro Muñoz, concejal del municipio de Pasto, quien en su declaración no dio
cuenta de la ocurrencia de aspectos relacionados con la comprobación de
conductas amañadas, corruptas, arbitrarias o alejadas de la correcta función
pública, puesto que únicamente se refirió a los términos en que debió publicarse la
actualización catastral -aspecto objetivo-, y señaló que con la implementación de
los nuevos avalúos se causaron efectos económicos adversos para la población, lo
cual implicó que las personas dejaran de tener hijos, se fueran del municipio y que
se frenara el crecimiento poblacional porque el costo de vida se elevó mucho debido
a la variación del impuesto predial.
En ese contexto, se confirmará la decisión impugnada, por cuanto no se demostró
la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, y porque con la
presente acción lo único que se está persiguiendo es la protección de intereses
individuales de los contribuyentes, mediante la formulación de pretensiones
encaminadas a lograr únicamente la revisión de legalidad de las actuaciones de la
administración, aunque este aspecto es ajeno al ámbito de protección de la acción
popular.
Más concretamente, si los contribuyentes del municipio de Pasto tenían
discrepancias con la forma en cómo la administración avaluó los inmuebles y liquidó
el impuesto predial para el año 2012, debían acudir a la administración para solicitar
que corrigiera los yerros, y en caso de recibir respuesta negativa, ejercer las
demandas correspondientes, en lugar de ventilar tales intereses a través de la
acción popular, puesto que este no es el medio procesal adecuado para cuestionar
la legalidad de dichos actos.
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Radicación: 19001-23-33-000-2018-00329-01 (68915)
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Demandado: Municipio de Pasto y otro
Referencia: Acción Popular
3. Costas
De conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, y como lo resaltó la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación al unificar su
jurisprudencia en sentencia del 6 de agosto de 20199, “sólo cabe reconocer costas
a favor de la parte demandada y a cargo del actor popular, cuando este último actuó
temerariamente o de mala fe (...)”. De este modo, como en el presente asunto no se
evidencia que el actor hubiera procedido con temeridad o mala fe, la Sala se
abstendrá de condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
9 Exp. 2017-00036-01(AP)REV-SU, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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