Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 19001-23-33-000-2019-00115-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 19001-23-33-000-2019-00115-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 19001-23-33-000-2019-00115-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
24 de febrero de 2022
Radicado: 19001-23-33-000-2019-00115-01 (25744)
Demandante: Bancolombia S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001-23-33-000-2019-00115-01 (25744)
Demandante: Bancolombia S.A.
Demandado: Municipio de Guachené
Temas: Sanción por no enviar información. Tipo infractor. Conducta infractora.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 27 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca,
que resolvió (f. 227):
Primero. Declarar la nulidad de la Resolución N° 00118 del 16 de noviembre de 2018 por medio de
la cual se aplicó la sanción por no enviar información y de la Resolución N° 007 del 31 de enero de
2019 por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, DECLARAR
que Bancolombia S.A no debía pagar la sanción impuesta por el municipio de Guachené.
Tercero. Ordenar al municipio de Guachené restituir de forma indexada a Bancolombia S.A la suma
de $497.340.000, la cual fue consignada a su favor mediante transacciones de los días 2 de enero
y 11 de febrero de 2019, por concepto de la sanción impuesta.
El municipio de Guachené hará la actualización sobre la suma adeudada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación
certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo
de Estado, indicada en la parte motiva de esta providencia.
Cuarto. Negar las demás pretensiones de la demanda.
Quinto. Condenar en costas a la parte demandada, conforme a lo expuesto en la parte considerativa
de esta providencia. Liquidense por Secretaría las costas del proceso.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante Resolución nro. 0118, del 16 de noviembre de 2018, la administración municipal
sancionó a la actora por no enviar información, dado que no proporcionó información
relacionada con la práctica de un embargo y omitió hacer efectiva dicha medida cautelar
(ff. 56 a 61). Esta decisión fue confirmada por la Resolución nro. 007, del 31 de enero de
2019 (ff. 113 a 118).
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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00115-01 (25744)
Demandante: Bancolombia S.A.
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló como pretensiones las
siguientes (f. 12 vto. a 14):
Principales
Primera. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 0118 de 2018 “por medio de la cual se
resuelven los descargos presentados por Bancolombia S.A. con el NIT 890.903.938 y se le aplica la
sanción por no enviar información” y de la Resolución No. 007 del 31 de enero de 2019 “por medio
de la cual se resuelve el recurso de reconsideración presentado por Bancolombia S.A. con NIT
890.903.938 contra la Resolución No. 0118 del 16 de noviembre de 2016”, ambas expedidas por la
Tesorería Municipal de Guachené (Cauca) con ocasión del proceso iniciado con el auto de cargos
del 28 de agosto de 2018.
Segunda. Que en virtud de lo anterior, se exonere a Bancolombia S.A. de la sanción impuesta
mediante la Resolución No. 0118 del 16 de noviembre de 2018.
Tercera. Que a título de restablecimiento del derecho, el Municipio de Guachené restituya de manera
indexada a Bancolombia S.A. la suma de cuatrocientos noventa y siete millones trescientos cuarenta
mil pesos ($497.340.000), que se consignó a su favor por concepto de la sanción de que trata el
artículo 651 del Estatuto Tributario, a través de sendas consignaciones, efectuadas el 02 de enero y
el 11 de febrero de 2019, respectivamente.
Cuarta. Que el Municipio de Guachené pague a favor de Bancolombia S.A. los intereses corrientes
a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera por las sumas referidas en el
numeral anterior, causados desde las respectivas fechas de consignación hasta la fecha en que sean
restituidas.
Primer Grupo de Pretensiones Subsidiarias:
Primera. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 0118 del 16 de noviembre de 2018 “por
medio de la cual se resuelven los descargos presentados por Bancolombia S.A. con NIT:
890.903.938 y se le aplica la sanción por no enviar información" en lo pertinente a la tasación de la
sanción de cuatrocientos noventa y siete millones trescientos cuarenta mil pesos ($497.340.000.00)
impuesta a Bancolombia S.A.
Segunda; Que se recalcule el valor de la sanción impuesta a Bancolombia S.A. tomando como base
para tasarla el valor de $1.632.220.846.00 correspondiente a la suma movilizada de las cuentas
respecto a las cuales se ordenó la medida de embargo por la Tesorería de Guachené.
Tercera: Que con base en lo dispuesto en el literal "a" del numeral 1° del artículo 651 del ET, según
el cual, la multa será equivalente "al cinco por ciento (5%) de las sumas respecto de las cuales no
se suministró la información exigida", se tenga que la sanción inicial a imponer en este caso es
correspondiente al 5% de $1.632.220.846.00, esto es, $81.611.042,3.
Cuarta: Que a la sanción inicial calculada en el numeral anterior se aplique la reducción del 50% del
inciso tercero del artículo 651 del E.T, según el cual "[l]a sanción [...] se reducirá [...] al cincuenta por
ciento (50%) de tal suma, si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la
sanción […]". Lo anterior, por haberse inscrito la medida de embargo ordenada, haberse respondido
todos los requerimientos de la demandada y haberse pagado la multa, antes de la expedición de la
Resolución sanción 0118 del 16 de noviembre de 2018.
Quinta: Que en virtud de la reducción del 50% de que trata el inciso tercero del artículo 651 del ET,
se entienda como valor total a pagar por concepto de sanción por no enviar información, la suma de
cuarenta millones ochocientos cinco mil quinientos veintiún pesos ($40.805.521).
Sexta: Que en virtud de la consignación efectuada el 02 de enero de 2016 por Bancolombia S.A. a
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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00115-01 (25744)
Demandante: Bancolombia S.A.
favor de la Tesorería de Guachené por valor de cincuenta y siete millones ciento veintisiete mil
setecientos treinta pesos ($57.127.730), se entienda pagada en su totalidad la sanción impuesta a
Bancolombia S.A.
Séptima: Que a título de restablecimiento del derecho, el Municipio de Guachené restituya indexada
a Bancolombia S.A., la suma de cuatrocientos cincuenta y seis millones quinientos treinta y cuatro
mil cuatrocientos setenta y nueve pesos ($456.534.479), consignada a su favor a través de sendas
operaciones efectuadas el 02 de enero de 2019 (por cuantía de $57.127.750) y 11 de febrero de
2019 (por cuantía de $440.212.270) respectivamente, y que excede al valor total a pagar por
concepto de sanción según lo calculado en la pretensión quinta.
Octava: Que el Municipio de Guachené pague a favor de Bancolombia S.A. los intereses corrientes
causados desde el 02 de enero de 2019 hasta la fecha en que sea restituida la suma a reintegrar,
cuatrocientos cincuenta y seis millones quinientos treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve
pesos ($456.534.479).
Novena: Que se declare a Bancolombia S.A. a paz y salvo por concepto de la sanción por no enviar
información de que trata el artículo 651 del E.T. y que le fuere impuesta por la Tesorería de
Guachené.
Segundo Grupo de Pretensiones Subsidiarias:
Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 007 del 31 de enero de 2018 “por medio de
la cual se resuelve el recurso de reconsideración presentado por Bancolombia S.A. […] contra la
Resolución no. 0118 de 16 de noviembre de 2018” en lo pertinente a la negativa de aplicar las
reducciones de la sanción a que se refiere el inciso tercero del artículo 651 del ET.
Segunda: Que con base en lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 651 del ET, según el cual la
sanción "se reducirá al cincuenta por ciento (50%) de la suma determinada […] si la omisión es
subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción", se reduzca a la mitad el valor de
la sanción impuesta a Bancolombia S.A. a través de la Resolución 0118 del 16 de diciembre de 2018.
Lo anterior, por haberse inscrito la medida de embargo ordenada, haberse respondido todos los
requerimientos de la demandada y haberse efectuado un pago parcial de la multa, antes de la
expedición de la Resolución sanción 0118 del 16 de noviembre de 2018.
Tercera: Que en virtud de la reducción del 50% de que trata el inciso tercero del artículo 651 del ET,
se entienda como valor total a pagar por concepto de sanción por no enviar información, la suma de
doscientos cuarenta y ocho millones seiscientos setenta mil pesos ($248.670.000).
Cuarta: Que en virtud de las consignaciones efectuadas por el Banco a favor de la Tesorería de
Guachené el 02 de enero de 2019 por valor de $57.127.750 y 11 de febrero de 2019 por valor de
$440.212.270, respectivamente, se entienda pagada en su totalidad la sanción impuesta a
Bancolombia S.A.
Quinta: Que a título de restablecimiento del derecho, el Municipio de Guachené restituya indexada a
Bancolombia S.A., la suma de doscientos cuarenta y ocho millones seiscientos setenta mil pesos
($248.670.000), consignada a su favor a través de sendas operaciones efectuadas el 02 de enero
de 2019 (por cuantía de $57.127.750) y 11 de febrero de 2019 (por cuantía de $440.212.270)
respectivamente, y que excede al valor total a pagar por concepto de sanción según lo calculado en
la pretensión tercera.
Sexta: Que el Municipio de Guachené pague a favor de Bancolombia S.A. los intereses corrientes
causados desde el 02 de enero de 2019 hasta la fecha en que sea restituida la suma a reintegrar,
doscientos cuarenta y ocho millones seiscientos setenta mil pesos ($248.670.000).
Séptima: Que se declare a Bancolombia S.A. a paz y salvo por concepto de la sanción por no enviar
información de que trata el articulo 651 del E.T. y que le fuere impuesta por la Tesorería de
Guachené.
A los anteriores efectos, invocó como vulnerados los artículos 29 de la Constitución; 651,
683, 728 y 730 del ET; y 3.° del CPACA, bajo el siguiente concepto de violación (ff. 21 a
46):
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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00115-01 (25744)
Demandante: Bancolombia S.A.
Censuró que la Administración le impusiera la sanción por no enviar información, reglada
en el artículo 651 del ET, por no haber practicado un embargo, pese a que esa conducta
no estaba tipificada como sancionable en la norma ibidem, de manera que la multa
impuesta vulneró el principio de legalidad. Agregó que el oficio en el que la demandada
le solicitó practicar el embargo no contenía ninguna solicitud de información, por lo que
negó haber incumplido el deber de informar. Subsidiariamente, alegó que subsanó las
supuestas omisiones antes de que se expidiera el acto que le impuso la multa debatida,
de modo que había lugar a reducirla en un 50%. Aseguró que la cuantía de la multa debía
determinarse teniendo en cuenta la suma respecto de la cual se ordenó el embargo y
que, en cualquier caso, la base de cálculo de la sanción no podía superar el límite legal,
esto es, 15.000 UVT. Por ello, solicitó la devolución del dinero pagado en exceso por
concepto de la sanción en disputa.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 147 a 161). Al efecto, expuso
que la contribuyente no practicó un embargo que le había ordenado ni envió información
relacionada con dicha medida cautelar (sin precisar qué tipo de información había
solicitado), de manera que la multa impuesta era procedente. Finalmente, planteó que no
había lugar a reducir la multa cuestionada, porque la demandante no atendió la orden de
embargo impartida ni suministró la información requerida dentro del término fijado para
el efecto.
Sentencia apelada
El tribunal accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas al extremo
pasivo (ff. 219 a 227). De manera preliminar, determinó que la Administración presentó
extemporáneamente la contestación de la demanda. Seguidamente, juzgó que la solicitud
de embargo «no guardaba conexidad» con la obligación de suministrar información ni se
relacionaba con alguno de los hechos generadores de los tributos administrados por el
extremo pasivo. Además, precisó que la actora no era sujeto pasivo de ningún impuesto
en la jurisdicción demandada. Por esos motivos, concluyó que el deber de informar no la
cobijaba, de ahí que hubiera lugar a anular los actos acusados y ordenar la devolución
de las sumas pagadas por la demandante por concepto de la sanción objetada.
Recurso de apelación
La demandada apeló la decisión de primer grado (ff. 232 a 239). Para ello, sostuvo que
el secretario administrativo del municipio certificó que el 08 de mayo de 2019 no se había
recibido la notificación del auto admisorio de la demanda en los correos electrónicos de
la entidad. Al contrario, aseguró que la notificación tuvo lugar el 28 de mayo de 2019.
Sobre esa base, planteó que presentó oportunamente la contestación de la demanda y
que el tribunal vulneró el debido proceso al haberla omitido.
Al amparo de los artículos 823, 837 y 839-1 del ET, argumentó que existía una relación
entre la orden de embargo y el deber de informar, de modo que la actora estaba obligada
a practicar dicha medida cautelar y a enviar toda la información que le fuere requerida, al
margen de su sujeción pasiva a impuestos territoriales. Añadió que la «Carta Circular»
nro. 30 de 2014, expedida por la Superintendencia Financiera, señalaba que incumplir
con órdenes de embargo daba lugar a la sanción por no informar prevista en el artículo
651 del ET. Además, reprochó que el tribunal concluyera que la actora no estaba sujeta
al deber de informar, pues tal determinación carecía de análisis normativo y pasaba por
alto que las comunicaciones de embargo y los actos demandados demostraban dicha
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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00115-01 (25744)
Demandante: Bancolombia S.A.
sujeción, dado que habían sido expedidos por funcionario competente y en cumplimiento
de las normas del Estatuto Tributario que regulan la materia. Finalmente, cuestionó la
condena en costas por falta de prueba.
Alegatos de conclusión
La actora insistió en las alegaciones expuestas en las etapas procesales anteriores.
Agregó que el tribunal anuló la liquidación oficial de aforo que sirvió de base para el
embargo ordenado por la demandada, de modo que el fundamento de dicha orden había
desaparecido, por lo que había lugar a levantar la sanción en disputa. Además, sostuvo
que el pronunciamiento de la Superintendencia Financiera aludido por demandada en la
apelación no existía (índice119). Su contraparte reiteró los argumentos planteados en la
contestación y en el recurso de apelación (índice 20).
El ministerio público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos de apelación
planteados por la demandada, en calidad de apelante única, contra la sentencia de primer
grado, que anuló los actos enjuiciados y condenó en costas al extremo pasivo. Así,
corresponde estudiar si la actora incurrió en el tipo infractor de no enviar información,
reglado en el artículo 651 del ET, por no haber practicado un embargo y por no haber
suministrado información relacionada con esa medida cautelar.
2- Antes de resolver el problema jurídico planteado por las partes, advierte la Sala que la
demandada reprochó que el tribunal considerara extemporánea la contestación de la
demanda, de manera que hay lugar a pronunciarse sobre el particular. Al respecto, la
Administración insiste en que contestó a tiempo la demanda, puesto que el auto admisorio
se notificó el 28 de mayo de 2019 y no el 08 de ese mismo mes y año, como consideró
el tribunal. Al efecto, plantea que los Oficios nros. TCA-ORAL-CE-255 y 109, del 13 de
mayo de 2019, ambos expedidos por el a quo, dan cuenta de que la notificación del auto
admisorio ocurrió el 28 de mayo de 2019. A lo que agrega que su secretario administrativo
certificó que el 08 de mayo de 2019 no se recibió dicho auto en el correo electrónico de
la entidad («contactenos@guachene-cauca.gov.co» y otros); lo que, en su criterio,
demuestra que la notificación en comento tuvo lugar el 28 de mayo del 2019. Pues bien,
el expediente evidencia que 08 de mayo de 2019 el tribunal envió al extremo pasivo la
notificación del auto admisorio de la demanda a los correos electrónicos
«contactenos@guachene-cauca.gov.co» y «alcaldia@guachene-cauca.gov.co» (f. 137),
es decir, a la misma dirección electrónica referida por el secretario administrativo de la
entidad (f. 240). Al hilo de lo anterior, constata la Sala que el Oficio nro. 109, del 13 de
mayo de 2019 —invocado por la Administración— se refiere a otro proceso en que le
demandante es «XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.»; al paso
que el Oficio nro. TCA-ORAL-CE-255, del 13 de mayo de 2019 —también aludido por la
demandada— no obra en el expediente. A la luz de esos hechos, concluye la Sala que,
contrario a lo certificado por la entidad demandada, está probado en el plenario que el
tribunal notificó el auto admisorio de la demanda el 08 de mayo de 2019 mediante envío
de un mensaje de datos a uno de los correos electrónicos de la demandada. Toda vez
que la Administración contestó la demanda el 16 de agosto de 2019 (f. 147), su actuación
fue extemporánea, pues tenía hasta el 29 de julio de 2019 para hacerlo.
1 Del historial de actuaciones de la plataforma informática SAMAI.
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Demandante: Bancolombia S.A.
3- Visto lo anterior, pasa la Sala a estudiar si la actora incurrió en el tipo infractor de no
enviar información, reglado en el artículo 651 del ET. Al respecto, la demandante asegura
que el oficio por medio del que se le impartió la orden de embargo, y cuya supuesta
desatención dio lugar a la sanción debatida, no contenía una solicitud de información; y
añade que no practicar un embargo no es una conducta sancionable a la luz de la
disposición ibidem. En contraposición, la Administración sostiene que la actora incumplió
una orden de embargo que le impartió y que omitió informarle sobre la medida, de manera
que esas dos conductas dan lugar a imponer la multa debatida. En esos términos, la Sala
debe definir si la actora no envió la información solicitada por la Administración y si
incumplir con una orden de embargo da lugar a imponer la sanción por no informar de
que trata el artículo 651 del ET.
4- La norma en comento, en su versión vigente para la época de los hechos, tipificaba
como sancionables conductas relacionadas con el deber de informar, concretamente, no
suministrar información, no suministrar la información en el plazo establecido, y
suministrar una información con errores de contenido (Sentencia de Unificación 2019CE-
SUJ-4-010, del 14 de noviembre de 2019, exp. 22185, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez).
Tales infracciones pueden ser cometidas tanto por obligados tributarios respecto de los
cuales la Administración se encuentra adelantando un procedimiento de inspección,
como por personas que, aunque no sean los sujetos investigados, se encuentran en
situación de proporcionar a la Administración informaciones con trascendencia tributaria
en relación con terceros. Así serían sancionados con la multa allí prevista los sujetos a
quienes se les haya solicitado información tributaria o informaciones y pruebas en
ejercicio de la facultad de fiscalización de la Administración y desatiendan ese
requerimiento. Ahora, el artículo 837 ibidem amplía la conducta infractora descrita en el
tipo referido, para señalar que el sujeto que no suministre la información solicitada por la
autoridad para ubicar los bienes de un deudor también incurre en el tipo mencionado.
Por su parte, el parágrafo 3.° del artículo 839-1 del ET establece que las entidades
bancarias, crediticias o financieras que incumplan una orden de embargo «responderán
solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación». De modo que la medida
de coacción que prevé el ordenamiento por no dar cumplimiento oportuno a una orden
de embargo es la solidaridad pasiva respecto de la obligación que ocasionó la medida.
5- En el caso enjuiciado, la demandada sancionó a la actora por no enviar información,
dado que incumplió una orden de embargo y omitió informarle sobre la práctica de la
medida, como le había solicitado en el Oficio nro. T-014, del 26 de enero de 2018.
5.1- Como quedó expuesto, incumplir una orden de embargo no es una conducta
sancionada con el tipo infractor previsto en el artículo 651 del ET; al contrario, esa
conducta da lugar a que la entidad renuente a practicar la cautela responda
solidariamente respecto de las obligaciones del deudor ejecutado (parágrafo 3.º del
artículo 839-1 del ET). De ahí que, resulte improcedente sancionar a la demandante por
no informar atribuyendo como conducta infractora el incumplimiento de practicar una
orden de embargo.
5.2- En cuanto a la información solicitada por la demandada, esta insiste en que mediante
el Oficio nro. T-014, del 26 de enero de 2018, le ordenó a la actora el embargo de las
cuentas y le solicitó informarle sobre la medida cautelar dentro de los 3 días siguientes a
la recepción del acto. En cambio, la actora sostiene que dicho oficio no contenía ninguna
solicitud de información, sino que se limitaba a ordenar la medida cautelar. Sobre el
particular, advierte la Sala que el oficio en referencia no obra en el expediente. Por su
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parte, los actos acusados tampoco indican en qué consistió la información solicitada,
pues se limitan a señalar que omitió brindar información sobre el embargo, de modo que
no quedó demostrado en el proceso que la demandada hubiere elevado una solicitud de
información a la actora diferente a la orden de practicar un embargo.
6- Así las cosas, juzga la Sala que la actora no incurrió en el tipo infractor descrito en el
artículo 651 del ET, puesto que no quedó demostrada la solicitud de información aludida
por la Administración; y porque incumplir una orden de embargo no da lugar a la multa
en mención.
7- Por las razones expuestas la Sala declara la nulidad de los actos acusados, por lo que
se releva del estudio de los demás cargos de nulidad.
8- Finalmente, por no estar probadas en el expediente, la Sala revoca la condena en
costas impuesta por el tribunal y se abstiene de condenar por dicho concepto en esta
instancia, conforme con lo establecido en el artículo 365.8 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar el ordinal 5.° de la sentencia apelada. En su lugar:
Quinto. No condenar en costas.
2. En lo demás, confirmar la sentencia de primera instancia, de acuerdo a lo considerado
en esta providencia.
3. Sin condena en costas en ninguna de las instancias.
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO MILTON CHAVES GARCÍA
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