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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2019-00254-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2019-00254-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Mantener incólume la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Cauca que negó las pretensiones de la demanda presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra Enar Vidal Carvajal de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. Cuarto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado Electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. SLVA 18

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2019-00254-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001-23-33-000-2019-00254-01 (0841-2025)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandada: Enar Vidal Carvajal

Tema: Liquidación pensional. Régimen de los empleados del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia de la Penitenciaria Nacional y del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario2. Congruencia de
los argumentos de la apelación con los del concepto de la
violación

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
_________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante
contra la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Cauca, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. La Ugpp presentó demanda3 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de

1 En adelante Ugpp.
2 En adelante Inpec
3 El 22 de julio de 2019. Índice 2 Samai, archivo denominado «031parte2.rar» y
«06presentacionpersonaldemanda.pdf».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 19001-23-33-000-2019-00254-01 (0841-2025)
Demandante: Ugpp

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones PAP 13548 del 13 de septiembre de
2010 y RDP 036105 del 4 de septiembre de 2015 que reconocieron la pensión de
vejez a Enar Vidal Carvajal, de conformidad con el régimen especial de los
empleados del Inpec previsto en la Ley 32 de 1986.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la devolución de las sumas percibidas por concepto del reconocimiento
de la pensión de vejez otorgada, en forma indexada; ii) la actualización de la
condena; y iii) la condena en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Enar Vidal Carvajal laboró al servicio del Inpec del 16 de junio de 1981 al 30 de
junio de 2009, en este periodo cotizó a la Caja Nacional de Previsión Social5; y del
1 de julio de 2009 al 30 de diciembre de 2010, en el que efectuó cotizaciones al
Instituto de Seguros Sociales6, hoy Colpensiones.

3.2. Adquirió su estatus de pensionado el 15 de junio de «2001» y su último cargo
fue el de dragoneante en la ciudad de Popayán.

3.3. A través de la Resolución PAP 13548 del 13 de septiembre del 2010, Cajanal
le reconoció una pensión de vejez cuyo IBL se conformó con el 75 % del promedio
del último año de salario, esto fue «entre el 1 de diciembre de 2010 y el 30 de diciembre
de 2010» en cuantía de $881.155, efectiva a partir del 1 de julio de 2007,
condicionado al retiro definitivo del servicio.

3.4. Mediante la Resolución RDP 036105 del 4 de septiembre de 2015, la Ugpp
reliquidó la prestación sobre el 75% del promedio de los salarios sobre los cuales
cotizó entre 1 de enero de 2010 y el 30 de diciembre de 2010, en cuantía de
$1.307.231, efectiva a partir del 1 de enero de 2011, con efectos fiscales a partir
del 24 abril de 2012 por prescripción trienal.

4 En adelante CPACA.
5 En adelante Cajanal.
6 En lo que sigue ISS.

2

Radicado: 19001-23-33-000-2019-00254-01 (0841-2025)
Demandante: Ugpp

3.5. Finalmente expidió la Resolución RDP 051431 del 3 de diciembre de 2015, por
la cual resolvió un recurso de apelación contra el acto anterior, en virtud del cual
confirmó la decisión.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 4 y 48 de la Constitución Política, 36 de la
Ley 100 de 1993; y 96 de la Ley 32 de 1986; el Decreto 407 de 1994 y el Acto
Legislativo 01 de 2005.

5. En cuanto al concepto de violación expuso que al 1° de abril de 1994 (fecha de
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para servidores del orden nacional)
Enar Vidal Carvajal no tenía 15 de años de servicio, ni 40 de edad como lo exige
el artículo 36 ibidem para ser beneficiario del régimen de transición allí establecido,
comoquiera que los 20 años de servicios los cumplió el 15 de junio de 2001, en
vigencia del Decreto 407 de 1994, que exige 20 años de servicio sin edad y haber
cumplido los requisitos de la transición del referido artículo 36, para ser beneficiario
del régimen especial de los servidores del Inpec establecido en la Ley 32 de 1986.
Además, a partir del 1° de julio de 2009 realizó aportes a pensión al ISS; por ello,
si se determina que cumplió con los requisitos señalados en los artículos 3 y 4 del
Decreto 2090 de 2003, la entidad competente para el reconocimiento de la pensión
debía ser Colpensiones y no la Ugpp.

1.2. Contestación de la demanda

6. Enar
Vidal Carvajal se opuso a la prosperidad de las pretensiones con
fundamento en las siguientes consideraciones7:

6.1. Tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez en los términos
establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, porque prestó sus servicios al
Inpec desde el 16 de junio de 1981 hasta el 30 de diciembre de 2010, es decir, por
un periodo de 29 años; y durante su vinculación se desempeñó como dragoneante,
por lo que hace parte del régimen excepcional señalado en dicha norma.

6.2. De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 5 transitorio del Acto Legislativo
01 de 2005 y el artículo 1 del Decreto 1950 de 2005, a los miembros del Inpec
vinculados antes del Decreto Ley 2090 de 2003, se les aplicarían las reglas
previstas en la Ley 32 de 1986, sin más exigencias que haberse vinculado a dicho
cuerpo antes del 28 de julio de 2003; y, comoquiera que se vinculó en junio de

7 Índice 2 Samai, archivo denominado «031parte2.rar» y «19contestaciondemanda.pdf».

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Demandante: Ugpp

1981, le es totalmente aplicable esta última norma para efectos del reconocimiento
de la pensión de vejez.

6.3. Finalmente señaló como excepciones las de inexistencia de la causal de
nulidad, cobro de lo no debido, buena fe y afectación al mínimo vital.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Cauca en sentencia del 2 de noviembre de 20238
negó las pretensiones de la demanda y como fundamento de su decisión señaló lo
siguiente:

7.1. A Enar Vidal Carvajal le era aplicable el régimen especial previsto en el artículo
96 de la Ley 32 de 1986, por haber laborado 20 años en los cargos que le permitían
acceder a ese derecho, y no debía tenerse en cuenta la edad, toda vez que ingresó
al Inpec en el cargo de dragoneante desde el 16 de junio de 1981.

7.2. No era posible aplicar el Decreto 2090 del 2003, que exige, para conservar el
régimen anterior, tener cotizadas más de 500 semanas [presupuesto que también
cumplió el demandado] y tampoco que debía cumplir exigencias adicionales, tales
como las de la transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque el Consejo
de Estado y la Corte Constitucional han acudido a la interpretación más favorable
que parte de la existencia de una contradicción normativa.

7.3. El pensionado cumplió con los requisitos para ser beneficiario de la prestación
el 16 de junio de 2001, antes de la vigencia del Decreto 2093 del 2003, por lo que
tenía derecho al régimen especial previsto en la Ley 32 de 1986 y el Decreto 474
de 1994, esto es, haber trabajado 20 años en actividades de riesgo sin tener en
cuenta la edad, razón por la cual el acto cuestionado no vulneró el ordenamiento
jurídico, porque no le era exigible la aplicación del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, situación normativa que fue introducida con el Decreto 2093 de 2003.

7.4. Si bien en los alegatos de conclusión la parte demandante solicitó que se
anulara la resolución por la cual se reliquidó la pensión, porque al parecer se hizo
con la inclusión de factores salariales que no correspondían, sobre esta situación
no existió un planteamiento claro y desarrollado en la demanda, pues esta se dirigió
a la anulación del acto de reconocimiento pensional. De manera que lo pretendido
no fue materia de debate en este proceso.

8 Índice 2 Samai, archivo denominado «031parte2.rar» «47sentenciaprimerainstancia.pdf».

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Demandante: Ugpp

1.4. El recurso de apelación

8. LaUgpp solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia con
fundamento en los siguientes argumentos9:

8.1. El demandado era beneficiario del régimen de transición establecido en el
Decreto 1950 de 2005 y el Acto Legislativo 01 de 2005, y por ende su situación
pensional se regía por la Ley 32 de 1986. Sin embargo, deben considerarse los
factores salariales a tener en cuenta en el cómputo pensional. Al respecto, el
Consejo de Estado unificó su postura en la sentencia del 28 de agosto de 2018 10,
en la cual precisó cómo se conformaba el IBL de los beneficiarios del régimen de
transición, e indicó que deben ser únicamente aquellos sobre los que se hayan
efectuado los aportes al sistema pensional de conformidad con lo previsto en el
Decreto 1158 de 1994.

8.2. El demandando tenía derecho a que su pensión se liquidara con base en la Ley
32 de 1986, en cuanto al tiempo de servicio y tasa de reemplazo; pero teniendo en
cuenta las disposiciones de la Ley 100 de 1993 en lo que atañe al cálculo del IBL,
esto es, el salario devengado en los últimos 10 años anteriores al retiro del servicio
público, incluyendo los factores sobre los cuales se hicieron las respectivas
cotizaciones al sistema, propiamente, los enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

9. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar11.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se mantuviera la
legalidad del acto acusado, con fundamento en que el demandado era beneficiario
de la prestación reconocida y su situación no estaba sujeta a la Ley 100 de 1993,
por mandato expreso del Acto Legislativo 1 de 2005 que dispuso que a partir de la
entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 este ordenamiento se aplicaría a los
empleados de la guardia del Inpec en razón a sus funciones que se habían
vinculado antes de la entrada en vigencia de dicho decreto12.

9 Índice 2 Samai, archivo denominado «031parte2.rar» «49recursoapelacionugpp.pdf»
10 No citó más datos.
11 Tal y como se indicó en el auto del 30 de abril de 2025. Índice 4 de Samai.
12 Índice 9 de Samai.

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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00254-01 (0841-2025)
Demandante: Ugpp

2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico

11. De acuerdo con los argumentos del recurso de apelación, lo que delimita la
competencia en segunda instancia13, consiste en determinar ¿si los argumentos
de la apelación guardan congruencia con el concepto de la violación desarrollado
en la demanda? y, de ser así ¿si Enar Vidal Carvajal tenía derecho a la liquidación
de la pensión especial de vejez, como exservidor del Inpec, con la inclusión de la
totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicio?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Régimen pensional especial para actividades de alto riesgo de los
empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)

12. La Ley 32 de 198614 reguló todo lo relativo al ingreso, formación, capacitación,
ascensos, traslados, retiros, administración y régimen prestacional del personal de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional. Esta ley, en su artículo 96 estableció
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación de la siguiente manera:

«Artículo 36. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación
al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia
Nacional sin tener en cuenta su edad».

13. Luego, fue expedida Ley 65 de 199315, en la que se le otorgaron facultades
extraordinarias al gobierno nacional para dictar normas con fuerza de ley, entre otros
aspectos, sobre el régimen salarial, prestacional y pensional del personal de

13 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
14 «Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y vigilancia».
15 «Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario».

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Demandante: Ugpp

seguridad del Inpec, oportunidad en la que el legislador precisó que las nuevas
disposiciones no podían desmejorar los derechos y garantías de quienes para ese
momento ya prestaban sus servicios al instituto.

14. En desarrollo de dichas facultades, el gobierno nacional expidió el Decreto 407 de
199416, norma que en su artículo 168 dispuso:

«Artículo 168. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren
prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, tendrán
derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96
de la Ley 32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en
cuenta para estos efectos.

Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por el Gobierno
Nacional.

Parágrafo 1. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto, al Cuerpo
de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho a una
pensión de vejez en los términos que establezca el Gobierno Nacional, en desarrollo del
artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.

Parágrafo 2. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas establecidas
en la Ley 100 de 1993».

15. Así las cosas, los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria del Inpec que, para el 21 de febrero de 1994 -fecha de entrada en
vigencia del Decreto 407 de 1994-, se encontraran prestando sus servicios a la
entidad tendrían derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos
establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.

16. Cabe señalar que la Ley 100 de 1993, en su artículo 139, numeral 2, estableció
que el gobierno Nacional debía determinar cuáles eran las actividades de alto
riesgo que requerían de un tratamiento especial respecto del número de semanas
cotizadas y el monto de la pensión, y fue así como en el artículo 140 ibidem dispuso
lo siguiente:

«Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De
conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los
servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una
menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos
requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el

16«Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario».

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Demandante: Ugpp

trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.

El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a
cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad».

17. Este artículo, catalogó la actividad desarrollada por el Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria del Inpec como de alto riesgo y dispuso
nuevamente que será el gobierno nacional quien debía expedir un régimen para
este tipo de servidores, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un
número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos.

18. En relación con los trabajadores que hacen parte de ese cuerpo, el artículo 126
del citado decreto señaló que «[e]l Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional está compuesto por Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes, Alumnos y
los Bachilleres Auxiliares que presten el servicio militar en la Institución».

19. Al respecto, esta Sección señaló que, con fundamento en esta norma, era
evidente que las disposiciones contenidas en la Ley 100 «no se les aplican a los
trabajadores comprendidos en esa clasificación»17.

20. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
otorgadas en el artículo 17, numeral 218, de la Ley 797 de 2003, que reformó
«algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993
y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales»,
expidió el Decreto 2090 de 200319, el cual en su artículo 2, numeral 7, enlistó como
actividad de alto riesgo para la salud del trabajador la desarrollada en el Inpec de
la siguiente manera:

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2020,
radicado 20001-23-39-000-2015-00434-01(4589-18), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
18 «Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150

numeral 10 de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República
de facultades extraordinarias para:
(…)
2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que
laboran en actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las
condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y
criterios actuariales de medición de disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las tasas
de cotización hasta en 10 puntos, siempre a cargo del empleador, con el objeto de preservar el
equilibrio financiero del sistema
[…]»
19 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican

y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades».

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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00254-01 (0841-2025)
Demandante: Ugpp

«Artículo 2o. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran
actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:

[…]

7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal
dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria,
durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que labore en
las actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con excepción
de aquellos administrados por la fuerza pública».

21. En los artículos 3 y 4 ídem se establecieron las condiciones y requisitos para
ser beneficiario de la pensión especial de jubilación, así:

«Artículo 3. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de Prima Media
con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en forma
permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el
número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo
menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la
pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo
siguiente.

Artículo 4. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de
vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:
1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797de 2003.

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada
(60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el
Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50)
años».

22. El artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, dispuso un régimen de transición de la
siguiente forma:

«Artículo 6. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización
especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas
exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en
las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo.

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto
cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán
cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el

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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00254-01 (0841-2025)
Demandante: Ugpp

artículo 36 de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo 1820 de la Ley 797 de
2003».

23. Sobre esta norma, conviene realizar las siguientes precisiones:

23.1. El primer inciso de esta última norma fue declarado exequible de manera
condicionada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-633 del 29 de
agosto de 200721, «en el entendido de que para el cómputo de las ‘500 semanas de
cotización especial’, se podrán acreditar las semanas de cotización efectuadas en
cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».
23.2. ElDecreto 2090 de 2003 estableció un régimen de transición para los
servidores públicos que ejercen actividades de alto riesgo, consistente en que
quienes al 28 de julio de 2003 hubieren cotizado por lo menos 500 semanas,
tendrían derecho a que una vez cumplidas el mínimo de semanas cotizadas
exigidas en la Ley 797 de 200322, la pensión de jubilación les sea reconocida en
las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo.

23.2.1. Si bien el Decreto 2090 de 2003 dispuso requisitos para la transición de un
régimen pensional especial de riesgo y a su vez requisitos para ser beneficiario del
régimen de transición general, lo cierto es que esta corporación ha señalado que
la interpretación que más favorece al trabajador es la que permite la aplicación
preferente de la regla de transición de la norma especial. Sobre el particular esta
Subsección señaló:

«En criterio de la Sala, entender que a partir de la literalidad de la norma que el
régimen especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6
del Decreto 2090 de 2003, además del requisito de las 500 semanas de cotización
especial, exige para el caso del demandante el cumplimiento adicional de los
requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado
y más gravoso, pues el señor […] cumple con el requisito especial de las 500 semanas
[…].
Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en asuntos
similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias adicionales a las que
se refiere el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 colocan en una
situación desventajosa, en virtud del tránsito legislativo, al demandante que se
encontraba próximo a cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez en las
condiciones previstas en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994.

20 Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03
21 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
22 «Artículo 9º de la Ley 797 de 2003. A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas

se incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta
llegar a 1.300 semanas en el año 2015».

10

Radicado: 19001-23-33-000-2019-00254-01 (0841-2025)
Demandante: Ugpp

La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador establezca un
sistema de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no
afecten a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión por no haber
cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese
derecho.

Los regímenes de transición, en consecuencia, (i) recaen sobre expectativas legítimas
de los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el de
salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho
específico de conformidad con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de evitar
que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte
excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la
posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y
los cambios legislativos a través de un régimen de transición»23.

23.3. En relación con el requisito de cumplir «el número mínimo de semanas exigido
por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión», esto es, que se debe atender lo
dispuesto en el numeral 2 del artículo 9 de la aludida Ley 797 que modificó el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993, debe señalarse que de acuerdo con la
interpretación que ha realizado esta Corporación y la Corte Constitucional de la
norma, este requisito equivale a 1000 semanas de cotización bajo el entendido de
que es condición necesaria para ser beneficiario del régimen de transición y no
como un requisito para acceder al derecho pensional. Así se ha señalado24:

«La Sala debe precisar que la hermenéutica del inciso primero del artículo 6 del Decreto
2090 de 2003 en el que se fijan los requisitos o condiciones del régimen de transición
especial para actividades de alto riesgo, permite señalar: i) que son beneficiarios del
régimen de transición especial quienes a 28 de julio de 2003, fecha de entrada en
vigencia del Decreto 2090 de 200325, hubieren cotizado cuando menos 500 semanas
en cualquier actividad que haya sido calificada jurídicamente como de alto riesgo; ii)
estas personas deben cumplir con “el número mínimo de semanas exigido por la Ley
797 de 2003 para acceder a la pensión”, esto es, un mínimo de 1000 semanas, como
lo establece el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Este mínimo de 1000
semanas de cotización debe entenderse como requisito necesario para ser
beneficiario de la transición y no como un requisito para acceder al derecho
pensional; iii) una vez cumplido el número mínimo de mil semanas de cotización,
tendrán el derecho a que la pensión les sea reconocida en las mismas condiciones
establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo, que
para el caso de los servidores públicos es el Decreto 1835 de 1994, artículo 6º».
(Resalta la Sala).

24. Así las cosas, se ha entendido que como el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de marzo de 2021,
radicado 20001233900020140031801 (1362-16) M.P. César Palomino Cortés.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2017,

radicado 08001 23 33 000 2012 00082 01 (0391-14), M.P. César Palomino Cortés.
25 Publicación en el Diario Oficial 45.262

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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00254-01 (0841-2025)
Demandante: Ugpp

establece unos supuestos para la transición de un régimen especial y al mismo
tiempo para un régimen general, se debe dar la interpretación que más favorezca
al servidor, es decir, la que permite la aplicación preferente de la regla de transición
que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de jubilación, con
fundamento en el principio de favorabilidad, previsto en el artículo 53 de la
Constitución Política, para lo cual se destaca el siguiente aparte de la mencionada
sentencia C-663 de 2007:

«[E]n el hipotético caso en que en una situación concreta un trabajador se vea
amparado por ambos regímenes de transición, el de la Ley 100 y el del Decreto 2090
de 2003-, lo cierto es que al existir dos normas vigentes y aplicables para una misma
situación, debe prevalecer a la luz de la Constitución aquel régimen que resulte
más favorable y benéfico para el trabajador involucrado, por tratarse de
disposiciones pensionales». [Se resalta]

25. Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 1950 de 2005 dispuso que a partir de la
entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, a los miembros del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen
de alto riesgo allí establecido; sin embargo precisó que «con anterioridad a dicha
fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón
de los riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986,
para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes de conformidad con
el Decreto-ley 407 de 1994 en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994».

26. Por su parte, el parágrafo 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
estableció lo siguiente:

«Artículo 1. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la
Constitución Política:

[…]

Parágrafo transitorio 5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley
100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último
decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes
ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese
entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este
es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse
cubierto las cotizaciones correspondientes. [Se resalta]

27. De acuerdo con lo anterior, bastaba con acreditar que la vinculación del servidor
del Inpec hubiese ocurrido con anterioridad al 28 de julio de 2003, fecha de entrada
en vigencia del Decreto 2090 de 2003, para que tenga derecho a las prerrogativas
señaladas en la Ley 32 de 1986.

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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00254-01 (0841-2025)
Demandante: Ugpp

28. En pronunciamiento más reciente, la Corte Constitucional en sentencia T-012
de 2022, sostuvo lo siguiente:

«7.12 La Sala advierte que la interpretación que permite materializar los principios de
supremacía constitucional (artículo 4° Superior) y favorabilidad laboral (artículo 53
Superior) en el caso concreto es aquella que le da primacía al Acto Legislativo 01 de
2005, parágrafo 5° del artículo 1°, con base en el cual se aplica la Ley 32 de 1986 a los
funcionarios del Inpec que hubieren ingresado a la entidad antes de la entrada en
vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, es decir, el 28 de julio de 200326».

29. En consecuencia, los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria del Inpec vinculados antes del 28 de julio de 2003, tienen
derecho a que la pensión de jubilación les sea reconocida en los términos
establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.

2.3. Caso concreto

30. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

30.1. Enar Vidal Carvajal nació el 18 de agosto de 195527.

30.2. Prestó sus servicios al Inpec desde el 16 de junio de 1981 hasta el 31 de
diciembre de 201028, y ocupó los siguientes empleos29:

• Desde el 16 de junio de 1981, en el empleo de guardián de prisiones, código
5175, grado 02.
• A partir del 21 de junio de 1994, en calidad de dragoneante, código 5260,
grado 02.
• Desde el 13 de febrero de 1997, en el cargo de dragoneante, código 5260,
grado 06.
• A partir del 8 de enero de 1999, como dragoneante, código 5260, grado 09.
• Desde el 22 de febrero de 2002, en el empleo de dragoneante, código 5260,
grado 11.

26 «Sobre la fecha exacta en la que inició la vigencia del Decreto Ley, se destaca que su artículo 11

se refiere: “El presente decreto regirá a partir de su publicación […]” Y el Decreto Ley 2090 de 2003
fue publicado en el Diario Oficial 45.262 del 28 de julio de 2003».
27 Índice 2 Samai, archivo denominado «031parte2.rar» «04anexos.pdf», páginas 28 y 29.
28 Índice 2 Samai, archivo denominado «031parte2.rar» «04anexos.pdf», página 171.
29 Según certificación del 7 de marzo de 2005. Índice 2 Samai, archivo denominado «031parte2.rar»

«04anexos.pdf», páginas 31 y 32.

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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00254-01 (0841-2025)
Demandante: Ugpp

30.3. Entre el 16 de junio de 1981 y el 30 de junio de 2009 efectuó cotizaciones a
Cajanal30 y, a partir del 1° de julio de 2009 y hasta el 31 de diciembre de 2010, las
hizo al ISS31.

30.4. Mediante Resolución IHC 28305 del 13 de junio de 200632, Cajanal negó la
pensión de jubilación solicitada con fundamento en que a la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993 tenía únicamente 12 años, 9 meses y 16 días de servicio.

30.5. A través de la Resolución PAP 13548 del 13 de septiembre de 201033, Cajanal
le reconoció una pensión de vejez en cuantía de $881.155,56 efectiva a partir del
1 abril de 2008, condicionada al retiro del servicio. Al efecto, incluyó la asignación
básica, bonificación por servicios prestados y sobresueldo, devengados entre los
años 1998 y 2008 y aplicó una tasa de reemplazo del 75%.

30.6. La Ugpp expidió la Resolución RDP 036105 del 4 de septiembre de 2015, por
la cual reliquidó la pensión de vejez de Enar Vidal Carvajal en cuantía de
$1,307,231, efectiva a partir del 1 de enero de 2011, con efectos fiscales a partir
del 24 de abril de 2012 por prescripción trienal34. Al efecto, incluyó los siguientes
factores percibidos entre el 1° de enero y el 30 de diciembre de 2010: asignación
básica, auxilios de alimentación y de transporte, bonificación por servicios
prestados, y primas de navidad, de servicios y de vacaciones.

30.7. En contra de esa decisión, el demandado presentó recurso de apelación, y al
efecto solicitó que se incluyera la prima de riesgo como factor salarial, por haber
sido devengada en el último año de servicio. No obstante, a través de la Resolución
RDP 051431 del 3 de diciembre de 2015, la Ugpp confirmó la decisión con
fundamento en que ese emolumento, al que tuvo derecho por virtud de lo dispuesto
en el Decreto 446 de 1994, no tenía carácter salarial35.

2.4. Análisis sustancial

31. Para resolver el problema jurídico planteado conviene recordar que la Ugpp
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, en orden a que se declarara la nulidad de los actos por los cuales
reconoció una pensión de vejez a Enar Vidal Carvajal, como beneficiario de

30 Índice 2 Samai, archivo denominado «031parte2.rar» «04anexos.pdf», página 89.
31 Índice 2 Samai, archivo denominado «031parte2.rar» «04anexos.pdf», página 171.
32 Índice 2 Samai, archivo denominado «031parte2.rar» «04anexos.pdf», página 58 a 60.
33 Índice 2 Samai, archivo denominado «031parte2.rar» «04anexos.pdf», página 137 a 142.
34 Índice 2 Samai, archivo denominado «031parte2.rar» «04anexos.pdf», página 189 a 194.
35 Índice 2 Samai, archivo denominado «031parte2.rar» «04anexos.pdf», página 189 a 194.

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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00254-01 (0841-2025)
Demandante: Ugpp

régimen especial de los servidores del Inpec, que le permitía acceder a la
prestación luego de completar 20 años de servicio, sin importar la edad.

32. Como fundamento de sus pretensiones, señaló que el demandante no tenía
derecho a la prestación que le fue reconocida, porque no había acreditado los
requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 puesto que para la entrada en
vigencia de esa ley no tenía 15 años de servicio ni 40 de edad.

33. Deacuerdo con lo anterior, en auto del 5 de julio de 2023, el Tribunal
Administrativo del Cauca determinó que el litigio debía fijarse de la siguiente
manera: «[d]eterminar la validez de la resolución en la que se reconoció una pensión de
vejez al señor ENAR VIDAL CARVAJAL, por la prestación de servicios como dragoneante
ante el INPEC, con aplicación del régimen especial previsto en la ley 32 de 1986, y con
sustento en que no se cumplen los requisitos que para tal efecto exige la Ley 100 de 1993,
sobre régimen de transición, por lo que la pensión así concedida, trasgrede el
ordenamiento jurídico, por lo que se afecta el erario público».

34. Por ello, el tribunal en la sentencia objeto de apelación enfocó su análisis en el
argumento relativo a la aptitud legal para obtener la pensión prevista para los
servidores del Inpec que desarrollaban labores de alto riesgo, y determinó que Enar
Vidal Carvajal sí era beneficiario de esa prestación especial, porque, de acuerdo
con lo dispuesto en la jurisprudencia y en el Acto Legislativo 01 de 2005 para
acceder a tal beneficio debía haberse vinculado con anterioridad al 28 de julio de
2003 por ser la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de ese año, requisito
que acreditó, pues su vinculación data del 16 de junio de 1981.

35. Con todo, precisó que los argumentos relativos a la conformación del IBL habían
sido expuestos en los alegatos de conclusión, lo que impedía su análisis por ser
ajenos al debate planteado.

36. No obstante, la Ugpp presentó recurso de apelación en el que insistió en la
indebida conformación del IBL, aspecto que, como se expuso era ajeno al debate
planteado en la demanda.

37. Al respecto, esta corporación ha señalado que de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 281 del CGP que delimita la competencia del juez, la sentencia debe
estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda
y cualquier pronunciamiento adicional compromete el principio de congruencia al
que está sometida la autoridad judicial al resolver el litigio planteado.

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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00254-01 (0841-2025)
Demandante: Ugpp

38. Así, de acuerdo con los artículos 180 y 182 A del CPACA, en la audiencia inicial
o al momento de anunciar el trámite de la sentencia anticipada, el director del
proceso debe fijar el litigio y este debe ir en consonancia con el debate puesto a
consideración de las partes en el proceso. Esto garantiza la vigencia de los
derechos de defensa y contradicción de las partes, pues permite que los sujetos
procesales expongan sus argumentos y alleguen las pruebas que pretendan hacer
valer.

39. Sobre los límites que tiene el juez para pronunciarse, la Sección Segunda de
esta corporación ha manifestado que «[l]a fijación del litigio es la piedra basal del juicio
por audiencias de allí que la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»36,
porque es guía y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia debe resolver
el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones, las excepciones; puntos
que fueron condensados y validados por las partes al precisar el «acuerdo sobre el
desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente
formulados y aceptados por las partes se convierten en una eficiente guía para el decreto
de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes.
Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para
fundamentar adecuadamente la sentencia»37.

40. De acuerdo con lo anterior, le está vedado al juez pronunciarse sobre aspectos
que no fueron planteados en las etapas pertinentes y que, en consecuencia,
impidieron a las partes un pronunciamiento en garantía del debido proceso.

41. Así las cosas, y una vez verificado el planteamiento del litigio presentado por la
Ugpp esta sala encuentra que los argumentos expuestos en el recurso de
apelación no guardan congruencia con los hechos, las pretensiones y el concepto
de la violación desarrollado en la demanda y que conformaron la proposición
jurídica que fue materia de pronunciamiento en primera instancia, lo que impide
analizar los reproches allí formulados; de manera que se mantendrá incólume la
sentencia apelada.

2.4. Costas

42. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

36
Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).

37
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A. Radicación No. 23001-
23-33-000-2013-00163-02 (4789-2018). M.P. William Hernández Gómez.

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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00254-01 (0841-2025)
Demandante: Ugpp

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

43. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

44. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma38.

45. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

46. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

4. Conclusión

47. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que los argumentos
expuestos en el recurso de apelación no guardan congruencia con el concepto de
la violación desarrollado en la demanda, lo que impide analizar los reproches allí
formulados, puesto que vulnerarían los derechos de defensa y contradicción de las
partes.

48. De acuerdo con lo anterior, y ante la imposibilidad de analizar de fondo la
situación planteada, se mantendrá incólume la sentencia apelada.

38En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 19001-23-33-000-2019-00254-01 (0841-2025)
Demandante: Ugpp

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Mantener incólume la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2023 por
el Tribunal Administrativo del Cauca que negó las pretensiones de la demanda
presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra Enar Vidal Carvajal de
acuerdo con lo expuesto en esta providencia.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Cuarto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

SLVA

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