Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2019-00289-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2019-00289-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2019-00289-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
13 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 19001-23-33-000-2019-00289-01 (1897-2020)
Demandante: Manuel Alberto Balcázar
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento pensión de jubilación convencional. Trabajador
oficial del extinto ISS, cambio de naturaleza a empleado público.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 20 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del
Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, el señor Manuel Alberto Balcázar, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las siguientes Resoluciones: i) RDP020900 del 27 de mayo de 2016; y ii)
RDP022869 del 20 de junio de 2016, por medio de las cuales «se negó el
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 19001-23-33-000-2019-00289-01 (1897-2020)
Demandante: Manuel Alberto Balcázar
reconocimiento pensional deprecado». Los mencionados actos fueron proferidos
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
accionante solicitó condenar a la UGPP a i) reconocer una pensión de jubilación
desde el 22 de junio de 2009, de acuerdo con los beneficios de la convención
colectiva de trabajo celebrada entre el Instituto de Seguro Social, en adelante ISS,
y la Asociación Sindical «Asmedas» para el período 2001 y 2004; y ii) indexar las
sumas que resulten.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor Manuel Alberto Balcázar nació el 22 de junio de 1954.
ii) Laboró al servicio del ISS entre el 21 de junio de 1988 y el 24 de septiembre
de 2006, en forma ininterrumpida, fecha a partir de la cual, mediante el Decreto
1750, se escindió el ISS y se creó la ESE Antonio Nariño. Posteriormente, fue
vinculado sin solución de continuidad a la referida ESE desde el 25 de septiembre
de 2006 donde trabajó hasta el 30 de septiembre de 2010.
iii) Cómo médico fue asociado desde la fecha de su vinculación al ISS (21 de
junio de 1988) a la Asociación Médica Sindical Asmedas y actualmente pertenece
la Junta Directiva Seccional Cauca, en ese orden, es beneficiario de la
Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y Sintra Seguridad Social.
iv) Luego de alcanzar 22 años, 3 meses y 8 días de arduo trabajo y de cumplir
55 años de edad solicitó a la ESE Antonio Nariño el otorgamiento de la pensión de
jubilación siendo rechazada bajo el argumento de que la ESE no hacía parte de la
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Demandante: Manuel Alberto Balcázar
convención colectiva de trabajo firmada para el período comprendido entre el 1°
de noviembre de 2001 y el 31 de octubre de 2004, esto es, la suscrita entre el ISS
y Sintra Seguridad Social, en representación de sus asociados, entre ellos,
Asmedas.
v) Teniendo en cuenta ello, hizo la misma solicitud ante la UGPP, que mediante
la Resolución RDP08634 del 25 de febrero de 2016 le negó el derecho; esta
decisión fue confirmada con la Resolución RDP022869 del 20 de junio de 2016, al
indicar que se encontraba demostrado que el accionante era un empleado público
y, por tanto, no es sujeto ni puede beneficiarse de convenciones colectivas.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 2, 13, 39, 48, 53 y 58 de la Constitución
Política; 467, 470 y 477 del Código Sustantivo de Trabajo; parágrafo transitorio 3
del Acto Legislativo 01 de 2005; y la sentencia de la Corte Constitucional C-314 de
2004.
Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado de la parte actora expuso
los siguientes argumentos:
i) Los actos acusados desconocen el derecho a la pensión de jubilación que
le asiste al demandante por haber acreditado los requisitos exigidos en la
convención colectiva de trabajo suscrita entre Sintra Seguridad Social y el ISS,
según los cuales «el trabajador oficial que cumpla veinte años (20) de servicio
continuo o discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años
si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a pensión de
jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el último
año de servicios».
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Demandante: Manuel Alberto Balcázar
ii) La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática en precisar que
atendiendo al principio de favorabilidad y de la «condición más beneficiosa para el
trabajador» debe reconocer la pensión convencional teniendo en cuenta todos los
factores devengados en el último año de servicio.
iii) La negativa adoptada por la entidad demandada desconoce el Acto
Legislativo 01 de 2005, el cual prevé que se debe respetar la vigencia de las
reglas pensionales por el «término inicialmente pactado en las convenciones
colectivas, así sean posteriores al 31 de julio de 2010».
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las
siguientes razones de defensa:1
i) La convención colectiva de trabajo en su artículo 98 estableció como
requisito que el trabajador oficial cumpliera con la edad y el tiempo de servicio
para ser acreedor de una pensión convencional, para el caso en concreto la edad
exigida es de 55 años y 20 años de servicio.
ii) En las resoluciones que negaron el reconocimiento pensional se constató
que no es posible acceder a la prestación deprecada comoquiera que no obra
certificación de tiempos de servicio con la que se pudiera determinar que el
interesado reunió el requisito de los 20 años de labor en el ISS; aunado a ello se
tiene que el demandante no tenía la edad requerida para el «26 de junio de 2003»,
por lo que no cumplió con los requisitos exigidos estando vigente el vínculo
laboral.
1 Folios 115 al 125.
4
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Demandante: Manuel Alberto Balcázar
iii) Se tornaría significativamente gravoso acceder a lo solicitado, más aún
cuando todos los actos administrativos demandados conservan incólumes su
presunción de legalidad.
Propuso las excepciones de falta de competencia por el factor cuantía,
inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido, ausencia de
vicios en los actos administrativos demandados y prescripción.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia oral proferida el 20 de
noviembre de 2019, en el trámite de la audiencia inicial de que trata el artículo 180
del CPACA, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:2
i) Conforme el material probatorio aportado se tiene que el actor completó 20
años de servicio en el año 2008, pero llenó los requisitos exigidos en el artículo 98
de la convención colectiva el 22 de junio de 2009, cuando cumplió los 55 años de
edad.
ii) No obstante, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado solamente podía gozar de los beneficios de
la pensión convencional colectiva hasta el 31 de octubre de 2004, fecha para la
cual no había cumplido, se itera, con la edad y el tiempo de servicios que exigía la
referida convención.
iii) Por tanto, el señor Manuel Alberto Balcázar consolidó su estatus pensional
el 22 de junio de 2009, fecha para la cual ya no estaba vigente la convención
colectiva cuya aplicación pretende, luego devienen negativas sus pretensiones.
2 Folios 171 al 176 y cd 177. Con ponencia del magistrado Carlos Leonel Buitrago Chávez.
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Radicación: 19001-23-33-000-2019-00289-01 (1897-2020)
Demandante: Manuel Alberto Balcázar
iv) De otra parte y aun entendiendo que el actor fue trabajador oficial hasta el
2006 cuando se trasladó a la ESE Antonio Nariño, de todas maneras debe partirse
del supuesto de que, como lo unificó la Corte Constitucional, la convención
colectiva no se prorrogó automáticamente, ya que rigió solo hasta el 31 de octubre
de 2004 y, por tanto, la conclusión anotada no se altera con esta variante
interpretativa.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado del accionante interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:3
i) El demandante estuvo vinculado con el ISS hasta el 24 de septiembre de
2006, tiempo en el que disfrutó plenamente de todos los derechos convencionales,
de suerte que constituye una contradicción afirmar que los referidos derechos
convencionales se extinguieron el 26 de junio de 2003 o el 31 de octubre de 2004.
ii) Para el año 2004 el demandante aún era parte del ISS, ya que fue
transferido a la ESE Antonio Nariño el 26 de septiembre de 2006, aún cobijado por
la convención colectiva, en ese orden, insistió, continuaba devengando los
beneficios de la referida convención.
iii) En el caso particular del actor es excepcional y no le es aplicable ninguna
de las sentencias a las que hizo referencia el a quo, pues el 26 de septiembre de
2006 este contaba con 53 años de edad, razón por la cual debían respetarse sus
derechos convencionales adquiridos de conformidad con los literales ii) o iii) del
artículo 98 de la convención colectiva de trabajo.
iv) De manera subsidiaria «y teniendo en cuenta los escasos recursos de mi
mandante, solicito se otorgue amparo de pobreza, y se exima de condenar en
3 Folios 189 al 196.
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Demandante: Manuel Alberto Balcázar
costas en caso que (sic) sea vencido en el presente proceso».
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. El demandante
El señor Manuel Alberto Balcázar por conducto de apoderado, reiteró los
argumentos expuestos en el recurso de apelación.4
1.5.2. La demandada
La UGPP, en su escrito de alegatos de conclusión solicitó se confirme la sentencia
proferida por el a quo e insistió que el actor no logró ser beneficiario de la
convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y Sintra Seguridad Social,
toda vez que no acreditó la totalidad de requisitos para el 31 de octubre de 2004,
fecha en que perdió su vigencia.5
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a determinar si el señor Manuel Alberto Balcázar tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos de la Convención
4 Memorial electrónico visible en el índice 40 de la plataforma Samai.
5 Memorial electrónico visible en el índice 39 de la plataforma Samai.
6 Folio 251.
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Demandante: Manuel Alberto Balcázar
Colectiva suscrita por el ISS con su sindicato de trabajadores para la vigencia
2001-2004.
2.2. Marco normativo
El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le
fueron conferidas por la Ley 65 de 1967, expidió el Decreto 3135 de 1968 «Por el
cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el
privado, y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y
trabajadores oficiales». Esta disposición en su artículo 5 señaló lo siguiente:
Artículo 5.- Empleados públicos y trabajadores oficiales. Las personas que presten
sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y
establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de
la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los
estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser
desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.
Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales
del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas
empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser
desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos.
La anterior disposición fue reglamentada por el Decreto 1848 de 1969, en la que
distinguió las categorías de los empleados públicos y trabajadores oficiales de la
siguiente manera:
Artículo 2.- Empleados públicos. 1. Las personas que prestan sus servicios en los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y unidades administrativas especiales, son empleados públicos.
[…]
Artículo 3.- Trabajadores oficiales. Son trabajadores oficiales los siguientes:
a. Los que prestan sus servicios a las entidades señaladas en el inciso 1 del
artículo 1 de este decreto, en la construcción y sostenimiento de las obras públicas,
con excepción del personal directivo y de confianza que labore en dichas obras; y
b. Los que prestan sus servicios en establecimientos públicos organizados
con carácter comercial o industrial, en las empresas industriales o comerciales del
Estado y sociedades de economía mixta, “con excepción del personal directivo y de
confianza que trabaje al servicio de dichas entidades". Es nulo lo que aparece
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Demandante: Manuel Alberto Balcázar
subrayado. Sentencia del 16 de julio de 1971. t. LXXXI, del C. de E). Ver Ley 190 de
1995 Radicación 1072 de 1998 Sala de Consulta y Servicio Civil.
[…]
De igual modo, en su artículo 7 ibidem estableció lo siguiente:
Regla general.1. Las normas de este Decreto y del Decreto 3135 de 1968, que
consagra prestaciones sociales, se aplicarán a los empleados públicos nacionales
de la rama administrativa del poder público, mientras la ley no disponga otra cosa.2.
Se aplicarán igualmente, con el carácter de garantías mínimas a los trabajadores
oficiales, salvo las excepciones y limitaciones que para casos especiales se
establecen en los decretos mencionados, y sin perjuicio de los que solamente para
ellos establezcan las convenciones colectivas o laudos arbitrales, celebradas o
proferidos de conformidad con las disposiciones legales que regulan el derecho
colectivo del trabajo. Ver: Artículo 15 Ley 91 de 1989 Ramo docente. Artículo
14 Decreto Nacional 3135 de 1968 Artículo 4 Decreto Nacional 1045 de 1978.
Conforme a las normas transcritas, se tiene que los únicos servidores públicos que
pueden ser beneficiarios de las disposiciones de las convenciones colectivas son
los trabajadores oficiales. No obstante, se debe determinar si las cláusulas
convencionales que mejoran las condiciones salariales y prestacionales de dichos
trabajadores se siguen aplicando aun cuando varíe su condición y pasen a
ostentar la calidad de empleados públicos.
Sobre el particular, se tiene que el Convenio 151 de la Organización Internacional
del Trabajo, previó su aplicación a todas las personas empleadas por la
administración pública «en la medida en que no les sean aplicables disposiciones
más favorables de otros convenios internacionales del trabajo», y en su artículo 7
precisó:
Artículo 7: Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las
condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización
de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y
las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o
de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los
empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones.
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Radicación: 19001-23-33-000-2019-00289-01 (1897-2020)
Demandante: Manuel Alberto Balcázar
Por su parte, el Convenio 154 de la citada Organización, se refiere al fomento de
la negociación colectiva, y se dirige a que sea posible entre todos los empleadores
y a todas las categorías de trabajadores a las cuales se aplica dicho Convenio.
Es del caso precisar que si bien el artículo 55 de la Constitución Política7 garantiza
el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, dicha
prerrogativa admite excepciones legales como la misma norma lo prevé.
Una de las excepciones previstas en la ley para la negociación colectiva está
establecida en el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, en el sentido de
que los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de
peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás
trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de
trabajadores, y sus pliegos de peticiones deben tramitarse en los mismos términos
que los demás, aun cuando no pueden declarar o hacer huelga en tratándose de
los servicios públicos esenciales.
No obstante, el artículo 416 ibidem ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial con
la entrada en vigencia de los mentados Convenios Internacionales de la
Organización Internacional del Trabajo - OIT 151 y 154, adoptados por la
legislación Nacional mediante las Leyes 411 de 19978 y 524 de 12 de agosto de
1999.
En efecto, en sentencia C-1235 de 2005 la Corte Constitucional analizó la
viabilidad de hacer un estudio de constitucionalidad concordado con los
instrumentos internacionales concluyendo respecto de la negociación colectiva
frente a los empleados públicos que «surge con claridad, entonces, que se está
ante un panorama legal distinto al que existía cuando la Corte, en el año de 1994,
7 Artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones
laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación
y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo (subraya y
resaltado fuera de texto).
8 Con análisis de constitucionalidad en la Sentencia C-377 de 1998.
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Demandante: Manuel Alberto Balcázar
en la sentencia C-110 de 1994, examinó el artículo 416 del Código Sustantivo del
Trabajo, pues, por un lado, no habían sido incorporados por medio de la ley, los
Convenios 151 y 154 de la OIT, tantas veces citados, y del otro, los cambios
introducidos son sustanciales y acordes con la Constitución, por las razones
expuestas en las sentencias que aprobaron dichos tratados».
La Corte Constitucional advierte una nueva situación en vigencia de los citados
convenios y considera que la imposibilidad de los empleados públicos de
presentar pliegos de peticiones y celebrar convenciones colectivas no riñe con el
ordenamiento jurídico superior, en la medida en que la negociación colectiva no se
identifica con dichos institutos, sino que comprende un mayor campo de acción a
través de diversas figuras que pueden ser utilizadas por los empleados públicos.
Por ello, deben buscarse mecanismos de concertación que permitan equilibrar la
tensión existente entre el derecho de los empleados públicos de intervenir en las
decisiones que afectan su ejercicio laboral, con la competencia de las autoridades
constitucionalmente establecidas en el orden nacional y territorial, para fijar las
condiciones laborales de quienes están vinculados al Estado mediante una
relación legal y reglamentaria.
En su decisión la Corte instó al legislador a regular claramente los mecanismos de
concertación de los empleados públicos, con el objeto de garantizar su derecho a
la negociación colectiva, dentro de los límites que imponen su papel dentro del
Estado9.
9 «(…) La Corte no desconoce que el problema del ejercicio del derecho de los sindicatos de empleados públicos a la
negociación colectiva radica en que no existen mecanismos legales apropiados para hacer cumplir este derecho. Es más, el
legislador no ha desarrollado el procedimiento para que estos sindicatos puedan iniciar la concertación, garantizar que las
peticiones o los reclamos sean recibidos y atendidos por la administración pública. Ni se ha establecido cuál es la autoridad
pública competente para pronunciarse cuando se desconoce, sin motivo el derecho de negociación colectiva. Tampoco
existen los mecanismos legales que garanticen que las solicitudes de los sindicatos de empleados públicos, después de la
etapa de concertación, se reflejen en los proyectos de ley de presupuesto o en las leyes de carrera administrativa.»
Por consiguiente, se comparte la solicitud del Ministerio Público en el sentido de que el legislador debe reglamentar el
procedimiento encaminado a reglamentar, en un plazo prudencial, y concertando en lo posible con las organizaciones
sindicales de empleados públicos, el derecho a la negociación colectiva de estos servidores, de conformidad con el artículo
55 de la Constitución y con los Convenios 151 y 154 de la OIT debidamente ratificados por el país y que hacen parte de la
legislación interna en virtud de las leyes 411 de 1998 y 524 de 1999, respectivamente.»
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Demandante: Manuel Alberto Balcázar
Con tal propósito, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 160 del 5 de febrero
de 2014 reguló el procedimiento de negociación entre las organizaciones
sindicales de empleados públicos y las entidades públicas y estableció en su
artículo 5.° lo siguiente:
Materias de negociación. Son materias de negociación:
1. Las condiciones de empleo, y
2. Las relaciones entre las entidades y autoridades públicas competentes y las
organizaciones sindicales de empleados públicos para la concertación de las
condiciones de empleo.
Parágrafo 1. No son objeto de negociación y están excluidas, las siguientes
materias:
1. La estructura del Estado y la estructura orgánica y la interna de sus entidades
y organismos;
2. Las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado;
3. El mérito como esencia y fundamento de las carreras especiales y de la
carrera administrativa general y sistemas específicos;
4. La atribución disciplinaria de las autoridades públicas;
5. La potestad subordinante de la autoridad pública en la relación legal y
reglamentaria.
Parágrafo 2. En materia salarial podrá haber negociación y concertación,
consultando las posibilidades fiscales y presupuestales; sin perjuicio de lo
anterior, en el nivel territorial, se respetarán los límites que fije el Gobierno
Nacional. En materia prestacional las entidades no tienen facultad de
negociar y concertar, toda vez que por mandato constitucional y legal la
única autoridad competente para regular la materia es el Presidente de la
República.
Como puede observarse, los empleados públicos no gozan de un derecho
pleno a la negociación colectiva; y si bien es cierto no se les puede vulnerar su
derecho a buscar medios de concertación, voluntaria y libre, la participación en
la toma de las decisiones que los afectan no puede quebrantar la facultad que
ostentan las autoridades constitucional y legalmente establecidas de fijar, de
forma unilateral, sus condiciones laborales.
En esas condiciones, se hace necesario analizar los efectos que la escisión del ISS
causó en las prerrogativas de la convención colectiva vigentes hasta ese
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Demandante: Manuel Alberto Balcázar
momento, para sus trabajadores, cuya vinculación se transformó de trabajadores
oficiales a empleados públicos.
2.2.1. Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y Sintra
Seguridad Social
Aquellos servidores que pasaron de ser trabajadores oficiales a empleados
públicos, como consecuencia de la escisión del ISS y la creación de las ESE,
pueden beneficiarse de una convención colectiva de acuerdo con lo expresado por
la Corte Constitucional en la sentencia C-314 de 2004.
En efecto, en la sentencia citada, la Corte concluyó que si bien a los
extrabajadores oficiales del ISS ya no se les permite celebrar futuras negociaciones
colectivas por su condición de empleados públicos, los derechos laborales y
prestacionales obtenidos por esos mecanismos de negociación deben ser
reconocidos, por lo menos por el tiempo en que fueron pactados.
Con base en lo anterior, estimó que la definición de los derechos adquiridos
contenida en el artículo 18 del Decreto Ley 1750 de 2003, resultaba contraria al
ordenamiento constitucional,10 en tanto el decreto originalmente protegía
únicamente los derechos que habían ingresado definitivamente en el patrimonio
jurídico de los afectados, dejando por fuera los beneficios futuros pactados en la
Convención Colectiva celebrada el 1 de noviembre de 2001.
Estos fueron los razonamientos de la Corte, en relación con los derechos
adquiridos de los trabajadores oficiales cuyo régimen fue transformado por el de
empleados públicos:
[…]Finalmente, el aparte final del inciso estudiado señala que “se tendrán como
derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones jurídicas
10 La expresión declarada inexequible decía: «Se tendrán como derechos adquiridos en materia
prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones causadas, así
como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas».
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Demandante: Manuel Alberto Balcázar
consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas, así como las
que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser
afectadas”, queriendo significar con ello que si la prestación no ha ingresado en
el patrimonio, no será cobijada como derecho adquirido.
Aunque en principio esta expresión podría considerarse respetuosa de los
criterios jurisprudenciales esbozados en torno a los derechos adquiridos, esta
Corporación considera que la misma resulta restrictiva de la protección
constitucional que la Carta ofrece a las garantías laborales
[…]Para la Corte, la ambigüedad de la definición radica en que no existe una
clara diferencia entre la prestación que se ha causado y la que ha ingresado en
el patrimonio del trabajador, pues cuando una prestación o un derecho han sido
causados se entienden incorporados en el patrimonio del acreedor. Así las
cosas, el legislador considera como hipótesis distintas aquellas que para la
doctrina son una misma, por lo que, no siendo posible determinar con exactitud
cuándo el derecho de que se habla se ha adquirido o permanece como mera
expectativa, la norma debe ser retirada del ordenamiento jurídico.
El carácter restrictivo de la expresión acusada no proviene únicamente de los
dos criterios vistos. Al definir los derechos adquiridos como aquellos que han
ingresado al patrimonio del servidor o que han sido causados, el legislador deja
por fuera de dicha definición los derechos obtenidos mediante convenciones
colectivas de trabajo celebradas por los trabajadores oficiales cuyo régimen fue
transformado por el de empleados públicos.
[…]Ya que la convención colectiva de trabajo es un sistema jurídico que rige
contratos de trabajo determinados, es posible afirmar que, en lo que respecta a
los trabajadores cobijados por ellas, aquella es fuente de derechos adquiridos
por lo menos durante el tiempo en que dicha convención conserva su vigencia.
Por lo mismo, dado que la definición prevista en el artículo 18 del decreto 1750
de 2003 deja por fuera los derechos derivados de las convenciones colectivas de
trabajo por el tiempo en que fueron pactadas, aquella resulta restrictiva del
ámbito de protección de tales derechos de conformidad con el contexto
constitucional y, por tanto debe ser retirada del ordenamiento jurídico.
De conformidad con lo dicho, esta Corporación estima que la expresión «se
tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones
jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas, así
como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán
ser afectadas», es inconstitucional por restringir el ámbito constitucional de
protección de los derechos adquiridos, el cual, como se vio, trasciéndela simple
definición contenida en el artículo 18[…].
Para la Sala, no hay duda de que la mentada interpretación hace tránsito a cosa
juzgada constitucional, y vincula en su práctica no sólo a los operadores jurídicos,
sino también a las autoridades administrativas.
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Demandante: Manuel Alberto Balcázar
Bajo las anteriores condiciones, las Empresas Sociales del Estado no pueden
negarse a reconocer a sus servidores los beneficios prestacionales pactados en la
convención colectiva, por lo menos hasta el término de su vigencia, esto es, 3
años contados a partir del 1.º de noviembre de 2001, es decir, hasta el 31 de
octubre de 2004, de acuerdo con el artículo 2.º de la convención.
En concordancia con lo expuesto, es preciso reseñar que la Corte Constitucional
en la Sentencia C-439 de 2004 declaró condicionalmente exequibles las
expresiones «automáticamente» y «sin solución de continuidad» contenidas en el
artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, y «automáticamente» contenida en el
artículo 18, parágrafo transitorio, bajo el entendido de que se respeten los
derechos adquiridos, conforme a lo expuesto en la sentencia C-314 de 2004.
Sobre el particular señaló:
Las expresiones automáticamente y sin solución de continuidad, contrariamente
a lo aducido por los demandantes, pretenden asegurar la garantía de estabilidad
laboral y los demás derechos laborales de los trabajadores, al permitir que no
pierdan sus puestos de trabajo ni vean interrumpida la relación empleador –
trabajador. Con ello se obtiene que, en virtud de esta permanencia, dichos
trabajadores puedan seguir disfrutando de los beneficios convencionales
mientras los mismos mantengan vigencia y, además, seguir cobijados por los
regímenes de transición pensional, durante este mismo lapso. Sin esta
continuidad en la relación de trabajo no estarían aseguradas estas garantías
laborales, puesto que al romperse el vínculo empleador – trabajador en principio
cesan las obligaciones del primero para con el segundo, derivadas de la
convención colectiva vigente.
Por todo lo anterior, la Corte estima que las expresiones acusadas contenidas en
el artículo 17 y en el parágrafo del artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 tengan
la virtualidad de desconocer las garantías de asociación sindical y de
negociación colectiva por implicar la pérdida de los derechos emanados de la
convención vigente.
No obstante, para impedir que las mismas puedan ser interpretadas en el sentido
según el cual la automaticidad en el traslado del régimen de trabajadores
oficiales a empleados públicos y la incorporación sin solución de continuidad a
las nuevas plantas de personal acarrea la pérdida de derechos laborales
salariales o prestacionales adquiridos y de garantías convencionales, la Corte
declarará su exequibilidad bajo el entendido que se respeten dichos derechos
adquiridos, conforme a lo expuesto en la sentencia C-314 de 2004.
15
Radicación: 19001-23-33-000-2019-00289-01 (1897-2020)
Demandante: Manuel Alberto Balcázar
En consecuencia, constituye un deber a cargo de las E.S.E. reconocer los
beneficios pactados en la convención colectiva a sus servidores hasta la fecha de
vigencia inicialmente pactada (31 de octubre de 2004). Acerca de los beneficios de
la citada convención, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha precisado lo
siguiente11:
[…]De acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional, la Sala considera
que los beneficios derivados de la convención colectiva de trabajo suscrita entre
el Instituto de Seguros Sociales y el sindicato de trabajadores
SINTRASEGURIDAD, debieron extenderse hasta el 31 de octubre de 2004,
fecha en que terminó la vigencia de la misma, conforme con la certificación
expedida por el Coordinador del Grupo de Archivo Sindical del Ministerio de la
Protección Social.
Lo anterior, considerando que al mutar la naturaleza jurídica de los trabajadores
a empleados públicos y pasar a ser parte de la planta de personal de una
empresa social del Estado, no le siguen siendo aplicables las disposiciones del
derecho colectivo del trabajo y, por tanto, no pueden válidamente invocar la
prórroga automática de la convención a que hace mención el artículo 478 C.S.T.,
que prevé que si dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de su término
de expiración las partes o una de ellas no hubiere manifestado por escrito su
voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por
períodos sucesivos de seis meses en seis meses; ni mucho menos pueden
acudir a la denuncia de la convención por ser empleados públicos y estar
vinculados a una entidad pública diferente a la que suscribió la convención
colectiva que pretende siga siendo aplicable […].
El anterior criterio fue reiterado por esta Corporación, en los siguientes términos:12
[…] De conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-314 de 2004 la protección de los derechos convencionales por un tiempo,
deriva del concepto de derecho adquirido y de la afirmación según la cual la
Convención Colectiva es en verdad un instrumento al que se someten las
relaciones laborales que se ven afectadas por el mismo durante su vigencia.
La prórroga automática contenida en el artículo 478 del Código Sustantivo del
Trabajo y de la Seguridad Social13, no encuadra dentro de dicho concepto de
11 Tal como quedó planteado dentro de las consideraciones de la sentencia del 1° de octubre de
2009 dictada dentro del proceso 25000232500020051089001 (0212-08) con ponencia del
consejero de Estado Gerardo Arenas Monsalve.
12 Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 7 de abril de 2011. Radicado: 05001-23-31-000-
2008-00067-01 (0673-10).
13 «A menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los
sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su término las partes o una de ellas
no hubiere hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la
16
Radicación: 19001-23-33-000-2019-00289-01 (1897-2020)
Demandante: Manuel Alberto Balcázar
derecho adquirido pues ella es una mera posibilidad que ante la actitud pasiva
de las partes el instrumento convencional sigue vigente y, en consecuencia, no
puede sostenerse que los trabajadores oficiales al 25 de junio de 2003 tenían
un verdadero derecho adquirido a que se prorrogara el término de la
convención.
Adicionalmente a ello, no puede perderse de vista que para el 31 de octubre de
2004 la mayoría de trabajadores de la E.S.E., dentro de los cuales se
encuentra el accionante, ostentaban la condición de empleados públicos y por
lo tanto no podían denunciar la convención, suscribir una nueva o convocar un
tribunal de arbitramento. […]
La posición anteriormente transcrita fue unificada por la Sala Plena de la Corte
Constitucional, mediante la sentencia SU-897 del 31 de octubre de 2012, como a
continuación se muestra:
[…] se concluye que, si bien los empleados públicos no pueden celebrar
convenciones colectivas, los trabajadores oficiales otrora pertenecientes a la
Vicepresidencia de salud del ISS que eran beneficiarios de la convención
colectiva vigente hasta el año 2004, no perdieron las ventajas que esta
convención les reconocía por el simple hecho de que su vínculo con la
administración cambió, ya que dichas ventajas y prebendas constituían derechos
adquiridos que debían ser respetados por sus nuevos empleadores, por el
tiempo en que fue pactada la convención.
Estas son las razones por las cuales la Sala Plena de la Corte
constitucional concluye que la convención celebrada entre el ISS y sus
trabajadores oficiales pertenecientes a la vicepresidencia de salud estuvo
vigente hasta el 31 de octubre de 2004, no obstante haber desaparecido el ISS
en el 2003 por virtud del tantas veces mencionado decreto ley 750 de 2003
(SIC).
[…]
El principal argumento es que, como se explicó anteriormente, los empleados
públicos no pueden disfrutar de beneficios convencionales. No obstante, en este
caso, en virtud de la protección que la Constitución dispensa respecto de los
derechos adquiridos –artículo 58-, dichos beneficios se mantuvieron hasta que
se cumplió el plazo inicialmente pactado en la convención, esto es hasta el 31 de
octubre de 2004. Entender que a partir de este momento la convención se
prorrogó indefinidamente no es de recibo en el ordenamiento jurídico
colombiano, en virtud de las siguientes razones:
[…]
En resumen, no puede entenderse que, una vez cumplido el término por el que
fue pactada, una convención colectiva se prorroga indefinidamente, con base en
los términos del artículo 478 del CST, incluso cuando:
convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis (6) en seis (6) meses, que se
contarán desde la fecha señalada para su terminación».
17
Radicación: 19001-23-33-000-2019-00289-01 (1897-2020)
Demandante: Manuel Alberto Balcázar
i) se ha cambiado de empleador;
ii) el antiguo empleador ha dejado de existir; y
iii) los antiguos beneficiarios ahora tienen un vínculo jurídico que no les permite
disfrutar de beneficios convencionales.
Estos son los argumentos que llevan a la Sala Plena de la Corte Constitucional a
modificar la jurisprudencia de la Sala Sexta de Revisión y adoptar la posición
anteriormente expuesta, consistente en entender que la convención
colectiva celebrada entre SINTRASEGURIDAD SOCIAL y el ISS, estuvo
vigente por el plazo inicialmente pactado, esto es, del 1º de noviembre de
2001 al 31 de octubre de 2004. […]». (Negrillas de la Sala)
Conforme a lo anterior, no cabe duda de que el instrumento normativo en cuestión
sólo conservó su rigor hasta el 31 de octubre de 2004 y salvo las situaciones
jurídicas consolidadas a dicha fecha, no es posible su aplicación a las personas que
se desempeñaban como trabajadores y con ocasión de la escisión del ISS pasaron a
ser empleados públicos.
En efecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-086 de 2018 retomó el tema
relacionado con la posibilidad de que aquellas personas que, siendo trabajadores
oficiales del ISS fueron incorporados como empleados públicos a las empresas
sociales del Estado que se crearon con el Decreto 1750 de 2003, se beneficiaran de
una pensión de jubilación reconocida bajo los parámetros del artículo 98 de la
Convención Colectiva del Trabajo con vigencia 2001-2004, suscrita por el ISS y
Sintra Seguridad Social. En dicha oportunidad consideró que, de acuerdo con las
reglas previamente anotadas, si el servidor incorporado consolidaba su derecho
pensional antes del 31 de octubre de 2004, debía ser objeto de protección
constitucional.
Con ello, no resultan admisibles los argumentos basados en posiciones contrarias a
la adoptada mediante las referidas sentencias de unificación.
2.3. Hechos probados
18
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Demandante: Manuel Alberto Balcázar
i) Según su registro civil de nacimiento el señor Manuel Alberto Balcázar
nació el 22 de junio de 1954, luego cumplió 55 años de edad el 22 de junio de
2009.14
ii) El coordinador del grupo de administración de entidades liquidadas de la
dirección jurídica del Ministerio de Salud y de la Protección Social, acorde con la
información magnética disponible en el sistema de planta de personal y aplicativo
de nómina (SINOPER) del extinto ISS, certificó que el demandante prestó servicios
como médico general al ISS liquidado entre el 21 de junio de 1988 y el 24 de
septiembre de 2006, con carácter de trabajador oficial.15
iii) El coordinador del grupo de administración de entidades liquidadas de la
dirección jurídica del Ministerio de Salud y de la Protección Social, acorde con la
información magnética disponible de la ESE Antonio Nariño certificó que el actor
ingresó a prestar servicios como médico general a esa empresa el 25 de
septiembre de 2006 y permaneció hasta el 30 de septiembre de 2010, con
carácter de empleado público.16
iv) El 18 de noviembre de 2015, el accionante, solicitó ante la UGPP, por
segunda vez, el reconocimiento de una pensión de jubilación «en las condiciones
y requisitos establecidos en la convención colectiva ISS Sintra Seguridad Social
vigente al momento de la causación».17
v) El 25 de febrero de 2016, con la Resolución RDP008634, la UGPP resolvió
negar el reconocimiento de una pensión de jubilación convencional al señor
Balcázar, bajo el argumento de que no tenía la edad requerida al «26 de junio de
2003», por tanto, no resulta procedente su solicitud. Adicionalmente, para la fecha
en que cumplió 55 años de edad, es decir el 22 de junio de 2009, era funcionario
14 Folio 13.
15 Folios 17 y 36.
16 Folio 15.
17 Folios 52 al 60.
19
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Demandante: Manuel Alberto Balcázar
de la ESE Antonio Nariño en calidad de empleado público, razón por la cual no le
es aplicable la convención colectiva de trabajo.18
vi) Inconforme con dicha determinación interpuso recurso de reposición en
subsidio de apelación,19 el cual fue resuelto con la Resolución RDP020900 del 27
de mayo de 2016, que confirmó en todas sus partes la decisión recurrida.20
vii) El 20 de junio de 2016, con la Resolución RDP022869 la UGPP desató el
recurso de apelación, de manera desfavorable.21
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
El señor Manuel Alberto Balcázar en el escrito de apelación, invoca la protección
de los derechos adquiridos en virtud del cumplimiento de los requisitos de edad y
tiempo de servicios establecido en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita
entre Sintra Seguridad Social y el ISS, razón por la cual, esta Sala deberá
establecer si es beneficiario de la pensión de jubilación convencional.
Sobre el particular, se tiene que el 31 de octubre de 2001 el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Seguridad Social y el ISS suscribieron una Convención
Colectiva de Trabajo, que incluyó dentro de sus beneficios, los siguientes:
Artículo 98. PENSIÓN DE JUBILACIÓN
El trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al
Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta
(50) años si es mujer, tendrá derecho a pensión de jubilación en cuantía equivalente al
100% del promedio de lo percibido en el periodo que se indica a continuación para
cada grupo de trabajadores oficiales:
(i) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno de
diciembre de 2006, 100% del promedio mensual de lo percibido en los dos últimos
años de servicio.
18 Folios 74 al 78.
19 Folios 65 al 72.
20 Folios 88 al 91.
21 Folios 92 y 93.
20
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Demandante: Manuel Alberto Balcázar
(ii) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de
diciembre de 2016, 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos
años de servicio.
(iii) Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2007, 100% del
promedio mensual de lo recibido en los cuatro últimos años de servicio.
Para estos efectos se tendrán en cuenta los siguientes factores de remuneración:
a. Asignación básica mensual
b. Prima de servicios y vacaciones
c. Auxilio de alimentación y transporte
d. Valor de trabajo nocturno, suplementario y en horas extras
e. Valor del trabajo en días dominicales y feriados
No obstante lo anterior, cuando hubiere lugar a la acumulación de las pensiones de
jubilación y de vejez, por ningún motivo podrá recibirse en conjunto, por uno y otro
concepto, más del ciento por ciento (100%) del promedio a que se refiere el presente
artículo. Por consiguiente, en dicho caso el monto de la pensión de jubilación será
equivalente a la diferencia entre el referido porcentaje y el valor de la pensión de vejez.
[…].
El 28 de octubre de 2004, la representante legal del ISS denunció parcialmente la
Convención Colectiva de Trabajo suscrita con Sintra Seguridad Social con vigencia
del 1.º de octubre de 2001 al 31 de octubre de 2004, en relación con aspectos
plenamente identificados, entre ellos el relacionado con el régimen de pensiones de
jubilación previsto en el artículo 98, toda vez que tal carga prestacional hacía
inviable económicamente a la entidad.22
De acuerdo con lo narrado, la convención colectiva suscrita por el ISS y su sindicato
creó un régimen más favorable para efectos de obtener la pensión de jubilación,
habida cuenta de que exigió 20 años de servicio y 50 de edad, para mujeres, y 55
para hombres y contempló una cuantía equivalente al 100% del promedio de lo
percibido en el periodo que allí se indica.
Ahora bien, la naturaleza jurídica de la relación laboral del actor mutó a empleado
público al ser incorporado a la ESE Antonio Nariño a partir del 25 de septiembre de
2006, lo que implica que según lo consignado por la Corte Constitucional en las
sentencias C-349 de 2004, SU-897 de 2012 y SU-086 de 2018, solamente pudo
gozar de los beneficios de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, hasta su
22
21
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Demandante: Manuel Alberto Balcázar
vigencia inicial, es decir, hasta el 31 de octubre de 2004, momento para el cual el
demandante no contaba con 20 años de servicio ni 50 de edad.23
En efecto, se observa que el señor Balcázar al momento de incorporarse a la ESE
Antonio Nariño no tenía 20 años de servicio, toda vez que el tiempo que se
desempeñó en el ISS desde el 21 de junio de 1988 hasta el 24 de septiembre de
2006, arroja un período total de 18 años, 3 meses y 3 días.
En ese orden de ideas, es necesario precisar que la parte demandante no tenía
derechos adquiridos frente al régimen pensional comprendido en la convención
colectiva de trabajo, dado que no cumplió los requisitos para ser acreedor de la
prestación durante su vigencia, pues contaba con una expectativa de gozar de tal
beneficio, sin que exista fundamento legal o constitucional que en su caso le
conceda tal derecho.
En consecuencia, tal como lo estableció el a quo, el actor no es beneficiario de la
pensión de jubilación en los términos de la convención colectiva suscrita por el ISS
con su sindicato de trabajadores para el período 2001-2004, pues esta solo tuvo
vigencia hasta el 31 de octubre de 2004 y para esa fecha el demandante no había
consolidado el derecho a la pensión, es decir que no se puede predicar que tuviera
derechos adquiridos frente a dicha convención.
Resta agregar que conforme al Registro Único de Afiliados (RUAF) el demandante
en la actualidad es beneficiario de la pensión de vejez bajo el régimen general,
prestación que fue reconocida por la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones a través de la Resolución 332108 del 9 de noviembre de 2016.24
Finalmente, respecto de la petición subsidiaria consignada en el recurso de alzada
sobre la aplicación de la figura del amparo de pobreza para no condenar en costas
23
En igual sentido se pronunció esta subsección en sentencias del 9 de diciembre de 2019, expediente 4389-16, y del 12 de
mayo de 2022, expediente 1597-2020 consejero Ponente: William Hernández Gómez.
24 Pagina consultada el 27 de marzo de 2023.
22
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Demandante: Manuel Alberto Balcázar
al demandante en caso de resultar vencido en el proceso, como en efecto ocurrió,
debe precisar la Sala que dicha solicitud no fue presentada en la oportunidad
correspondiente, ni reúne los requisitos establecidos en el artículo 152 del Código
General del Proceso, luego deviene improcedente.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201625, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.
Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de
agosto de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y
la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de
las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su
liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las
costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
23
Radicación: 19001-23-33-000-2019-00289-01 (1897-2020)
Demandante: Manuel Alberto Balcázar
instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda
instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y en atención a lo dispuesto en los numerales 1
y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso,26 la Sala condenará en costas
de segunda instancia a la parte demandante, por cuanto se encuentran causadas
(la contraparte alegó de conclusión) y se resolvió desfavorablemente el recurso de
apelación interpuesto.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la decisión del a quo debe ser confirmada, pues esta se ajustó a las
directrices interpretativas que regían la situación particular del demandante, razón
por la que deberá confirmarse.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 20 de noviembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda
interpuesta por el señor Manuel Alberto Balcázar, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
26
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
24
Radicación: 19001-23-33-000-2019-00289-01 (1897-2020)
Demandante: Manuel Alberto Balcázar
Segundo. Condenar en costas de la segunda instancia al señor Manuel Alberto
Balcázar, las cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo del
Cauca.
En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
AVM
25
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