Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2019-00297-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 19001-23-33-000-2019-00297-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2019-00297-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 19001-23-33-000-2019-00297-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
15 de julio de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN B
Bogotá, DC, quince (15) de julio de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: DIEGO ANGULO ROJAS Y OTROS
Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA - CPACA
Asunto: APELACIÓN SENTENCIA – PERTURBACIÓN DE
SERVIDUMBRE POR PROTESTA INDÍGENA
Síntesis del caso: la parte demandante solicita que se declare la responsabilidad patrimonial
del municipio de Puracé (Cauca), del departamento de Cauca, del Resguardo - Cabildo
Indígena de Kokonuko y de la Nación – Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura,
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Ministerio de Defensa – Policía Nacional porque
con las acciones y omisiones de las mencionadas entidades durante los años 2017 y 2018 se
obstruyó y bloqueó la servidumbre de acceso al predio de su propiedad denominado Aguatibia
no. 2, esta situación también afectó el funcionamiento del establecimiento de comercio
denominado Centro de Turismo y Salud Termales Aguatibia.
El tribunal de primera instancia declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual del
Resguardo - Cabildo Indígena de Kokonuko, la Nación – Ministerio del Interior y la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional por estimar que el primero, entre los meses de abril
de 2017 a junio de 2018, en varias ocasiones obstruyó y bloqueó la servidumbre de paso
hacia el predio denominado Aguatibia no. 2, mientras que las otras dos entidades no
realizaron las acciones pertinentes para evitar dicha obstrucción. La Sala modifica la decisión
de primera instancia para precisar los parámetros de la condena en abstracto y la solidaridad
entre las entidades.
Decide la sala los recursos de apelación interpuestos por la Nación – Ministerio del
Interior1, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional2 y el Cabildo Indígena
del Resguardo Kokonuko3 en contra de la sentencia de primera instancia proferida el
22 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cauca4 aclarada y corregida
el 8 de octubre de 20255 mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO.- DECLARAR la responsabilidad de la NACIÓN – MINISTERIO
DEL INTERIOR, NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
1 Índice 155 SAMAI de la primera instancia.
2 Índice 154 SAMAI de la primera instancia.
3 Índice 153 SAMAI de la primera instancia.
4 Índice 149 SAMAI de la primera instancia.
5 Índice 156 SAMAI de la primera instancia.
2
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
NACIONAL y del RESGUARDO – CABILDO INDÍGENA de KOKONUKO,
por el daño constitutivo de la limitación de acceso al predio denominado
Agua tibia No. 2, identificado con el número de matrícula inmobiliaria 120-
96016, ubicado en la vereda Puracé – municipio de Puracé del
departamento del Cauca, donde funciona el establecimiento de comercio
denominado CENTRO DE TURISMO Y SALUD TERMALES AGUATIBIA,
entre los meses de abril de 2017 y junio de 2018, con ocasión de la
obstrucción y bloqueo de la servidumbre de paso, de conformidad con las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO.- CONDENAR de manera solidaria y en una proporción del 30%
a la NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR, 20% a la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL y 50% al RESGUARDO
– CABILDO INDÍGENA de KOKONUKO, por los perjuicios que se relacionan
a continuación:
a) Por concepto de perjuicios morales
Demandante CC Monto a
reconocer por
concepto de
perjuicio moral
Diego Angulo Rojas (Afectado 10.524.061 30 SMLMV
Directo)
Ana María Castrillón Simmonds 34.534.809 20 SMLMV
Juan Diego Angulo Castrillón 4.615.397 20 SMLMV
Carlos Eduardo Angulo Castrillón 10.294.644 20 SMLMV
Isabel María Angulo Castrillón 1.061.754.333 20 SMLMV
b) Por concepto de daño a la salud, la suma de 20 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, en favor del señor DIEGO ANGULO ROJAS,
identificado con CC No. 10.524.061.
c) IN GENERE por concepto de los perjuicios materiales por daño
emergente y lucro cesante, en favor del señor DIEGO ANGULO ROJAS,
identificado con cc 10.524.061, en calidad de propietario del CENTRO DE
TURISMO Y SALUD TERMALES AGUATIBIA; liquidación que deberá
efectuar conforme los parámetros establecidos en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO.- NEGAR las demás pretensiones.
CUARTO.- DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva de la NACIÓN – MINISTERIO DE VIVIENDA Y
DESARROLLO RURAL6 (sic), NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, y MUNICIPIO DE
PURACÉ.
QUINTO.- SIN condena en costas en esta instancia.
SEXTO.- NOTIFÍQUESE la presente sentencia de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 203 de la Ley 1437 de 2011”. (fls. 63 a 64 del PDF
“99_Sentencia” y fl. 4 del PDF “105Autoresuelve” índices 149 y 156 SAMAI
de la primera instancia – negrillas y mayúsculas del original).
6 Se pone de presente que, aunque en la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, el a quo
mencionó a la Nación – Ministerio de Vivienda y Desarrollo Rural, lo cierto es que dicha entidad no fue
demandada ni integra la parte pasiva de la litis.
3
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 29 de agosto de 2019 (fl. 323 cdno. ppal. 2) el señor
Diego Angulo Rojas junto con su grupo familiar7 presentó demanda a través del medio
de control judicial de reparación directa consagrado en el artículo 140 del CPACA en
contra del municipio de Puracé (Cauca), el departamento de Cauca, el Cabildo
Indígena del Resguardo Kokonuko8 y la Nación – Ministerio del Interior, Ministerio de
Agricultura, Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, (fls. 1 a 102 cdno. ppal. 1) para que se acceda a las siguientes súplicas:
“PRIMERA: Que se declare que los demandados son civil, patrimonial y
administrativamente responsables por los perjuicios materiales e
inmateriales sufridos por la parte demandante con ocasión de la obstrucción
y bloqueo de la servidumbre de acceso al predio denominado Aguatibia No.
2, identificado con el número de matrícula inmobiliaria 120-96016, al cual le
corresponde el código catastral número 19585000100030101000, ubicado
en la vereda Puracé, del municipio de Puracé del departamento del Cauca,
donde funciona el establecimiento de comercio denominado CENTRO DE
TURISMO Y SALUD TERMALES AGUA TIBIA, durante los años 2017 y
2018.
SEGUNDA: Que como consecuencia del reconocimiento de que trata la
pretensión primera, las demandadas sean condenadas a pagar
solidariamente al señor Diego Angulo Rojas la suma de OCHOCIENTOS
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($814.949.794) MONEDA
CORRIENTE COLOMBIANA, a título de indemnización de perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante.
TERCERA: Que (…) las demandadas sean condenadas a pagar
solidariamente al señor Diego Angulo Rojas la suma de CIENTO TREINTA
Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS UN PESOS ($136.441.601) MONEDA CORRIENTE
COLOMBIANA, a título de indemnización de perjuicios materiales en la
modalidad de daño emergente.
CUARTA: Que (…) las demandadas sean condenadas a pagar
solidariamente la suma de CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES (100 SMLMV) o la suma que el despacho
considere procedente, a cada uno de los demandantes, a título de
indemnización de perjuicios inmateriales en la modalidad de daño moral.
7 Integran la parte demandante 1) Diego Angulo Rojas, 2) Ana María Castrillón Símmonds, 3) Juan
Diego Angulo Castrillón, 4) Carlos Eduardo Angulo Castrillón y, 5) Isabela María Angulo Castrillón.
8 Se pone de presente que en constancia del 11 de febrero de 2021 (fl. 686 cdno. 3), el Director de
Asuntos Indígenas Rom y Minorías del Ministerio del Interior certificó que consultadas las bases de
datos de la entidad se encuentra registrado el resguardo indígena de Kokonuko y que para dicha fecha
Eduardo Oliden Avirama era el gobernador del “Cabildo Indígena del Resguardo Kokonuno”.
4
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
QUINTA: Que (…) las demandadas sean condenadas a pagar
solidariamente al señor Diego Angulo Rojas la suma de CIEN SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES VIGENTES (100 SMLMV) o la suma que el despacho
considere procedente, a título de indemnización de perjuicios inmateriales
en la modalidad de daño a la salud.
SEXTA: Que (…) las demandadas sean condenadas a pagar solidariamente
al señor Diego Angulo Rojas la suma de CIEN SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES VIGENTES (100 SMLMV) o la suma que el despacho considere
procedente, a título de indemnización de perjuicios inmateriales en la
modalidad de daños a bienes constitucional y convencionalmente
protegidos.
SÉPTIMA: Que (…) las demandadas sean condenadas a pagar
solidariamente al señor Diego Angulo Rojas la suma de CIEN SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES VIGENTES (100 SMLMV) o la suma que el despacho
considere procedente, a título de indemnización de perjuicios inmateriales
en la modalidad de daño a la vida de relación.
OCTAVA: Que se ordene a todas y cada una de las entidades que integran
la parte demandada, como garantía de no repetición, que se abstengan de
incurrir en conductas de esa índole en el futuro, entendidas como la
obstrucción de las vías de acceso al predio denominado Aguatibia No. 2, así
como la perturbación de su tranquila tenencia y posesión, respecto del
cabildo indígena de los Kokonukos, y la actuación oportuna en adelante por
parte de todas las demás entidades convocadas, en el sentido de prevenir
este tipo de comportamientos, así como la actuación célere, idónea y sin
dilaciones injustificadas en el evento de que vuelvan a presentarse estos
sucesos.
NOVENA: Que todas y cada una de las cantidades que las demandadas
sean condenadas a pagar a la parte demandantes, de acuerdo con las
pretensiones anteriores, sean debidamente actualizadas e indexadas al
valor que corresponda para la fecha en que se profiera la providencia judicial
que acceda a las pretensiones.
DÉCIMA: Que las demandadas sean condenadas solidariamente al pago de
los intereses de mora, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de
la providencia que conceda las pretensiones.
UNDÉCIMA: Que las demandadas cumplan con las órdenes impartidas en
la sentencia en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
DUODÉCIMA: Que las demandadas sean condenadas a pagar
solidariamente a la parte demandante las costas procesales generadas por
la presente demanda y el subsiguiente proceso, estimadas en el 0.5% del
valor de las pretensiones o en el monto que estime procedente el
Despacho.” (fls. 3 a 5 cdno. ppal. 1 – negrillas y mayúsculas sostenidas del
texto original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:
1) El señor Diego Angulo Rojas es propietario del inmueble denominado Aguatibia no.
2, identificado con la matrícula inmobiliaria no. 120-96016 y ubicado en la vereda
5
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
Puracé del municipio del mismo nombre en el departamento del Cauca; asimismo, es
dueño del establecimiento de comercio denominado Centro de Turismo y Salud
Termales Aguatibia, el cual funciona en el referido predio.
2) El Centro de Turismo y Salud Termales Aguatibia se encuentra inscrito en el
Registro Nacional de Turismo y opera como parque temático de aguas termales, de
esta actividad dependen económicamente el señor Diego Angulo Rojas y su familia.
3) El inmueble Aguatibia no 2 y el referido establecimiento de comercio cuentan con
una única vía de acceso correspondiente a una servidumbre de tránsito constituida
hace más de 30 años; de igual manera, en la zona donde se ubica el predio habita la
comunidad indígena Kokonuko, la cual, durante varios años, ha ejecutado una serie
de actos violentos contra el inmueble, el establecimiento comercial y la integridad
física de los demandantes, quienes presentaron diversas denuncias penales para
salvaguardar sus bienes y patrimonio, al tiempo que solicitaron a diversas autoridades
la protección de su propiedad.
4) En el año 2013, el Ministerio del Interior y varias comunidades indígenas
suscribieron el acuerdo Minga de La María mediante el cual el Gobierno Nacional
asumió, entre otros compromisos, la adquisición del predio Aguatibia no. 2 para luego
transferirlo a la comunidad indígena Kokonuko; no obstante, el ministerio incumplió lo
pactado, de modo que los integrantes de esa comunidad continuaron con los actos de
violencia contra el inmueble de propiedad del señor Diego Angulo.
5) La población indígena Kokonuko ha intentado apropiarse del inmueble y, aunque
en el año 2005 el señor Diego Angulo Rojas les entregó 30 hectáreas de terreno,
aquella entre los años 2016 a 2018 bloqueó en varias ocasiones la servidumbre de
paso que conduce al inmueble Aguatibia no. 2, aspecto que le impidió al demandante
desarrollar su actividad comercial.
6) Por lo anterior, debido a la falta de intervención de las autoridades los demandantes
en el año 2017 ejercieron la acción constitucional de tutela en contra del Ministerio del
Interior, la Policía Nacional, el Departamento del Cauca, el Ejército Nacional, el
municipio de Puracé (Cauca) y el Cabildo Indígena del Resguardo Kokonuko con el
propósito de que cesaran los actos violentos y perturbadores sobre sus bienes.
6
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
7) El Tribunal Administrativo del Cauca conoció la acción y mediante sentencia del 24
de abril de 2017 amparó los derechos de demandantes, ordenó a la comunidad
indígena Kokonuko abstenerse de incurrir en vías de hecho y en conductas que
perturbaran la propiedad, así como también retirarse de la vía de acceso al predio
Aguatibia no. 2; además, instó a la Inspección de Policía de Puracé y a la Policía
Metropolitana de Popayán a ejecutar, en el marco de sus competencias, el desalojo
ordenado el 13 de abril de 2017 por el alcalde municipal de Puracé.
8) El Consejo de Estado en sentencia del 29 de junio de 2017 confirmó la anterior
decisión y conminó a que en la ejecución de la orden de desalojo participaran, entre
otras autoridades, el comandante del departamento de policía del Cauca, el personero
del municipio de Puracé, el director regional del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, el defensor del pueblo regional del Cauca y el Ministerio del Interior.
9) A pesar de estas providencias, la comunidad indígena Kokonuko continuó con el
bloqueo de la servidumbre de acceso al predio Aguatibia no. 2 y ejecutó acciones de
intimidación a los turistas, de manera que los demandantes promovieron incidente de
desacato y aproximadamente cincuenta integrantes de la Policía Metropolitana de
Popayán se desplazaron al lugar y permanecieron en el predio, la presencia de los
uniformados generó un incremento considerable en los gastos de los actores, quienes
debieron asumir la alimentación y el alojamiento de los agentes del ESMAD.
10) El 21 de junio de 2017, los miembros de la Policía Nacional se retiraron de la zona
tras lograr el desalojo del inmueble; sin embargo, al día siguiente la comunidad
indígena Kokonuko volvió a obstruir la servidumbre e impidió el acceso al inmueble
Aguatibia no. 2, esta situación se presentó en varias ocasiones durante ese año.
11) A raíz de lo anterior, los demandantes promovieron dos incidentes de desacato de
tutela y aunque se impusieron sanciones a distintas autoridades la comunidad
indígena Kokonuko continuó en el año 2018 con el bloqueo violento de la servidumbre
en diferentes oportunidades, esta circunstancia obligó a los actores a repararla cada
vez que resultaba afectada con temor de represalias contra su propiedad e integridad
física, aspecto que a su vez generó perjuicios morales y afectaciones a la salud.
7
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
12) Como consecuencia de los bloqueos, el Centro de Turismo y Salud Termales
Aguatibia no pudo operar con normalidad entre el 7 de abril de 2017 y 21 de junio de
2018.
13) Existe responsabilidad patrimonial extracontractual de todas las entidades que
integran la parte pasiva de la litis, en concreto i) del Cabildo Indígena del Resguardo
Kokonuko, por el hecho de bloquear la servidumbre de acceso a los bienes de los
demandantes y causar perjuicios económicos, morales y de salud; ii) del Ejército
Nacional y de la Policía Nacional, puesto que no adoptaron las medidas pertinentes y
eficaces para desalojar y evitar los bloqueos; además, pese a las conductas ilegales
cometidas por los indígenas dejaron desprotegidos a los aquí actores; iii) del municipio
de Puracé (Cauca), porque el alcalde como primera autoridad de policía no garantizó
el orden público; iv) del departamento del Cauca, pues, no intervino a pesar de
conocer la problemática; asimismo, incumplió varios de los acuerdos suscritos con la
comunidad indígena Kokonuko, lo cual favoreció a que estos tomaran las vías de
hecho; v) del Ministerio del Interior, toda vez que, incumplió los acuerdos, desconoció
las órdenes impartidas en sede de tutela y no promovió una solución al conflicto, lo
cual incluso dio lugar a sanciones por desacato y, vi) del Ministerio de Agricultura, por
ser una de las entidades que incumplió los acuerdos.
2. Contestación de la demanda
1) Por auto del 26 de septiembre de 2019 se admitió la demanda y se ordenó la
notificación personal de las entidades demandadas (fls. 335 a 338 cdno. ppal. 2).
2) La Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Económico se opuso a las
pretensiones de la demanda por considerar que i) la vigilancia y protección de
servidumbres de tránsito no hace parte de sus funciones; ii) la sentencia de tutela
dictada en favor del señor Diego Angulo Rojas no impartió ninguna orden a cargo de
la cartera ministerial; iii) adquirió el compromiso de realizar reuniones de seguimiento
a los acuerdos celebrados entre el Consejo Regional Indígena del Cauca y el Gobierno
Nacional, actividad que cumplió de manera permanente; iv) el Gobierno Nacional
evaluó la posibilidad de adquirir el predio Aguatibia no. 2 y le presentó al señor Diego
Angulo Rojas una oferta de compra, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 160
de 1994 y, v) no existen pruebas de los perjuicios reclamados por la parte actora.
8
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
Propuso la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, pues, no tuvo
injerencia en los bloqueos de la servidumbre efectuados por integrantes de la
comunidad indígena Kokonuko (fls. 378 a 391 cdno. ppal. 2).
3) Por su parte, el Departamento del Cauca manifestó que no le constaban los hechos
expuestos por la parte actora y pidió que todas las súplicas se denieguen porque no
existió falla del servicio que pueda serle atribuida, máxime si se considera que de la
propia demanda se concluye que el daño alegado provino de la actuación de la
comunidad indígena Kokonuko, quien afectó la servidumbre que permite el acceso a
los bienes del demandante.
Propuso las excepciones de i) “falta de legitimación en la causa por pasiva”, dado que
no participó en los hechos objeto de la demanda y, ii) “hecho de un tercero”, porque
la comunidad indígena causó el daño reclamado (fls. 410 a 415 cdno. ppal. 2).
4) A su turno, la Nación – Ministerio del Interior solicitó que las pretensiones se
desestimen porque i) no participó de manera directa ni indirecta en los hechos materia
de litigio; ii) promovió espacios de negociación y concertación entre el señor Diego
Angulo Rojas y la comunidad indígena Kokonuko, al tiempo que ofreció alternativas
de solución y exhortó al ejercicio responsable del derecho de la protesta social
pacífica, de modo que su actuación fue de medio y no de resultado; iii) no tiene
competencia para la compra o uso de tierras, por lo cual no se comprometió a adquirir
el inmueble del demandante; iv) sus funciones se encuentran previstas en la
Constitución Política, el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto Ley 2893 de
2011, sin que dentro de ellas figure la conservación del orden público o la protección
de bienes; por el contrario, su competencia se limita al diseño de política públicas
orientadas a la prevención, respeto y garantía de los derechos fundamentales; v) no
existió falla del servicio y, vi) los perjuicios reclamados no se encuentran demostrados.
Propuso como excepciones i) “falta de legitimación en la causa por pasiva”, porque
los demandantes atribuyen una omisión en la prestación de los servicios de seguridad,
protección y vigilancia de la servidumbre de paso que beneficia el predio Aguatibia no.
2 y el establecimiento comercial de propiedad del actor; empero, no tiene entre sus
funciones dicha obligación y, ii) “hecho de un tercero”, puesto que los daños que se
reclamaran fueron ocasionados por miembros de la comunidad indígena Kokonuko.
9
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
5) Por otro lado, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a las
súplicas de la demanda por estimar que no le asiste responsabilidad ya que no
participó en los hechos por los cuales se demanda; además, aunque tiene el deber de
controlar las situaciones que atentan contra la seguridad nacional esa obligación no
es absoluta, especialmente si se tiene en cuenta que los demandantes nunca le
pidieron protección y le resulta imposible instalar de manera permanente un cuartel o
puesto de vigilancia en los predios del actor.
Propuso las excepciones de “falta de legitimación material en la causa por pasiva”,
“inexistencia de obligaciones a indemnizar” y “hecho de un tercero” (fls. 462 a 472
cdno. ppal. 2).
6) El municipio de Puracé (Cauca) sostuvo que no tiene responsabilidad patrimonial
extracontractual porque adelantó las acciones necesarias para lograr que cesara la
obstrucción de la servidumbre de paso; sin embargo, la comunidad indígena recurrió
a vías de hecho y, en ese sentido, mencionó que i) el 7 de abril de 2017 el alcalde de
la época fue informado de las actividades realizadas por miembros del resguardo
Kokonuko y, ese mismo día, adoptó medidas dirigidas a obtener el desalojo voluntario
de la servidumbre; no obstante, ante la negativa de la comunidad, ordenó al
comandante de la estación de policía de Coconuco ejecutar las actuaciones
necesarias recuperar el paso; ii) a través de oficio no. S-2017-0143078 del 18 de abril
de 2018 el comandante de la Policía Metropolitana de Popayán informó que no
contaba con suficiente personal para llevar a cabo el desalojo y, ante la insistencia del
alcalde y de la inspectora municipal de Puracé el 13 de junio de 2017 se realizó el
procedimiento sin contratiempos y mediante acta se restituyó el derecho de
servidumbre al predio Aguatibia no. 2; iii) el 23 de junio de 2017, el señor Diego Angulo
Rojas requirió nuevamente protección para sus bienes porque la comunidad indígena
volvió a recurrir a vías de hecho y obstruyó el acceso a su propiedad, además de
realizar actos vandálicos; iv) el 30 de junio de 2017, la inspectora de policía de
Coconuco le solicitó al comandante de la estación adelantar las actuaciones
necesarias para lograr el desalojo y el 12 de julio de 2017 se llevó a cabo el operativo;
empero, este no pudo culminar debido a enfrentamientos en los cuales resultaron
heridos 12 policías y 9 integrantes del resguardo indígena; v) el Gobierno Nacional y
la población indígena Kokonuko suscribieron una serie de compromisos y el 19 de
julio de 2017, la comunidad desalojó voluntariamente la servidumbre de paso; vi) el 4
10
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
de agosto de 2017 el señor Diego Angulo Rojas informó a la inspectora de policía de
Coconuco que la comunidad indígena destruyó el único puente de acceso a su
propiedad e invadió nuevamente la servidumbre, razón por la cual se solicitó apoyo al
comandante de la estación de policía quien, en oficio del 15 de agosto de 2017, señaló
que no contaba con capacidad operativa para adelantar el procedimiento; y, viii) para
atender la situación se decretó la urgencia manifiesta y se asumieron los gastos de
alimentación y hospedaje a los integrantes del ESMAD de la policía nacional, quienes
pernoctaron en el predio Aguatibia no. 2.
Propuso las excepciones de “hecho de un tercero” y “falta de legitimación en la causa
por pasiva”, por estimar que los daños fueron causados por la comunidad indígena
(fls. 478 a 493 cdno. ppal. 3).
7) Igualmente, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a las
pretensiones de la demanda para lo cual adujo que siempre actuó dentro del marco
de sus competencias; además, la obstrucción de la servidumbre no fue consecuencia
de un procedimiento policivo; asimismo, indicó que no existen pruebas que acrediten
una falla en el servicio ni se cumplen los requisitos para declarar su responsabilidad
patrimonial extracontractual.
Propuso las excepciones del “hecho de un tercero” y “caducidad del medio de control”,
esta última se sustentó en que varios de los hechos narrados por los demandantes
ocurrieron antes del 7 de mayo de 2017 (fls. 535 a 557 cdno. ppal. 3).
8) A su vez, el Cabildo Indígena del Resguardo Kokonuko pidió que las súplicas se
nieguen con fundamento en los siguientes argumentos: i) es poseedor del título
colonial de 1746, ratificado mediante las escrituras públicas números 394 de 1912 y
538 de 1937, documentos en los que se establece el territorio perteneciente a la
comunidad indígena; ii) su título de propiedad es anterior al del señor Diego Angulo
Rojas, quien adquirió el inmueble de buena fe y con aval del Estado; iii) la comunidad
nunca irrumpió en el predio Aguatibia no. 2 ni atentó contra el establecimiento
comercial Centro de Turismo y Salud Termales Aguatibia; iv) el Gobierno Nacional, a
través de los Ministerios del Interior y de Agricultura, adquirió una serie de
compromisos con el pueblo Kokonuko los cuales fueron incumplidos, entre ellos la
compra del predio Aguatibia no. 2; v) la Agencia Nacional de Tierras presentó al señor
11
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
Diego Angulo Rojas dos ofertas para adquirir el inmueble con el objeto de que pudiera
ser transferido a la población indígena, pero, ambas propuestas fueron rechazadas
por el aquí demandante, quien exigió un precio desorbitante; vi) ante el incumplimiento
estatal la comunidad ejerció una protesta pacífica y, a pesar de ello, la Fuerza Pública
acantonada en el predio Aguatibia no. 2 actuó contra la población indígena de manera
desproporcionada, causó la muerte de Efigenia Vásquez Astudillo y agredió a más de
140 comuneros; vii) los daños aducidos por la parte demandante no se encuentran
acreditados, pues, en el expediente no hay elementos materiales de prueba sobre los
gastos o pérdidas económicas invocadas por los actores; viii) de acuerdo con su
cosmovisión, en su territorio habitan espíritus mayores y menores y, el predio
Aguatibia no. 2 constituye un lugar sagrado para el desarrollo de rituales dirigidos al
Espíritu Mayor de Cabeza Brillante o Kokonuko y, viiii) al pueblo indígena se le han
vulnerado diversos derechos fundamentales individuales y colectivos, entre estos el
derecho a la propiedad colectiva, que comprende el denominado Aguatibia no. 2 (fls.
710 a 726 cdno. ppal. 3).
3. La sentencia impugnada
El Tribunal Administrativo del Cauca en sentencia del 22 de agosto de 20259, aclarada
y corregida el 8 de octubre del mismo año10, declaró la responsabilidad patrimonial de
la Nación – Ministerio del Interior, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
y el Cabildo Indígena del Resguardo Kokonuko, al tiempo que declaró la falta de
legitimación en la causa por pasiva de las demás entidades demandadas.
A las entidades de las cuales deprecó la responsabilidad patrimonial las condenó
pagar los perjuicios morales y de daño a la salud transcritos al inicio de esta
providencia, así como también el reconocimiento, en abstracto, de los perjuicios
materiales por concepto de daño emergente y lucro cesante, con fundamento en las
siguientes razones:
1) El daño consistió en la restricción del derecho a la propiedad derivada del bloqueo
de servidumbre de acceso al predio Aguatibia no. 2 -de propiedad del señor Diego
Angulo Rojas- por parte de la comunidad indígena Kokonuko entre el 7 de abril de
9 Índice 149 SAMAI de la primera instancia.
10 Índice 156 SAMAI de la primera instancia.
12
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
201711 y el 21 de junio de 2018, aspecto que se encuentra acreditado, entre otros
documentos, con la querella presentada el 10 de abril de 2017 por el señor Diego
Angulo Rojas, el acta no. 03 del 14 de junio de 2017 de la inspección de policía de
Coconuco (Cauca), la certificación expedida el 21 de junio de 2017 por el personero
del municipio de Puracé, el oficio del 30 de junio de 2017 suscrito por la inspectora de
policía de Puracé, las solicitudes de protección radicadas ante la Policía Nacional el
29 de noviembre de 2017, 3 de enero de 2018 y 23 de abril de 2018, al igual que con
las sentencias de tutela del 29 de abril y 29 de junio de 2017 junto con sus respectivos
incidentes de desacato.
2) Si bien el Cabildo Indígena del Resguardo Kokonuko Kokonuko alega aspectos
relacionados con la titularidad del inmueble Aguatibia no. 2 y la servidumbre de paso,
lo cierto es que, dicho asunto no constituye materia del litigio en el proceso de la
referencia y, en todo caso, ha sido suficientemente decantado por el Consejo de
Estado e incluso la Corte Constitucional en distintas providencias.
De manera particular, la Corte Constitucional en sentencia T-466 de 2019 precisó que
aunque el predio Aguatibia no. 2 y la servidumbre de tránsito constituida a su favor se
encuentran dentro del territorio del resguardo indígena de Kokonuko, no hacen parte
de este, de modo que su titularidad corresponde al aquí demandante.
3) De conformidad con el artículo 9 del Decreto 1953 de 2014 y el auto 1192 del 17
de julio de 2024 de la Corte Constitucional, el Cabildo Indígena del Resguardo
Kokonuko es una entidad pública especial con capacidad jurídica y, por tanto,
responde patrimonialmente por el daño causado a los demandantes.
En efecto, aunque el derecho a la protesta goza de protección constitucional en
Colombia su ejercicio debe ser pacífico y no puede desbordarse en desmerito de otros
derechos fundamentales, criterio que ha sido reiterado por la Corte Constitucional en
diversos pronunciamientos.
11 Aunque los demandantes y el tribunal de primera instancia refirieron que la obstrucción inició el 7 de
abril de 2017, de los documentos aportados al plenario se tiene que en realidad comenzó el 8 de abril
de 2017, aspecto que será explicado en el acápite del daño.
13
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
En el caso objeto de estudio la comunidad indígena Kokonuko afirmó que ejerció el
derecho a la protesta debido al incumplimiento de los acuerdos suscritos por el
Gobierno Nacional respecto de la adquisición del predio Aguatibia no. 2; sin embargo,
la obstrucción de la servidumbre de tránsito no fue pacífica y afectó los derechos de
propiedad, patrimonio y trabajo de los demandantes, pues, el establecimiento de
comercio no pudo explotarse económicamente y además sufrió afectaciones
materiales.
La demandada no solo obstaculizó el acceso al inmueble Aguatibia no. 2, sino que,
también incumplió de manera flagrante la orden de desalojo impartida por el municipio
de Puracé (Cauca), lo mismo que las decisiones adoptadas por los jueces
constitucionales en sede de tutela, emanadas tanto del Tribunal Administrativo del
Cauca como por el Consejo de Estado, lo cual dio lugar a sendos incidentes de
desacato hasta que el 21 de junio de 2018 se restituyó el derecho a la servidumbre.
La desatención permanente de las órdenes judiciales con el argumento de que se
trata de una comunidad indígena constituye un grave desacierto, pues, desconoce los
principios y fines estatales, además, el hecho adelantar negociaciones para adquirir
el inmueble con posterioridad a los hechos objeto de la demanda no exime a la
accionada de reparar el daño causado.
4) De otra parte, también le asiste responsabilidad a la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional porque en varias oportunidades desatendió las solicitudes de
desalojo encaminadas al restablecimiento del derecho de servidumbre.
Ciertamente, en el proceso se acreditó que i) el 13 de abril de 2017, el alcalde
municipal de Puracé solicitó a la policía ejecutar el desalojo de los integrantes de la
comunidad indígena Kokonuko; no obstante, la orden solo fue cumplida por el ESMAD
el 13 de junio de 2017; ii) el 23 de junio de 2017 se presentó un nuevo bloqueó de la
servidumbre y la policía fue informada el 30 del mismo mes y año; inicialmente, la
entidad manifestó que no podía acudir al lugar para luego el 12 de julio siguiente
realizar un procedimiento que resultó infructuoso debido a enfrentamientos con
miembros del resguardo, quienes desalojaron voluntariamente el bien el 19 de julio de
2017; iii) el 4 de agosto de 2017, la comunidad indígena no solo bloqueó la
servidumbre de tránsito, sino que, además, dañó el puente de acceso al predio
14
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
Aguatibia no. 2, razón por la cual la inspectora de policía de Coconuco (Cauca) solicitó
a la Policía Nacional realizar el desalojo, empero, el comandante del ente territorial
informó que no contaba con capacidad operativa para adelantar el procedimiento; iv)
entre el 18 de agosto de agosto de 2017 y el 6 de octubre el mismo año, un escuadrón
de la Policía Nacional permaneció de manera constante en el lugar, pese a ello el 7
de octubre de 2018 se presentaron enfrentamientos con la comunidad indígena y, v)
el 14 de diciembre de 2017 se restituyó la servidumbre, pero el 17 de diciembre del
mismo año la población indígena Kokonuko volvió a bloquearla, el 30 de abril de 2018
se solicitó nuevamente a la Policía Nacional realizar el desalojo, el cual solo se
materializó en junio de 2018.
De lo anterior, se concluye que al señor Diego Angulo Rojas se le impuso la carga de
soportar trámites administrativos para lograr la ejecución de los desalojos que en
algunos casos, tardaron varios meses; la responsabilidad de la Policía Nacional radica
en que “teniendo el deber de desalojo, impuso cargas mayores a las que el
demandante estaba en el deber de soportar, ante la inoperatividad del cuerpo policial
para restablecer el orden público en el sector” (fl. 45 PDF “099Sentencia” índice 149
SAMAI de la primera instancia).
5) Asimismo, la Nación – Ministerio del Interior es patrimonialmente responsable toda
vez que i) incumplió los acuerdos celebrados en el año 2013 con el Cabildo Indígena
del Resguardo Kokonuko, circunstancia que motivó las protestas de la comunidad; ii)
en la sentencia de tutela del 29 de junio de 2017, el Consejo de Estado le ordenó
intervenir en la controversia generada por el bloqueo de la servidumbre de paso con
el propósito de encontrar una solución al conflicto entre la comunidad indígena y los
particulares que habitan el territorio, así como también evitar el uso de las vías de
hecho para obtener la presencia estatal; iii) no brindó atención adecuada al problema,
asumió una actitud pasiva y ni siquiera intentó adoptar una solución definitiva para
cumplir los acuerdos suscritos con la comunidad indígena Kokonuko, razón por la cual
el Consejo de Estado en proveído del 18 de enero de 2018 confirmó la sanción
impuesta al entonces ministro del interior dentro del incidente de desacato y, iv) pese
a la sanción, el ministerio continuó desconociendo las órdenes dictadas en la
sentencia de tutela, motivo por el cual el Tribunal Administrativo del Cauca en
providencia del 18 de septiembre de 2018 volvió a sancionar al ministro del interior,
15
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado en proveído del 10 de octubre
de 2018.
Aunque el Ministerio del Interior no fue la entidad que obstruyó la servidumbre le asiste
responsabilidad porque aun cuando la ley no le impone la obligación de adquirir
predios, en el año 2013 asumió el compromiso con el pueblo Kokonuko y su
incumplimiento “dio lugar a la disputa generada en los años 2017 y 2018, entre el
gobierno nacional y el Resguardo Indígena Los Kokonukos, misma que terminó
generando el daño consabido a la parte demandante, al imponerle las consecuencias
de una coyuntura que le era ajena en su calidad de particular”; además, cuando se
presentaron las protestas no intervino de manera efectiva ni solucionó el conflicto,
situación que dejó a los demandantes expuestos a las actuaciones de los
manifestantes (fl. 45 PDF “099Sentencia” índice 149 SAMAI de la primera instancia).
6) El Cabildo Indígena del Resguardo Kokonuko, la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y la Nación – Ministerio del Interior son solidariamente responsables
del daño, sin embargo, en cumplimiento de lo dispuesto en el CPACA se establece
que el Cabildo Indígena del Resguardo Kokonuko responde en una proporción del
50%, el Ministerio del Interior en un 30% y la Policía Nacional en un 20%.
7) No se acreditó la responsabilidad patrimonial de las demás entidades demandadas,
por lo cual se declara probada la ausencia de legitimación en la causa material por
pasiva respecto de aquellas.
8) En relación con los perjuicios, de las pruebas aportadas en el plenario se establece
que con los bloqueos existieron daños tanto en la servidumbre de paso como en el
establecimiento de comercio, tales afectaciones fueron consignadas en las actas 4, 6
y 15 de 2017 y 1° de 2018 suscritas por la inspectora de policía de Coconuco, al igual
que en los informes ejecutivos de la Policía Nacional.
Sobre el particular se destaca que aunque en algunas oportunidades la Fuerza Pública
adecuó la servidumbre las demás reparaciones fueron asumidas por el señor Diego
Angulo Rojas quien, además, debió remediar los daños ocasionados en el interior del
establecimiento comercial, lo mismo que los costos y gastos derivados de su
funcionamiento y de la permanencia de los miembros de Fuerza Pública; no obstante,
16
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
pese a que dichos daños se encuentran acreditados no se probó su cuantía, la cual
deberá establecerse a través de incidente.
9) Lo antedicho también se predica del perjuicio material por concepto de lucro
cesante, pues, se acreditó que el acceso al predio permaneció obstruido, “lo que llevó
al cierre del establecimiento entre los meses de abril de 2017 y junio de 2018, mismo
que, aunque en ocasiones fue intermitente (…) e impidió desarrollar el objeto social”
(fl. 45 PDF “099Sentencia” índice 149 SAMAI de la primera instancia) y, toda vez que
no hay prueba sobre el quantum indemnizatorio, debido a que el dictamen pericial
obrante en el expediente carece credibilidad y las declaraciones de renta y estados
financieros resultan insuficientes para establecer el monto, el valor deberá calcularse
mediante trámite incidental.
10) Respecto del perjuicio moral, de los testimonios de los señores Jorge Alberto
Duque Mejía y Juan Pablo López Pareja, así como también de la declaración de parte
del señor Juan Diego Angulo Castrillón se establece que el actor, su esposa e hijos
resultaron afectados por la situación vivida que se prolongó durante meses, razón por
la cual se indemniza al señor Juan Diego Angulo Rojas con la suma equivalente a 30
smlmv12 y a cada uno de los demás demandantes con 20 smlmv.
11) Por su parte, de la historia clínica allegada al expediente se concluye que a raíz
de la problemática presentada en el predio de su propiedad el señor Juan Diego
Angulo Rojas presentó estrés significativo y depresión, de manera que se reconoce
como indemnización por daño a la salud la suma de 20 smlmv.
12) Las demás pretensiones son negadas porque el perjuicio reclamado no se
encuentra acreditado.
4. Los recursos de apelación
1) El Cabildo Indígena del Resguardo Kokonuko interpuso recurso de apelación en el
cual solicitó la revocatoria de la sentencia impugnada con sustento en los siguientes
argumentos13:
12 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
13 Índice 153 SAMAI de la primera instancia.
17
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
a) El Consejo de Estado ha expresado en distintas oportunidades que para que exista
falla en el servicio se debe acreditar que una autoridad actuó con retardo,
irregularidad, ineficiencia, ausencia u omisión de sus competencias y funciones.
b) La Ley 89 de 1890 establece las competencias y funciones de las autoridades
indígenas y reconoce su fuero, de modo que los asuntos indígenas se regulan por
normas especiales; en ese sentido, el Convenio 169 de la OIT -ratificado por la Ley
21 de 1991- dispone en los artículos 5 y 6 que deben reconocerse y protegerse los
valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales de los pueblos
indígenas; asimismo, exige considerar debidamente la naturaleza de los problemas
que se los afectan, tanto de manera colectiva como individual.
c) El a quo consideró configurada la falla en el servicio porque se desobedeció una
orden impartida por un juez de tutela; no obstante, la revisión de las normas evidencia
que los cabildos indígenas no tienen dentro de sus competencias la obligación de
adelantar diligencias de desalojo ni de actuaciones orientadas a recuperar el espacio
público o las servidumbres, tales funciones corresponden a la administración
municipal; sin embargo, el municipio de Puracé y, en consecuencia, la inspección de
policía, fueron exonerados de responsabilidad.
d) El cabildo indígena adelantó todas las actuaciones que se encontraban en el ámbito
de sus competencias con el propósito de lograr el saneamiento del territorio del
resguardo; en los acuerdos suscritos en el año 2013 el Gobierno Nacional, a través
del Ministerio del Interior, se comprometió con la comunidad indígena Kokonuko a
adquirir el predio Aguatibia no. 2, aspecto que fue incumplido, por tal razón, en la
asamblea del 20 de marzo de 2016 la comunidad decidió reanudar las acciones de
control territorial y fortalecer la minga para el saneamiento del resguardo.
e) El 23 de marzo de 2016, el Gobierno Nacional suscribió el acta operativa de los
acuerdos adicionales de la minga indígena y nuevamente asumió el compromiso de
adelantar las acciones necesarias para sanear el resguardo, este pacto tampoco fue
cumplido.
f) La comunidad indígena Kokonuko siempre ha demostrado disposición para el
diálogo y la concertación con el Gobierno Nacional y con el señor Diego Angulo Rojas;
18
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
pero, el predio no ha podido ser adquirido porque el actor exige una suma
desproporcionada la cual no puede ser aceptada por el Gobierno Nacional, quien, a
su vez, ha desconocido los acuerdos suscritos, pese a que la comunidad indígena
cuenta con especial protección constitucional de conformidad con el auto 004 de 2009
de la Corte Constitucional.
g) La revisión de la sentencia de acción de tutela proferida en segunda instancia por
el Consejo de Estado permite concluir que esa corporación ordenó a las autoridades
administrativas garantizar las libertades y convivencia pacífica entre los ciudadanos;
en consecuencia, correspondía a la administración municipal y al Ministerio del Interior
impartir las órdenes o instrucciones dirigidas a la Policía Nacional para ejecutar la
recuperación de la vía de acceso al predio Aguatibia no. 2 y no el cabildo indígena del
resguardo Kokonuko quien, en todo caso, intervino para lograr que la comunidad
retomara sus actividades y permitiera el avance de los diálogos, pese a que las
actuaciones policivas y el cumplimiento de la orden de desalojo no eran parte de sus
competencias; por tanto, no es posible atribuirle una omisión, un cumplimiento tardío
ni una falla en el servicio dado que la autoridad indígena carecía de competencia para
ordenar el desalojo o la recuperación del bien de uso público que conduce al inmueble
Aguatibia no. 2.
h) La autoridad y comunidad indígena tienen una cosmovisión según la cual el
territorio constituye la base de los objetivos colectivos, este es un legítimo derecho
que se encuentra instituido en el denominado “Plan de Vida del Resguardo Kokonuko:
sobre las huellas de nuestros ancestros en dignidad y autonomía”; el predio Aguatibia
no. 2 se ubica en el corazón del resguardo y representa un lugar sagrado para el
desarrollo de rituales dirigidos al Espíritu Mayor de Cabeza Brillante o Kokonuko, por
consiguiente, los médicos tradicionales se ven privados de disfrutar y visitar ese
espacio por las restricciones de tránsito existentes.
i) No existe prueba de los perjuicios reconocidos en primera instancia por concepto
de daño emergente y lucro cesante; de igual manera, tampoco se acreditó que se
hubiera impedido el ingreso de los turistas al establecimiento comercial de propiedad
del actor; además, la servidumbre se constituyó únicamente para permitir el tránsito
peatonal, sin autorizar la circulación de vehículos automotores y, en todo caso, la vía
carreteable nunca fue obstruida; asimismo, resulta desproporcionado dejar al arbitrio
19
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
del demandante la posibilidad de allegar en un incidente pruebas de los daños cuando
estas no fueron aportadas en la oportunidad procesal correspondiente.
2) Por su parte, inconforme con la decisión de primera instancia la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional pidió que se revoque con fundamento en lo siguiente14:
a) La parte demandante no acreditó la existencia de un daño un mucho menos elevó
cargos en contra de la Policía Nacional, razón suficiente para negar las pretensiones
de la demanda.
b) En ninguna de las pruebas aportadas al proceso se avizora que el bloqueo de la
servidumbre tuvo como origen algún procedimiento policial, aspecto que a los actores
les incumbía probar; de modo que, se debe declarar probada la excepción de ausencia
de legitimación en la causa por pasiva.
c) Hay completa ausencia de los elementos de responsabilidad extracontractual del
Estado, pues, no está demostrada la existencia de un riesgo creado por la
administración, la ocurrencia de un daño ni una relación de causalidad con el perjuicio
alegado.
d) No se probó la falla en el servicio, no está acreditado que alguno de sus agentes
actuó de manera extralimitada u omisiva.
3) A su turno, la Nación – Ministerio del Interior manifestó inconformidad con la
providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca para lo cual adujo lo
siguiente15:
a) La sentencia impugnada desconoce la realidad normativa y probatoria, pues,
fundamenta la responsabilidad únicamente en el supuesto incumplimiento de los fallos
de tutela y en la sanción por desacato impuesta al ministro de la época; sin embargo,
i) dichas providencias fueron dictadas hace más de siete años y no reflejan la situación
actual del predio objeto de controversia y, ii) la obligación atribuida al ministerio es de
medio y no de resultado.
14 Índice 152 SAMAI de la primera instancia.
15 Índice 155 SAMAI de la primera instancia.
20
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
b) La administración pública tiene una posición de garante que implica deberes de
protección y prevención frente a riesgos que puedan afectar los derechos de los
ciudadanos, tales obligaciones corresponden a las entidades estatales que, dentro de
su ámbito específico de competencias, cuentan con la potestad legal o reglamentaria
para evitar la vulneración del bien jurídico tutelado; en ese contexto, la revisión de las
funciones legales y constitucionales del ministerio da cuenta que no tiene entre sus
atribuciones la posición de garante; además, en este caso concreto se limitó a actuar
como vocero, articulador y coordinador de las mesas de diálogo, por ello no puede
imputársele el incumplimiento de funciones asignadas a otras entidades, como el
Ministerio de Agricultura, quien es el encargado de atender las problemáticas
relacionadas con la tenencia de tierras, según lo previsto en los Decretos 967 de 2001
y 033 de 2025.
c) Con independencia de lo anterior, tratándose de hechos constitutivos de
violaciones de derechos ocasionadas por terceros resulta necesario acreditar i) que la
entidad estatal incumplió los deberes de diligencia exigibles para evitar la vulneración
de los derechos y, ii) que la actuación desplegada por el tercero provenía de un riesgo
inminente y cognoscible para la entidad estatal.
En el asunto objeto de análisis los demandantes atribuyen las afectaciones al
resguardo indígena de Kokonuko el cual actuó conforme a sus propios métodos y
convicciones, sin intervención del ministerio en los bloqueos; además, la protección
de la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos no hace parte de sus competencias,
sino que, corresponde al Ministerio de Defensa y a las fuerzas que lo integran.
5. Actuación surtida en segunda instancia
El 17 de marzo de 2026 se admitió el recurso de apelación16 y el 14 de abril de 2026
ingresó el expediente al despacho para dictar sentencia según lo dispuesto en el
numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la
Ley 2080 de 2021.
En esta oportunidad procesal el agente del Ministerio Público rindió concepto en el
que deprecó la confirmación de la sentencia de primera instancia por estimar que se
16 Índice 4 SAMAI.
21
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
encuentra acreditado el daño causado a los demandantes y la responsabilidad que
les asiste a las entidades que fueron condenadas en primera instancia17.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2)
análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado, 3) conclusión y, 4) condena en
costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna18, corresponde a la Sala determinar si
se reúnen los elementos requeridos para declarar extracontractual y patrimonialmente
responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Cabildo Indígena
del Resguardo Kokonuko y a la Nación – Ministerio del Interior por los perjuicios
causados a los demandantes con ocasión del bloqueo y obstrucción de la servidumbre
de acceso al predio denominado Aguatibia no. 2, identificado con la matrícula
inmobiliaria no. 120-96016 y ubicado en la vereda Puracé del municipio del mismo
nombre en el departamento del Cauca.
17 Índice 12 SAMAI.
18 El daño atribuido a las entidades demandadas se encuentra en las diferentes obstrucciones,
ocupaciones y bloqueos de la servidumbre de acceso al predio denominado Aguatibia no. 2º por parte
del Resguardo Cabildo Indígena de Kokonuko en varias oportunidades durante el periodo comprendido
entre el 8 de abril de 2017 al 21 de junio de 2018, situación que también afectó el funcionamiento del
establecimiento de comercio denominado Centro de Turismo y Salud Termales Aguatibia. En ese
sentido, la imputación se encuentra principalmente en la ocupación temporal de la servidumbre por
parte de una entidad estatal (la naturaleza jurídica del resguardo indígena será explicado en el cuerpo
de la providencia) ; de manera que, dadas las particularidades del caso, contado desde el 13 de junio
de 2017, fecha en la cual se llevó a cabo la primera restitución de la servidumbre por parte de la
comunidad indígena Kokonuko, esto es, cuando cesa la primera ocupación (PDF “15.1 Acta operativo”
de la carpeta “08Pruebas” del CD 1 del fl. 204 cdno. ppal. 1) se tiene que los demandantes, al tenor
de lo previsto en el en el literal h) del artículo 164 del CPACA contaban en principio hasta 14 de junio
de 2019, para presentar la demanda de la referencia; ahora bien, el 8 de mayo de 2019, esto es,
faltando 37 días para que se cumpliera el plazo, la parte actora radicó solicitud de conciliación
prejudicial ante la Procuraduría para asuntos Administrativos, la cual se llevó a cabo el día 1° de agosto
de 2019, el mismo día en que se expidió la respectiva constancia; de modo que, los términos se
ampliaron hasta el 7 de septiembre de 2019 y, toda vez que la demanda de la referencia se formuló el
29 de agosto de 2019 se impone concluir que se hizo de manera oportuna; en efecto, cada ocupación
y obstrucción fue diferente e implicó diferentes actas de restitución de inmueble arrendado, de manera
que si por la primera no existió caducidad, mucho menos se puede predicar que la demanda no fue
oportuna respecto de las demás.
22
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
La Sala modificará la decisión de primera instancia que declaró la responsabilidad
patrimonial de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, el Cabildo
Indígena del Resguardo Kokonuko y la Nación – Ministerio del Interior para precisar
los parámetros de la condena en abstracto dictada por el a quo y la solidaridad entre
las entidades; asimismo, se advierte que no realizará ningún pronunciamiento sobre
la responsabilidad de las demás entidades que integran la parte pasiva de la litis y que
no fueron condenadas en primera instancia debido a que no fue objeto de
impugnación por los demandantes, directos interesados en su condena.
2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado
La Sala abordará el estudio del presente caso en el siguiente itinerario: 1) hechos
probados, 2) imputación de la responsabilidad y 3) indemnización de perjuicios.
2.1 Hechos probados
a) En el proceso se recaudaron varias pruebas sobre las cuales debe ponerse de
presente lo siguiente:
1) De conformidad con la reiterada jurisprudencia de esta Sección19, la Sala otorgará
valor probatorio a las copias simples de los documentos aportados al proceso, pues,
no fueron controvertidas por las partes.
2) Sobre la valoración de pruebas documentales como fotografías y videos el Consejo
de Estado ha precisado que cuando carecen de ratificación pueden ser tenidas en
cuenta siempre que pueda determinarse su origen, el lugar y el tiempo en el cual
fueron tomados20.
3) En esos términos, respecto de las fotografías aportadas con la demanda se observa
que no fueron reconocidas y no se tiene conocimiento de la fecha y hora en que fueron
captadas ni mucho menos quién las captó, de modo que no constituyen prueba del
daño alegado.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2013, proceso no. 25.022, MP
Enrique Gil Botero.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, radicación no.
25000-23-26-000-2000-00340-01 (28832), CP Danilo Rojas Betancourth.
23
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
4) Por su parte, en relación con los reportes de prensa, esta corporación ha afirmado
que pueden ser considerados como prueba documental, empero, representan un valor
secundario de acreditación del hecho por sí mismos en la medida que únicamente
demuestran el registro mediático de los hechos y su eficacia y veracidad depende de
su conexidad y coincidencia con otros medios probatorios21; en otros términos, tales
documentos permiten acreditar que una determinada información se divulgó o
publicitó, mas no necesaria ni precisamente la veracidad de los hechos materia de la
información en ellos publicada.
b) Realizadas las anteriores precisiones, de conformidad con las pruebas válidamente
aportadas al proceso se encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes
para la adopción de la decisión de la controversia:
1) El señor Diego Angulo Rojas es propietario del inmueble denominado Aguatibia no.
2 ubicado en el corregimiento de Coconuco en el municipio de Puracé (Cauca) e
identificado con la matricula inmobiliaria no. 120-96016, este bien colinda en el norte,
oriente y occidente con el resguardo indígena de Kokonuco22.
2) En el referido predio funciona el establecimiento de comercio denominado Centro
de Turismo y Salud Termales Aguatibia, también de propiedad del señor Diego Angulo
Rojas23.
3) El acceso al inmueble y al establecimiento de comercio se realiza a través de una
servidumbre de tránsito, la cual fue constituida en el mes de septiembre de 1981 24.
4) El 3 de enero de 2005, la comisión autorizada por la comunidad indígena Kokonuko
y el aquí demandante suscribieron un acuerdo en el que se pactó, entre otros
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012,
radicación no. 11001-03-15-000-2011-01378-00 (PI), CP Susana Buitrago Valencia.
22 Tal como consta, entre otros documentos en el certificado de tradición y libertad aportado en el
plenario (PDF “1. Certificado de Libertad y Tradición” y PDF “15.2 Certificado de Libertad y Tradición”
en carpeta 08Pruebas del CD 1 fl. 204 cdno. ppal. 1) y el avalúo catastral del bien realizado por el IGAC
el 25 de noviembre de 2016 (fl. 14 del PDF “21.2. Avalúo predio” en carpeta 08Pruebas del CD 1 fl. 204
cdno. ppal. 1).
23
De conformidad con el registro nacional de turismo no. 31926 (PDF 2. “Registro Nacional de Turismo
2017” de la carpeta 08Pruebas del CD 1 fl 204 cdno. ppal. 1) y el certificado de matrícula mercantil del
29 de abril de 2019 expedido por la Cámara de Comercio del Cauca (PDF “3.Certificado de Cámara de
Comercio” de la carpeta 08Pruebas del CD 1 que se encuentra en el folio 204 cdno. ppal. 1).
24 Tal como consta en los documentos de constitución de servidumbre (fls. 1 y 2 del PDF “Cartas
pidiendo y otorgando servidumbre” de la carpeta 08Pruebas del CD 1 fl 204 cdno. ppal. 1).
24
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
aspectos, que el cabildo y la comunidad indígena respetarían la servidumbre de
tránsito vehicular existente, a su turno, el señor Diego Angulo Rojas transferiría, a
título de venta, treinta (30) hectáreas de tierra, así:
"PRIMERA: que el señor DIEGO ANGULO ROJAS se compromete a ofertar,
una vez legalizado el presente acuerdo y en el día de hoy, 30 hectáreas de
tierra en la parte sur del predio denominado Aguatibia No. 2 de su propiedad,
dentro de las cuales están incluidas las siete (7) hectáreas que mediante el
convenio firmado el día tres de febrero del año 2000, en el Despacho de la
Fiscalía Local de Kokonuko, les había otorgado un usufructo a la comunidad
indígena de Kokonuko. SEGUNDO: El cabildo y la comunidad indígena de
Kokonuko se comprometen a respetar y a cuidar el ojo de agua manantial
que nace en la franja de terreno existente entre la carretera que conduce de
Kokonuko hacia Paletara y el río caleras, fuente esta que podrá ser utilizada
con fines agrícolas y de turismo por parte del señor DIEGO ANGULO
ROJAS, para lo cual queda expresamente autorizado en el presente
convenio. TERCERA: el cabildo y la comunidad indígena de Kokonuko,
como consecuencia de la venta voluntaria por parte del señor DIEGO
ANGULO ROJAS, se comprometen a respetar y a hacer respetar el
predio restante Aguatibia No. 2 de su propiedad, cesando todo acto de
perturbación, daños o de usurpación en general que atente contra los
intereses económicos y físicos de su dueño y evitar que estos hechos
sucedan en el futuro, incluyendo los posteriores cabildos y la
comunidad indígena de Kokonuko. CUARTA: El cabildo y la comunidad
indígena de Kokonuko, respetará y harán respetar en lo sucesivo la
servidumbre activa de tránsito vehicular de un ancho de 8 metros que
da acceso al predio Aguatibia No. 2 y a las termales existentes en el
citado predio, servidumbre que se ubica desde la carretera central que
conduce de Coconuco hacia Paletará hasta el río calera, servidumbre
que se reconoce y se otorga al propietario del predio Aguatibia No. 2
por parte del Cabildo y la comunidad indígena de Kokonuko (…)
SÉPTIMA: El presente acuerdo y su contenido harán parte integral de la
escritura pública de compraventa que perfecciona la negociación y será
avalado por el señor gobernador del departamento del cauca, el señor
consejero mayor del consejo regional (…).” (fls. 56 a 58 del PDF “VARIOS
CUARTA PARTE” de la carpeta ExpedienteAdmMininterior del CD 1 fl 204
cdno. ppal. 1 y fls. 1 a 3 del PDF “10. Acta de acuerdo 2005” del CD Pruebas
fl. 377 cdno. 2 – mayúsculas fijas del original y negrillas de la Sala).
5) En cumplimiento de lo anterior, el señor Diego Angulo Rojas vendió al INCORA
veintinueve (29) hectáreas y 1.365 metros cuadrados25 mediante escritura pública de
compraventa número 802 del 7 de diciembre de 2007 otorgada en la Notaría Única de
Timbío (Cauca); a su vez, a través de acta del 14 de diciembre de 2007 el INCORA
transfirió dicho predio al resguardo indígena de Kokonuko26.
25 Escritura pública de venta (fls. 7 a 21 del PDF “10. Acta de acuerdo 2005” del CD Pruebas fl. 377
cdno. 2).
26 Acta de entrega (fls. 22 a 24 del PDF “10. Acta de acuerdo 2005” del CD Pruebas fl. 377 cdno. 2).
25
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
6) Con ocasión del paro agrario del 201327, el 23 de octubre de la misma anualidad el
entonces ministro del interior Aurelio Irragory Valencia, nueve (9) consejeros mayores
del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y los gobernadores de los cabildos
indígenas de Kokonuko, Puracé y Caloto suscribieron el documento denominado
“acuerdos adicionales en el marco de la minga indígena y social para la defensa del
territorio y la vida” en el cual el Gobierno Nacional se comprometió, entre otros
aspectos, a adquirir el inmueble Aguatibia no. 2, en los siguientes términos:
“1. PUEBLO KOKONUKO ZONA CENTRO
(…)
B. Con respecto a la situación del Cabildo Indígena de Kokonuko y el predio
denominado AGUASTIBIAS (sic) se llegó al siguiente acuerdo:
Acuerdo: El Gobierno Nacional se compromete en un tiempo de 30 días
a conformar una comisión de alto nivel donde estará el Incoder Nacional,
Regional, Gobernación del Cauca y por parte de las comunidades indígenas,
Cabildo de Kokonuko, autoridad tradicional del pueblo Kokonuko zona
centro, Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, para buscar las
alternativas de solución mediante una hoja de ruta y así lograr la
adquisición del respectivo predio, aclarando que se deben gestionar
los recursos respectivos, sin afectar los presupuestos aprobados con
anterioridad al presente acuerdo. Cabe anotar que la decisión de venta
del predio será de carácter voluntaria por parte del propietario.
Por parte de la comunidad indígena de Kokonuko, se comprometen a
desocupar el predio denominado AGUASTIBIAS (sic) y se concentraran en
asamblea permanente en la casa comunitaria del Cabildo Indígena de
Kokonuko, hasta tanto el Gobierno Nacional cumpla lo pactado, en caso de
incumplimiento entonces la comunidad indígena regresará a continuar con
el proceso de liberación de la madre tierra.” (PDF “11.1 Acta de acuerdos”
de la carpeta 08Pruebas del CD 1 fl 204 cdno. ppal. 1 – negrillas fuera del
original).
7) En distintos escritos presentados a lo largo de varios años el señor Diego Angulo
Rojas informó a las autoridades de policía que su propiedad se encontraba
amenazada por parte de la comunidad indígena Kokonuko, razón por lo cual solicitó
medidas de protección para sus bienes28.
27 La referencia al paro agrario se encuentra en la sentencia de tutela del 24 de abril de 2017 dictada
en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Cauca en el expediente no. 19001-23-33-003-
2017-00158-00 (PDF “14.1 SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA TUTELA” de la carpeta 08Pruebas del
CD 1 fl. 204 cdno. ppal. 1).
28 Escritos del 14 de junio de 2013 y 16 de agosto de 2013 (fls. 1 a 2 y 6 del PDF “VARIOS CUARTA
PARTE” de la carpeta ExpedienteAdmMinisterio del CD 1 fl 204 cdno. ppal. 1); de igual manera, en la
sentencia de tutela de primera instancia del 24 de abril de 2017 dictada por el Tribunal Administrativo
del Cauca en el expediente no. 19001-23-33-003-2017-00158-00 se dejó constancia que el señor Diego
Angulo Rojas solicitó protección, entre otros, en fechas “27 de noviembre de 2003, 17 de diciembre de
2003, 24 de mayo de 2005, 1 de junio de 2010, 21 de agosto de 2012, 09 de enero de 2014 (fl.101), 9
de marzo de 2016, dirigidas todas al Comandante del Departamento de Policía Cauca; la solicitud de
26
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
8) El 8 de abril de 2017, en horas de la madrugada, integrantes de la comunidad
indígena Kokonuko ocuparon e invadieron la servidumbre de acceso al predio
Aguatibia no. 2, de manera que ese mismo día el señor Diego Angulo solicitó al alcalde
municipal de Puracé (Cauca)29, al comandante de la estación de policía de Coconuco
y al comandante de la Policía Metropolitana de Popayán30 adoptar las medidas
correctivas necesarias para reestablecer el derecho de servidumbre, pues, la
ocupación impedía el desarrollo del objeto social del establecimiento comercial de su
propiedad.
9) Mediante oficio del 8 de abril de 2017 el comandante de la estación de policía de
Coconuco informó al alcalde municipal de Puracé (Cauca) que esa entidad carecía de
competencia restablecer el derecho y que, en su criterio, dicha actuación correspondía
a la inspección de policía del ente territorial31, postura que también fue expuesta por
el comandante de la Policía Metropolitana de Popayán en respuesta dirigida al aquí
demandante, en el que indicó, entre otros aspectos, que no era posible adelantar el
protección ante posible invasión de fechas 9 de enero de 2014 y 9 de febrero de 2016 dirigidas al
Comandante de la Policía Metropolitana de Popayán y las peticiones de fechas 19 de octubre de 2013
y 27 de marzo de 2017 dirigidas al Batallón de Alta Montaña No. 4 del Ejército Nacional” (PDF “14.1
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA TUTELA” de la carpeta 08Pruebas del CD 1 fl. 204 cdno. ppal. 1).
29 En esta petición el aquí demandante refirió que “como es de su conocimiento, la comunidad indígena
‘Kokonuko’ en días pasados ya había manifestado la voluntad de interferir una vez más por medio de
las vías de hecho, por demás que son ilegales, el normal funcionamiento de la empresa citada y limitar
de esta forma la libre actividad empresarial y la visita de miles de turistas al departamento en esta
temporada, lo cual finalmente se materializó desde las 3 AM del día de hoy tal como se registra en la
evidencia que comparto (…) Con la invasión e ilegal ubicación sobre la zona de servidumbre que da
acceso a mi predio desde la vía principal, lo que buscan es impedir y hacer imposible el correcto, legal
y eficiente desarrollo del objeto social de mi empresa, con las consecuencias económicas que ello
conlleva, violando, además de los derechos fundamentales ya mencionados, mi derecho al mínimo
vital, como quiera que de manera personal y familiar, derivo de esa actividad comercial los ingresos
para mi subsistencia, la de mi familia y la de los empleados de las Termales” (fls. 1 a 3 del PDF
“Expediente Aguatibia 2017-2018” de la carpeta 84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl. 204
cdno. ppal. 1); de igual manera, en el decreto no. 031 del 7 de octubre de 2017 el alcalde del municipio
de Puracé indicó que “en la madrugada del día 08 de abril de 2017, más de 200 comuneros
pertenecientes al Resguardo Indígena de Kokonuko, procedieron a taponar la vía de acceso
(servidumbre) que conduce al Centro Turístico y Salud Termales de Agua Tibia, de propiedad del señor
Diego Angulo Rojas, lo cual ha impedido el libre desarrollo de las actividades comerciales de este sitio
turístico (PDF “Decreto 031 de 2017” de la carpeta 84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fll
204 cdno. ppal. 1).
30 Tal como se colige del oficio no. S-2017-013543/COMAN-ASJUR del 11 de abril de 2017 suscrito por
el comandante de la Policía Metropolitana de Popayán (fls. 1 a 6 del PDF “16.2 respuesta policía” de la
carpeta 08Pruebas del CD 1 fl. 204 cdno. ppal. 1, fls. 12 a 17 del PDF “expediente aguatibia 2017-
2018” de la carpeta 84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1 y fls. 502 a
504 cdno. 3).
31 Oficio no. 251/DISPO 2 ESTPO-29 del 8 de abril de 2017 (fls. 7 a 8 del PDF “16.2 respuesta policía”
de la carpeta 08Pruebas del cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1).
27
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
procedimiento policial de desalojo o restablecimiento de la servidumbre sin orden
previa expedida por el inspector de policía32.
10) A pesar de lo anterior, el mismo 8 de abril de 2017, aproximadamente a las 10:00
am, el alcalde municipal de Puracé (Cauca) junto con el comandante de la estación
de policía de Coconuco y la personera municipal acudieron al predio Aguatibia no. 2
y constataron que la servidumbre de tránsito se encontraba bloqueada33; además, en
acta34 de esa fecha se dejó anotado que el gobernador del cabildo indígena del
resguardo Kokonuko manifestó que la comunidad continuaría con las vías de hecho
hasta que el Gobierno Nacional cumpliera los acuerdos pactados35.
11) El 10 de abril de 2017, el señor Diego Angulo Rojas presentó ante la inspección
de policía del corregimiento de Coconuco del municipio de Puracé una querella 36 de
amparo del derecho de servidumbre por perturbación derivada de ocupación de
hecho, la cual fue tramitada por la inspección y la alcaldía municipal de Puracé
(Cauca).
12) El 12 de abril de 2017, en el marco del trámite de querella, el alcalde del municipio
de Puracé (Cauca) ordenó al gobernador del cabildo indígena de Kokonuko desalojar
voluntariamente la servidumbre dentro del término de ocho horas; asimismo, le advirtió
32 Oficio no. S-2017-013543/COMAN-ASJUR del 11 de abril de 2017 suscrito por el comandante de la
Policía Metropolitana de Popayán (fls. 1 a 6 del PDF “16.2 respuesta policía” de la carpeta 08Pruebas
del CD 1 fl. 204 cdno. ppal.; fls. 12 a 17 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1, fls. 502 a 504 cdno. 3).
33 El director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca en boletín de prensa del 10 de
abril de 2017 de igual manera rechazó el bloqueo realizado por la comunidad indígena Kokonuko a la
vía de acceso a las termales de Aguatibia (PDF “6.1 Boletín de prensa” de la carpeta 08Pruebas del cd
1 fl. 204 cdno. ppal. 1), bloqueo que fue ampliamente difundido por los medios de prensa (fl. “5.5
NOTICIA EL NUEVO LIBERAL” de la carpeta 08Pruebas del CD 1 fl. 204 cdno. ppal. 1).
34 Acta no. 1 del 8 de abril de 2017 suscrita por el alcalde municipal de Puracé (Cauca), el comandante
de la estación de policía de Coconuco y la personera municipal (fls. 5 a 6 del PDF “expediente aguatibia
2017-2018” de la carpeta 84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1).
35 En concreto se dejó plasmado que el gobernador del cabildo indígena refirió que se quedarían en la
servidumbre “hasta que el Gobierno Nacional les cumpliera con los acuerdos pactados anteriormente,
por último, se le preguntó por las posibilidades que existen para no utilizar las vías de hecho sino a
través del diálogo concertado" (fls. 5 a 6 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1).
36 Querella policiva de amparo a la servidumbre y conexos (PDF “8. QUERELLA DE POLICÍA” de la
carpeta 08Pruebas del CD 1 fl. 204 cdno. ppal. 1 y fls. 7 a 9 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018
de la carpeta 84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1).
28
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
que en caso de incumplimiento el desalojo se efectuaría con apoyo de la Fuerza
Pública37.
13) El 13 de abril de 2017, ante la permanencia de los ocupantes en la servidumbre,
el alcalde del municipio de Puracé (Cauca) ordenó al comandante de la estación de
policía de Coconuco adoptar las medidas necesarias para restablecer el derecho de
servidumbre y efectuar el desalojo de los integrantes del resguardo indígena, esta
orden también se comunicó al comandante de la policía del Cauca, con el propósito
de que brindara el apoyo suficiente para la diligencia de desalojo38.
14) A través de un oficio del 14 de abril de 201739 el comandante de la estación de
policía de Coconuco informó al alcalde municipal que, en su criterio, para proceder
con el desalojo era necesario convocar previamente una reunión con representantes
de distintas entidades estatales, entre ellos el director regional del ICBF, el secretario
departamental de salud y el defensor regional del pueblo; a su turno, en oficio del 18
de abril del 2017, el comandante de la Policía Metropolitana de Popayán indicó al
burgomaestre que, por el momento, no era posible brindar apoyo debido a que no
contaba con los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD)
necesarios para la diligencia, pues estos se encontraban el municipio de Tumaco 40.
15) Debido a la imposibilidad de desarrollar su actividad empresarial a raíz del bloqueo
de la vía de acceso a su propiedad y establecimiento de comercio por parte de la
comunidad indígena, el señor Diego Angulo Rojas, junto con dos trabajadores,
instauró la acción constitucional de tutela la cual fue conocida por el Tribunal
Administrativo del Cauca quien, mediante sentencia del 24 de abril de 201741, amparó
los derechos fundamentales a la propiedad y el trabajo de los accionantes y, en
consecuencia, ordenó al gobernador del cabildo indígena de Kokonuko que conminara
a la comunidad para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la providencia se abstuviera de continuar con la obstrucción y el
37 Fl. 19 a 20 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” - carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1y fl. 449 cdno. 3.
38 Fls. 27 a 29 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” - carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 y fl. 204 cdno. ppal.
39 Fl. 30 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” - carpeta 84AcutacionesInspectoraPolicíaPurace
del cd 1 fl. 204 cdno. ppal. y fl. 601 cdno. 3.
40 Fl. 34 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” - carpeta 84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace
del cd 1y fl. 500 cdno. 3.
41 19001-23-33-003-2017-00158-00 (PDF “14.1 SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA TUTELA” de la
carpeta 08Pruebas del CD 1 fl. 204 cdno. ppal. 1).
29
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
taponamiento de la servidumbre de acceso al predio Aguatibia no. 2 y permitiera el
normal funcionamiento del establecimiento de comercio Centro de Turismo y Salud
Termales Aguatibia; de igual manera, el Tribunal Administrativo del Cauca instó al
departamento de policía del Cauca, a la inspección de policía de Puracé y a la Policía
Metropolitana de Popayán para que en el ámbito de sus competencias ejecutaran la
orden de desalojo dictada el 13 de abril de 2017.
16) La anterior decisión fue modificada en providencia del 29 de junio de 2017 dictada
por la Sección Quinta del Consejo de Estado quien, además de las órdenes impartidas
por el Tribunal Administrativo del Cauca, dispuso: i) ordenar al alcalde del municipio
de Puracé hacer efectiva la orden de desalojo por ocupación de hecho de la
servidumbre de acceso al predio Aguatibia no. 2, lugar en el que funciona el Centro
de Turismo y Salud Termales Aguatibia; ii) conminar, entre otras autoridades, al
comandante de la estación de policía de Puracé y al comandante de la Policía
Metropolitana de Popayán para que prestaran el acompañamiento correspondiente en
el marco de sus competencias; iii) instar al gobernador del cabildo indígena del
resguardo Kokonuko para se abstuviera de prolongar la obstrucción o perturbación de
la servidumbre de acceso al predio Aguatibia no. 2, se retirara junto con la comunidad
y buscara una solución concertada a sus pretensiones, procurando, en todo caso, “no
volver a acudir a las vías de hecho” y, iv) exhortar al Gobierno Nacional, por conducto
del Ministerio del Interior, para que prestara la atención debida al caso, pues, existía
un acuerdo suscrito entre las comunidades indígenas y dicho gabinete ministerial que,
hasta esa fecha, permanecía incumplido42.
Como fundamento de la decisión se expuso lo siguiente:
“En el presente caso, al impedir que el señor Angulo Rojas accediera al
predio en donde funciona la empresa de servicios turísticos que legalmente
constituyó, se le negó la posibilidad de ejercer la actividad económica de la
cual deriva su sustento, por ello, considera la Sala, que además de afectarse
con ello el derecho a la propiedad privada, se afectó la expectativa de gozar
de las libertades que fueron reconocidas constitucionalmente, tales como, la
libre iniciativa de empresa, la posibilidad de concurrir al mercado, la facultad
de realizar actividades económicas con miras a mantener o incrementar su
patrimonio; libertades que como se anotó, son resguardadas dentro del
Estado Social de Derecho a todas las personas que decidan constituir
empresa.
42 Fls. 1 a 22 del PDF “Ceron Collazos no. 5 de la carpeta ExpedienteaAdmMininterior” del cd 1 fl 204
cdno. ppal. 1 y PDF “14.2 Sentencia de segunda instancia” del cd pruebas fl. 377 cdno. 2
30
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
Por ello, estas deben ampararse a través de la acción de tutela, como
garantías y no como derechos fundamentales, puesto que se reitera, solo
pueden ser limitadas o restringidas por el legislador, por motivos de interés
general, situación que no ocurre en este caso.
A pesar de que el accionante buscó en las autoridades de policía del
municipio la protección a sus derechos, estas no tuvieron un actuar diligente,
y se han perpetuado la obstrucción de la servidumbre de acceso y las vías
de hecho que decidieron adoptar los miembros de la comunidad de los
Kokonukos, A su vez, está soportando una carga que no tiene el deber de
hacerlo, ya que esta situación surgió por la inconformidad y molestia de ese
pueblo ancestral, ante el incumplimiento de los compromisos que el
Gobierno Nacional adquirió con ellos.
Así que, el Ministerio del Interior también debe intervenir es este asunto, con
el propósito de encontrar pronta solución a los conflictos que se suscitan
entre las comunidades indígenas asentadas en ese territorio y los
particulares que también habitan y desarrollan sus actividades económicas
allí, para que no se siga llegando al límite de tener que tomar las vías de
hecho para que conseguir la presencia estatal.
Finalmente, y en atención a lo anterior la orden debe dársele a las
autoridades administrativas, que en últimas son las que deben atender la
obligación de garantizar las libertades que fueron limitadas en este asunto y
la convivencia pacífica entre los administrados.” (PDF “14.2 Sentencia de
segunda instancia” del cd pruebas fl. 377 cdno. 2).
17) La sentencia de acción de tutela no fue cumplida, circunstancia que llevó al señor
Diego Angulo Rojas a promover, en distintos momentos, dos incidentes de desacato,
de la siguiente manera:
a) El primer incidente se presentó el 24 de mayo de 201743 y mediante providencia del
20 de noviembre de 2017 el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca declaró
que “el señor Isneldo Avirama en calidad de gobernador del Resguardo Indígena de
Kokonuco y, el Dr. Guillermo Rivera en condición de ministro del Interior, incurrieron
en desacato a la sentencia de tutela del 24 de abril de 2017 y modificada por el
Consejo de Estado en fallo del 29 de junio de 2017”44.
Por lo anterior, les impuso una multa de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales
vigentes y cinco (5) días de arresto al propio tiempo; asimismo (i) conminó al
43 Según consta en providencias del 17 de mayo de 2017 y 10 de agosto de 2017 dictadas por el
Tribunal Administrativo del Cauca en el expediente de tutela no. 19001-23-33-003-2017-00158-00 (fls.
39 a 40 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1; PDF “17.2 Auto vinculando a nuevas entidades” de la
carpeta 08Pruebas del CD 1 fl. 204 cdno. ppal. 1); asimismo, en el plenario reposa el auto del 5 de junio
de 2017 por el cual se ordenó la apertura del primer incidente (PDF “17.1 AUTO ABRE INCIDENTE DE
DESACATO” de la carpeta 08Pruebas del CD 1 fl. 204 cdno. ppal. 1).
44 PDF “17.4 Auto sanciona por desacato” de la carpeta 08Pruebas del CD 1 fl. 204 cdno. ppal. 1.
31
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
gobernador del resguardo indígena de Kokonuko y al ministro del interior para que
dieran cumplimiento inmediato a la sentencia de tutela; (ii) conminó al alcalde
municipal, al inspector de policía de Puracé (Cauca) y a la inspectora municipal del
corregimiento de Coconuco del municipio de Puracé (Cauca) para que coordinaran
las medidas necesarias para restablecer efectivamente la servidumbre y materializar
nuevamente el desalojo; (iii) conminó al comandante de la Policía Metropolitana de
Popayán para que continuara al frente de la situación de seguridad presentada en la
servidumbre de acceso al predio Aguatibia no. 2, hasta el momento que el Ministerio
del Interior garantizara una solución definitiva.
Como sustento de la decisión el tribunal expuso que el gobernador del resguardo
indígena de Kokonuko incurrió en desacato de la orden de tutela, pues se encontraba
acreditado que: (i) aunque las comunidades indígenas son sujetos de derechos, no
resulta admisible que exista un abuso de tales garantías y se afecten los derechos
fundamentales del señor Diego Angulo Rojas y de sus trabajadores, quienes no
participaron en los compromisos suscritos entre el Gobierno Nacional y la comunidad
indígena; (ii) la sentencia de tutela protegió el derecho de servidumbre de tránsito que
se encuentra en la única vía de acceso al predio Aguatibia no. 2, la servidumbre es
una garantía legal que no depende de la voluntad del propietario del predio sirviente;
(iii) la comunidad indígena acudió de manera reiterada a las vías de hecho y perturbó
el uso de la servidumbre, pese a la existencia de una orden judicial que le exigía
abstenerse de tales conductas, circunstancia que evidencia el poco o nulo respeto de
la decisión judicial y por la cual se acredita el requisito subjetivo para imponer la
sanción por desacato y, (iv) el señor Isneldo Avirama, en calidad de gobernador del
resguardo indígena de Kokonuko, no demostró haber desplegado acciones
encaminadas a persuadir a la comunidad para evitar nuevas vías de hecho; por el
contrario, fue renuente en el cumplimiento de la orden de tutela.
En relación con el ministro del interior, el tribunal puso de presente que (i) no brindó
la atención debida al problema analizado en la acción de tutela, toda vez que, no
acreditó la adopción de una solución definitiva encaminada a cumplir los acuerdos
suscritos con la comunidad indígena Kokonuko en el año 2013, en particular lo
relacionado con la adquisición del predio Aguatibia no. 2, pese a que la sentencia de
tutela lo conminó a prestar atención al caso concreto y, (ii) la cartera ministerial asumió
32
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
una actitud pasiva, lo cual generó inconformidad en la comunidad indígena y
contribuyó a la prolongación del conflicto.
b) La providencia del 20 de noviembre de 2017 fue modificada por el Consejo de
Estado mediante auto del 18 de enero de 201845 en el sentido revocar únicamente la
orden de arresto y se mantuvo la sanción por desacato impuesta al gobernador del
resguardo indígena de Kokonuko y al ministro del interior. Como fundamento de la
decisión se expusieron los siguientes argumentos:
“(…) no puede pasar por alto esta Sala que continua latente el bloqueo
de la servidumbre de paso dispuesta para llegar al predio Aguatibia 2,
y que en razón de ello, ha empeorado el conflicto entre los miembros
de la comunidad indígena y los integrantes de la fuerza pública
encargados de retornar a la normalidad la situación, además de que
estos hechos han causado la muerte de dos personas y daños en la
salud de muchos otros.
Las acciones que acreditan los sancionados se quedan sin fundamento y
credibilidad al lograr establecer la palmaria realidad que se vive en
inmediaciones al Centro de Turismo y Salud Termales Aguatibia.
La obstrucción y ocupación de la servidumbre de acceso al predio
«Aguatibia núm. 2» vulnera las garantías constitucionales y el derecho
al trabajo amparados en el fallo de tutela, por ello se recalcó en este
sobre la importancia de la intervención de las autoridades
correspondientes para el inmediato restablecimiento de la vía de
acceso al inmueble y se conminó a la comunidad indígena de los
Kokonukos a cesar las vías de hecho, respetando los principios de
convivencia pacífica y solidaridad consagrados en la carta superior.
La solución al conflicto está en manos de los incidentados, porque el
cabildo puede ordenar la cesión de las vías de hecho que azotan la
servidumbre y el ministro puede, como representante del gobierno,
formular propuestas de arreglo efectivas y/o adquirir el bien objeto de
disputa, sin vulnerar los derechos y garantías de ninguna de las partes;
no obstante, todavía continúan dando vueltas al asunto.
Es importante precisar que las órdenes que en este caso emitieron el
Tribunal Administrativo del Cauca y esta Corporación, establecieron
obligaciones de cumplimiento sucesivo tanto para los miembros de la
Comunidad Indígena de los Kokonukos como para el ministro del interior,
hasta que real y materialmente cesaran las perturbaciones de hecho en la
región y se llegara a una solución definitiva a la problemática que los aqueja,
que según el acuerdo suscrito por esa cartera ministerial seria la compra del
inmueble al señor Diego Angulo Rojas.
Las exhortaciones que se plasman en las sentencias de tutela son de
obligatoria observación o acatamiento, pues en estas el juez constitucional
está tratando de remediar o prevenir una situación más gravosa a corto o
largo plazo dentro de la problemática que tienen las partes en el proceso;
45 PDF “17.5 Auto resuelve desacato en Consejo de Estado” de la carpeta 08Pruebas del CD 1 fl. 204
cdno. ppal. 1.
33
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
por ello, en caso de que ocurra lo contrario, es decir, que estas no se tomen
en cuenta, el juez puede promover una sanción por desacato buscando
coaccionar al responsable de acatarla para que en efecto cumpla con su
obligación.” (PDF “17.5 Auto resuelve desacato en Consejo de Estado” de
la carpeta 08Pruebas del CD 1 fl. 204 cdno. ppal. 1 – negrillas de la Sala).
c) El segundo incidente de desacato se promovió en mayo de 2018 y en decisión del
18 de septiembre de dicho año el Tribunal Administrativo del Cauca declaró que la
doctora Nancy Patricia Gutiérrez, en condición de ministra del interior, incurrió en
desacato de la sentencia de tutela del 24 de abril de 2017 modificada en providencia
del 29 de junio de 2017 porque la comunidad indígena continuaba a la espera del
cumplimiento del acuerdo suscrito por el Gobierno Nacional en 2013; esta situación
generó que la población indígena Kokonuko ocupara el predio Aguatibia no. 2 y se
enfrentara a la Fuerza Pública; en consecuencia, le impuso una multa de cinco (5)
salarios mínimos legales mensuales vigentes y tres (3) días de arresto46.
d) La Sección Quinta del Consejo de Estado en proveído del 10 de octubre de 2018
confirmó la sanción impuesta a la ministra del interior; sin embargo, revocó la orden
de arresto47.
18) Al margen de las sentencias de tutela y de las providencias dictadas dentro de los
incidentes de desacato la querella por perturbación de la servidumbre continuó su
trámite; de dicho expediente se advierte que entre el 8 de abril de 2017 y el 20 de junio
de 2018 la servidumbre de tránsito por la cual se accede al predio Aguatibia no. 2 fue
perturbada por la comunidad indígena Kokonuko en varias ocasiones, así:
(i) El 8 de abril de 2017 inició la primera perturbación, la cual se extendió hasta el 13
de junio de 2017, fecha en la que se realizó la restitución provisional del derecho de
servidumbre, según consta en el acta no. 3 de ese mismo mes y año suscrita por la
inspectora del corregimiento de Coconuco del municipio de Puracé 48, en el informe
46 PDF “17.7 Auto resuelve segundo desacato” de la carpeta 08Pruebas del CD 1 fl. 204 cdno. ppal. 1).
47 (PDF “17.8 Auto resuelve segundo desacato en Consejo de Estado” de la carpeta 08Pruebas del CD
1 fol 204 cdno. ppal. 1) y fls. 595 a 616 cdno. 3.
48 PDF “15.1 acta operativo” de la carpeta 08Pruebas del CD 1 fl. 204 cdno. ppal. 1 y fls. 46 a 50 del
PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la carpeta 84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd fl.
204 cdno. ppal. 1.
34
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
ejecutivo de dispositivo policial del 14 de junio de 201749 y en el oficio de la misma
fecha expedido por el comandante del escuadrón móvil antidisturbios de la policía50.
(ii) Entre el 14 y el 20 de junio de 2017 un contingente del Escuadrón Móvil
Antidisturbios permaneció en el predio Aguatibia no. 2, la finalidad de este consistía
en disuadir a la comunidad indígena de cesar los actos de perturbación, según consta,
entre otros documentos, en las peticiones del 23 de junio de 2017 suscritas por el
señor Diego Angulo Rojas y dirigidos a la inspectora de policía del corregimiento de
Coconuco del municipio de Puracé y al comandante de la Policía Metropolitana de
Popayán51.
(iii) El 21 de junio de 2017, la comunidad indígena Kokonuko volvió a bloquear la
servidumbre de acceso al predio Aguatibia no. 2; ante esta situación, el señor Diego
Angulo Rojas solicitó a la inspectora de policía del corregimiento de Coconuco del
municipio de Puracé y al comandante de la Policía Metropolitana de Popayán adoptar
medidas de protección y restablecimiento del derecho, pues, la comunidad abrió
zanjas y utilizó barricadas de piedra que impedían el ingreso vehículos 52; el bloqueo
49 Visible fls. 578 a 582 cdno. 3.
50 Fl. 583 cdno. 3.
51 Fls. 51 a 55 y 58 a 62 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl 204 cdno. ppal. Se pone de presente que en el
expediente también reposa, entre otras, la cuentas de cobro del 21 de julio de 2017 suscrita por la
propietaria del establecimiento público Restaurante y Cafetería las Delicias de Yeni, las cuales fueron
dirigidas al alcalde del municipio de Puracé por concepto del suministro de alimentación dado hasta el
20 de julio de 2017 a los uniformados que permanecieron en el lugar debido a la perturbación por parte
del resguardo indígena (PDF “cuenta de cobro 021.” de la carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1).
52 Como consta en:
i) Certificación del 21 de junio de 2017 suscrita por Angela María Caicedo, ingeniera contratista de la
Corporación Autónoma Regional del Cauca y en la cual se menciona que se “hizo presencia en el
predio Aguatibia no. 2 con el fin de realizar visita de seguimiento al permiso de concesión de aguas,
otorgado a nombre del propietario el señor Diego Angulo Rojas, mediante Resolución N. 2219 de 9 de
mayo de 2012. Visita que no se pudo realizar por el bloqueo por parte de la Comunidad indígena de
Coconuco a la servidumbre y vía de acceso al citado predio a las Termales Aguatibia. Este
inconveniente de orden Público viene afectando dicho inmueble desde el año 2013 y ha impedido que
la empresa ‘Centro de Turismo y Salud Termales Aguatibia’ pueda prestar un servicio continuo al
público” (fl. 377 cdno. 2).
ii) Escritos del 23 de junio de 2017 suscritos por el señor Diego Angulo Rojas y dirigidos a la inspectora
de policía del corregimiento de Coconuco del municipio de Puracé y al comandante de la policía
metropolitana de Popayán (fls. 51 a 55 y 58 a 62 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la
carpeta 84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1).
iii) Acta no. 4 del 29 de junio de 2017 suscrita por la inspectora de policía del corregimiento de Coconuco
del municipio de Puracé y en la cual se dejó constancia, entre otros aspectos, que las personas
pertenecientes al resguardo indígena de Kokonuko permanecen en la vía de acceso al predio Aguatibia
no. 2 y realizaron una excavación de lado a lado con una profundidad de 50 cm, así como una barricada
35
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
permaneció hasta el 19 de julio de 2017, fecha en la cual la población indígena habilitó
temporalmente el paso al inmueble53.
de rocas (fl. 64 a 67 del DPF “expediente aguatibia 2017-2018” de la carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1 y fl. 523 cdno. 3.
53 Las pruebas aportadas al plenario evidencian lo siguiente:
i) El alcalde del municipio de Puracé en oficio del 28 de junio de 2017 le solicitó al comandante de la
estación de policía de Coconuco realizar las medidas de protección necesarias en procura de
salvaguardar los derechos del señor Diego Angulo Rojas (fl. 63 del DPF “expediente aguatibia 2017-
2018” de la carpeta 84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1).
ii) Por oficio del 30 de junio de 2017, el director de la Policía Metropolitana de Popayán le traslado al
alcalde municipal de Puracé la solicitud del señor Diego Angulo Rojas para realizar el lanzamiento, por
estimar que no era de su competencia (fls. 56 a 57 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la
carpeta 84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl 204 cdno. ppal. 1).
iii) Mediante oficio del 30 de junio de 2017, la inspectora de policía del corregimiento de Coconuco del
municipio de Puracé le pidió al gobernador del cabildo indígena de Kokonuko que desalojara con su
comunidad la vía de acceso al predio Aguatibia no. 2 fl. 68 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018”
de la carpeta 84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl 204 cdno. ppal. 1).
iv) Por no obtenerse el desalojo voluntario, en oficios del 30 de junio de 2017 la inspectora de policía
del corregimiento de Coconuco del municipio de Puracé le solicitó al comandante de la estación de
policía de Coconuco realizar la diligencia desalojo, para lo cual también le pidió al comandante de la
Policía Metropolitana de Popayán brindar el apoyo necesario para el restablecimiento del status quo
(fls. 519 a 522 cdno. 3 y fls 69 a 70 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la carpeta
84ActUacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl, 204 cdno. ppal. 1).
v) El comandante de la Policía Metropolitana de Popayán en oficio del 6 de julio de 2017 le indicó a la
inspectora de policía que, en su concepto, se debía realizar todo un procedimiento de restablecimiento
del derecho y coordinado con otras entidades para poder realizar el desalojo (fls. 76 a 77 del PDF
“expediente aguatibia 2017-2018” de la carpeta 84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl. 204
cdno. ppal. 1 y fls. 518 cdno. 3).
vi) La inspectora de policía en oficio del 7 de julio de 2017 le reiteró al comandante de la policía
metropolitana de Popayán que se debía realizar el restablecimiento del derecho (fls. 78 a 79 del PDF
“expediente aguatibia 2017-2018” de la carpeta 84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl. 204
cdno. ppal. 1).
vii) Por acta del 12 de julio de 2017 se dejó constancia que no se pudo realizar la restitución del derecho
de servidumbre por cuanto la comunidad indígena agredió a las unidades policiales lanzando piedras,
palos y botellas de vidrio (fl. 80 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1 y fl. 524 cdno. 3).
viii) Mediante oficio del 17 de julio de 2017, el comandante de la Policía Metropolitana de Popayán le
informó a la inspectora de policía del corregimiento de Coconuco, entre otros aspectos, que se estaba
a la espera de una reunión con diversos organismos para dar cumplimiento a la orden de policía de
desalojo (fl. 528 cdno. 3).
ix) El 18 de julio de 2017 se reunieron delegados del ministerio del interior, el gobernador del resguardo
indígena de Kokonuko y representantes de la CRIC y en acta de dicha fecha se acordó que la
comunidad indígena habilitaría el paso temporal al predio Aguatibia no. 2 y se mantendrían en asamblea
permanente dentro de su territorio hasta que se resolviera de manera definitiva el proceso de
adquisición de dicho bien (fls. 109 a 111 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fol 204 cdno. ppal. 1).
x) El 19 de julio de 2017 se restituyó el derecho de servidumbre, tal como consta en el acta no.
6 de la
misma fecha suscrita, entre otros, por la inspectora de policía del corregimiento de Coconuco y el
alcalde municipal de Puracé (fls. 81 a 86 y 102 a 106 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la
carpeta 84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl 204 cdno. ppal. 1; fls. 525 a 527 cdno. 3 y
fls. 564 a 565 cdno. 3).
36
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
(iv) Mediante escrito del 25 de julio de 201754, el señor Diego Angulo Rojas informó a
la inspectora de policía, entre otros aspectos, que el 28 de julio de ese año se
realizaría una reunión entre integrantes del resguardo indígena y los ministros del
interior y de agricultura; no obstante, advirtió que si el encuentro no producía
resultados satisfactorios, existía un alto riesgo de que la comunidad indígena de
Kokonuko volviera a obstruir la servidumbre que permitía el acceso a su predio y al
establecimiento comercial Centro de Turismo y Salud Termales Aguatibia.
(v) El 2 de agosto de 201755 la comunidad indígena de Kokonuko volvió a obstruir la
servidumbre de tránsito y la perturbación se mantuvo hasta el 18 de agosto de 2017,
fecha en que nuevamente se efectuó la restitución del derecho56.
54 Fls. 107 a 108 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fol 204 cdno. ppal. 1.
55 En escrito radicado el 4 de agosto de 2017 ante la inspectora de policía de Coconuco, el señor Diego
Angulo Rojas informó que “en la noche de ayer 2 de agosto de 2017, integrantes de la mencionada
comunidad abrieron una zanja de gran tamaño en el borde de acceso al puente que permite la entrada
vehicular y peatonal de turistas a las Termales Aguatibia y destrozaron uno de los soportes de concreto
reforzado de dicho puente depositando los pedazos de este elemento dañado, encima de la plancha
de concreto, tal como se aprecia en las fotografías que le envié en el día de hoy a su whatsapp; así las
cosas, la estructura de esta construcción está en inminente peligro de colapsar, poniendo en grave
situación de aislamiento a las personas que viven y laboran en mi Empresa y predio (…) Igualmente,
en una de las fotos que le envié, se aprecia el hueco que quedó en un extremo de la parte alta de la
puerta de madera en la entrada al predio después del puente”. (fls. 87 a 89 y 125 a 127 del PDF
“expediente aguatibia 2017-2018” de la carpeta 84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fol 204
cdno. ppal. 1).
56 De este interregno se tiene lo siguiente:
i) En oficio del 4 de agosto de 2017, la inspectora policial del corregimiento de Coconuco le solicitó al
comandante de la estación de policía de Coconuco realizar las acciones pertinentes conforme el artículo
81 de la ley 1801 de 2016, pues, “la comunidad del resguardo indígena nuevamente acudió a las vías
de hecho” (fl. 90 del PDF “expediente aguatibia” 2017-2018” de la carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl 204 cdno. ppal. 1 y (fl. 532 cdno. 3).
ii) El comandante de la estación de policía de Coconuco, a su vez, mediante oficio del 4 de agosto de
2017, le pidió al comandante de la Policía Metropolitana de Popayán el apoyo y acompañamiento
necesario para realizar el desalojo, pues, la estación de policía no contaba con personal suficiente e
idóneo ni mucho menos con medios logísticos (fl. 93 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la
carpeta 84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1 y fl. 529 cdno. 3).
iii) En oficio del 14 de agosto de 2017, la inspectora de policía le insistió al comandante de la estación
de policía de Coconuco adelantar el trámite para la restitución de la servidumbre de acceso al predio
Aguatibia no. 2 (fls. 94 a 95 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018 de la carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fol 204 cdno. ppal. 1 y fl. 533 a 534 cdno. 3).
iv) En oficio del 15 de agosto de 2017, el comandante de la estación de policía de Coconuco le indicó
a la inspectora de policía que el procedimiento para desalojar a las personas que se encontraban
obstaculizando la servidumbre desbordaba la capacidad operativa de la estación, de manera que se
encontraba esperando la orientación de la oficina de asuntos jurídicos de la policía metropolitana de
Popayán (fl. 96 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fll 204 cdno. ppal. 1 y fl. 530 cdno. 3).
37
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
(vi) El 7 de octubre de 2017, integrantes del resguardo indígena de Kokonuko
bloquearon nuevamente la vía de acceso al predio Aguatibia no. 2 mediante y zanjas
y una muralla de piedra; entre la comunidad indígena y los uniformados que acudieron
al lugar se presentó un fuerte enfrentamiento que llevó al alcalde del municipio de
Puracé a declarar la urgencia manifiesta57 y, posteriormente, a presentar denuncia
penal ante la Fiscalía Local de Coconuco, pues, el 8 de octubre de 2017 funcionarios
de la administración local fueron recibidos con piedras por miembros de la comunidad
indígena58. La perturbación de la servidumbre se mantuvo hasta el 7 de diciembre de
2017, fecha la que se realizó la diligencia del restablecimiento del derecho59.
v) El 18 de agosto de 2017 se llevó a cabo la restitución de la servidumbre de paso, tal como consta
en el acta no. 7 de la misma fecha suscrita por el alcalde municipal de Puracé, el comandante operativo
de seguridad ciudadana de la policía, el personero municipal y la inspectora de policía (fl. 566 cdno. 3
y fls. 112 a 123 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fol 204 cdno. ppal. 1).
vi) En acta no. 8 del 4 de septiembre de 2017, la inspectora de policía del corregimiento de Coconuco
dejó constancia que la servidumbre a dicha fecha se encontraba despejada, que los turistas estaban
ingresando normalmente al predio Aguatibia no. 2 y que en el predio se encontraba personal del
ESMAD ejerciendo vigilancia para prevenir vías de hecho por parte de los comuneros del cabildo
indígena de Kokonuko (fl. 129 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1). Lo antedicho también se verificó
en fechas del 8 y 13 de septiembre de 2017 (fls. 131 a 148 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018”
de la carpeta 84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl 204 cdno. ppal. 1).
57 Tal como consta en el Decreto no. 031 del 7 de octubre de 2017 y en el cual se anotó que se “originó
un fuerte enfrentamientos con el personal de policía acantonado en el predio y que dejó como resultado
varios policías heridos y la muerte de una periodista perteneciente al resguardo indígena (PDF “Decreto
031 de 2017” de la carpeta 84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl 204 cdno. ppal. 1).
58 Denuncia del 10 de octubre de 2017 (fls. 161 del PDF “expediente aguatibia” 2017-2018 de la carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fol 204 cdno. ppal. 1).
59 Durante este interregno se tiene que: i) el 11 de octubre de 2017 se llevó a cabo un consejo de
seguridad en el municipio para tratar la problemática, en este se dejó constancia que en vídeos se
observaba a indígenas con armas y que aquellos habían quitado el flujo eléctrico (acta de reunión fls.
420 a 422 cdno. 2); ii) el señor Diego Angulo Rojas presentó denuncia penal por, entre otras cosas, los
diferentes bloqueos; en entrevista rendida ante las autoridades penales el 17 de octubre de 2017 refirió
que a dicha fecha la perturbación se mantenía (PDF “13.5 Denuncia penal” de la carpeta 08Pruebas
del CD 1 fl 204 cdno. ppal. 1); iii) en la providencia del 20 de noviembre de 2017 por la cual se resolvió
el primer incidente de desacato, el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca refirió que el asesor
jurídico del cabildo indígena en declaración rendida el 23 de octubre de 2017 manifestó que “en este
momento no hay acceso para allá en la actualidad no hay paso porque hay una gran roca en la mitad
de la vía" (PDF “17.4 Auto sanciona por desacato” de la carpeta 08Pruebas del CD 1 fl 204 cdno. ppal.
1); iv) en escrito del 29 de noviembre de 2017, el señor Diego Angulo Rojas le pidió al comandante de
la Policía Metropolitana de Popayán, entre otros aspectos, que toda vez que el restablecimiento de la
servidumbre no se había realizado, se adoptaran las medidas adecuadas para garantizar una solución
de fondo al problema y se cumpliera la orden dictada en providencia de incidente de desacato del 20
de noviembre de 2017 (DPF “22.1 Solicitud de Protección” de la carpeta 08Pruebas del CD 1 fl 204
cdno. ppal. 1); v) en acta no. 014 del 7 de diciembre de 2017, el alcalde municipal de Puracé (Cauca),
el comandante de la estación de policía de Coconuco y la inspectora de policía dejaron constancia que
en dicha fecha se llevó a cabo la restitución de la servidumbre de acceso al predio Aguatibia no. 2 (fls.
164 a 165 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1).
38
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
(vii) La comunidad indígena inhabilitó la servidumbre, de modo que el 13 de diciembre
de 2017 integrantes de la policía nacional realizaron trabajos de adecuación con el fin
de que pudieran transitar vehículos, motocicletas y peatones; la restitución de la
servidumbre se realizó el 14 de diciembre de 2017, como consta en acta de dicha
fecha60.
(viii) El 15 de diciembre de 2017, la comunidad indígena de Kokonuko volvió a
perturbar la servidumbre y la restitución se llevó a cabo el 20 de junio de 201861.
60 Fls. 167 a 172 PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl 204 cdno. ppal. 1 y fls. 567 a 569 cdno. 3).
61 Con las pruebas aportadas al plenario se encuentra acreditado que:
i) El 15 de diciembre de 2017, el señor Diego Angulo Rojas presentó denuncia penal por el hurto de
unos semovientes, y, entre otros aspectos refirió que ese día, integrantes de la comunidad abrieron
una chamba de aproximadamente siete metros de largo por ochenta centímetros de profundidad por
dos metros de ancho en la servidumbre y única vía de acceso al predio y empresa de mi propiedad
antes citados” ((PDF “13.3 Denuncia penal” de la carpeta 08Pruebas del CD 1 fl 204 cdno. ppal. 1).
ii) En oficio del 16 de diciembre de 2017, la inspectora de policía del corregimiento de Coconuco le
solicitó al comandante de la estación de policía de Cocunoco tomar las medidas necesarias que
permitieran el restablecimiento del derecho de servidumbre y se desalojara a los miembros del
resguardo indígena que se encontraban obstaculizando el predio desde el 15 de diciembre de 2017
(fls. 173 a 174 del PDF “expediente aguatibia” 2017-2018 de la carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fll 204 cdno. ppal.).
iii) En oficio del 17 de diciembre de 2017, el comandante de la estación de policía de Coconuco le
informó a la inspectora de policía que no contaba con personal suficiente e idóneo para realizar el
procedimiento, y que los medios logísticos para realizar la actividad desbordaban su capacidad
operativa de modo que había solicitado apoyo al comandante de la Policía Metropolitana de Popayán
(fl. 177 a 178 del PDF “expediente aguatibia” 2017-2018 de la carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl 204 cdno. ppal.).
iv) En escrito del 3 de enero de 2018, el señor Diego Angulo Rojas le solicitó al comandante de la policía
metropolitana de Popayán su intervención para que se cumpliera con lo ordenado por la inspección de
policía en fecha del 16 de diciembre de 2017 y, por ende, se llevara a cabo el desalojo de la comunidad
indígena y se restituyera la servidumbre de tránsito de acceso al predio Aguatibia no. 2 (PDF “22.2
Solicitud de protección” de la carpeta 08Pruebas del CD 1 fl. 204 cdno. ppal. 1)
v) En la providencia del 18 de enero de 2018 por la cual se mantuvo la sanción por desacato impuesta
en contra del gobernador del resguardo indígena de Kokonuko y el ministro del interior, la Sección
Quinta del Consejo de Estado destacó que el bloqueo de la servidumbre seguía a dicha fecha latente
(PDF “17.5 Auto resuelve desacato en Consejo de Estado” de la carpeta 08Pruebas del CD 1 fl 204
cdno. ppal. 1).
vi) El 23 de abril de 2018, el señor Diego Angulo Rojas le solicitó a la inspectora de policía del
corregimiento de Coconuco realizar la restitución de la servidumbre, pues, luego de la restitución del
14 de diciembre de 2015, la comunidad indígena casi que inmediatamente practicó el mismo bloqueo
de la servidumbre (PDF “23.1 Solicitud de protección de la carpeta” de la carpeta 08Pruebas del CD 1
fl 204 cdno. ppal. 1 y fl. 180 del PDF “expediente aguatibia” 2017-2018 de la carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl 204 cdno. ppal.)
vii) La inspectora de policía en oficio del 18 de abril de 2018 le indicó al aquí actor que “ha adelantado
las visitas pertinentes al lugar, donde claramente se evidencia que la Comunidad Indígena de Kokonuko
continúa obstruyendo la servidumbre cada vez que la Policía Nacional adelanta acciones de
restablecimiento” y que desde diciembre de 2017 emitió la orden de desalojo, por lo que hasta la fecha
solo se esperaba la actuación por parte de la policía nacional (fls. 181 a 182 del PDF “expediente
aguatibia 2017-2018” de la carpeta 84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fll 204 cdno. ppal.).
39
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
19) Ahora bien, resulta relevante destacar que, aunque entre 2013 y 2022 existieron
diversas comunicaciones entre el señor Diego Angulo y distintas entidades estatales
relacionadas con la eventual compra del predio Aguatibia no. 2 por parte del Gobierno
Nacional62, la adquisición no se materializó63; en informe del 26 de julio de 2022, el
director de asuntos étnicos de la Agencia Nacional de Tierras señaló que el trámite se
encontraba “archivado o suspendido” pues, “tanto el Ministerio del Interior, así como
el INCODER hoy ANT, han manifestado la imposibilidad de continuar con el proceso
de adquisición de este predio, con todo y sus anexidades, pero sobre todo con el
establecimiento comercial, por cuanto dicha adquisición desbordan su objeto y
competencias”64.
20) En el proceso reposan los testimonios de Érika Yasmin López Jiménez, Juan
Pablo López Pareja y Jorge Alberto Duque Mejía; la primera es la inspectora de policía
viii) En oficios del 30 de abril de 2018 y 4 de mayo de 2018, la inspectora de policía le reiteró al
comandante de la estación de policía de Coconuco y al comandante de la Policía Metropolitana de
Popayán que aún seguía vigente la orden de desalojo emitida para el restablecimiento de la
servidumbre del predio Aguatibia no. 2 (fls 183 y 184 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la
carpeta 84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl. 204 cdno. ppal.).
ix) En oficio del 4 de mayo de 2018, el comandante de la Policía Metropolitana de Popayán le manifestó
a la inspectora de policía que era a esta a quien le correspondía realizar el proceso de querella por
ocupación de hecho, para lo cual, entre otros aspectos, debía notificarle al ocupante la solicitud de
desalojo (fls. 185 a 190 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl 204 cdno. ppal.).
x) A través de oficio del 8 de mayo de 2018, el jefe de la oficina de asuntos jurídicos de la policía
metropolitana de Popayán citó a la inspectora de policía de Puracé a una reunión de coordinación
interinstitucional para tratar el procedimiento de restablecimiento del derecho de servidumbre del predio
Aguatibia no. 2 (fls. 191 a 192 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fol 204 cdno. ppal.).
xi) La restitución del derecho de servidumbre se realizó finalmente el 20 de junio de 2018, tal como
consta en acta no. 1 de la misma fecha suscrita entre otros, por el alcalde municipal de Puracé, el
comandante del distrito dos policial, la defensora del pueblo regional del cauca y el comandante de la
estación de policía de Coconuco (fls. 193 a 198 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la carpeta
84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl. 204 cdno. ppal.), así como también en el informe
ejecutivo policial del 20 de junio de 2018 (fls. 573 a 575 cdno. 3).
62 Según consta en i) documentos del 21 de noviembre de 2013, 7 de febrero de 2014, 6 de octubre de
2014, 20 de marzo de 2016 y 28 de marzo de 2016 (fls. 6 a 12 del PDF “Oficios Varios” de la carpeta
ExpedienteAdmMininterior del cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1); ii) oficio del 25 de noviembre de 2016 suscrito
por el coordinador GIT Avalúos del IGAC y dirigido al director de asuntos étnicos de la Agencia Nacional
de Tierras por medio del cual se allega un avalúo (PDF “21.2 Avalúo predio Aguatibia” de la carpeta
08Pruebas del cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1) y iii) oferta de compra del 23 de noviembre de 2017 realizada
por el director de asuntos étnicos de la ANT al señor Diego Angulo Rojas (PDF “21.1 Oferta de compra
de la ANT” de la carpeta 08Pruebas del CD 1 fl. 204 cdno. ppal. 1).
63 Asimismo, entre los documentos en los cuales se dejó constancia que la compra no se realizó, se
encuentra el acta no. 2 del 12 de abril de 2017 suscrita, entre otros, por el alcalde municipal de Puracé
(Cauca) y la inspectora de policía de dicho ente territorial (fls. 24 a 26 del PDF “expediente aguatibia
2017-2018” de la carpeta 84ActuacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1 y fls. 497
a 498 cdno. 3).
64
PDF 21.MEMORIALES.
40
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
del corregimiento de Coconuco en el municipio de Puracé y en su declaración
manifestó, entre otros aspectos, que la comunidad indígena destruyó en varias
oportunidades la vía de acceso al predio Aguatibia no. 2, así como también, que se
afectó el puente y la valla de entrada al establecimiento de aguas termales 65; por su
parte, los señores Pablo López Pareja66 y Jorge Alberto Duque Mejía67, amigos del
señor Diego Angulo Rojas, declararon sobre las afectaciones sufridas por este último
y su familia como consecuencia de las perturbaciones en su propiedad y sobre las
dificultades económicas que enfrentó debido a la imposibilidad de desarrollar de
manera continua su actividad empresarial.
21) Asimismo, dentro del proceso se practicaron las declaraciones y el interrogatorio
de parte de los demandantes Diego Angulo Rojas y Juan Diego Angulo Castrillón en
relación con los hechos objeto de la demanda68.
22) De igual manera, obran en el expediente las historias clínicas del señor Diego
Angulo Rojas correspondientes a la Fundación Valle del Lili69, la Clínica La Estancia70
e Imbanaco.
2.2 El daño
Como quedó acreditado en el acápite anterior de hechos probados, en el expediente
obra prueba suficiente de que con ocasión de la ocupación y perturbación de la
servidumbre de acceso al predio denominado Aguatibia no. 2 de propiedad del señor
Diego Angulo Rojas, el establecimiento de comercio Centro de Turismo y Salud
Termales Aguatibia, ubicado en dicho inmueble no pudo desarrollar de manera normal
su actividad económica entre el 8 de abril de 2017 y el 20 de junio de 2018, en concreto
en los siguientes periodos:
65 Minuto 00:10:33 a 00:26:39 de la audiencia de pruebas del 14 de julio de 2022, visible en el índice 6
171 SAMAI de la primera instancia.
66 Minuto 00:29:18 a 00:39:31 de la audiencia de pruebas del 14 de julio de 2022, visible en el índice 6
171 SAMAI de la primera instancia.
67 Minuto 00:37:52 a 1:09:49 de la audiencia de reconstrucción de pruebas del 29 de mayo de 2025
visible en el índice 139 SAMAI de la primera instancia.
68 Minuto 1:10:50 a 2:55:10 de la audiencia de reconstrucción de pruebas del 29 de mayo de 2025
visible en el índice 139 SAMAI de la primera instancia.
69 PDF “53HistoriaClinicaValleLili” cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1 y fls. 273 a 281 cdno. 2.
70 Fl. 282 a 286 cdno. 2.
41
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
1) Entre el 8 de abril de 2017 y el 13 de junio de 2017, debido al bloqueo de la
servidumbre de tránsito por parte de la comunidad indígena Kokonuno.
2) Del 14 al 20 de junio de 2017, porque en el predio Aguatibia no. 2 permaneció un
contingente de la Policía Nacional que buscó proteger el inmueble.
3) Entre el 21 de junio de 2017 y el 19 de julio del mismo año, como consecuencia de
una nueva obstrucción de la servidumbre de acceso por parte de la comunidad
indígena Kokonuko.
4) Del 2 al 18 de agosto de 2017, debido a un nuevo bloqueo de la servidumbre de
paso.
5) Entre el 7 de octubre y el 7 de diciembre de 2017, por una nueva obstrucción de la
servidumbre de tránsito por la comunidad indígena Kokonuko.
6) Los días 13 y 14 de diciembre de 2017, en la medida que la servidumbre de paso
fue nuevamente obstruida.
7) Entre el 15 de diciembre de 2017 y el 20 de junio del 2018, como consecuencia de
la persistencia del bloqueo de la servidumbre de acceso al inmueble Aguatibia no. 2.
Respecto de lo anterior, es pertinente precisar que, aunque el tribunal de primera
instancia refirió que la primera obstrucción comenzó el 7 de abril de 2017, el material
probatorio demuestra que realmente inició el 8 de abril de ese año; así se desprende,
entre otros documentos, del acta no. 1 del 8 de abril de 2017 suscrita por el alcalde
municipal de Puracé (Cauca), el comandante de la estación de policía de Coconuco y
la personera municipal71.
La perturbación y ocupación de la servidumbre y la forma en que se desarrolló no solo
impidieron al señor Diego Angulo Rojas acceder libremente a su propiedad, sino que,
también obstaculizaron el ejercicio de la actividad económica desarrollada a través del
establecimiento de comercio del cual es titular; esta circunstancia afectó, entre otros,
71 Fls. 5 a 6 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la carpeta
84AcutacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1.
42
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
los derechos fundamentales del trabajo y libertad de empresa, los cuales fueron objeto
de protección mediante la acción constitucional de tutela, pues, el Centro de Turismo
y Salud Termales Aguatibia no pudo operar durante los periodos en que permaneció
bloqueada la servidumbre.
2.3 Imputación de responsabilidad
El tribunal de primera instancia declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual
solidaria del Cabildo – Resguardo Indígena de Kokonuko, de la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional y de la Nación – Ministerio del Interior por la afectación de
la servidumbre de tránsito que permite el acceso al predio Aguatibia no. 2, situación
que, a su vez, incidió en el funcionamiento del Centro de Turismo y Salud Termales
Aguatibia entre abril de 2017 y junio de 2018.
Las tres entidades condenadas mediante los recursos de apelación sostienen que no
les asiste responsabilidad patrimonial por los hechos objeto del proceso de la
referencia; en consecuencia, la Sala por razones metodológicas examinará de manera
individual la situación de cada una de ellas y, posteriormente, analizará la distribución
de la condena efectuada por el a quo, así como los perjuicios reconocidos en primera
instancia.
2.3.1 La responsabilidad del Cabildo Indígena del Resguardo Kokonuko
1) El Cabildo Indígena del Resguardo Kokonuko en el recurso de alzada cuestionó la
declaración de responsabilidad efectuada en primera instancia por estimar que i) la
falla en el servicio solo puede predicarse de las autoridades públicas, ii) los asuntos
indígenas se encuentran regulados por normas especiales que exigen el
reconocimiento y la protección de sus valores, prácticas sociales y culturales; así
como también de su derecho a reivindicar los lugares que consideran sagrados; iii) en
ningún momento desobedeció las órdenes impartidas por el juez constitucional,
especialmente porque no le correspondía adelantar diligencias de desalojo ni de
recuperación de servidumbres, competencias que recaen en el ente territorial y las
autoridades de policía tal como se expuso en las decisiones de tutela; además,
sostuvo que nunca impidió el ingreso de turistas al establecimiento de comercio; iv) el
Gobierno Nacional fue la entidad que incumplió los acuerdos suscritos con la
43
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
comunidad indígena y, v) la servidumbre se constituyó solo para permitir el tránsito
peatonal y la vía carreteable nunca fue obstruida.
2) Sobre el particular, la Sala confirmará la decisión que declaró la responsabilidad
patrimonial extracontractual del Cabildo Indígena del Resguardo Kokonuko, pues, en
el expediente se encuentra acreditado que integrantes de dicha comunidad mediante
vías de hecho bloquearon la servidumbre de acceso al predio Aguatibia no. 2 y, por
consiguiente, el ingreso al establecimiento de comercio de propiedad del señor Diego
Angulo Rojas.
3) En efecto, es importante resaltar que no constituye materia de controversia el hecho
de que el señor Diego Angulo Rojas es el propietario del inmueble denominado
Aguatibia no. 2 ubicado en el municipio de Puracé (Cauca), predio que a su vez es
beneficiario de una servidumbre de paso constituida desde el año de 1981.
4) La demandada sostiene que la servidumbre tiene carácter exclusivamente peatonal
y que, por tanto, no es posible el paso vehicular.
5) La Sala considera infundado dicho argumento, por cuanto la servidumbre
constituida en beneficio del predio Aguatibia no. 2 comprende también el tránsito de
vehículos, así lo reconoció el propio resguardo en el acuerdo suscrito el 3 de enero de
2005 con el aquí demandante y en el cual se dejó constancia que “el cabildo y la
comunidad indígena de Kokonuco, respetará y harán respetar en lo sucesivo la
servidumbre activa de tránsito vehicular de un ancho de 8 metros que da acceso al
predio Aguatibia No. 2”72.
6) Sobre esto último, es especialmente relevante destacar que la Corte Constitucional
examinó el alcance de dicha servidumbre en la sentencia de tutela T-466 de 201973,
providencia en la cual se concluyó, entre otros aspectos, que el acceso al predio
Aguatibia no. 2 comprendía el tránsito vehicular, así:
“(…) es claro para la Sala, que:
72
Fls. 56 a 58 del PDF “VARIOS CUARTA PARTE” de la carpeta ExpedienteAdmMininterior del CD 1
fl 204 cdno. ppal. 1 y fls. 1 a 3 del PDF “10. Acta de acuerdo 2005” del CD Pruebas fl. 377 cdno. 2 –
negrillas de la Sala).
73 Corte Constitucional, sentencia T-466 del 8 de octubre de 2019, MP Antonio José Lizarazo Ocampo,
visible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/t-466-19.htm.
44
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
a) Desde 1981 ya había ingreso de vehículos al predio Aguatibia 2, en
virtud del acuerdo alcanzado entre el señor Angulo Rojas y la entonces
propietaria del predio gravado con la servidumbre, señora Clelia de
Valencia, quien accedió a que se efectuara la ampliación de la misma a
4.50 metros, con el fin específico de facilitar el ingreso de vehículos,
ocho años antes de la entrada en vigencia del Convenio 169 de 1989.
Por otra parte, no se puede eludir el contenido del acuerdo entre el
Gobernador Indígena, Jaime Núñez, y el demandado, efectuado el 3 de
junio de 2005, pues si bien el representante legal del Resguardo Indígena
de Kokonuko está facultado para realizar las actividades que le atribuyen las
leyes, los usos, las costumbres y el reglamento interno de la comunidad y
en ningún momento puede disponer del territorio del resguardo, ya que la
misma Constitución señala que éste es inalienable, imprescriptible e
inembargable, lo cierto es que el acuerdo se materializó a favor de la
comunidad indígena demandante, pues en virtud del mismo, el señor Angulo
Rojas, actuando de buena fe, cedió 30 hectáreas de su predio, a cambio de
que se respectara la servidumbre de acceso al mismo y se le permitiera
ejercer la posesión pacífica, por lo que no es dable que ahora los
accionantes, que se beneficiaron del acuerdo, aleguen su falta de validez”
(Corte Constitucional, sentencia T-466 del 8 de octubre de 2019, MP Antonio José
Lizarazo Ocampo, visible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/t-
466-19.htm - resalta la Sala).
7) En consecuencia, no le asiste razón a la impugnante cuando afirma que la
servidumbre constituida en favor del predio Aguatibia no. 2 tiene un alcance
exclusivamente peatonal.
8) Ahora bien, con el acervo probatorio allegado se demuestra que integrantes del
Cabildo Indígena del Resguardo Kokonuko obstruyeron de modo intermitente la
servidumbre de paso entre el 8 de abril de 2017 y el 20 de junio de 2018 y, aunque la
demandada afirmó nunca se afectó el ingreso de turistas y visitantes al
establecimiento de comercio Centro de Turismo y Salud Termales Aguatibia, las
pruebas recaudadas evidencian lo contrario, en concreto, que el bloqueo de la
servidumbre impidió el normal desarrollo de la actividad empresarial del señor Diego
Angulo Rojas y afectó sus derechos del trabajo y libertad de empresa, aspecto que
motivó la intervención del juez constitucional.
9) La demandada alega que la ejecución de las órdenes de desalojo correspondía al
municipio de Puracé y a la inspección de policía y que, en todo caso, la protesta tuvo
origen en el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de los acuerdos suscritos
con la comunidad indígena en el año 2013, por lo que insinúa que la misma se
encontraba justificada.
45
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
10) Sobre el particular la Sala destaca que, si bien la protesta de la comunidad
indígena de Kokonuko tuvo su origen en el incumplimiento por parte del Gobierno
Nacional -representado por el Ministerio del Interior- del compromiso de adquirir el
predio Aguatibia no. 2 para transferirlo posteriormente a dicha comunidad, tal
circunstancia no legitimaba a la demandada para recurrir a las vías de hecho ni para
afectar los derechos de un tercero particular, esto es, el señor Diego Angulo Rojas,
quien no participó en la suscripción del acuerdo celebrado en el 2013 ni tenía
responsabilidad alguna respecto de las obligaciones allí pactadas.
11) Como lo destacó el tribunal de primera instancia, los pueblos indígenas son
sujetos de especial protección y la Constitución Política de Colombia les reconoce un
conjunto de garantías orientadas a preservar su identidad cultural, autonomía y formas
propias de organización, entre ellas, los cabildos indígenas; sin embargo, tales
prerrogativas no tienen carácter absoluto y, por consiguiente, estos últimos también
deben responder por las actuaciones que le sean atribuibles cuando ocasionen daños
antijurídicos.
12) En efecto, el artículo 2 del Decreto 2164 de 1995 y el artículo 2.14.7.1.2 del
Decreto 1071 de 2015 definen al cabildo indígena “como una entidad pública especial,
cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos
por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar
legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le
atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad”.
13) Por lo tanto, en su condición de entidades públicas especiales los cabildos
indígenas responden por los daños antijurídicos que causen, como lo han reconocido
la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
14) Ciertamente, ese alto tribunal constitucional ha expuesto que “la competencia para
conocer de los presuntos daños ocasionados por hechos presuntamente antijurídicos
causados por una autoridad ancestral, como los cabildos indígenas, en uso de sus
competencias y funciones propias como máximas autoridades de los resguardos
46
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
indígenas, corresponde a los jueces de lo Contencioso Administrativo”74, criterio que
igualmente ha sido acogido por el Consejo de Estado en asuntos relacionados con la
responsabilidad patrimonial extracontractual de estas entidades75.
15) En consecuencia, la demandada es una autoridad pública que responde
patrimonialmente por las actuaciones que le sean imputables y, en ese sentido, en el
plenario se encuentra acreditado que tanto la inspección de policía del corregimiento
de Coconuco del municipio de Puracé (Cauca) como el alcalde municipal del ente
territorial, cada vez que se produjo la perturbación y ocupación de la servidumbre de
tránsito, ordenaron al gobernador del cabildo indígena del resguardo Kokonuko cesar
cualquier conducta encaminada a impedir el libre acceso al establecimiento de
comercio Centro de Turismo Aguatibia y retirarse junto con los integrantes de su
resguardo.
16) En ese contexto, es particularmente relevante anotar que aunque en algunas
oportunidades la comunidad se retiró de manera voluntaria de la servidumbre ello
ocurrió después de haber bloqueado el acceso al inmueble, circunstancia que impidió
al demandante desarrollar normalmente su actividad económica.
17) Ante esa situación el señor Diego Angulo Rojas promovió acción de tutela para
salvaguardar sus derechos fundamentales y el juez constitucional en segunda
instancia encontró demostrado que “con la obstrucción y ocupación de la servidumbre
de acceso al predio Aguatibia núm. 2 se vulneraron las garantías constituciones y el
derecho al trabajo de los accionantes”, razón por la cual instó al gobernador del cabildo
indígena del resguardo Kokonuko a que se “abstenga de prolongar la obstrucción y/o
perturbación a la servidumbre de acceso al predio denominado «Aguatibia núm. 2»,
74 Auto A-1192 de 2024 de la Sala Plena de la Corte Constitucional, MP Jorge Enrique Ibáñez Najar,
expediente CJU-5444, en esa decisión se estudió un conflicto de competencia entre jurisdicciones
suscitado por la Autoridad Ancestral del Resguardo Indígena de San Francisco de Toribío (Cauca) y el
Juzgado Octavo Administrativo de Popayán con ocasión de una demanda presentada contra el cabildo
indígena del Resguardo Indígena de San Francisco en el que se atributó una falla en el servicio por la
expropiación forzosa del derecho real de usufructo sobre un predio ubicado en la vereda La primicia
del municipio de Toribío (Cauca).
75 Así por ejemplo, en sentencia del 30 de agosto de 2022, expediente no. 2015-00454-02 (67.950),
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, MP Marta Nubia Velásquez Rico, se estudió un
proceso de reparación directa en el cual, entre otros aspectos, se elevaron pretensiones en contra de
los cabildos de los resguardos indígenas de Toribío y de Tacueyó (Cauca) a quienes se les atribuyó
responsabilidad patrimonial extracontractual por una supuesta mora injustificada en otorgar una carta
de priorización, hecho que consideraba el demandante llevó a que su predio no fuera adquirido.
47
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
si no lo ha hecho, y de manera pacífica, proceda a retirarse junto con su cabildo de
dicho inmueble y busque una solución consensuada a sus pretensiones, procurando
en todo caso, no volver a acudir a las vías de hecho para conseguirlo”.76
18) De esta manera, la Sala encuentra que tanto las autoridades administrativas como
las judiciales impartieron órdenes expresas al cabildo indígena del resguardo
Kokonuko para que cesara toda perturbación y bloqueo de la servidumbre; no
obstante, dichas órdenes fueron desatendidas, al punto que el gobernador del cabildo
fue sancionado por desacato del fallo de tutela.
19) La demandada no acreditó, ni dentro del trámite constitucional ni tampoco en el
presente proceso, que el representante del cabido indígena impartió instrucciones
dirigidas a impedir nuevas ocupaciones de la servidumbre o que los comuneros
desconocieron tales directrices -en caso de haberse dictado-; por el contrario, el
material probatorio evidencia que en varias oportunidades fue el propio gobernador
del cabildo quien dispuso el bloqueo y perturbación por parte de los integrantes del
resguardo.
20) De otro lado, la demandada sostiene, tanto en la contestación de la demanda
como en el recurso de apelación, que no le asiste responsabilidad porque tiene
derecho a reclamar la protección los lugares que considera sagrados.
21) Al respecto, como ya se expuso, aunque el ordenamiento jurídico colombiano
garantiza una especial protección a los derechos de los pueblos indígenas, dicha
protección no autoriza el empleo de vías de hecho para hacer efectivas sus
reivindicaciones.
22) En el caso objeto de análisis la protesta adelantada por la demandada no tuvo
carácter pacífico, aspecto que motivó la intervención del juez constitucional para
proteger los derechos fundamentales del aquí demandante y quien en la decisión de
tutela llamó a la comunidad indígena a no continuar con las vías de hecho.
76 Fls. 1 a 22 del PDF “Ceron Collazos no. 5” de la carpeta ExpedienteaAdmMininterior” del cd 1 fol
204 cdno. ppal. 1 y PDF “14.2 Sentencia de segunda instancia” del cd pruebas fl. 377 cdno. 2.
48
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
23) Por su parte, la demandada sostiene que el señor Diego Angulo Rojas obstaculizó
el proceso de adquisición del predio Aguatibia no. 2 y que esto también motivo la
protesta.
Sobre este punto, la Sala pone de presente que en el expediente no obra prueba
alguna que sustente lo afirmado por la apelante77 y, en cualquier caso, no se puede
acudir a las vías de hecho para forzar la venta y/o transferencia de un bien inmueble;
por el contrato, cuando mediante tales actuaciones -esto es, las vías de hecho- se
ocasionan daños a terceros se habilita la declaratoria de responsabilidad
extracontractual.
Precisamente, esta Subsección en providencia del 1° de diciembre de 2025 declaró la
responsabilidad patrimonial extracontractual de un particular que con el argumento de
ejercer una protesta acudió a las vías de hecho y obstaculizó la ejecución de una obra
pública con lo cual se causaron perjuicios; la Sala explicó que el uso de las vías de
hecho se encuentra proscrito cuando existen vías legales para controvertir
disposiciones que se consideran vulnerantes y que cuando con las vías de hecho se
causen daños se debe indemnizar a quien no está llamado a soportarlos. En la
decisión se dijo lo siguiente78:
“La Corte Constitucional ha proscrito el uso de la violencia o vías de hecho
como manifestaciones del derecho a la resistencia cuando existen vías
legales adecuadas para controvertir las disposiciones u ordenes que se
consideran vulnerantes. Al respecto ha señalado lo siguiente:
La Constitución rechaza expresamente el uso de la violencia dentro del
marco del Estado de derecho. Cuando existen instrumentos idóneos para
expresar la inconformidad, como el estatuto de la oposición, la revocatoria
de mandato, el principio de la soberanía popular, el control de
constitucionalidad, la acción de tutela, las acciones de cumplimiento y las
acciones populares, o las manifestaciones pacíficas, pierden sustento los
posibles motivos usados para legitimar la confrontación armada o las
actitudes violentas de resistencia a la autoridad. Para la Corporación, ‘[…].
La vía de hecho no puede, bajo ningún aspecto, conducir al restablecimiento
del orden, no sólo por falta de legitimidad in causa para ello, sino porque
77 Aunque el demandante no suscribió el acuerdo del año 2013, de las pruebas aportadas al plenario
se tiene que una vez fue enterado de la posibilidad de que el bien fue adquirido solicitó que se le pagara
el precio tanto por el predio como por el establecimiento comercial del cual es propietario, cosa diferente
es que no existió un acuerdo sobre el valor de ambos y la venta, por lo menos para el año 2018, aún
no se había efectuado.
78 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, expediente no. 2015-02035-03 (66.951),
sentencia del 1° de diciembre de 2025, MP Diego Enrique Franco Victoria.
49
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
siempre es, dentro del Estado de Derecho, un medio inadecuado,
desproporcionado y generador de desorden’.
29. El señor Escobar Arango manifestó en la audiencia ante la Personería
de Bogotá que los bloqueos y obstaculizaciones a la obra los efectuó como
vía de protección de sus derechos. La Sala no comparte tal afirmación, pues
los particulares deben colaborar con la administración en el cumplimiento de
sus funciones, y, a partir de lo precisado con anterioridad, cualquier
oposición debió efectuarse a través de las vías legales pertinentes, lo cual
no ocurrió.
30. Por otro lado, existe nexo causal entre el daño demostrado y la conducta
del demandado Escobar Arango, porque es evidente que la referida
obstaculización de los trabajos públicos por un lapso de doce (12) horas,
según lo aceptado en la contestación de la demanda, repercutió en el retraso
de la ejecución de las obras del deprimido de la calle 94 que se adelantaban
con ocasión del contrato número 5 de 2012.
31. Adicionalmente, los trabajos públicos de canalización de redes de
servicios públicos al frente del Edificio Suite Crown Building PH, que fueron
obstaculizados por el demandado, sí afectaron las actividades de hincado
de tablestaca por las cuales el fallo arbitral condenó en sobrecostos al IDU”.
24) En el asunto de la referencia, se encuentra acreditado que la demandada obstruyó
la servidumbre de tránsito que permite el acceso al predio denominado Aguatibia no.
2, circunstancia que impidió al demandante desarrollar su actividad comercial; en
consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
responsabilidad patrimonial extracontractual del Cabildo – Resguardo Indígena de
Kokonuko, toda vez que se configuró la falla en el servicio.
2.3.2 La responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
1) Esta otra entidad solicita que se revoque la sentencia de primera instancia que
declaró su responsabilidad patrimonial extracontractual por considerar que en la
demanda no se formularon cargos específicos en su contra y que, en todo caso, el
bloqueo de la servidumbre no fue realizado por integrantes de la institución, razón por
la cual no se configuró la falla en el servicio.
2) Sobre el particular, la revisión integral de la demanda permite concluir que, contrario
a lo expuesto por la impugnante, sí se elevaron reproches concretos en contra de la
Policía Nacional.
50
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
3) En efecto, en las súplicas de la demanda se solicitó declarar la responsabilidad de
la entidad por la obstrucción y el bloqueo de la servidumbre de acceso al predio
denominado Aguatibia no. 2; de igual manera, en el hecho décimo sexto de la
demanda se afirmó que ante la problemática “la respuesta de las autoridades a las
cuales ha acudido el señor Diego Angulo Rojas no ha sido satisfactoria, pues en su
mayoría se limitan a remitir la solicitud a otra autoridad, aduciendo falta de
competencia o a decir que estarán prestos a adelantar cualquier gestión que devenga
necesaria para la garantía de sus derechos, sin que se haya dado respuesta de fondo
a las peticiones ni mucho menos una solución efectiva a la situación tanto de
vulneración como de amenaza a los derechos del peticionario, Diego Angulo Rojas”
(fl. 8 cdno. ppal. 1); de igual manera, en los hechos 43 y 46 de la demanda se indicó
que “las actividades desplegadas por la fuerza pública en su operativo de 13 de junio
de 2017 fueron insuficientes” y “las acciones adelantadas por la policía devinieron en
inútiles e insuficientes”.
4) El tribunal de primera instancia declaró la responsabilidad patrimonial
extracontractual de la entidad por estimar que esta no atendió de modo oportuno las
órdenes impartidas por la inspección de policía, aspecto que contribuyó a prolongar la
obstrucción de la servidumbre por parte de la comunidad indígena.
5) La Sala confirmará dicha decisión, pero acudiendo al título del daño especial, toda
vez que en el proceso se encuentra acreditado que si bien la Policía Nacional, en
varias oportunidades, demoró el cumplimiento de las órdenes de desalojo y, en otras,
se abstuvo de ejecutarlas, ello obedeció a que consideraba que se debía involucrar a
más entidades para salvaguardar también los derechos de la comunidad indígena.
6) La Ley 1801 de 2016 respecto del derecho de servidumbre y su protección dispone
lo siguiente:
ARTÍCULO 78. Comportamientos contrarios al derecho de
servidumbres. Los siguientes comportamientos son contrarios al derecho
de servidumbre y por lo tanto no deben efectuarse:
1. Impedir, alterar o interrumpir el continuo uso de servidumbres por las vías
de hecho.
2. No permitir el acceso al predio sobre el cual pesa el gravamen de
servidumbre para realizar el mantenimiento o la reparación.
PARÁGRAFO . Quien incurra en uno o más de los comportamientos
señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:
51
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
COMPORTAMIENTOS MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Restablecimiento del derecho de servidumbre y
Numeral 1
reparación de daños materiales;
Numeral 2 Multa General tipo 2.
ARTÍCULO 79. Ejercicio de las acciones de protección de los bienes
inmuebles. Para el ejercicio de la acción de Policía en el caso de la
perturbación de los derechos de que trata este título, las siguientes
personas, podrán instaurar querella ante el inspector de Policía, mediante el
procedimiento único estipulado en este Código:
1. El titular de la posesión o la mera tenencia de los inmuebles particulares
o de las servidumbres.
2. Las entidades de derecho público.
3. Los apoderados o representantes legales de los antes mencionados.
PARÁGRAFO 1. En el procedimiento de perturbación por ocupación de
hecho, se ordenará el desalojo del ocupante de hecho si fuere necesario o
que las cosas vuelvan al estado que antes tenía. El desalojo se deberá
efectuar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la orden.
PARÁGRAFO 2. En estos procedimientos se deberá comunicar al
propietario inscrito la iniciación de ellos sin perjuicio de que se lleve a cabo
la diligencia prevista.
PARÁGRAFO 3. La Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto
Agustín Codazzi y las administraciones municipales, deberán suministrar la
información solicitada, de manera inmediata y gratuita a las autoridades de
Policía.
El recurso de apelación se concederá en efecto devolutivo.
PARÁGRAFO 4. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor demostrados,
excepcionalmente deba suspenderse la audiencia pública, la autoridad
competente decretará el statu quo sobre los bienes objeto de la misma,
dejando constancia y registro documental, fijando fecha y hora para su
reanudación.
(…).
ARTÍCULO 81. Acción preventiva por perturbación. Cuando se ejecuten
acciones con las cuales se pretenda o inicie la perturbación de bienes
inmuebles sean estos de uso público o privado ocupándolos por vías de
hecho, la Policía Nacional lo impedirá o expulsará a los responsables de
ella, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocupación.
El querellante realizará las obras necesarias, razonables y asequibles para
impedir sucesivas ocupaciones o intentos de hacerlas por vías de hecho, de
conformidad con las órdenes que impartan las autoridades de Policía.”.
(negrillas originales).
7) De conformidad con las disposiciones transcritas, cuando se presenta una
perturbación por ocupación de hecho, el desalojo deje ejecutarse dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes a la expedición de la orden correspondiente, o
52
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
dentro de las (48) horas siguientes cuando se trate de la acción preventiva por
perturbación.
8) En el caso concreto objeto de análisis, se advierte que, tras la primera ocupación
ocurrida el 8 de abril de 2017, el señor Diego Angulo Rojas solicitó protección
inmediata y posteriormente presentó la respectiva querella; el 13 de abril de 2017, el
alcalde del municipio de Puracé (Cauca) ordenó al comandante de la estación de
policía de Coconuco efectuar el desalojo de los integrantes del resguardo indígena;
empero, pese a que la ley exige que dicha medida se cumpla en un plazo perentorio
el procedimiento solo se materializó el 13 de junio de 2017.
9) La policía retrasó el cumplimiento de la orden, primero por considerar que era
necesaria la realización de una reunión interinstitucional y, luego, por indicar que no
contaba con personal del Escuadro Móvil Antidisturbios (ESMAD) para ejecutar el
desalojo.
10) La Sala pone de presente que el daño que originó el presente medio de control de
reparación directa tuvo lugar en el marco del de la ocupación perturbación de la
servidumbre por un grupo numeroso de indígenas, circunstancia que afectó no solo el
acceso al bien inmueble de propiedad del señor Diego Angulo Rojas, sino también la
explotación económica del establecimiento comercial del cual es propietario, razón
por la cual, a la luz de las circunstancias establecidas con el material allegado al
presente proceso, se considera que, en el caso de la Policía Nacional, la
responsabilidad patrimonial es a título de daño especial79.
11) Ciertamente, aunque en varias ocasiones existió una demora de la entidad, ello
ocurrió por razones de interés general, principalmente de tipo social, pues se advirtió
que para cumplir la orden de desalojo se podían afectar derechos de la comunidad
indígena y se requería del acompañamiento de más instituciones, aspecto que se
tradujo en que para proteger al grupo indígena se sacrificó el derecho de propiedad
del titular del predio.
79 Al respecto se puede consultar Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22
de octubre de 2015, expediente 25000-23-26-000-2001-02697-01 (33.977) MP Hernán Andrade
Rincón.
53
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
12) En efecto, la anterior situación no solo se vivió en la primera ocupación, también
fue reiterada ante una nueva obstrucción por parte de la comunidad indígena.
13) El 21 de junio de 2017 la comunidad indígena Kokonuko volvió a bloquear la
servidumbre de acceso al predio Aguatibia no. 2 de manera que el 30 de junio de
2017 la inspectora de policía del corregimiento de Coconuco del municipio de Puracé
(Cauca) solicitó al comandante de la estación de policía de Coconuco y al comandante
de la Policía Metropolitana de Popayán80 el acompañamiento necesario para
restablecer el derecho perturbado; no obstante, la entidad indicó que no podía prestar
dicho apoyo de manera inmediata, de modo que la inspección de policía debió insistir
en el requerimiento, mientras que el levantamiento de la ocupación solo se produjo el
19 de julio de 2017, cuando los integrantes de la comunidad indígena se retiraron
voluntariamente.
14) El 4 de agosto de 2017, la inspectora de policía solicitó nuevamente el
acompañamiento policial para ejecutar la diligencia de desalojo y, una vez más, la
policía se abstuvo de intervenir con el argumento de que carecía de capacidad
operativa para adelantar el procedimiento; esta situación se repitió en oportunidades
posteriores, incluso después de que los jueces de tutela ordenaran a la entidad prestar
el acompañamiento necesario para garantizar el restablecimiento de los derechos
vulnerados.
15) La Sala advierte que pese a existir órdenes de desalojo impartidas por las
autoridades competentes para , estas no pudieron ser cumplidas de manera inmediata
por parte de la Policía Nacional para lograr el restablecimiento efectivo del derecho de
servidumbre; en varias oportunidades, por razones de interés general (verbi gratia, en
unas ocasiones por razones de orden público debido a enfrentamientos con el grupo
indígena y en otras por la necesidad de acompañamiento interinstitucional), por lo cual
existió una clara ruptura de las cargas públicas que el señor Diego Angulo Rojas no
estaba llamada a soportar, razón por la cual se confirmará la decisión de primera
80
Fls. 519 a 522 cdno. 3 y fls 69 a 70 del PDF “expediente aguatibia 2017-2018” de la carpeta
84ActUacionesInspectoraPolicíaPurace del cd 1 fl, 204 cdno. ppal. 1.
54
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
instancia que declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual de la entidad,
pero por el título de daño especial81.
2.3.3 La responsabilidad de la Nación – Ministerio del Interior
1) La Sala también confirmará la decisión que declaró la responsabilidad
extracontractual de la Nación – Ministerio del Interior, toda vez que aquella no llegó a
ninguna concertación con el grupo indígena pese a la existencia de una orden de
tutela, aspecto que influyo en la obstrucción y el bloqueo de la servidumbre de acceso
al predio Aguatibia no. 2.
2) En efecto, aunque dentro de las funciones del Ministerio del Interior no se encuentra
la adquisición de bienes inmuebles, esta entidad asumió el compromiso de gestionar
la compra del predio Aguatibia no. 2 para posteriormente transferirlo a la comunidad
indígena Kokonuko.
3) La Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia de tutela de segunda
instancia proferida el 29 de junio de 2017, entre otros aspectos, puso de presente que
el demandante estaba soportando una carga que no tenía el deber jurídico de asumir,
pues, el conflicto tuvo origen en el incumplimiento de los compromisos adquiridos por
el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior; por tal razón, exhortó a esta
entidad para que interviniera de manera efectiva en la solución de la problemática.
4) Lo antedicho fue reiterado en las decisiones que resolvieron los incidentes de
desacato; en concreto, mediante providencias del 18 de enero y del 10 de octubre de
2018 el juez constitucional confirmó las sanciones impuestas a quienes ejercían el
cargo de ministro del interior luego de concluir que incurrieron en desacato por i) no
brindar una atención adecuada al conflicto, ii) asumir una actitud pasiva frente a la
situación y, iii) mantener en incertidumbre tanto al demandante como a la comunidad
indígena respecto del cumplimiento de los acuerdos suscritos en 2013, los cuales, se
destaca, continuaban sin ejecutarse para octubre de 2018.
81 Sobre este título de imputación la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-157/22
estableció que en los eventos de ocupación de hecho “el régimen de responsabilidad por daño
especial se basa en el reconocimiento de la afectación al derecho dominio en los eventos en los
que la imposibilidad de proteger la posesión se debe a las condiciones especiales de la invasión,
pues se propende por el mantenimiento del orden público y social” (Resaltado propio del original).
55
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
5) En ese contexto, la Sala encuentra que la actuación del Ministerio del Interior
constituyó un factor determinante en la generación del daño, pues, si bien resulta
censurable que la comunidad indígena hubiera recurrido a vías de hecho para
reclamar la atención del Estado, también es cierto que la controversia difícilmente
habría alcanzado el nivel de conflictividad acreditado en el expediente si la entidad
hubiera dado cumplimiento a la orden de tutela.
6) Por consiguiente, le asiste responsabilidad patrimonial extracontractual a la Nación
– Ministerio del Interior, pues, como quedó evidenciado en las sentencias de tutela y
en las providencias que resolvieron los incidentes de desacato, fue su conducta
omisiva frente al cumplimiento de las ordenes de tutela, que dejaron desamparado al
señor Diego Angulo Rojas, pues no se llegó a una concertación con el grupo indígena,
quien siguió ocupando el bien inmueble de manera intermitente a lo largo del 2017 y
2018.
2.3.4 La responsabilidad solidaria de las tres condenadas y la proporción en la
que deben pagar la indemnización
1) El tribunal de primera instancia declaró la responsabilidad solidaria del Cabildo –
Resguardo Indígena de Kokonuko, la Nación – Ministerio del Interior y la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional; asimismo, estableció que la distribución
interna de la condena corresponde en un cincuenta por ciento (50 %) al Cabildo –
Resguardo Indígena de Kokonuko por haber ejecutado materialmente la obstrucción
de la servidumbre; en un treinta por ciento (30 %) al Ministerio del Interior debido al
incumplimiento de la acción de tutela lo cual incidió en el conflicto y, en un veinte por
ciento (20 %) a la Policía Nacional.
2) La Sala confirmara dicha decisión con la precisión que la Policía Nacional es por el
título de daño especial; asimismo, es menester precisar que en virtud del régimen de
solidaridad la parte demandante está facultada para exigir el pago íntegro de la
condena a cualquiera de las entidades declaradas responsables patrimonial y
extracontractualmente; la distribución porcentual únicamente produce efectos en las
relaciones internas entre las condenadas para efectos de las acciones de repetición o
de reembolso a que haya lugar entre ellas.
56
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
2.4 Indemnización de perjuicios
1) El tribunal de primera instancia reconoció indemnización por concepto de daño
emergente, lucro cesante, perjuicios morales y daño a la salud.
2) Las demandadas controvierten tales reconocimientos por estimar que los perjuicios
no se encuentran debidamente acreditados y, por ende, que las condenas impuestas
deben ser revocadas.
3) La Sala analizará cada uno de los perjuicios reconocidos en primera instancia y se
abstendrá de efectuar pronunciamiento respecto de aquellos que fueron negados, por
el hecho de no haber sido objeto de impugnación.
2.4.1 Perjuicio material por concepto de daño emergente
1) El tribunal de primera instancia identificó cuatro aspectos susceptibles de
indemnización por concepto de daño emergente: i) los daños ocasionados en la parte
exterior del predio, ii) las afectaciones al interior del inmueble; iii) los costos de
funcionamiento del establecimiento comercial y, iv) los costos asociados a mano de
obra y servicios públicos.
2) En relación con el primer aspecto, esto es, los daños ocasionados en la parte
exterior de predio, el a quo consideró que las actas números 4, 6 y 15 de 2017 y 1 de
2018, así como también el informe ejecutivo del 20 de junio de 2018, demostraban
que la servidumbre de acceso al predio Aguatibia no. 2 sufrió afectaciones durante los
bloqueos realizados por la comunidad indígena; de igual manera, señaló que la vía
fue reparada en algunas oportunidades por la Fuerza Pública y, en otras, por el señor
Diego Angulo Rojas, razón por la cual concluyó que debían reconocerse los gastos
asumidos por este último para su recuperación; no obstante, por no existir prueba
sobre la cuantía de tales erogaciones dispuso que su determinación se efectuara
mediante trámite incidental.
Sobre esto último, es necesario precisar que el a quo no estableció los parámetros
probatorios que debían observarse para acreditar el monto de los gastos cuya
indemnización ordenó en abstracto.
57
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
3) Las entidades apelantes cuestionan dicha decisión por estimar que el señor Diego
Angulo Rojas tenía la carga de demostrar de manera cierta tanto la existencia de los
daños como las erogaciones efectivamente asumidas para su reparación.
4) Sobre el particular, la Sala advierte que les asiste razón a las impugnantes, pues,
el incidente de liquidación de condena en abstracto no es la oportunidad procesal para
acreditar la existencia del daño ya que, este debe quedar demostrado en el proceso
principal; además, la finalidad del trámite incidental se limita a determinar la cuantía
de los perjuicios cuya existencia ya fue acreditada dentro del expediente.
5) En ese orden, si bien en las actas de la inspección de policía del corregimiento de
Coconuco del municipio de Puracé (Cauca) se dejó constancia que integrantes de la
comunidad indígena Kokonuko realizaron excavaciones, instalaron zanjas y
barricadas, ubicaron piedras sobre la vía e incluso ocasionaron daños al puente de
acceso al predio, únicamente pueden ser objeto de indemnización aquellas
reparaciones respecto de las cuales exista prueba de que fueron asumidas
económicamente por la parte demandante para restablecer el tránsito por la
servidumbre82.
6) En ese sentido, la revisión integral de las actas y los informes de policía dan cuenta
que solo en el informe ejecutivo de la Policía Nacional del 20 de junio de 2018 quedó
acreditado que el señor Diego Angulo Rojas adelantó labores de reparación de la
servidumbre, así:
Siendo las 09:50 horas, se hizo presente en el centro de Turismo Termales
Aguatibia No 2. con la señorita Erika Yasmith López Jiménez Inspectora de
Policía de Coconuco, el señor Jordy Gustavo González Guzmán identificado
con cedula de ciudadanía número 1.061. 758.481 Psicólogo de Comisaria
de Familia, señor Harold Fernández Sánchez identificado con cedula de
ciudadanía numero 76.313.369 Secretario de Planeación, señor Víctor
Daniel Murillo Narváez identificado con cedula de ciudadanía numero
1.061.686.938 personero delegado del municipio de Timbío, los señores
Fabián Hernán Castillo Corales identificado con cedula de ciudad:3nía
número 76.332.739 y Rafael Zúñiga Enríquez identificado con cedula de
ciudadanía numero 94.534.106 profesionales especializados delegados
para los indígenas y las minorías étnicas en el Departamento del Cauca, con
el fin de garantizar la reparación de los daños ocasionados por la comunidad
indígena los KOKONUKOS a dicha servidumbre.
82 Aunque en el interregno del 8 de abril de 2017 al 20 de junio de 2018 se acreditó que la comunidad
en varias ocasiones daño la servidumbre, el demandante debía acreditar en el proceso que el arreglo
de esta fue asumido por aquel.
58
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
Dicha actividad se prolongó por un lapso de 7 horas; procedimiento que se
realizó de manera pacífica, toda vez que no había presencia de personal
indígena en el sector, a esas horas el señor Diego Angulo Rojas y su hijo
Juan Diego Castrillón, quienes dispusieron de (4) personas equipadas
con herramientas tales como picas, palas y material, procedieron a
reparar la servidumbre la cual había sido afectada por los comuneros,
es de aclarar que el señor Diego Angulo Rojas Propietario del predio,
a todo instante estuvo presente durante el desarrollo del trabajo,
logrando con esto habilitar la servidumbre para el libre tránsito,
locomoción y movilidad de cualquier persona que desee ingresar a
disfrutar de los servicios turísticos que ofrece el ‘Centro de Turismo y
Salud Termales Aguatibia No 2’.” (fls. 573 a 575 cdno. 3 - negrillas de la
Sala).
7) En consecuencia, únicamente serán indemnizables los gastos en que incurrió el
demandante con ocasión de las reparaciones efectuadas el 20 de junio de 2018.
Como la cuantía de tales erogaciones no fue acreditada en el proceso su
determinación deberá efectuarse mediante trámite incidental para lo cual el actor
deberá aportar los documentos que permitan establecer su valor, tales como facturas,
recibos de pago, contratos de prestación de servicios, comprobantes de adquisición
de materiales o cualquier otro medio de prueba idóneo que demuestre los costos
asumidos para la recuperación de la servidumbre.
8) Ahora bien, como segundo concepto de daño emergente, el tribunal reconoció las
afectaciones ocurridas al interior del establecimiento de comercio para lo cual expuso
que “deberá partirse de la prueba clara y concreta que permita establecer los daños
en este item, en este punto, debe señalar la Sala que aunque se aportó en la demanda
una certificación por parte del señor Raúl Armando Ruíz, en la misma se relacionan
costos que no corresponden con las fechas en que se hicieron las adecuaciones,
además de rubros en los que no se describe la erogación”; el tribunal dispuso que la
acreditación de las afectaciones en el interior del establecimiento de comercio debían
realizarse mediante trámite incidental; pero no fijó criterios concretos para su
liquidación.
9) La Sala revocará este reconocimiento, porque i) la responsabilidad patrimonial
extracontractual declarada en el presente asunto se fundamenta en la obstrucción de
la servidumbre de acceso al predio Aguatibia No. 2 y no en los presuntos daños
ocasionados en el interior del establecimiento de comercio; además, en la querella
presentada por el actor siempre se indicó que existió una obstaculización solo en la
59
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
servidumbre; ii) aunque con la demanda se aportaron denuncias penales83 en las que
el actor atribuyó a integrantes de la comunidad indígena la causación de daños y la
comisión de hurtos dentro del establecimiento, tales denuncias constituyen simples
afirmaciones de parte y, por sí solas, no acreditan la ocurrencia de los hechos
denunciados ni la autoría de quienes supuestamente los ejecutaron; en especial si se
considera que en el expediente no fueron incorporados los resultados de las
investigaciones penales correspondientes; en síntesis, no se acreditó que el daño fue
causado por la actuación de las demandadas.
10) Finalmente, la Sala también revocará el reconocimiento correspondiente a los
denominados “costos por mano de obra y servicios públicos del establecimiento de
comercio”, pues, el tribunal dispuso que tales conceptos fueran acreditados mediante
incidente con fundamento en los gastos asociados al pago de nómina y servicios
públicos; sin embargo i) dichos desembolsos constituyen costos ordinarios e
inherentes al funcionamiento de cualquier establecimiento de comercio y, por tanto,
83 En la denuncia del 30 de agosto de 2017 se indicó que “ el 21 de agosto de 2017, lunes festivo, en
horas de la noche, al parecer integrantes de la comunidad indígena los Kokonukos ingresaron al predio
de mi propiedad denominado Aguatibia número 2 y al centro de turismo Salud Termales Aguatibia,
ocasionando unos daños en la tubería de conducción del agua termal caliente hacia las piscinas del
citado centro turístico que consistente en la ruptura (sic) de un tubo de seis metros de características
especiales para agua caliente a presión referencia RD-21 PVC y de una llave de paso de cuatro
pulgadas especial para este tipo de agua termal; igualmente taponaron con elementos extraños la
tubería que baja hacia las piscinas, por lo cual tocó hacer un sondeo cada cien metros hasta solucionar
el taponamiento, me permito anexar tres fotografías digitales que ilustran los daños que relato
PREGUNTANDO: Sírvase manifestar al despacho si hay testigos de los hechos que denuncia
CONTESTÓ: No, la persona encargada es el señor Raúl Alfonso Ruiz quien se percató de estos daños
a las seis de la mañana del día siguiente” (PDF 13.1 Denuncia penal de la carpeta 08Pruebas del CD
1 fll 204 cdno. ppal. 1).
Segunda denuncia penal del 30 de agosto de 2017 en la cual se manifestó “ el 15 de julio fue sustraída
una novilla de vientre raza normando careta de aproximadamente tres años de la hacienda Aguatibia
número 2 de mi propiedad, al parecer hurtada por integrantes de la comunidad indígena Kokonukos,
también el día 8 de agosto de calendas en horas de la noche fue sustraída de la misma hacienda otra
novilla de vientre barcina raza normando, al parecer, igualmente hurtada por integrantes de la misma
comunidad indígena (…) PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si hay testigos de los hechos
CONTESTÓ: No, pero quien puede dar la referencia de estos dos robos es el mayordomo Raúl Alfonso
Ruiz, ya que los animales están bajo su cuidado” ((PDF 13.2 Denuncia penal de la carpeta 08Pruebas
del CD 1 fll 204 cdno. ppal. 1).
En la denuncia penal del 11 de octubre de 2017 el actor refirió que “los indígenas dañaron
aproximadamente veinte hojas de Eternit de una construcción de mi propiedad, se robaron o hurtaron
muchos cercos de los potreros consistentes en cuatro hilos de alambres de púas de más o menos una
extensión de 250 metros, rompieron la tubería de conducción del agua termal hacia las piscinas del
establecimiento, me permito anexar fotos de dicho daño, en la noche de ese día domingo 8 de octubre
hurtaron tres vacas razas normando de mi propiedad descarnando una en el río calera, contaminando
la fuente hídrica, como se evidencia en la fotografía que anexo (…) PREGUNTADO: PREGUNTADO:
Díganos si hay testigos de los hechos denunciados CONTESTÓ: El señor Raúl Alfonso Ruiz,
mayordomo y la señora Amilba Bolaños, esposa del anterior y el nieto de esos de nombre Javier Ruiz,
residentes en el predio termales mencionado” (fls. PDF 13.4 Denuncia penal de la carpeta 08Pruebas
del CD 1 fl. 204 cdno. ppal. 1).
60
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
no corresponden a perjuicios indemnizables derivados de los hechos que dieron
origen al presente proceso y, ii) en el proceso no se acreditó que el demandante debió
asumir costos adicionales a los normalmente asumidos para el funcionamiento del
centro de aguas termales.
2.4.2 Perjuicio material por concepto de lucro cesante
1) En el expediente se encuentra acreditado que como consecuencia de la referida
obstrucción de la servidumbre de tránsito el establecimiento de comercio de aguas
termales no pudo operar normalmente entre el 8 de abril de 2017 y el 20 de junio de
2018, pues, en los interregnos expuestos en el acápite correspondiente se impidió el
acceso al predio84.
2) La imposibilidad material de desarrollar la actividad económica del establecimiento
da lugar al reconocimiento de una indemnización por concepto de lucro cesante.
3) En relación con este perjuicio se pone de presente que el tribunal de primera
instancia descartó el dictamen pericial aportado en el proceso y consideró que las
declaraciones de renta y los estados financieros allegados resultaban insuficientes
para determinar el monto de los ingresos dejados de percibir, por lo cual dispuso que
el monto de perjuicio debía acreditarse mediante trámite incidental y condenó en
abstracto; no obstante, omitió precisar los criterios que debían aplicarse para la
cuantificación de este perjuicio.
84
Respecto del hecho de que el establecimiento de comercio se encontraba en funcionamiento y
generaba ingresos se encuentran, entre otros documentos: i) en escrito del 28 de marzo de 2016 el
señor Diego Angulo Rojas le remitió al INCODER los informes financieros del Centro de Turismo y
salud Termales Agua tibia de los años 2013 a 2015 para la realización del avalúo y compra del bien (Fl.
11 y 12 del PDF “Oficios Varios” de la carpeta ExpedienteAdmMininterior” del cd 1 fl. 204 cdno. ppal.
1) y en acta de la misma fecha la entidad deja constancia que aquellos fueron recibidos (fls. 13 a 16
del PDF “Oficios Varios” de la carpeta ExpedienteAdmMininterior” del cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1); ii) el
avalúo comercial del Instituto Geográfico de Agustín Codazzi entregado el 25 de noviembre de 2016,
en el cual se avalúa el inmueble Aguatibia Lote no. 2 y se menciona que en este “funciona la empresa
Termales Aguatibia y localiza la infraestructura de piscinas, restaurante, comedores, alojamiento y
parqueaderos” y se precisa que uno de los ítems que influye en el valor comercial del inmueble es “la
influencia positiva que tiene la empresa Termales Agua Tibia sobre el sector por su atracción recreativa
especialmente en fines de semana y festivos”, asimismo, se precisa que el avaluó se la empresa se
realizara por otra entidad (fls. 18, 19 y 24 del PDF “21.2 Avalúo predio Aguatibia” de la carpeta
08Pruebas del cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1) y iii) en acta de tercera sesión de seguimiento a los acuerdos
entre el CRIC y el Gobierno Nacional del 5 de diciembre de 2016 se indicó que el avalúo de empresa
se encuentra entre siete mil y ocho mil millones (fl. 3 del PDF “11.2 Acta 5 de diciembre de 2016” de la
carpeta 08Pruebas del cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1).
61
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
4) La Sala confirmara la condena en abstracto, pues, se encuentra demostrado que
durante los períodos en que la servidumbre permaneció bloqueada el acceso al predio
Aguatibia No. 2 estuvo restringido, circunstancia que impidió el ingreso de turistas y
visitantes al establecimiento de comercio.
5) Ahora bien, para acreditar los ingresos dejados de percibir por la imposibilidad de
explotar económicamente el establecimiento los demandantes aportaron: i) un
dictamen pericial que fue descartado como medio de prueba en primera instancia,
decisión que no fue objeto de controversia en esta etapa procesal; ii) las declaraciones
de renta correspondientes a los años 2014 a 2018; sin embargo, de su contenido no
es posible determinar con precisión los ingresos derivados de la explotación del
establecimiento comercial y, iii) los estados financieros de los años 2017 y 2018, los
cuales tampoco permiten establecer la disminución real de los ingresos atribuible a
los bloqueos de la servidumbre.
6) Por lo tanto, se mantendrá la condena en abstracto por concepto de lucro cesante
correspondiente a los ingresos dejados de percibir por el establecimiento de comercio
denominado Centro de Turismo y Salud Termales Aguatibia, durante los períodos en
que la servidumbre permaneció obstruida entre el 8 de abril de 2017 y el 20 de junio
de 2018.
Para la liquidación del perjuicio se seguirán los siguientes parámetros:
a) Se deben allegar los balances contables, libros de comercio, estados financieros y
declaraciones de renta correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016, para
establecer un promedio ponderado de los ingresos económicos netos obtenidos por
el Centro de Turismo y Salud Termales Aguatibia durante dichas anualidades, el cual
puede ser realizado a través de dictamen pericial; el resultado deberá actualizarse a
los años 2017 y 2018 mediante la fórmula de indexación utilizada por el Consejo de
Estado: Ra = vh * índice final / índice inicial.
b) El valor obtenido se comparará con la información contable y tributaria
correspondiente a los años 2017 y 2018 con el fin de determinar los ingresos que
razonablemente dejaron de percibirse durante los períodos en que la servidumbre
permaneció bloqueada.
62
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
c) Los ingresos que se reconocen son los netos, esto es, los ingresos económicos que
dejó de percibir el demandante como ganancia luego de deducir impuestos, servicios
públicos, pago de servicios y nómina y aquellos gastos necesarios para el
funcionamiento del establecimiento comercial.
d) Una vez determinado el monto del lucro cesante, este deberá actualizarse a valor
presente mediante la misma fórmula de indexación empleada por la jurisprudencia del
Consejo de Estado.
2.4.3 Perjuicios morales
1) La Sala confirmará la decisión de primera instancia que reconoció por concepto de
indemnización por perjuicios morales la suma de treinta (30) smlmv85 en favor del
señor Diego Angulo Rojas y veinte (20) smlmv para cada uno de los demandantes
Ana María Castrillón Simmonds, Juan Diego Angulo Castrillón, Carlos Eduardo Angulo
Castrillón e Isabel María Angulo Castrillón.
2) En efecto, los testimonios rendidos por los señores Jorge Alberto Duque Mejía y
Juan Pablo López Pareja, así como la declaración de Juan Diego Angulo Castrillón
permiten tener por acreditado el sufrimiento moral padecido por los demandantes
como consecuencia de la prolongada obstrucción de la servidumbre de acceso al
predio Aguatibia No. 2; estos medios de prueba evidencian la angustia, aflicción y
preocupación que los demandantes experimentaron ante la imposibilidad de
desarrollar normalmente la actividad económica del establecimiento de comercio, la
incertidumbre sobre su sostenibilidad financiera y el riesgo que esta situación
representaba para su patrimonio.
2.4.4 Daño a la salud
1) El tribunal de primer grado reconoció por concepto de daño a la salud una
indemnización en favor del señor Diego Angulo Rojas equivalente a veinte (20) smlmv,
por encontrar acreditado con las historias clínicas de la Clínica Valle del Lili y la Clínica
85 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
63
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
la Estancia que la situación objeto de litigio afectó su estado de salud física y
psicológica.
2) Sobre el particular, la revisión de las historias clínicas permite establecer que como
consecuencia de las dificultades de la obstrucción de la servidumbre y del temor de
perder la empresa de la cual derivada su sustento económico el señor Diego Angulo
Rojas fue diagnosticado con ansiedad y depresión86; asimismo, se encuentra
acreditado que el 23 de mayo de 2017 fue remitido a valoración por el servicio de
psiquiatría87 para el manejo especializado de dichas afecciones.
3) En ese contexto, la Sala considera demostrado que la situación generada por la
ocupación y el bloqueo de la servidumbre produjo una afectación relevante en la salud
del demandante, razón por la cual confirmará la decisión de primera instancia que
reconoció la indemnización correspondiente por este concepto.
3. Conclusión
A partir de lo expuesto i) se confirma la decisión que declaró la responsabilidad
solidaria de la Nación – Ministerio del Interior, la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y del Cabildo – Resguardo Indígena de Kokonuko, por el daño
constitutivo de la limitación de acceso al predio denominado Aguatibia no. 2,
identificado con el número de matrícula inmobiliaria 120-96016, ubicado en el
municipio de Puracé del departamento del Cauca y en el cual funciona el
establecimiento de comercio denominado Centro De Turismo y Salud Termales
Aguatibia, entre los meses de abril de 2017 y junio de 2018 con ocasión de la
obstrucción y bloqueo de la servidumbre de paso; ii) se modifica la condena por daño
emergente en abstracto para precisar que esta solo corresponde a los arreglos
realizados el 20 de junio de 2018; iii) se precisa los parámetros de la condena en
abstracto por concepto de perjuicio material en la modalidad de lucro cesante y, iv) se
confirma las indemnizaciones por concepto de perjuicios morales y de daño a la salud.
86 PDF “53HistoriaClinicaValleLili” cd 1 fl. 204 cdno. ppal. 1 y fls. 273 a 281 cdno. 2.
87 Fls. 282 a 286 cdno. 2 .
64
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
4. Condena en costas
En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 5) del CGP, como
prosperó de manera parcial el recurso de las demandadas (en el sentido que no se
reconoce todas las indemnizaciones reconocidas por concepto de perjuicios por
concepto de daño emergen), la Sala se abstendrá de condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando Justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Modifícase la sentencia proferida el 22 de agosto de 2025 por la Subsección B de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo del Cauca aclarada y corregida en
providencia del 8 de octubre de 2025, la cual queda así:
“PRIMERO.- DECLÁRASE la responsabilidad patrimonial solidaria
extracontractual de la NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR, NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL y del CABILDO
INDÍGENA DEL RESGUARDO KOKONUKO, por el daño constitutivo de la
limitación de acceso al predio denominado Aguatibia No. 2, identificado con
el número de matrícula inmobiliaria 120-96016, ubicado en la vereda Puracé
– municipio de Puracé del departamento del Cauca, donde funciona el
establecimiento de comercio denominado CENTRO DE TURISMO Y
SALUD TERMALES AGUATIBIA, entre los meses de abril de 2017 y junio
de 2018, con ocasión de la obstrucción y bloqueo de la servidumbre de paso,
de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.
Para efectos de distribución interna de la condena, la Nación -Ministerio del
Interior responde por el 30%, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
responde por el 20% y el Resguardo – Cabildo Indígena de Kokonuko
responde por el otro 50%, se precisa que, por razón de la solidaridad, la
parte demandante se encuentra facultada para exigir el pago íntegro de la
condena a cualquiera de las entidades condenadas.
SEGUNDO.- CONDÉNASE de manera solidaria a la NACIÓN –
MINISTERIO DEL INTERIOR, a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA
– POLICÍA NACIONAL y al CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO
KOKONUKO,a pagar las siguientes indemnizaciones en favor de los
demandantes:
a) Por concepto de perjuicios morales
65
Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00297-01 (74.047)
Actor: Diego Angulo Rojas y otros
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia
Demandante CC Monto a
reconocer por
concepto de
perjuicio moral
Diego Angulo Rojas (Afectado 10.524.061 30 SMLMV
Directo)
Ana María Castrillón Simmonds 34.534.809 20 SMLMV
Juan Diego Angulo Castrillón 4.615.397 20 SMLMV
Carlos Eduardo Angulo Castrillón 10.294.644 20 SMLMV
Isabel María Angulo Castrillón 1.061.754.333 20 SMLMV
b) Por concepto de daño a la salud, la suma de veinte (20) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, en favor del señor DIEGO ANGULO ROJAS,
identificado con CC No. 10.524.061.
c) IN GENERE por concepto de los perjuicios materiales por daño
emergente y lucro cesante, en favor del señor DIEGO ANGULO ROJAS,
identificado con cc 10.524.061, en calidad de propietario del CENTRO DE
TURISMO Y SALUD TERMALES AGUATIBIA; liquidación que deberá
efectuar conforme los parámetros establecidos en la parte motiva de la
providencia de segunda instancia.
TERCERO.- DENIÉGANSE las demás pretensiones.
CUARTO.- DECLÁRASE probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva de la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Económico, Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
Departamento Del Cauca y Municipio De Puracé.
QUINTO.- sin condena en costas en esta instancia.
SEXTO.- NOTIFÍQUESE la presente sentencia de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 203 de la Ley 1437 de 2011”.
2°) Sin condena en costas de segunda instancia.
3°) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría de la sección devuélvase el
expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias
secretariales.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Salvamento parcial de voto
DIEGO ENRIQUE VICTORIA FRANCO
Magistrado
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.