RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 19001-23-33-000-2020-00489-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2020-00489-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2020-00489-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 1.° de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo del Cauca, conforme a lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la demandante, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2020-00489-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 19001-23-33-000-2020-00489-01 (5163-2023)
Demandante : Rosilia González Arango
Demandado : Departamento del Cauca
Tema : Inscripción y ascenso en el escalafón docente
Decisión : Confirma la sentencia de primera instancia. La demandante no
acreditó oportunamente el requisito de profesionalización
exigido por el Decreto 85 de 1980 para acceder al escalafón
docente regulado por el Decreto 2277 de 1979 y no le resultaba
aplicable la excepción prevista en el parágrafo 1.º del artículo
105 de la Ley 115 de 1994.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
proferida el 1.° de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo del Cauca.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. Rosilia González Arango presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la nulidad del acto ficto
derivado de la petición radicada el 18 de octubre de 2019 ante la Secretaría de Educación
del departamento del Cauca, mediante la cual solicitó su inscripción y ascenso en el
escalafón docente regulado por el Decreto 2277 de 1979 y el reconocimiento de los
salarios correspondientes al grado que, en su criterio, le correspondía.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene su inscripción en el
escalafón docente previsto en el Decreto 2277 de 1979, con efectos a partir del 28 de
junio de 2001, fecha en la que obtuvo el título de licenciada en sociales; su ascenso al
grado 13 del escalafón docente y el pago de las diferencias salariales y prestacionales
derivadas de dicho reconocimiento.

3. Expuso que fue nombrada mediante Resolución 3622 del 3 de septiembre de 1997
para desempeñarse como docente en el Centro Promocional Santa María del municipio
de Timbiquí, Cauca, y tomó posesión el 1.º de octubre de ese mismo año. Señaló que su
vinculación se efectuó conforme al Convenio 031 de julio de 1986, suscrito entre la Iglesia
Episcopado Colombiano y la Nación – Ministerio de Educación Nacional, y al régimen

Radicación: 19001-23-33-000-2020-00489-01 (5163-2023)
Demandante: Rosilia González Arango

previsto en el Decreto 085 de 1980, que permitía el nombramiento de bachilleres cuando
no existiera personal docente escalafonado o en formación disponible para prestar el
servicio educativo.

4. Indicó que obtuvo el título de licenciada en sociales de la Universidad Pontificia
Bolivariana el 28 de junio de 2001. El 18 de octubre de 2019 presentó la solicitud de
inscripción y ascenso en el escalafón docente, radicada bajo el número
CAU2019ER045148. El 8 de noviembre de 2019 la Secretaría de Educación le informó
que estudiaría la solicitud y los documentos aportados para determinar la procedencia
del trámite; sin embargo, transcurrieron más de tres meses sin que se emitiera una
respuesta de fondo, razón por la cual consideró configurado el silencio administrativo
negativo.

5. Finalmente, manifestó que ha ejercido la docencia de manera ininterrumpida desde su
posesión y que la negativa de la entidad demandada a reconocer su inscripción y ascenso
en el escalafón docente ha afectado sus derechos laborales, salariales y a la igualdad, al
impedirle devengar la remuneración correspondiente a su formación académica,
experiencia y tiempo de servicio, como sí ocurre con otros docentes.

Contestación de la demanda

6. El departamento del Cauca – Secretaría de Educación y Cultura se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda. Expuso que el nombramiento de la
actora se efectuó conforme al régimen excepcional previsto en el Convenio 031 de julio
de 1986 y el Decreto 85 de 1980, normas que permitían vincular en propiedad a personas
con título de bachiller para ejercer la docencia en zonas rurales de difícil acceso y
poblaciones apartadas, cuando no existiera personal docente titulado o en formación
disponible para prestar el servicio educativo.

7. Indicó que dicho régimen establecía que las personas nombradas bajo esa modalidad
debían acreditar, dentro del término de tres años contados a partir de la posesión, la
obtención del título docente y la correspondiente inscripción en el escalafón nacional
docente. Agregó que la Ley 115 de 1994 mantuvo dicha exigencia y concedió un plazo
adicional únicamente a los bachilleres que, además de encontrarse vinculados al servicio
educativo, prestaran sus servicios en zonas de difícil acceso y acreditaran hallarse en
proceso de profesionalización.

8. Precisó que la demandante fue nombrada en propiedad mediante Resolución 3622 del
3 de septiembre de 1997 y tomó posesión el 1.º de octubre del mismo año como docente
bachiller, por lo que debía acreditar el título idóneo e inscribirse en el escalafón docente
dentro de los tres años siguientes a su posesión. No obstante, la actora obtuvo el título
de licenciada en ciencias sociales el 28 de junio de 2001, esto es, por fuera del término
legalmente previsto, circunstancia que impedía validar dicho título para efectos de
inscripción en el escalafón nacional docente regulado por el Decreto 2277 de 1979.

9. Sostuvo que, aunque la administración no declaró la insubsistencia del nombramiento
de la demandante, aquella ingresó a la planta de cargos del departamento del Cauca sin

2

Radicación: 19001-23-33-000-2020-00489-01 (5163-2023)
Demandante: Rosilia González Arango

escalafón docente y conservando para todos los efectos el título de bachiller académico.
En consecuencia, no era procedente acceder a la inscripción y ascenso reclamados, pues
la actora no cumplió oportunamente las condiciones previstas en el Decreto 85 de 1980
para ingresar al escalafón nacional docente.

10. Finalmente, formuló las excepciones de legalidad del acto ficto o presunto,
inaplicabilidad del Decreto 2277 de 1979 y la denominada excepción innominada o
genérica, al considerar que la entidad actuó conforme al marco normativo aplicable y que
la demandante no acreditó las condiciones necesarias para ser inscrita y ascendida en el
escalafón docente.

Sentencia apelada

11. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia anticipada, negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora. Consideró que la
demandante fue nombrada como docente en una zona de difícil acceso bajo el régimen
excepcional previsto en el Decreto 85 de 1980, norma que permitía vincular personas con
título de bachiller siempre que, dentro de los tres años siguientes a la posesión,
acreditaran el título docente e ingresaran al escalafón nacional docente.

12. Precisó que la actora invocó a su favor el parágrafo 1.º del artículo 105 de la Ley 115
de 1994, conforme al cual los bachilleres no escalafonados que laboraran en zonas de
difícil acceso y acreditaran encontrarse en proceso de profesionalización contaban con
dos años adicionales para incorporarse al escalafón docente. Sin embargo, conforme a
la interpretación efectuada por la Corte Constitucional en la sentencia C-562 de 1996,
dichos términos debían contabilizarse desde la expedición de la Ley 115 de 1994, por lo
que el plazo máximo para acreditar la profesionalización vencía el 8 de febrero de 1998
o, en aplicación del Decreto 85 de 1980, el 1.º de octubre de 2000, fecha en la que se
cumplían tres años desde la posesión de la demandante.

13. Concluyó que la actora obtuvo el título de licenciada en ciencias sociales el 28 de
junio de 2001, esto es, con posterioridad al vencimiento de los términos previstos en la
normativa aplicable, razón por la cual no le asistía derecho a la inscripción y ascenso en
el escalafón docente regulado por el Decreto 2277 de 1979. Agregó que, aunque la
administración permitió su permanencia en el servicio y omitió declarar la insubsistencia
del nombramiento, ello no modificaba la situación jurídica de la demandante ni generaba
el derecho reclamado. Por último, precisó que no se acreditó la vulneración al derecho a
la igualdad alegada por la actora.

Recurso de apelación

14. La demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia. Explicó que sí cumplió los requisitos previstos en el parágrafo 1.º del artículo
105 de la Ley 115 de 1994, dado que prestaba sus servicios en una zona de difícil acceso
y se encontraba en proceso de profesionalización comprobado, circunstancia acreditada
con la obtención del título de licenciada en ciencias sociales el 28 de junio de 2001. Afirmó
que el Tribunal incurrió en error al contabilizar el término previsto en la Ley 115 de 1994

3

Radicación: 19001-23-33-000-2020-00489-01 (5163-2023)
Demandante: Rosilia González Arango

para acreditar la profesionalización desde la expedición de dicha norma y no desde la
fecha de su posesión como docente en octubre de 1997.

15. Manifestó que, contabilizando los dos años iniciales y los dos adicionales previstos
para quienes laboraban en zonas de difícil acceso, el plazo para acreditar el requisito
vencía en octubre de 2001, razón por la cual cumplió oportunamente las exigencias
legales para ser inscrita en el escalafón docente conforme a la norma referida. Agregó
que la sentencia citada por el Tribunal no resultaba aplicable a su caso, debido a que en
dicho precedente la docente no acreditó encontrarse en proceso de profesionalización ni
laborar en una zona de difícil acceso.

16. Expuso que la administración departamental omitió declarar la insubsistencia de su
nombramiento y le permitió continuar ejerciendo la docencia durante varios años,
situación que, en su criterio, obliga a la entidad a asumir las consecuencias derivadas de
dicha omisión y reconocerle la inscripción en el escalafón docente y los salarios
correspondientes al grado que le corresponde conforme a sus títulos y experiencia. Por
último, insistió en la vulneración de los derechos a la igualdad y al trabajo en condiciones
dignas, al percibir una remuneración inferior a la de otros docentes con similar formación
y experiencia.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

17. Mediante auto proferido el 11 de diciembre de 2023 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la demandante. La parte demandada no se pronunció sobre el recurso de
apelación y el agente del Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

18. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.

Problema jurídico

19. Corresponde a la Sala determinar si a la demandante le resultaba aplicable la
excepción prevista en el parágrafo 1.º del artículo 105 de la Ley 115 de 1994 para efectos
de acceder al escalafón docente. Dilucidado lo anterior, deberá establecerse si el Tribunal
contabilizó correctamente el término dispuesto legalmente para que la actora acreditara
el requisito de profesionalización y si aquella cumplió oportunamente las condiciones
exigidas para obtener su inscripción y ascenso en el escalafón docente.

4

Radicación: 19001-23-33-000-2020-00489-01 (5163-2023)
Demandante: Rosilia González Arango

Análisis

20. La Sala confirmará la sentencia apelada, por cuanto la demandante no acreditó el
cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder al escalafón docente regulado por
el Decreto 2277 de 1979 con las modificaciones que introdujo el Decreto 85 de 1980. El
régimen excepcional previsto en el parágrafo 1.º del artículo 105 de la Ley 115 de 1994
no le resultaba aplicable a la actora, dado que para la entrada en vigencia de dicha norma
no se encontraba vinculada al servicio educativo estatal, conforme pasa a explicarse.

21. Del material probatorio obrante en el expediente se advierte que la demandante fue
nombrada mediante Resolución 3622 del 3 de septiembre de 1997 por el Ministerio de
Educación Nacional como profesora en el Centro Promocional Santa María del municipio
de Timbiquí, Cauca, y tomó posesión el 1.º de octubre de 1997. En el acto de
nombramiento se precisó que la docente pertenecía al personal de educación contratada
de Guapi y que dicha vinculación se efectuaba bajo el amparo del Decreto 85 de 1980.

22. El Decreto 85 de 1980 incorporó una excepción al régimen general previsto en el
Decreto 2277 de 1979, al permitir el nombramiento de personas con título de bachiller
para ejercer la docencia en zonas rurales de difícil acceso o poblaciones apartadas,
siempre que no existiera personal docente titulado o en formación disponible para prestar
el servicio educativo. No obstante, la misma norma estableció que dichas personas
disponían de un plazo máximo de tres años contados desde la posesión para obtener el
título docente e inscribirse en el escalafón nacional docente.

23. En ese sentido, teniendo en cuenta que la demandante tomó posesión del cargo el
1.º de octubre de 1997, disponía hasta el 1.º de octubre de 2000 para acreditar la totalidad
de requisitos exigidos por el estatuto docente y acceder al escalafón nacional docente.
Sin embargo, se encuentra probado que la actora obtuvo el título de licenciada en
ciencias sociales apenas el 28 de junio de 2001, esto es, con posterioridad al vencimiento
del término legalmente previsto, razón por la cual incumplió las condiciones exigidas para
acceder al escalafón docente regulado por el Decreto 2277 de 1979, en concordancia
con el régimen excepcional previsto en el Decreto 85 de 1980.

24. Ahora bien, la demandante sostiene que en su caso resultaba aplicable el parágrafo
1.º del artículo 105 de la Ley 115 de 1994, debido a que laboraba en una zona de difícil
acceso y se encontraba en proceso de profesionalización comprobado. Dicha disposición
estableció que los bachilleres no escalafonados vinculados al servicio educativo estatal
tendrían derecho a incorporarse al escalafón nacional docente siempre que acreditaran
los requisitos respectivos dentro de los dos años siguientes, otorgando dos años
adicionales a quienes prestaran sus servicios en zonas de difícil acceso y demostraran
encontrarse en proceso de profesionalización.

25. La Corte Constitucional, en la sentencia C-562 de 1996, al declarar la exequibilidad
del citado parágrafo, precisó que esa disposición consagró un régimen excepcional y
transitorio en favor de quienes ya se encontraban vinculados al servicio educativo estatal
antes de la entrada en vigencia del sistema ordinario de ingreso mediante concurso,

5

Radicación: 19001-23-33-000-2020-00489-01 (5163-2023)
Demandante: Rosilia González Arango

permitiéndoles acceder al escalafón docente sin acudir al mecanismo general de
selección, siempre que acreditaran oportunamente los requisitos legales de
profesionalización.

26. No obstante, para el momento en que entró en vigencia la Ley 115 de 1994, esto es,
el 8 de febrero de 1994,1 la demandante no se encontraba vinculada al servicio educativo
estatal, pues únicamente fue nombrada mediante Resolución 3622 del 3 de septiembre
de 1997 y tomó posesión el 1.º de octubre del mismo año. Por consiguiente, no cumplía
el supuesto expresamente previsto en el parágrafo 1.º del artículo 105 de la Ley 115 de
1994, razón por la cual no podía beneficiarse de la excepción allí contemplada.

27. Así las cosas, la situación jurídica de la demandante debía examinarse
exclusivamente conforme al régimen previsto en el Decreto 85 de 1980, disposición bajo
la cual fue vinculada como docente bachiller en una zona de difícil acceso y que exigía
acreditar el requisito de profesionalización dentro de los tres años siguientes a la
posesión.

28. De otra parte, el hecho de que la administración departamental hubiera omitido
declarar la insubsistencia del nombramiento conforme a lo dispuesto en el Decreto 85 de
1980 y hubiera permitido la permanencia de la demandante en el servicio no tiene la
virtualidad de modificar los requisitos legales exigidos para acceder al escalafón docente
ni genera, por sí mismo, el derecho a la inscripción y ascenso reclamados. La omisión
administrativa frente a la declaratoria de insubsistencia no sanea el incumplimiento de las
condiciones previstas en la normativa aplicable.

29. Tampoco se acreditó la vulneración de los derechos a la igualdad y al trabajo en
condiciones dignas alegada por la actora, dado que no se demostraron situaciones
comparables que permitieran evidenciar un trato discriminatorio injustificado respecto de
otros docentes sometidos a las mismas condiciones legales y reglamentarias, por lo que
recae una carga probatoria sobre quien invoca la aplicación de igualdad en demostrar
quienes están en ese supuesto.

30. En consecuencia, comoquiera que la demandante no acreditó oportunamente los
requisitos exigidos para acceder al escalafón docente regulado por el Decreto 2277 de
1979 y no le resultaba aplicable el régimen excepcional previsto en el parágrafo 1.º del
artículo 105 de la Ley 115 de 1994, se confirmará la sentencia apelada que negó las
pretensiones de la demanda.

Condena en costas

31. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

1 Diario Oficial 41.214 de 8 de febrero de 1994.

6

Radicación: 19001-23-33-000-2020-00489-01 (5163-2023)
Demandante: Rosilia González Arango

32. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.

33. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366
del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.

34. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la demandante, por cuanto
no prosperaron los argumentos expuestos en el recurso de apelación encaminados a
desvirtuar la decisión de fondo adoptada por el Tribunal. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del
Tribunal Administrativo del Cauca.

35. Finalmente, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento respecto de la condena
en costas impuesta por el a quo, por no haber sido objeto de apelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 1.° de junio de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Cauca, conforme a lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la demandante, de acuerdo
con lo señalado en la parte motiva.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

7

Radicación: 19001-23-33-000-2020-00489-01 (5163-2023)
Demandante: Rosilia González Arango

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.