Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2020-00566-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2020-00566-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2020-00566-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
11 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001 23 33 000 2020 00566 01 (3135-2024)
Demandante: Ana Julia Ortiz de Lozano y Abraham Lozano Sánchez1
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Temas: Reconocimiento pensión de sobrevivientes
Decisión: Revocar la sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1.La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la entidad demandada contra la sentencia proferida el 22 de febrero de 2024
por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió a las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES2
1.1. Hechos y Pretensiones3
2. Se afirma que el señor William Alberto Lozano Ortiz se desempeñó como
patrullero de la Policía Nacional y falleció el 8 de marzo de 2012; en consecuencia,
los actores, en calidad de padres, elevaron petición ante dicha entidad con el fin de
obtener el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, solicitud que fue
resuelta en forma negativa mediante el Oficio 2-2021-004388 del 5 de febrero de
20214. En ese orden, los demandantes pretenden la nulidad de este último acto, y
como restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes sin prescripción, así como de las sumas correspondientes a las
mesadas pensionales y primas, incluyendo el valor de los aumentos decretados,
valores que deben ser indexados hasta la fecha en que se realice su pago.
1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
3. Se citan los artículos 1, 2, 4, 11, 13, 21, 23, 29, 48, 53 de la Constitución
Política; 70 del Decreto 1091 de 1995; 27 del Decreto 4433 de 2004; la Ley 923 de
2004 y la jurisprudencia de las altas cortes.
1 En calidad de padres del finado patrullero William Alberto Lozano Ortiz
2
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
3
Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 2 archivo 4ED_19001233300420200056(.zip) NroActua 2 –
01DemandaAnexos.pdf
4
Se precisa que si bien en la demanda se solicita la declaratoria de existencia y nulidad del acto ficto negativo producto del
silencio de la entidad respecto a la petición elevada por los demandantes el 27 de febrero de 2020, en audiencia inicial
celebrada el 7 de septiembre de 2023, en la etapa de saneamiento, el Tribunal encontró que la entidad dio respuesta expresa
a la petición presentada por la parte actora, razón por la cual y atendiendo a la naturaleza de la prestación reclamada tuvo
como acto demandado el Oficio No. 2-2021-004388-SEGEN/ARPRE-GRUPE-1.10 de 05 de febrero de 2021. La anterior
decisión no fue objeto de recursos.
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 1
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Demandante: Ana Julia Ortiz de Lozano y otro
4. En síntesis, señaló que los demandantes tienen derecho al reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes con fundamento en el artículo 27 del Decreto
4433 de 2004, toda vez que la muerte del patrullero William Alberto Lozano Ortiz se
calificó en actos meritorios del servicio, en consecuencia, ante la falta de cónyuge
e hijos, los padres son llamados a beneficiarse de la prestación, más aún si
dependían económicamente del causante; circunstancia esta última que alegan se
encuentra debidamente acreditada, puesto que el ingreso mínimo que recibe la
madre y el salario que devenga el padre, no resultan suficientes para cubrir sus
necesidades básicas.
1.3. Contestación de la demanda5
5. La entidad contestó en tiempo la demanda, se opuso a las pretensiones
argumentando que los demandantes no acreditan el requisito de dependencia
económica necesario para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, en
tanto en el expediente no existe medio de prueba que permita concluir que el extinto
patrullero Lozano Ortiz pagaba directamente el canon de arriendo de sus padres; y
era imposible que mensualmente viajara a cumplir con esta obligación dadas las
condiciones de inseguridad del departamento en el que trabajaba.
6. De otra parte, alegó que debió demandarse en tiempo la Resolución 00736
del 20 de abril de 2013, a través de la cual se decidió sobre el derecho reclamado y
no pretender con la presentación de una nueva solicitud revivir términos legalmente
concluidos, pues, este último oficio cuya nulidad se pretende a través de este
proceso judicial, lo que hizo fue reiterar la negativa contenida en la resolución del
año 2013. Para culminar propuso las excepciones de prescripción y la innominada
o genérica.
1.4. Sentencia de primera instancia6
7. El Tribunal Administrativo del Cauca en sentencia del 22 de febrero de 2024
corregida mediante auto del 16 de abril de 20247, accedió a las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte vencida, para tal efecto consideró que,
para la fecha en que se produjo el fallecimiento del patrullero Lozano Ortiz, la norma
vigente era el Decreto 4433 de 2004, que contempla el reconocimiento de una
pensión de sobrevivientes a favor de los beneficiarios del uniformado fallecido en
caso de que la muerte sea calificada en actos especiales del servicio y siempre y
cuando se acredite la dependencia económica con el causante.
8. Que al revisar los elementos de prueba aportados al plenario, en especial los
testimonios, estos son coherentes en su dicho y coinciden entre sí, en cuanto
conocieron en forma directa de la dependencia económica de los demandantes con
el fallecido; además se acreditó que la señora Ana Julia Ortiz acudió a un préstamo
5
Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 2 archivo 4ED_19001233300420200056(.zip) NroActua 2 – 14.
ContestyaciónPoliciaNaciona.pdf
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41SentenciaPrimeraInstancia.pdf
7
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46AutoCorrigeSentencia.pdf
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Demandante: Ana Julia Ortiz de Lozano y otro
bancario para solventar los gastos de ingreso de su hijo a la Policía Nacional y que
lo pagó con su pensión.
9. Concluyó que se aportaron suficientes elementos de prueba para corroborar
la dependencia económica de los padres, ayuda económica que era significativa e
importante, pues contribuía con su sostenimiento económico, al punto que después
del fallecimiento de su hijo la señora Ana Julia Ortiz debió regresar a la casa de su
madre, por la imposibilidad de pagar el canon de arriendo.
10. Sostuvo que, si bien aquella devenga pensión de vejez, que para el año 2012
ascendía a la suma de $424.960, y el señor Abraham Lozano devengaba un salario
de $849.194 producto de su labor como celador, acudiendo a las máximas de
experiencia resulta claro que estos valores no son suficientes para su congrua
subsistencia. En consecuencia, declaró la nulidad del acto demandado y a título de
restablecimiento del derecho ordenó a la entidad reconocer la pensión de
sobrevivientes en los términos del artículo 27 del Decreto 4433 de 2004, esto es
equivalente al 50% de las partidas establecidas en el artículo 23 del Decreto 4433
de 2004 tomando para tal efecto el grado conferido póstumamente (subintendente),
prestación efectiva a partir del 9 de marzo de 2012, día siguiente al deceso con
efectos fiscales desde el 27 de febrero de 2017, por prescripción.
11. Finalmente, no ordenó descontar las sumas reconocidas por concepto de
compensación por muerte, toda vez que el artículo 70 del Decreto 1091 de 1995
cuando el fallecimiento del uniformado se produce en actos meritorios del servicio,
ordena el reconocimiento de una compensación por muerte, cesantías y pensión
mensual, lo anterior significa que las sumas no son incompatibles.
1.5. Recurso de apelación8
12. A través de apoderado, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, a
fin de que esta sea revocada. Como motivo de inconformidad, sostuvo que los
demandantes no dependían económicamente del patrullero William Alberto Lozano
Ortiz, puesto que la señora Ana Julia Ortiz de Lozano goza de pensión de jubilación
reconocida por Colpensiones en cuantía de un salario mínimo y el señor Abraham
Lozano Sánchez se encuentra pensionado por Porvenir con una mesada que según
su decir asciende a la suma de $1.100.000. Además, atendiendo a la modalidad de
permisos prevista en la Resolución 01361, el causante no podía trasladarse hasta
la Dorada Caldas todos los meses a pagar el arriendo, pues su lugar de trabajo
estaba ubicado en el departamento del Cauca.
13. Una de las testigos escuchadas en el proceso, manifestó que el causante
arrendó un apartaestudio para vivir con su madre, no obstante, él laboraba en el
departamento del Cauca, además no existe solicitud de traslado ante el comité de
gestión humana por caso especial en el entendido de que él era el único que velaba
por sus padres, puesto que tenía más hermanos que podían velar por ellos.
8
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44.RecursoApelación.pdf
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14. Reiteró que la parte actora debió demandar la Resolución 00736 del 30 de
abril de 2013 que negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y no
pretender mediante una nueva petición revivir los términos legalmente concluidos.
Finalmente expuso las razones por las cuales al presente asunto no resulta
aplicable la Ley 100 de 1993.
1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia
15. Mediante auto de 5 de agosto de 2024, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada9. No hubo intervenciones en esta instancia.
16. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que
observe la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
17. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo10, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso11, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante.
2.2. Del problema jurídico
18. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si los señores Ana Julia
Ortiz de Lozano y Abraham Lozano Sánchez acreditan el requisito de dependencia
económica exigido por el artículo 27 del Decreto 4433 de 2004, para efectos del
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes en calidad de padres del extinto
patrullero William Alberto Lozano Ortiz (q.e.p.d.).
2.3. Normas y jurisprudencia aplicables al asunto
2.3.1 Sobre la pensión de sobrevivientes
19. Los miembros de la Policía Nacional se encuentran amparados por un
régimen especial en materia de seguridad social a voces de lo ordenado en el
artículo 218 Constitucional12, en consecuencia, resulta pertinente analizar los
requisitos y prestaciones establecidas en materia de pensión de sobrevivientes
atendiendo a la fecha en que se causó el deceso del patrullero William Alberto
Lozano Cruz, esto es, el 8 de marzo de 201213, bajo la consideración de que la
9
Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 4
10
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
11
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
12
La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los
habitantes de Colombia convivan en paz.
La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.
13
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muerte fue calificada “en actos especiales del servicio”14. En ese orden, las normas
que resultan aplicables a su situación jurídica corresponden a las contenidas en la
Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004.
20. Sobre el particular el artículo 3 de la Ley 923 de 200415, establece los
elementos mínimos que deben considerarse para efectos del reconocimiento, entre
otros, de la pensión a sobrevivientes, así:
«(…)
3.6. El derecho para acceder a la pensión de sobrevivientes, así como su monto, será
fijado teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias en que
se origine la muerte del miembro de la Fuerza Pública y el monto de la pensión en ningún
caso podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la
asignación de retiro en el evento de la muerte en combate, en actos meritorios del servicio
o en misión del servicio. En el caso de muerte simplemente en actividad el monto de la
pensión no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) cuando el miembro de la Fuerza
Pública tenga quince (15) o más años de servicio al momento de la muerte, ni al cuarenta
por ciento (40%) cuando el tiempo de servicio sea inferior.
Solo en el caso de muerte simplemente en actividad se podrá exigir como requisito para
acceder al derecho, un tiempo de servicio que no sea superior a un (1) año a partir de la
fecha en que se termine el respectivo curso de formación y sea dado de alta en la
respectiva carrera como miembro de la Fuerza Pública.
3.7. El orden de beneficiarios de las pensiones de sobrevivencia y de la sustitución de la
asignación de retiro o de la pensión de invalidez será establecido teniendo en cuenta los
miembros del grupo familiar y el parentesco con el titular.
(…)
3.12. Las indemnizaciones prestacionales por disminución de la capacidad psicofísica o
por muerte son compatibles con la pensión o asignación de retiro que se llegare a otorgar,
de conformidad con las normas que las regulan, sin que haya lugar a indemnización
sustitutiva.»
21. En desarrollo de lo expuesto en la norma en cita, el legislador expidió el
Decreto 4433 de 200416, que en su artículo 11 establece el orden de beneficios por
muerte en servicio activo así: “Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente
sobreviviente, ni hijos, la prestación se dividirá entre los padres, siempre y
cuando dependieran económicamente del causante.”
22. De otra parte, el artículo 2717 ibidem respecto a la muerte en actos especiales
del servicio, señala que al fallecimiento de un miembro del nivel ejecutivo de la
14
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01DemandaAnexos.pdf – folios 20 - 25
15
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo
150,
numeral 19, literal e) de la Constitución Política.
16
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.”
17
Artículo 27. Muerte en actos especiales del servicio. A la muerte de un Oficial, Suboficial, o Agente de la Policía Nacional
en servicio activo, o del personal que ingrese al Nivel Ejecutivo a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, en
actos meritorios del servicio, en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en conflicto internacional
o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden y proporción establecida en el
artículo 11 del presente decreto tendrán derecho a partir de la fecha del fallecimiento, a que por el Tesoro Público se les
pague una pensión mensual, reconocida por la Dirección General de la Policía Nacional, la cual será liquidada así:
27.1 El cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación de retiro, en el grado conferido
póstumamente, cuando el causante tuviere quince (15) años o menos de servicio.
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Policía Nacional en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de ese decreto
en actos meritorios del servicio, en combate o como consecuencia de la acción del
enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o
restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden y proporción
establecidos en la ley tendrán derecho a partir de la fecha del fallecimiento a que el
tesoro público les pague una pensión mensual liquidada de acuerdo con el grado
conferido póstumamente en el 50% de las partidas computables para asignación de
retiro, cuando el causante tuviere 15 años de servicios o menos18.
2.3.2 Sobre la dependencia económica
23. La Corte Constitucional en sentencia C- 111 del 22 de febrero de 200619 al
revisar la constitucional del literal e) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado
por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en relación con el requisito de la
dependencia económica, orientó: “(…) para poder acreditar la dependencia
económica, no es necesario demostrar la carencia total y absoluta de recursos -
propio de una persona que se encuentra en estado de desprotección, abandono,
miseria o indigencia- sino que, por el contrario, basta la comprobación de la
imposibilidad de mantener el mínimo existencial que les permita a los beneficiarios
obtener los ingresos indispensables para subsistir de manera digna.”
24. En esa oportunidad, fijó las siguientes reglas para determinar si una persona
es o no dependiente económicamente a partir de la valoración del conjunto de
condiciones materiales necesarias para asegurar su congrua subsistencia, así:
«1. Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder
a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna20.
2. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica21.
3. No constituye independencia económica recibir otra prestación22. Por ello, entre otras
cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de
sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de
199323.
27.2 El cincuenta por ciento (50%) se incrementará en un cuatro por ciento (4%) adicional, por cada año que exceda los
quince (15), sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%) por los primeros veinticuatro (24) años.
27.3 A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral anterior se incrementará en un dos por ciento (2%)
por cada año adicional, sin que en ningún caso el total pueda exceder el noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas
computables.
Parágrafo 1. A la muerte de un miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo a la fecha de entrada en
vigencia del presente decreto, en actos meritorios del servicio, en combate o como consecuencia de la acción del enemigo,
bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden
y proporción establecidos en el artículo 11 del presente decreto, tendrán derecho a partir de la fecha del fallecimiento, a que
por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual, reconocida por la Dirección General de la Policía Nacional, liquidada
de acuerdo con el grado conferido póstumamente y equivalente al ciento por ciento (100%) de las partidas establecidas en el
artículo 23 del presente decreto.
Parágrafo 2. Parágrafo adicionado por el Art. 16 del Decreto 669 de 2022. A la muerte de un uniformado en el grado de
Patrullero del Nivel Ejecutivo en servicio activo calificada en actos especiales del servicio, a partir de la entrada en vigencia
de la Ley 2179 de 2021, la pensión de sobreviviente se liquidará con las partidas más favorables, es decir, sus beneficiarios
optarán entre las que venía devengando como Patrullero del Nivel Ejecutivo reconociéndose para dicho caso los porcentajes
hasta la quinta distinción póstumamente, o las del grado de Subintendente conferido póstumamente.
18
El patrullero William Alberto Lozano Ortiz prestó sus servicios a la Policía Nacional por 5 años, 5 meses y 5 días, incluido
el tiempo de alumno y los 3 meses de alta. Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 2 archivo
4ED_19001233300420200056(.zip) NroActua 2 – 01DemandaAnexos.pdf – folio 16
19
Corte Constitucional, sentencia C-111 de 22 de febrero de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil
20
Sentencia T-574 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
21
Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
22
Sentencia T-281 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
23
Dispone la norma en cita: “Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez”
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4. La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario
esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional24.
5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir
ingresos permanentes y suficientes25.
6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica26.»
25. Sobre el particular, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ-SII
010-201827, orientó respecto al requisito de la dependencia económica para efectos
del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, lo siguiente:
«(…) La medida está orientada a constatar la suficiencia o no de recursos del núcleo
familiar de manera que se les asegure una vida en condiciones dignas. No obstante, esto
no conlleva la necesidad de demostrar que se carece por completo de recursos,
pues tal interpretación desconoce el principio de proporcionalidad, al sacrificar derechos
de mayor entidad, como los del mínimo vital y el respeto a la dignidad humana y los
postulados constitucionales de solidaridad y protección integral a la familia.» (Resalta la
Sala)
26. En esa línea, el requisito de dependencia económica para acceder a la
pensión de sobrevivientes por parte de los beneficiarios de los miembros de la
Policía Nacional no implica demostrar carencia total y absoluta de recursos sino
basta la comprobación de la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que
les permita a los beneficiarios obtener los ingresos indispensables para subsistir de
manera digna.
2.4. Cuestión previa
27. Con el recurso de apelación, la entidad, alegando la excepción de
prescripción extintiva aduce que no debió demandarse el acto administrativo Oficio
2-2021-004388 del 5 de febrero de 2021, dado que este solo reiteró la negativa
frente a la pensión de sobrevivientes ya expresada en Resolución 00736 del 30 de
abril de 2013, este último notificado a los actores, quienes renunciaron a interponer
recursos. Por estas mismas razones aduce que la decisión del tribunal es inepta e
improcedente.
28. Pues bien, revisado el plenario en efecto se encuentra que mediante la
Resolución 00736 de 30 de abril de 2013, la entidad reconoció compensación por
muerte a los aquí actores y les negó la pensión de sobrevivientes, al estimar que no
se encontraba acreditada la dependencia económica con respecto de su finado hijo,
quien prestó servicios a la Policía Nacional; para el efecto valoró declaraciones extra
juicio aportadas por aquellos, y que datan de 15 y 25 de mayo de 2012. Y se les
24
Sentencias T-574 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T- 996 de 2005. (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Del mismo modo,
la Corte Suprema de Justicia ha dicho: “Fungiendo la Corte como juez de segunda instancia, además de las consideraciones
expuestas en sede de casación, es pertinente acotar que respecto del argumento del Tribunal para colegir que el demandante
disponía de medios económicos suficientes para su subsistencia por recibir de manera ocasional $20.000 0 $ 25.000
semanales y por estar percibiendo su cónyuge un salario mínimo legal mensual, no es más que una suposición del juzgador,
pues ello no conduce necesariamente a concluir que esta persona sea autosuficiente económicamente, como erradamente
lo concluyó. (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Radicación No. 22.132. Sentencia del 11 de mayo de
2004. Magistrado Ponente: Carlos Isaac Nader).
25
Sentencia T-076 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y Auto 127A de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
26
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, fallo del 9 de abril de 2003. Radiación No. 21.360.
27
Consejo de Estado, sentencia de unificación SUJ-010-S2 del12 de abril de 2018, Sección Segunda, expediente No. 81001
23 33 000 2014 00013 01 (1321-15) actor: Pastora Ochoa Osorio, demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional.
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Demandante: Ana Julia Ortiz de Lozano y otro
informó que contra esa decisión procedían los recursos de reposición y apelación,
que destaca la entidad no fueron interpuestos.
29. En ese orden, si bien es cierto que en principio este era el acto administrativo
que contenía la negativa, lo cierto es que, presentada una nueva reclamación
administrativa, la entidad dio respuesta negativa mediante el acto acusado en el
presente asunto, expedido el 5 de febrero de 2021, en el que trajo a colación el
contenido de la resolución emitida en el año 2013, y en el que de manera general
se refirió a un nuevo argumento expuesto por los interesados, relacionado con
precedentes jurisprudenciales en los que respaldaban su solicitud, estimando que
estos no eran vinculantes.
30. Así entonces, para la Sala la entidad con este acto nuevamente definió la
situación jurídica de los petentes, y los habilitó para cuestionar su legalidad ante la
jurisdicción contencioso administrativa, máxime cuando el mismo resuelve sobre
prestaciones periódicas. De manera que, es viable el estudio de fondo de este;
siendo pertinente finalmente destacar que, el análisis de prescripción que habría
lugar a realizar en este asunto recaería sobre las mesadas causadas más no frente
al derecho pensional, pues este es imprescriptible.
2.5 Análisis crítico de los medios de prueba y caso concreto
31. Se encuentra acreditado en el plenario y no es motivo de discusión que el
señor William Alberto Lozano Ortiz nació el 17 de noviembre de 1990 y es hijo de
Ana Julia Ortiz Ariza y Abraham Lozano Sánchez28. Así mismo, que falleció el 8 de
marzo de 2012, según registro civil de defunción 0587434929.
32. También se demostró que prestó sus servicios en la Policía Nacional por 2
años, 5 meses y 5 días30, incluido el tiempo de alumno y los 3 meses de alta, y que
el comandante del departamento de Policía del Cauca mediante informe
administrativo prestacional por muerte 008/201231 calificó su muerte en actos
especiales del servicio.
33. En atención a los hechos en que se produjo el fallecimiento del PT William
Alberto Lozano Ortiz, la dirección general de la Policía Nacional a través de la
Resolución 01000 del 8 de marzo de 2013, corregida mediante Resolución 01273
de 10 de abril de 2013, lo ascendió en forma póstuma al grado de Subintendente a
partir del día 8 de marzo de 201232.
28
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29
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30
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31
«PRIMERO: Que las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que murió el señor PT. WILLIMA ALBERTO LOZANO
ORTIZ, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 1.054.553.442, se enmarcan dentro de lo estipulado en
los Artículos 70 y 71 CAPITULO IV del Decreto 1091 de junio 27 de 1995 en el literal c) “Muerte en actos meritorios del
servicio”, en concordancia con el Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, en su CAPITULO III “Pensión de Sobrevivientes”,
en lo enmarcado en el Artículo 27 “Muerte en actos especiales del servicio”.» - Expediente digital segunda instancia índice
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32
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34. A través de la Resolución 00736 del 30 de abril de 2013, el subdirector
general de la Policía Nacional reconoció y ordenó el pago de $83.221.260 por
concepto de compensación por muerte a favor de Ana Julia Ortiz Lozano y Abraham
Lozano Sánchez. Así mismo y en atención a que consideró que no se acreditó que
dependían económicamente del causante les negó el reconocimiento y pago de una
pensión de sobrevivientes33.
35. Ahora, en sentencia apelada el Tribunal Administrativo del Cauca accedió a
las pretensiones, estimando por el contrario que, si está probado el requisito de
dependencia en comento, aspecto sobre el cual la entidad centra su recurso de
apelación, y por ende solicita revocar dicho fallo.
36. La Sala anticipará que, conforme al material probatorio recaudado hay lugar
a revocar la sentencia de primera instancia, pues, como se verá, la dependencia
económica no se encuentra debidamente demostrada por los padres del finado
policial.
37. Véase que los actores presentaron declaración extra juicio de fechas 15 y 22
de mayo de 2012 en la que manifestaron que dependían económicamente de su
hijo. Además, allegaron pruebas documentales con las que aducen se evidencia
que el finado les prestaba apoyo económico para sufragar el pago de arriendos a
cada uno, pues estaban separados desde hace 18 años, e igualmente para
alimentos y otros gastos, lo que consolida la dependencia frente a aquél.
38. Así, reposan contratos de arrendamiento que dan cuenta del negocio jurídico
realizado por la actora Ana Julia (en calidad de arrendataria) y la señora Doris
Gaona Triene el 15 de febrero de 2011, con término de duración de doce meses 34;
copia de los recibos de pago correspondientes a los meses de marzo a diciembre
de 2011 y enero a febrero de 2012, que evidencia pago por concepto de arriendo
por parte del causante (abonos de $300.000)35; así como contrato de arrendamiento
suscrito el 1 de marzo de 2011 entre la señora Ana Victoria Varón Oliveros
(arrendador) y el señor Abraham Lozano Sánchez (arrendatario), con un canon fijo
mensual de $400.000, por el término de 12 meses36, y recibos de pago de los meses
de abril a diciembre de 2011, y enero a febrero de 2012, por abonos efectuados por
el fallecido hijo de los actores por la suma de $250,00037.
39. A su turno, obra el testimonio de la señora Doris Gaona Triana, quien
respecto de la actora afirmó i) conocerla desde hace aproximadamente 21 años
porque eran compañeras de trabajo; ii) que tiene tres hijos vivos y un cuarto de
profesión policía fallecido de nombre William Alberto Lozano Ortiz; iii) que a este lo
33
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34
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35
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36
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conoció desde que era un niño por la cercanía que tenía con su madre; iv) que esta
última se encuentra pensionada. V) Que les arrendó un aparta estudio en el que
vivían ambos, precisando que a este lugar llegaba su hijo siempre que salía de
permiso, pues trabajaba en el Cauca, lo cual tenía lugar aproximadamente una vez
al mes; vi) que tiene conocimiento que aquél ayudaba económicamente a su madre
con mercado y el arriendo, sosteniendo frente a esto último que el contrato lo firmó
la actora, que desconocía el acuerdo entre ellos pero que William mensualmente le
entregaba $300.000 y la señora Ana Julia $150.000, que a veces le entregaba el
canon completo porque William le giraba la plata. vii) Así mismo, que le dejaba
dinero para los gastos personales así fuera poco. Indicó que William le contó que
su mamá estaba endeudada por un préstamo que adquirió para que él ingresará a
la Policía Nacional. Viii) Finalmente se refirió a los otros hijos de los actores, de
nombres Rodrigo, Tatiana y Xiomara quienes tienen hogares independientes con
hijos; que la demandante antes de vivir con su fallecido hijo, vivía con su mamá
quien estaba enferma, y con ocasión a la muerte de aquél regresó al hogar de su
madre porque era difícil solventar sola el pago del arriendo.
40. Por su parte el señor Jason Andrés Murillo Espinosa en cuanto a la actora
sostuvo i) que era amigo de su hijo (q.e.p.d) por lo que la conocía desde hace uno
16 años; que aquél poco le hablaba de su papá, pero frente a su mamá le expreso
que vivían en un apartaestudio, que antes de su ingreso a la Policía el finado vendía
arepas porque debía contribuir en su casa, que luego ingresó a la Policía y laboraba
en el departamento del Cauca. ii) Que su amigo le contó que contribuía a su madre
para gastos de mercado y vivienda, que ella había incurrido en unos gastos para
ayudarlo a ingresar a la Policía; que la visitaba aproximadamente una vez al mes
cuando le daban permiso. iii) Afirmó que la señora Ana Julia estaba pensionada, y
que si bien en alguna oportunidad le contó que también ayudaba a su papá no
profundizaron sobre el tema.
41. Ahora, respecto al señor Abraham Lozano Sánchez -padre del causante- la
testigo Ana Victoria Varón manifestó conocerlo hace aproximadamente 15 años
porque es amigo de su papá y además son vecinos; afirmó que aquél tenía cuatro
hijos, que William Lozano Ortiz era su hijo menor, que quería ingresar a la Policía
Nacional y que sus padres lo ayudaron para ello. Que cuando aquél logró ingresar
a dicho ente, empezó a prestó ayuda económicamente a su progenitor. Expone la
testigo que le arrendó a este último un inmueble con un canon de $400.000
mensuales, de los cuales el fallecido se comprometió a darle $250.000 y el señor
Abraham Lozano el excedente. Que le consta que le enviaba mensualmente dinero
al papá con dinero, y que el pago del arriendo el causante lo hacía en forme personal
o lo enviaba. Agregó que el demandante vivía solo y una vez se produjo el deceso
del joven desocupó el inmueble; que era de oficio celador en un condominio y en
virtud de ese trabajo estaba pensionado.
42. Seguidamente en declaración de parte el actor Abraham Lozano Sánchez
señaló que su hijo William le ayudaba económicamente y también a la mamá, que
mensualmente le entregaba $250.000 para pagar arriendo del apartamento donde
vivía que era de $400.000 y el completaba los $150.000 faltantes, igual hacia con
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su mamá; que los visitaba cada vez que iba a descanso en promedio una vez al
mes oportunidad en la cual le llevaba dinero y mercado, lo invitaba a comer a la
calle y le dejaba entre $50.000 y $100.000, que era una ayuda permanente hasta la
fecha en que falleció, que se pensionó en el año 2015 y que recibía por concepto
de mesada la suma de $1.100.000; expresó que actualmente vive en una casa de
propiedad de su pareja sentimental y que de su pensión saca para la comida y
servicios públicos, que la relación afectiva con la nueva señora existe hace 5 o 6
años.
43. Pues bien, analizado en conjunto el material probatorio referenciado, estima
la Subsección que le asiste razón a la entidad recurrente que con el recurso
cuestiona el cumplimiento del requisito de dependencia económica; para la Sala, si
bien no existe duda que William Lozano Ortiz (q.e.p.d) prestó apoyo económico a
sus padres, lo cierto es que no se logró demostrar con suficiencia que aquellos
dependieran de aquél para su subsistencia.
44. Importante mencionar que, el hecho de que ambos progenitores reciban una
mesada pensional no implica per se que no puedan depender económicamente de
su hijo, pero si exige que acrediten que este ingreso les es insuficiente para sufragar
sus necesidades básicas. Aspecto este último que se echa de menos, pues, en lo
que corresponde a la señora Ana Julia Ortiz -madre-, las pruebas testimoniales dan
cuenta que aquélla cubrió los costos de su hijo para ingresar a la Policía Nacional,
para lo que adquirió un préstamo bancario que ya solventó en el año 2014, pagos
que efectuó con lo percibido por pensión.38
45. Ahora, el hecho probado de que aquella suscribió un contrato de
arrendamiento, y que el pago del canon era compartido con su hijo, e incluso que
este le llevaba mercados, tampoco es indicativo de una dependencia económica,
pues, el expediente no revela que ante la falta de este apoyo la progenitora tenga
problemas para llevar una vida digna, máxime cuando continúa devengando una
mesada pensional. A ello se suma que, el hecho de que haya tenido que regresar a
convivir con su madre, no se debe únicamente a que no pueda costear el pago de
un arriendo, sino a que aquella es discapacitada y requiere de cuidados; es más, en
la declaración de parte la señora Ana Julia Ortiz de Lozano afirma que su madre
requiere de medicamentos y pañales y que su pensión le es insuficiente, por lo que
atribuye la necesidad de recursos frente a estos hechos que afrontó luego del
deceso de su hijo.
46. Lo propio ocurre respecto del señor Abraham Lozano -padre- quien, si bien
afirma que dependía económicamente de su fallecido hijo, no logra demostrar por
qué lo recibido por concepto de mesada pensional, que según afirma asciende a
38
Está probado que en la nómina del mes de abril de 2012 devengó por mesada por valor de $889.479, valor al cual se le
realizaron los descuentos de ley por concepto de salud ($106.700), afiliación a COOPBOSQUE LTDA ($1.000) y dos
descuentos por concepto de préstamos en COOPBOSQUE LIMITADA ($146.931) y Banco Popular ($209.887), para un valor
neto a recibir de $424.961. Ver Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 2 archivo
4ED_19001233300420200056(.zip) NroActua 2 – 01DemandaAnexos.pdf – folios 38 y 68
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$1.100.000, le es insuficiente. Así, aunque se encuentra probado el aporte que
hacía aquél para efectos del pago de canon de arrendamiento, lo cierto es que los
testigos no ofrecen mayor claridad sobre lo esencial del apoyo económico que
recibió, véase por ejemplo que Jason Andrés Murillo Espinosa, en su declaración
afirmó que aunque William Lozano Ortiz (q.e.p.d) le comentó que ayudaba a su
papá, pero no le dio mayor información al respecto; por su parte la deponte Ana
Victoria Varón, se centró en el tema de apoyo para efectos del pago de arriendo,
haciendo mención general a que le daba mercados y otras sumas de dinero cuando
lo visitaba.
47. Ahora, aun cuando la señora Ana Julia Ortiz y el señor Abraham Lozano en
sus declaraciones insistieron en el aporte que su hijo en vida les hacía para temas
de vivienda y mercado, se insiste, ello no resulta suficiente para establecer una real
y verdadera dependencia económica en los términos exigidos por la ley, ya que no
se logra demostrar un cambio sustancial en las condiciones de vida de aquellos ante
la falta de ese aporte económico, que pueda afectar su congrua existencia. Se
destaca que el padre del desaparecido militar indica que hoy convive con su actual
pareja, en una vivienda de propiedad de esta y que percibe una pensión, de la cual
sufraga gastos de alimentación y servicios públicos; de manera que, conforme las
pruebas aportadas se logra advertir que los actores pueden por sus sus propios
medios mantener su mínimo existencial en condiciones dignas.39
48. En ese orden, estima la Subsección que en este caso no se encuentra
probada la dependencia económica exigida para efectos del reconocimiento de la
pensión sobreviviente a los padres; máxime cuando percibiendo cada uno una
mesada pensional, no exponen situaciones especiales existentes desde la época
en que su hijo les prestaba apoyo económico, que dificulten el normal desarrollo de
sus vidas concretamente para sufragar las necesidades esenciales luego del
deceso de aquél.
49. Así entonces, hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia, para en
su lugar negar las pretensiones de la demanda.
2.5. Condena en costas en ambas instancias
50. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
51. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
39
En cuanto a la dependencia económica esta Subsección ha referido de manera pacífica “comprende la falta de condiciones
materiales mínimas en cabeza de los beneficiarios del causante de la pensión de sobrevivientes, para auto proporcionarse o
mantener su subsistencia; por tal motivo, la presencia de ciertos ingresos no constituye la falta de aquella, toda vez que tan
solo se es independiente cuando el solicitante puede por sus propios medios mantener su mínimo existencial en condiciones
dignas.” Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente No. 76001 23 33 000 2014 00173 01 (2908-
2020) actor: Oscar Jesús Prado Penagos, demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
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de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
52. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
53. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante en ambas
instancias, por cuanto la sentencia de primera instancia será revocada en su
totalidad. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Cauca.
54. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 22 de febrero de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Cauca que accedió a las súplicas incoadas en la
demanda dentro del proceso promovido por los señores Ana Julia Ortiz de Lozano
y Abraham Lozano Sánchez en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme la motivación.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante -
parte vencida- en este proceso por los motivos expuestos en esta providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
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La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
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