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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2020-00647-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2020-00647-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 08 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que declaró probada la excepción de cosa juzgada, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2020-00647-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001 23 33 000 2020 00647 01 (1867–2025)
Demandante: Dumer Rangel Rivera Quiñones
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Cosa Juzgada. Ley 1437 de 2011

Decisión: Confirma sentencia que declaró cosa juzgada

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia de 08 de febrero de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las súplicas de la demanda y
declaró la cosa juzgada.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Hechos y pretensiones de la demanda
2. El señor Dumer Rangel Rivera Quiñones, por intermedio de apoderado
judicial, solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 030888 del 16 de
octubre de 2019 y RDP 036069 del 29 de noviembre de 2019, por medio de las
cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, negó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia y resolvió negativamente un recurso de apelación, respectivamente.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de
una pensión gracia con la inclusión de todos los factores salariales devengados en
el año inmediatamente anterior a adquirir el estatus pensional con los respectivos
reajustes de ley, las mesadas debidamente indexadas y actualizadas conforme al
artículo 187 del CPACA; el pago de intereses moratorios; el cumplimiento de la
sentencia y se condene en costas a la entidad demandada.

4. Finalmente, en subsidio, solicita que, si se considera nacional el tiempo
laborado entre el 4 de marzo de 1997 y el 3 de marzo de 1999, dicho período sea
excluido del cómputo y se tenga que el estatus pensional se consolidó el 20 de
septiembre de 2001, fecha a partir de la cual debe reconocerse y liquidarse la

1
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.

Radicado: 19001 23 33 000 2020 00647 01 (1867–2025)
Demandante: Dumer Rangel Rivera Quiñones

prestación.

5. El señor Dumer Rangel Rivera Quiñones indicó que prestó servicio docente
i) desde el 17 de septiembre de 1979 hasta el 2 de julio de 1994, adscrito a la
Secretaría de Educación y Cultura del Cauca; ii) desde el 04 de marzo de 1997
hasta el 03 de marzo de 1999, al servicio del Municipio de Popayán, nombrado; iii)
fue incorporado a la planta municipal y nombrado como docente de tiempo completo
en la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, por medio del Decreto 1076-
25-10-99 del 25 de octubre de 1999 hasta por lo menos la fecha de la presentación
de la demanda.

6. Solicitó ante CAJANAL el reconocimiento de la pensión gracia, siendo
negada mediante el acto RDP 058580 del 31 de diciembre de 2013 al considerar
que no acreditaba tiempo válido para el derecho desde el año 1997 por tratarse de
servicio nacional; sin embargo, aduce que el Ministerio de Educación Nacional,
certificó en febrero de 2013 que no existe registro alguno de que el docente haya
laborado para ese Ministerio. Y luego peticionó nuevamente el 19 de julio de 2019,
obteniendo respuesta negativa, al considerarse que prestó servicio como docente
nacional.

1.1. Fundamentos de derecho y concepto de violación
7. Indicó que la entidad demandada transgredió el preámbulo y los artículos 1,
2, 6, 13, 25, 29, 46, 48, 53, 90, 121, 125, 128 y 209 de la Constitución Política; así
como el artículo 137 de la Ley 1437; los artículos 1° a 4° de la Ley 114 de 1913; el
artículo 6° de la Ley 116 de 1928; el artículo 3° de la Ley 37 de 1933; los artículos
1° y 3° del Decreto 2285 de 1955; las disposiciones de la Ley 43 de 1975 y su
Decreto 223 de 1977; el artículo 17 de la Ley 6 de 1945; el artículo 1° (inciso 2°) de
la Ley 33 de 1985; y el artículo 15 numeral 2 literal A de la Ley 91 de 1989.

8. Explicó que cumplió con los requisitos exigidos para el reconocimiento de la
pensión gracia, sin embargo, la entidad demandada negó el derecho prestacional
del docente, en clara omisión de la jurisprudencia sobre la materia; y que la entidad
realizó una clasificación errónea de la vinculación docente y sin atender las reglas
legales y jurisprudenciales sobre el cómputo del tiempo territorial–nacionalizado;
vulnerando de paso los principios de legalidad y favorabilidad, así como los
derechos a la seguridad social, el debido proceso y el mínimo vital, por lo que el
acto está viciado de nulidad por violación de normas superiores.

1.2. Contestación de la demanda2
9. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a través de
apoderado, presentó escrito con el que se opuso a la prosperidad de las
pretensiones exponiendo que, según las certificaciones obrantes en el expediente,
la labor docente del señor Rivera Quiñones entre los años 1997 y 2015 es de tipo
nacional, lo que impide su computo para esta prestación. Que los actos

2
Visible en el archivo 14ContestacionDemandaUGPP.pdf del expediente digital. La demanda fue presentada el 22 de
octubre de 2020 y admitida el 11 de junio de 2021

Radicado: 19001 23 33 000 2020 00647 01 (1867–2025)
Demandante: Dumer Rangel Rivera Quiñones

demandados fueron expedidos conforme a la ley y de acuerdo con la jurisprudencia
que excluye los tiempos nacionales para efectos de reconocer la pensión gracia.

10. Finalmente, propuso como excepciones la i) inexistencia de la obligación y
cobro de lo no debido; ii) ausencia de vicios en los actos administrativos
demandados; iii) prescripción; iv) buena fe; v) innominada.

1.3. Sentencia de primera instancia3
11. Con fallo de 08 de febrero de 2024 el Tribunal Administrativo del Cauca
declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada¸ en tanto existe identidad
entre las partes, objeto y causa petendi en los procesos 19001-23-33-004-2014-
00281-00 y 19001-23-33-004-2020-00647-00, este último en estudio.

12. Para el efecto, indicó que, aun cuando las decisiones impugnadas no son
idénticas —en el proceso anterior se demandaron las Resoluciones 5165 de 8 de
marzo de 2007 y RDP 058580 de 31 de diciembre de 2013, y en este proceso las
Resoluciones RDP 030888 de 16 de octubre de 2019 y RDP 036069 de 29 de
noviembre de 2019—, dicha variación obedece únicamente a nuevos
pronunciamientos de la administración sobre la misma solicitud pensional,
manteniéndose inalterado el objeto jurídico debatido.

13. Igualmente, evidenció identidad de causa petendi, puesto que en ambos
procesos la controversia se centra en determinar la naturaleza del nombramiento
realizado el 4 de marzo de 1997 y si los servicios prestados desde esa fecha podían
considerarse territoriales o nacionalizados para efectos de completar los 20 años
exigidos en la Ley 114 de 1913.

14. Concluyó que los hechos relevantes —los periodos laborados, el acto de
nombramiento de 1997, la forma de vinculación y las plazas ocupadas— no
sufrieron modificación entre un proceso y otro, y que la certificación del Ministerio
de Educación Nacional del 26 de febrero de 2013 y la sentencia de unificación del
21 de junio de 2018 no constituyen hechos nuevos, pues la primera es anterior al
proceso ya fallado y la segunda no reabre asuntos ya decididos. Finalmente
condenó en costas a la parte actora.

1.4. Recurso de apelación4
15. A través de apoderado, el demandante presentó recurso de apelación con el
que solicitó revocar la decisión de primera instancia, sobre el particular, señaló que
el Tribunal aplicó de manera errónea la excepción de cosa juzgada, pues —a su
juicio— el presente proceso se sustenta en hechos, actos administrativos y
elementos jurídicos distintos a los aportados en el año 2014.

16. Sostuvo que las Resoluciones RDP 030888 de 2019 y RDP 036069 de 2019
no han sido objeto de control judicial previo y que su expedición obedeció a una
nueva reclamación apoyada en material probatorio actualizado, incluyendo el
Decreto 1076-25-10-99, certificaciones recientes de tiempo de servicio y nuevos

3
Visible en el archivo 30SentenciaPrimeraInstancia.pdf del expediente digital
4 Visible en el archivo 33RecursoApelación.pdf del expediente digital

Radicado: 19001 23 33 000 2020 00647 01 (1867–2025)
Demandante: Dumer Rangel Rivera Quiñones

cómputos que —según afirma— permitirían acreditar más de veinte años de servicio
nacionalizado. Indicó que la historia laboral del actor evidencia nombramientos
realizados por entes territoriales, lo cual desvirtúa la conclusión de vinculación
nacional.

17. Adujo además la existencia de nuevos fundamentos jurídicos, especialmente
la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 del Consejo de Estado, que
precisó que la naturaleza del vínculo docente depende del ente nominador y no de
la fuente de financiación, lo que obligaba a replantear la valoración hecha por la
administración. Añadió que, tratándose de una prestación periódica, la cosa juzgada
debe relativizarse, citando jurisprudencia que permite reexaminar derechos
pensionales cuando surgen nuevas mesadas o nuevos soportes jurídicos.

1.5. Trámite correspondiente a la segunda instancia
18. Con auto de 11 de julio de 20255, se admitió el recurso de apelación.

19. En esta oportunidad, el Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia al considerar plenamente acreditada la excepción de cosa
juzgada, teniendo en cuenta que se tramitó el proceso con radicado 19001-23-33-
004-2014-00281-00— en la que se negaron las mismas pretensiones relativas al
reconocimiento de la pensión gracia, decisión que fue confirmada por el Consejo de
Estado en 2017. Agregó que los actos administrativos de 2019 no modifican el
debate jurídico resuelto con autoridad de cosa juzgada y que no surgió ningún hecho
nuevo que permita reabrir la discusión, razón por la cual el fallo apelado debe
mantenerse.

20. Por su parte, el demandante y la UGPP guardaron silencio.

21. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

I. CONSIDERACIONES

1.1. Competencia
22. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6.

23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso7, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia,
únicamente la parte demandante presentó recurso de alzada, el análisis se
encuentra limitado a lo allí plasmado.

1.2. Del problema jurídico
24. Corresponde determinar si se configuró la excepción de cosa juzgada, como lo

5 Documento visible en el índice 12 del expediente digital disponible en SAMAI.

Radicado: 19001 23 33 000 2020 00647 01 (1867–2025)
Demandante: Dumer Rangel Rivera Quiñones

dispuso el a quo en la sentencia objeto de alzada. En caso negativo, deberá
establecerse si el señor Dumer Rangel Rivera Quiñones, cumple con las exigencias
de ley para que le sea reconocida la pensión gracia.

1.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. El fenómeno jurídico de la cosa juzgada6
24. La institución jurídica procesal de la cosa juzgada permite tener certeza sobre
lo decidido judicialmente en un pleito, en el sentido de que no puede ser debatido el
mismo asunto, reabriendo un nuevo proceso, cuando lo pretendido ya fue estudiado,
se surtieron los actos procesales del caso y se dio solución al mismo.

25. En este sentido, su fin está dirigido a brindar seguridad jurídica, estabilidad en
las sentencias, para que una vez estén ejecutoriadas, adquieran el carácter de
inmutables, vinculantes, definitivas y coercitivas, siempre y cuando, guarden
protección y garantía de los derechos fundamentales.

26. Igualmente, garantiza la confianza legítima sobre determinada materia ya
juzgada, cuyos destinatarios son las partes en el proceso, terminando así, la disputa
de manera definitiva, para que no se extienda en el tiempo de forma indefinida,
razón por la cual, los efectos que imprime la cosa juzgada no habilitan al juez ni a
las partes a pronunciarse o debatir en un nuevo proceso sobre la controversia
litigiosa que ya ha sido objeto de decisión.

27. En esta medida se han distinguido dos modalidades que son:

• Cosa juzgada formal: Opera cuando el fallo quedó ejecutoriado, bien sea porque
no se hizo uso de los recursos dentro del término estipulado en la ley o
habiéndose ejercido estos fueron resueltos por la autoridad correspondiente, sin
perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos extraordinarios que proceden
contra las providencias ya ejecutoriadas.

• Cosa juzgada material: Hay lugar a ella cuando contra la sentencia feneció la
facultad de usar algún recurso, en otras palabras, porque precluyó el término para
interponer los recursos extraordinarios o porque fueron resueltos de forma
desfavorable.

28. Cabe resaltar que el artículo 303 del CGP, aplicable por remisión normativa
del artículo 306 del CPACA, señala sobre la cosa juzgada lo siguiente:

«Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el
mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son
sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes
suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se
trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.

6 Análisis realizado en sentencia del 2 de abril de 2020, proferida por esta Subsección dentro del

proceso radicado 15001-23-33-000-2013-00372-01(2043-2015).

Radicado: 19001 23 33 000 2020 00647 01 (1867–2025)
Demandante: Dumer Rangel Rivera Quiñones

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan
como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con
todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión».

29. La Sección Segunda7 frente a los elementos que configuran la cosa juzgada,
indicó lo siguiente:

«[…] Ahora bien para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:
a).- Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculados y obligados por la decisión que constituye cosa
juzgada.
b).- Identidad de causa petendi, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a
cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando
además de los mismos hechos la demanda presenta nuevos elementos, solamente se
permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual el juez puede retomar los
fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.
c).- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre
lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias
cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos
elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente
[…]».

30. Por su parte, el artículo 189 del CPACA8 preceptúa los efectos de la cosa
juzgada en el ámbito contencioso administrativo. Se resalta que teniendo en cuenta
lo indicado en la norma ut supra referenciada, en controversias en las cuales se
discute la legalidad de un acto administrativo, la decisión que accede a la nulidad
solicitada genera cosa juzgada erga omnes solamente en lo atinente a la causa
petendi.

31. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir entonces que, para la
estructuración de la cosa juzgada, debe verificarse la identidad de partes, identidad
de causa e identidad de objeto. Además, el artículo 189 del CPACA establece que
las decisiones judiciales que declaren la nulidad de los actos administrativos en esta
jurisdicción tendrán fuerza erga omnes, por lo que no es posible que nuevamente
sean sujetas a debate judicial.

2.4 Caso Concreto
32. Pues bien, se encuentra probado que anterioridad el señor Dumer Rangel
Rivera Quiñones presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la UGPP, tramitada por el Tribunal Administrativo del Cauca, bajo
radicación 19001-23-33-004-2014-00281-00, y con la cual solicitó la nulidad de las
Resoluciones 5165 de 8 de marzo de 2007 expedida en su momento por CAJANAL,

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 11 de noviembre de 2021, expediente 25000-23-42-000-2018-

00634-01(5385-2019)
8 «Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un

proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada
erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas
que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación
con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen. Cuando por sentencia ejecutoriada
se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin
efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios.»

Radicado: 19001 23 33 000 2020 00647 01 (1867–2025)
Demandante: Dumer Rangel Rivera Quiñones

y la RDP 058580 del 31 de diciembre de 2013 por la UGPP, a través de las cuales
le fue negado el derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia.

33. Posteriormente, presentó la demanda que origina esta alzada, que fue
tramitada en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Cauca, bajo
radicado 19001-23-33-004-2020-00647-00, en la que deprecó la nulidad de las
Resoluciones RDP 030888 de 16 de octubre de 2017 y RDP 036069 de 29 de
noviembre de 2019. Procesos judiciales que resultaron adversos al interesado,
pues, en el primero se dictó sentencia denegatoria de las pretensiones el 19 de
febrero de 2016, y en el segundo se declaró probada la excepción de cosa juzgada,
con proveído dictado el 08 de febrero de 2024, cuya apelación centra la atención de
la sala.

34. Bajo ese contexto, se procederá a realizar la verificación de los elementos
configurativos de la cosa juzgada, al tenor del artículo 303 del CGP; para lo cual se
expondrán el siguiente cuadro comparativo:

Expediente anterior Expediente bajo estudio

Tribunal Administrativo del Cauca Tribunal Administrativo del Cauca
Radicado 19001-23-33-004-2014- Radicado 19001-23-33-004-2020-
00281-00 00647-00
SUJETOS PROCESALES

Demandante: Dumer Rangel Rivera Demandante: Dumer Rangel Rivera
Quiñones Quiñones
Demandado: UGPP Demandado: UGPP

ACTOS ACUSADOS

Resoluciones 5165 de 8 de marzo de Resoluciones RDP 030888 del 16 de
2007 expedida por la Caja Nacional de octubre de 2019 y RDP 036069 del 29
Previsión Social EICE- CAJANAL, y la de noviembre de 2019, por medio de los
RDP 058580 del 31 de diciembre de cuales se negó el reconocimiento y pago
2013 proferida por la UGPP, por medio de una pensión gracia y se resolvió
de los cuales se negó el reconocimiento negativamente los recursos de
y pago de una pensión gracia. reposición y apelación,
respectivamente.

PRETENSIONES

Radicado: 19001 23 33 000 2020 00647 01 (1867–2025)
Demandante: Dumer Rangel Rivera Quiñones

El reconocimiento y pago de una El reconocimiento y pago de una
pensión gracia con la inclusión de todos pensión gracia con la inclusión de todos
los factores salariales devengados en el los factores salariales devengados en el
año inmediatamente anterior a adquirir año inmediatamente anterior a adquirir
el estatus pensional con los respectivos el estatus pensional con los respectivos
reajustes de ley, junto con el pago de reajustes de ley, las mesadas dejadas
todas mesadas pensionales que se han de percibir desde el 19 de septiembre
causado desde el 19 de septiembre de de 1999 debidamente indexadas y
1999 debidamente indexadas y actualizadas conforme al artículo 187 del
actualizadas conforme al artículo 187 CPACA; el pago de intereses
del CPACA; el pago de intereses moratorios; el cumplimiento de la
moratorios; el cumplimiento de la sentencia y se condene en costas a la
sentencia y se condene en costas a la entidad demandada.
entidad demandada.
FUNDAMENTOS FACTICOS

Afirmó haber prestado sus servicios por Indicó que prestó servicio docente de la
más de 33 años de la siguiente manera: siguiente manera:

• En la Secretaría de Educación y - Desde el 17 de septiembre de
Cultura del Cauca, desde el 17 de 1979 hasta el 2 de julio de 1994,
septiembre 1979 hasta el 2 de julio prestó servicios como docente de
de 1994, en virtud del Decreto 750 de tiempo completo adscrito a la
17 de septiembre de 1979. Secretaría de Educación y Cultura del
• Tuvo una segunda vinculación Cauca, en virtud del Decreto 750 de
con la Gobernación del Cauca desde el 1979.
4 de marzo 1997 hasta la fecha de la - Desde el 04 de marzo de 1997
presentación de la demanda 21 de hasta el 03 de marzo de 1999, laboró
abril de 2014, mediante Decreto N 133 al servicio del Municipio de Popayán,
de 4 de marzo de 1997, con vinculación nombrado mediante Decreto 0133 de
nacionalizada por más de 17 años de 1997.
servicio. - Finalmente, conforme a
certificaciones presupuestales y
Afirmó que mediante Resolución 5165 administrativas emitidas en 1999, fue
de 8 de marzo de 2007, CAJANAL le incorporado a la planta municipal y
negó la prestación mencionada, nombrado como docente de tiempo
argumentando que la demandante no completo en la Institución Educativa
acreditó haber laborado por 20 años de Nuestra Señora del Carmen, por
servicio docente nacionalizado, ya que medio del Decreto 1076-25-10-99 del
sólo tuvo en cuenta el período 25 de octubre de 1999 hasta por lo
comprendido entre 1979 y 1994, menos la fecha de la presentación
desestimando el restante por de la demanda en el año 2020.
considerarlo nacional.
Señaló que solicitó ante CAJANAL el
reconocimiento de la pensión gracia,
petición negada mediante el acto RDP
058580 del 31 de diciembre de 2013 al
considerar que no acreditaba tiempo
válido para el derecho desde 1997 por
tratarse de servicio nacional. Para
aclarar la naturaleza de su vinculación,
ofició al Ministerio de Educación
Nacional, entidad que certificó en
febrero de 2013 que no existe registro
alguno de que el docente haya laborado
para ese Ministerio. Luego el 19 de julio
de 2019 presentó nueva petición que le
fue resuelta de manera negativa,
también por aducir tiempos nacionales.

Radicado: 19001 23 33 000 2020 00647 01 (1867–2025)
Demandante: Dumer Rangel Rivera Quiñones

DECISIONES JUDICIALES
En sentencia de 19 de febrero de 2016, En sentencia de 08 de febrero de 2024,
el Tribunal Administrativo del Cauca Tribunal Administrativo del Cauca
negó las pretensiones de la demanda. Al declaró probada de oficio la excepción
respecto señaló que, aunque el de cosa juzgada¸ en tanto existe
demandante demostró haber tenido una identidad entre las partes, objeto y causa
vinculación previa al 31 de diciembre de petendi en los procesos 19001-23-33-
1980, lo cierto es que únicamente 004-2014-00281-00 y 19001-23-33-004-
ejerció la docencia nacionalizada entre 2020-00647-00, este último en estudio.
los años 1979 y 1994.
Respecto del tiempo de servicio Indicó que, aun cuando las decisiones
desempeñado a partir de 1997, examinó impugnadas no son idénticas —en el
el Decreto 133-4-III-97 expedido por el proceso anterior se demandaron las
Gobernador del Cauca —mediante el Resoluciones 5165 de 8 de marzo de
cual se aceptó su renuncia— y extrajo 2007 y RDP 058580 de 31 de
varias conclusiones: diciembre de 2013, y en este proceso
1. El docente presentó renuncia a las Resoluciones RDP 030888 de 16
una plaza nacionalizada a partir de octubre de 2019 y RDP 036069 de
del 4 de marzo de 1997. 29 de noviembre de 2019—, dicha
2. Fue nombrado como docente variación obedece únicamente a nuevos
nacional de la Normal Nacional pronunciamientos de la administración
de Señoritas, para suplir una sobre la misma solicitud pensional,
vacante existente en una plaza manteniéndose inalterado el objeto
de carácter nacional. jurídico debatido.
3. Dicho nombramiento fue
efectuado por el Gobernador con Igualmente, evidenció identidad de
fundamento en el artículo 9 de la causa petendi, puesto que en ambos
Ley 29 de 1989, que faculta a las procesos la controversia se centra en
autoridades territoriales para determinar la naturaleza del
nombrar personal docente tanto nombramiento realizado el 4 de marzo
en establecimientos nacionales de 1997 y si los servicios prestados
como territoriales; razón por la desde esa fecha podían considerarse
cual, en este caso, el territoriales o nacionalizados para
Gobernador nominó al actor en efectos de completar los veinte años
un plantel de naturaleza exigidos en la Ley 114 de 1913.
nacional.
4. Con esa decisión, el educador Concluyó que lo relacionado con los
renunció voluntariamente a su periodos laborados, el acto de
condición de docente nombramiento de 1997, la forma de
nacionalizado para acogerse al vinculación y las plazas ocupadas, no
régimen propio de los docentes sufrieron modificación entre un proceso
nacionales. y otro, y que la certificación del Ministerio
de Educación Nacional del 26 de febrero
Al valorar el Acta de Posesión 023 del 6 de 2013 y la sentencia de unificación del
de marzo de 1997, el tribunal reafirmó 21 de junio de 2018 no constituyen
que el cargo al que accedió el hechos nuevos, pues la primera es
demandante tenía naturaleza nacional, anterior al proceso ya fallado y la
pues su labor se desarrollaría en la segunda no reabre asuntos ya
Normal Nacional de Señoritas del decididos.
municipio de Popayán.

Finalmente, al analizar el Decreto 1076
del 25 de octubre de 1999 —mediante el
cual fue trasladado a otra institución
educativa— concluyó que dicho traslado
no modificó su régimen, ya que se
efectuó al mismo cargo y plaza, ahora
en el Colegio Nuestra Señora del
Carmen del mismo municipio; por ende,
el actor conservó su condición de
docente nacional.

Radicado: 19001 23 33 000 2020 00647 01 (1867–2025)
Demandante: Dumer Rangel Rivera Quiñones

Con base en lo expuesto, el tribunal
consideró que el demandante no
acreditó los 20 años de servicio
exigidos por el artículo 1° de la Ley 114
de 1913.
Tal decisión fue objeto de apelación en
la oportunidad procesal prevista para
ello, y mediante sentencia de 02 de
marzo de 2017 el Consejo de Estado,
Sección Segunda, confirmó la
providencia de primera instancia, con
fundamento en que la vinculación del
actor desde el 17 de septiembre 1979
hasta el 04 de marzo de 1997 era de
carácter nacionalizada, pero fue
nacional a partir del 06 de marzo
1997. Por lo tanto, no alcanzó a cumplir
los 20 años requeridos por la ley.

35. De conformidad con lo anterior, la Sala advierte lo siguiente:

36. En cuanto, a la identidad jurídica de las partes es claro que tanto en el
proceso con radicado 19001-23-33-004-2014-00281-00 como en el que hoy nos
ocupa, el señor Rivera Quiñones fungió como demandante; y el extremo pasivo lo
conformó la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP. De manera que, puede colegirse que
existe identidad de partes en los dos procesos.

37. En torno a la identidad de objeto, también se encuentra configurada, pues,
si bien se demandaron actos administrativos diferentes, del contraste de los
expedientes en cita se avizora que las pretensiones de las demandas y la
motivaciones vertidas en las providencias emitidas por el Tribunal Administrativo del
Cauca, permiten inferir que en las causas judiciales relacionadas, el docente
deprecó la nulidad de los actos administrativos proferidos por la UGPP, mediante
los cuales le fue negado el derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia;
solicitando como restablecimiento del derecho, el reconocimiento de dicha
prestación en donde se incluyan todos los factores salariales devengados en el año
inmediatamente anterior a la fecha del status pensional, en razón al vínculo docente
que mantuvo con el departamento del Cauca.

38. A renglón seguido, también se estima configurada la identidad de causa,
ello en tanto, los fundamentos fácticos y jurídicos dan cuenta que el aquí
demandante propugnó por la misma causa, esto es, obtener la pensión gracia, para
lo cual sostuvo en ambos asuntos, que acredita los requisitos de ley, especialmente,
el cumplimiento de la edad (50 años) y el tiempo de servicios (20 años),

Radicado: 19001 23 33 000 2020 00647 01 (1867–2025)
Demandante: Dumer Rangel Rivera Quiñones

relacionando para efectos de esta última exigencia, los periodos laborados en el
departamento de Cauca, entre el año 1979 y 1994, y desde 1997 hasta por lo menos
la fecha de presentación de cada demanda, a saber:

Expediente anterior Expediente bajo estudio

1. Desde el 17 de septiembre de 1. Desde 17 de septiembre de 1979
1979 hasta el 02 de julio de 1994. hasta el 02 de julio de 1994.

2. Desde el 04 de marzo de 1997 2. Desde el 04 de marzo de 1997
hasta el 21 de abril de 2014. -fecha de hasta el 22 de octubre de 2020 -fecha de
presentación de la demanda. presentación de la demanda-.

39. Cabe destacar que, los anteriores tiempos de servicios fueron valorados en
su momento por el Tribunal Administrativo del Cauca, considerando como se
mencionó, que no se acreditaban los 20 años de servicios, dado que el tiempo de
servicio a partir de 1997 tuvo origen en un vínculo del orden nacional, y por ello no
había lugar a tenerlo en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia.

40. De manera que, en cumplimiento de la institución procesal de la cosa
juzgada, este asunto no puede ser objeto nuevamente de análisis judicial, pues lo
establecido en el proceso primigenio goza de inmutabilidad en aras de preservar la
seguridad jurídica.

41. Revisados los documentos que contienen ambos procesos, comparten el
mismo fin, la declaratoria de nulidad de los actos administrativos proferidos por la
UGPP producto de reclamaciones administrativas que se presentaron, teniendo
como pruebas las vinculaciones que anteceden.

42. A lo anterior se suma que, en el proceso actual no se aportaron elementos
nuevos o diferentes que pudiera llevar al juez de primera instancia a realizar un
examen diferente al ya efectuado en el primer proceso, toda vez que se reitera, se
invocan las mismas las vinculaciones, y por tanto los tiempos de servicio no varían
respecto de lo ya evaluado. Sobre el particular, vale la pena poner de presente que
la Corte Constitucional en sentencia T-249 de 2016 señaló:

«Corolario de lo expuesto, es claro que el precedente de la Corporación, ha establecido
las siguientes reglas en materia de cosa juzgada: (i) la institución de la cosa juzgada le
otorga el carácter de inmutable e intangible a las decisiones judiciales; (ii) cuando
confluyan la identidad de partes, causa y objeto se configura la existencia de la cosa
juzgada; (iii) no puede hablarse de cosa juzgada cuando no existe identidad de
hechos. Ejemplo de ello, es cuando aparece una prueba que no se tuvo en cuenta para
la resolución inicial del caso y que cambia por completo la decisión; (iv) en materia de
seguridad social la Corte, en aplicación de los principios de equidad, favorabilidad
e irrenunciabilidad, ha señalado que en el análisis de la causa petendi que debe
efectuar el juez de conocimiento, le corresponde tener en cuenta que surge un
hecho nuevo cuando la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido el
carácter de universal e irrenunciable de un derecho. Aclaró la Corporación que no se
trata de cualquier precedente o cambio de criterio por parte de una alta corporación la
que puede alegarse como hecho nuevo, sino aquellos que desarrollan y protegen

Radicado: 19001 23 33 000 2020 00647 01 (1867–2025)
Demandante: Dumer Rangel Rivera Quiñones

derechos de rango fundamental, y que la misma Corte Constitucional en sentencias
proferidas por la Sala Plena así lo han señalado, o constituyen una jurisprudencia en
vigor.»

43. Por su parte, el Consejo de Estado, Sección Segunda, ha dejado sentado
que se pueden considerar como hechos nuevos en los asuntos en que se pretenda
el reconocimiento de pensión, una vez ya se encuentre firme una decisión judicial;
aquellos que versen sobre el cambio del estatus jurídico del solicitante, tales como
el cumplimiento de la edad o la demostración de otros requisitos exigidos para
acceder a la prestación que sean configurados posterior a la sentencia inicial 9.
Situación que no ocurre en el presente asunto, pues, en el proceso que convoca el
estudio de la Sala, lo que se invoca es la existencia de un nuevo pronunciamiento
judicial por parte de esta Corporación, más no se arguye un hecho relacionado con
la demostración de alguno de los requisitos con posterioridad a la expedición de la
sentencia inicial.

44. Vale la pena resaltar que esta Subsección con posterioridad al
pronunciamiento de la Corte Constitucional, ha señalado que el cambio
jurisprudencial frente a determinado asunto no afecta las decisiones judiciales
adoptadas con anterioridad; se destaca10:

«A pesar de que el a quo en los fundamentos de su decisión hace alusión a que el criterio
de interpretación de los factores salariales a los que tienen derecho los beneficiarios del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 adoptado por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en la sentencia de unificación de jurisprudencia de 4 de agosto de
2010 habilitó al demandante para acudir de nuevo a solicitar el reajuste de su mesada
pensional, sin embargo, esta Sala contrario a lo determinado por el Tribunal de primera
instancia, precisa que el cambio de jurisprudencia no purga la cosa juzgada, es decir, no
afecta las decisiones judiciales adoptadas con anterioridad.
Así lo ha explicado la Sala de Consulta y Servicio Civil de la Corporación:
«Finalmente, es importante reiterar que si bien los cambios de precedente orientan las
decisiones futuras de los operadores jurídicos, no afectan los casos fallados con
anterioridad por las autoridades judiciales, pues éstos se sujetan a lo resuelto en el
respectivo proceso judicial, dado el carácter vinculante de la sentencia y sus efectos de
cosa juzgada, De lo contrario, la jurisprudencia, que por naturaleza debe evolucionar de
acuerdo con los cambios jurídicos y sociales, correría el riesgo de petrificarse por el
temor de los efectos del cambio de precedente.
De esta manera, la seguridad jurídica y el valor de cosa juzgada de las sentencias, la
cual es vinculante para las partes que han intervenido en el proceso, constituye un valor
constitucional protegible que no resulta afectado con cambios posteriores en la
jurisprudencia».11
Los despachos que integran la Sección Segunda también acogen la postura según
la cual los cambios de jurisprudencia no afectan la cosa juzgada, así se puede ver
en asuntos decididos en sede ordinaria y constitucional12.» (Resalto fuera del texto

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto de 11 de noviembre de 2021, expediente 25000-
23-42-000-2018-00634-01(5385-19). C.P: William Hernández Gómez
10 Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda-Subsección A. Sentencia del dos

(2) de abril de dos mil veinte (2020). Radicación número: 15001-23-33-000-2013-00372-01(2043-2015).
11 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 16 de febrero de 2012. Radicado: 11001-

03-06-000-2011-00049-00 (2069).
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Radicado: 25000-23-25-000-

2012-01176-01 (1281-2004). Sentencia de 11 de abril de 2019. / Radicado: 76001-23-33-000-2013-00063-
01(2710-2015). Sentencia de 16 de marzo de 2017. / Radicado: 11001-03-15-000-2016-00356-00(AC).
Sentencia de tutela de 17 de marzo de 2016. / Radicado: 76001-23-33-000-2013-00113-02(0466-2016).
Apelación de auto de 26 de octubre de 2017. / Radicado: 76001-23-31-000-2012-00091-01 (1482-2017).

Radicado: 19001 23 33 000 2020 00647 01 (1867–2025)
Demandante: Dumer Rangel Rivera Quiñones

original)

45. De manera que, siguiendo el precedente de esta Corporación, no hay lugar
a revisar de fondo nuevamente un asunto concluido con decisión judicial
ejecutoriada, cuando se invoca un nuevo precedente jurisprudencial. A lo anterior
se suma que, la sentencia de unificación invocada por la parte actora, dispone en
su parte resolutiva que los efectos de dicha providencia son retrospectivos, de
manera que las consideraciones allí expuestas, en relación con los temas objeto de
unificación constituyen precedente obligatorio para todos los casos en discusión
tanto en vía administrativa como judicial, no obstante, los casos en los cuales ha
operado la cosa juzgada, resultan inmodificables en atención al principio de
seguridad jurídica.

46. En ese orden, la Sala comparte la conclusión del a quo en cuanto a que el
actor reproduce en este proceso los mismos supuestos fácticos y jurídicos ya
examinados y decididos en sentencia del 19 de febrero de 2016. Las
vinculaciones docentes que invoca, los periodos de servicio alegados y los actos
administrativos que sustentan su pretensión permanecen invariables; incluso, la
objeción central —la naturaleza del nombramiento del 4 de marzo de 1997 y la
validez del tiempo prestado a partir de esa fecha— fue objeto de valoración plena
en el proceso primigenio. Por ello, el marco de referencia que delimitó esa decisión
conserva plena eficacia y cierra la posibilidad de reabrir un debate que, por mandato
legal, quedó definitivamente resuelto.

47. Tampoco tiene vocación para reabrir la discusión la sola distancia temporal
entre una demanda y otra. El transcurso de los años no altera los hechos que
sirvieron de base al juicio anterior, ni genera por sí mismo circunstancias distintas
que puedan considerarse sobrevinientes. El Tribunal fue claro al advertir que la
certificación del Ministerio de Educación de 2013 —invocada nuevamente en este
expediente— existía antes del proceso inicial y pudo ser aportada oportunamente,
y que la sentencia de unificación de 2018 no transforma el material fáctico ya
valorado ni convierte en territorial un tiempo que había sido definido como nacional.
Así, la variación meramente cronológica entre un proceso y otro no configura un
hecho nuevo susceptible de habilitar un nuevo estudio judicial.

48. Aun si se aceptara, solo en gracia de discusión, la tesis del apelante sobre la
posibilidad de examinar nuevamente el fondo del asunto en atención al tiempo
servido entre los años 2014 y 2020, lo cierto es que el resultado no variaría; ello, en
la medida que, este periodo se originó en la designación realizada en el año 1997,
que ya se calificó en proceso judicial anterior como del orden nacional. Y es que el
traslado realizado en el año 1999 no creó un nuevo vínculo ni varió su régimen
nacional a uno territorial ni nacionalizado.

49. Si en gracia de discusión correspondiera analizar el acto administrativo de
designación, observa la Sala que el Decreto 133-4-III de 1997, aceptó la renuncia
presentada de manera voluntaria por el actor al cargo como docente nacionalizado,
y lo designó en la plaza docente nacional en la Normal Nacional de Señoritas de

Apelación de auto de 17 de mayo de 2018. / Radicado: 25000 23 42 000 2013 00363 01 (2226–2014); Sentencia
de 23 de enero de 2020.

Radicado: 19001 23 33 000 2020 00647 01 (1867–2025)
Demandante: Dumer Rangel Rivera Quiñones

Popayán, ello en uso de las atribuciones que el artículo 9 de la Ley 29 de 1989
confiere a las autoridades territoriales para designar docentes en instituciones de
carácter nacional. De manera que, el tiempo servido desde el año 1997 y hasta por
lo menos el 28 de mayo de 2018 –fecha del certificado laboral- en un total de 21
años, 2 meses y 23 días, no puede ser tenido en cuenta para efectos de la pensión
gracia.

50. De manera que, el tiempo servido desde el 17 de septiembre de 1979 y hasta
el 3 de marzo de 1990 –con interrupción-, que fue considerado en el proceso anterior
como válido para obtener la pensión gracia, no supera los 20 años de servicios.

51. En ese hilo de consideraciones, la Sala estima ajustada a derecho la decisión
de primera instancia, ya que como se ha dejado expuesto, se configuró la excepción
de cosa juzgada. En consecuencia y en aras de preservar la seguridad jurídica y la
inmutabilidad de las decisiones judiciales, en vista que la decisión contenida en la
19 de febrero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca resulta
inmodificable, no es procedente promover un nuevo proceso y menos realizar un
análisis de fondo.

52. En tal sentido, se confirmará la sentencia de fecha de 08 de febrero de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, la cual declaró probada la
excepción de cosa juzgada, con fundamento en las razones antes expuestas.

2.5. Condena en costas
53. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

54. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

55. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

56. En consecuencia, se impondrán costas al demandante -parte vencida-, por
cuanto no prospera el recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado

Radicado: 19001 23 33 000 2020 00647 01 (1867–2025)
Demandante: Dumer Rangel Rivera Quiñones

ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo del Cauca.

57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 08 de febrero de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, que declaró probada la excepción de cosa
juzgada, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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