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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2021-00081-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2021-00081-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa. Segundo. CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante por las razones expuestas en la presente providencia. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicado: 19001-23-33-000-2021-00081-01 (2291-2025) Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2021-00081-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 19001-23-33-000-2021-00081-01 (2291-2025)
Demandante: Rubén Tomás Ávila Ordóñez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje

Tema: Improcedencia del pago pleno de la pensión de jubilación por
parte del SENA por compartibilidad. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Subsección el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el veintiocho (28) de marzo de dos mil veinticinco
(2025) por el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Rubén Tomás Ávila Ordóñez instauró demanda en contra del Servicio
Nacional de Aprendizaje1 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del Oficio 92020042719 del 15 de octubre de 2020,
expedida por el SENA que negó la petición de reconocimiento y pago de la pensión
plena de jubilación otorgada por la Resolución 1930 del 27 de noviembre de 1992
de 2006.

3. Que, a título de restablecimiento del derecho se ordene al SENA no compartir la
pensión de jubilación con otra entidad pública y que se pague en su integridad,
equivalente al 100 % y se condene al pago del retroactivo que se generó desde que
adquirió el derecho y hasta cuando se haga el pago efectivo.

1 En adelante SENA

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4. Que se ordene el reconocimiento y pago de los intereses y la indexación de las
sumas resultantes, y se dé aplicación a los artículos 192 y siguientes del CPACA.

HECHOS

5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

6. Que, trabajó por más de 30 años al servicio del SENA por lo que a través de
Resolución 1930 del 27 de noviembre de 1992, la entidad le reconoció pensión de
jubilación a partir del 1° de diciembre de 1992 por valor de $453.596.

7. Que el 29 de septiembre de 2020 solicitó la aplicación integral de la sentencia del
Consejo de Estado del 13 de julio de 2000 donde se ordenó al SENA pagar en su
integridad una pensión, sin compartir con otra entidad.

8. Que por oficio del 15 de octubre de 2020 se negó la petición porque se debía dar
aplicación a la compartibilidad entre la pensión del SENA y la reconocida por el ISS.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

9. Se indicó como fundamento el artículo 137 del CPACA.

10. En el concepto de la violación manifestó que la pensión de jubilación declarada
en favor de una persona que laboró en una entidad estatal, así como la pensión de
vejez del régimen común pagada por el ISS hoy Colpensiones tienen vocación de
ser autónomas, diferenciadas e independientes, razón por la cual no deben ser
compartidas entre una y otra entidad, sino que deberán ser pagadas de manera
aislada una con la otra por un porcentaje al 100% del valor total de la pensión que
se llegue a devengar.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

11. El 8 de abril de 2022 se admitió la demanda, el SENA propuso las excepciones
de cobro de lo no debido, prescripción trienal respecto de los derechos laborales y
prestacionales y demás erogaciones de ley, caducidad, buena fe y compensación.

12. Que el demandante al pretender que la entidad le siga pagando la pensión
establecida mediante acto administrativo y que esta no sufra modificaciones al
momento del reconcomiendo por parte del ISS de la pensión de vejez, está
incurriendo en el cobro de sumas de dinero que no le corresponden ya que la
entidad solo debe asumir las diferencias si las hubiere de un mayor valor entre las
pensiones.

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13. Que la pensión de jubilación que le reconoció el SENA y la pensión asumida por
el ISS, tienen como base y origen el mismo tiempo de servicios al SENA y las
cotizaciones pagadas por esta entidad al ISS durante su vinculación laboral con esta
entidad, en virtud de la afiliación de los funcionarios del SENA a ese Instituto (ISS)
ordenada por los artículos 127 del Decreto 2464 de 1970 y 35 del Decreto 1014 de
1978, en concordancia con los artículos 3° de la Ley 90 de 1946, 134 del Decreto
1650 de 1977 y 5° del Decreto 3128 de 1983.

14. Mediante auto del 5 de diciembre de 2024 se dispuso el trámite de sentencia
anticipada y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión derecho del
cual hicieron uso para reiterar los argumentos de la demanda y la contestación.

15. El Ministerio Público no se pronunció.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

16. Mediante sentencia del 28 de marzo de 2025 el Tribunal Administrativo del
Cauca, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que está acreditado
que el SENA reconoció pensión de jubilación y en el acto, manifestó que continuaría
realizando las cotizaciones al ISS, y que cuando se diera el reconocimiento de la
pensión de vejez, debería aplicar la compartibilidad, por la cual, solo pagaría el
mayor valor de la pensión.

17. Que es cierta la sentencia aludida por el demandante y que corresponde a una
época donde las dos subsecciones, de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
no aplicaban un criterio uniforme sobre el tema, aspecto que fue debidamente
dilucidado en sentencia de unificación radicado interno (2089-08).

18. Que desde la sentencia de unificación se definió que en este tipo de eventos en
los cuales se concede pensión por el SENA y se continúa pagando aportes al ISS,
y se reconoce pensión de vejez, se debe dar la compartibilidad pensional, según la
cual, el SENA solo debe pagar el mayor valor de la pensión y si no hay diferencia,
el pago de la pensión de vejez corre a cargo del ISS, quedando relevado el SENA
de pagar la pensión de jubilación.

RECURSO DE APELACIÓN

19. La parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que afirmó que debe
tenerse en cuenta que si bien se solicitó el pago de un retroactivo dentro de las
pretensiones, también está el hecho de que se debe de pagar la pensión vitalicia de
jubilación al 100% y de manera independiente a la pensión de vejez porque no existe
una compartibilidad entre ellas al no tener el mismo origen ni finalidad, además, se
trata de derechos adquiridos mediante actos administrativos independientes y no se

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pueden consagrar reservas o cláusulas resolutorias tratándose de derechos
laborales.

20. Que el sustento principal del proceso es la sentencia del 2000 donde se señaló
que la pensión vitalicia de jubilación es un reconocimiento independiente de la de
vejez, entonces, la primera tiene origen en la prestación de los servicios al Estado,
mientras que la segunda «no proviene de los recursos del Tesoro Público porque al
ser reconocida por el ISS entidad que se convierte en un mero administrador».

21. Que la pensión tiene el carácter de derecho fundamental autónomo por lo que
no se puede pretender que mediante unos artículos estipulados en la resolución del
SENA que reconoció la pensión vitalicia de jubilación, se dé un carácter de renuncia
o condición resolutoria de un derecho constitucional.

22. Que si la entidad deseaba dejar de cancelar la pensión al reconocerse la de
vejez, no debió establecer una condición resolutoria por ser improcedente cuando
se trata de derechos laborales adquiridos, sino que lo correcto era requerir al
beneficiario para que aceptara la renuncia a estos derechos o iniciar una acción de
lesividad.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

23. El 27 de septiembre de 2025 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el
Ministerio Público guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

De la compartibilidad pensional en el SENA2

24. A pesar de que los empleados públicos del SENA se hallen afiliados al ISS, esta
entidad descentralizada del orden nacional tiene a su cargo la obligación de
reconocer de forma transitoria la pensión de jubilación a sus funcionarios, cuando
estos cumplan con los requisitos a que se refieren las disposiciones que rigen a los
empleados públicos en general, habida cuenta de que el ISS inicialmente no efectúa
dicho reconocimiento debido a que sus requisitos pensionales son superiores a los
determinados normalmente para los servidores públicos y porque la circunstancia
excepcional de su afiliación al ISS no puede de ninguna manera constituir un
obstáculo para el disfrute de su derecho adquirido frente a la ley.

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de marzo de 2022 radicado 68001-

23-33-000-2015-00720-01 (0456-2018).

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25. Dicho de otra manera, la entidad patronal, es decir, el ente público que afilió su
personal al ISS, debe asumir el reconocimiento y pago transitorio de la obligación
prestacional hasta tanto se cumplan los requisitos que contempla el ordenamiento
jurídico respecto de los seguros que ofrece el ISS y para que éste, ahora sí en forma
definitiva, asuma la carga prestacional concreta frente a su afiliado.

26. En este sentido, entre el ISS y el SENA realmente se presenta una sustitución
de la entidad encargada de asumir la obligación pensional y es por eso por lo que
resulta improcedente que simultáneamente se pueda gozar de la pensión de
jubilación reconocida por esta última y la de vejez otorgada por la primera, puesto
que ello contraría la prohibición contenida en el artículo 128 de la Constitución
Política3. Máxime, cuando la ley no autoriza que por los mismos tiempos de servicios
públicos los empleados del SENA reciban dos pensiones a cargo de diferentes
entidades.

27. Sobre el particular, esta Subsección, en sentencia del 25 de marzo de 20104
precisó que: «Cuando el ISS asume el riesgo de vejez subroga al SENA en la
obligación de reconocer la pensión de jubilación. Así, realmente se presenta una
subrogación de la entidad encargada de asumir la obligación (aunque no tenga la
misma denominación) y es por eso que resulta improcedente que simultáneamente
se pueda gozar de la pensión de jubilación reconocida por el SENA y la de vejez
otorgada por el Instituto de Seguros Sociales, pues ello contraría la prohibición
contenida en el artículo 128 de la Constitución Política. La ley no autoriza que por
los mismos tiempos de servicios estatales los funcionarios del SENA perciban dos
pensiones a cargo de diferentes Instituciones […]».

28. Del mismo modo, la Sección Segunda5 ha indicado que excepcionalmente,
cuando el ISS reconozca la prestación puede ocurrir que lo haga en cuantía inferior
a la que conforme al régimen general tienen derecho los servidores públicos, ante
lo cual el SENA deberá cubrir la diferencia resultante.

Resolución del caso concreto

29. La recurrente manifestó su inconformidad porque considera que corresponde al
SENA el pago completo de la pensión de jubilación e independiente de la prestación
de vejez reconocida por el Instituto de los Seguros Sociales ya que no existe una
compartibilidad, porque no tienen el mismo origen y se trata de derechos adquiridos

3 «Artículo 128 Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una

asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria
el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, radicado: 25000-

23-25-000-2005-05491-01(1639-08). Tesis reiterada por esta Sección en sentencias del 4 de septiembre de
2017, radicado: 25000-23-25-000-2009-00282-01(3924-15) y del 20 de agosto de 2020, radicado: 08001-23-31-
000-2005-01283-01(4123-14).
5 Ibidem.

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mediante actos administrativos independientes.

30. De conformidad con lo que obra en el proceso se establece lo siguiente:

31. Que por Resolución 1930 del 27 de noviembre de 1992 el SENA reconoció al
señor Rubén Tomás Ávila Ordóñez una pensión de jubilación en la cual dispuso:

«ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCIMIENTO Y PAGO: Reconocer y ordenar el pago
a favor del señor RUBÉN TOMÁS ÁVILA ORDÓÑEZ, identificado con cédula de
ciudadanía número 1.428.596 expedida en Popayán, una pensión mensual vitalicia
de jubilación, por valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA
Y DOS PESOS M/CTE ($453.062.00) la cual se pagará a partir del (1) de diciembre
de 1992.

ARTÍCULO SEGUNDO: RESERVA: El SENA se reserva el derecho a cubrir parcial
o totalmente, el valor de esta pensión, con el valor de la que por el mismo concepto
le reconozca el ISS, fecha a partir de la cual solo se pagará la diferencia si la hay
entre el valor a que tenga derecho y el reconocido por la Entidad de Previsión Social.

ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZACIÓN: El Servicio Nacional de Aprendizaje queda
expresamente autorizado por el peticionario, para que llenados los requisitos que
exige el ISS, de oficio tramite ante dicha Entidad de Previsión el reconocimiento y
pago de la pensión que le correspondiere como afiliado, así m ismo el SENA por venir
pagando el total de la pensión cobrará el retroactivo a que hubiere lugar.»

32. Que mediante Resolución 005940 del 17 de septiembre de 1996 6 el ISS
reconoció pensión por vejez al demandante a partir del 7 de marzo de 1996.

33. Que por Resolución 956 del 12 de noviembre de 1996 el SENA dispuso:

«[…] Que para la fecha a partir de la cual el ISS reconoció la pensión de vejez al
señor RUBÉN TOMÁS ÁVILA ORDÓÑEZ, el SENA le estaba pagando la suma de
un millón cuatro mil quinientos cincuenta y tres pesos m/cte ($1.004.553.00)
mensuales, en cumplimiento a disposiciones que regulan el reajuste pensional.

Que obrando de conformidad con el referido concepto 1828, es procedente deducir
de la pensión reconocida por el SENA, el monto de la que a partir del siete (7) de
marzo de 1996, le reconoció el ISS quedando a cargo del SENA la diferencia, que en
este caso asciende a la suma de cuatrocientos setenta y site mil doscientos noventa
y dos pesos m/cte ($477.292.00) mensuales en dicho año. […]

ARTÍCULO PRIMERO: A partir del siete (7) de marzo de 1996, reconocer y ordenar
pagar al señor RUBÉN TOMÁS ÁVILA ORDÓÑEZ, identificado con cédula de
ciudadanía número 1.428.596 expedida en Popayán, la suma de cuatrocientos
setenta y siete mil doscientos noventa y dos pesos m/cte ($477.292.00)
correspondiente a la diferencia habida entre el valor de la pensión al que como
empleado oficial le correspondía y el reconocido por el ISS.

PARÁGRAFO: Para la fecha en que el ISS le reconoció la pensión de vejez al señor

6 Según se lee en la Resolución 0956 de 1996 expedida por el SENA.

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RUBÉN TOMÁS ÁVILA ORDÓÑEZ, el total de la pensión se distribuye de la siguiente
manera:

Instituto de Seguros Sociales – ISS $527.261.00
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA $477.292.00
Valor total de la pensión $1.004.553.00 […]»

34. Visto lo expuesto no es procedente, lo que pretende el recurrente, en el sentido
de que el SENA continúe con el pago pleno de la pensión reconocida en la
Resolución 1930 de 1992, por cuanto el ISS al asumir el riesgo de vejez subrogó
parcialmente a la demandada en la obligación de la prestación ya reconocida.

35. Además, en el caso concreto se evidenció que la prestación del ISS resultó
inferior situación frente a la cual el SENA mediante la Resolución 956 de 1996
dispuso el pago de diferencia resultante.

36. Entonces, aunque el demandante alega que son pensiones independientes, ello
no tiene sustento porque, tal como lo sostuvo la entidad en la contestación de la
demanda, tienen como fuente el mismo tiempo de servicios al SENA y las
cotizaciones pagadas por esta entidad al ISS.

37. En cuanto a los argumentos de censura frente a la condición resolutoria, este
no fue un aspecto objeto de la demanda, no siendo el recurso de apelación una
oportunidad para ello, no obstante, la Subsección precisa que esta condición hace
parte del acto administrativo inicial de reconocimiento expedido por el SENA, es
decir, la Resolución 1930 de 1992, acto administrativo del cual no se busca su
nulidad en el presente medio de control, situación que impide igualmente estudiar
la presunta afectación a derechos fundamentales.

38. Tampoco es de recibo el argumento relacionado con que si la entidad deseaba
dejar de cancelar la pensión debió requerir al demandante o iniciar una acción de
lesividad, ya que como se explicó, el reconocimiento y pago transitorio de la
obligación prestacional del SENA era hasta tanto se cumplieran los requisitos que
contempla el ordenamiento jurídico y para que el ISS, en forma definitiva, asumiera
la carga prestacional concreta frente a su afiliado, precisando que en este caso, al
ser el reconocimiento del ISS inferior, la entidad demandada asumió la diferencia.

39. Finalmente, tampoco permite variar lo resuelto en primera instancia el hecho de
que el principal fundamento de la demanda fuera una decisión proferida por esta
Corporación en el año 2000 porque en atención a los antecedentes y presupuestos
probatorios del presente asunto, se está ante una compartibilidad pensional entre
el SENA y el ISS, razones que permiten confirmar la decisión de primera instancia.

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Radicado: 19001-23-33-000-2021-00081-01 (2291-2025)

De la condena en costas de segunda instancia

40. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

41. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

42. Así, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

43. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto la
sentencia apelada será confirmada, esto es, las peticiones del recurso fueron
negadas totalmente. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del
Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de marzo de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa.

Segundo. CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante por
las razones expuestas en la presente providencia.

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Radicado: 19001-23-33-000-2021-00081-01 (2291-2025)

Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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