Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2021-00182-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2021-00182-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2021-00182-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
12 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001-23-33-000-2021-00182-01 (1029-2025)
Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Pensión gracia - reconocimiento
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social1 y Amanda Angulo de Quiñones contra la sentencia proferida el 6 de febrero
de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cauca mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Amanda Angulo de Quiñones presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
1 En adelante Ugpp.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 19001-23-33-000-2021-00182-01 (1029-2025)
Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 036387 del 28 de septiembre de
2016 y RDP 008329 del 2 de marzo de 2017, mediante los cuales la Ugpp le negó
el reconocimiento de la pensión gracia.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la pensión gracia desde el 5 de agosto de
2014; ii) la indexación de las sumas adeudadas y los intereses moratorios, según
las disposiciones de los artículos 188 y 192 de la Ley 1437 de 20113; y iii) la condena
en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Amanda Angulo de Quiñones nació el 15 de septiembre de 1951, prestó sus
servicios en calidad de seccional del Colegio Santa Inés de Guapí [Cauca] desde el
5 de febrero de 1971 hasta el 30 de marzo de 1973, durante 2 años, 1 mes y 25
días «es de aclarar que el certificado dice que empezó a laborar el 01 de julio de 1971,
pero el acta de posesión es de fecha 05 de febrero de 1971, laborando durante dicho
periodo como educadora departamental, y este tiempo de servicio quedó cobijado por la
nacionalización de la educación prevista en la Ley 43 de 1975».
3.2. Entre el 1° de enero de 1974 y el 29 de septiembre de 1996 ejerció como
educadora «Nacional» y por ello «no se ha tenido en cuenta para la consolidación del
[e]status pensional de la demandante».
3.3. El 30 de septiembre de 1996 fue nombrada como docente nacionalizada en la
Escuela Rural Mixta «La Laguna» de Micay [Cauca] mediante el Decreto 37 del 27
de septiembre de 1996 «’Por el cual se nombra en propiedad a una docente en un plantel
nacionalizado, del ciclo de primaria, del municipio de López de Micay – Cauca’»,
posteriormente fue trasladada al Centro Educativo Oficial Los Campos de Popayán
[Cauca] y luego a la Institución Educativa José Eusebio Caro de esa ciudad desde
el 17 de octubre de 2000 hasta, al menos, el 19 de abril de 2016.
3.4. Asimismo, «[e]l vínculo laboral nacionalizado mutó a departamental – Cauca, dado que
dicho departamento fue certificado según Resolución N° 6270 de fecha 16 de diciembre de
1996, proferida por el Ministerio de Educación Nacional para ser prestador del servicio de
Educación y la Nación – Ministerio de Educación Nacional – le entregó la educación al
Departamento del Cauca, según acta del 15 de diciembre de 1997, suscrita entre las dos
entidades mencionadas, y por tanto los tiempos de servicio que corren entre el 15 de
diciembre de 1997, al 17 de julio de 2003, son de carácter territorial – departamental -
3 En adelante CPACA.
2
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Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
Cauca». Este vínculo mutó a municipal, cuando el municipio de Popayán fue
certificado y el departamento del Cauca le entregó la educación al municipio, en
virtud de la descentralización de la educación.
3.5. El 25 de mayo de 2016, solicitó el reconocimiento de la prestación, la cual fue
negada por la Ugpp mediante la Resolución RDP 036387 del 28 de septiembre de
2016, decisión que fue confirmada con la Resolución RDP 008329 del 2 de marzo
de 2017.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 48, 53, 287, 288, 356 y 357 de
la Constitución Política y las leyes 39 de 1903, 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933, 24 de 1947, 4 de 1966, 43 de 1975, 91 de 1989, 60 de 1993, 100 de 1993 y
715 de 2001.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 4:
5.1. Los actos demandados fueron expedidos con violación directa de la ley, puesto
que la entidad de previsión desconoció que «entre el 05 de febrero de 1971 hasta el 30
de marzo de 1973 es un tiempo departamental nacionalizado y así fue certificado por la
entidad nominadora […] Además, dicho nombramiento fue ratificado por el Gobernador del
Departamento del Cauca mediante Decreto 219 del 22 de marzo de 1971, decreto éste
expedido por el Gobernador del Departamento del Cauca, en uso de sus facultades legales,
aspecto éste por el cual, dicho nombramiento debe tenerse como nacionalizado […]
Téngase en cuenta además que el certificado de tiempo de servicio indica que dicho tiempo
es departamental – recursos propios».
5.2. Además, si bien el tiempo laborado entre el 1° de enero de 1974 y el 29 de
septiembre de 1996 fue en ejercicio de una vinculación del orden nacional, lo cierto
es que ese tiempo no fue computado para determinar la fecha de adquisición del
estatus. No obstante, la vinculación que ostentó a partir del 30 de septiembre de
1996 si debe ser tenida en cuenta para esos efectos.
5.3. En ese sentido «[d]entro de los certificados de tiempo de servicio incluidos dentro del
expediente pensional anexo a la demanda, la Secretaría de Educación municipal de
Popayán ha indicado, que el tiempo de servicio de mi mandante desde el 30 de septiembre
de 1996 hasta el 19 de abril de 2016 (fecha de expedición del certificado), es nacional. Sin
embargo, dicha afirmación no corresponde con la realidad, pues lo cierto es que el vínculo
que ostentó […] desde el 30 de septiembre de 1996 hasta el 14 de diciembre de 1997 es
4Índice 2 de Samai, actuación denominada: 5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210018(.zip)
NroActua 2.
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Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
de carácter nacionalizado, dado que para dicho nombramiento ocupó una plaza de ese
mismo carácter, luego, del 15 de diciembre de 1997 al 17 de julio de 2003 tuvo un vínculo
de carácter departamental por efecto de la descentralización del servicio público educativo,
que se ejecutó en el Departamento del Cauca el 15 de diciembre de 1997, y por último,
entre el 18 de julio de 2003 y el 19 de abril de 2016 (fecha de expedición del certificado),
tuvo un vínculo de carácter municipal por efecto también de la descentralización, pues el
18 de julio de 2003 se perfeccionó la descentralización de la educación en el municipio de
Popayán».
1.2. Contestación de la demanda
6. La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación5:
6.1. La demandante no acreditó con idoneidad ni suficiencia la concurrencia de todos
los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que
según los certificados de formato único para la expedición de la historia laboral
proferidos el 19 de abril de 2016 por la Secretaría de Educación de Popayán el
periodo laborado entre el 1° de enero de 1974 y el 31 de diciembre de 1989, entre
el 1° de enero de 1990 y el 29 de septiembre de 1996 y entre el 30 de septiembre
de 1996 y el 19 de abril de 2016 fueron en ejercicio de vinculaciones del orden
nacional, en este sentido el tiempo de servicio objeto de controversia no resultaba
computable para el reconocimiento pensional.
6.2. Finalmente propuso las excepciones que denominó: i) inexistencia de la
obligación demandada y cobro de lo no debido; ii) ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados; iii) prescripción y iv) buena fe.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Cauca en sentencia proferida el 6 de febrero de
20256, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de
declarar la nulidad de las resoluciones RDP 036387 del 28 de septiembre de 2016
y RDP 008329 del 2 de marzo de 2017 y ordenar a la Ugpp el reconocimiento y
pago de la pensión gracia a partir de la adquisición del estatus pensional, es decir
el 30 de diciembre de 2014, con efectos fiscales a partir del 9 de junio de 2018, por
prescripción, y negó la condena en costas a la entidad previsional.
5 Índice 2 de Samai, actuación denominada: 5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210018(.zip)
NroActua 2.
6 Índice 2 de Samai, actuación denominada: 5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210018(.zip)
NroActua 2.
4
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Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:
8.1. La docente laboró entre el 1° de julio de 1971 y el 30 de marzo de 1973 en
ejercicio de una vinculación del orden departamental, porque el decreto de
nombramiento fue realizado por la prefectura apostólica de Guapi [Cauca] y no fue
controvertido por la entidad previsional.
8.2. En cuanto a los nombramientos realizados mediante las resoluciones 002 de
1973 y 003 de 1974, por el prefecto apostólico y el inspector nacional de educación
se indicó que se trataba de maestros nacionales, de manera que el tiempo de
servicios que prestó con ocasión de esa vinculación no puede ser tenida en cuenta
para el reconocimiento pretendido.
8.3. Adicionalmente, se acreditó que durante los años 1996 y 1997 la docente tuvo
una vinculación simultánea puesto que el alcalde de López de Micay la nombró en
propiedad en septiembre de 1996 y la comisionó para prestar sus servicios en el
Colegio Madre Laura de Popayán, «[s]in embargo, al cotejar dicho acto con la
certificación expedida por la Prefectura Apostólica de Guapi, para ese lapso, la docente
solicitó una licencia ordinaria y su vinculación con el Ministerio de Educación continuaba
vigente, en razón a que la renuncia se aceptó solo a partir del 1° de marzo de 1997; es decir
que es solo a partir de esa fecha que se entiende». Por lo anterior el periodo laborado
entre el 25 de enero de 1973 y el 28 de febrero de 1997, será descartado, por cuanto
era del orden nacional.
8.4. No obstante, los nombramientos realizados por el alcalde de López de Micay
«tienen plena validez; y se trató entonces de un nuevo vínculo laboral. Así las cosas, de
manera expresa se determinó por la autoridad nominadora que la docente sería incorporada
en un plantel del orden nacionalizado, y al comisionársele en el Colegio Madre Laura,
también se expresó que tenía la calidad de docente nacionalizada; lo que se ratificó al
momento en que el gobernador del departamento del Cauca la trasladó al Centro Educativo
Los Campos, de Popayán. Luego desde el 30 de septiembre de 1996, fecha en la que se
posesionó para el cargo, hasta el 29 de septiembre de 2016, la docente tuvo el carácter de
nacionalizada pues así se determinó por las diferentes autoridades nominadoras y, al
realizar un análisis de los diferentes elementos probatorios, no existe indicio alguno que en
este nuevo vínculo hubiese actuado el Ministerio de Educación, por lo tanto, el tiempo de
vinculación no varió», en conclusión el periodo comprendido entre el 24 de enero de
1974 y el 28 de febrero de 1997 no era computable para el reconocimiento, pero el
laborado entre el 30 de septiembre de 1996 y el 29 de septiembre de 2016 sí,
entonces la demandante completó los 20 años de servicios el 30 de diciembre de
2014.
8.5. En relación con la prescripción, «la demandante elevó petición el 28 de enero de
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2002 […] nuevamente solicita el 25 de mayo de 2016 el reconocimiento de la prestación,
pero la demanda fue radicada el 09 de junio de 2021 […] Por lo tanto, las mesadas
anteriores al 09 de junio de 2018 se encuentran prescritas».
8.6. Finalmente, al no resultar probado en el proceso conducta alguna que implicara
temeridad, irracionalidad absoluta de su pretensión, dilación sistemática del trámite
o deslealtad no se condenó en costas.
1.4. Los recursos de apelación
8.7. 1.4.1. La Ugpp solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia7, en el
sentido de negar las pretensiones de la demanda, al considerar que el a quo valoró
equivocadamente el material probatorio allegado al expediente y desconoció que
los periodos laborados entre el 1° de enero de 1974 y el 31 de diciembre de 1989,
entre el 1° de enero de 1990 y el 29 de septiembre de 1996 y entre el 30 de
septiembre de 1996 y el 19 de abril de 2016 no pueden computarse para el
reconocimiento de la pensión gracia, por corresponder a vinculaciones del orden
nacional.
8.8. Además, desde el 19 de diciembre de 1968 hasta el 12 de agosto de 1993 los
recursos del situado fiscal provinieron de la nación, de manera que el tiempo
laborado durante ese lapso, debe considerarse del orden nacional.
9. 1.4.2. Amanda Angulo de Quiñones solicitó que se revocara el ordinal quinto de
la sentencia de primera instancia8, mediante el cual se abstuvo de condenar en
costas a la entidad previsional, puesto que según el artículo 188 del CPACA se
debió acceder a la pretensión de la condena en costas al resultar vencida en el
presente proceso.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. Por medio de auto del 20 de mayo de 20259, el magistrado ponente admitió el
recurso de apelación y prescindió de la etapa de alegatos, de conformidad con lo
establecido en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.
1.6. El Ministerio Público
7 Índice 2 de Samai, actuación denominada: 5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210018(.zip)
NroActua 2.
8 Índice 2 de Samai, actuación denominada: 5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210018(.zip)
NroActua 2.
9 Índice 5 de Samai, actuación denominada: 8Autoqueadmite_10292025admiterecurs(.pdf) NroActua
5.
6
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Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
11. El Ministerio Público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
12. Se circunscribe a resolver
12.1. ¿siAmanda Angulo de Quiñones acreditó los requisitos para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia solicitada de conformidad con las normas que
la regulan?
12.2. ¿si era procedente condenar en costas a la entidad demandada?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. En torno a la pensión gracia
13. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.
14. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 191310 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.
15. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
10 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
7
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Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.
11
16. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 193312, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
17. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
11
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
12
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
8
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Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
18. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.
19. En efecto, la Ley 60 de 199313 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los
provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado
fondo.
20. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja14, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 196815, encargados del sostenimiento de los
13
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
14
Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
15
«Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
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Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos16 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199417 (artículo 179, literal d).
21. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.
22. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199518, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:
22.1. i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego
del situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su
afiliación.
22.2. ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:
23. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así como
sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa de las
entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan efectuado los
correspondientes aportes.
24. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio
de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.
Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad
territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio
de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos
convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado
fiscal.
25. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
16
Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
17
«Por la cual se expide la ley general de educación»
18
«Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»
10
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Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.
26. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 19, en la sentencia
SUJ11-S2 del 21 de junio de 201820 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».
27. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 200021 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
28. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala22 ha señalado:
«[…] Sobre los tiempos nacionales.
La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198923 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
19
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
20
Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
21
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.
22
Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
23
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
11
Radicado: 19001-23-33-000-2021-00182-01 (1029-2025)
Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» [Se resalta]
29. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201824, así:
«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o
de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
24
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicado: 19001-23-33-000-2021-00182-01 (1029-2025)
Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial
[…]».
30. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202225 indicó:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».26
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]» [Se resalta].
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
26 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
13
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Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
31. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicio en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.3. Caso concreto
32. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
32.1. Amanda Angulo Suárez [de Quiñones]27 nació el 15 de septiembre de 195128.
32.2. Mediante el Decreto 003 del 30 de enero de 1971, « por el cual se causan
novedades en el ramo educativo de enseñanza primaria en la Costa Caucana del Pacífico»,
el «prefecto apostólico de Guapi, Fray José Miguel López Hurtado O.PH., inspector
nacional de educación, en uso de las facultades legales», nombró a «Amanda Riascos»
«sin categoría, seccional de la escuela la Urbana de Niñas “Santa Inés de Asís”, en
reemplazo de Carmenza Orozco, sin categoría, quien pasa a la Esc. Isla de Gallo».
32.3. Según acta, «la señorita Amanda Angulo Suárez» se posesionó el 5 de febrero de
1971 en el «cargo de seccional del Colegio Santa Inés, para el cual fue nombrada por
Decreto # 003, de 30 de enero del año en curso, emanado de la INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN
ZONA UNDÉCIMA DE GUAPI y aprobado por la Gobernación del departamento».
32.4. El gobernador del departamento del Cauca, a través del Decreto 219 del 22 de
marzo de 1971 aprobó el Decreto 003 de 1971, emanado de la prefectura apostólica
de Guapi.
32.5. A través de la Resolución 002 del 15 de enero de 1973 «Por la cual se nombra
los empleados y maestros para las Escuelas y Colegios Misionales de Prefectura Apostólica
de Guapi, Costa Caucana del Pacífico, para el año lectivo del primero (1º) de Enero al treinta
y uno (31) de Diciembre», el Prefecto Apostólico de Guapi y el Inspector Nacional de
Educación [Ministerio de Educación] la nombró como docente nacional en «Escuelas
y Colegios Misionales del territorio de la Costa Caucana del Pacífico» en la Escuela Rural
Santa Inés.
27 Posteriormente al contraer nupcias su nombre cambió a Amanda Angulo de Quiñonez, tal como
obra en la cédula de ciudadanía.
28 Índice 2 de Samai, actuación denominada: 5ED_EXPEDIENTE_19001233300420210018(.zip)
NroActua 2, según la certificación del registro civil de nacimiento suscrita por el Notario Único del
Circuito de López de Micay.
14
Radicado: 19001-23-33-000-2021-00182-01 (1029-2025)
Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
32.6. El 1º de enero de 1973 tomó posesión del cargo de seccional en la Escuela
Santa Inés de Asís, nombrada mediante la Resolución 004 del 12 de enero [no
especifica el año], por la prefectura apostólica de Guapi.
32.7. Mediante la Resolución 003 del 25 de enero de 1974 «Por la cual se nombra los
empleados y Maestros para las Escuelas y Colegios de la Prefectura Apostólica de Guapi
e Inspección Nacional de Educación de la Costa Caucana del Pacífico, para el año lectivo
de 1974, el primero (1º) de Enero al 31 de diciembre», el prefecto apostólico de Guapi y
el Inspector Nacional de Educación nombró a la demandante y a otros «Empleados
y Maestros Nacionales para las Escuelas y Colegios de la Prefectura Apostólica de Guapi
e Inspección Nacional de Educación de la Costa Caucana del Pacífico» en la Escuela
Noanamito, «la presente Resolución será enviada al Ministerio de Educación Nacional
para su correspondiente aprobación».
32.8. El 25 de abril de 1980 el prefecto apostólico de Guapi [Coordinador de
Educación Pública], el inspector nacional de educación y el auxiliar administrativo
de nóminas del Ministerio de Educación Nacional [Contrato Prefectura Apostólica]
certificó que prestó sus servicios en el «Territorio Escolar de la Prefectura Apostólica de
Guapi Ministerio de Educación Nacional», en el nivel de primaria desde el 1º de enero
de 1973 hasta el 31 de diciembre de 1979, durante 7 años.
32.9. El 29 de julio de 1980, el jefe de oficina de la Secretaría de Educación del
departamento del Cauca certificó [oficio 0233] que había laborado en el nivel de
primaria en esa dependencia desde el 1º de febrero de 1971 hasta el 30 de marzo
de 1973, durante 2 años, 2 meses.
32.10. El 10 de diciembre de 1987, el prefecto apostólico de Guapi, coordinador
educación pública del territorio escolar, contrato Ministerio de Educación Nacional,
certificó que había prestado sus servicios en la costa caucana del pacífico de la
prefectura apostólica de Guapi, contrato Ministerio de Educación Nacional, desde el
1º de enero de 1980 hasta el 9 de julio de 1987, en el nivel de primaria en la Escuela
Rural Integral de Noanamito de López [Cauca], durante 7 años, 6 meses y 8 días.
Asimismo, certificó la prestación del servicio en iguales condiciones desde el 10 de
julio de 1987 hasta el 10 de diciembre de ese año, durante 5 meses.
32.11. El 29 de septiembre de 1988, el prefecto apostólico de Guapi, coordinador de
educación pública del territorio escolar, contrato Ministerio de Educación Nacional,
certificó que la docente había prestado sus servicios en la costa caucana del
pacífico de la prefectura apostólica de Guapi, contrato Ministerio de Educación
Nacional, desde el 11 de enero de 1985 hasta el 29 de septiembre de 1988, durante
3 años, 8 meses y 18 días.
15
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Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
32.12. El 31 de agosto de 1992, el prefecto apostólico de Guapi, coordinador de
educación pública de territorio, contrato Ministerio de Educación Nacional, certificó
la prestación de sus servicios a la educación de la costa caucana del pacífico
prefectura apostólica de Guapi desde el 30 de septiembre de 1988 hasta el 31 de
agosto de 1992, en la Escuela Noanamito – López, durante 3 años, 11 meses y 1
día.
32.13. El 25 de marzo de 1994, el director de la Concentración Escolar de Noanamito
certificó que había prestado sus servicios desde el 28 de junio de 1992 hasta el 25
de marzo de 1994, financiado por la prefectura, en el nivel de primaria, durante 1
año, 8 meses y 27 días.
32.14. El 10 de enero de 1996, el secretario de educación del departamento del
Cauca certificó que había prestado sus servicios desde el 26 de marzo de 1994
hasta el 11 de enero de 1996, por 1 año, 9 meses, 16 días, con la observación de
«El presente certificado se expide para efectos de reconocimiento del tiempo doble», en el
nivel de primaria.
32.15. El 28 de agosto de 1996, el alcalde de López de Micay certificó que la docente
había prestado sus servicios en ese municipio desde el año 1971 hasta el 28 de
agosto de 1996, por 25 años y 6 meses.
32.16. El 18 de septiembre de 1996, el representante del Ministro de Educación
Nacional ante la entidad territorial del Cauca certificó que «[l]a Entidad nominadora
mediante oficio del 16 de septiembre de 1996, solicita certificar disponibilidad presupuestal
para vincular un remplazo en el plantel mencionado. Por lo anterior este despacho certifica
que existe disponibilidad presupuestal del cargo para nombrar a Amanda Angulo De
Quiñonez […] docente de la Escuela Rural Mixta La Laguna, Municipio de López (Cauca)».
32.17. Mediante el Decreto 37 del 27 de septiembre de 1996 «[p]or el cual se nombra
en propiedad a una docente en un plantel nacionalizado, del ciclo de primaria, del Municipio
de López de Micay – Cauca», el alcalde de López de Micay en uso de sus atribuciones
proferidas en la Ley 29 de 1989, nombró en propiedad a la demandante como
docente seccional de la Escuela Rural Mixta La Laguna de ese municipio. Tomó
posesión del cargo el 30 de septiembre de 1996.
32.18. A través del Decreto 39 del 2 octubre de 1996, el alcalde de López de Micay
comisionó a la docente desde el 30 de junio de 1997 en igual cargo al Colegio Madre
Laura de Popayán «una vez termine la comisión por encargo asignada […] debe
reintegrarse de inmediato a la Escuela Rural Mixta La Laguna […] como docente seccional».
Tomó posesión del cargo el 4 de octubre de 1996.
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Radicado: 19001-23-33-000-2021-00182-01 (1029-2025)
Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
32.19. Por
medio del Decreto 044 del 3 de julio de 1997 fue comisionada la
demandante en su calidad de docente nacionalizada al Colegio Madre Laura de
Popayán. Tomó posesión del cargo el 7 de julio de 1997, según el acta 065.
32.20. Mediante la Resolución 3622 del 3 de septiembre de 1997, el Ministerio de
Educación Nacional aceptó la renuncia presentada por la demandante al cargo de
docente de la Escuela Rural Integral de Noanamito de López de Micay, a partir del
1º de marzo de 1997.
32.21. A través del Decreto 0720 del 18 de agosto de 1998 el gobernador del Cauca
trasladó en propiedad a varios docentes nacionalizados, entre ellos a la
demandante, al Centro Educativo Oficial Los Campos de Popayán, a partir del 24
de agosto de 1998. Tomó posesión del cargo el 27 de agosto de 1998.
32.22. El 20 de junio de 2001, el coordinador de educación contratada y el pagador
del territorio escolar del vicariato apostólico de Guapi, contrato Ministerio de
Educación Nacional certificó que la demandante «prestó sus servicios a esta institución
desde el primero (1º) de enero de mil novecientos setenta y tres (1973), hasta el veintiocho
(28) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997) en calidad de Maestra Seccional
Escuela Urbana Santa Inés de Asís y profesora Escuela Noanamito Municipio de López- C.
Nombrada por Resolución Nº 350 de enero 31/79 y se le acepta la renuncia por Resolución
Nº 3622 de septiembre 3/97 expedidas por el Ministerio de Educación Nacional. Tiempo
veinticuatro (24) años, un (1) mes, veintisiete (27) días».
9 de enero de 200229, el profesional especializado de la Secretaría
32.23. El
Administrativa y Financiera del Cauca certificó el siguiente tiempo de servicio:
«DETALLE TIEMPO
En López – Ramo Docente – Primaria – Departamental
Desde 01 de julio de 1971 Años Meses Días
Hasta 30 de marzo de 1973 01 09 00
Razón Social: Inspección de Educación Undécima de Guapi y aprobado por la
Gobernación del Cauca
Cotizó: Caja de Previsión Departamental
Cuota Parte: Gobernación del Cauca
DETALLE TIEMPO
En López – Popayán – Ramo Docente - Primaria - Nacionalizada
Desde 30 de septiembre de 1996 Años Meses Días
Hasta 30 de noviembre de 2001 05 01 01
Razón social Alcaldía López de Micay
29 Página 160 en el expediente fueron expedidos certificados de igual naturaleza año a año desde el
2002 hasta el 2006.
17
Radicado: 19001-23-33-000-2021-00182-01 (1029-2025)
Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
Cotizó Fondo de prestaciones del magisterio
Cuota parte Ministerio de Educación Nacional
Novedades: Traslado de López a Popayán en Comisión – Decreto 044/97
Traslado a Popayán en propiedad – Decreto 0720/98
TIEMPO TOTAL Años 6 Meses 10 Días 1».
32.24. El 20 de diciembre de 2006, el profesional universitario [en el documento no
indica la entidad territorial que lo emitió, se infiere que corresponde a una tabla del
formato único para la certificación de la historia laboral30], certificó los siguientes
periodos laborados por la docente:
Tipo de Acto Desde Hasta Total
novedad administrativo
Nombramiento Resolución 01/01/1973 31/12/1973 1 año
Escuela Santa interna 004 del
Inés de Asís de 12/01/1973
López [Cauca]
Nombramiento Resolución 01/01/1973 28/02/1997 23 años, 1 mes,
Escuela interna 003 del 27 días
Noanamito 25/01/1974
López [Cauca] Resolución
MEN 350 del
31/01/1978
Licencia no Resolución 01/10/1996 30/11/1996 61 días
Remunerada interna 374 del
Escuela 01/10/1996
Noanamito
López [Cauca]
Licencia no Resolución 01/02/1997 28/02/1997 28 días
Remunerada interna 025 del
Escuela 31/01/1997
Noanamito
López [Cauca]
Renuncia Resolución 01/03/1997
Escuela MEN 3622 del
Noanamito 03/09/1997
López [Cauca]
32.25. El 22 de agosto de 2007, el secretario de educación de Popayán, mediante el
formato único para la expedición de la historia laboral, certificó la prestación del
servicio de la demandante en calidad de docente en propiedad, en los siguientes
términos:
30 Folio 167 del expediente.
18
Radicado: 19001-23-33-000-2021-00182-01 (1029-2025)
Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
Acto
Novedad Desde Hasta
administrativo
Nombramiento en
propiedad como
Decreto 37 del
seccional 30/09/1996 -
27/09/1996
Escuela Mixta La
Laguna
Comisión por encargo
a docente Decreto 39 del
04/10/1996 -
Colegio Madre Laura 02/10/1996
Popayán
Comisión a docente
Decreto 044
Colegio Madre Laura 07/07/1997 -
del 03/07/1997
Popayán
Traslado en propiedad
Centro Educativo Decreto 0720
27/08/1998 30/12/2006
Oficial Los Campos del 18/08/1998
Popayán
10 años y 3
Total
meses
32.26. Mediante la Resolución 951 del 16 de noviembre de 2007, el secretario de
educación de Popayán reconoció una pensión de jubilación a favor de la
demandante, a partir del 16 de septiembre de 2006.
32.27. El 24 de marzo de 1998 y el 9 de agosto de 2011 el jefe de división centro de
atención al público de la Procuraduría General de la Nación certificó que la docente
no registraba antecedentes disciplinarios.
32.28. El28 de junio 2012, el secretario de educación de Popayán, fondo de
prestaciones sociales del magisterio de Popayán, certificó que la docente registró 3
vinculaciones:
«1. 09/30/1996 Régimen Pensión (NACIONAL) Y Régimen de Cesantías (ANUAL)
2. 01/01/1973 Régimen Pensión (NACIONALIZADO) y Régimen de Cesantías
(RETROACTIVO)
3. 07/01/1971 Régimen Pensión (NACIONAL) y Régimen de Cesantías (ANUAL)».
32.29. El 13 de junio de 2012, el profesional universitario de la gobernación del
Cauca, Secretaría de Educación Departamental, Unidad Desconcentrada Guapi,
certificó que la docente:
19
Radicado: 19001-23-33-000-2021-00182-01 (1029-2025)
Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
«[…] prestó sus servicios a la Educación en la Costa Caucana del Pacífico – Prefectura
Apostólica de Guapi según los datos que se detallan a continuación.
Desde el primero (01) de enero de mil novecientos setenta y tres (1973), hasta el
veintiocho (28) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997), en calidad de
Profesor Seccional de la Escuela Rural de Noanamito, Municipio de López- Cauca.
Nombrada por Resolución Número 002 de enero quince (15) de mil novecientos setenta
y tres (1973) emanada de este despacho y se le acepta Renuncia del cargo según
Resolución Número 3622 de septiembre tres (03) de mil novecientos noventa y siete
(1997), emanada del Ministerio de Educación Nacional.
NOTA: Se le concedió licencias ordinaria así:
1. Desde el 01 Octubre al 30 de Noviembre de 1996 (61) días.
2. Desde el 01 Febrero al 28 de Febrero de 1997 (28) días».
32.30. El 20 de septiembre de 2012, el secretario de educación de Popayán certificó
que el docente prestó sus servicios, así:
Acto
Novedad Desde Hasta
administrativo
Ingreso
Secretaría de Decreto 003
01/07/1971 31/12/1973
Educación del Cauca 30/01/1971
[Guapi]
Tiempo total 2 años y 6 meses
32.31. El 20 de septiembre de 2012, el secretario de educación de Popayán certificó
que el docente prestó sus servicios, así:
Acto
Novedad Desde Hasta
administrativo
Ingreso
Secretaría de Resolución 002
01/01/1974 -
Educación del Cauca del 15//01/1973
[López de Micay]
Ascenso
Resolución
Secretaría de
4372 del 05/02/1980 -
Educación del Cauca
31/12/1980
[López de Micay]
Ascenso
Resolución
Secretaría de
0419 del 06/04/1988 -
Educación del Cauca
06/04/1988
[López de Micay]
Resolución
Ascenso 2141 del 30/12/1988 -
30/12/1988
20
Radicado: 19001-23-33-000-2021-00182-01 (1029-2025)
Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
Secretaría de
Educación del Cauca
[López de Micay]
Ascenso
Resolución
Secretaría de
1666 del 26/11/1992 -
Educación del Cauca
26/11/1992
[López de Micay]
Ascenso
Secretaría de Resolución 972
14/07/1994 -
Educación del Cauca del 26/07/1994
[López de Micay]
Ascenso
Resolución
Secretaría de
1124 del 09/04/1996 29/09/1996
Educación del Cauca
15/05/1996
[López de Micay]
Tiempo total 22 años, 8 meses y 29 días
32.32. El 20 de septiembre de 2012, el secretario de educación de Popayán, certificó
que la docente [aún activa] había prestado sus servicios durante 15 años, 11 meses
y 21 días, así:
Acto
Novedad Desde Hasta
administrativo
Ingreso
Secretaría de Decreto 37 del
30/09/1996 -
Educación del Cauca 27/09/1996
[López de Micay]
Traslado
Decreto 39 del
I.E. San Agustín 04/10/1996 -
02/10/1996
Popayán [Cauca]
Traslado
Decreto 044
I.E. San Agustín 07/07/1997 -
del 03/07/1997
Popayán [Cauca]
Ascenso
Resolución 46
I.E. San Agustín 06/02/1998 -
del 18/02/1998
Popayán [Cauca]
Traslado
I.E. José Eusebio Decreto 0720
27/08/1998 -
Caro del 18/08/1998
Popayán [Cauca]
21
Radicado: 19001-23-33-000-2021-00182-01 (1029-2025)
Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
Ascenso
Resolución
I.E. José Eusebio
4908 del 17/10/2000 -31
Caro
17/10/2000
Popayán [Cauca]
Tiempo total 15 años, 11 meses y 21 días
32.33. El 20 de abril de 2016, mediante el oficio GEI-170, la secretaria de educación
de Popayán informó que «[s]egún tiempo de servicio No. 50166 de fecha 18/02/2016 y
certificado salarial No. 50166 de fecha 02/02/2016 correspondiente al tiempo laborado el
01/07/1971 al 03/03/1973 expedido por la oficina de hojas de vida, registro y control de la
Gobernación del Cauca, enviado mediante oficio radicado SAC2016PQR3532 de fecha
06/04/2016 por la docente […] para ser incluido en su historia laboral. Teniendo presente el
tiempo de servicio y certificados salariales expedidos por el Departamento del Cauca se
corrige su vinculación y el tiempo laborado del 01/07/1971 al 03/03/1973».
32.34. Mediante la Resolución 20161700130484 del 29 de septiembre de 2016, el
alcalde de Popayán retiró del servicio a la docente quien prestaba sus servicios en
la Institución Educativa José Eusebio Caro de Popayán en el nivel de básica
primaria, con ocasión del retiro forzoso.
32.35. El 7 de septiembre de 2017, el secretario de educación de Popayán, mediante
el Radicado SAC2017EE4780, manifestó lo siguiente:
«De la manera mas atenta me dirijo a usted, para informarle que se verificó uno a uno
los actos administrativos que conforma su historia laboral y se evidencia las siguientes
novedades:
1. Decreto No. 003 de fecha 30/01/1971, emanado por el Prefecto Apostólico de Guapi
– Inspector Nacional de Educación, por el cual nombran a la señora AMANDA RIASCOS
como seccional en la escuela Urbana de Niñas ‘SANTA INES DE ASIS’ nombramiento
aprobado por el Gobernador del Departamento del Cauca mediante Decreto No. 219 del
22/03/1971.
2. Existe un acta de posesión de fecha 05/02/1971, donde toma posesión del cargo
seccional de la escuela Urbana de Niñas ‘SANTA INES’ la señora AMANDA ANGULO
quien ha sido nombrada por decreto No. 003 del 30/01/1971, emanado por la
gobernación del Departamento. Según constancia de sueldos expedido por la
gobernación del Cauca se registra pago de factores salariales desde el 01/07/1971.
Debido a que en los decretos de nombramiento No. 003 de fecha 30/01/1971 y Decreto
No. 219 del 22/03/1971 usted no aparece registrada si no la señorita AMANDA
RIASCOS, Por estos motivos solicitamos su colaboración» [sic].
32.36. El 25 de mayo de 2016 fue solicitado el reconocimiento pensional y mediante
la Resolución 36387 del 28 de septiembre de 2016, la Ugpp negó el reconocimiento
31 La vinculación se encontraba vigente en la fecha en la que se expidió el certificado.
22
Radicado: 19001-23-33-000-2021-00182-01 (1029-2025)
Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
de la pensión gracia, decisión que fue confirmada a través de la Resolución RDP
008329 del 2 de marzo de 2017.
2.4. Análisis sustancial
33. El Tribunal Administrativo del Cauca accedió parcialmente a lo pretendido en la
demanda, en el sentido de declarar la nulidad de los actos demandados y ordenar
a la Ugpp el reconocimiento y pago de la pensión gracia a partir de la adquisición
del estatus pensional y declaró la prescripción de las mesadas causadas antes del
9 de junio de 2018.
34. La Ugpp solicitó que se revocara la decisión adoptada por el tribunal de primera
instancia, al desconocer que los periodos laborados entre el 1° de enero de 1974 y
el 31 de diciembre de 1989, entre el 1° de enero de 1990 y el 29 de septiembre de
1996 y entre el 30 de septiembre de 1996 y el 19 de abril de 2016 no pueden
computarse para el reconocimiento de la pensión gracia, por corresponder a
vinculaciones del orden nacional.
35. Además, porque entre el 19 de diciembre de 1968 y el 12 de agosto de 1993 los
recursos del situado fiscal provinieron de la nación, de manera que los periodos
laborados entre esos años deben considerarse nacionales.
36. De acuerdo con lo anterior, la sala verificará si, como se afirma en el recurso de
apelación presentado por la Ugpp, la demandante acreditó su vinculación como
docente del orden territorial o nacionalizado durante más de 20 años y ostentó una
vinculación de igual categoría antes del 31 de diciembre 1980.
37. Al respecto, la Sala encuentra que la demandante nació el 15 de septiembre de
1951 es decir cumplió 50 años de edad en el año 2001.
38. En cuanto al requisito de contar con experiencia docente con vinculación
territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, en el expediente se
evidencia que se desempeñó como docente del departamento en el Colegio Santa
Inés de Guapi [Cauca].
39. En ese sentido se encontraron: i) el acta de posesión del 5 de febrero de 1971,
según la cual ejerció el cargo de «Seccional» «para lo cual fue nombrada por Decreto #
003, de 30 de enero del año en curso, emanado de la INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN
ZONA UNDECIMA DE GUAPI y aprobado por la Gobernación del Departamento»; ii) el
Decreto 003 del 30 de enero de 1971, «[p]or el cual se causan novedades en el Ramo
Educativo de Enseñanza Primaria en la Costa Caucana del Pacífico», con el cual «El
Prefecto Apostólico de Guapi, Fray José Miguel López Hurtado O.PH., Inspector Nacional
23
Radicado: 19001-23-33-000-2021-00182-01 (1029-2025)
Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
de Educación» trasladó y nombró varios docentes; no obstante, la demandante no
fue mencionada allí, toda vez que para el Colegio Santa Inés de Guapi fue nombrada
Amanda Riascos [tal como lo manifestó el secretario de educación de Popayán en
el oficio SAC2017EE4780 del 7 de septiembre de 2017]; y iii) el Decreto 219 del 22
de marzo de 1971, a través del cual el gobernador del Cauca aprobó el anterior acto
administrativo.
40. Asimismo, las certificaciones proferidas el 9 de enero de 2002, en los años 2003,
2004, 2005 y 2006 por el profesional especializado de la Secretaría Administrativa
y Financiera del Cauca, en las cuales se indicó que el tiempo comprendido entre el
01 de julio de 1971 y el 30 de marzo de 1973 la vinculación ejercida por la docente
fue del orden departamental.
41. Al respecto, la Sala advierte que, si bien en el Decreto 003 del 30 de enero de
1971 el nombre de la demandante no figuraba entre los docentes nombrados, lo
cierto es que según el acta, la docente tomó posesión del cargo de seccional del
Colegio Santa Inés de Guapi [Cauca], tal como fue confirmado a través del Oficio
SAC2017EE4780 del 7 de septiembre de 2017 en la medida en que «[e]xiste un acta
de posesión de fecha 05/02/1971, donde toma posesión del cargo seccional de la escuela
Urbana de Niñas ‘SANTA INES’ la señora AMANDA ANGULO quien ha sido nombrada por
decreto No. 003 del 30/01/1971, emanado por la gobernación del Departamento. Según
constancia de sueldos expedido por la gobernación del Cauca se registra pago de factores
salariales desde el 01/07/1971».
42. Lo anterior, permite concluir que en el Decreto 003 de 1971 se incurrió en un
error en la digitación del nombre completo de la demandante, esto porque, de
acuerdo con el acta de posesión ella ingresó al servicio público en el empleo «sin
categoría, seccional de la escuela la Urbana de Niñas “Santa Inés de Asís”», en el cual en
el acto de designación se señaló que se nombraba a Amanda Riascos.
Adicionalmente, existe certeza de que la demandante desempeñó ese empleo
porque por esta razón recibió una remuneración como se indicó en la certificación
relacionada en el párrafo precedente. Así las cosas, las pruebas aportadas permiten
tener certeza que Amanda Angulo de Quiñones ingresó al servicio educativo con
ocasión del nombramiento realizado a través del Decreto 003 de 1971.
43. Ahora, en cuanto al tipo de vinculación ostentada por la demandante en este
periodo, la Sala advierte que el nombramiento fue realizado por el Prefecto
Apostólico de Guapi y el Inspector Nacional de Educación. Al respecto, con el fin de
establecer la naturaleza de esta, se encuentra pertinente señalar que, de
conformidad con el artículo 132 de la Ley 4 de 191332, el prefecto actuaba como un
32 Régimen político y municipal.
24
Radicado: 19001-23-33-000-2021-00182-01 (1029-2025)
Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
agente del gobernador, en este caso del departamento del Cauca, lo que explica
que mediante el Decreto 219 del 22 de marzo de 1971, la gobernación de ese ente
territorial aprobara las novedades previstas en el Decreto 003 del 30 de enero de
1971.
44. Lo anterior, permite concluir que la vinculación fue del orden territorial, toda vez
que fue efectuada por una autoridad del orden territorial, sin que se evidenciara la
participación de una autoridad del orden nacional. Adicionalmente, esta conclusión
encuentra sustento en que Amanda Angulo de Quiñones fue nombrada en calidad
de docente del nivel de primaria y, de conformidad con la Ley 39 de 1903, la
educación oficial primaria se encontraba a cargo de los departamentos33, esto
permite tener certeza de que la vinculación ejercida por la docente entre el 5 de
febrero de 1971 y el 30 de marzo de 1973, fue del orden departamental.
46. En cuanto al tiempo prestado después del año 1981, en el expediente obran i)
el Decreto 37 del 27 de septiembre de 1996, mediante el cual el alcalde de López
de Micay [Cauca] nombró a la docente en un «plantel nacionalizado, del ciclo de
primaria»; ii) el acta de posesión del 30 de septiembre de 1996; iii) la Resolución
20161700130484 del 29 de septiembre de 2016, mediante la cual el alcalde de
Popayán retiró del servicio a la docente por cumplir la edad del retiro forzoso.
47. Asimismo, de conformidad con los certificados laborales proferidos el 22 de
agosto de 2007, el 20 de septiembre de 2012, el 25 de noviembre de 2014 y el 24
de agosto de 2015, expedidos por la Secretaría de Educación de Popayán, la
demandante prestó sus servicios como docente en la Escuela Mixta La Laguna y
finalizó en la Institución Educativa José Eusebio Caro, desde el 30 de septiembre
de 1996 [según el Decreto 37 del 27 de septiembre de 1996 nombramiento] hasta
el 29 de septiembre de 2016, durante 19 años, 11 meses, 29 días.
48. En este punto, se precisa que a pesar de que la docente prestó sus servicios
entre los años 1973 y 1997 [específicamente hasta el 1º de marzo de 1997 según
la Resolución 3622 del 3 de septiembre de 1997, a través de la cual le fue aceptada
la renuncia], lo cierto es que ese tiempo no resulta susceptible de cómputo para el
reconocimiento de la pensión gracia, por tratarse de tiempos laborados en ejercicio
de una vinculación del orden nacional, tal como se manifestó en la demanda, se
corroboró con el acto de nombramiento [Resolución 003 del 25 de enero de 1974] y
certificaciones como las proferidas el 25 de abril de 1980 y el 10 de diciembre de
1987, por el Prefecto Apostólico de Guapi y el 20 de junio de 2001 por el coordinador
de educación contratada y el pagador del territorios escolar del vicariato apostólico
de Guapi.
33 Sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de 2022.
25
Radicado: 19001-23-33-000-2021-00182-01 (1029-2025)
Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
49. En suma, se advierte que el docente prestó sus servicios con una vinculación
departamental y luego nacionalizada durante más de 20 años, comoquiera que
durante ese lapso ocupó la plaza en un plantel de ese orden, como se constató en
el Decreto 37 del 27 de septiembre de 1996 de nombramiento.
50. De otra parte, de la Resolución 3622 del 3 de septiembre de 1997 [con la que se
finalizó la vinculación de orden nacional] y del Decreto 37 del 27 de septiembre de
1996 con ocasión del cual se vinculó en una plaza nacionalizada, se advierte que
entre el 30 de septiembre de 1996 y el 1° de marzo de 1997 ostentó dos
vinculaciones como docente. No obstante, de conformidad con el material probatorio
durante dicho lapso, la demandante solo prestó sus servicios como educadora del
orden nacionalizado, esto, porque entre el 1° de octubre de 1996 y el 30 de
noviembre de 1996 y el 1° de febrero de 1996 y el 28 de febrero de 1997 se
encontraba en licencia no remunerada34 en empleo del orden nacional. Así las
cosas, para el reconocimiento de la pensión gracia se tendrá en cuenta todo el
periodo durante el cual ocupó una plaza nacionalizada.
51. Ahora, en cuanto lo manifestado por la Ugpp en relación con este último periodo
la sala encuentra que el acto de nombramiento resulta idóneo para acreditar la
naturaleza nacionalizada de la vinculación ostentada por la demandante. En ese
sentido, se recuerda que de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación
«para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo […] que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial», como en efecto ocurrió en el presente asunto, en el cual fueron allegados
actos emanados por el departamento del Cauca que permiten tener certeza del tipo
de vinculación.
52. Finalmente, en el recurso de apelación, la entidad de previsión sostuvo que
desde el 19 de diciembre de 1968 hasta el 12 de agosto de 1993 los recursos del
situado fiscal provinieron de la nación, de manera que el tiempo laborado durante
ese lapso, debe considerarse del orden nacional. Para la sala, este argumento no
tiene asidero, puesto que, como se señaló en sentencia de unificación del 21 de
junio de 201835, «los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución
de 1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
34 Concedidas a través de las resoluciones 374 del 1° de enero de 1996 y 025 del 31 de enero de
1997. Se advierte que el lapso entre el 1° de diciembre de 1996 y el 1° de febrero de 1997 coincide
con el periodo de vacaciones y con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 0174 de 1982, según el
cual «Las clases se iniciarán el primer lunes de febrero en el Calendario A y el primer lunes de
septiembre en el Calendario B».
35
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
26
Radicado: 19001-23-33-000-2021-00182-01 (1029-2025)
Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales» por lo
que lo esencialmente importante para el reconocimiento en discusión es « la
acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada,
pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas -situado
fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales, y en
lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones».
53. En consonancia, el demandante acreditó que había prestado sus servicios como
docente con vinculación departamental y nacionalizada así: i) en el Colegio Santa
Inés entre el 5 de febrero de 1971 y el 30 de marzo de 1973, durante 2 años, 1 mes
y 25 días y ii) en la Secretaría de Educación del Cauca entre el 30 de septiembre
de 1996 y el 29 de septiembre de 2016, durante 20 años.
54. Respecto de la consolidación del estatus pensional, la Sala encuentra que, para
el 15 de septiembre de 2001, cuando la docente cumplió los 50 años de edad,
contaba con 7 años, 1 mes y 10 días de servicio, de manera que fue hasta el 5 de
agosto de 201436 que ello ocurrió.
55. Ahora, en cuanto al cómputo de la prescripción, se observa que el docente
alcanzó el estatus pensional el 5 de agosto de 2014, cuando cumplió 20 años de
servicio, la reclamación fue presentada el 25 de mayo de 201637, la demanda el 9
de junio de 202138, de manera que el mencionado fenómeno operó respecto de las
mesadas causadas antes del 9 de junio de 2018.
56. Finalmente, Amanda Angulo de Quiñones solicitó condenar en costas a la
entidad previsional, al respecto se advierte que la condena en costas no procede
automáticamente por el solo hecho de que una de las partes resulte vencida en el
proceso. El juez debe emitir siempre un pronunciamiento sobre ellas, pero su
imposición requiere un análisis subjetivo valorativo de la conducta procesal de
aquellas, con verificación de si hubo temeridad, mala fe o manifiesta carencia de
fundamento legal, de manera que al no evidenciar alguna de las anteriores
conductas en las actuaciones realizadas por la Ugpp se confirmará lo dispuesto por
el a quo en este sentido.
45. Así las cosas, se impone modificar el ordinal tercero de la sentencia proferida el
36 Toda vez que, para el 15 de septiembre de 2001 el docente contaba con 7 años, 1 mes y 10 días,
de manera que alcanzó el estatus pensional el 5 de agosto de 2014 (fecha en la que cumplió los 12
años, 11 meses y 20 días faltantes).
37 Según lo dispuesto en la Resolución RDP 036387 del 28 de septiembre de 2016.
38 Según el acta de reparto suscrita por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Cauca.
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Radicado: 19001-23-33-000-2021-00182-01 (1029-2025)
Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
6 de febrero de 2025, en cuanto a la fecha de adquisición del estatus y se confirmará
en lo demás.
2.5. Costas
46. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
47. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
48. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma39.
49. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
50. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
51. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Amanda Angulo de
Quiñones acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia. En
39En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
28
Radicado: 19001-23-33-000-2021-00182-01 (1029-2025)
Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
esas condiciones se confirmará la sentencia proferida el 6 de febrero de 2025, por
el Tribunal Administrativo del Cauca, pero se modificará la fecha de la adquisición
del estatus pensional y de las mesadas respecto de las cuales operó el fenómeno
de la prescripción trienal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 6 de febrero de
2025, por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se accedió a lo
pretendido en la demanda presentada por Amanda Angulo de Quiñones y, en su
lugar se dispone:
«Ordenar a título de restablecimiento del derecho a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-,
reconocer y pagar a la docente AMANDA ANGULO DE QUIÑONES la pensión gracia a
partir del 5 de agosto de 2014, pero efectiva desde el 9 de junio de 2018, por prescripción
trienal».
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Ausente con excusa
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
29
Radicado: 19001-23-33-000-2021-00182-01 (1029-2025)
Demandante: Amanda Angulo de Quiñones
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
Vmt
30
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