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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2021-00313-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2021-00313-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 5 de marzo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al señor Pablo Enrique Páez Díaz, a favor de la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Cauca. 13 consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 19001-23-33-000-2021-00313-01 (1196-2026) Demandante: Pablo Enrique Páez Díaz TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2021-00313-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 19001-23-33-000-2021-00313-01 (1196-2026)
Demandante: Pablo Enrique Páez Díaz
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –
Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales
Naturales de Colombia

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios —
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral

Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia porque el
demandante no demostró la continuada subordinación
durante la ejecución de los contratos de prestación de
servicios

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 5 de marzo de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el propósito de que se declare la nulidad del
Oficio 20201300003423 del 11 de noviembre de 2020, expedido por la entidad
demandada, mediante el cual se negó el reconocimiento de una relación laboral
entre 2017 y 2019 y el pago de las prestaciones derivadas de dicha vinculación.
Durante ese período se desempeñó como operario en el Parque Nacional Natural
Puracé.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) declarar la existencia
del vínculo laboral con la demandada; (ii) reconocer y pagar las prestaciones
sociales causadas, la sanción por mora en el pago de las cesantías y los aportes
al sistema de seguridad social en pensiones; (iii) reconocer los perjuicios
materiales e inmateriales causados; (iv) indexar las sumas adeudadas; (v) dar
cumplimiento a la sentencia dentro del término legal y, en caso de mora, pagar
los respectivos intereses; y (vi) condenar en costas a la entidad demandada.

3. Como concepto de violación, sostuvo que el acto acusado vulneró las
normas en que debía fundarse e incurrió en falsa motivación. Explicó que, aunque
formalmente estuvo vinculado mediante contratos de prestación de servicios,
desarrolló sus actividades de manera personal, bajo continuada subordinación y
a cambio de una remuneración. A su juicio, esas circunstancias demostraban la
existencia de una relación de naturaleza laboral.

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Demandante: Pablo Enrique Páez Díaz

Contestación de la demanda

4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones. Señaló que el actor
estuvo vinculado mediante contratos de prestación de servicios y, al referirse a
su historial contractual, indicó que estos se celebraron entre el 1.º de mayo de
2003 y el 30 de diciembre de 2019, con diversas interrupciones. Precisó que
durante los años 2006, 2007, 2010 y 2013 no existió contratación y explicó que
la modalidad utilizada obedeció a la insuficiencia de personal de planta y a la
inexistencia de cargos vacantes.

5. Afirmó que el demandante desarrollaba sus actividades con autonomía e
independencia y que los horarios observados respondían a las necesidades
propias del cumplimiento de los objetos contractuales.

6. Manifestó que el actor no tenía derecho al reconocimiento de salarios ni
prestaciones sociales, porque no estuvo sujeto a una relación legal y
reglamentaria con la entidad.

7. Propuso las excepciones de prescripción, ausencia de los elementos
esenciales de una relación laboral, inexistencia de falsa motivación e inexistencia
de subordinación.

Sentencia apelada

8. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer
condena en costas. De entrada, precisó que el análisis se circunscribía a los
hechos ocurridos entre 2017 y 2019, pues el demandante solo pretendía la
declaración de existencia de una relación laboral durante ese período.

9. Explicó que estuvo vinculado mediante contratos de prestación de
servicios continuos para los años 2017 y 2018, mientras que entre los contratos
de 2018 y 2019 existió una interrupción de 68 días.

10. Tuvo por acreditadas la prestación personal del servicio y la remuneración.
Señaló que el actor desarrolló directamente actividades de acercamiento y
articulación comunitaria, mantenimiento de infraestructura, prevención, vigilancia
y control de recursos naturales, entre otras, y recibió a cambio la contraprestación
pactada en los contratos.

11. Sin embargo, consideró que no se acreditó la subordinación continuada.
Respecto del primer testigo, advirtió que se había desvinculado de la entidad en
2015 y reconoció que no conocía la dinámica posterior de ejecución de los
contratos. Añadió que su relato daba cuenta de que los registros de actividades
servían para verificar el cumplimiento de lo contratado y que, mientras estas se
ejecutaban en el parque, no había una persona que las dirigiera.

12. En cuanto a la segunda testigo, destacó que las actividades eran
programadas por trabajadores y contratistas en comités técnicos, que los turnos
en las cabañas no eran exigidos como una obligación y que no había una persona

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Demandante: Pablo Enrique Páez Díaz

que impartiera órdenes durante la ejecución de los contratos. Asimismo, señaló
que los informes de ejecución mostraban que el actor podía programar sus
actividades, formular propuestas y decidir la forma de ejecutarlas, informar sus
ausencias temporales y concertar su plan anual de trabajo.

13. Agregó que el demandante podía acordar con el supervisor la
programación anual de las actividades y el producto esperado, por lo que estimó
que existían directrices generales dirigidas a garantizar el cumplimiento del objeto
contractual, pero no órdenes específicas propias de una relación subordinada.
Tampoco encontró prueba de que requiriera permisos para ausentarse, recibiera
órdenes o llamados de atención, o estuviera sometido a un poder jerárquico que
determinara el modo, tiempo o cantidad de trabajo. Finalmente, señaló que no se
acreditó que en la planta de personal existiera un cargo con las mismas funciones
contratadas.

Recurso de apelación

14. El demandante interpuso recurso de apelación y sostuvo que el testigo
Jhon Jairo Ordóñez relató que los turnos eran fijados por la entidad accionada y
controlados mediante un libro de minutas; que los contratistas debían
permanecer en las cabañas conforme a la programación efectuada por aquella,
durante jornadas de 24 horas o más; y que al actor le suministraban dotación y
vehículos oficiales y se le exigía cumplir metas que incluían un número
determinado de recorridos de control y vigilancia en el parque natural.

15. Adujo que la testigo Martha Burbano confirmó que la entidad accionada
fijaba los turnos y definía las actividades en comités técnicos, de acuerdo con las
obligaciones específicas previstas en los contratos 119 de 2011, 228 de 2012,
032 de 2014, 091 de 2015 y 075 de 2019. Añadió que, según la declarante, el
demandante debía permanecer en las cabañas del parque natural durante
jornadas de 24 horas y que un profesional de planta supervisaba los turnos e
indicaba a qué contratista correspondía asumirlos.

16. Sostuvo que la permanencia durante varios días en las cabañas del
parque natural demostraba la subordinación, especialmente si se valoraba en
conjunto con la obligación de diligenciar minutas, cumplir la programación
establecida y efectuar reportes radiales, mecanismos que, a su juicio, permitían
controlar y supervisar las actividades.

17. Alegó que las tareas desarrolladas por el actor también estaban asignadas
al empleo de operario calificado, código 4169, grados 11 y 13. Señaló que esta
circunstancia fue corroborada por los testigos, quienes desempeñaron las
mismas actividades y posteriormente fueron nombrados como empleados
provisionales, mientras que el demandante continuó vinculado como contratista.

18. Invocó un correo electrónico del 22 de febrero de 2019 y un comunicado
del 9 de octubre de 2019. Señaló que, mediante el primero, se le impartieron
instrucciones para elaborar un plan de trabajo en coordinación con el jefe del
parque y, a través del segundo, se le solicitó realizar un curso de Función Pública.

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A su juicio, estos documentos demostraban que sus actividades estaban
sometidas a planificación institucional y subordinación.

19. Finalmente, cuestionó que la sentencia no hubiera tenido en cuenta el
carácter permanente de las actividades desarrolladas ni su relación con la
naturaleza y la misión de la entidad demandada.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

20. Mediante auto del 19 de junio de 2026 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

21. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio durante
esta etapa procesal.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

22. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

23. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
incurrió en los yerros planteados en el recurso de apelación. Para tal efecto, se
analizará si el actor acreditó la continuada subordinación durante la ejecución de
los contratos de prestación del servicio. En caso afirmativo, se definirá el alcance
del restablecimiento del derecho.

Análisis del problema jurídico

24. La Sala confirmará la sentencia, a través de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que el accionante no demostró
la continuada subordinación durante la ejecución de los contratos de prestación
de servicios.

1. Estudio sobre las condiciones en las que se ejecutaron los contratos

25. De acuerdo con la prueba documental recaudada1, el demandante celebró
los siguientes contratos de prestación de servicios con la entidad accionada:

Contrato u orden de
Duración Honorarios Objeto
prestación de servicios
«Prestación de servicios operativos y de
$ 12.240.000 apoyo a la gestión para realizar actividades de
108 del 1.° de marzo de
1/3/2017 al ($ 1.224.000 educación ambiental, realización de
2017
31/12/2017 mensuales) recorridos de control y vigilancia en el marco
del Plan Operativo Anual, con el fin de avanzar

1
Contratos, informes de actividades, actas de liquidación y certificaciones. Índice 33 de SAMAI
del tribunal.

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Demandante: Pablo Enrique Páez Díaz

en el logro previsto en el Plan de Manejo del
Parque Nacional Natural Puracé»
«Prestación de servicios operativos y de
apoyo a la gestión para realizar actividades de
24/1/2018 $ 12.607.200 educación ambiental, realización de
098 del 24 de enero de
al ($ 1.260.720 recorridos de control y vigilancia en el marco
2018
23/11/2018 mensuales) del plan operativo anual, con el fin de avanzar
en el logro previsto en el Plan de Manejo del
Parque Nacional Natural Puracé»
«Prestación de servicios operativos y de
apoyo de gestión para realizar acciones que
contribuyan al ejercicio de la autoridad
31/1/2019 $ 14.283.962 ambiental en los sectores de manejo definidos
075 del 31 de enero de
al ($ 1.298.542 en el PNN Puracé, para el cumplimiento de los
2019
30/12/2019 mensuales) objetivos del (sic) conservación del área
protegida, en el marco del plan operativo
anual para la vigencia 2019 y de lo previsto en
el Plan de Manejo del Área Protegida»

26. En primera instancia se practicó la declaración de parte del demandante y
se recibieron los testimonios de Jhon Jairo Ordóñez Delgado y Elsa Martha
Burbano Ortiz, de los cuales se destaca lo siguiente:

• El demandante manifestó que sus actividades comprendían,
principalmente, recorridos de prevención, control y vigilancia; monitoreo
de los valores objeto de conservación; mantenimiento de infraestructura;
atención a visitantes; y educación ambiental en el Parque Nacional Natural
Puracé. Afirmó que algunas de esas tareas también eran desarrolladas
por profesionales y operarios del parque.

Señaló que debía diligenciar un «ejecutor» y un planeador en los que se
establecían las actividades y las fechas previstas para su cumplimiento,
así como un libro de minutas en el que registraba el ingreso y la salida de
las cabañas. Añadió que efectuaba reportes radiales en la mañana y en la
tarde; que las actividades de educación ambiental se desarrollaban
conforme a un programa diseñado por una profesional del parque; y que
los recorridos de control y vigilancia los realizaba con quienes se
encontraran en la respectiva cabaña. Según indicó, las actividades eran
programadas y quedaban registradas en las minutas.

• Jhon Jairo Ordóñez Delgado indicó que trabajó para la entidad entre
2000 y 2020, aunque permaneció en el Parque Nacional Natural Puracé
hasta 2014, pues en 2015 fue trasladado al Parque Nacional Natural Los
Nevados. Por esta razón, reconoció que no conocía la forma en que el
demandante desarrolló sus actividades entre 2015 y 2019.

Relató que ambos se encontraban en la «misma categoría», aunque
prestaban sus servicios en sectores diferentes, y que se les había
informado que la contratación obedecía a la insuficiencia de personal.
Precisó que los contratistas no podían suscribir actas de decomiso ni
adoptar medidas preventivas, facultades reservadas a los empleados de
planta.

Explicó que el jefe o el profesional de apoyo inicialmente organizaban la
presencia del personal en los diferentes sitios, pero que, con el tiempo,
quienes prestaban el servicio conocían sus actividades y se distribuían

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entre ellos. Aunque los contratos no exigían el cumplimiento de un horario,
señaló que debían garantizar la permanencia en las cabañas y que los
turnos quedaban registrados en programadores y libros de minutas.
Agregó que la entidad establecía metas sobre el número de recorridos de
control y vigilancia, que luego eran distribuidos entre contratistas y
empleados de planta.

Indicó que, entre 2012 y 2014, el actor permanecía en la cabaña de San
Juan de viernes a lunes, mientras que él lo hacía de lunes a viernes, razón
por la cual coincidieron pocas veces. Allí se realizaban labores de atención
a visitantes, mantenimiento y aseo, recorridos de control y vigilancia y
reportes radiales. Finalmente, manifestó que utilizaban motocicletas y
vehículos de la entidad y que recibían algunas prendas para identificarse
en zonas de alto riesgo, aunque aclaró que la dotación institucional estaba
destinada al personal de planta.

• Elsa Martha Burbano Ortiz relató que estuvo vinculada a la entidad como
contratista entre 2001 y 2008 y entre 2015 y 2020, y como empleada
provisional entre 2008 y 2015. Señaló que compartió actividades con el
demandante como guardaparques y en las cabañas de San Juan y
Pilimbalá, donde realizaban monitoreo de fauna, recorridos de prevención,
control y vigilancia, mantenimiento de infraestructura, actividades con
escuelas aledañas, atención a visitantes y apoyo en la caracterización de
predios cercanos al parque.

Explicó que, cuando fue nombrada provisionalmente, continuó
desarrollando las mismas actividades que ejecutaba como contratista. Sin
embargo, precisó que, como empleada, la permanencia durante
determinado tiempo en las cabañas dejó de depender de su voluntad y
pasó a constituir una obligación propia de esa condición.

Indicó que en las cabañas no existía control de horario, aunque debían
permanecer allí durante las 24 horas correspondientes al turno. La entrega
y recepción se verificaba entre quienes prestaban el servicio, mientras que
una profesional del parque estaba pendiente de la programación e
indicaba cuándo correspondía cada turno. Añadió que el demandante
asistía a comités técnicos en los que se programaban las actividades que
posteriormente debían ejecutarse.

También manifestó que utilizaban prendas que los identificaban como
guardaparques y motocicletas de la entidad para realizar los recorridos.
Finalmente, afirmó que en las cabañas no había una persona con
facultades de dirección sobre quienes prestaban el servicio, pues, según
su percepción, las actividades se desarrollaban de manera coordinada.

27. De entrada, resulta necesario precisar que el demandante celebró varios
contratos de prestación de servicios con la entidad accionada desde el año 20032;

2
De acuerdo con la certificación del 27 de septiembre de 2020 expedida por el coordinador del
Grupo de Procesos Corporativos de la entidad accionada, el primer contrato que suscribió el actor

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no obstante, las pretensiones de la demanda se circunscribieron a obtener la
declaratoria de existencia de una relación de naturaleza laboral entre los años
2017 y 2019, así como el pago de las prestaciones que se habrían causado en
tal período3. Así pues, teniendo en cuenta que la competencia del juez de lo
contencioso administrativo está orientada por el principio de justicia rogada4, el
estudio que se realizará en esta instancia recaerá únicamente sobre las
condiciones en que se dio la prestación del servicio en el tiempo mencionado.

28. Bajo ese panorama, las pruebas documentales —contratos, informes de
actividades, actas de liquidación, certificaciones y constancias de cumplimiento—
, valoradas en conjunto con las declaraciones practicadas, demuestran que el
actor prestó personalmente sus servicios en el Parque Nacional Natural Puracé
entre el 1.º de marzo de 2017 y el 30 de diciembre de 2019, de manera
discontinua.

29. Durante ese período realizó, entre otras actividades, recorridos de
prevención, control y vigilancia; mantenimiento de infraestructura, como
senderos, puentes y cunetas; jornadas de educación ambiental en escuelas del
sector; y permanencia en cabañas de control y vigilancia, donde atendía y
orientaba a los visitantes y efectuaba labores relacionadas con el mantenimiento
de las instalaciones y sus alrededores. Los contratos, certificaciones y actas de
liquidación también acreditan que recibió los honorarios pactados como
contraprestación por esos servicios.

30. Respecto de la continuada subordinación, la Sala recuerda que de la
interpretación armónica de los artículos 3, 4 —numerales 1 y 4—, 5 —numeral
2— y 14 de la Ley 80 de 1993 se desprende la necesaria relación entre los
contratistas y las entidades públicas, dentro de un marco de entendimiento y
coordinación dirigido a la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual. Esto
supone, para los primeros, el deber de acatar las directrices relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas y colaborar para su adecuada
ejecución. A las entidades les corresponde ejercer la dirección general, el control
y la vigilancia del contrato, exigir la correcta realización de su objeto y adelantar
las revisiones necesarias para verificar la calidad de los servicios prestados.

31. A su vez, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 imponen a las
entidades contratantes el deber de vigilar permanentemente la correcta ejecución

fue el CON01G31-3-0040, el cual fue aportado con la demanda y cuya ejecución inició y terminó
el 1.° de mayo de 2003 y el 31 de enero de 2004, respectivamente. Índice 8 de SAMAI del tribunal,
anexos de la demanda.
3
La segunda pretensión planteada en la demanda fue la siguiente: «[c]omo consecuencia de la
nulidad del acto administrativo y a título de restablecimiento del derecho se declare que, entre mi
poderdante y la entidad demandada, existió un verdadero contrato laboral, con todas las
prestaciones sociales a las que hay lugar, desde el año 2017 hasta el 2019». Adicionalmente, en
la tercera pretensión se solicitó el reconocimiento y pago de ciertas prestaciones sociales, las
cuales se calcularon únicamente por los años 2017, 2018 y 2019.
4
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 8 de marzo de 2018, expediente 11001-03-25-000-2013-00171-00
(0415-2013). En dicha providencia, esta corporación indicó que «[u]no de los pilares de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa es el principio de la justicia rogada que limita al juez a
resolver solamente respecto de lo pedido en la demanda sin ir más allá, lo que a su vez implica
una carga procesal para quien pretenda demandar un acto administrativo, en el sentido de tener
que indicar, según lo regulado por el artículo 162.4 de la Ley 1437 de 2011, ‘las normas violadas
y explicar el concepto de su violación’».

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del objeto convenido por medio de supervisores o interventores. En ejercicio de
esa función, estos pueden hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
y solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre su desarrollo.

32. Por tanto, quien pretende la desnaturalización de los contratos de
prestación de servicios debe demostrar que las actividades se desarrollaron bajo
continuada subordinación. No basta con acreditar la existencia de supervisión, la
solicitud de informes o la impartición de directrices relacionadas con el objeto
contratado, pues tales actuaciones pueden corresponder al ejercicio de las
facultades legales de seguimiento y control.

33. La continuada subordinación supone un poder permanente de dirección
sobre la actividad de quien presta el servicio. Puede manifestarse, entre otros
aspectos, en la facultad de impartir órdenes vinculantes sobre la forma, el tiempo
y las condiciones de ejecución, exigir su cumplimiento y restringir la autonomía
del contratista en el desarrollo de sus obligaciones.

34. Gran parte de los argumentos de la apelación se sustentaron en la
declaración de Jhon Jairo Ordóñez Delgado. Sin embargo, el testigo precisó que
permaneció en el Parque Nacional Natural Puracé hasta 2014 y que, desde 2015,
fue trasladado al Parque Nacional Natural Los Nevados. Por esa razón, reconoció
expresamente que desconocía la forma en que el demandante desarrolló sus
actividades entre 2015 y 2019.

35. Esta circunstancia limita el alcance probatorio de su declaración para
resolver la controversia. Aunque el testigo describió las condiciones en que se
desarrollaban algunas actividades durante los años en que coincidió con el actor,
su conocimiento directo no comprende el período objeto de las pretensiones, esto
es, del 1.º de marzo de 2017 al 30 de diciembre de 2019. Por ello, sus
afirmaciones sobre turnos, permanencia en las cabañas, programación de
actividades y demás condiciones de ejecución no permiten establecer que esa
misma dinámica hubiera subsistido durante los contratos sometidos a examen.

36. La apelación también invocó la declaración de Elsa Martha Burbano Ortiz
para sostener que la entidad fijaba los turnos y definía las actividades en los
comités técnicos. A su vez, relacionó esas afirmaciones con las obligaciones
previstas en los contratos 119 de 2011, 228 de 2012, 032 de 2014, 091 de 2015
y 075 de 2019.

37. Sin embargo, los contratos de 2011, 2012, 2014 y 2015 no corresponden
al período objeto de las pretensiones. En consecuencia, las condiciones pactadas
en esos vínculos no permiten establecer, por sí mismas, la forma en que se
ejecutaron los contratos celebrados entre 2017 y 2019. El análisis debe
concentrarse, entonces, en estos últimos y en las pruebas que permitan
determinar sus condiciones reales de ejecución.

38. En cuanto al contrato 075 de 2019, sus obligaciones no indican que la
entidad hubiera impuesto turnos de trabajo ni determinado unilateralmente las
actividades que debía desarrollar el contratista. Por el contrario, la primera
obligación consistía en presentar un plan de trabajo y concertarlo con el jefe del

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parque. La misma estipulación aparece en los contratos 108 de 2017 y 098 de
2018. Además, en los informes mensuales correspondientes a este último, el
propio demandante dejó constancia de que concertaba el plan anual de trabajo
con el jefe del programa.

39. Esos elementos no evidencian, por sí mismos, un poder de dirección sobre
la forma, el tiempo y las condiciones en que el actor debía ejecutar sus
obligaciones. La prueba documental muestra la existencia de una programación
concertada entre el contratista y el jefe del parque, seguida de la presentación de
informes sobre las actividades realizadas. Esa dinámica resulta compatible con
la coordinación necesaria para organizar las labores que debían desarrollarse en
las distintas áreas del parque y verificar el cumplimiento de los objetos
contractuales.

40. Los informes mensuales aportan, además, elementos sobre el margen de
organización del demandante. En ellos registró los días en que efectuaba
recorridos de prevención, control y vigilancia, los senderos visitados y las
jornadas de educación ambiental realizadas en los establecimientos educativos
del sector. En ese contexto, la programación previa de las actividades y su
posterior reporte no demuestran, sin elementos adicionales, que la entidad
determinara de manera unilateral la forma concreta en que debían ejecutarse.

41. Esta conclusión encuentra respaldo en la declaración de Elsa Martha
Burbano Ortiz. La testigo, quien estuvo vinculada tanto mediante contratos de
prestación de servicios como a través de un nombramiento provisional, explicó
que desarrolló actividades semejantes bajo ambas modalidades, pero distinguió
las condiciones en que debía cumplirlas. Señaló que, mientras como contratista
las ejecutaba con un margen de voluntariedad, al adquirir la condición de
empleada, la permanencia en las cabañas pasó a constituir una obligación.
También afirmó que allí no existía una persona con facultades de dirección sobre
quienes prestaban el servicio y que las actividades se desarrollaban de manera
coordinada.

42. La misma testigo afirmó que el actor utilizaba prendas de dotación y una
motocicleta suministradas por la entidad. No obstante, esa afirmación debe
contrastarse con los informes de ejecución. En los correspondientes al contrato
108 de 2017, el demandante dejó constancia de que durante ese año no recibió
GPS, dotación ni vehículo, mientras que en los relativos al contrato 098 de 2018
indicó que no se le había entregado GPS.

43. En cualquier caso, el suministro de elementos necesarios para ejecutar las
actividades no constituye, por sí solo, una manifestación de continuada
subordinación. Su valor indiciario depende de las circunstancias en que se
produzca y debe apreciarse junto con los demás medios de prueba para
determinar si evidencia el sometimiento del contratista al poder de dirección de
la entidad o responde a las necesidades materiales del objeto convenido.

44. Hasta este punto, las pruebas examinadas no demuestran que la entidad
impartiera al demandante órdenes que restringieran de manera continuada su
autonomía para ejecutar las obligaciones contractuales. La concertación de los

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Demandante: Pablo Enrique Páez Díaz

planes de trabajo, la programación de las actividades y la presentación de
informes acreditan mecanismos de organización, coordinación y seguimiento,
pero no permiten establecer, sin otros elementos, el ejercicio de un poder
subordinante.

45. Tampoco se acreditó que la entidad hubiera impuesto al actor una jornada
de trabajo o un horario específico. Por el contrario, los informes mensuales
muestran que este organizaba temporalmente las actividades y metas previstas
en los planes de trabajo previamente concertados. En todo caso, esta
corporación ha precisado que la ejecución de determinadas tareas dentro de
horarios, turnos o jornadas no demuestra, por sí sola, continuada subordinación,
pues tales condiciones pueden responder a las necesidades propias del servicio
contratado5.

46. Asimismo, no obra prueba de que la entidad hubiera ejercido facultades
correctivas o disciplinarias sobre el demandante mediante llamados de atención,
sanciones u otras medidas semejantes. Esta circunstancia, aunque no resulta
determinante por sí sola, debe apreciarse junto con los demás elementos
relativos a las condiciones en que se ejecutaron los contratos.

47. Tampoco se demostró que el actor requiriera autorización para
ausentarse. En algunos informes de actividades se registró que no prestó sus
servicios durante determinados días debido al fallecimiento de su padre o a
dificultades de salud6. Sin embargo, no existe evidencia de que hubiera debido
solicitar permiso para ello ni de que la entidad hubiera adoptado alguna medida
como consecuencia de esas ausencias.

48. El apelante hizo especial énfasis en la permanencia del demandante en la
cabaña de San Juan como indicio de subordinación. Los informes mensuales
muestran que esta actividad se desarrollaba principalmente durante fines de
semana y lunes festivos y que hacía parte de los planes de trabajo previamente
concertados. Durante esas jornadas, el actor atendía y orientaba a los visitantes,
realizaba actividades de educación ambiental y efectuaba labores de
mantenimiento de las instalaciones y sus alrededores.

49. En particular, en el informe correspondiente a noviembre de 2018, el
demandante indicó que había concertado el plan de trabajo y su respectivo
cronograma y, a continuación, registró que «se hace permanencia en la cabaña
de San Juan, en los días definidos en el cronograma de actividades». Este

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 18 de noviembre de
2003, expediente 17001-23-31-000-1999-00039-01.
6
En el informe de actividades de julio de 2017, el actor indicó lo siguiente: «no he ido a la cabaña
desde el día 1 y no sé si llegaron los requerimientos antes solicitados». En el informe de
noviembre de 2017, el demandante señaló lo siguiente: «En este mes mi padre falleció, por lo
que me ausenté de mi reserva, y mi presencia en el sector disminuyó por ese percance en este
período». En el informe de actividades de junio de 2018, el actor dejó las siguientes notas: (i) «en
el último puente y fin de semana anterior no subí a la cabaña pues me encontraba en panoso
estado de salud y no quise tomar el riesgo en el páramo»; (ii) «[e]n cuanto [a] educación ambiental
en este período no he estado, pues, por mi estado de salud solo asistí a la escuela del Congreso
para un encuentro deportivo con la escuela de Nan-Misak (nuestra gente) se jugó fútbol mixto
con los alumnos del plantel del Congreso, municipio de la Plata y los del resguardo Guambiano
de la zona amortiguadora, el último jueves (se me pasó enviar foto de la evidencia…)»; y
(iii) «[c]omo anoté anteriormente, no he estado muy constante en la cabaña por motivo de salud».

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documento permite establecer que la permanencia en ese lugar formaba parte
de la programación del objeto contractual y se desarrollaba conforme al
cronograma previamente acordado. Por tanto, esa circunstancia no demuestra,
sin otros elementos, que la entidad dispusiera unilateralmente del tiempo del
contratista o determinara permanentemente la forma en que debía ejecutar sus
obligaciones.

50. Aunque no se incorporaron las minutas de la cabaña de San Juan, la
declaración del demandante y el testimonio de Elsa Martha Burbano Ortiz
permiten establecer que en ellas se registraban los ingresos, las salidas y las
actividades desarrolladas durante la permanencia en ese lugar. Tales
anotaciones son compatibles con un mecanismo de control sobre la ocupación y
funcionamiento de la cabaña, pero no permiten inferir, por sí mismas, que la
entidad ejerciera continuada subordinación sobre el actor. Además, durante las
audiencias de pruebas celebradas el 15 de mayo y el 11 de julio de 2025 se
verificó la documentación incorporada y, al disponerse el cierre de la etapa
probatoria, la parte demandante no formuló reparo sobre la ausencia de aquellas.

51. El apelante sostuvo, además, que las actividades desarrolladas por el
actor coincidían con las asignadas al empleo de operario calificado, código 4169,
grados 11 y 13. En la demanda se invocó para ese efecto el manual específico
de funciones adoptado mediante la Resolución 017 de 2014 y se afirmó que
tareas como los recorridos de control y vigilancia, la educación ambiental y el
mantenimiento de infraestructura correspondían también a empleos de planta.
Aun si se admitiera esa semejanza funcional, ella no demuestra, por sí misma,
continuada subordinación.

52. En efecto, el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite
celebrar contratos de prestación de servicios para desarrollar actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad cuando estas
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados. En este caso, los estudios previos señalaron expresamente que
el Parque Nacional Natural Puracé no contaba con personal operativo suficiente
para atender determinadas actividades y que esa circunstancia motivaba la
contratación7 de apoyo operativo. La coincidencia material entre algunas tareas
desarrolladas por contratistas y servidores públicos puede constituir un elemento
de valoración, pero no sustituye la demostración del poder de dirección ejercido
sobre el primero.

53. Por último, el demandante invocó dos comunicaciones de 2019. La
primera se relacionaba con la elaboración del plan de trabajo y la segunda con la
realización de un curso virtual sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
(MIPG). A su juicio, ambas demostraban que estaba sometido a instrucciones
institucionales.

54. Respecto de la primera, el expediente contiene un correo electrónico del
20 de febrero de 20198 en el que se indicó: «mire el archivo adjunto con sus

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 18 de noviembre de
2003, expediente 17001-23-31-000-1999-00039-01.
8
El documento fue aportado con la demanda.

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obligaciones para el plan de trabajo». El archivo mencionado no fue aportado,
por lo que no es posible determinar el contenido concreto de las instrucciones
remitidas. El texto disponible únicamente permite establecer que se enviaron al
demandante sus obligaciones para efectos de elaborar el plan de trabajo que, de
acuerdo con el contrato, debía concertar con el jefe del parque. Por ello, la
comunicación no demuestra que la entidad hubiera impartido órdenes sobre la
forma, el tiempo o las demás condiciones concretas de ejecución que excedieran
la coordinación del objeto pactado.

55. La segunda comunicación corresponde a un correo electrónico del 9 de
octubre de 2019 mediante el cual la Dirección Territorial retransmitió al personal
de varios parques una circular de la Dirección General relacionada con un curso
virtual sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, desarrollado por el
Departamento Administrativo de la Función Pública.

56. La circular no fue incorporada al expediente, de modo que no es posible
conocer íntegramente su contenido. No obstante, el correo describió
expresamente la participación como una «invitación» dirigida tanto a funcionarios
como a contratistas y señaló que, de los ocho módulos que componían el curso,
se esperaba la realización de «al menos» el introductorio. Estos elementos no
permiten concluir que se tratara de una orden individual impartida al demandante
como manifestación de un poder subordinante.

57. Además, la comunicación explicó que el curso constituía un insumo de
preparación para una auditoría externa de calidad, circunstancia que permite
relacionarlo con una actividad institucional dirigida indistintamente a servidores y
contratistas. Tampoco existe prueba de que el demandante hubiera realizado el
curso ni de que su eventual inasistencia hubiera generado alguna consecuencia.
Por tanto, este documento carece de entidad suficiente para demostrar
continuada subordinación.

58. En suma, la valoración conjunta de las pruebas acredita que el actor
desarrolló actividades relacionadas con el funcionamiento del Parque Nacional
Natural Puracé; debía concertar planes y cronogramas con la entidad;
permanecer en determinados lugares según la programación acordada; registrar
algunas de sus actividades; presentar informes sobre su ejecución; y observar
pautas institucionales vinculadas con el objeto contratado. También existen
elementos que muestran semejanzas entre algunas de sus tareas y las
desarrolladas por personal de planta.

59. Sin embargo, apreciadas integralmente, esas circunstancias no
demuestran que Parques Nacionales Naturales de Colombia hubiera ejercido
sobre el demandante un poder permanente de dirección que restringiera su
autonomía respecto de la forma, el tiempo y las condiciones de ejecución de sus
obligaciones. Por el contrario, los documentos correspondientes al período objeto
de controversia muestran una dinámica de concertación de los planes de trabajo
y de posterior verificación de su cumplimiento; la testigo que sí conoció la
ejecución durante ese lapso describió una relación coordinada y diferenció
expresamente las condiciones de prestación como contratista de aquellas que
experimentó cuando adquirió la condición de empleada; y no se acreditaron

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órdenes individualizadas, permisos para ausentarse, medidas correctivas ni otros
actos que, valorados junto con los restantes indicios, permitan establecer
continuada subordinación. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia.

La condena en costas de segunda instancia

60. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

61. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.

62. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

63. En consecuencia, teniendo en cuenta que se confirmará el fallo apelado,
se impondrán costas en segunda instancia a la parte demandante, pues no
prosperó su recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo
366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 5 de marzo de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, a través de la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al señor Pablo Enrique
Páez Díaz, a favor de la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
– Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo del Cauca.

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Demandante: Pablo Enrique Páez Díaz

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JMMC
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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