Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2021-00322-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2021-00322-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 19001-23-33-000-2021-00322-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
2 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 19001-23-33-000-2021-00322-01
Accionante: EDUARDO IGNACIO BOLAÑOS SALAMANCA
Accionado: JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial /
improbación acta de conciliación / defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto
Acción de tutela - sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación formulada por el juzgado accionado
contra la sentencia del 22 de octubre de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca.
I. ANTECEDENTES
El señor Eduardo Ignacio Bolaños, actuando en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra el Juzgado Noveno Administrativo de
Popayán, con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, con fundamento en los siguientes:
1. Hechos
1.1. El señor Eduardo Ignacio Bolaños es docente y realiza sus aportes
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG),
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razón por la cual le solicitó el pago de cesantías parciales el 29 de
octubre de 2015, las cuales fueron reconocidas por la Secretaría de
Educación del municipio de Popayán mediante Resolución N.º
20151700111754; no obstante, no fueron pagadas en el término que
estipula la ley.
1.2. Por lo anterior, el 8 de marzo de 2018 solicitó al FOMAG el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, petición frente a la cual
la entidad guardó silencio, por lo que radicó solicitud de conciliación
extrajudicial.
1.3. El 26 de agosto de 2020 se adelantó la diligencia ante la
Procuraduría 39 Judicial II de Popayán, en la que se llegó al acuerdo
propuesto por la entidad convocada consistente en pagar el 85 % del
valor total de la mora equivalente a $ 16.002.123, por lo que se remitió
el expediente al Juzgado Noveno Administrativo de Popayán para su
aprobación.
1.4. Dicho despacho, a través de auto del 4 de diciembre de 2020,
requirió a las partes para que en el término de dos días allegaran al
expediente certificado de la asignación básica del demandante para el
2016 y el acta del comité de conciliación de la entidad donde constaran
los parámetros de la propuesta presentada.
1.5. El 18 de diciembre de 2020, el apoderado del demandante le
solicitó la ampliación del plazo para allegar la documentación requerida.
No obstante, en auto del mismo día, el juzgado improbó el acuerdo
conciliatorio, por no haberse subsanado lo requerido por el despacho.
1.6. Contra la anterior decisión el señor Bolaños Salamanca interpuso
recurso de reposición, en el que aportó los desprendibles de pago de
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2016. Por otra parte, el Ministerio Público aportó el acta del comité de
conciliación del FOMAG así como el poder del apoderado de la entidad
convocada y la Fiduprevisora S.A. allegó el acta del comité.
1.7. Finalmente, el 14 de abril de 2021, el juzgado decidió no reponer
el auto recurrido, al advertir ciertas ambigüedades entre los valores
conciliados y los verificados con las pruebas aportadas.
2. Fundamentos de la acción
El demandante manifestó que a pesar de la diferencia entre la
liquidación realizada por el despacho y la propuesta conciliatoria, dicha
divergencia no es significativa para sus intereses y que, contrario
sensu, sería más gravoso someterlo a un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho cuya prolongación es de
aproximadamente 4 años, pues tendría que soportar la devaluación
económica si se tiene en cuenta que dichas sumas no serían indexadas
de acuerdo con la tesis actual del Consejo de Estado.
Además, comoquiera que la pretensión es el pago de una sanción por
la demora en el pago de las cesantías, la diferencia evidenciada en la
liquidación no afecta sus derechos fundamentales, por lo que no se
justificaría congestionar a la justicia con un litigio en el que las partes
estuvieron de acuerdo con el pago.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, pidió:
«PRIMERO: solicito al Honorable Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Cauca
tutelar los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y debido
proceso.
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SEGUNDO: Que en consecuencia de lo anterior REVOCAR los autos 1371 del 18 de
diciembre de 2020, y 617 del 14 de abril de 2021, dentro del proceso 19001-33-33-009-
2020-00130-00 y ORDENAR al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Popayán
aprobar la conciliación prejudicial realizada en la Procuraduría 39 Judicial.
TERCERA: ORDENAR al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Popayán no
establecer situaciones de vulneración de derechos fundamentales, como las que dieron lugar
a la presente acción» (sic).
4. Intervenciones
Mediante auto del 8 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo del
Cauca admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al
Juzgado Noveno Administrativo de Popayán como accionado.
El Juzgado Noveno Administrativo de Popayán expuso que
previamente a expedir una decisión de fondo sobre el acuerdo pactado,
el despacho denotó algunas inconsistencias presentadas relacionadas
con: i) el número de días en mora, ii) el valor de la sanción moratoria
adeudada, iii) el nombre del convocante y iv) el valor de la asignación
mensual devengada, necesaria para estimar la propuesta económica.
En virtud de las inconsistencias, dispuso mediante auto requerir a las
partes para que arribaran el certificado sobre asignación salarial básica
percibida por el convocante durante el año 2016, como también el acta
del comité de conciliación de la entidad convocada, con los parámetros
de la propuesta presentada en trámite prejudicial relacionado con el
convocante. Sin embargo, arguyó que la solicitud probatoria fue
desatendida por las partes en la oportunidad procesal concedida, por lo
que profirió la providencia que resolvió la no aprobación del acuerdo
conciliatorio, por cuanto no se aportaron las pruebas necesarias para
determinar la legalidad del mismo, con miras a establecer si el monto
pactado resultaba o no lesivo para el patrimonio estatal.
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Contra el auto que improbó el acuerdo, el convocante presentó recurso
de reposición, con el cual aportó la constancia salarial de ingresos
mensuales devengados por el convocante para el año 2016. Por su
parte, el Ministerio Público aportó el acta del comité de conciliación.
Pese a ello, dicho despacho negó el recuso formulado, pues a pesar de
que se arribaron los medios probatorios indicados, estos no fueron
suficientes para corregir las inconsistencias presentadas en el acta de
conciliación objeto de estudio de aprobación.
En ese sentido, precisó que la diferencia en las liquidaciones realizadas
no fue precisamente lo que motivó la falta de aprobación del acuerdo
conciliatorio, pues se lo que evidenció fue que las falencias encontradas
en el acta contentiva del acuerdo conciliatorio, no permitían considerar
dicho documento como un título ejecutivo claro, expreso y exigible,
comoquiera que los fundamentos expuestos por el Ministerio Público
con el propósito de avalar lo pactado, presentan una serie de
inconsistencias que impiden establecer con claridad la obligación
acordada.
En este contexto, el acta fue improbada, por cuanto no se afectaron las
garantías fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia, puesto que se agotó en debida forma el trámite procesal
pertinente para estudio judicial de aprobación de acuerdos prejudiciales
y se permitió a las partes su participación efectiva, pero no fueron
despejadas las dudas e inconsistencia evidenciadas por el despacho
respecto del acta de acuerdo conciliatorio.
Finalmente, señaló que el actor cuenta con una acción judicial para
reclamar ante el juez natural sus derechos económicos, por lo que la
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tutela se torna improcedente al no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.
5. La providencia impugnada
El Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia del 22 de
octubre de 2021 amparó los derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia del accionante y, como
consecuencia de ello, dispuso:
SEGUNDO.- Dejar sin EFECTOS los autos No. 1371 del 18 de diciembre de 2020 y el No.
617 del 14 de abril de 2021, proferidos por el JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE POPAYÁN y ordenar a esa autoridad que profiera una nueva decisión
en la que tenga en cuenta los criterios trazados en esta sentencia.
TERCERO.- INSTAR a la Juez Noveno Administrativo del Circuito de Popayán para que
en lo sucesivo aplique de manera efectiva los mecanismos alternativos de solución de
conflictos.
Al efecto, señaló que la decisión adoptada por el Juzgado Noveno
Administrativo de Popayán de improbar el acuerdo conciliatorio aludido
al advertir ciertos errores relacionados con el porcentaje ofrecido por la
entidad respecto del aceptado y el salario devengado por el convocante,
desconoció el hecho de que, como lo señaló el mismo Ministerio Público
al avalar el acuerdo, este no implicaba una violación de la ley o una
lesión al patrimonio público, por lo que dicha decisión dio prevalencia a
una formalidad sobre el derecho sustancial, pues le trasladó al
convocante un error de la procuraduría, sin plantear alguna medida de
saneamiento so pretexto de la existencia de otros mecanismos de
defensa.
Mecanismos que, además, consideró no eficaces, por cuanto el cúmulo
de procesos que actualmente atiende la Jurisdicción de lo Contencioso
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Administrativo conlleva que un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho tarde muchos años, con las implicaciones económicas que
acarrean para las entidades públicas, lo que sí afecta realmente el
patrimonio público.
6. Impugnación
La juez novena administrativa de Popayán recurrió el fallo de primera
instancia, argumentando que el acta de conciliación en la que se plasma
el acuerdo conciliatorio es un documento público por medio del cual ese
acuerdo trasciende a la vida jurídica y obliga a las partes a cumplir los
compromisos allí contemplados, por lo que, para que este importante
documento emerja a la vida jurídica de manera plena y eficaz, requiere
que el acuerdo, como el acta misma, cumplan con los requisitos legales
que marcan su validez.
Por lo anterior, el H. Consejo de Estado ha establecido que las
conciliaciones y las providencias judiciales que la aprueban constituyen
un título complejo el cual debe contener una obligación clara, expresa
y exigible, por lo que la aprobación judicial no es un trámite menor
dentro del procedimiento conciliatorio, toda vez que es a partir de la
conformidad dada por el juez, cuando el acuerdo produce plenos
efectos. Además, la razón de ser del aval judicial en estos trámites tiene
que ver con el hecho de que con la conciliación extrajudicial de orden
administrativo se pueden ver afectados dineros públicos, por lo que
este requisito busca salvaguardar el interés general.
De acuerdo a lo expuesto, manifestó que lo pretendido por el tribunal
consiste en que el juez encargado de la revisión del acuerdo sea menos
riguroso en la apreciación de los elementos de la conciliación
contemplados en el acta levantada por el Ministerio Público, dejando
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pasar por alto circunstancias que para el juez constitucional serían
formales sin importancia y sin ninguna aparente incidencia, pero que
para la suscrita, se constituyen en condiciones no solo relevantes, sino
sustanciales a la hora de conformar un título que da paso al pago de
dineros de las arcas públicas.
En ese sentido, precisó que para revisar el contenido del acta se deben
verificar cuatro acápites: el primero, relacionado con una identificación
plena de las partes, la autoridad conciliadora y un breve resumen del
trámite surtido; el segundo, la propuesta textual presentada por la
entidad convocada; el tercero, relativo a la posición de la parte
convocante; y el cuarto, referido a los argumentos a partir de los cuales
la procuradora judicial concluye que el acuerdo se ajusta a derecho y
no resulta lesivo para el patrimonio público.
Fue entonces en este acápite donde advirtió una serie de
inconsistencias relacionadas, entre otras, con la asignación básica
salarial devengada por el convocante para el año 2016 ya que, en la
misma acta de conciliación se estimaron dos valores diferentes para tal
rubro, a saber: a) $ 3.120.336, según propuesta formulada por la
entidad convocada; y b) $ 3.690.233, según lo indicado por el
Ministerio Público al analizar el acuerdo conciliatorio.
Sobre ese primer valor, se menciona en el acta que para el día de la
audiencia de conciliación, vía WhatsApp, la apoderada de la entidad
manifestó la postura del comité de conciliación de la entidad y, entre
otros aspectos, indicó el valor de la asignación básica aplicable
($3´120.336), el número de días de mora (181) y el valor de la sanción
por mora ($18.826.027) y con base en ello estableció el valor de la
propuesta para el acuerdo conciliatorio en la suma de $ 16.002.123 que
corresponden presuntamente al 85 % del valor adeudado.
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En ese sentido, entendió la juzgadora que lo manifestado por la
apoderada de la entidad fue trascrito de manera literal en la
mencionada acta y por ello fue puesto entre comillas. Por otro lado,
cuando la Procuradora Judicial abordó el análisis del acuerdo y sus
soportes, señaló que el valor del salario devengado por el solicitante
asciende a la suma de $ 3,690.233; que los días en mora son más de
70 que corresponden a una sanción de más de $ 22,000.000 y que la
propuesta equivale aproximadamente al 80 %.
En este contexto, precisó que no solo fue en el valor de la asignación
básica del solicitante en la que se presentó la inconsistencia sino
también en los días de mora, en el valor de la sanción y en el valor de
la propuesta, sobre la cual no quedaba claro si correspondía al 85 % o
al 80 %, pues, inclusive el nombre del solicitante fue cambiado en algún
aparte del acta.
Por tanto, insistió en que dichas inconsistencias no podían ser obviadas
en sede de aprobación de la conciliación, por lo que pidió revocar el
fallo de primera instancia, puesto que, en su entender, no incurrió en
defecto alguno.
7. Trámite procesal en segunda instancia
7.1. El expediente fue repartido al despacho del magistrado
sustanciador para resolver la impugnación formulada el 17 de marzo
de 2022.
7.2. Mediante auto del 28 de marzo de 2022, el magistrado ponente
de la presente providencia dispuso la notificación de la demanda al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la
Fiduprevisora S.A. y a la Procuraduría 39 Judicial II de Popayán.
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En atención a ello, la Fiduprevisora allegó memorial en el que, al
parecer, se pronunció sobre un asunto diferente al que hoy ocupa la
atención de la Sala, puesto que manifestó que “no es dable afirmar que
se haya presentado trasgresión alguna en contra del accionante, pues
se han observado las normas del debido proceso, es decir, que el
proceso fue adelantado en debida forma y atendiendo los
procedimientos legales, tanto así que el juez de segunda instancia,
teniendo manifestó (sic) las facultades que tiene de decretar alguna
nulidad o revocar las decisiones adoptadas por el juez de primera
instancia, lo cual evidencia un control de legalidad a la actuación
desplegada en dicha instancia, razón por la cual se concluye la
inexistencia de la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales”, situación fáctica que no se relaciona con la descrita en
el presente asunto.
Las demás autoridades vinculadas guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:
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• ¿El Juzgado Noveno Administrativo de Popayán, al proferir las
providencias del 18 de diciembre de 2020 y de 14 de abril de
2021, mediante las cuales improbó el acuerdo conciliatorio
suscrito por el señor Eduardo Ignacio Bolaños Salamanca con el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, incurrió
en un exceso ritual manifiesto?
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le
impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
1
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino
en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de
tutela.
En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
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inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.
2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.
2.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece
de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.
2.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo
constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado
desde la fecha de expedición de la última providencia cuestionada (14
de abril 2021) hasta la radicación de la acción de tutela (5 de octubre
de 2022).
2.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia del exceso ritual
manifiesto en que presuntamente incurrieron las autoridades judiciales
cuestionadas.
2.2. Del exceso ritual manifiesto
En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este
ocurre cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos
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como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera
que sus actuaciones generan una denegación de la justicia3. Este
defecto procedimental puede llegar afectar la prevalencia del derecho
sustancial y el derecho a acceder a la administración de justicia cuando:
i) se inaplican normas procesales que se oponen a la vigencia de
derechos constitucionales de cada caso en concreto, ii) se exige cumplir
requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda tratarse
de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia
sea comprobada, iii) se incurre en un exceso de severidad
procedimental en la apreciación de las pruebas, iv) o se omite el decreto
oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar4.
Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el
defecto procedimental absoluto como el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también
requieren: i) que trate de un error procedimental grave y trascendente
que influya de manera cierta y directa con el fondo de la decisión; ii)
que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni indirectamente a la
persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no se pueda
corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado
la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido
imposible por la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de
todo lo anterior se vulneren derechos fundamentales5.
3
Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,
4
Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-289
de 2005 y T-053 de 2012.
5
Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de
2014.
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3. Caso concreto
En el presente asunto, el accionante reprocha las providencias del 18
de diciembre de 2020 y 14 de abril de 2021 mediante las cuales el
Juzgado Noveno Administrativo de Popayán improbó el acuerdo
conciliatorio suscrito entre este y el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, por advertir ciertas inconsistencias en los datos
allí consignados.
Al efecto, el Tribunal Administrativo del Cauca, a través de sentencia
del 22 de octubre de 2021, concedió el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, al considerar que la decisión adoptada por el juzgado
demandado dio prevalencia a formalidades sobre el derecho sustancial,
si se tiene en cuenta que los errores advertidos en el acta de
conciliación, según podía advertirse, obedecían a fallas en la
transcripción de los datos pero no comportaban la violación de la ley y
tampoco una afectación del patrimonio público, pues el acuerdo suscrito
correspondió a una cifra menor que la que podría haber quedado
pactada de acuerdo con el ánimo de la entidad.
Contra dicha decisión, la juez novena administrativa de Popayán
interpuso recurso de alzada, insistiendo en que los errores observados
en el acta no podían ser obviados por esa judicatura, por lo que pidió
revocar el fallo de primera instancia.
Ahora bien, en este contexto, la Sala advierte lo siguiente:
A través de auto del 4 de noviembre de 2020, el Juzgado Noveno
Administrativo de Popayán requirió a las partes convocante y
convocada para que allegaran al plenario certificación donde constara
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el salario del señor Bolaños Salamanca para el año 2016 así como el
acta del comité de conciliación del FOMAG, en el que se evidenciaran
los parámetros de la propuesta presentada.
Mediante proveído del 18 de diciembre de 2020, el juzgado improbó el
acuerdo conciliatorio, por no haberse aportado los documentos
requeridos.
Contra dicho auto, el convocante interpuso recurso de reposición, que
fue negado por el mismo despacho el 14 de abril de 2021, bajo las
siguientes consideraciones:
“Al respecto se establece que, el señor EDUARDO IGNACIO BOLAÑOS
SALAMANCA CRUZ, presentó solicitud de reconocimiento de cesantías parciales
bajo el radicado a través del radicado (sic) 2015-CES-061457 del 29 de octubre de
2015, según se indica en el acto de reconocimiento – Nº 20151700111754 del 27 de
noviembre de 2015 (…), de esta manera el plazo inicial con el que contaba la entidad
para el reconocimiento y pago de la prestación venció el 23 de noviembre de 2015,
fecha en que el interesado se notificó del acto de reconocimiento y renunció a los
recursos de ley y a partir del cual, empezaba a correr el plazo de 45 días para el pago
efectivo, el cual venció de manera definitiva el 8 de febrero de 2016 (sic).
Sin embargo, la Resolución No Nº (sic) 20151700111754 mediante la cual se
reconocieron las cesantías parciales a la demandante (sic), fue expedida el 27 de
noviembre de 2015 y el pago de la prestación se realizó finalmente el 12 de agosto
de 2016, según se constata de la certificación expedida por FIDUPREVISORA S.A.
(…).
El pago tardío de las cesantías reconocidas, configura una mora de más de 6 meses
aproximadamente, sancionable con un día de salario por cada día de retardo.
(…)
Así las cosas, fueron 196 días de mora, contados entre el 8 de febrero de 2016 y el
12 de agosto de 2016, multiplicado por el salario diario devengado por la (sic)
demandante en el año 2016. (Asignación básica vigente al momento de la acusación
(sic) de la mora).
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Según comprobante de pago (…), del demandante a febrero de 2016, el convocante
devengaba un salario mensual que ascendía al valor de $ 3.182.743, para un salario
diario equivalente al valor de $ 106.091.
En consecuencia al multiplicar el salario diario básico por el número de días en
mora, el valor de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías, causada en
favor del convocante, asciende a la suma de VEINTE MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS MTE (4
20.793.921) (…).
Teniendo en cuenta los parámetros leales de surgimiento del derecho, evidencia el
despacho, falencias en el acta contentiva del acuerdo conciliatorio inter partes, que
no permiten establecer con claridad la obligación, afectándose la condición de título
con potencial mérito ejecutivo.
El mencionado título presenta las siguientes ambigüedades:
Conforme al
Ítem Propuesta entidad acervo Diferencia
probatorio
Fecha de solicitud de las cesantías 29/10/2015 Ídem Ninguna
Fecha de pago 12/08/2016 Ídem Ninguna
No. de días en mora 181 196 15
Asignación básica aplicable $3.120.336 $3.182.743 $62.407
Valor día $104.011 $106.091 $2.080
Valor de la mora $18.826.027 $20.793.836 $1.967.809
Propuesta de acuerdo conciliatorio $16.002.123 $17.674.761 $1.672.638
equivalente al 85 % del valor en
mora
Con todo, atendiendo la propuesta formulada y su aceptación por parte del convocante, se
estimará como ajustada a los parámetros de la conciliación, no obstante el aval efectuado
por el Ministerio Público se basó en los siguientes parámetros (…):
Ítem Propuesta entidad
Fecha de solicitud de las 29/10/2015
cesantías
Fecha de pago 12/08/2016
No. de días de mora Más de 70 días legales para el pago de cesantías reconocidas,
sin especificar el número de días a reconocerse por la mora
Valor de la mora Superior a $ 22.000.000, que no comporta el ofrecimiento de
la entidad convocada, ni las expectativas reales de la parte
convocante
Avala el 80% del valor de la Por debajo del 85% que ofrece la entidad convocada y
mora, como acuerdo aceptado por el convocante
conciliatorio
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Valor que arroja el aval de la $22.000.000 *80 / 100= $ 17.600.000.oo, no equivalente al
Procuraduría acuerdo inter partes.
Por su parte, estima como base probatoria del acuerdo la siguiente:
“… (iv) obran en el expediente las pruebas necesarias que justifican el acuerdo, saber: 1)
conforme (sic) a la Resolución 2015017001 del 27 de noviembre de 2015, la solicitud de
pago de cesantías se presentó el 29 de octubre de 2015. 2) copia de la resolución Nº
201500017001 del 27 de noviembre de 2015, por la cual el Secretario de Educación y Cultura
del Departamento del Cauca en nombre y representación de la NACIÓN – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales, reconoció y ordenó el pago de una cesantía parcial. 4) copia de la
constancia de la Fiduprevisara (sic) según la cual el pago de las cesantías reconocidas al
señor EUDARDO BOLAÑOS estuvo disponible desde el 12 de agosto de 2016. 5) valor del
salario devengado por el señor Aldeur Guevara que asciende la suma de suma de (sic) $
3.690.233, en el último año de servicios, según consta en la Resolución antes anotada”.
(subrayado fuera del texto).
Evidencia el Despacho que las resoluciones estimadas por el Ministerio (sic) no
guardan identidad con las aportadas por el convocante en su solicitud de
conciliación, toda vez que:
Referida por el Ministerio público Aportada por el convocante
Resolución 2015017001 del 27 de Resolución 20151700111754 del 27 de
noviembre de 2015 noviembre de 2015
Por su parte, respecto al salario devengado por el convocante para el año 2016,
denota el Despacho que al momento de la conciliación, no había evidencia
probatoria al respecto, elemento probatorio que tan solo fue aportado por la parte
convocante (…), al recurrir el auto que improbó el acuerdo conciliatorio (…), en
consecuencia, se estima que no había base sólida para establecer si el acuerdo era
económicamente viable para las partes o podría generar lesividad al patrimonio
público, cuando se estima como evidencia probatoria una valor (sic) de $ 3.690.233,
que es mayor al efectivamente devengado por el convocante en la suma de $
3.182.743, y se refiere el ingreso salarial de persona diferente al convocante
identificada como “Aldeur Guevara”.
Concluye el Despacho de conformidad con lo expuesto, que el acta de conciliación
del Radicado N.º 062 del 09 de julio de 2020, contentiva del acuerdo al que llegaron
las partes el veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2020, NO ES CLARA,
en los fundamentos que sirvieron de base para avalar el acuerdo, en tanto que, no
guarda coherencia entre la propuesta de la entidad convocada con los medios de
prueba estimados por el Ministerio Público con tal finalidad”.
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A partir de lo expuesto, la Sala advierte, tal como lo hizo el Tribunal
Administrativo del Cauca, que los errores advertidos por la juez novena
administrativa de Popayán al momento de improbar el acta de
conciliación se refieren al porcentaje que supuestamente fue aceptado
frente al que correspondía, finalmente, la suma acordada, y al salario
devengado por el convocante, puesto que se había tomado como
referencia uno inferior al que en realidad percibe, lo que indica que si
bien es cierto existen errores probablemente ocurridos en la
transcripción, ello no indica que se haya lesionado el patrimonio público
o se haya quebrantado la ley con dicho acuerdo.
Lo anterior, puesto que, de acuerdo con la providencia cuestionada, el
valor de la mora en que incurrió el FOMAG era superior a $ 22.000.000
y el ofrecimiento aceptado por el convocante correspondió a $
16.002.123, valor que resultó ser inferior al 85 % del total adeudado,
puesto que, conforme a dicho porcentaje, este correspondía a $
17.674.761.
Así pues, aunque existen varias imprecisiones y errores aritméticos en
cuanto a los cálculos efectuados, lo cierto es que el señor Bolaños
Salamanca, a quien podría pensarse que perjudicaron dichos yerros,
aceptó el acuerdo conciliatorio de manera libre y consciente, pues ello
se ratificó con la presentación de la presente acción de tutela.
Así pues, la Sala coincide con el a quo en que es excesivo improbar el
acuerdo conciliatorio so pretexto de contener ciertos errores que,
incluso, afectan los intereses del convocante y accionante en tutela,
pero que, desde ningún punto de vista, implican la violación de la ley o
la lesión al patrimonio público, pues lo que se constata es que la cifra
acordada es, en todo caso, inferior a la que la entidad estaba dispuesta
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a pagar por el pago tardío de las cesantías parciales reclamadas por el
señor Bolaños Salamanca.
Por el contrario, lo que sí genera cargas mayores en cabeza del
convocante y del sistema de justicia es someter dicho asunto al medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con los costos que
ello implica para todos los involucrados, a causa de ciertos errores de
transcripción que, se insiste, no evidencian de ninguna forma la lesión
al patrimonio público y que, contrario sensu, cercenan el acceso
efectivo a la administración de justicia del señor Bolaños Salamanca a
través de los medios alternativos de solución de conflictos, que, en
palabras de la Corte Constitucional, constituyen “una oportunidad para
resolver de manera rápida un conflicto, a menores costos que la justicia
formal. Esto resulta obvio si las partes llegan a un acuerdo, pues el
conflicto se soluciona en el mínimo tiempo posible. Pero aún en el
evento en que no se llegue a un acuerdo, la conciliación permite reducir
los asuntos objeto de controversia a aquellos que realmente resultan
relevantes y desestimula que el litigio se extienda a temas secundarios
o a puntos en los que las partes coinciden, con lo cual el eventual
proceso judicial resultará menos oneroso en términos de tiempo y
recursos al poderse concentrar en los principales aspectos del
conflicto”6.
En este contexto, la Sala confirmará el fallo de primera instancia
proferido el 22 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Cauca, en tanto, como quedó visto, el Juzgado Noveno Administrativo
de Popayán, en las providencias cuestionadas, le dio prevalencia a una
formalidad sobre el derecho sustancial, por lo que es procedente el
amparo constitucional invocado en el presente proceso.
6
Sentencia C-222 de 2013.
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III.DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 22 de
octubre de 2021 mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Cauca amparó los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia del accionante.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
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