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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2021-00351-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2021-00351-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Cauca y, en su lugar, no condenar en costas de primera instancia, por las razones expuestas en esta decisión. 48En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 32 Radicado: 19001-23-33-000-2021-00351-01 (6777-2024) Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Cauca que negó las pretensiones de la demanda presentada por Wilson Antonio Rodríguez Torres contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pero por las razones expuestas en esta decisión. Tercero. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA. Cuarto. No condenar en costas en esta instancia. Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. (SLVA) 33

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2021-00351-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001-23-33-000-2021-00351-01 (6777-2024)
Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Régimen docente.
Vinculación posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Cauca, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Wilson Antonio Rodríguez Torres presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad del acto ficto o presunto negativo producto de
la falta de respuesta a la petición presentada el 5 de agosto de 2021, en la que
solicitó al Fomag el reconocimiento de una pensión de jubilación.

1 En lo que sigue CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 19001-23-33-000-2021-00351-01 (6777-2024)
Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento de la pensión de jubilación «equivalente al 75% de los
salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionado,
es decir a partir de 21 de noviembre de 2018, por haber completado las 1000 semanas de
aportes y los 55 años de edad, sin exigir el retiro definitivo del cargo»; ii) el pago de las
mesadas atrasadas y la inclusión en nómina de la prestación; iii) el ajuste de valor
de las sumas reconocidas; iv) el cumplimiento del fallo en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA; v) los intereses moratorios a partir del día siguiente
de la ejecutoria de la sentencia; y vi) la condena en costas a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Wilson Antonio Rodríguez Torres nació el 30 de marzo de 1962.

3.2. Laboró como defensor de familia en el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar2, Regional Cauca, desde el 23 de marzo de 1988 hasta el 30 de enero de
2003.

3.3. Prestó sus servicios como docente del departamento del Cauca en virtud de las
siguientes vinculaciones:

3.3.1. Resolución 05301 del 21 de junio al 31 de diciembre de 2013.
3.3.2. Decreto 023 del 7 de febrero al 31 de diciembre de 2014.
3.3.3. Decreto 59 del 10 de febrero al 31 de agosto de 2015.
3.3.4. Decreto1452 desde el 1 de septiembre de 2015 hasta la fecha de
presentación de la demanda.

3.4. Solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación; sin embargo, a través del
acto acusado, la entidad negó tal petición.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1, inciso 2, de la Ley 33 de 1985; 15,
numerales 1 y 2, de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115
de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto
3752 de 2003.

2 En adelante ICBF.

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Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:

5.1. Quienes se vincularon a la docencia oficial con anterioridad a la vigencia de la
Ley 812 de 2003, tendrían derecho al régimen pensional contenido en la Ley 33 de
1985 y sus decretos reglamentarios, mientras que quienes lo hicieron con
posterioridad a su vigencia, eran beneficiarios de los derechos pensionales
dispuestos en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

5.2. El demandante prestó sus servicios antes del 23 de junio de 2003, por lo que
puede beneficiarse de las prerrogativas de la Ley 33 de 1985 y comoquiera que
acreditó los requisitos para la pensión que esta norma establece, al haber cumplido
más de 20 años de servicio y contar con la edad de 55 años debe reconocerse su
derecho prestacional.

5.3. Así se hubiera vinculado después del año 2003, se le debe aplicar el Decreto
2278 de 2002, en cuanto a escalafón docente y no el Decreto 2277 de 1979, «pero
esta circunstancia no tiene nada que ver con el régimen pensional de la ley 812 de 2003,
de los docentes que fueron vinculados antes del año 2003, a quienes se les debe respetar
el régimen anterior de esta disposición normativa» (sic).

1.2. Contestación de la demanda

6. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente4:

6.1. Como el demandante se vinculó como docente en propiedad a partir del año
2015, es decir con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, sus
derechos pensionales son los del régimen de prima media con prestación definida
señalados en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

6.2. Así las cosas, «las pretensiones de la demanda tendientes al reconocimiento de una
pensión por aportes según las previsiones de la Ley 71 de 1988 no están llamadas a
prosperar, pues el Fomag no es una entidad de previsión social como lo indica la norma»
y, en todo caso, ella no es aplicable por la fecha de vinculación del actor en el sector
docente oficial, que ubica su situación pensional bajo el régimen de la Ley 100 de
1993 y 797 de 2003.

6.3. Propuso como excepciones i) la inexistencia de la obligación o cobro de lo no
debido; ii) legalidad del acto administrativo; y iii) la genérica.

1.3. La sentencia apelada

3 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «02EscritoDemanda», páginas 4 a 18.
4 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «08ContestaciónFomag».

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Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

7. El Tribunal Administrativo del Cauca profirió sentencia el 9 de noviembre de 2023,
mediante la cual negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al
demandante. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos5:

7.1. Wilson Antonio Rodríguez Torres se vinculó como servidor público en el ICBF,
Regional Cauca, como defensor de familia, entre el 23 de marzo de 1988 y el 30 de
enero de 2003. Mediante Resolución 05301 del 21 de junio de 2013, fue vinculado
como docente oficial, cargo que desempeñó hasta el 31 de diciembre de 2013.
Posteriormente ingresó en provisionalidad como docente, mediante Decreto 0023
del 7 de febrero de 2014, hasta el 31 de diciembre de 2014 y luego, mediante
Decreto 0059 del 10 de febrero de 2015, hasta el 31 de agosto de la misma
anualidad. Finalmente se vinculó en propiedad, en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 1452 del 1 de septiembre de 2015, cargo que desempeñaba a la fecha de
presentación de la demanda.

7.2. No tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por haber
completado las 1000 semanas de aportes y 55 años de edad, sin exigir el retiro
definitivo del cargo, por cuanto, aunque el docente tuvo una vinculación al servicio
público entre los años 1988 y 2003, esta fue al servicio del ICBF y no de la docencia
estatal. Por lo tanto, no era beneficiario de las prerrogativas de la Ley 812 de 2003,
cuyas disposiciones dependen de la vinculación al magisterio y no a un empleo
público.

7.3. Con todo, y en atención a que las normas que deben analizarse son aquellas
que rigen las pensiones del sector oficial, «aunque el demandante actualmente puede
cumplir con los requisitos a efectos de la pensión de vejez con las normas que rigen la
materia, no es factible disponer su reconocimiento, dado que la petición debe estar ajustada
ante la entidad, al marco jurídico y legal; razón suficiente para denegar las pretensiones».

1.4. El recurso de apelación

8. El demandante presentó recurso de apelación con fundamento en lo siguiente6:

8.1. Las consideraciones expuestas por el a quo para no acceder a las pretensiones
solicitadas, no se adecuan a la situación descrita en las normas previstas para el
reconocimiento pensional del docente.

8.2. Laboró por más de 22 años en entidades públicas y, por lo tanto, su derecho
pensional debía regirse por lo previsto en la Ley 33 de 1985, la cual posibilita

5 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf, «23Sentenciaprimerainstancia».
6 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf, «26RecursoApelacionDte».

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Radicado: 19001-23-33-000-2021-00351-01 (6777-2024)
Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

computar el tiempo laborado en el sector público además del prestado en la
docencia oficial. De esta manera cumplió con los requisitos establecidos en la ley
para obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación.

8.3. Los docentes tienen derecho a devengar simultáneamente pensión y salario,
pues así lo permitía el Decreto 224 de 1972 en su artículo 5, y lo cierto es que las
disposiciones en contrario previstas en el Decreto 1278 de 2002, fueron declaradas
inexequibles por la Corte Constitucional en sentencia C 1157 de 2003.

8.4. La norma pensional que solicitó aplicar exige 20 años de servicios y 55 de edad
siempre y cuando la primera fecha de vinculación sea anterior a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003 esto es el 27 de junio de 2003, además los tiempos
pueden ser discontinuos y en el sector público sin discriminar fondo de pensión,
pues la responsabilidad en torno a los aportes recae en cada fondo por los tiempos
acreditados. Wilson Antonio Rodríguez Torres se vinculó al sector público el 23 de
marzo de 1988, al servicio del ICBF, Regional Cauca, y como docente el 21 de junio
de 2013, por lo que alcanzó más de 20 años de servicio en el sector público; y,
comoquiera que nació el 30 de marzo de 1962, completó el requisito de la edad. El
régimen que le resultaba aplicable era el previsto en las leyes 33 de 1985 y 91 de
1989 y en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

8.5. Debía reconocerse el derecho reclamado en atención a los principios
constitucionales de favorabilidad en materia laboral, y la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formalidades, además de lo dispuesto en el artículo 187 del
CPACA que permite al fallador restablecer el derecho particular por ser ésta la
norma más beneficiosa.

8.6. No debió condenarse en costas al demandante toda vez que reclamó el
reconocimiento de un derecho con fundamento en elementos probatorios que
aportó, y nunca tuvo la voluntad de generar un desgaste innecesario del aparato
judicial; por el contrario, siempre tuvo la expectativa de que las pretensiones serían
despachadas en forma favorable. Además, no hizo uso de mecanismos dilatorios.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

9. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar7. No obstante, el demandante
aportó al proceso alegatos de conclusión en los que reiteró los argumentos de la
demanda y la apelación8.

7 Tal y como se indicó en el auto del 20 de febrero de 2025. Índice 4 de Samai.
8 Índice 8 Samai.

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Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto9.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

11. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia10, se circunscriben a
establecer lo siguiente:

11.1. ¿La vinculación de Wilson Antonio Rodríguez Torres al servicio del ICBF le
permitía acceder a las prerrogativas de la Ley 812 de 2003 para beneficiarse del
reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985?

11.2. ¿Los tiempos de servicio acreditados le permitirían beneficiarse de la pensión
de jubilación prevista en el régimen de prima media?

11.3. ¿La pensión a la que tiene derecho es compatible con el salario percibido en
ejercicio de la docencia o, para recibirla, el docente debe retirarse del servicio?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag

12. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un

9 Así se desprende del informe secretarial del 4 de abril de 2025. Índice 9 de Samai.
10 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte11. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas12.

13. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción13. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar
la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»14. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.

14. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos15. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.

11 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
12 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de

1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
13 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia

racionalmente enlazados entre sí».
14 Preámbulo y artículo 6.
15 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes

pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.

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Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

15. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.

16. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].

17. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200316.

18. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.

19. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo

16 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.

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Radicado: 19001-23-33-000-2021-00351-01 (6777-2024)
Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

Vinculados por Las causadas hasta 29 de La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del diciembre de 1989 y en Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional adelante, los reajustes y la hicieren sus veces.
Nacional sustitución de pensiones
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
Las causadas hasta el 31 de Las respectivas entidades
diciembre de 1975 y en territoriales o las cajas de
adelante, los reajustes y la previsión, o las entidades que
sustitución de pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Vinculados por venía vinculado este personal
nombramiento de Las causadas en el período La Nación o las respectivas
entidad territorial de nacionalización (1 de entidades territoriales o las
antes y después del enero de 1976 – 31 de cajas de previsión, o las
1/1/1976 (Ley 43/75) diciembre de 1980), los entidades que hicieren sus
reajustes y la sustitución de veces (estas entidades deben
pensiones contribuir en los porcentajes
establecidos en el artículo 3 de
Nacionalizado la Ley 43 de 1975).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1 de enero de 1981 y territoriales o las cajas de
el 29 de diciembre de 1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag

20. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.

21. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

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Radicado: 19001-23-33-000-2021-00351-01 (6777-2024)
Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

22. La Ley 60 de 199317 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.

23. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:

«De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en
cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional
‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar)
debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia
pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme
al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente
dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido
en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien,
como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora,
la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga
lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen
Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como

17 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con

los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».

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Radicado: 19001-23-33-000-2021-00351-01 (6777-2024)
Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión
de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que
la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes
nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas
en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la
Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.»

24. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.

25. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.

2.2.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988

26. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala considera que es procedente su
aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento es
lo hasta ahora expuesto:

27. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988. Es así por cuanto en el debate legislativo del proyecto que condujo
a la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló:

«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se entiende de
la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con excepción de los del nivel
superior o universitario, vinculados a la nación, de conformidad con las leyes vigentes, a
partir del 1 de enero de 1990, quedarán sometidos al sistema prestacional y de cesantías
aplicable a los empleados públicos del orden nacional […] [a]cerca del articulo 15
habría que referirse finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre pensiones de
jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al
beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de

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Radicado: 19001-23-33-000-2021-00351-01 (6777-2024)
Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los
servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo
permite»18 (se destaca).

28. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que
aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable
interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la Ley
33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.

29. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley
71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7) de
manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores públicos,
sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los empleados de
carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo contenido en la última
ley mencionada que remite para efectos pensionales de los docentes al «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional». El que la ley se aplique
también a trabajadores particulares no le quita este alcance y descifrarlo de este
modo desconoce su propio campo de reglamentación.

19
30. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes que regían a
todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones, su
monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.

31. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector
determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores

18 Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la República
del 17 de octubre de 1989.
19 Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.

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Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa que
una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no puede
darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así permita
inferirlo.

32. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»20 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados « del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.

33. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida,
en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe prevalecer
la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en virtud del
principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista más de
una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que mayor
provecho otorgue al trabajador21. En ese orden, la que más se ajusta a la protección
de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues amplía su
grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el texto
normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.

34. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que avala
la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que la
ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún
servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7 por
ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,

20 El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente» los clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
21 «[…]el principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre

cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia de
este conflicto se da cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de
causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su solución. En virtud del principio de
favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho
al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social (…) Igualmente, puede aplicarse
este principio cuando una norma admite más de una interpretación, caso en el cual siempre habrá
de escogerse aquella que es más favorable al trabajador». Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-
15) CE-SUJ2-010-18.

13

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comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».

35. En este sentido, se debe destacar que la expresión « derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de
estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la Ley
71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, por cuanto se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicios con la acumulación de los prestados en el sector privado y en
el público sin justificación constitucional o legal alguna.

36. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente
cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede
a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa dirección
va en contravía del querer del legislador de darle un tratamiento diferenciado y más
favorable en materia pensional a los docentes oficiales cuya razón de ser radica en
la naturaleza de la labor que desempeñan, que es única y que consiste en enseñar
en los planteles oficiales de educación22.

37. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:

38. (i) desconoce que el hecho de ser «docente oficial» otorga por sí mismo el derecho
a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace parte de
los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público nacional»
a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;

39. (ii) contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de 1993
a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio de
2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que hubiesen
cotizado de manera exclusiva en el sector público;

22 En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas

sobre el ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la enseñanza en
planteles oficiales y no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo 104 los define
como «[…]el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza
y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales
de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de 2002 Por el cual se expide el Estatuto de
Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…] desarrollan labores académicas
directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso
enseñanza aprendizaje […]».

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40. (iii) impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por
aportes que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y

41. (iv) desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación con el
IBL previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen de
transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior23.

42. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia y
que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen
pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral
referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno
de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia
oficial.

43. Si bien el numeral aludido indicó que « cuando se cumplan los requisitos de Ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año», lo cierto es que no especificó que la noma que contenía tales
requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en conjunto
con la que señala a continuación la norma y que reza que « [e]stos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional», que,
según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988 por quererlo el
legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin excepción y, por lo
tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los empleados del sector
nacional, además de contener los derechos mínimos pensionales en su favor.

44. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a los
fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en el
sector oficial, por cuanto no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las disposiciones
del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese periodo mínimo
la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al entendimiento integral
que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa dirección se reitera, va
en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una comprensión más gravosa
para el docente y, además, se adiciona la norma con un requisito que no fue fijado

23 Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del

28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.

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por el legislador.

45. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de 1989
es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1° de enero de 1981 hasta
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), que
acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del privado,
pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales circunstancias
y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.

46. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si bien la
Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus reglas
todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente,
ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo cierto es que
tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a
los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las
leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.

47. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al
prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se pretenda
acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario conllevaría a
aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71 de 1988 y que
solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exceptuó de
su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la primera ley mencionada.

48. Las cinco razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista en
los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989 sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales, incluido
su artículo 7.

2.2.3. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales

49. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los

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docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1).

24
50. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 2003 , al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos
pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud
y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma
distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos
recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones».

51. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201925, precisó:

«De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos los
regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la
fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años

24 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el

artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
25 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino

Cortés.

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para hombres y mujeres».

52. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:

«La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.

Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición
para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de
liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los
que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]

En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1
de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años

✓ Tiempo de servicios: 20 años

✓ Tasa de remplazo: 75%

✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica,

18

Radicado: 19001-23-33-000-2021-00351-01 (6777-2024)
Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio». [Se resalta]

53. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:

«68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para
hombres y mujeres en 57 años26. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones
y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que
se efectuaron las respectivas cotizaciones».

54. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección27, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 del 2003, así:

54.1. Los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003 vinculados
como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán derecho a adquirir
la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir 55 años de edad28
y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988 que la otorga con 60
años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20 años o más de
cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy
Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las entidades de
previsión social del sector público. En ambos casos, con una tasa de reemplazo del
75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios; y

26 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003

y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,

radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
28 A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de

1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,
para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres
y 55 si son hombres, para los del orden nacional).

19

Radicado: 19001-23-33-000-2021-00351-01 (6777-2024)
Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

54.2. Los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder
a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado
por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de cotización
establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad (sin importar
el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para hombres y
mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de labores
(artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el Decreto
1158 de 199429.

55. En suma, es procedente la aplicación de la Ley 71 de 1988, disposición que
también regla a los servidores públicos que tengan tiempos privados para alcanzar
una pensión de jubilación, sin que la Ley 91 de 1989 haya restringido la aplicación
del régimen general de pensiones de los empleados oficiales únicamente a la Ley
33 de 1985.

56. En ese sentido, los docentes que acumulen aportes por servicios prestados en
los sectores oficial y privado e ingresaron al servicio docente estatal con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, también les son aplicables las
disposiciones de la Ley 71 de 1988, norma que regula la pensión por aportes de los
servidores públicos inmersos en esa situación.

2.2.4. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario para el caso de
los docentes

57. El artículo 64 de la Constitución Política de 1886 disponía que nadie podía recibir
dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinaran las
leyes. De esta manera, el constituyente previó la posibilidad de que se establecieran
excepciones a la prohibición, las cuales inicialmente fueron « determinadas» por el
presidente de la República, quien en ejercicio de facultades extraordinarias expidió
el Decreto-ley 1317 de 196030, dentro de las cuales incluyó «[l]as asignaciones que
provengan de establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de
profesorado de tiempo completo31». Asimismo, el artículo 5 del Decreto 224 de 197232
señalaba que «el ejercicio de la docencia no ser[ía] incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario est[uviera] mental y físicamente apto para la

29 Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica

mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
30 Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo

64 de la Constitución.
31 Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
32 Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.

20

Radicado: 19001-23-33-000-2021-00351-01 (6777-2024)
Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

tarea docente, pero se decretar[ía el] retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco
(65) años de edad».

58. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición contenida
en el artículo 64 se mantuvo en los siguientes términos:

«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas» [Se resalta].

59. La anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a través de la
Ley 4ª de 1992, que en su artículo 19, dispuso lo siguiente:

«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes
asignaciones:

[…]

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]». [Se resalta].

60. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a
los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó33:

«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.

Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.

En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha
ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto
224 de 1972 […]

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2003, radicado

05001-23-31-000-1995-01799-01 (1577-2001), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.

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Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada». [Se resalta].

61. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto
se destacan las siguientes disposiciones:

61.1. El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del Sistema
Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: « a los afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» [se resalta].

61.2. El artículo 6 de la Ley 60 de 1993 precisó que « [e]l régimen prestacional aplicable
a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones»; y

61.3. El artículo 19 de Ley 344 de 199634 dispuso:

«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta
que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta
por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después
de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.»

62. Así pues, la disposición contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se
advierte que el legislador preservó la compatibilidad de la pensión de jubilación con
el salario devengado por el docente, compatibilidad de la cual pueden ser
beneficiarios aquellas personas que acrediten los requisitos para que les sea
reconocida una pensión y presten o llegasen a prestar sus servicios como docentes
oficiales, teniendo en cuenta que son estos últimos quienes deben ser afiliados al
Fomag.

63. Valga precisar que esa disposición expresa que las prestaciones a cargo del
Fomag serían compatibles «con pensiones o cualquier clase de remuneración», es
decir, no establece como requisito que la pensión haya sido reconocida bajo los
requisitos de un régimen determinado.

34 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas

facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.

22

Radicado: 19001-23-33-000-2021-00351-01 (6777-2024)
Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

64. Ahora bien, de la lectura de las disposiciones contenidas en la Ley 344 de 1996
se puede evidenciar que la voluntad del legislador fue mantener vigente la
compatibilidad referida y de la cual son beneficiarios los docentes. Es decir,
mediante dicha disposición señaló que una vez los servidores públicos adquieran el
derecho a disfrutar su pensión de vejez o jubilación, tendrían la posibilidad de optar
por una de 2 opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la
pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta que cumpla
la edad de retiro forzoso. Esto es que podrían disfrutar de la pensión, pero solo
hasta cuando acrediten el retiro del servicio. Sin embargo, nuevamente, de manera
expresa excluyó a los docentes oficiales. En ese sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:

«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo nacional de
prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994.

[…]

La Corte ya ha puesto de manifiesto la protección especial que la Constitución confiere
a la educación superior. Al respecto, el artículo 68 de la C.P., señala que la enseñanza
estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Adicionalmente,
la Carta impone al legislador la obligación de garantizar la profesionalización y
dignificación de la actividad docente. En estas condiciones, es claro el interés
constitucional por mantener, en sus puestos de trabajo, a quienes han cumplido
con las condiciones de idoneidad suficientes para poder servir a la mejor
formación de los educandos. Así, advierte la Corporación que existe una razón
constitucional, tan fuerte como la que ampara la definición de la edad de retiro forzoso,
para establecer, a favor de los profesores universitarios, la excepción que se estudia, y
que la misma es útil y necesaria para alcanzar el objetivo perseguido» [Se resalta].

65. Resulta claro entonces que los servidores públicos podrán disfrutar de la pensión
solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; no obstante, la Ley 344 de 1996
dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario
percibido con ocasión del ejercicio docente.

66. Esta Sala no desconoce que el gobierno nacional expidió el Decreto 1278 de
200235 en cuyos artículos 45 y 63, literal b) dispuso i) que el ejercicio de cargos en
el sector educativo estatal sería incompatible con «el goce de la pensión de jubilación,

35 «Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente»

23

Radicado: 19001-23-33-000-2021-00351-01 (6777-2024)
Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

vejez, gracia o similares» y ii) que la cesación definitiva de las funciones docentes o
directivos docentes de los educadores estatales se produciría, entre otros, por
obtención de la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez.

67. Sin embargo, el artículo 45 del decreto aludido fue declarado inexequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-1157 de 2003, y si bien el artículo 63
literal b) fue declarado exequible mediante la sentencia C-734 de 2003, allí se
precisó que «la norma acusada no estaba modificando el régimen propio de las pensiones
de vejez, gracia o invalidez, ni mucho menos establece objetivos y criterios a los cuales
deba sujetarse el gobierno para fijar el régimen prestacional de los docentes - los cuales
como ya se explicó se encuentran establecidos en la Ley 4 de 1992 y a ellos debe
remitirse el Gobierno» [Se resalta].

68. En igual sentido, los decretos anuales por los cuales se modifica la remuneración
de los servidores públicos y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles
de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial
para el sector educativo estatal, prevén que «[n]adie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga
del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo decimonoveno de la ley
4ª de 1992»36.

69. En consecuencia, la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la pensión para el caso
de los docentes, se mantiene vigente, interpretación que guarda armonía con la
regulación expedida con posterioridad a ella y las interpretaciones jurisprudenciales
expuestas.

2.3. Caso en concreto

2.3.1. Hechos probados

70. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

70.1. Wilson Antonio Rodríguez Torres nació el 30 de marzo de 1962, según consta
en el registro civil de nacimiento y en su cédula de ciudadanía37.

70.2. Se desempeñó como defensor de familia en el ICBF del 23 de marzo de 1988
al 30 de enero de 2003, de acuerdo con lo señalado en la Certificación electrónica

36 Al efecto ver, entre otros, los decretos 319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 0887 de 2023.
37 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «02EscritoDemanda», páginas 26 y

27.

24

Radicado: 19001-23-33-000-2021-00351-01 (6777-2024)
Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

de tiempos laborados – CETIL, Ministerio de Hacienda, del 3 de agosto de 202138.
Allí se señaló que tuvo una interrupción entre el 9 de mayo y el 8 de junio de 1995.

70.3. Según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
del Fomag expedido el 7 de mayo de 2021, prestó sus servicios como docente del
departamento del Cauca en virtud de las siguientes vinculaciones39:

70.3.1. Resolución 05301 del 18 de junio de 2013 (del 21 de junio al 31 de
diciembre de 2013).
70.3.2. Decreto 023 del 31 de enero de 2014 (del 7 de febrero al 31 de diciembre
de 2014).
70.3.3. Decreto 59 del 4 de febrero de 2015 (del 10 de febrero al 31 de agosto de
2015).
70.3.4. Decreto 1452 del 18 de agosto de 2015 (desde el 1 de septiembre de 2015
y sin fecha de finalización).

70.4. El 5 de agosto de 2021, solicitó al Fomag el reconocimiento de una pensión de
jubilación40. Al efecto señaló que se había vinculado al servicio público con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 lo que le permitía
beneficiarse de la transición allí prevista, esto es que podía acudir al régimen
pensional previsto en la Ley 33 de 1985, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 91
de 1989; que había completado 22 años, 5 meses y 16 días de servicio y que había
alcanzado los 55 años de edad el 30 de marzo de 2017.

2.3.2. Análisis sustancial

71. Tal como se advirtió en el planteamiento de los problemas jurídicos corresponde
analizar si Wilson Antonio Rodríguez Torres podía beneficiarse de las prerrogativas
de la Ley 812 de 2003 para acceder al reconocimiento de la pensión de jubilación
prevista en la Ley 33 de 1985. De no cumplir con aquellos requisitos, la sala
analizará si los tiempos de servicio acreditados le permitirían beneficiarse de la
prestación prevista en el régimen de prima media, y si es así, si esta es compatible
con el salario percibido en ejercicio de la docencia o si, para recibirla, el docente
debe retirarse del servicio.

2.3.2.1. Sobre la aptitud legal para el reconocimiento de la pensión de
jubilación. Prerrogativas previstas en la Ley 812 de 2003. Tiempos útiles de

38 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «02EscritoDemanda», páginas 36 y

44.
39 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «02EscritoDemanda», páginas 28 a

35 y 45 a 52. Fecha de expedición del certificado: 7 de mayo de 2021.
40 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «02EscritoDemanda», páginas 77 a

86.

25

Radicado: 19001-23-33-000-2021-00351-01 (6777-2024)
Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

vinculación

72. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, Wilson Antonio Rodríguez
Torres prestó sus servicios al Estado así:

Total tiempo de
Vinculación Desde Hasta Años Meses Días
servicios
ICBF. Defensor 14 años, 10
23 de marzo de 1988 30 de enero de 2003 14 10 8
de familia meses, 8 días
Interrupción 9 de mayo de 1995 8 de junio de 1995 1 mes 0 -1 0
21 de junio de 2013 31 de diciembre de 2013 6 meses, 11 días 0 6 11
7 de febrero de 2014 31 de diciembre de 2014 10 meses, 25 días 0 10 25
IE San José. 10 de febrero de
Docente 31 de agosto de 2015 6 meses, 22 días 0 6 22
2015
1 de septiembre de 5 años, 8 meses, 7
7 de mayo de 2021 5 8 7
2015 días
Total 19 39 73
3 2 /30
22 41 2,43
/12 13
3,4
5

73. De acuerdo con lo anterior, acreditó 22 años, 5 meses y 5 días de servicio al
Estado. Sin embargo, no cumplió con los requisitos enunciados en el artículo 81 de
la Ley 812 de 2003, por cuanto no estuvo vinculado al servicio público educativo
oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, de manera que tal y
como lo dispuso el a quo no era beneficiario del régimen de transición fijado en ese
aparte normativo.

74. Al respecto, es necesario precisar que contrario a lo señalado por el demandante,
es relevante que el periodo anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003
hubiera sido al servicio público educativo oficial, bien sea como docente nacional,
nacionalizado o territorial41. Lo anterior se justifica por lo siguiente:

75. El legislador a través de la Ley 100 de 1993 creó « el sistema de seguridad social
integral» con el fin de «unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social» el
cual se aplicaría a «todos los habitantes del territorio nacional42», con excepción de,
entre otros, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
esto es los docentes oficiales. Esta excepción se mantuvo hasta la entrada en

41 En ese sentido puede consultarse la sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-

000-2012-00180-01 (1706-2015), proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B.
42
Artículo 11 de la Ley 100 de 1993.

26

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Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

vigor de la Ley 812 de 2003, con la cual los maestros oficiales fueron incorporados
al sistema de régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de
1993 y 797 de 2003; sin embargo, el legislador, con el fin de proteger las
expectativas de quienes hasta ese momento habían prestado sus servicios al
magisterio, estableció un régimen de transición, según el cual, esta reforma solo les
sería aplicables a quienes a partir del 26 de junio de 2003 se vincularan al servicio
público educativo oficial.

76. El anterior régimen de transición fue reiterado por el constituyente derivado, a
través del Acto legislativo 1 de 2005, al señalar que «(e)l régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo
81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (Se resalta).

77. Así las cosas, se advierte que el querer del legislador y el constituyente derivado
fue el de incorporar a los docentes oficiales al sistema regulado en las leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, quienes, hasta ese momento, se encontraban excluidos por
disposición expresa. Por lo que, debe entenderse que el régimen de transición
referido solo estaba dirigido a quienes, antes del 26 de junio de 2003, habían
prestado sus servicios como docentes oficiales.

78. En esa misma línea, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia SUJ-
014 -CE-S2 de 25 de abril de 201943, precisó que para efectos de establecer el
régimen prestacional aplicable a los docentes se debía tener en cuenta la fecha de
vinculación al servicio público educativo oficial, en el entendido de que:
i) quienes se hubiesen vinculado con anterioridad al 26 de junio de 2003 (fecha de
entrada en vigencia de la Ley 812) se les aplicaría aquellas disposiciones que regían
a los servidores públicos del orden nacional; y ii) quienes se vincularan con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812, se les aplicaría el régimen
pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción del requisito de la edad.

79. Empero, de acuerdo con lo probado en el proceso, el demandante se vinculó por
primera vez como docente oficial el 21 de junio de 2013 y aunque acreditó una
experiencia en el sector público oficia previo a esta fecha, estos no tuvieron origen
en la prestación del servicio educativo oficial, sino como defensor de familia.

80. Así las cosas, le asistió razón al a quo en el sentido de que no acreditó una

43
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.

27

Radicado: 19001-23-33-000-2021-00351-01 (6777-2024)
Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

vinculación como docente oficial anterior al 26 de junio de 2003, por cuanto, este es
el único requisito establecido por el legislador para ser beneficiario de la transición
de la Ley 812 y, como consecuencia, pretender el reconocimiento pensional bajo
las disposiciones que le eran aplicables a los servidores públicos del orden nacional.

81. Conviene precisar que, contrario a lo señalado en el recurso de apelación, para
beneficiarse de la mencionada transición no es suficiente acreditar una vinculación
o aportes al sector oficial con anterioridad al límite temporal establecido en la Ley
812 (fecha de su entrada en vigencia); pues las prerrogativas allí previstas no aluden
a cualquier vinculación, sino que esta fue cualificada de manera expresa por el
legislador, esto es que debe ser al servicio público educativo oficial, lo cual no
fue acreditado en el sub judice.

82. De otra parte, el reconocimiento de la pensión reclamada también procede para
los beneficiarios de la transición de la Ley 100 de 1993, esto es para quienes, de
acuerdo con el artículo 36, «al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta
y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son
hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados». Sin embargo, el demandante
tampoco era beneficiario de este, puesto que al 1° de abril de 1994, tenía 32 años
de edad y había cotizado por un poco más de 6 años.

83. En suma, de acuerdo con la fecha en la que el actor se vinculó al servicio público
educativo oficial, le asiste el derecho al reconocimiento pensional con base en el
régimen de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que para el caso
de los docentes es de 57 años para hombres y mujeres.

84. Por lo expuesto, esta Subsección analizará si pese a que no era beneficiario del
régimen de transición de la Ley 812 de 2003, le asiste el derecho al reconocimiento
pensional previsto en la Ley 100 de 1993.

2.3.2.2. En torno a la verificación de los requisitos previstos del régimen de
prima media

85. Con el fin de abordar el análisis de este problema jurídico, conviene realizar
algunas precisiones en torno al principio de justicia rogada y el privilegio de un
pronunciamiento previo de la administración cuando se reclama el reconocimiento
de una pensión.

86. Sobre el particular, esta Corporación44 ha expresado que el juez administrativo

44 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de marzo de 2018, radicado: 11001-03-25-000-

2013-00171-00(0415-13), C.P. Sandra Lisseth Ibarra

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Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

está en el deber de interpretar la relación jurídico procesal trabada por las partes y
no simplemente aplicar el principio de justicia rogada lo que es consecuente con el
principio de prevalencia del derecho sustancial y con el derecho de acceso a la
administración de justicia45, y garantiza de mejor manera los derechos
fundamentales en pugna, esto es la seguridad social.

87. Así las cosas, si bien el demandante solicitó que el debate se centrara en el
reconocimiento pensiona a la luz de las prerrogativas dispuestas en la norma para
los docentes oficiales, en particular en lo dispuesto en la Ley 812 de 2003 y que, en
consecuencia, se remitiera a lo dispuesto en el régimen pensional de la Ley 33 de
1985, lo cierto es que sí se pretendió el reconocimiento de una pensión, lo que, a
juicio de esta Subsección impone el deber de analizar la situación del peticionario a
la luz de las normas que le sean aplicables con miras a establecer si podía o no
beneficiarse de la prestación que fue reclamada. No puede desconocerse entonces
que se trata del reconocimiento de una pensión de jubilación que se constituye en
la materialización de derechos fundamentales a la seguridad social y la vida digna.
A juicio de la Corte Constitucional «los artículos 48 y 49 de la Carta Política establecen
la seguridad social por un lado, como un derecho irrenunciable, y por otro lado, como un
servicio público , de tal manera que, por la estructura de este derecho, es el Estado el
obligado a dirigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución»46, lo que se traduce en un
deber para las autoridades administrativas y judiciales de atender y, como
consecuencia, retirar los obstáculos formales que le impidan su satisfacción.

88. En igual sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional para indicar que la
aplicación de tal principio no significa la imposición de un «límite a la labor
interpretativa del juez, cuando su aplicación al caso concreto restringe la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (art. 2), la prevalencia del
derecho sustancial sobre lo meramente adjetivo (art. 228) y el acceso a la administración
de justicia (art. 229)» pues lo contrario conduciría a la adopción de decisiones
judiciales incompatibles con el ordenamiento jurídico, especialmente, cuando con
su aplicación irrestricta se afecta el goce efectivo de los derechos fundamentales,
de normas y principios constitucionales, la real relación jurídico procesal entre las
partes, los derechos humanos y normas de derecho internacional humanitario y, en
general la aplicación de normatividad relevante para la resolución de los asuntos
que competen a la jurisdicción47. Maxime cuando en los asuntos bajo análisis están
en juego la protección de los derechos constitucionales a la seguridad social, la
protección y asistencia a las personas de la tercera edad y la vida digna.

45 Sobre el particular se pueden consultar las sentencias de 27 de enero de 2000, proferida en el

expediente 10867; de 20 de enero de 2006, proferida por la Sección Quinta, en el expediente 3836;
de 23 de febrero de 2010, proferida en el expediente 2066; de 11 de septiembre de 2013, proferida
en el expediente 20601.
46 Sentencia T-164 de 2013
47 Sentencia SU061 de 2018

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Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

89. En efecto, en estos asuntos cobra mayor relevancia el análisis cuidadoso de la
normativa y jurisprudencia aplicable al asunto del peticionario que espera acceder
al beneficio pensional, deber que impone a las autoridades administrativas como
judiciales de examinar su historia laboral de cara a determinar el régimen que le
permita acceder a una prestación que proteja el riesgo al que se está enfrentando,
en este caso, la vejez. Siendo así, la seguridad social es un servicio de carácter
obligatorio [en los términos del artículo 48 Constitucional] que debe proporcionarse
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, «en sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley»; lo que se
traduce en un imperativo para todos los servidores públicos de garantizar su
prestación que, además, se constituye en un derecho irrenunciable, por lo que la
falta de mención del régimen aplicable al asunto, no puede servir como excusa para
dejar de analizar y, si es del caso, reconocer a fin de otorgarle garantía a este
derecho fundamental.

90. De acuerdo con lo anterior, incluso la omisión del peticionario en señalar el
régimen que a la postre le resulte aplicable, no es óbice para dejar de examinarlo y,
si es del caso, reconocerlo. Lo anterior de manera alguna desconoce derechos y
garantías procesales, ni implica desatender el privilegio previo de un
pronunciamiento de la administración, pues desde la petición inicial reclamó el
reconocimiento de una pensión de jubilación.

91. Así pues, una decisión en tal sentido no podría dar lugar a considerar que la
administración perdió el privilegio del pronunciamiento previo porque se tengan en
cuenta en sede judicial normas no invocadas en sede administrativa, teniendo en
cuenta que cuando se eleva la solicitud a la administración, ella está en la obligación
de garantizar la protección de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta la
totalidad del ordenamiento jurídico y no solo las normas a que aluda el solicitante,
por lo que en el instante en el que se le pone de presente una situación pensional
antes de acudir al juez, no solo se le da la oportunidad de pronunciarse de manera
previa, sino que se le reclama su análisis a la luz de la normatividad que le sea
aplicable.

92. En tal sentido, contrario a lo señalado por el tribunal esta Subsección encuentra
que no se desconoce el principio de justicia rogada, ni el privilegio previo de la
administración al analizar la situación del peticionario de acuerdo con disposiciones
que no fueron alegadas en sede administrativa cuando se reclama el
reconocimiento de una pensión, pues es un deber del Estado en general, proteger
el derecho fundamental a la seguridad social, sin establecer talanqueras que
impidan su materialización.

93. Igualmente, es deber del juez estudiar el régimen pensional aplicable para que

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Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

con su conocimiento técnico pueda aplicar el derecho que corresponde a las
circunstancias fácticas que se discuten, ello apoyado en el principio iura novit curia.

94. Así las cosas, se procederá a verificar si acreditó los requisitos previstos para el
reconocimiento pensional de conformidad con el régimen de prima media, los cuales
se encuentran contenidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003, así: i) 57 años de edad (de acuerdo con el artículo
81 de la Ley 812 de 2003); y ii) haber cotizado un mínimo de 1000 semanas en
cualquier tiempo, las cuales, a «partir del 1o. de enero del año 2005 el número de
semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25
cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015»:

95. En cuanto al requisito de la edad: Wilson Antonio Rodríguez Torres nació el 30
de marzo de 1962, por lo que en la fecha en la que presentó ante la entidad
demandada la solicitud de reconocimiento pensional (5 de agosto de 2021), contaba
con más de 57 años de edad.

96. En cuanto a las semanas cotizadas: de acuerdo con los mencionados
requisitos, en la medida en que adquirió la edad exigida para efectos del
reconocimiento con posterioridad al 1° de enero de 2015, deberá verificarse si
acreditó haber cotizado un mínimo de 1300 semanas. Al respecto en el expediente
se observa que acreditó 22 años, 5 meses y 13 días de servicio, lo que equivale a
un total de 1155 semanas aproximadamente.

97. De acuerdo con lo anterior, no ha completado los requisitos necesarios para
acceder al beneficio pensional, lo que impone confirmar la decisión apelada que
negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en esta
decisión.

2.4. Costas

98. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

99. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y

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Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

100. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma48.

101. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

102. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas y revocará la impuesta en primera instancia por no advertirse el análisis
necesario para su imposición.

3. Conclusión

103. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el demandante no era
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, toda vez que se vinculó con posterioridad de su entrada en vigor; y tampoco
le asiste el derecho al reconocimiento pensional con base en el régimen de prima
media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, pues no acreditó el
requisito de tiempo de servicios señalado en la norma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 9 de noviembre
de 2023 por el Tribunal Administrativo del Cauca y, en su lugar, no condenar en
costas de primera instancia, por las razones expuestas en esta decisión.

48En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 19001-23-33-000-2021-00351-01 (6777-2024)
Demandante: Wilson Antonio Rodríguez Torres

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2023
por el Tribunal Administrativo del Cauca que negó las pretensiones de la demanda
presentada por Wilson Antonio Rodríguez Torres contra el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, pero por las razones expuestas en esta
decisión.

Tercero. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.

Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
(SLVA)

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