Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2022-00024-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2022-00024-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 19001-23-33-000-2022-00024-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
3 de marzo de 2022
Radicado:
19001-23-33-000-2022-00024-01 (principal)
19001-33-33-003-2022-00032-01 (acumulado)
Demandantes: Santiago José Narváez Zúñiga y otros
Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 19001-23-33-000-2022-00024-01 (PRINCIPAL)
19001-33-33-003-2022-00032-01 (ACUMULADO)
Demandantes: SANTIAGO JOSÉ NARVÁEZ ZÚÑIGA Y OTROS
Demandado: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CAUCA
Temas: Tutela contra acto administrativo que conformó la lista de
elegibles al interior de un concurso de méritos
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el Consejo Seccional de
la Judicatura del Cauca y los señores Robert Alirio Calderón Muñoz, Daniel Ortiz
Ortiz y Astrid Viviana Velazco Muñoz contra la sentencia proferida el 31 de enero
de 2022 por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se accedió al
amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1.1.1. Expediente 19001-23-33-000-2022-00024-01
1. Con escrito enviado por correo electrónico el 20 de enero de 2022 por el
aplicativo de recepción de tutelas y habeas corpus en línea, el señor Santiago
José Narváez Zúñiga, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, con el fin de que le fueran
amparados sus derechos fundamentales a la igualdad, el trabajo y al debido
proceso.
2. La parte actora consideró vulnerados los derechos invocados, debido a que la
autoridad demandada le impidió optar por dos opciones de sede al ser parte del
registro seccional de elegibles publicado por medio de la Resolución No.
CSJCAUR21-130 del 21 de mayo de 2021 y conformado a partir del concurso de
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado:
19001-23-33-000-2022-00024-01 (principal)
19001-33-33-003-2022-00032-01 (acumulado)
Demandantes: Santiago José Narváez Zúñiga y otros
Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
méritos convocado a través del Acuerdo No. CSJCAUA17-372 del 5 de octubre de
20171 proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca.
3. Alegó que dicha violación de las garantías fundamentales tuvo lugar a partir de:
i) los actos administrativos del 22 y 24 de diciembre de 20212 por medio de los
cuales se formuló la lista de elegibles y se publicó la relación de aspirantes por
sede al interior del concurso de méritos en cuestión; y ii) el Oficio CSJCAUOP22-
28 del 14 de enero de 2022, por medio del cual la accionada le informó que no
podía optar por el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán.
4. Con base en lo anterior, el demandante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRINCIPAL: Se ordene al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL
CAUCA, publique la lista de elegibles para el cargo de OFICIAL MAYOR DEL
CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIÓN DE PENAS, cargo que fue publicado como vacante, que estaba
dentro del formato de opciones de sede para quienes como yo aprobaron el
concurso de méritos para el cargo de OFICINAL MAYOR DE JUZGADOS DE
CIRCUITO, y para que opte en forma oportuna y siguiendo los lineamientos
establecidos en la ley estatutaria de administración de justicia.
SECUNDARIA: SE ABRA nuevamente la posibilidad de opciones de sede de las
vacantes publicadas en el mes de diciembre del año pasado, y poder optar por
dos vacantes y tener igualdad de derechos de los demás concursantes,
atendiendo al yerro inducido por el CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA, de demostrarse la imposibilidad de acceder al cargo optado.”
(Sic a toda la cita)
5. Así mismo, como medida provisional, el accionante solicitó:
“Suspenda la provisión de cargos de la lista de elegibles para OFICIAL MAYOR
DE LOS JUECES DEL CIRCUITO”
1.1.2. Expediente 19001-33-33-003-2022-00032-01
6. Con escrito enviado por correo electrónico el 21 de enero de 2022 por el
aplicativo de recepción de tutelas y habeas corpus en línea, las señoras Angélica
María Velasco Ortega y Liliana Andrea Chaves Hernández, actuando en nombre
propio, interpusieron acción de tutela contra el Consejo Seccional de la Judicatura
del Cauca, con el fin de que le fueran amparados sus derechos fundamentales a la
igualdad, el trabajo, el debido proceso y al acceso a cargos públicos.
1 “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la
conformación del Registro Seccional de Elegibles para la provisión de los cargos de empleados de carrera de
Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de Popayán
2Acuerdos No. CSJCAUA21-121, CSJCAUA21-120, CSJCAUA21-119, CSJCAUA21-118, CSJCAUA21-117,
CSJCAUA21-116, CSJCAUA21-115, CSJCAUA21-114, CSJCAUA21-113, CSJCAUA21-112, CSJCAUA21-
111, CSJCAUA21-110, CSJCAUA21-109, CSJCAUA21-108, CSJCAUA21-107, CSJCAUA21-106 y
CSJCAUA21-105 del 22 de diciembre de 2021 y los Acuerdos No. CSJCAUA21-137, CSJCAUA21-136,
CSJCAUA21-135, CSJCAUA21-133, CSJCAUA21-134, CSJCAUA21-159, CSJCAUA21-166, CSJCAUA21-
158, CSJCAUA21-155, CSJCAUA21-163, CSJCAUA21-156, CSJCAUA21-165, CSJCAUA21-161,
CSJCAUA21-157, CSJCAUA21-164, CSJCAUA21-160 y CSJCAUA21-162 del 24 de diciembre de 2021.
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: Santiago José Narváez Zúñiga y otros
Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
7. La parte actora consideró vulnerados los derechos invocados, debido a que la
autoridad demandada le impidió optar por dos opciones de sede al ser parte del
registro seccional de elegibles publicado por medio de la Resolución No.
CSJCAUR21-130 del 21 de mayo de 2021 y conformado a partir del concurso de
méritos convocado a través del Acuerdo No. CSJCAUA17-372 del 5 de octubre de
20173 proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca.
8. Alegó que dicha violación de las garantías fundamentales tuvo lugar a partir de:
i) los actos administrativos del 22 y 24 de diciembre de 20214 por medio de los
cuales se formuló la lista de elegibles y se publicó la relación de aspirantes por
sede al interior del concurso de méritos en cuestión; y ii) los Oficios
CSJCAUOP22-31 y CSJCAUOP22-30 del 13 de enero de 2022, por medio de los
cuales la accionada les informó que no podían optar por el cargo de Oficial Mayor
o Sustanciador de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Popayán.
9. Con base en lo anterior, las demandantes solicitaron el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, formularon las siguientes
pretensiones:
“1. Con fundamento en lo expuesto, solicitamos amparar nuestros derechos
fundamentales al debido proceso (art. 29), al trabajo (art. 25), a la igualdad (art.
13) y al acceso a los cargos públicos (art. 40).
2. En consecuencia, ordenar la suspensión del trámite de provisión de todos los
cargos que está en curso ante los distintos despachos judiciales, hasta tanto se
nos garantice la posibilidad de presentar nuestra opción de sede restante; toda
vez que se nos deberá incluir en las respectivas listas que se están
considerando según las elecciones que se realizaron en el mes de diciembre por
parte de todos los aspirantes.
3. Ordenar al Consejo Seccional de la Judicatura, la actualización o corrección
del acuerdo en el cual se nos incluya como aspirante al cargo en la sede de
nuestra nueva elección y en todo caso, que esta decisión sea debidamente
notificada al despacho judicial para que se atienda el registro de elegibles en los
términos anotados.
4. En subsidio de lo anterior, ordenar al Consejo Seccional de la Judicatura del
Cauca, reconsiderar la decisión contenida en los oficios CSJCAUOP22-31 y
CSJCAUOP22-30 del 13 de enero de 2022, para que en su lugar se acepte la
opción de sede presentada al cargo Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán.
3 “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la
conformación del Registro Seccional de Elegibles para la provisión de los cargos de empleados de carrera de
Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de Popayán
4Acuerdos No. CSJCAUA21-121, CSJCAUA21-120, CSJCAUA21-119, CSJCAUA21-118, CSJCAUA21-117,
CSJCAUA21-116, CSJCAUA21-115, CSJCAUA21-114, CSJCAUA21-113, CSJCAUA21-112, CSJCAUA21-
111, CSJCAUA21-110, CSJCAUA21-109, CSJCAUA21-108, CSJCAUA21-107, CSJCAUA21-106 y
CSJCAUA21-105 del 22 de diciembre de 2021 y los Acuerdos No. CSJCAUA21-137, CSJCAUA21-136,
CSJCAUA21-135, CSJCAUA21-133, CSJCAUA21-134, CSJCAUA21-159, CSJCAUA21-166, CSJCAUA21-
158, CSJCAUA21-155, CSJCAUA21-163, CSJCAUA21-156, CSJCAUA21-165, CSJCAUA21-161,
CSJCAUA21-157, CSJCAUA21-164, CSJCAUA21-160 y CSJCAUA21-162 del 24 de diciembre de 2021.
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: Santiago José Narváez Zúñiga y otros
Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
5. En caso de considerarlo necesario, ordenar la vinculación a la presente
acción, de los todos los aspirantes que optamos a la sede del Centro de
Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad y/o de todos los aspirantes que están incluidos en el registro de
elegibles para el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador de Juzgados de Circuito
grado Nominado.”
10. Así mismo, como medida provisional, las accionantes solicitaron:
“(…) ordenar la suspensión del trámite de provisión de todos los cargos,
hasta tanto el Consejo Seccional, revise integralmente la petición presentada el
día 17 de enero de 2022 o se defina la presente acción, ordenando igualmente
notificar al despacho judicial sobre la decisión adoptada frente a la solicitud de
suspensión referida.”
1.2. Hechos probados y/o admitidos
Las solicitudes de amparo se fundamentaron en los siguientes hechos que, a juicio
de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
11. Mediante el Acuerdo No. CSJCAUA17-372 del 5 de octubre de 2017, el
Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca convocó a los interesados a la
inscripción en el concurso de méritos destinado a la conformación del registro
seccional de elegibles para la provisión de empleados de carrera de tribunales,
juzgados y centros de servicios del Distrito Judicial de Popayán, a partir de la cual
se elaboraría la correspondiente lista de elegibles.
12. Entre los cargos en concurso se enlistó el identificado con el código “260816”
correspondiendo a la denominación de “OFICIAL MAYOR O SUSTANCIADOR DE
JUZGADO DE CIRCUITO” grado “NOMINADO”, para el cual se inscribieron los
accionantes.
13. Al interior de dicho concurso, se expidió la Resolución No. CSJCAUR21-130
del 21 de mayo de 2021 por la cual el Consejo Seccional de la Judicatura del
Cauca publicó el registro seccional de elegibles para el Cargo de Oficial mayor o
Sustanciador de juzgado de circuito grado nominado, destinado a proveer los
respectivos cargos, del cual hacen parte los demandantes.
14. Entre el 1º y el 7 de diciembre de 2021, el Consejo Seccional de la Judicatura
del Cauca publicó el “Listado de cargos vacantes para trámites de solicitudes de
traslado” en la página web de la Rama Judicial y, a su vez, el formato con las
distintas opciones de sede para cada aspirante que conformaba la lista de
elegibles del cargo de “Oficial mayor o sustanciador de juzgado de circuito grado
nominado”.
15. A cada aspirante se le solicitó que diligenciara este documento de acuerdo con
el cargo aprobado “marcando únicamente dos cargos vacantes que sean de su
preferencia, de conformidad con el Acuerdo No. 4856 de junio 10 de 2008 de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”. Entre las 35 opciones brindadas
por el formato, se encontraba 1 vacante para el “ Centro de Servicios Administrativos
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Demandantes: Santiago José Narváez Zúñiga y otros
Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad”. De esta forma, todos
los accionantes eligieron esta última como una de sus dos opciones.
16. Con fundamento en los formatos diligenciados por cada uno de los aspirantes,
el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca expidió los Acuerdos No.
CSJCAUA21-121, CSJCAUA21-120, CSJCAUA21-119, CSJCAUA21-118,
CSJCAUA21-117, CSJCAUA21-116, CSJCAUA21-115, CSJCAUA21-114,
CSJCAUA21-113, CSJCAUA21-112, CSJCAUA21-111, CSJCAUA21-110,
CSJCAUA21-109, CSJCAUA21-108, CSJCAUA21-107, CSJCAUA21-106 y
CSJCAUA21-105 del 22 de diciembre de 2021 y los Acuerdos No. CSJCAUA21-
137, CSJCAUA21-136, CSJCAUA21-135, CSJCAUA21-133, CSJCAUA21-134,
CSJCAUA21-159, CSJCAUA21-166, CSJCAUA21-158, CSJCAUA21-155,
CSJCAUA21-163, CSJCAUA21-156, CSJCAUA21-165, CSJCAUA21-161,
CSJCAUA21-157, CSJCAUA21-164, CSJCAUA21-160 y CSJCAUA21-162 del 24
de diciembre de 2021, por medio de los cuales se formuló la lista de elegibles
correspondiente al concurso de méritos en cuestión y se publicó la relación de
aspirantes por sede.
17. A través de los Oficios CSJCAUOP22-31 y CSJCAUOP22-30 del 13 de enero
de 2022 y CSJCAUOP22-28 del 14 de enero de 2022, la autoridad demandada
informó, respectivamente, a los señores Narváez Zúñiga, Velasco Ortega y
Chaves Hernández que no era procedente que optaran por el cargo de Oficial
Mayor o Sustanciador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad con fundamento en lo siguiente:
“(…) toda vez que para optar al empleo referido usted debe integrar el registro
de elegibles de Oficial Mayor o Sustanciador de Circuito de Centros, Oficinas de
Servicios y de Apoyo, y una vez revisada la Resolución No. CSJCAUR21-130
del 21 de mayo de 2021 expedida por esta Seccional, por medio de la cual se
conformó el registro seccional de elegibles, se evidencia que usted integra el
registro para el cargo de Oficial Mayor o sustanciador de Juzgado de Circuito
grado Nominado.”
18. Lo mismo fue comunicado a las señoras Laura Isabel García Paz, July Lorena
Zambrano Espinosa y María Fernanda Muñoz López, quienes además de los
accionantes, también eligieron dicha vacante como una de sus opciones en sede.
1.3. Sustento de la solicitud
1.3.1. Expediente 19001-23-33-000-2022-00024-01
19. El señor Narváez Zúñiga sostuvo que era evidente el error en que había
incurrido el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca al no permitirle
conformar la lista de elegibles para el Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán:
“ya que en su respuesta afirman que la vacante es para un cargo que no existe
que no fue ofertado en el concurso de méritos, los cargos existentes de Oficial
Mayor son tres, Oficial Mayor o Sustanciador de Juzgado Municipal, Oficial
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Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
Mayor o Sustanciador de Juzgados del Circuito y Oficial Mayor o Sustanciador
de Tribunal”.
20. Con fundamento en ello, indicó que la entidad accionada le estaba cercenando
la posibilidad de ser parte de la lista de elegibles para el cargo al cual se inscribió,
acorde con el formato publicado en la página web de la Rama Judicial, al cual optó
de manera oportuna y siguiendo lo indicado en dicho documento.
1.3.2. Expediente 19001-33-33-003-2022-00032-01
21. Las señoras Velasco Ortega y Chaves Hernández adujeron que la autoridad
demandada les está causando “una grave afectación o perjuicio” porque se
encuentran excluidas “de la posibilidad de optar a uno de los cargos ofertados y por
ende de integrar en debida forma el respectivo registro de elegibles”.
22. En tal sentido, señalaron que era necesario que el juez de tutela interviniera en
el asunto en concreto:
“(…) a efectos de que se corrija el error cometido, de evitar que el trámite de
provisión de cargos avance sin corregirse la irregularidad cometida y en aras de
que se garanticen nuestros derechos, toda vez que no es lo mismo tener la
oportunidad de optar hasta por dos (2) cargos respecto de todas las vacantes
ofertadas que sobre un remanente de las mismas”
23. Manifestaron que debido al error del Consejo Seccional, algunos de los
participantes del concurso de méritos, “amparados en la buena fe y confianza legítima”
escogieron una vacante a la cual, según la misma accionada, no podían optar.
24. Arguyeron que “el hecho de que se decida excluir dicho cargo en este momento de
la convocatoria o considerar improcedente la opción del mismo”, implica que quienes lo
escogieron se quedarían sin “la oportunidad de haber seleccionado otra vacante” y, por
tanto, no pueden “participar en igualdad de condiciones que los demás participantes, tal
como lo prevé el artículo 4º del Acuerdo PSAA084856 de 10 de junio de 2008, el cual
reglamenta el número de opciones con que cuenta cada aspirante”.
25. En relación con los Oficios CSJCAUOP22-31 y CSJCAUOP22-30 del 13 de
enero de 2022, afirmaron lo siguiente:
“(…) no es aceptable que el Consejo Seccional de la Judicatura se limite a
enviar un oficio informando sobre la improcedencia de la opción de sede sin dar
ninguna solución a quienes resultamos afectados con tales actuaciones, pues la
revisión y verificación de los cargos que procedían como opciones de sedes
debió realizarse previamente a la publicación y no con posterioridad a la
presentación de los respectivos formatos por parte de los participantes”.
26. Destacaron que el formato diligenciado fundamentó los actos administrativos
del 22 y 24 de diciembre de 2021 remitidos a los despachos judiciales y por medio
de los que se publicó la relación de aspirantes por sede al interior del concurso.
Por tanto, agregaron que la demandada sabía de las vacantes por las cuales
habían optado y, a pesar de ello, sólo se les advirtió hasta el 13 de enero de 2022
de la imposibilidad de optar al cargo en cuestión.
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Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
27. Concluyeron que no cuentan “con otro medio más eficaz y expedito” para que sus
pretensiones sean atendidas, por lo que acuden a este mecanismo constitucional
para exigir la defensa de sus derechos.
1.4. Actuaciones procesales relevantes
1.4.1. Admisión y trámite de la demanda
28. Mediante auto del 20 de enero de 2022, el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo del Cauca:
I. Admitió la acción de tutela presentada por el señor Narváez Zúñiga.
II. Ordenó notificar al accionante y al Consejo Seccional de la Judicatura del
Cauca.
III. Accedió a la medida cautelar promovida por el demandante y dispuso lo
siguiente:
“CUARTO.- ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca que
suspenda la expedición de los acuerdos por los cuales dispone la relación de
aspirantes por sede para la provisión del cargo de “OFICIAL MAYOR O
SUSTANCIADOR DE JUZGADO DE CIRCUITO GRADO NOMINADO” dentro
del concurso de méritos convocado para la provisión de cargos de empleados
de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial
de Popayán y Administrativo del Cauca convocado mediante Acuerdo No.
CSJCAUA17-372 del 05 de octubre de 2017.
QUINTO.- ORDENAR la suspensión de los acuerdos proferidos por el
Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, en los que se hubiere
formulado ante los Jueces correspondientes la lista de elegibles para la
provisión en propiedad del cargo de “OFICIAL MAYOR O SUSTANCIADOR
DE JUZGADO DE CIRCUITO GRADO NOMINADO” dentro del concurso de
méritos convocado para la provisión de cargos de empleados de carrera de
Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de Popayán y
Administrativo del Cauca convocado mediante Acuerdo No. CSJCAUA17-372
del 05 de octubre de 2017.
No será objeto de la presente medida de suspensión los acuerdos por medio
de los cuales se hubiere formulado la lista de elegibles para el mencionado
cargo, cuyo acto administrativo de nombramiento ya hubiere sido notificado
por el nominador.
SEXTO.- ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca que
informe de inmediato a los Despachos a los cuales hubiere remitido los
acuerdos formulando lista de elegibles para el plurimencionado cargo de
“OFICIAL MAYOR O SUSTANCIADOR DE JUZGADO DE CIRCUITO
GRADO NOMINADO” la orden de suspensión, indicándoles claramente que
no opera sobre los que ya se hubiere notificado el acto administrativo de
nombramiento.
Asimismo, deberá requerirlos para efectos que en el término de un (01) día le
remitan los documentos soportes correspondientes, esto es copia de los actos
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19001-33-33-003-2022-00032-01 (acumulado)
Demandantes: Santiago José Narváez Zúñiga y otros
Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
de nombramiento junto con su constancia de notificación, información que
deberá ser reenviada de manera compilada, urgente y prioritaria a este
Despacho.” (Sic a toda la cita)
29. El Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca cumplió lo ordenado y remitió
al despacho ponente de la primera instancia el oficio No. 22-123 del 25 de enero
de 202236 por el cual envió la relación compilada de los Despachos Judiciales que
hasta dicha fecha habían comunicado a la autoridad acerca de las designaciones
de los integrantes de la lista de elegibles para el cargo de Oficial Mayor o
Sustanciador de Juzgado de Circuito Grado Nominado, mediante el cual se
informaron los siguientes nombramientos:
“Juzgado Octavo Administrativo de Popayán, nombró en propiedad y
posesionó a la señora NORMA CONSTANZA GÓMEZ BOLAÑOS, lista de
elegibles conformada mediante Acuerdo CSJCAUA21-118 del 22 de
diciembre de 2021.
Juzgado Primero Penal para Adolescentes con Función de conocimiento
de Popayán, nombró en propiedad y notificó a las señoras DIANA
MARCELA COBO VELASCO y SOFIA QUESSEP ARBOLEDA, de la lista
de elegibles conformada mediante Acuerdo CSJCAUA21-110 del 22 de
diciembre de 2021.
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán, nombró en
propiedad y posesionó a la señora MÓNICA DAZA DORADO de la lista
de elegibles CSJCAUA21-136 del 24 de diciembre de 2021”.
30. Mediante auto interlocutorio del 21 de enero de 2022, el magistrado ponente
del Tribunal Administrativo del Cauca vinculó, en calidad de terceros con interés, a
quienes conforman el Registro de elegibles para el cargo de “Oficial Mayor o
sustanciador de Juzgado de Circuito grado nominado - Código 260816” dentro del
concurso convocado mediante el Acuerdo No. CSJCAUA17-372 del 05 de octubre
de 2017.
1.4.2. Acumulación del expediente 19001-33-33-003-2022-00032-01
31. Encontrándose el expediente en trámite de admisión, mediante auto del 21 de
enero de 2022, el magistrado Carlos Hernando Jaramillo Delgado del Tribunal
Administrativo del Cauca remitió la tutela presentada por las señoras Velasco
Ortega y Chaves Hernández al despacho ponente del fallo de primera instancia5
en aplicación del Decreto 1834 de 2015 - Artículo 2.2.3.1.3.1. que versa sobre el
reparto de las acciones de tutela masivas.
32. Por medio de auto del 25 del mismo mes y año, el magistrado ponente
dispuso:
I. Avocar conocimiento de la acción de amparo referida.
II. Ordenar su acumulación al proceso con radicado 19001-23-33-000-2022-
00024-01.
5 El despacho del magistrado Jairo Restrepo Cáceres.
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado:
19001-23-33-000-2022-00024-01 (principal)
19001-33-33-003-2022-00032-01 (acumulado)
Demandantes: Santiago José Narváez Zúñiga y otros
Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
III. Notificar dicha providencia a las accionantes y al Consejo Seccional de la
Judicatura del Cauca.
IV. Ordenar a la autoridad accionada la comunicación de la decisión por medio
de la página web de la Rama Judicial a todos quienes conforman el registro
de elegibles para el cargo de oficial Mayor o sustanciador de Juzgado de
Circuito grado nominado dentro del concurso de méritos en cuestión a
cualquier persona que se pudiera considerar afectado, así como la
publicación del escrito de tutela presentado por las accionantes y sus anexos
y solicitó allegar la prueba de dicho trámite6.
1.4.3. Solicitud de coadyuvancia de la señora July Lorena Zambrano
Espinosa
33. El 25 de enero de 2022, la señora July Lorena Zambrano Espinosa remitió vía
correo electrónico un memorial mediante el cual manifestó su voluntad de
coadyuvar la tutela presentada por el señor Narváez Zúñiga, como parte del
registro de elegibles para el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador de Juzgado de
Circuito Grado Nominado dentro del concurso de méritos en cuestión.
34. Indicó que había resultado afectada de la misma forma que el tutelante, en el
entendido que una de las opciones de sede para la que se postuló correspondía a
la que figuraba en el formato como vacante para el Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Popayán.
35. Aseveró que “además del error señalado por el accionante en contra del Consejo
Superior de la Judicatura – Cauca”, se incurrió en el siguiente yerro:
“no sacar a concurso el cargo de oficial mayor o sustanciador del circuito para el
“CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE POPAYÁN tal y
como lo señala el Acuerdo CSJCAUA 17-372 del 5 de octubre de 2017, teniendo
en cuenta que este hasta la fecha ha venido siendo ocupado por un funcionario
en provisionalidad, lo que iría en contravía de lo señalado la primera parte del
acuerdo que regula el concurso frente a los cargos que se disputan”. (Sic a toda
la cita)
36. Mediante auto del 25 de enero de 2022, el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo del Cauca: i) admitió como coadyuvante del presente proceso a la
señora Zambrano Espinosa; ii) notificó dicha providencia a las accionantes y al
Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca; y iii) ordenó a la autoridad
accionada la comunicación de la decisión por medio de la página web de la Rama
Judicial a todos quienes conforman el registro de elegibles para el cargo de oficial
Mayor o sustanciador de Juzgado de Circuito grado nominado dentro del concurso
6 El Consejo Seccional de la Judicatura allegó prueba de la notificación por aviso informado todos los
integrantes del Registro Seccional de Elegibles, así como a cualquier otra persona que se pueda considerar
afectada
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Radicado:
19001-23-33-000-2022-00024-01 (principal)
19001-33-33-003-2022-00032-01 (acumulado)
Demandantes: Santiago José Narváez Zúñiga y otros
Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
de méritos en cuestión, así como a cualquier persona que se pudiera considerar
afectado y solicitó allegar la prueba de dicho trámite7.
1.4.4. Solicitud de coadyuvancia de la señora Laura Isabel García Paz
37. Por medio de escrito enviado por correo electrónico el 24 de enero de 2022, la
señora García Paz coadyuvó la tutela presentada por el señor Narváez Zúñiga,
como parte del registro de elegibles para el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador
de Juzgado de Circuito Grado Nominado dentro del concurso objeto de este
trámite.
38. Expuso que su situación fáctica era la misma que la del accionante y arguyó
que el error en el que incurrieron los aspirantes fue inducido por el Consejo
Seccional, en los siguientes términos:
“(…) conforme a la revisión de la página web de la rama judicial y de
convocatorias anteriores, aproximadamente desde el año 2016, ha sido
publicado como vacante el cargo de Oficial Mayor del Centro de Servicios de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, como
una opción de sede para el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador de Juzgado
de Circuito – Grado: Nominado, por lo tanto, causa extrañeza, que tan solo hasta
la fecha se informe sobre la existencia del cargo, toda vez que, se reitera el
mismo ha sido publicado, fue ofertado en el concurso de méritos y actualmente
se encuentra ocupado en provisionalidad.”
39. En tal medida, solicitó que se accediera a la pretensión principal esbozada por
el señor Narváez Zúñiga y que, de no ser posible, se le permitiera a quienes
optaron por la opción de sede en el Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, remitir un
nuevo formato de opción de sede manifestando su segunda opción.
40. A través de providencia del 25 de enero de 2022, el despacho ponente del fallo
de primera instancia: i) admitió como coadyuvante del presente proceso a la
señora García Paz; ii) notificó dicha auto a las accionantes y al Consejo Seccional
de la Judicatura del Cauca; y iii) ordenó a la autoridad accionada la comunicación
de la decisión por medio de la página web de la Rama Judicial a todos quienes
conforman el registro de elegibles para el cargo de oficial mayor o sustanciador de
Juzgado de Circuito grado nominado dentro del concurso de méritos en cuestión,
así como a cualquier persona que se pudiera considerar afectado y solicitó allegar
la prueba de dicho trámite8.
7 El Consejo Seccional de la Judicatura allegó prueba de la notificación por aviso informado todos los
integrantes del Registro Seccional de Elegibles, así como a cualquier otra persona que se pueda considerar
afectada
8 El Consejo Seccional de la Judicatura allegó prueba de la notificación por aviso informado todos los
integrantes del Registro Seccional de Elegibles, al señor Manuel Santiago Aarango Campo, quien ocupa en
provisionalidad el cargo de Oficial Mayor del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán y así como a cualquier otra persona que se pueda
considerar afectada
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1.4.5. Solicitud de coadyuvancia de la señora María Fernanda Muñoz López
41. El 27 de enero de 2022, por medio de correo electrónico, la señora Muñoz
López manifestó su voluntad de coadyuvar la tutela presentada por los
accionantes, al encontrarse su la misma situación fáctica.
42. Aclaró que escogió la vacante de oficial mayor o sustanciador del Centro de
Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad, pues en el concurso no se ofertó tal cargo de manera independiente y,
por tanto, dedujo que aquel era uno de los ofrecidos para los aspirantes del
registro de elegibles que conforma.
43. Con fundamento en ello, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Que se me permita presentar en un término prudencial mi nueva
opción de sede, la cual reemplace la sede marcada inicialmente en mi formato,
esto es Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, por una nueva sede de las
publicadas el 1 de diciembre de 2021 y con la cual se garantice la igualdad de
optar por dos sedes permitidas para el cargo al cual me encuentro inscrita, esto
es Oficial Mayor o Sustanciador de Circuito.
SEGUNDA: En caso de no acceder a lo anterior, solicito dejar sin efecto lo
actuado desde la publicación de opciones de sedes, a fin de que se publique
nuevamente y en forma correcta las opciones de vacantes para el cargo de
“OFICIAL MAYOR O SUSTANCIADOR DE JUZGADO DE CIRCUITO GRADO
NOMINADO” y poder optar por dos cargos, tal como lo establece el concurso.”
44. Mediante auto del 27 de enero de 2022, el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo del Cauca admitió como coadyuvante del presente proceso a la
señora Muñoz López y dispuso lo mismo que ordenó en las providencias referidas
con antelación, relacionadas con las solicitudes de las señoras García Paz y
Zambrano Espinosa.
1.4.6. Intervenciones
45. Realizadas las notificaciones y comunicaciones ordenadas, de conformidad
con las constancias visibles en la copia digital del expediente de la acción de
tutela, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.4.6.1. Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
46. Por medio de escritos enviados el 25 de enero de 2022 vía correo electrónico,
el presidente de la entidad se manifestó con respecto a cada una de las tutelas
interpuestas y pidió “negar por improcedente o por infundado el amparo solicitado” y
“levantar la medida cautelar que pesa sobre los acuerdos que conformaron los registros
de elegibles para la provisión del cargo de OFICIAL MAYOR O SUSTANCIADOR DE
JUZGADO DE CIRCUITO GRADO NOMINADO de los distritos judiciales de Popayán y
Administrativo del Cauca, ofertados en el mes de diciembre de 2021”.
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47. Afirmó que la publicación de las vacantes definitivas de la Rama Judicial se
realizó para que optaran los aspirantes que forman parte de los registros de
elegibles vigentes o para que los servidores judiciales en propiedad soliciten
traslados por razones de seguridad, salud, carrera judicial y recíprocos.
48. Informó que las publicaciones de las vacantes definitivas de los cargos de
empleados de las seccionales reportadas por el Área de Talento Humano de la
Seccional las realizaba la entidad por medio del link asignado en el portal web de
la Rama Judicial. Agregó que el 1º de diciembre de 2021 se procedió a lo
pertinente conforme con lo dispuesto en el Acuerdo PSAA08-4856 del 10 de junio
de 2008, por lo que tanto los aspirantes que conforman el registro de elegibles
como los servidores judiciales en carrera que solicitaron el traslado, presentaron
peticiones desde tal fecha hasta el 7 de diciembre de 2021.
49. Agregó que el empleo como oficial mayor o sustanciador de Juzgado de
Circuito Grado Nominado en el Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán no fue
ofertado en la convocatoria al concurso de méritos, por lo que no había registro
alguno para la elaboración de listas del cargo en mención.
50. Puso de presente que de las 69 peticiones que se recibieron de opción de
sede para los cargos de oficial mayor o sustanciador de Juzgado de Circuito
Grado Nominado, únicamente los señores Santiago José Narváez Zúñiga, July
Lorena Zambrano Espinosa, María Fernanda Muñoz López, Angélica María
Velasco Ortega, Laura Isabel García Paz y Liliana Andrea Chaves Hernández
optaron por el Centro de Servicios Administrativos.
51. Resaltó que una vez vencido el plazo con el que contaban para diligenciar los
formatos, se llevó a cabo un trabajo de verificación de las solicitudes para su
consolidación y repartición ante los despachos de los magistrados que integran el
Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca. Agregó que dicha labor ameritaba
un alto cuidado, pues algunos aspirantes presentaban más de una solicitud y otros
optaban por cargos que no formaban parte del registro de elegibles, debiendo
cada despacho revisar, verificar y evaluar las solicitudes y presentar una ponencia
frente a cada una de ellas.
52. Arguyó que como consta en los oficios CSJCAUOP22-28 del 14 de enero de
2022, CSJCAUOP22-31 y CSJCAUOP22-30 del 13 de enero de 2022, lo que
motivó la improcedencia de conformar la lista de elegibles para uno de los cargos
al cual optaron, era que los accionantes no integraban el registro para proveer el
empleo en cuestión. Indicó que por medio de tales actos administrativos, se les
explicó a los demandantes que el cargo para el cual concursaron difiere en los
requisitos mínimos para ocupar la vacante de oficial mayor o sustanciador de
Circuito de Centros, Oficinas de Servicio y de Apoyo.
53. Indicó que los tutelantes tenían el deber de verificar que para tal empleo, el
Acuerdo No. PCSJA17-10780 del 25 de septiembre de 2017 del Consejo Superior
de la Judicatura establece unas exigencias con las cuales no cumplían, por lo que
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19001-33-33-003-2022-00032-01 (acumulado)
Demandantes: Santiago José Narváez Zúñiga y otros
Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
no les era posible invocar un presunto yerro por parte del Consejo Seccional y, en
consecuencia, la vulneración de sus derechos fundamentales ante dicha falta de
diligencia.
54. Adujo que no se configuró ningún error en la publicación de la vacante de
oficial mayor o sustanciador de Circuito de Centros, Oficinas de Servicio y de
Apoyo, pues la publicación de toda vacante definitiva de cargos de carrera obraba
por orden legal.
55. Expresó que de aceptarse la postulación para el cargo que da lugar a la
presente acción de tutela, se estaría violando flagrantemente el artículo 160 de la
Ley 270 de 1996 Ley Estatutaria de Administración de Justicia al no haber sido
convocado a concurso, así como otras disposiciones del Acuerdo de la
convocatoria.
56. Expuso que no era procedente presentar nuevas opciones de sede pues ello
iría en contra de lo establecido en el Acuerdo No. PSAA08-4856 de 2008 en el
cual se establecen los términos de publicación de las vacantes, la elaboración y
remisión de las listas de elegibles y la notificación y aplicación de las mismas por
los funcionarios respectivos.
1.4.6.2. Ferney Alexander Pantoja Quintero
57. Mediante escrito enviado vía correo electrónico el 25 de enero de 2022, el
señor Pantoja Quintero, en calidad de tercero con interés legítimo, manifestó su
oposición a la pretensión segunda del señor Narváez Zúñiga9.
58. Señaló que de accederse a tal pretensión:
“nos veríamos afectados integrantes de lista que posiblemente no tengamos
relación con la solución real al fondo de esta situación, pues se estima que
fueron alrededor de 6 personas las que optaron para el cargo “OFICIAL MAYOR
DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCION DE PENAS”, y entre ellas personas que no tendrían una opción
real al momento de iniciar la provisión de cargos teniendo como derrotero las
lista de elegibles suspendidas, pues las vacantes sería provistas con los
primeros lugares de estas, en razón a su lugar dentro del registro de elegibles”.
(Sic a toda la cita)
59. Aseveró que dicha solución “generaría un mal mayor, pues traería consigo más
demoras en la posesión” y recordó que la “convocatoria ha sido bastante lenta, pues a
este momento lleva alrededor de los 5 años de iniciada”, lo que contraría “la
consideración principal de la carrera judicial que señala el mérito como fundamento
principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio”.
60. Propuso, como solución al caso en cuestión, permitirle a los afectados que
remitan una vez más el formato de opción de sede debidamente diligenciado pero
escogiendo solo una opción con los cargos actualmente disponibles y que se
9 Ver el numeral 3 de la presente providencia.
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Demandantes: Santiago José Narváez Zúñiga y otros
Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
ordene a la entidad accionada “realizar de forma inmediata los ajustes necesarios a las
listas de elegibles e incluir la opción de sede en estas con los cargos seleccionados por
los compañeros afectados con este error”.
1.4.6.3. Carlos Mario Soto Pérez
61. Por medio de memorial remitido por correo electrónico el 26 de enero de 2022,
el señor Soto Pérez, en calidad de tercero con interés legítimo, acompañó la
petición principal y se opuso a la pretensión segunda de la tutela interpuesta por el
señor Narváez Zúñiga.
62. Afirmó que hacía parte del registro de elegibles para el cargo de oficial mayor
o sustanciador del Juzgado del Circuito Nominado y que eligió como opción de
sede las vacantes definitivas en los Juzgados Primero y Cuarto Penal del Circuito
Judicial de Popayán. Agregó que su nombramiento está suspendido dada la orden
relacionada con la medida cautelar.
63. Referenció que no se acreditó que la parte actora hubiera formulado una
reclamación, recurso o petición frente al oficio No. CSJCAUOP22-28 del 13 de
enero de 2022, por lo que era claro que la autoridad accionada no había “contado
con la oportunidad para pronunciarse frente a los reproches de los que se duele en ésta
vía subsidiaria”. Al respecto, añadió lo siguiente:
“En razón a lo dicho, y en caso de declarar improcedente el amparo, solicito que
al ordenar el levantamiento de la suspensión de los acuerdos, se comunique
inmediatamente a los Despachos judiciales, indicándoles de manera expresa
que lo ordenado fue una SUSPENSIÓN y no una INTERRUPCIÓN, por lo que el
término para los respectivos nombramientos de los aspirantes debe reanudarse
y no contabilizarse nuevamente, acatando lo dispuesto en el artículo 167 de la
Ley 270 de 1996”.
64. Señaló que en el Acuerdo No. PSAA06-3560 del 10 de agosto del 2006 y el
Acuerdo No. PSAA13-10038 del 07 de noviembre de 2013 del Consejo Superior
de la Judicatura, no existe distinción entre los cargos “que sin justificación alguna
está realizando el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca en el oficio
CSJCAUOP22-28 del 13 de enero de 2022”. Por tanto, solicitó que:
“(…) ante la expectativa legítima generada por la accionada, de forma transitoria
y para evitar un perjuicio irremediable para el actor y los demás participantes que
optaron por ese cargo, COADYUVO LA PETICIÓN PRINCIPAL del amparo
deprecado”.
65. No obstante, pidió no acceder a la petición secundaria formulada por el señor
Narváez Zúñiga pues:
“ello implicaría retrasar indebidamente el concurso, desconociendo las garantías
fundamentales, la expectativa legítima y el mérito de quienes integramos las
listas de elegibles formuladas ante los despachos seleccionados con un puntaje
superior al del accionante y de las personas que optaron por el cargo de oficial
mayor del centro de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de
penas”.
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Demandantes: Santiago José Narváez Zúñiga y otros
Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
66. En este orden de ideas, concluyó lo siguiente:
“en caso de conceder el amparo invocado por el actor y no acceder a su
pedimento principal, la orden que se profiera esté limitada a permitir a quienes
optaron por la opción de “oficial mayor del centro de servicios administrativos de
los juzgados de ejecución de penas ”, remitir UN (01) nuevo formato de sede
manifestando una segunda opción y con ello, si es del caso, el Consejo elabore
una nueva lista de elegibles ante los juzgados correspondientes modificando
únicamente a los que se haya optado, ello con el fin de no entorpecer el
concurso a los demás aspirantes”.
1.4.7. Fallo impugnado
67. Mediante sentencia del 31 de enero de 2022, notificada vía correo electrónico
en la misma fecha, el Tribunal Administrativo del Cauca accedió al amparo
solicitado por los accionantes y coadyuvantes y resolvió lo siguiente:
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la relación de aspirantes contenida en los
Acuerdos No. CSJCAUA21-121, CSJCAUA21-120, CSJCAUA21-119,
CSJCAUA21- 117, CSJCAUA21-116, CSJCAUA21-115, CSJCAUA21-114,
CSJCAUA21-113, CSJCAUA21-112, CSJCAUA21-111, CSJCAUA21-109,
CSJCAUA21-108, CSJCAUA21-107, CSJCAUA21-106 y CSJCAUA21-105 del
22 de diciembre de 2021 y los Acuerdos No. CSJCAUA21-137, CSJCAUA21-
135, CSJCAUA21-133, CSJCAUA21-134, CSJCAUA21-159, CSJCAUA21-166,
CSJCAUA21-158, CSJCAUA21-155, CSJCAUA21-163, CSJCAUA21-156,
CSJCAUA21-165, CSJCAUA21-161, CSJCAUA21-157, CSJCAUA21-164,
CSJCAUA21-160 y CSJCAUA21-162 del 24 de diciembre de 2021. Se
exceptúan los Acuerdos No. CSJCAUA21-118 y CSJCAUA21-110 del 22 de
diciembre de 2021 y el Acuerdo No. CSJCAUA21-136 del 24 de diciembre de
2021, en el entendido que a partir de estos últimos fueron nombrados los
señores NORMA CONSTANZA GÓMEZ BOLAÑOS, DIANA MARCELA COBO
VELASCO, SOFIA QUESSEP ARBOLEDA y MÓNICA DAZA DORADO cuya
comunicación del acto correspondiente e inclusive en algunos casos la posesión
ya fue efectuada, los cuales continúan teniendo plenos efectos.
TERCERO.- ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la
presente providencia, proceda a realizar nuevamente la publicación del formato
de opción de sede, en el mes de febrero de 2022, en los términos de lo normado
en el Acuerdo No. PSAA08-4856 del 10 de junio de 2008, para el cargo de
“OFICIAL MAYOR O SUSTANCIADOR DE JUZGADO DE CIRCUITO GRADO
NOMINADO” en el marco del concurso convocado mediante Acuerdo No.
CSJCAUA17-372 del 5 de octubre de 2017, sin que en este se encuentren
relacionados el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, así como tampoco las
vacantes definitivas de los Juzgados Octavo y Séptimo Administrativos del
Circuito de Popayán y del Juzgado Primero Penal para Adolescentes con
Función de Conocimiento de Popayán. Lo anterior para que quienes conforman
el registro de elegibles correspondiente manifiesten su disponibilidad para el
desempeño de los cargos y elijan nuevamente sus opciones de sede.
Previo a la anterior publicación, el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
deberá verificar ante los Despachos correspondientes por cualquier medio, bien
sea que obtenga respuesta positiva o negativa, si antes de la adopción de la
medida provisional decretada en el Auto del 20 de enero de 2022 se efectuó
algún otro nombramiento que hubiere sido notificado. De ser así no se aplicará la
decisión de dejar sin efectos la actuación que hubiere motivado el
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19001-33-33-003-2022-00032-01 (acumulado)
Demandantes: Santiago José Narváez Zúñiga y otros
Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
nombramiento, cuya vacante tampoco deberá hacer parte de la oferta de opción
de sedes.
CUARTO.- ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca que
inmediatamente después de la notificación del presente proveído, a través del
espacio correspondiente en el portal web de la Rama Judicial, comunique a
todos quienes conforman el Registro de elegibles para el cargo de “Oficial Mayor
o sustanciador de Juzgado de Circuito grado nominado - Código 260816” dentro
del Concurso aperturado mediante Acuerdo No. CSJCAUA17-372 del 05 de
octubre de 2017 así como a cualquier otro sujeto que se pueda considerar
afectado, la presente decisión y publique esta providencia”.
68. Su decisión tuvo como fundamento las razones que a continuación se
exponen. En cuanto a la procedencia de la acción de tutela, indicó que de acuerdo
con la Corte Constitucional, la tutela procede cuando el afectado no dispone de
otro medio de defensa judicial idóneo y efectivo para la protección de sus
derechos fundamentales o, en caso de existir algún recurso judicial, cuando se
ejerza como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
69. Citó apartados textuales de las sentencias T-947 de 201210, T-588 del 200711 y
T-302 de 201912 y mencionó que, si bien el mecanismo judicial idóneo para atacar
la legalidad de los actos administrativos cuestionados sería, en principio, el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que de acuerdo
con la Corte Constitucional, en asuntos relacionados con concurso de méritos “los
medios de control de la jurisdicción contencioso administrativa (…) no son los
mecanismos idóneos y eficaces, en razón del prolongado término de duración que este
tipo de procesos pudiese tener”.
70. Por tanto, señaló que los actos administrativos cuestionados fueron proferidos
entre el 22 de diciembre de 2021 y el 13 de enero de 2022, esto es, dentro del
término con el que se cuenta para la interponer la respectiva demanda ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y, en consecuencia, evidenció:
“(…) que la acción de tutela sí resulta procedente para resolver la situación
jurídica planteada por los señores LAURA ISABEL GARCÍA PAZ, ANGÉLICA
MARÍA VELASCO ORTEGA, LILIANA ANDREA CHÁVES HERNÁNDEZ, JULY
LORENA ZAMBRANO ESPINOSA, MARÍA FERNANDA MUÑOZ LÓPEZ y
SANTIAGO JOSÉ NARVÁEZ ZÚÑIGA máxime que someterlos a acudir a la vía
judicial ordinaria tendría la entidad de materializar la vulneración de sus
derechos fundamentales debido a su ostensible falta de idoneidad y eficacia
para dar solución al sub judice”.
71. Expuso que conforme con el Acuerdo No. PCSJA17-10780 del 25 de
septiembre de 2017 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, los cargos
de “Oficial Mayor o sustanciador de Juzgado de Circuito” y de “Oficial Mayor o
sustanciador Circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios
10 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-947 del 16.11.12., M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
11 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-599 del 02.08.07., M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
12 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-302 del 10.07.19., M.P. Alejandro Linares
Cantillo.
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Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
Administrativos Jurisdiccionales, Oficina de Servicios y de Apoyo” son distintos, ya
que tienen una denominación y unos requisitos disimiles. Agregó que, en virtud de
ello, “se extracta que en efecto este último no fue ofertado en la convocatoria efectuada
mediante Acuerdo No. CSJCAUA17-372 del 5 de octubre de 2017”.
72. Sin embargo, expresó que fue el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
el que en la relación de vacantes definitivas para traslado y en el formato de
opción de sede publicado en el mes de diciembre de 2021 para el cargo de oficial
mayor o sustanciador de Juzgado de Circuito Grado Nominado, enlistó la vacante
definitiva ubicada en el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán.
73. En este sentido, consideró que la autoridad accionada dio a entender que esta
vacante podía ser seleccionada, más aún si se tiene en cuenta que en la
actualidad no se cuenta con registro de elegibles para dicho cargo.
74. Argumentó que, en relación con la oferta y escogencia de opción de sede,
según el Acuerdo No. PSAA08-4856 del 10 de junio de 2008, las Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura deben publicar en el
portal web de la Rama Judicial, durante los cinco (5) primeros días hábiles de
cada mes, las sedes y cargos vacantes indicando las categorías y especialidades
de los mismos, con el fin de que los integrantes del Registro de elegibles
manifiesten su disponibilidad para el desempeño de los cargos.
75. En este orden de ideas, concluyó que la demandada:
“incurrió en una actuación que confundió a algunos de los integrantes del
registro de elegibles quienes erróneamente interpretaron que al estar
referenciada la vacante ubicada en el Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán en las
opciones de sede para el cargo de “OFICIAL MAYOR O SUSTANCIADOR DE
JUZGADO DE CIRCUITO GRADO NOMINADO”, podían optar a la misma.”
76. Arguyó que la Corte Constitucional ha determinado que la buena fe es un pilar
fundamental del ordenamiento jurídico que orienta las relaciones entre particulares
y entre estos y la administración, en búsqueda de que se desarrollen en términos
de confianza y estabilidad. Agregó que dicho principio se desprende del de
confianza legítima, el cual pretende que la administración no modifique situaciones
jurídicas que se origina en actuaciones precedentes que generan expectativas
legítimas y justificadas en los ciudadanos.
77. Estableció que los accionantes y coadyuvantes actuaron de buena fe al
diligenciar el formato y seleccionar las respectivas vacantes, y partieron del
principio de confianza legítima que les generó que el cargo se encontrara
referenciado en tal documento publicado por el Consejo Seccional de la Judicatura
del Cauca. En tal sentido, aseveró que tal situación les impidió optar por dos
opciones de sede como las demás personas que conforman el registro de
elegibles, lo cual vulneró su derecho a la igualdad.
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1.5.4. Impugnación del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
78. Mediante escrito radicado el 2 de febrero de 2022, la entidad accionada
impugnó la sentencia del 31 de enero del mismo año proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca y solicitó que se revocara tal providencia para que, en su
lugar, se nieguen las pretensiones de las tutelas acumuladas y las peticiones de
los coadyuvantes.
79. Afirmó que el a quo no contrastó la conducta de la entidad con la de los
tutelantes y coadyuvantes al optar por una vacante a la cual no podían acceder.
Agregó que era deber del juez constitucional evaluar por qué de los 69 aspirantes
que diligenciaron el formulario, únicamente 6 incurrieron en tal error, “máxima
cuando se trata de aspirantes todos con formación jurídica” que debían tener clara
aquella imposibilidad de aspirar al cargo elegido.
80. Sostuvo que su actuar estuvo fundamentado conforme a sus competencias y
en cumplimiento del Acuerdo PSAA08-4856 del 10 de junio de 2008 del Consejo
Superior de la Judicatura, por lo que no es posible excusar su actuar culposo,
negligente y descuidado al diligenciar el formato y seleccionar las opciones de
sede.
81. Lamentó que el Tribunal Administrativo del Cauca hubiera guardado silencio al
respecto y, en consecuencia, dejara sin efecto los Acuerdos por los cuales se
conformó la lista de elegibles en las vacantes definitivas de los cargos de oficial
mayor o sustanciados de Juzgado de Circuito Nominado.
82. Expresó que dicha decisión se tomó sin valorar los perjuicios que la medida
ocasiona:
“a los más de 60 aspirantes que de manera diligente y cuidadosa escogieron
correctamente las dos opciones de sede y conformaron dichas listas de
elegibles, a las autoridades nominadoras que están en el deber de proveer
dichos cargos con personal seleccionado con base en el mérito, y también a la
administración de la carrera judicial debilitando la confianza que goza ante los
aspirantes a ingresar a cargos de la Rama Judicial”.
83. Arguyó que de haberse acreditado la vulneración a los derechos de los
tutelantes y coadyuvantes, “todos los acuerdos que se expidieron para establecer listas
de elegibles para los cargos de OFICIAL MAYOR O SUSTANCIADOR DE JUZGADO DE
CIRCUITO GRADO NOMINADO estarían viciados”, cuestión que no sucedió en la
medida en que se exceptuó las listas de elegibles a partir de las cuales las
autoridades nominadoras ya habían nombrado y posesionado a algunas personas
que hicieron parte del concurso.
1.5.5. Impugnación del señor Robert Alirio Calderón Muñoz
84. Mediante escrito enviado por correo electrónico el 1º de febrero de 2022, el
señor Calderón Muñoz en calidad de integrante del registro de elegibles en
cuestión, manifestó que impugnaba la sentencia del 31 de enero de 2021. Agregó
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que los motivos de su inconformidad los haría llegar con posterioridad; no
obstante, no allegó el referido documento, de acuerdo con el expediente digital
que reposa en SAMAI.
1.5.6. Impugnación de los señores Daniel Ortiz Ortiz y Astrid Viviana Velasco
Muñoz
85. A través de memorial remitido por correo electrónico el 3 de febrero de 2022,
en calidad de integrantes del registro de elegibles, los señores Ortiz Ortiz y
Velasco Muñoz impugnaron el fallo de primera instancia y solicitaron que se
negaran las pretensiones de las demandas acumuladas y las coadyuvancias.
86. Señaló que la decisión adoptada por el a quo afecta los derechos de quienes
están en las primeras 34 posiciones de la lista de elegibles y que no optaron por el
cargo de Oficial Mayor o Sustanciador del Centro de Servicios Administrativos de
los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán.
87. Aseveró que no es posible aplicar el derecho a la igualdad de quienes se
encuentran en unos supuestos fácticos y jurídicos diferentes a los de los
accionantes y coadyuvantes y que el amparo al debido proceso produce un
agravio mayor al interés general de los demás aspirantes de la lista de elegibles.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
88. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por el
Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca y los señores Robert Alirio
Calderón, Daniel Ortiz Ortiz y Astrid Viviana Velasco Muñoz en contra de la
sentencia del 31 de enero del 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
89. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia del 31 de enero de 2022, dictada en la acción de tutela del vocativo de
la referencia, instaurada con el fin de reclamar el amparo de los derechos a la
igualdad, el trabajo y el debido proceso.
90. Para ello, teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora,
los argumentos del libelo introductorio y la intervención de la autoridad accionada,
es necesario resolver el siguiente problema jurídico que subyace al caso:
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• ¿Cumple la presente acción constitucional con el requisito de
subsidiariedad?
91. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:
• ¿El Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca vulneró los derechos
invocados por los accionantes, mediante la expedición de los Acuerdos del
22 y 24 de diciembre de 2021 por medio de los cuales se formuló la lista de
elegibles correspondiente al concurso de méritos en cuestión y se publicó la
relación de aspirantes por sede?
92. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) naturaleza de la acción de tutela; ii) requisito de subsidiariedad del
amparo constitucional; iii) análisis del caso en concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
93. Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados
por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de
particulares
94. Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa
judicial ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son
idóneos para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente para
evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su
ejercicio se habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la
activación de los instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.
95. Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos
procesales como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la
inminencia de un perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez constitucional
no puede decidir sobre la controversia propuesta.
96. Lo anterior, busca evitar que esta acción constitucional se use
inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor especial dentro del
ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin superior que le dio el
constituyente.
2.4. Del requisito de subsidiariedad del amparo constitucional
97. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política, consagra este requisito
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que dicha
acción únicamente procederá cuando el afectado “no disponga de otro medio de
defensa judicial”. Este precepto se encuentra reglamentado por el Decreto 2591 de
1991, artículo 6 – numeral 1º. Esta norma establece que la tutela es improcedente:
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“Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.”
98. Del texto de la norma referida se evidencia que, al existir otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la tutela.
99. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que, cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia.
100. Lo anterior, tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se
colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un
asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues, todos los
mecanismos judiciales deben buscar la defensa, garantía y protección de aquellos.
2.5. Caso en concreto
101. La Sala advierte que la presente acción constitucional no cumple con el
requisito de subsidiariedad para su procedencia, por los argumentos que a
continuación se exponen.
102. La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la
igualdad, el trabajo y el debido proceso debido a que la autoridad demandada le
impidió optar por una de las dos opciones de sede al interior del concurso de
méritos convocado a través del Acuerdo No. CSJCAUA17-372 del 5 de octubre de
201713 proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca.
103. Alegaron que dicha afectación tuvo lugar a partir de: i) los actos
administrativos del 22 y 24 de diciembre de 2021 por medio de los cuales se
formuló la lista de elegibles y se publicó la relación de aspirantes por sede al
interior del concurso de méritos en cuestión; y ii) los oficios del 13 y 14 de enero
de 2022, por medio del cual la accionada les informó que no podían optar por el
cargo de Oficial Mayor o Sustanciador del Centro de Servicios Administrativos de
los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán.
104. Sostuvieron que era evidente la irregularidad en que incurrió el Consejo
Seccional de la Judicatura del Cauca en la conformación de la lista de elegibles,
13 “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la
conformación del Registro Seccional de Elegibles para la provisión de los cargos de empleados de carrera de
Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de Popayán
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pues ante la imposibilidad de optar por uno de los dos cargos como opción de
sede, perdieron la oportunidad de haber seleccionado otra vacante, lo que implica
que no están participando en igualdad de condiciones que los demás inscritos.
105. Afirmaron que el actuar de la demandada los indujo a escoger como una de
sus dos opciones el cargo de oficial mayor o sustanciador del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Popayán, al cual no podían aspirar según la entidad.
106. Arguyeron que dicha situación implicaba ir en contravía de lo previsto por el
artículo 4º del Acuerdo PSAA084856 de 10 de junio de 2008, el cual reglamenta el
número de opciones con las que cuenta cada aspirante al interior de un concurso
de méritos de la Rama Judicial.
107. Expresaron que era necesaria la intervención del juez de tutela para evitar,
en aras de la protección de sus derechos fundamentales, que el trámite de
nombramiento y provisión de cargos avance sin corregirse la irregularidad con la
que actuó la autoridad accionada.
108. Conviene advertir que el problema jurídico que subyace al caso versa sobre
la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, el trabajo y el debido
proceso en la que, presuntamente, incurrió el Consejo Seccional de la Judicatura
del Cauca al expedir los Acuerdos del 22 y 24 de diciembre de 2021 por medio de
los cuales se formuló la lista de elegibles correspondiente al concurso de méritos
en cuestión y que, a su vez, privó a los tutelantes de una de las dos opciones de
sede que podían escoger.
109. Si bien la parte actora cuestionó la legalidad de los Oficios del 13 y 14 de
enero de 2022, lo cierto es que por medio de estos actos administrativos
únicamente se informó a los interesados que no era procedente que optaran por la
vacante de Oficial Mayor o Sustanciador de Circuito de Centros, Oficinas de
Servicios y de Apoyo. En tal sentido, la afectación alegada radica en la expedición
de los acuerdos que conformaron la lista de elegibles.
110. Sobre el particular, la Sala advierte que los motivos de la inconformidad
manifestada por los demandantes están dirigidos a controvertir la legalidad de
unos actos administrativos de carácter definitivo, en la medida en que impiden
continuar con la actuación. Ello indica que tanto los demandantes como los
coadyuvantes aún cuentan con un mecanismo judicial idóneo para la defensa de
los derechos invocados, esto es, el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.
111. En jurisprudencia reiterada14, la Corte Constitucional ha señalado que la
acción de tutela procede excepcionalmente como mecanismo para la protección
14 Ver, entre otras sentencias: Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-851 del 12.11.14.,
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Exp: T-4.370.918; Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión,
Sentencia T-161 del 10.03.17., M.P. (E) José Antonio Cepeda Amarís. Exp: T-5769057; Corte Constitucional,
Sala Octava de Revisión, Sentencia T-442 del 13.07.17., M.P. Alberto Rojas Ríos. Exp: T-6.028.205; Corte
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de derechos fundamentales que puedan resultar vulnerados o amenazados por la
expedición de actos administrativos.
112. El Alto Tribunal ha indicado que, en estos casos, el amparo opera como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable,
evento en el que el juez de tutela podrá suspender el acto censurado mientras se
surte el respectivo proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Por tanto, ha señalado que el accionante debe acreditar la necesidad de la medida
para evitar la consumación de aquel daño, por lo que está en la obligación de
probar que: i) se está ante un perjuicio grave e inminente; ii) se requieren medidas
urgentes e impostergables para superar el daño.
113. Por su parte, el Consejo de Estado15 ha establecido que cuando en un
concurso de méritos la lista de elegibles se encuentra en firme, se configuran
situaciones jurídicas particulares que involucran derechos de todas las personas
que superaron el proceso de selección y que, por tanto, aspiran al nombramiento
del cargo.
114. En tal sentido, las tutelas contra actos administrativos que conforman una
lista de elegibles son improcedentes por regla general, pues el amparo
constitucional no es el medio adecuado para controvertirlos, en la medida en que
con la decisión adoptada se podría llegar a afectar derechos de carácter subjetivo.
Por tanto, esta Corporación ha señalado que el mecanismo judicial idóneo para el
estudio de la legalidad de este tipo de decisiones es el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.
115. A su vez, la Corte Constitucional16 ha indicado que ante controversias
relacionadas con un concurso de méritos, el juez debe analizar si al momento en
que se presentó la tutela “ya se había conformado la lista de elegibles o está a punto de
conformarse”, siendo este uno de los elementos que determina su procedencia.
116. Esta regla general de la improcedencia de la tutela contra actos que
conforman una lista de elegibles, deriva de su naturaleza misma. Al respecto, la
Corte17 ha considerado que tales listas son actos administrativos particulares,
concretos y positivos, creadores de derechos singulares respecto de cada una de
las personas que las conforman, que “encuentran protección legal por vía de la teoría
de la estabilidad relativa del acto administrativo, así como protección constitucional por
virtud del artículo 58”.
Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-236 del 30.05.19., M.P. Diana Fajardo Rivera. Exp: T-
7.132.435
15 Ver, entre otras sentencias: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 27.09.12., M.P William
Giraldo Giraldo. Rad: 13001-23-31-000-2012-00435-01 (AC); Consejo de Estado, Sección Segunda -
Subsección A, sentencia del 27.10.11., M.P. Gustavo Eduardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Primera,
sentencia del 15.08.13., M.P María Elizabeth García González, Rad: 25000-23-41-000-2012-00513-01;
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 04.02.16., M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad: 25000-23-36-
000-2015-02718-01.
16 Corte Constitucional, Sala séptima de Revisión, sentencia T-049 del 11.02.19., M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
17 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-913 del 11.12.09., M.P. Juan Carlos Henao Pérez
23 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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117. Así, el Alto Tribunal18 ha dispuesto que los derechos subjetivos de cada
aspirante en una lista de elegibles, por regla general, no pueden ser desconocidos
por ninguna autoridad, salvo dos situaciones excepcionales: i) “que sea necesario
por motivos de utilidad pública e interés social y siempre que medie indemnización previa
del afectado”; y ii) ante situaciones en las que sus efectos conlleven a una
vulneración inminente de derechos fundamentales o un perjuicio irremediable.
118. En el asunto en concreto, se tiene que el fundamento de las acciones de
tutela estuvo limitado a cuestionar la legalidad del actuar del Consejo Seccional de
la Judicatura del Cauca ante el presunto yerro en que incurrió en relación con el
formato de opción sede, a partir del cual se expidieron los acuerdos que se
solicitaron dejar sin efectos. Sin embargo, ni los accionantes ni los coadyuvantes
lograron evidenciar o acreditar la existencia de un perjuicio grave e inminente que
requiera la intervención del juez de tutela para que adopte medidas urgentes e
impostergables que posibiliten superar el daño.
119. En tal sentido, no formularon ningún argumento que permita concluir que el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no cuenta con la
idoneidad y eficacia suficiente para la defensa de sus derechos. Si bien invocaron
la protección de derechos fundamentales, la controversia propuesta no estuvo
cimentada en un asunto estrictamente constitucional que posibilite la intervención
del juez de tutela, pues la motivación del amparo estuvo dirigida a cuestiones
legales y reglamentarias que, por regla general, deben ser definidas por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
120. En este orden de ideas, es necesario advertir que la parte actora puede
acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para solicitar la nulidad
de tales actos que consideran violatorios de sus derechos y exigir el resarcimiento
de los mismos, en la medida en que aún se encuentra dentro del término para
interponer la respectiva demanda.
121. Ahora bien, en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, los accionantes pueden solicitar al juez contencioso administrativo
que decrete medidas cautelares, las cuales representan un medio idóneo que
permiten defender sus derechos de manera eficaz, si considera que el proceso
puede tomar mucho tiempo para adoptar una decisión de fondo. Lo anterior, de
conformidad con los artículos 229 a 241 de la Ley 1437 de 201119.
18 Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, sentencia T-180 del 16.04.15., M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
19 “Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten
ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del
proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en
providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el
presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los
derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.
Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser preventivas,
conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las
pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las
siguientes medidas:
24 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado:
19001-23-33-000-2022-00024-01 (principal)
19001-33-33-003-2022-00032-01 (acumulado)
Demandantes: Santiago José Narváez Zúñiga y otros
Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
122. De manera que, no le asiste razón al a quo al afirmar que el mecanismo
ordinario no resultaba idóneo, pues al promover el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, la parte actora puede solicitar las medidas
cautelares consagradas en la Ley 1437 de 2011, que resultan ciertamente
eficaces para conseguir una tutela judicial efectiva como la pretendida mediante el
amparo constitucional.
123. En virtud de lo expuesto, al no resultar procedente la intervención del juez de
tutela en el caso concreto, por no encontrar superado el requisito de procedibilidad
de la subsidiariedad, la Sala advierte que la solicitud de amparo es improcedente.
2.6. Conclusión
124. De conformidad con las razones expuestas, se revocará el fallo de primera
instancia que amparó los derechos invocados por los accionantes y coadyuvantes
para, en su lugar, declarar la improcedencia del mecanismo constitucional por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 31 de enero de 2022 dictada por el
Tribunal Administrativo del Cauca que amparó los derechos fundamentales
invocados por los señores Santiago José Narváez Zúñiga, Laura Isabel García
Paz, Angélica María Velasco Ortega, Liliana Andrea Cháves Hernández, July
Lorena Zambrano Espinosa y María Fernanda Muñoz López para, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, de conformidad con
la parte motiva de esta providencia.
1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la
conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida
solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación
que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente
indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda
reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto
de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.
Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole
discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la
decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el
efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios
establecidos para ello en el ordenamiento vigente.
Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto
administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones
invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del
análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del
estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del
derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los
mismos”.
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Radicado:
19001-23-33-000-2022-00024-01 (principal)
19001-33-33-003-2022-00032-01 (acumulado)
Demandantes: Santiago José Narváez Zúñiga y otros
Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.
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