Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 19001-23-33-000-2022-00079-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 19001-23-33-000-2022-00079-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 19001-23-33-000-2022-00079-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
11 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 19001 23 33 000 2022 00079 01
Accionante: Carlos Armando Ramírez Díaz y otros1
Accionado: Corporación Autónoma Regional del Cauca y otros2
Coadyuvante: Procurador 7 Judicial Agrario y Ambiental de Popayán
Medio de control: Protección de los derechos e intereses colectivos
Tema: Responsabilidad y competencia de municipio y autoridad
ambiental en protección de humedal
Decisión: Modifica
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por el Municipio de
Popayán y la Corporación Autónoma Regional del Cauca, en contra de la sentencia del
8 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La parte actora presentó acción popular3 en contra de la Corporación Autónoma
Regional del Cauca, la Alcaldía Municipal de Popayán, el Concejo Municipal de Popayán,
la Personería Municipal de Popayán, la Defensoría del Pueblo Regional Cauca, la
Contraloría Municipal de Popayán, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía
Metropolitana de Popayán, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la sociedad
Diagnosticentro Automotor del Cauca SAS, Urbaser, la sociedad Constructora Kromo
SAS, y los ciudadanos Jamil Campo, María Cecilia Arboleda de Prado, José Manuel
Arboleda Duque, Julián Arboleda Nardi, Verónica Arboleda Nardi, María Clara Arboleda
Prado y María Teresa Nardi, al considerar que dichas entidades y particulares vulneraron
los derechos colectivos al medio ambiente sano, al equilibrio ecológico, a la protección
de áreas de especial importancia ecológica. Lo anterior, como consecuencia de las
afectaciones al Humedal San Antonio de Padua y a la quebrada Oxígeno Verde, en el
perímetro urbano de Popayán, generadas por la presencia de ganado y habitantes de
calle, consumo y tráfico de sustancias psicoactivas, disposición inadecuada de residuos
sólidos, vertimiento de aguas residuales y deficiente gestión ambiental, que han
1 Gloria Rocío Álvarez Chamorro, Salomón Muñoz Campo, Lida Lucía Serna Tróchez y Adiel Tintitago
Mosquera.
2 Municipio de Popayán, Concejo Municipal de Popayán, Personería Municipal de Popayán, Defensoría del
Pueblo Regional Cauca, Contraloría Municipal de Popayán, Nación - Ministerio de Defensa Policía
Metropolitana de Popayán, Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familar
Regional de Cauca, Ministerio De Vivienda Ciudad y Territorio, Diagnosticentro Automotor Del Cauca SAS,
Urbaser, La Constructora Kromo SAS, y Jamil Campo, María Cecilia Arboleda de Prado, José Manuel
Arboleda Duque, Julián Arboleda Nardi, Verónica Arboleda Nardi, María Clara Arboleda Prado y María
Teresa Nardi.
3 Índice núm. 2 de Samai.
2
Radicado: 19001 23 33 000 2022 00079 01
Demandante: CARLOS ARMANDO RAMÍREZ DÍAZ Y OTROS
deteriorado progresivamente el ecosistema pese a compromisos asumidos para su
caracterización, delimitación y protección.
Para el efecto formularon las siguientes pretensiones:
«PRIMERO. Que se amparen los derechos colectivos al medio ambiente sano, al
equilibrio ecológico, a la protección de áreas de especial importancia ecológica de los
accionantes, de quienes residen en la zona aledaña al Humedal San Antonio de
Padua de Popayán y de las generaciones futuras, los cuales se encuentran
consagrados en el artículo 71 de la Constitución Política de 1991 y en los literales a y
c del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
Como consecuencia de lo anterior se expidan las siguientes órdenes:
1. Que se ordene a la Corporación Autónoma Regional del Cauca actualizar el
plan de manejo de los humedales de la mesa de Popayán, especialmente en
lo relacionado con el Humedal San Antonio de Padua, teniendo en cuenta la
participación de la comunidad aledaña.
2. Que se ordene a la Corporación Autónoma Regional del Cauca diseñar y
ejecutar planes, programas y proyectos tendientes a la conservación del
humedal San Antonio de Padua.
3. Que se ordene a la Corporación Autónoma Regional del Cauca o a quien
corresponda cerrar el terreno el área del Humedal San Antonio de Padua en
la parte que sea de su competencia, así como el descole de la quebrada
Oxígeno Verde, con el fin de evitar que arrojen basuras en ella.
4. Que se ordene a la Corporación Autónoma Regional del Cauca adoptar
medidas frente a infracciones ambientales del Humedal San Antonio de
Padua.
5. Que se ordene a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, la Alcaldía
municipal de Popayán y los entes de control desarrollar actividades de
educación ambiental dirigidas a la población aledaña al Humedal San Antonio
de Padua.
6. Que se ordene a la Alcaldía Municipal de Popayán, que a través de la
Secretaría de Planeación Municipal formule y coordine la ejecución de
proyectos, planes y estrategias encaminadas a la protección, conservación y
restauración del Humedal San Antonio de Padua.
7. Que se ordene a la Alcaldía Municipal de Popayán, tener especial
consideración del Humedal San Antonio de Padua en la actualización del POT
que se está realizando.
8. Que se ordene a la Secretaría de Salud Municipal de Popayán adoptar las
medidas correspondientes respecto del decomiso de los semovientes vacunos
presentes en el Humedal San Antonio de Padua.
9. Que se ordene a la Secretaría de Gobierno Municipal de Popayán, a la
Secretaría de la Mujer municipal de Popayán, al Instituto colombiano de
Bienestar Familiar - Regional Cauca y a la Comisaría de Familia de Popayán
diseñar y coordinar la ejecución de planes y programas dirigidos a la
protección y reubicación de niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y
habitantes de calle ubicados dentro del humedal San Antonio de Padua.
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Demandante: CARLOS ARMANDO RAMÍREZ DÍAZ Y OTROS
10. Que se ordene al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional Cauca
y a la Comisaría de Familia Municipal verifiquen la presencia de niños, niñas,
adolescentes y mujeres gestantes habitantes de calle dentro del Humedal San
Antonio de Padua y procedan a realizar los respectivos Procesos
Administrativos de Restablecimientos de Derechos y demás actuaciones de
su competencia.
11. Que se ordene a la secretaría de Gobierno Municipal de Popayán realizar
procesos de capacitación sobre organización, participación y liderazgo
comunitario dirigido a las comunidades aledañas al Humedal San Antonio de
Padua.
12. Que se ordene a la secretaría de Gobierno Municipal de Popayán diseñar e
implementar políticas de convivencia ciudadana en la zona del humedal San
Antonio de Padua y sus alrededores.
13. Que se ordene a la Secretaría Municipal de Desarrollo Agroambiental y de
Fomento Económico de Popayán que formule y coordine la ejecución de
proyectos, planes y estrategias encaminadas a la protección, conservación y
restauración del humedal San Antonio de Padua.
14. Que se ordene a la Inspección de Policía Municipal Urbana realizar vigilancia
urbanística en la zona del Humedal San Antonio de Padua, con el fin de
prevenir asentamientos y urbanizaciones ilegales en este ecosistema, así
como frente a la actividad de las constructoras que se encuentran alrededor
del Humedal para que no intervengan negativamente en el perímetro de éste.
15. Que se ordene al Concejo Municipal de Popayán realizar control político a los
representantes de las entidades públicas encargadas de ejercer la vigilancia
y protección del Humedal San Antonio de Padua en lo relacionado
directamente con la preservación y restauración de este ecosistema.
16. Que se ordene a la Personería Municipal de Popayán intervenir en pro de los
intereses colectivos, en especial aquellos que se encuentran en constante
conflicto dentro de las comunidades aledañas al Humedal San Antonio de
Padua, interviniendo las acciones judiciales o administrativas que haya lugar
para la defensa de este ecosistema, realizar seguimiento a la presente acción
popular y brindar acompañamiento jurídico frente a otras acciones que sean
procedentes en el caso concreto.
17. Que se ordene a la Defensoría del Pueblo - regional del Cauca que realice
actividades de promoción de derechos fundamentales y colectivos,
especialmente en relación con el medio ambiente sano, dirigidas a la
comunidad aledaña al humedal San Antonio de Padua; así como realizar el
seguimiento de la presente acción popular y del cumplimiento de las órdenes
judiciales que puedan derivarse de esta acción.
18. Que se ordene a la Contraloría Municipal de Popayán ejercer la función de
vigilancia respecto de la gestión fiscal del presupuesto destinado a la
protección de los humedales de la mesa de Popayán; así mismo la elaboración
de un informe sobre el estado de los humedales de la ciudad.
19. Que se ordene a la Policía Metropolitana de Popayán articular con las
autoridades municipales, la realización de estrategias tendientes a garantizar
la seguridad de las comunidades aledañas al Humedal San Antonio de Padua,
realizar procedimientos e imponer medidas ante quienes realicen
comportamientos contrarios a la limpieza, recolección de residuos y
escombros y malas prácticas habitacionales del Humedal San Antonio de
Padua.
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20. Que se ordene a la Fiscalía General de la Nación, sección Popayán, iniciar
oficio de investigación penal por el presunto expendio de sustancias
psicoactivas al interior del humedal San Antonio de Padua.
21. Que se ordene a la Constructora Kromo SAS cerrar el ingreso al área del
Humedal San Antonio de Padua en la parte que sea de su competencia.
22. Que se ordene al Diagnosticentro Automotor del Cauca SAS que se abstenga
de realizar actividades contaminantes que puedan afectar negativamente al
Humedal San Antonio de Padua.
23. Que se ordene al señor Jamil Campo y se comunique a la ciudadanía en
general, abstenerse de ingresar o ubicar ganado dentro del predio del
Humedal San Antonio de Padua, así como de realizar cualquier otra actividad
que atente contra este ecosistema.
24. Que se ordene a los propietarios del predio privado María Duque de Arboleda,
Aurelio Arboleda Duque, Bernardo Arboleda Duque, Rodrigo Arboleda Duque,
José Manuel Arboleda Duque y Gloria Arboleda de Andrade que tomen las
medidas pertinentes encaminadas a la protección del humedal San Antonio
de Padua y con ello que permanezcan en el límite de la propiedad que les
corresponde.
25. Que se ordene al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en su calidad de
actual propietario de una parte del predio en donde se encuentra ubicado el
Humedal San Antonio y a la Alcaldía Municipal de Popayán realizar el
procedimiento de transferencia de dicho inmueble, teniendo en cuenta que se
encuentra destinado a “parque comunal” y a la Alcaldía Municipal mediante
oficio del 24 de septiembre del 2021 manifestó que dicha transferencia no se
ha realizado.
26. Que se ordene a la Oficina Asesora de la Gestión del Riesgo de Desastres de
Popayán realizar un diagnóstico sobre el estado de riesgo de desbordamiento
de la quebrada Oxígeno Verde, especialmente en temporada de lluvias y
adoptar las medidas que correspondan para la reducción del riesgo de
desastres en esta zona.
27. Que se ordene a URBASER Popayán realizar actividades de limpieza de la
zona verde del humedal San Antonio de Padua.
SEGUNDO. Que se declare al Humedal San Antonio de Padua de Popayán, como un
sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a
cargo del Estado»4.
1.2. Como sustento de las pretensiones adujeron lo siguiente:
El humedal San Antonio de Padua se encuentra ubicado dentro del perímetro urbano de
Popayán, en la comuna 9, y desde la década de 1980 ha venido siendo objeto de un
proceso gradual de desecación con el propósito de permitir la construcción de diversas
urbanizaciones. Actualmente, el humedal colinda con los barrios San Antonio de Padua,
Urapanes del Río, Vegas del Cauca, y Los Naranjos, entre otros.
Como residentes de las zonas aledañas al humedal San Antonio de Padua y a la
quebrada Oxígeno Verde, han desarrollado distintas actividades orientadas a su
protección, ante la persistencia de problemáticas que afectan el ecosistema, tales como
4 Ibidem.
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la presencia de ganado, la ocupación del área por habitantes de calle, así como la
acumulación de residuos sólidos.
El 24 de septiembre de 2019 se llevó a cabo una mesa de trabajo en la cual la
Corporación Autónoma Regional del Cauca se comprometió a actualizar la
caracterización del ecosistema y la delimitación del humedal, a oficiar a las autoridades
competentes con el fin de evitar su utilización como zona de pastoreo, y a promover
acciones de protección ambiental.
No obstante, las problemáticas socioambientales en el humedal persisten, pues según
estudios técnicos, factores como la concentración urbana, el vertimiento de aguas
residuales, la disposición inadecuada de residuos sólidos, las prácticas ganaderas y la
falta de gestión ambiental e interinstitucional han generado impactos negativos en el
ecosistema.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La demanda se radicó el 4 de marzo de 2022. Mediante auto del 30 del mismo mes
y año, el Tribunal Administrativo del Cauca la admitió y ordenó las notificaciones de rigor.
2.2. La Policía Nacional5 informó que ha dado cabal cumplimiento a la misionalidad
constitucional con los diferentes planes preventivos y operativos en la jurisdicción de la
comuna nueve de Popayán, y que no hay ninguna omisión que conlleve a la presunta
vulneración de los derechos colectivos demandados.
2.3. El Municipio de Popayán6 solicitó que se desestimaran las pretensiones de la
demanda, indicando que se encuentra adelantando actuaciones que permiten evidenciar
el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección del humedal
San Antonio de Padua.
Refirió que los soportes y anexos que demuestran las acciones frente a las dificultades
afrontadas por la comunidad se adjuntan tanto en la comunicación como también en el
escrito de contestación de la demanda presentado por la Policía Nacional, pues en
coordinación con esa entidad ha realizado actividades de acercamiento y reacción
inmediata en las situaciones que afectan la convivencia, y seguridad ciudadana en el
sector del humedal.
Indicó que realiza de manera periódica y constante actividades de monitoreo, atención e
intervención del humedal con ocasión de los requerimientos de la comunidad.
Igualmente, ha desarrollado acciones para demarcar la zona, buscando la protección y
embellecimiento a fin de generar un impacto positivo en la comunidad.
2.4. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio7 presentó oposición señalando que
la demanda carece de fundamentos fácticos y jurídicos que permitan demostrar la
violación u omisión en la protección de los derechos colectivos por parte de ese
ministerio, ya que actuó conforme a la ley y no tuvo injerencia alguna en los hechos.
Asimismo, afirmó que la responsabilidad recae en el ente territorial, comoquiera que sus
funciones se encuentran relacionadas con las pretensiones de la parte actora.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
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2.5. La Corporación Autónoma Regional del Cauca8 comentó que por medio del
Acuerdo 014 de 23 de octubre de 2018 adoptó el Plan de Manejo de los Humedales entre
otros, del complejo de humedales de la meseta de Popayán y en el mapa de zonificación
de humedales caracterizados en dicha meseta se establece la presencia del humedal
San Antonio de Padua.
Sostuvo que ya existe un Plan de Manejo, adelantado por el Municipio de Popayán en el
cual se determinaron las acciones de protección y conservación específicas para este
humedal, y que toda modificación que se requiera efectuar debe realizarse a este
documento y por la entidad territorial que lo emitió.
Agregó que son diversas las actividades tendientes a la conservación e identificación del
humedal que se han proyectado y ejecutado, tales como el levantamiento topográfico,
planimétrico y altimétrico y su franja de protección, tendiente a la efectiva recuperación
de ese ecosistema estratégico, y que para lo cual se espera sea incluido en la Estructura
Ecológica Principal de Popayán y en el Plan de Ordenamiento Territorial en formulación,
con el propósito de recibir toda la atención y protección de las entidades del orden
municipal, departamental y nacional.
Igualmente, que en uso de sus facultades de protección y vigilancia ha adelantado la
imposición de medidas preventivas de precaución con el fin de proteger el humedal y su
franja de protección.
Reiteró que, en procura de la preservación del medio ambiente, ha ejecutado acciones
con la comunidad y entidades que tienen responsabilidades ambientales frente al
humedal y la quebrada Oxígeno Verde.
2.6. La Personería Municipal de Popayán9 manifestó su oposición las pretensiones de
la demanda alegando que no existe nexo de causalidad entre las actuaciones que
legalmente le corresponde adelantar para la defensa del ambiente y los hechos de la
posible vulneración, y en la medida que no existe acción u omisión que amenace o ponga
en peligro los derechos e intereses colectivos señalados como vulnerados. Además,
afirmó que el manejo y cuidado de los ecosistemas, así como el diseño y ejecución de
planes, programas y proyectos a la conservación de los humedales en Popayán es
responsabilidad exclusiva de la corporación autónoma regional.
2.7. La sociedad KROMO Constructores10 indicó que los hechos que soportan la acción
carecen de fundamento que permita demostrar la violación u omisión de la protección de
los derechos colectivos por parte de esa sociedad. Igualmente, sostiene que no existe
relación o injerencia alguna con los hechos de la presente acción, comoquiera que la
responsabilidad respecto del cumplimiento de las pretensiones recae principalmente en
el ente territorial. En su criterio, la circunstancia que se presenta y que afectan a los
habitantes aledaños al humedal no le son atribuibles.
2.8. Los terceros vinculados al proceso, María Teresa Nardi de Arboleda, Julián
Arboleda Nardi, Verónica Arboleda Nardi, María Cecilia Arboleda Prado, María Clara
Arboleda Prado y Pablo Arboleda Prado, manifestaron que el humedal se encuentra
localizado dentro del predio de su propiedad y que no ha sido demarcado como bien de
uso público, motivo por el cual han procurado su protección.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
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Señalaron que, en el año 2012, contactaron a la Fundación Ecovivero, entidad
especializada en conservación e investigación de la vegetación nativa y recuperación de
suelos, la cual, en convenio con el Herbario de la Universidad del Valle (CUVC), la
Universidad Nacional de Colombia – sede Palmira, Unicorpoca, HAC Ingeniería Ltda.,
Timagua y Limonar Consultores Ambientales, conformó una organización con
responsabilidad social y compromiso ambiental. Esta agrupación manifestó interés en
adelantar actividades de restauración, conservación y recuperación del humedal,
proponiendo una investigación integral que incluyera control biológico, siembra de
especies nativas y la participación de estudiantes de pregrado y posgrado de los
programas de Biología de la Universidad del Valle y de la Universidad Nacional – sede
Palmira, para el desarrollo de trabajos académicos orientados a la protección del
ecosistema.
Indicaron que el área total del humedal San Antonio de Padua corresponde a 8,86
hectáreas, superficie que se encuentra comprendida dentro del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria No. 120-148235 y código catastral 01-06-001-0007-00, cuya
extensión total es de 10 hectáreas. Precisaron que, si bien el área restante del predio no
está afectada por el humedal, esta situación ha limitado por completo la posibilidad de
adelantar sobre el terreno cualquier actuación urbanística.
Agregaron que se ha planteado la posibilidad de que el Municipio de Popayán adquiera
el inmueble o el área correspondiente al humedal, con el propósito de desarrollar
proyectos orientados a la conservación del ambiente, los recursos hídricos y el
ecosistema.
Sostuvieron, además, que la parte demandante no ha acreditado la existencia de un
derecho o interés colectivo vulnerado o amenazado por acción u omisión atribuible a ellos
como propietarios del predio.
Por último, afirmaron que, dada la afectación del inmueble —en el cual no es posible
realizar actividades antrópicas incompatibles con los fines de conservación—, resulta
aplicable lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 388 de 1997, que prevé la posibilidad de
otorgar beneficios y estímulos tributarios a los propietarios de terrenos determinados en
los planes de ordenamiento territorial como áreas de conservación ambiental, con el fin
de compensar económicamente la carga derivada de dicha destinación.
2.9. Por acta del 22 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Cauca declaró
fallida la audiencia de pacto de cumplimiento ante la ausencia de ánimo entre las partes
para llegar a un acuerdo conciliatorio.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
3.1. El Tribunal Administrativo del Cauca dictó sentencia el 8 de mayo de 202511, en
cuya parte resolutiva dispuso:
«PRIMERO. - AMPARAR los derechos colectivos al medio ambiente sano, al
equilibrio ecológico, a la protección de áreas de especial importancia ecológica, a la
comunidad vecina del Humedal San Antonio de Padua de la ciudad de Popayán, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado considerativo de la presente decisión.
SEGUNDO. - ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CAUCA - CRC- que, en el término de dos meses, efectúe la delimitación actualizada
del Humedal San Antonio de Padua y de su franja protectora reglamentaria.
11 Ibidem.
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A partir de lo anterior se adelantarán las siguientes actividades:
• La CRC y el municipio de Popayán en el término de 6 meses deberán realizar el
aislamiento necesario del Humedal San Antonio de Padua, y de la quebrada Oxígeno
Verde en lo que corresponde al humedal, con los materiales adecuados que
recomiende la autoridad ambiental, garantizando la durabilidad, mantenimiento y
sostenimiento de la obra.
• La CRC y el municipio de Popayán con acompañamiento de la Policía Nacional y
los miembros de la comunidad que actúan en pro de la conservación del humedal,
adelantarán campañas de sensibilización y talleres de educación ambiental con la
comunidad del sector, buscando reforzar los procesos de empoderamiento y sentido
de pertenencia hacia la conservación de los ecosistemas de humedal. Estas
actividades se desarrollarán en el término de tres meses y cuando sea necesario
• La CRC y el municipio de Popayán, en el término de un mes, deberán instalar vallas
dentro de la zona protegida por el aislamiento en esta área, alusivas al Humedal San
Antonio de Padua, con mensajes de protección y cuidado del medio ambiente.
• La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC- y el municipio
de Popayán, continuaran con el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos
tendientes a la conservación del Humedal San Antonio de Padua.
TERCERO. - ORDENAR al municipio de Popayán, que a través de la empresa que
haya dispuesto para la prestación del servicio de recolección de basuras en la ciudad
de Popayán, realizará la limpieza del Humedal San Antonio de Padua, y la quebrada
Oxígeno Verde, de todo tipo de elementos que no sean propios del ecosistema. Esta
actividad se desarrolla en el término de un mes.
CUARTO. - ORDENAR al municipio de Popayán que, con el respeto de la dignidad
humana de las personas que hayan instalado cambuches dentro del área del
humedal, deberá adelantar acciones inmediatas mediante procesos administrativos
de restablecimiento de derechos, para que no se continúe con esta práctica dentro
del humedal San Antonio de Padua.
QUINTO. - La Policía Nacional verificará que en el humedal San Antonio de Padua,
no se desarrollen actividades diferentes al propósito de su conservación, por el cual
se ordena su protección a través de esta acción popular.
SEXTO. - ORDENAR a los terceros vinculados al proceso y como propietarios del
inmueble donde se ubica el Humedal San Antonio de Padua, se abstengan de realizar
o permitir prácticas de ganadería o construcción u otras actividades en el área de
protección del Humedal San Antonio de Padua que atenten contra este ecosistema
SÉPTIMO. - ORDENAR a la constructora Kromo SAS, cerrar el ingreso al área del
Humedal San Antonio de Padua en la parte que sea de su competencia, con los
materiales adecuados que recomiende la autoridad ambiental, garantizando la
durabilidad, mantenimiento y sostenimiento de la obra. La actividad se realizará en el
término de dos meses.
OCTAVO. - ORDENAR a la Inspección de Policía Municipal Urbana, realizar
vigilancia urbanística en la zona del Humedal San Antonio de Padua, con el fin de
prevenir asentamientos y urbanizaciones ilegales en este ecosistema; igualmente
frente a las constructoras que se encuentran alrededor del humedal para que no
intervengan negativamente en el perímetro de este.
NOVENO. - Cualquier acción que atente contra la conservación del humedal y de la
quebrada Oxígeno Verde, deberá ser atendida, en el marco de sus competencias,
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especialmente por la CRC, municipio de Popayán, personería municipal, Policía
Nacional quienes deberán adoptar las medidas correctivas correspondientes frente
las infracciones ambientales del Humedal San Antonio de Padua.
DÉCIMO.- CONFORMAR el comité de verificación de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, el cual estará integrado por el Magistrado
Ponente de la decisión de primera instancia quien lo presidirá, un representante de la
Defensoría del Pueblo-Regional Cauca, parte actora dentro de este trámite, un
representante de la Corporación Autónoma Regional del Cauca -CRC, un
representante de la parte vinculada, el Procurador Judicial Agrario y Ambiental
Procuraduría 7 Judicial Agraria Popayán, Personería Municipal de Popayán,
representante del municipio de Popayán y el Ministerio Público.
UNDÉCIMO. - Levantar la medida provisional decretada con auto del 30 de marzo de
2022, dentro del presente asunto»12.
3.2. El Tribunal estableció, con fundamento en las pruebas allegadas al proceso, que el
humedal objeto de la presente acción se encuentra localizado dentro del casco urbano
de Popayán, en un predio de naturaleza mixta —parte pública y parte privada, con un
área aproximada de 8,5 hectáreas, identificado, caracterizado y georreferenciado por la
Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) dentro del inventario de humedales
resultante de los planes de manejo ambiental del Departamento del Cauca.
El a quo resaltó que, de conformidad con el Acuerdo No. 014 del 23 de octubre de 2018,
expedido por el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, el
citado humedal fue reconocido como ecosistema estratégico para la ciudad, por los
bienes y servicios ambientales que presta.
Así, a partir de la jurisprudencia del Consejo de Estado, consideró que los humedales
constituyen una expresión directa del derecho colectivo al medio ambiente sano, y que
gozan de protección constitucional reforzada, lo que permite a las autoridades
competentes imponer limitaciones al derecho de propiedad privada en cumplimiento de
la función social y ecológica de la propiedad.
En cuanto a los hechos acreditados en el proceso, el Tribunal advirtió que, si bien la
comunidad aledaña ha desarrollado actividades de recuperación y mantenimiento del
humedal —como reforestación, ornato, delimitación y gestión ante las autoridades— y
que la Corporación Autónoma Regional del Cauca, junto con la Policía Nacional y otras
entidades, ha efectuado acciones de seguimiento, tales esfuerzos no han sido continuos
ni suficientes para detener la degradación ambiental del ecosistema.
De acuerdo con los informes técnicos, las visitas de la autoridad ambiental y el dictamen
pericial practicado de oficio, el juez de primera instancia evidenció que el humedal
presenta afectaciones persistentes derivadas de la presencia de ganado, la acumulación
de basuras, los vertimientos líquidos, la tala de árboles, la ocupación por habitantes de
calle, y otras actividades humanas incompatibles con sus fines ecológicos, lo que ha
ocasionado su pérdida gradual y la contaminación de la quebrada Oxígeno Verde.
Resaltó que el perito designado en el proceso calificó la situación ambiental y social del
humedal como alarmante y exigente de acciones urgentes.
En ese orden, el Tribunal concluyó que las acciones de recuperación impulsadas por la
comunidad y las autoridades no han perdurado en el tiempo y que, dada la ubicación del
humedal dentro de un predio parcialmente privado, rodeado de varios barrios de la
12 Ibidem.
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ciudad, resulta necesario su aislamiento físico para evitar actividades contrarias a su
conservación y garantizar su destinación a fines de recreación pasiva, educación
ambiental y protección ecológica.
En este sentido, dispuso diversas órdenes de cumplimiento obligatorio para la
Corporación Autónoma Regional del Cauca, el Municipio de Popayán, la Policía Nacional,
la Inspección de Policía Municipal, la Personería Municipal y los propietarios particulares
del predio donde se ubica el ecosistema.
En cumplimiento del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, se dispuso la conformación del
comité de verificación.
Por último, el Tribunal ordenó levantar la medida cautelar decretada mediante auto del
30 de marzo de 2022, al considerar que con la sentencia se impartían órdenes definitivas
que garantizaban la protección del ecosistema objeto de la acción.
IV. RECURSOS DE APELACIÓN
4.1. El Municipio de Popayán13 presentó recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia, al considerar que incurrió en un error al atribuirle
responsabilidad en la protección y recuperación del Humedal San Antonio de Padua, sin
que existiera prueba de una omisión legalmente exigible ni de una actuación que
comprometiera su responsabilidad.
Sostuvo que no se acreditó el nexo causal entre las presuntas omisiones señaladas en
la demanda y el actuar del ente territorial, pues según la jurisprudencia del Consejo de
Estado, la declaratoria de responsabilidad en materia de acciones populares exige
demostrar que la entidad demandada contribuyó de manera directa y efectiva a la
vulneración de los derechos colectivos.
Adujo que el tribunal desconoció los principios de subsidiariedad y de competencia
ambiental, al atribuirle deberes que legalmente corresponden a la Corporación Autónoma
Regional del Cauca, autoridad responsable de la protección ambiental de los humedales.
Explicó que, conforme al marco del Sistema Nacional Ambiental (SINA), la
responsabilidad principal en la conservación de estos ecosistemas recae en las
corporaciones autónomas regionales, encargadas de formular e implementar los planes
de manejo ambiental, así como de ejercer la vigilancia y el control respectivos.
Precisó que los entes territoriales, como los municipios y distritos, cumplen un papel
complementario y subsidiario, limitado a apoyar la ejecución de políticas y planes
ambientales, coordinar acciones con las autoridades competentes y promover la
educación y participación ciudadana, sin asumir competencias técnicas ni regulatorias
directas sobre los humedales.
Con fundamento en lo anterior, el municipio solicitó revocar la sentencia apelada y, en
consecuencia, negar las pretensiones de la demanda en lo que respecta a la entidad
territorial.
4.2. La Corporación Autónoma Regional del Cauca14 interpuso recurso de apelación
en contra de la sentencia de primera instancia, argumentando que se desconocieron las
13 Ver expediente digitalizado que obra en el índice núm. 2 de Samai.
14 Ibidem.
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actuaciones adelantadas por la entidad e impusieron obligaciones que exceden sus
competencias y capacidades institucionales.
Sostuvo que la delimitación del Humedal San Antonio de Padua se efectuó mediante el
Acuerdo 014 del 23 de octubre de 2018, expedido por el Consejo Directivo de la entidad,
a través del cual se adoptó el Plan de Manejo de los Humedales de la Meseta de
Popayán. Explicó que dicho plan constituye un instrumento técnico en el que confluyen
la identificación, diagnóstico y acciones para la conservación de los humedales,
elaborado conforme a la Guía Técnica Colombiana, y que en él se encuentran
plenamente caracterizados y georreferenciados los cuerpos de agua del municipio,
incluyendo el humedal objeto de la presente acción popular.
Adujo que la orden judicial de realizar una nueva delimitación del ecosistema implicaría
la actualización integral del Plan de Manejo de Humedales, documento que comprende
alrededor de 400 humedales identificados, lo que supera la capacidad logística,
presupuestal y técnica de la corporación. Añadió que, en ausencia de nuevas evidencias
técnicas o científicas que justifiquen la modificación del área ya delimitada, no resulta
procedente una nueva delimitación.
Manifestó, además, que la ejecución de la orden relacionada con el aislamiento físico del
humedal y de la quebrada Oxígeno Verde requiere del consentimiento expreso de los
propietarios del predio, dado que una parte significativa del cuerpo hídrico se encuentra
al interior de un terreno privado. En consecuencia, solicitó que se disponga judicialmente
el requerimiento a los particulares para obtener la autorización correspondiente, y una
vez concedida, la corporación adelantará los trámites contractuales necesarios para
materializar el aislamiento.
Respecto de la orden de realizar campañas de sensibilización y talleres de educación
ambiental, precisó que tales actividades forman parte de la función misional permanente
de las corporaciones autónomas regionales, conforme al artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
por lo que no se requiere una orden judicial que las imponga.
De igual modo, informó que ya se encuentra en curso el proceso contractual para la
instalación de vallas informativas en la zona protegida y que, en desarrollo de sus
funciones, la entidad ha proyectado el programa “Defensores de los Humedales”, como
parte de los planes y proyectos orientados a la conservación del Humedal San Antonio
de Padua.
Con fundamento en tales consideraciones, solicitó revocar la sentencia apelada y, en su
lugar, excluir o modificar las órdenes impartidas a la corporación que resulten contrarias
a su competencia o a la planeación ambiental previamente adoptada.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA15
5.1. Por medio de auto del 3 de septiembre de 202516, el Despacho sustanciador (i)
admitió los recursos de apelación, (ii) negó el decreto de la prueba testimonial solicitada
por la Corporación Autónoma Regional del Cauca y (iii) prescindió del traslado para alegar
de conclusión.
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
15 Todo el trámite obra en el expediente digital en Samai.
16 Visible en el índice 6 de Samai.
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El Ministerio Público no rindió concepto.
VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
7.1. Cuestión previa
Mediante escrito del 4 de diciembre de 202517, el Consejero de Estado Germán Eduardo
Osorio Cifuentes puso de presente a la Sala su impedimento para conocer del proceso
de la referencia.
El mencionado Consejero manifestó que su hermano José Fernando Osorio Cifuentes,
se encuentra vinculado a la Procuraduría General de la Nación, en calidad de Procurador
Judicial II, y este ente funge como tercero interesado en el expediente de la referencia.
En ese orden, la Sala debe establecer si el cargo del señor José Fernando Osorio
Cifuentes corresponde al nivel directivo, asesor o ejecutivo en dicha entidad, pues el
fundamento de la causal de impedimento es precisamente que “el cónyuge, compañero
o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la condición de servidores
públicos en los niveles directivo, asesor, o ejecutivo en una de las entidades públicas que
concurran al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado”.
Pues bien, en el Decreto 264 de 2000 se establece el sistema de clasificación,
nomenclatura y la naturaleza de las funciones de los empleos de la Procuraduría General
de la Nación, particularmente en su artículo 3° se indicó: nivel directivo, nivel asesor, nivel
ejecutivo, nivel profesional, nivel técnico, nivel administrativo y nivel operativo.
En el artículo 7° se identificó la nomenclatura aplicable a partir de la clasificación anterior,
en la que se advierte que el cargo de Procurador Judicial II pertenece al nivel profesional:
NIVEL PROFESIONAL
Procurador Judicial II
Procurador Judicial I
Profesional Universitario
No obstante, en una decisión de la Sala Plena18 en la cual se abordó la manifestación de
impedimento de los Consejeros de Estado Nicolás Yepes Corrales y Fredy Ibarra
Martínez, se dispuso que en los casos de los Procuradores Judiciales II, debe acudirse a
un criterio funcional y que según lo indicado en el artículo 4° del mencionado Decreto 264
de 2000, se establece que son cargos directivos aquellos que actúen en representación
del Procurador General de la Nación.
En ese orden, se precisó que como de acuerdo con lo señalado en los artículos 277 y
280 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 41 del Decreto Ley 262
de 2000, los Procuradores Judiciales II cumplen esta función, se entiende que hacen
parte del nivel directivo y, en consecuencia, la Sala debía declarar fundado el
impedimento manifestado por estos Consejeros.
17 Visible en el índice 23 de Samai.
18Providencia del 8 de agosto de 2023, radicado: 110010315000202300871 00, CP Martha Nubia
Velásquez Rico.
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Bajo esa perspectiva, siendo que la situación fáctica planteada por el Consejero de
Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes es similar a la descrita, se declarará fundado
el impedimento, pues se configura la causal dispuesta en el numeral 3° del artículo 130
del CPACA., razón por la cual se le separará del conocimiento del asunto bajo examen.
7.2. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo 150
de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por el Consejo
de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de los
recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los Tribunales
Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y derechos colectivos.
7.3. Planteamiento
La controversia en esta instancia se centra en determinar si las órdenes impartidas por
el Tribunal Administrativo del Cauca en la sentencia del 8 de mayo de 2025, dentro de la
acción popular instaurada para la protección del Humedal San Antonio de Padua, se
ajustan a derecho o si, por el contrario, desbordaron el marco de competencias del
Municipio de Popayán y de la Corporación Autónoma Regional del Cauca.
El tribunal de primera instancia concluyó que la afectación ambiental del humedal y de la
quebrada Oxígeno Verde obedecía a la falta de acciones efectivas y sostenidas por parte
de las autoridades con competencia en materia ambiental. Consideró acreditada la
vulneración de los derechos colectivos al medio ambiente sano, al equilibrio ecológico y
a la protección de áreas de especial importancia ecológica, razón por la cual impartió
diversas órdenes dirigidas a asegurar la delimitación, aislamiento y conservación del
ecosistema, así como la ejecución de programas de educación ambiental y
sensibilización comunitaria.
Los recurrentes, por su parte, discrepan de dicha valoración probatoria y de las órdenes
impartidas.
El Municipio de Popayán sostiene que no existe prueba que demuestre una omisión
atribuible a la entidad que haya contribuido de forma directa o efectiva a la degradación
del humedal. Argumenta que el fallo desconoció los principios de subsidiariedad y
competencia ambiental, al imponerle obligaciones que no le corresponden dentro del
marco del Sistema Nacional Ambiental (SINA). Señala que la responsabilidad principal
en la gestión, manejo y recuperación de los humedales recae en las corporaciones
autónomas regionales, mientras que los entes territoriales ejercen un papel
complementario y de apoyo, limitado a la coordinación interinstitucional y a la promoción
de la educación y participación ciudadana.
De su lado, la Corporación Autónoma Regional del Cauca alega que el fallo de primera
instancia le impuso obligaciones que exceden su capacidad técnica, presupuestal y
operativa. Explica que la delimitación del Humedal San Antonio de Padua fue realizada
mediante el Acuerdo 014 de 2018, en el cual se adoptó el Plan de Manejo de los
Humedales de la Meseta de Popayán, elaborado conforme a la Guía Técnica
Colombiana, donde el ecosistema ya se encuentra plenamente caracterizado. Sostiene
que una nueva delimitación implicaría la actualización integral de dicho plan, que
comprende cerca de 400 humedales, lo cual resulta materialmente inviable y carece de
justificación técnica o científica.
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Asimismo, la autoridad ambiental plantea que la ejecución del aislamiento físico del
humedal requiere la autorización de los propietarios del predio, al encontrarse gran parte
del cuerpo hídrico dentro de un inmueble privado. También discute la necesidad de las
órdenes judiciales relativas a campañas de sensibilización, educación ambiental e
instalación de vallas, por cuanto dichas actividades ya forman parte de su función
misional ordinaria, conforme al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, y se encuentran en
ejecución dentro de los programas institucionales, como el denominado: Defensores de
los Humedales.
7.4. De la responsabilidad y competencia del Municipio de Popayán
7.4.1. La Sala determinará si el municipio es responsable por la vulneración de los
derechos colectivos.
Para dar respuesta al anterior interrogante es indispensable ver las pruebas que reposan
en el expediente, toda vez que el primer reparo del Municipio de Popayán se relaciona
con la presunta falta de evidencia que demuestre que contribuyó de forma directa con la
afectación ambiental del Humedal San Antonio de Padua y de la quebrada Oxígeno
Verde.
Pues bien, para descartar el cargo del recurso basta con hacer referencia al dictamen
pericial decretado el 10 de octubre de 2023 por el juez de primera instancia, con el objeto
de que «un experto de la Universidad del Cauca compruebe las alteraciones de carácter
social y ambiental del ecosistema del Humedal San Antonio de Padua»19 y allegado al
proceso de la referencia el 8 de noviembre de 2024, por Fernando Andrés Muñoz Gómez,
Biólogo, Doctor en Ciencias Ambientales. Veamos el contenido de la experticia20:
(…)
19 Índice núm. 2 de Samai.
20 Ibidem. «4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE. Se realizó un análisis
ecológico de las afectaciones que tiene el humedal San Antonio de Padua, donde se caracterizó el
ecosistema desde sus componentes agua, suelo, aire, fauna, flora y socioambiental. A través de visitas
guiadas, usando métodos de observación se identificaron y documentaron los impactos en cada
componente».
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(…)»
Con todo lo expuesto, el perito consignó como conclusiones las siguientes:
«7. CONCLUSIONES.
Se identificaron impactos directos en las características de los suelos en términos de
textura y composición.
Se identificaron procesos de contaminación en fuentes hídricas por presencia de
materia orgánica, alta concentración de sedimentos, malos olores, pérdida de
biodiversidad, alteración del pH, contaminación por residuos de jabón, aguas negras
y excretas de animales.
Se identificaron alteraciones en el aire por la proliferación de malos olores producto
de la descomposición de excretas de ganado y humanas. Se observa el flujo de gases
contaminantes producto de los vehículos.
Se identifica una alta perdida de cobertura vegetal natural en la zona correspondiente
a los bosques y arbustos. La sobre población de arvenses y pastura está alterando
los siclos biogeoquímicos del humedal y su función reguladora de zonas urbanas.
A pesar de que se identificaron varias especies de fauna, para un área de humedal
son escasas pues la oferta de alimento y habitad para las especies es limitada.
Se evidenció durante el peritaje una alta intervención en el lugar por parte del pastoreo
de ganado bovino, el tránsito de habitantes de calles que también tiene el espacio
para viviendas, el deterioro de las cercas que aíslan y conservan las áreas del
humedal.
Es claro que las comunidades tienen un alto sentido de pertenecía por el humedal por
los diferentes servicios ambientales que prestan y el arraigo que han entablado de
generación en generación.
Por lo anterior es prioritario seguir apoyando a las comunidades en el proceso de
restauración del humedal y los procesos de vigilancia del sector»21.
Las anteriores conclusiones las compartió el biólogo Jaime Eduardo Mauna de los Reyes,
testigo técnico, vinculado a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, quien al
respecto indicó que «el dictamen pericial describe las diferentes afectaciones
21 Ibidem.
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ambientales del humedal y su relación por los problemas de seguridad, consumo de
sustancias sicoactivas y presencia de habitantes de calle. En este orden de ideas,
concuerdo con el informe en el sentido en que muchas de las afectaciones provienen de
los problemas de seguridad presentes en el sector. Por lo que se requiere la vinculación
y participación decidida de instituciones y entidades que aborden los temas sociales de
la ciudad»22.
En ese orden, la Sala advierte que, si bien algunas de las causas inmediatas de deterioro
del humedal provienen de comportamientos ciudadanos relacionados con el pastoreo de
ganado, la ocupación irregular del suelo y la disposición inadecuada de residuos, la
persistencia y agravamiento de tales condiciones revelan una falla estructural en el
ejercicio de las competencias municipales en materia ambiental, en los términos previstos
en el artículo 65 de la Ley 99 de 199323.
22 Ibidem.
23 «ARTÍCULO 65. Funciones de los Municipios, de los Distritos y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá.
Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial,
además de las funciones que le sean delegadas por la ley o de las que se le deleguen o transfieran a los
alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las
siguientes atribuciones especiales:
1. Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio
ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los planes programas y proyectos regionales,
departamentales y nacionales.
2. Dictar, con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas necesarias para
el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio.
3. Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales
renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel regional, conforme a las normas de planificación
ambiental de que trata la presente Ley.
4. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos
naturales renovables a nivel departamental.
5. Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales, en la elaboración de los planes regionales y
en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarios para la conservación del medio ambiente y
los recursos naturales renovables.
6. Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en
coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la
distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares
en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.
7. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades de
control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la
fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización
de los recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire
o el suelo.
8. Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones superiores, las
normas de ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones sobre usos del suelo.
9. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por
vertimiento del municipio, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos
y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire.
10. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del
Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y
proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de
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En efecto, de acuerdo con dicha disposición, el municipio está llamado a promover y
ejecutar políticas y programas de preservación del patrimonio ecológico, a ejercer
funciones de control y vigilancia ambiental a través del alcalde como primera autoridad
de policía, y a adoptar y aplicar las normas de ordenamiento territorial y de uso del suelo
para evitar la ocupación y degradación de ecosistemas estratégicos. También tiene la
obligación de ejecutar proyectos de descontaminación y disposición adecuada de
residuos líquidos y sólidos, así como de coordinar con las autoridades ambientales las
acciones de conservación de los recursos hídricos y naturales.
Además, el numeral 2º del artículo 315 de la Constitución Política y el numeral 3.° del
artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 establecieron que los alcaldes municipales son la
primera autoridad de policía del nivel local y, en consecuencia, les corresponde garantizar
la convivencia y la seguridad en su jurisdicción.
Sin embargo, del análisis conjunto del dictamen pericial, el testimonio técnico y demás
pruebas obrantes en el expediente, se constata que el Municipio de Popayán no acreditó
la adopción ni ejecución sostenida de medidas efectivas de control y recuperación
ambiental del humedal y su área de influencia, a pesar de que los daños advertidos
(compactación del suelo, pérdida de cobertura vegetal, presencia de ganado,
contaminación de fuentes hídricas y ocupación irregular) son situaciones prolongadas y
visibles, que debieron motivar actuaciones administrativas, preventivas y correctivas.
Tampoco se demostró que la administración municipal haya implementado planes de
restauración ecológica, programas de reubicación de los ocupantes o acciones de control
policivo para evitar el ingreso de animales o personas a zonas de especial protección
ambiental. Por el contrario, las intervenciones espontáneas de la comunidad, descritas
por el perito y documentadas fotográficamente, revelan la ausencia de una política pública
municipal de manejo integral del ecosistema, así como la inexistencia de mecanismos de
vigilancia y mantenimiento que aseguren la sostenibilidad de las acciones comunitarias.
Adicionalmente, el incumplimiento del deber de coordinación interinstitucional con la
Corporación Autónoma Regional del Cauca evidencia una falla en la articulación del
Sistema Nacional Ambiental (SINA), pues el municipio, en lugar de limitarse a señalar la
competencia exclusiva de la autoridad ambiental, debía coadyuvar en la ejecución de las
tareas de control y restauración, conforme lo ordenan los numerales 5, 6 y 7 del artículo
65 de la Ley 99 de 1993.
En consecuencia, la Sala no acoge el argumento del ente territorial según el cual no
existen pruebas de su intervención o contribución en el daño, por cuanto la omisión en el
cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales constituye una forma de
participación causal en la producción del daño ambiental, suficiente para atribuirle
responsabilidad dentro del presente proceso.
Por lo anterior, se concluye que el Municipio de Popayán es responsable por la
vulneración de los derechos colectivos, al haber omitido adoptar medidas eficaces de
control, vigilancia y restauración del Humedal San Antonio de Padua y de la quebrada
Oxígeno Verde.
cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y micro-cuencas
hidrográficas.
PARÁGRAFO. Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria a Pequeños Productores,
Umatas, prestarán el servicio de asistencia técnica y harán transferencia de tecnología en lo relacionado
con la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales renovables».
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7.4.2. Ahora, la Sala determinará si el municipio es competente para cumplir las órdenes
judiciales proferidas en la sentencia de acción popular de primera instancia que dispuso,
entre otras medidas, (i) la delimitación y aislamiento de los ecosistemas de agua objeto
de protección, (ii) la instalación de vallas informativas, (iii) la ejecución de jornadas de
limpieza y campañas de educación ambiental, (iv) la adopción de acciones
administrativas frente a los asentamientos ilegales dentro del humedal, (v) la vigilancia
urbanística sobre las construcciones colindantes, y (vi) la coordinación con la corporación
autónoma regional y demás autoridades en los planes y proyectos de conservación.
Para dar respuesta al anterior interrogante se debe considerar, en primer lugar, que de
conformidad con el artículo 288 de la Constitución Política, las competencias entre los
distintos niveles territoriales deben ejercerse conforme a los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad. Estos principios no consagran exclusiones rígidas entre
las competencias ambientales de la Nación, las regiones y los municipios, sino que
establecen una distribución funcional e interdependiente de responsabilidades para
garantizar la efectividad de los fines del Estado en materia de protección ambiental.
En virtud de la subsidiariedad, las entidades del nivel superior intervienen solo en la
medida en que las instancias locales carezcan de capacidad o medios para ejercer sus
funciones; sin embargo, ello no implica que los municipios queden eximidos de actuar ni
que puedan trasladar de manera automática su deber de gestión ambiental a las
corporaciones autónomas regionales. Por el contrario, este principio impone a las
entidades locales la obligación primaria de adoptar medidas dentro de su órbita
competencial, y únicamente ante una insuficiencia demostrada, pueden requerir apoyo o
intervención de los niveles superiores.
En ese sentido, como ya se vio, la Ley 99 de 1993, en su artículo 65, otorga a los
municipios atribuciones ambientales expresas que complementan la labor de las
autoridades ambientales regionales. Tales atribuciones incluyen, entre otras, la
promoción y ejecución de programas de conservación, el control y vigilancia ambiental a
través del alcalde como primera autoridad de policía, la adopción de normas de
ordenamiento territorial y uso del suelo, la ejecución de obras de descontaminación, y la
coordinación con las corporaciones para la conservación de los recursos naturales.
De allí se desprende que las funciones municipales no son meramente accesorias, sino
sustantivas y complementarias, orientadas a garantizar el cumplimiento de los deberes
ambientales del Estado en el ámbito local.
Con el anterior contexto, la Sala considera que las órdenes impartidas por el Tribunal se
enmarcan en las competencias del Municipio de Popayán, sin que ello implique
desconocimiento de la distribución funcional del Sistema Nacional Ambiental.
Las obligaciones de delimitación y aislamiento del humedal fueron atribuidas de manera
conjunta a la Corporación Autónoma Regional del Cauca y al municipio, lo cual resulta
plenamente compatible con los numerales 5, 6 y 7 del artículo 65 de la Ley 99 de 1993,
que exigen a los municipios colaborar con la autoridad ambiental regional en la ejecución
de programas de conservación y ejercer funciones de control ambiental con apoyo de la
fuerza pública.
De igual modo, las órdenes relacionadas con la limpieza del humedal y la quebrada
Oxígeno Verde y con el restablecimiento del orden urbanístico frente a las ocupaciones
ilegales, se ajustan a las competencias municipales previstas en los numerales 6, 8 y 9
del citado artículo, que obligan al municipio a ejecutar programas de disposición de
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residuos sólidos y líquidos, y a dictar normas sobre el uso del suelo y la prevención de
asentamientos irregulares.
Por su parte, la orden de adelantar campañas de sensibilización y educación ambiental
junto con la autoridad ambiental regional corresponde al mandato de promover la
participación comunitaria y la educación ambiental en el territorio.
Así, ninguna de las obligaciones impuestas por el Tribunal trasgrede el principio de
subsidiariedad; antes bien, lo materializa, pues promueve la colaboración armónica entre
los niveles de gobierno para la protección de un ecosistema estratégico en el territorio
municipal. El fallo de primera instancia no trasladó al municipio competencias exclusivas
de la autoridad ambiental, sino que lo vinculó a la ejecución coordinada de medidas que
se derivan directamente de sus deberes legales y constitucionales.
Cabe resaltar que la subsidiariedad no opera como una causa de exoneración de las
entidades territoriales frente a sus responsabilidades ambientales. De acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional24, este principio tiene un carácter funcional y
complementario, que busca asegurar la eficacia del Estado en su conjunto. Por tanto,
solo puede invocarse cuando se acredite una imposibilidad fáctica o jurídica para ejercer
las funciones asignadas, circunstancia que en el presente proceso no fue demostrada
por el municipio apelante.
En suma, las medidas impuestas no desbordan la competencia del Municipio de Popayán
ni desconocen el principio de subsidiariedad ambiental.
En consecuencia, no prosperan los cargos formulados en la apelación.
7.5. De las obligaciones impuestas a la Corporación Autónoma Regional
7.5.1. La Sala precisará si la Corporación Autónoma Regional es competente para
cumplir las órdenes judiciales proferidas en la sentencia de primera instancia que dispuso,
entre otras, las siguientes medidas: (i) efectuar la delimitación actualizada del humedal y
de su franja protectora reglamentaria; (ii) realizar el aislamiento físico del humedal; (iii)
desarrollar campañas de sensibilización y educación ambiental y talleres con la
comunidad; (iv) instalar vallas informativas en la zona protegida por el aislamiento; y (v)
continuar con el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos tendientes a la
conservación del humedal.
Para dar respuesta al anterior interrogante la Sala observa que conforme al artículo 23
de la Ley 99 de 1993, las corporaciones autónomas regionales son entidades de carácter
público, con autonomía administrativa y financiera, encargadas de administrar, en su
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y de propender por
su desarrollo sostenible.
En esa dirección, el artículo 31 ibidem les asigna, entre otras, las funciones de: ejecutar
políticas, planes y programas ambientales (num. 1); ejercer la máxima autoridad
ambiental en su jurisdicción (num. 2); promover participación y educación ambiental
(nums. 3 y 8); coordinar la planificación ambiental con demás entidades del SINA y con
entes territoriales (nums. 4 y 5); evaluar, controlar y hacer seguimiento de actividades
que generen deterioro ambiental (nums. 11 y 12); imponer medidas de policía y sanciones
ambientales (num. 17); y ejecutar, administrar y mantener proyectos y obras necesarias
para la protección y recuperación del ambiente (num. 20).
24 Ver entre otras las sentencias C-149 de 2010 y C-1187 de 2000.
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7.5.1.1. De este marco normativo se desprende que la CRC si es competente para
liderar y ejecutar acciones de manejo, recuperación y conservación de los humedales
localizados en su jurisdicción, incluida la planificación técnica, la educación ambiental y
la coordinación institucional.
7.5.1.2. Ahora bien, de acuerdo con el acervo probatorio y lo alegado por la
autoridad ambiental, se advierte que el Humedal San Antonio de Padua ya fue delimitado
y caracterizado técnicamente en el Acuerdo 014 de 2018, por medio del cual se adoptó
el Plan de Manejo de los Humedales de la Meseta de Popayán.
Sin embargo, aunque en principio podría considerarse innecesaria una nueva
delimitación del ecosistema, las pruebas recaudadas dentro del proceso, en especial el
dictamen pericial y el concepto técnico rendido por el profesional vinculado a la propia
autoridad ambiental, revelan alteraciones significativas y procesos de degradación del
humedal que ameritan una verificación técnica, a fin de establecer si la delimitación
vigente refleja con fidelidad las condiciones existentes.
Por tal razón, la Sala estima que, con observancia de los parámetros reglamentarios de
la guía técnica para la formulación de planes de manejo para humedales en Colombia,
adoptada mediante la Resolución 196 de 1 de febrero de 2006, del entonces Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Corporación Autónoma Regional del
Cauca deberá, dentro del término de 6 meses, contados a partir de la notificación de esta
providencia, realizar un estudio técnico y científico en el que determine si existe o no la
necesidad de actualizar —total o parcialmente— la delimitación y el plan de manejo en lo
que corresponda al Humedal San Antonio de Padua, sin que sea necesario abarcar todos
los ecosistemas tratados en el Acuerdo 014 de 2018.
En caso de que la evaluación técnica determine que no es necesaria la actualización, la
autoridad ambiental regional deberá, dentro de los dos (2) meses siguientes a la
finalización del análisis técnico, formular un programa anual, con indicadores de
seguimiento, tendiente a: i) aplicar y socializar la delimitación vigente; ii) efectuar las
verificaciones de campo necesarias para su trazado operativo; y iii) definir las acciones
que garantizarán la implementación de las medidas definidas en el instrumento de
planeación ambiental vigente, de forma articulada con el Municipio de Popayán.
Si, por el contrario, se concluye que sí procede la actualización del instrumento, autoridad
ambiental regional deberá adelantar las gestiones técnicas, administrativas y
participativas necesarias para actualizarlo únicamente respecto del humedal objeto de la
presente acción popular, conforme a la normativa y procedimientos aplicables. Una vez
se apruebe el respectivo acto administrativo, la CRC y el Municipio de Popayán
formularán un programa anual, con indicadores de seguimiento, tendiente a: i) aplicar y
socializar la nueva delimitación; y ii) definir las acciones que garantizarán la
implementación de las medidas de conservación y manejo allí definidas.
Respecto del término de 6 meses que se concederá para realizar el estudio técnico y
científico antes referido, la Sala debe anotar que en la guía técnica mencionada no se
establece de manera expresa un tiempo específico para una etapa de selección de la
alternativa o para la decisión sobre la actualización del plan de manejo ambiental; sin
embargo, sí se describen las seis fases secuenciales que integran su construcción, a
saber: (i) definición de la política, (ii) descripción, (iii) evaluación, (iv) zonificación, (v)
formulación de objetivos y (vi) elaboración del plan de acción.
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Dichas etapas se armonizan con lo previsto en la Resolución 157 de 2004, «Por la cual
se reglamentan el uso sostenible, la conservación y el manejo de los humedales y se
desarrollan aspectos referidos a los mismos en aplicación de la Convención de Ramsar»,
cuyo artículo 11 fija un plazo máximo de 24 meses para la elaboración de los respectivos
planes de manejo ambiental.
En ese orden, si se toma como referencia la distribución proporcional de ese plazo entre
las seis fases señaladas, puede inferirse que cada una de ellas debería adelantarse, en
promedio, dentro de un término de 4 a 6 meses, lo cual ofrece un parámetro técnico
razonable para establecer el tiempo necesario para la definición de la alternativa a
adoptar, esto es, decidir si procede o no la actualización del plan de manejo y de la
delimitación vigente.
En consecuencia, el término de seis meses para realizar dicho estudio técnico resulta
coherente con los estándares metodológicos previstos por la normativa ambiental, y
asegura que la decisión se adopte con fundamento en información científica suficiente,
dentro de un marco temporal proporcionado y viable para la autoridad ambiental.
7.5.1.3. En lo restante, la Sala considera que las órdenes impartidas por el Tribunal
se ajustan al marco de competencias de la entidad recurrente, en tanto corresponden a
sus deberes de control, prevención, educación y conservación ambiental.
7.5.1.4. La orden de realizar, junto con el Municipio de Popayán, el aislamiento físico
del humedal y de la quebrada Oxígeno Verde encuentra respaldo en el numeral 20 del
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que faculta a las corporaciones para ejercer control
ambiental, ejecutar obras de recuperación y mantenimiento, y coordinar su desarrollo con
las entidades territoriales.
Con todo, se modificará en lo pertinente el numeral segundo de la parte resolutiva de la
sentencia recurrida en el sentido de ordenar a los propietarios de los anotados bienes dar
los permisos que sean necesarios para el aislamiento del anotado ecosistema. Esta
obligación, valga señalar, no constituye una expropiación, en la medida en que no se
despoja al propietario de su derecho de dominio, no se le afecta unilateralmente el uso y
goce del predio mediante privación absoluta, y no se exige la transferencia forzosa del
bien inmueble sin indemnización. Así, el hecho de que el ecosistema se ubique
parcialmente en predios privados no impide la ejecución de la obligación judicial, pues
los propietarios fueron vinculados al proceso, lo cual significa que se garantizó el derecho
al debido proceso y, de cualquier modo, la actuación se ampara en el interés general del
recurso natural y en la función ecológica de la propiedad prevista en el artículo 58 de la
Constitución Política, de la cual se deriva la posibilidad de limitar legítimamente el
ejercicio de la propiedad privada.
7.5.1.5. Del mismo modo, las actividades de educación ambiental, sensibilización y
divulgación hacen parte de las funciones misionales de la autoridad ambiental, como ella
misma lo reconoce en el recurso de apelación, y su orden judicial no constituye una carga
adicional o redundante, sino una precisión de deberes legales prexistentes, necesaria
para asegurar su cumplimiento efectivo frente a la comunidad vecina al humedal.
En efecto, la existencia de una competencia legal no garantiza por sí sola su ejercicio
efectivo, y corresponde al juez popular en virtud del artículo 34 de la Ley 472 de 1998,
impartir órdenes concretas orientadas a asegurar la protección real de los derechos
colectivos, especialmente cuando se advierte que la falta de ejecución oportuna de las
funciones ha contribuido a la desprotección del ecosistema.
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Por ello, la orden judicial de adelantar campañas de educación y sensibilización ambiental
con la comunidad vecina al humedal no es innecesaria, pues precisa y refuerza un deber
preexistente, vinculándolo al contexto del caso objeto de estudio, para garantizar su
cumplimiento efectivo y medible.
7.5.1.6. Igualmente, la instalación de vallas informativas y la señalización del área
protegida son medidas complementarias que contribuyen a la prevención de nuevas
afectaciones y a la promoción del cuidado del ecosistema. Su ejecución no desborda las
competencias de la CAR, ni supone carga presupuestal desproporcionada, pues
responde a los numerales 3, 8 y 20 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que la facultan
para promover la participación comunitaria en actividades de protección ambiental,
ejecutar programas de educación ambiental no formal y adelantar obras de recuperación
y mantenimiento de los recursos naturales en coordinación con las entidades territoriales.
Por otra parte, no obra en el expediente prueba alguna que acredite la afirmación de la
recurrente según la cual la entidad se encuentra en proceso de contratación de las vallas
informativas; por ello, la Sala no puede tener por demostrado dicho hecho ni considerarlo
como un supuesto de cumplimiento parcial de la medida ordenada. En ausencia de
soporte documental o probatorio, la orden judicial conserva plena justificación, en tanto
orienta a la efectiva materialización de un deber legal cuyo cumplimiento no ha sido
verificado dentro del proceso.
7.5.1.7. Finalmente, la orden de continuar con el diseño y ejecución de planes,
programas y proyectos de conservación se ajusta al mandato general de las
corporaciones de formular y ejecutar proyectos ambientales regionales, previsto en la Ley
99 de 1993, particularmente en los numerales 1, 4 y 20 del artículo 31, que asignan a las
Corporaciones Autónomas Regionales la función de ejecutar las políticas, planes y
programas nacionales y regionales en materia ambiental, coordinar la preparación de
planes y proyectos de desarrollo medioambiental en su jurisdicción, y ejecutar,
administrar y mantener obras y programas necesarios para la defensa, protección y
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Por tanto, su
reiteración judicial no es indebida, sino que constituye una forma legítima de hacer
exigible el cumplimiento de las obligaciones legales y de asegurar la efectividad de la
protección ordenada.
La Sala advierte que las limitaciones presupuestales, técnicas o logísticas no liberan a la
autoridad ambiental del cumplimiento de sus competencias, especialmente cuando se
trata de actuaciones básicas de conservación y control ambiental. En estos eventos, la
entidad debe planificar y programar sus actividades de manera gradual o por etapas,
priorizando las acciones urgentes, pero no puede invocar su situación interna como
excusa para desconocer las órdenes judiciales encaminadas a garantizar los derechos
colectivos.
En resumen, la Sala modificará la orden contenida en el ordinal segundo de la sentencia
de primera instancia, en el sentido de que la Corporación Autónoma Regional del Cauca,
atendiendo los parámetros de la Resolución 196 de 2006, deberá establecer
técnicamente si existe o no la necesidad de actualizar la delimitación del Humedal San
Antonio de Padua; y según el resultado de esa verificación, proceder a aplicar la
delimitación vigente o a actualizarla parcialmente en lo que resulte pertinente, conforme
a los procedimientos legales y técnicos aplicables.
En cuanto a las demás órdenes relativas al aislamiento físico, educación ambiental,
señalización y continuación de planes de conservación, el recurso no prospera, por
cuanto se ajustan al marco competencial de la autoridad ambiental, se encuentran
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respaldadas en los artículos 23 y 31 de la Ley 99 de 1993, y resultan idóneas y necesarias
para garantizar la protección y recuperación efectiva del ecosistema.
7.6. Finalmente, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales 1º y
8º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta
instancia, en atención a que no está probada su causación.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero de
Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes, de conformidad con lo previsto en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 8
de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, en primera instancia,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la
siguiente manera:
«SEGUNDO: ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CAUCA, que dentro del término de seis (6) meses, contados a partir de la notificación
de esta providencia, realice un estudio técnico y científico en el que determine, con
observancia de los parámetros establecidos en la guía técnica para la formulación de
planes de manejo para humedales en Colombia, adoptada mediante la Resolución
196 del 1.° de febrero de 2006, si existe o no la necesidad de actualizar –total o
parcialmente– la delimitación y el plan de manejo del Humedal San Antonio de Padua,
sin que sea necesario abarcar los demás ecosistemas comprendidos en el Plan de
Manejo de los Humedales de la Meseta de Popayán, adoptado mediante el Acuerdo
014 de 2018.
En caso de que la evaluación técnica determine que no es necesaria la actualización,
la CRC deberá, dentro de los dos (2) meses siguientes a la finalización del análisis
técnico, formular un programa anual, con indicadores de seguimiento, tendiente a: i)
aplicar y socializar la delimitación vigente; ii) efectuar las verificaciones de campo
necesarias para su trazado operativo; y iii) definir las acciones que garantizarán la
implementación de las medidas definidas en el instrumento de planeación ambiental
vigente, de forma articulada con el Municipio de Popayán.
Si, por el contrario, se concluye que sí procede la actualización del instrumento, la
Corporación deberá adelantar las gestiones técnicas, administrativas y participativas
necesarias para actualizarlo únicamente respecto del humedal objeto de la presente
acción popular, conforme a la normativa y procedimientos aplicables. Una vez se
apruebe el respectivo acto administrativo, la CRC y el Municipio de Popayán
formularán un programa anual, con indicadores de seguimiento, tendiente a: i) aplicar
y socializar la nueva delimitación; y ii) definir las acciones que garantizarán la
implementación de las medidas de conservación y manejo allí definidas.
Una vez cumplida una de las anteriores alternativas, se adelantarán las siguientes
actividades:
2.1. La CRC y el Municipio de Popayán, dentro del término de seis (6) meses, deberán
realizar el aislamiento necesario del Humedal San Antonio de Padua, y de la quebrada
Oxígeno Verde en lo que corresponde al humedal, con los materiales adecuados que
recomiende la autoridad ambiental, garantizando la durabilidad, mantenimiento y
sostenimiento de la obra.
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Los propietarios de los bienes que se encuentren en dicha área deberán dar las
autorizaciones necesarias, para el cumplimiento del mencionado mandato.
2.2. La CRC y el Municipio de Popayán, con acompañamiento de la Policía Nacional
y los miembros de la comunidad que actúan en pro de la conservación del humedal,
dentro del término de tres (3) meses, adelantarán campañas de sensibilización y
talleres de educación ambiental con la comunidad del sector, buscando reforzar los
procesos de empoderamiento y sentido de pertenencia hacia la conservación de los
ecosistemas de humedal.
2.3. La CRC y el Municipio de Popayán, dentro del término de un (1) mes, deberán
instalar vallas dentro de la zona protegida por el aislamiento en esta área, alusivas al
Humedal San Antonio de Padua, con mensajes de protección y cuidado del medio
ambiente.
2.4. La CRC y el Municipio de Popayán continuarán con el diseño y ejecución de
planes, programas y proyectos tendientes a la conservación del Humedal San Antonio
de Padua».
TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 11 de
diciembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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