Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2022-00267-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2022-00267-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 19001-23-33-000-2022-00267-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
26 de enero de 2023
Demandante: Didier Roberto Muñoz Vélez
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Radicado: 19001-23-33-000-2022-00267-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 19001-23-33-000-2022-00267-01
Demandante: DIDIER ROBERTO MUÑOZ VÉLEZ
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Temas: Tutela de fondo – confirma declaratoria de improcedencia y
revoca negativa del amparo de los derechos fundamentales
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia de primera instancia del 1.º de diciembre de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca. En esta providencia se declaró improcedente la acción de
tutela para ordenar el cumplimiento del fallo emitido por el Juzgado 5.º
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán y se negó el amparo de los derechos
fundamentales del peticionario.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado por correo electrónico, el 18 de noviembre de 2022, al
buzón web de la oficina judicial - Seccional de Popayán1, el señor Didier Roberto
Muñoz Vélez interpuso acción de tutela contra la Nación – Fiscalía General de la
Nación. El tutelante consideró que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la salud, al trabajo en
condiciones dignas y al mínimo vital. Esto, por no haber dado cumplimiento al fallo
No. 178 del 14 de septiembre de 2018, proferido por el Juzgado 5.º Administrativo
del Circuito Judicial de Popayán. En esta sentencia, la autoridad judicial ordenó a la
entidad demandada liquidar y pagar todas las prestaciones sociales reconocidas al
peticionario y otros funcionarios del ente investigador desde el 2013, con la inclusión
1 El escrito de tutela fue presentado al buzón web ofjudpop@cendoj.ramajudicial.gov.co y posterior
a ello, fue remitido al Tribunal Administrativo de Cuaca – Seccional Popayán.
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Demandante: Didier Roberto Muñoz Vélez
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
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de la bonificación judicial creada mediante Decreto 382 de 20132.
1.2. Pretensiones
2. Con base en lo anterior, la accionante:
Solicito se disponga el amparo de tutela y se ordene a la entidad demandada, NACIÓN
– FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, que, en un término no superior a 48 horas,
proceda en lo que al suscrito se refiere a dar cumplimiento cabal a la sentencia de 14
de septiembre de 2018, emanada del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Popayán, efectuando la reliquidación y pago de lo allí reconocido en los términos y
condiciones igualmente señaladas en el fallo. El pago deberá dejar a salvo el porcentaje
pactado con el apoderado que presentó la demanda. (SIC en toda la cita).
1.3. Hechos probados y/o admitidos
3. El accionante indicó que cuenta con 59 años de edad y desde el 4 de enero
de 2010 se desempeña como fiscal delegado ante Jueces Municipales y
Promiscuos.
4. El señor Didier Roberto Muñoz Vélez junto con otros fiscales, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentaron demanda
contra la Nación – Fiscalía General de la Nación. Esto, con el fin de que se declarara
la nulidad del oficio DS-10-12-STH-605 del 23 de septiembre de 2016, por medio
del cual se negó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor
salarial para liquidar todas las prestaciones sociales de los demandantes a partir del
año 2014 y las que a futuro se causen.
5. El asunto correspondió al Juzgado 5.º Administrativo del Circuito Judicial de
Popayán. Esta autoridad judicial, en sentencia No. 178 del 14 de septiembre de
2018, accedió a las pretensiones de la demanda. En consecuencia, ordenó a la
Nación – Fiscalía General de la Nación reliquidar y pagar a favor del señor Didier
Roberto Muñoz y otros, todas “las prestaciones sociales reconocidas, pagadas y
causadas desde el 1.º de enero de 2013 y hasta que se haga el respectivo
reconocimiento y pago incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la
bonificación judicial creada mediante Decreto 382 de 2013”.
6. Finalmente, el accionante manifestó que la sentencia proferida en sede
ordinaria se encuentra ejecutoriada desde septiembre de 2018. Sin embargo, a la
fecha de presentación de esta tutela, la entidad demandada aún no ha dado
cumplimiento al fallo en cuestión.
1.4. Fundamentos de la vulneración
7. Para el accionante, la autoridad accionada vulneró sus garantías
fundamentales, por los siguientes motivos:
2 Esto, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por el accionante y
otros 54 funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Rad. 19001333300520170006400.
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8. En primer lugar, indicó que la Fiscalía General de la Nación ha excedido con
creces el término de 10 meses establecido para dar cumplimiento a las condenas
impuestas a entidades públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo
192 del CPACA. Esto, en su sentir es “irrazonable desde todo punto de vista” y
contrario a los postulados “como el de igualdad, efectividad, celeridad, buena fe y
debido proceso”.
9. Por lo anterior, mencionó que existían razones suficientes para acceder a la
tutela y que no había lugar a aducir otros recursos judiciales que lo único que logran
es dilatar y dar visos de legalidad a la irresponsabilidad del Estado.
10. En segundo lugar, señaló que su situación familiar, de salud y económica
hacen que su salario, como único sustento, sea insuficiente para abarcar los costos
mensuales. Por esto, requería el pago urgente del monto de la condena para paliar
costos de tratamientos médicos que ha tenido que sufragar de manera particular en
razón a la morosidad en la atención de las EPS3.
11. En tercer lugar, mencionó la afectación al mínimo vital. Esto, por cuanto en
la actualidad, cuenta con una serie de calamidades “que han devastado [su]
economía”, entre ellas se encuentran: i) un accidente automovilístico padecido por
su hijo mayor; ii) la privación de la libertad de su segundo hijo; iii) la ruptura de su
matrimonio; iv) las investigaciones penales adelantadas en su contra; y v) las
diferentes enfermedades que tanto él como diferentes miembros de su familia
padecen.
12. Así, para el tutelante, estas circunstancias hacen que sus deducciones
mensuales le acarreen un monto superior al salario devengado en calidad de Fiscal
Local y, en consecuencia, se vea afectado su derecho fundamental al mínimo vital.
3 Según el accionante “ha debido padecer múltiples situaciones que han minado no sólo su
economía, sino también [su] salud. Desde la primera más notable que fue el accidente
automovilístico de un hijo que en principio lo dejó cuadripléjico y en virtud de varias cirugías logró al
menos sentarse en una silla de ruedas, accidente ocurrido cuando éste era mayor de edad y estaba
desvinculado de todo sistema de salud, siendo entonces un auxiliar de magistrado que para la época
no devengaba más de $2.000.000 debí durante muchos meses sufragar gastos mensuales de
aproximadamente $10.000.000 que no pude cubrir sino en virtud de préstamos continuos que lejos
de poder mitigar, se me acrecentaron ante una sucesiva serie de eventos posteriores como los
referidos, que hoy por hoy suman una cantidad tan significativa que de lejos absorben el único
ingreso del cual dependo, cual es el salario como Fiscal Local, salario del que además debo prodigar
ayuda a [su] madre de 82 años, a [su] nuevo hogar y a [su] hija aún dependiente.
De hecho toda esta situación, y en especial, la injustificada, malintencionada, desproporcionada y
arbitraria acusación que me hiciera un Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Popayán, por
presuntos delitos múltiples de PREVARICATO POR ACCIÓN y de PREVARICATO POR OMISIÓN,
coronada con una también desfasada, maliciosa y prevaricadora condena en primera instancia del
Tribunal Superior de Popayán (que afortunadamente desvirtuó la Corte, dándome razón en lo
resuelto, resaltando [su] propósito e intención de acierto en el asunto y hasta calificando de juiciosa
[su] valoración probatoria), catapultaron afecciones a mi salud, particularmente relacionadas con
hipertensión, que a lo larga y al parecer de la mano de la vacunación contra el COVID han generado
otros daños en [su] cuerpo, como el ocurrido un año atrás de OCLUSIÓN OCULAR o TROMBO
OCULAR, que limita seriamente [su] visión.
Frente a este diagnóstico ante la morosidad en la atención de las EPS, invertí el año pasado toda la
prima de navidad en atención de especialistas y práctica de diversos exámenes, terminando sin
recursos para la cirugía con láser, con la cual probablemente podría recuperar algo de visión en el
ojo afectado”. Folios 4-5 del escrito de tutela cargado a SAMAI.
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1.5. Trámite de la acción de tutela
13. En auto del 21 de noviembre de 20224, el magistrado ponente de primera
instancia admitió la demanda y dispuso su notificación a la Fiscalía General de la
Nación.
1.6. Intervenciones e informes
14. Realizada la notificación ordenada, de manera electrónica, se presentaron
las siguientes intervenciones:
1.6.1. Coordinador de la Unidad de Pago y Cumplimiento de sentencias y
acuerdos conciliatorios de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía
General de la Nación
15. El mencionado coordinador dio contestación a la tutela en la que solicitó que
se declare improcedente la solicitud de amparo. Esto, porque no se le ha vulnerado
al actor el derecho al debido proceso. Así, indicó que ha seguido todo el
procedimiento para dar cumplimiento de sentencias dispuesto en el Decreto 816 del
22 de abril de 1994. En atención a éste, informó que al accionante se le asignó el
turno de pago del 6 de julio de 2021.
16. Además de lo anterior, refirió que el accionante no ha elevado petición alguna
para que se varíe el derecho de turno, aduciendo situaciones que afecten sus
derechos fundamentales. Por esto, variar el turno establecido para pago, vulneraría
los derechos de quienes solicitaron su pago con antelación.
17. Por otro lado, mencionó que la pretensión del escrito de tutela es de
contenido económico y tampoco se encuentra acreditada la posibilidad de padecer
un perjuicio irremediable, que haga transitoriamente procedente el amparo.
18. Finalmente, señaló que no se supera el requisito general de procedibilidad
de subsidiariedad. Esto, porque el accionante aún puede acudir al proceso ejecutivo
para solicitar el pago de su sentencia.
1.6.2. La Subdirectora Regional de Apoyo del Pacífico de la Fiscalía General
de la Nación
19. La dependencia rindió informe en el que solicitó que se niegue el amparo de
los derechos fundamentales del peticionario.
20. Por otro lado, la Subdirectora Regional mencionó que el accionante se
encuentra dentro de los funcionarios que se marcaron en nómina del mes de
noviembre de 2022 para el reconocimiento y pago de la diferencia de los dineros
que corresponden a la liquidación de todas y cada una de las prestaciones sociales
4 Documento 5 cargado a SAMAI.
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con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial. Esto, porque en
efecto está incluido en el fallo No. 178 del 14 de septiembre de 2018.
21. Además de lo anterior, mencionó que el proceso de marcación de todos los
servidores y funcionarios que se encuentran incluidos en los fallos judiciales
ejecutoriados se realizó por cada Dirección Seccional de Fiscalías a nivel país. Esto,
a solicitud del nivel central y con el ánimo de cancelar estas acreencias laborales
antes de finalizar el año 2022, pero lo concerniente a las vigencias anteriores,
corresponde al nivel central, esto es, al área de pagos de sentencias y
conciliaciones de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General
de la Nación.
22. La dependencia concluyó que las circunstancias de índole personal que el
accionante expone son situaciones desafortunadas y lo han llevado a la afectación
de su mínimo vital, de su salud, de su trabajo, pero son situaciones que no son
producto de la violación de los derechos fundamentales por parte de la Fiscalía
General de la Nación.
1.7. Fallo impugnado
23. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia del 1.º de diciembre
de 20225 decidió:
“PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela para ordenar el
cumplimiento de la sentencia No. 178 de 14 de septiembre de 2018 proferida por
el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Popayán.
SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales del señor DIDIER
ROBERTO MUÑOZ VELEZ por las precisas razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia”.
24. El juez de tutela de primera instancia indicó que la obligación contenida en el
fallo del cual se pretende su cumplimiento es de dar y específicamente de contenido
económico. Esto, porque ordena la reliquidación y pago de las prestaciones sociales
teniendo como base la bonificación judicial como factor salarial. Bajo este
presupuesto, consideró que el proceso ejecutivo es el medio expedito para reclamar
la acreencia laboral, máxime cuando existe una sentencia debidamente
ejecutoriada. En ese orden, el Tribunal Administrativo del Cauca consideró que la
acción de tutela era improcedente. Lo anterior, por cuanto no supera el requisito de
subsidiariedad.
25. Sin perjuicio de lo anterior, aunque el proceso ejecutivo resulta expedito a
efectos de reclamar las acreencias derivadas de la sentencia judicial, el juez de
tutela encontró que el accionante planteó una serie de situaciones familiares,
personales y de salud que, en su criterio, ameritan el amparo constitucional por
encima del proceso ejecutivo, dado la afectación al mínimo vital, a la vida en
condiciones dignas y el derecho a la salud.
5 Notificada el 2 de diciembre de 2022.
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26. En lo atinente a la afectación del derecho a la salud, el Tribunal encontró que
pese a la manifestación del accionante según la cual debió asumir de su propio
peculio la atención médica debido a las demoras de la EPS, lo cierto es que las
pruebas allegadas si bien reflejaban unas atenciones médicas, en modo alguno se
concreta que el afiliado haya solicitado el servicio y mucho menos las moras
alegadas.
27. El Tribunal verificó que actualmente el accionante se encuentra afiliado al
sistema de seguridad social en salud. Por lo tanto, la presunta vulneración del
derecho fundamental a la salud mal podría derivarse de la falta de pago de la
condena judicial, máxime cuando no se encontraba acreditado que se haya
adelantado algún trámite administrativo o judicial ante la EPS para obtener la
atención.
28. En ese escenario, la decisión libre del accionante de atender su patología de
manera particular, sin acreditar la negativa o mora de la EPS a la que está afiliado,
de modo alguno sirve como fundamento para plantear un perjuicio irremediable con
la falta de pago de la providencia judicial.
29. Finalmente, el juez de tutela de primer grado resaltó que el fallo del cual
pretende su cumplimiento vía tutela cobró ejecutoria en el año 2018. De esta
manera, el accionante ha contado con más de 3 años para iniciar el proceso
ejecutivo a efecto de proceder el cobro judicial de las sumas adeudadas. Sin
embargo, no ha asumido su carga, siendo su decisión la de esperar el cumplimiento
administrativo.
30. Por lo anterior, el juez del amparo de primera instancia consideró que no se
superó el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela para ordenar el
cumplimiento de una sentencia judicial. Por esto, se debía declarar improcedente el
amparo.
1.8. Impugnación
31. El 7 de diciembre de 2022, el accionante mediante mensaje de datos
presentó escrito de impugnación en el que solicitó que se revoque la decisión de
primera instancia. Esto, por los motivos expuestos en el escrito inicial y además por
los siguientes argumentos:
32. En primer lugar, señaló que el Tribunal consideró que cuenta con el proceso
ejecutivo. Esto, por ser el mecanismo expedito para reclamar las acreencias
derivadas de la sentencia judicial. Sin embargo, aseguró que el juez de tutela de
primera instancia desconoce que tal acción es ineficaz por cuanto no es posible a
través de él, ejercer alguna clase de presión para el pago de las acreencias
adeudadas.
33. En segundo lugar, consideró que la acción de tutela es el mecanismo idóneo
para obtener la protección de sus derechos fundamentales. Esto, porque ha sufrido
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“graves infortunios” como la afectación de su salud y de su mínimo vital que
requieren una protección inmediata del juez constitucional.
34. El impugnante mencionó que el juez de tutela de primera instancia le
reprochó el hecho de que no haya acudido a la EPS para obtener solución a su
problema de salud. Sin embargo, señaló que ha acudido a la entidad a la que se
encuentra afiliado, para efectos de obtener la realización de un examen médico,
pero a la fecha aún no le han dado respuesta. De esta manera, señaló que, debido
a los tropiezos con esta entidad, la posibilidad de una pronta y real recuperación se
desvanece.
35. Finalmente, reiteró que la Fiscalía contribuyó a su detrimento patrimonial y
consiguiente afectación al mínimo vital. Esto, al no tener en cuenta como factor
salarial la bonificación judicial para efectos de la liquidación de las prestaciones
sociales y dejar de efectuar los pagos por casi 10 años.
1.9. Trámite de impugnación
36. Mediante auto del 19 de diciembre de 2022, el juez de tutela de primera
instancia concedió la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de
la sentencia del 1º de diciembre de 2022.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
37. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela
del 1.º de diciembre de 2022 dictado por el Tribunal Administrativo del Cauca. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
38. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
39. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
señor Didier Roberto Muñoz Vélez se encuentra legitimado en la causa por activa.
Esto porque le asiste un interés directo y personal en las resultas del proceso, pues
pretende asegurar el cumplimiento del fallo por medio del cual se le reconoció a su
favor la inclusión de la bonificación judicial como factor para liquidar las
prestaciones sociales.
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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40. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que la Fiscalía General de la Nación
se encuentra legitimada en la causa por pasiva. Esto, porque tiene a su cargo el
reconocimiento y pago de la prestación económica que reclama el aquí accionante,
en cumplimiento del fallo proferido en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se impuso la respectiva condena.
2.3. Problemas jurídicos y metodología de la decisión
41. Le corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 1º de
diciembre de 2022.
42. Para ello, se deberá resolver si la acción de tutela es procedente y en caso
afirmativo dar respuesta al siguiente interrogante: ¿la Fiscalía General de la Nación
vulneró los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la
salud, al trabajo en condiciones dignas y justas y al mínimo vital del accionante?
Esto, por no haber dado cumplimiento al fallo proferido el 14 de septiembre de 2018
que ordenó a la entidad accionada reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales
reconocidas y causadas desde el 1º de enero de 2013 a favor del accionante, con
la inclusión de la bonificación judicial.
43. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) la procedencia de la acción de
tutela para reclamar el cumplimiento de providencias judiciales; y (iii) el análisis del
caso concreto, con fundamento en los cargos propuestos en la demanda de tutela
y en el escrito de impugnación.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
44. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o excepcionalmente,
de particulares.
45. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.
46. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo
demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son
inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia
de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional
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inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes
subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.
47. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este
mecanismo, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del
ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el
constituyente le confirió.
2.5. La procedencia de la acción de tutela para reclamar el cumplimiento de
providencias judiciales
48. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que, en principio, cualquier
pretensión relacionada con el cumplimiento de órdenes judiciales tendrá que
declararse improcedente por parte del juez constitucional. Esto, porque la persona
que estime afectados sus derechos con la inobservancia de la decisión cuenta con
el proceso ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria, de conformidad con lo previsto en
los artículos 422 al 445 del Código General del Proceso, así como en el artículo 297
y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo6.
49. Así, a través del proceso ejecutivo, la persona está facultada para reclamar
el cumplimiento de cualquier obligación que emane de una providencia judicial,
siempre que la condena se extraiga con claridad de las órdenes y la misma sea
exigible frente a un particular o la autoridad pública responsable de la ejecución. Por
lo que esta vía tendría prevalencia judicial y, por ende, al juez de tutela no le queda
otra opción que declararse incompetente.
50. Sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado la procedencia
excepcional de la acción de tutela para reclamar el cumplimiento de una providencia
judicial, circunstancia que ha dependido, fundamentalmente, del tipo de obligación
que el actor reclama (de hacer y de dar), su repercusión en el goce efectivo de los
derechos fundamentales amparados judicialmente y, por consiguiente, la posibilidad
de hacerlos exigibles a través del proceso ejecutivo7. Esto, como se evidencia en el
siguiente gráfico:
Tipo de obligación Procedencia
La acción de tutela resulta procedente para exigir el
acatamiento de alguna de las siguientes obligaciones de hacer
que se citan a modo de ejemplo: i) el reintegro del actor al
cargo público que venía desempeñando; ii) la nivelación a un
puesto equivalente o superior al momento del retiro
Obligación de hacer injustificado; o iii) el respeto de los derechos laborales fijados
en una convención colectiva que se decidió judicialmente su
vigencia.
Lo anterior, bajo el argumento de que el proceso ejecutivo no
propicia las mismas garantías respecto de esta clase de
obligaciones de hacer que frente a otro tipo de condenas.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-261 de 2018.
7 Ibidem.
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Tipo de obligación Procedencia
Obligación de dar El proceso ejecutivo sí constituye el mecanismo idóneo para
reclamar obligaciones de dar, especialmente las de contenido
económico. Esto, porque su naturaleza coactiva y el conjunto
de medidas fijadas en la legislación, aseguran el cumplimiento
de este tipo de condenas.
51. En razón de lo anterior, se desprende que la procedencia de la acción de
tutela para exigir el pago de obligaciones económicas deberá valorarse con un
sentido más estricto que aquél efectuado sobre otro tipo de condenas. Esto, en
atención a la idoneidad del proceso ejecutivo para asegurar el acatamiento efectivo
de la decisión judicial.
52. En ese orden de ideas, cuando se pretenda el cumplimiento de una
providencia judicial que contiene una obligación económica, deberá estudiarse de
manera estricta, la eficacia del proceso ejecutivo. Así, para la Corte Constitucional
no basta con que la parte actora señale la afectación de un derecho fundamental,
pues sería imposible que, ante el incumplimiento de una decisión, que en principio
le favorecía, no se produzca alguna afectación.
53. Así, a juicio de la Corte Constitucional lo que debe demostrarse, de forma
evidente es que la inobservancia de la decisión judicial causa una afectación
cualificada de los derechos al mínimo vital y vida en condiciones dignas del actor,
que lo releva de acudir a la jurisdicción ordinaria. Esto, en razón de lo
desproporcionado que sería que la persona en las condiciones en que se encuentra,
tenga que esperar la adopción de una nueva decisión judicial sobre una controversia
ya resuelta8.
54. A su vez, esta Corporación9 en cita de la jurisprudencia constitucional ha
reconocido que:
i) Regla general: la existencia de otro medio de defensa judicial desplaza a
la acción de tutela, siempre que éste resulte idóneo y eficaz para la
protección del derecho deprecado.
ii) Excepción: procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que se encuentre debidamente probado.
iii) En el caso de las acciones de tutela interpuestas para lograr el
cumplimiento de una sentencia judicial, se debe establecer si las órdenes
de la providencia constituyen obligaciones de dar o de hacer, puesto que
si son de dar la acción ejecutiva resulta idónea y eficaz y por lo tanto la
solicitud de amparo solo resulta procedente como mecanismo transitorio.
8 Ibidem.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 21 de
enero de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2020-04827-00, reiterada en sentencia del 20 de agosto de
2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-04647-00.
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2.6. Caso concreto
55. En el sub judice, el actor consideró amenazados sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la salud, al trabajo en
condiciones dignas y al mínimo vital. Esto por cuanto la Nación – Fiscalía General
de la Nación no ha dado cumplimiento al fallo proferido el 14 de septiembre de 2018
en el que el Juzgado 5.º Administrativo del Circuito Judicial de Popayán ordenó a la
entidad accionada reliquidar todas las prestaciones sociales reconocidas al
accionante con la inclusión de la bonificación judicial.
56. Frente al particular, la Sala anticipa que confirmará la decisión de primer
grado que declaró improcedente el amparo, por las razones que, a continuación, se
exponen:
57. En primer lugar, como se expuso en las consideraciones de esta sentencia,
por regla general, la persona acreedora de obligaciones (de dar) de naturaleza
económica a raíz de una orden judicial, podrá activar el proceso ejecutivo ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo previsto en los artículos 297 y
siguientes del CPACA, así:
“Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título
ejecutivo:
1.Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al
pago de sumas dinerarias.
(…)
Artículo 298. Procedimiento. En los casos a que se refiere el numeral 1 del artículo
anterior, si transcurrido un (1) año desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria o de
la fecha que ella señale, esta no se ha pagado, sin excepción alguna el juez que la
profirió ordenará su cumplimiento inmediato.
En los casos a que se refiere el numeral 2 del artículo anterior, la orden de cumplimiento
se emitirá transcurridos seis (6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha
que en ella se señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas para
las sentencias como título ejecutivo. El juez competente en estos eventos se
determinará de acuerdo con los factores territoriales y de cuantía establecidos en este
Código.
Artículo 299. De la ejecución en materia de contratos y de condenas a entidades
públicas. Salvo lo establecido en este Código para el cobro coactivo a favor de las
entidades públicas, en la ejecución de los títulos derivados de las actuaciones
relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas, se observarán las reglas
establecidas en el Código de Procedimiento Civil para el proceso ejecutivo de mayor
cuantía.
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o
pago de una suma de dinero serán ejecutadas ante esta misma jurisdicción según
las reglas de competencia contenidas en este Código, si dentro de los diez (10)
meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia la entidad obligada no le ha dado
cumplimiento. (Resaltado fuera del texto)
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58. Así las cosas, como lo consideró el A quo constitucional, el accionante cuenta
con otro medio de defensa judicial para solicitar el amparo de sus derechos, pues
puede acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en ejercicio del
proceso ejecutivo. Esto, en tanto consideró que en su favor existe una obligación
expresa, clara y exigible, en torno al reconocimiento de su derecho a que se le
reliquiden y paguen las prestaciones sociales a él reconocidas y causadas desde el
1º de enero de 2013, con la inclusión de la bonificación judicial.
59. De otra parte, la Sala no encuentra acreditada la afectación de los derechos
al mínimo vital y a la vida digna del accionante que la exceptúe de la carga procesal
de acudir ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por las razones que a
continuación se enuncian:
60. En primer lugar, aún cuando la situación de salud que lo aqueja, constituye
un criterio relevante para definir la procedencia de la acción de tutela como lo alega
la parte actora, en el caso particular, la Sala no pasa por alto que desde el año 2010,
el accionante se encuentra vinculado a la Fiscalía General de la Nación, como fiscal
delegado ante los jueces Municipales y Promiscuos y que según el comprobante de
nomina que obra en el plenario devenga una suma superior a 12 salarios mínimos
legales mensuales vigentes. Esta suma de dinero, se considera que ha debido
asegurarle una subsistencia digna, para sufragar sus necesidades básicas.
61. En este punto, es importante recalcar que aunque la suma de dinero antes
mencionada no es indicativa de forma inequívoca de su capacidad económica, lo
cierto es que tampoco sería procedente presumir su falta de recursos para relevarlo
de presentar la demanda ejecutiva, cuando ha vivido por un largo periodo de tiempo
(alrededor de 13 años) con una prestación económica, frente a la cual, ni siquiera
se encuentra acreditado que le era insuficiente para solventar sus necesidades
básicas o que, por ejemplo, en la actualidad se encuentra en una situación particular
que le exigiera contar con mayores ingresos mensuales.
62. Al respecto, es preciso señalar que si bien el accionante en el escrito de tutela
menciona que en la actualidad tiene una serie de calamidades domesticas que
hacen que sus costos mensuales sean superiores al salario devengado,
argumentando que la orden de pago en sede de tutela lograría mitigar las deudas
asumidas; lo cierto es que la Sala no encuentra acreditado que, en razón de estas
circunstancias, su mínimo vital se haya visto afectado o en su defecto, que lo
devengado por él no sea suficiente para cancelar dichas acreencias y sufragar sus
necesidades básicas.
63. Tampoco puede desconocerse que la presente reclamación se efectúa sobre
una prestación económica extra. En ese orden, la bonificación judicial constituye un
ingreso complementario a favor del accionante que le permite gozar de un
emolumento adicional a cargo de la Nación10.
10 La bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación fue creada
mediante el Decreto 0382 de 2013. De acuerdo con el artículo 1º de esta disposición normativa, la
bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente,
mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año, al valor que se
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64. Por ello, la Sala considera que, en el presente caso, no bastaba con que el
accionante señalara que su derecho al mínimo vital se vio afectado para declarar la
procedencia de la acción de tutela. Por el contrario, era necesario acreditar, que aún
con otra prestación económica a su favor, carecía de los medios suficientes que le
impedían indiscutiblemente, esperar la emisión de una decisión dentro del proceso
ejecutivo relacionado con el pago por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre
la acreencia adeudada.
65. En segundo lugar, el accionante menciona que en razón de una condición de
salud que lo aqueja (oclusión ocular o trombo ocular), ha tenido que asumir de su
propio peculio la atención médica debido a las demoras en la atención por parte la
EPS a la que se encuentra afiliado. Sin embargo, la Sala no encuentra acreditado
en el plenario que el peticionario haya solicitado el servicio a la entidad prestadora
de salud y mucho menos la demora alegada y que por tal motivo haya tenido que
acudir a un médico particular para iniciar su tratamiento y adicional a ello, que no es
suficiente la suma de dinero que actualmente devenga para acudir a la prestación
de este último servicio mencionado.
66. Aunado a lo anterior, Sala no encuentra acreditado que, debido a la falta de
cumplimiento del fallo judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación, su
derecho a la salud se ha visto comprometido. Esto, porque no está probado que, en
razón de aquella actuación por parte de la entidad demandada, el accionante se
haya visto obligado, por ejemplo, a suspender su tratamiento médico, que como
bien lo señala el juez de tutela de primera instancia lo atiende de manera particular,
en razón de una decisión libre y consciente por parte del accionante de atender su
patología por fuera de la EPS.
67. Así las cosas, la Sala considera que en el presente asunto no se presenta un
perjuicio irremediable que amerite la intervención excepcional del juez de tutela
como garante de los derechos fundamentales, dado que quedó acreditado que el
accionante percibe un salario en razón de su cargo como Fiscal Delegado ante los
Jueces Municipales y Promiscuos que le permite satisfacer sus requerimientos
básicos para vivir dignamente, por lo que en ese contexto no se encuentra
comprometido el mínimo vital del señor Didier Roberto Muñoz Vélez.
68. En este escenario, la Sala no encuentra justificación alguna para intervenir
en el presente asunto, dado que no se advierte ninguna circunstancia que dé cuenta
de una grave e inminente vulneración de los derechos fundamentales, al punto que
se torne urgente e impostergable la actuación del juez constitucional.
fija para los Fiscales Delegados ante Jueces Municipales y Promiscuos así y se ajusta cada año a
partir del 2014 de acuerdo con la variación del IPC:
Año 2013: $587.756.
Año 2014: $1.153.072
Año 2015: 1.718.387
Año 2016: $2.283.702
Año 2017: $2.849.017
Año 2018: 3.414.332
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69. Así las cosas, la Sala confirmará el numeral 1º de la parte resolutiva de la
decisión del juez de tutela de primera instancia, que declaró improcedente la
solicitud de amparo por falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad.
70. No obstante, revocará el numeral segundo del fallo del 1º de diciembre de
2022 que negó el amparo de los derechos fundamentales del accionante. Lo
anterior, porque no encuentra motivo alguno para confirmar esta decisión, teniendo
en cuenta que no superó el juicio de procedibilidad, por lo que no es posible realizar
un pronunciamiento de fondo sobre la actuación de la Fiscalía General de la Nación.
71. Así, para esta Sección basta con declarar improcedente la acción de tutela
por falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en tanto que el accionante
cuenta con el proceso ejecutivo para ventilar sus pretensiones y no se encuentra
configurada la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Al efecto, es preciso señalar
que de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 son causales de
improcedencia de la tutela, entre otras, la existencia de otros recursos o medios de
defensa judicial11.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR el numeral primero de la sentencia del 1º de diciembre de
2022 dictada por el Tribunal Administrativo de Cauca que declaró improcedente la
acción de tutela, por los motivos expuestos en esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del 1º de diciembre de
2022 dictada por el Tribunal Administrativo de Cauca que negó el amparo de los
derechos fundamentales del accionante la acción de tutela, por los motivos
expuestos en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
11 Artículo 6º. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo a las circunstancias en que se encuentra
el solicitante.
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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