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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2023-00157-01

Fecha
17 de octubre de 2023
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2023-00157-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con las razones expuestas en la presente providencia. “El auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre ella. En este mismo auto el Juez o Magistrado Ponente deberá fijar la caución. La medida cautelar solo podrá hacerse efectiva a partir de la ejecutoria del auto que acepte la caución prestada. “Con todo, si la medida cautelar se solicita en audiencia se correrá traslado durante la misma a la otra parte para que se pronuncie sobre ella y una vez evaluada por el Juez o Magistrado Ponente podrá ser decretada en la misma audiencia. “Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto. Contra el auto que resuelva esta solicitud no procederá ningún recurso”. 11 Radicación número: 190012333000202300157 01 Accionante: Víctor Narváez Paredes Accionado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá Referencia: Acción de tutela SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 19001-23-33-000-2023-00157-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

17 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Radicación: 190012333000202300157 01
Demandante: Víctor Narváez Paredes
Demandada: Nación-Rama Judicial-Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá
Referencia: Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA - Improcedencia / INMEDIATEZ - No se cumple
el requisito porque la demanda de tutela se presentó después de cumplido el
término considerado como razonable / REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - El
accionante contaba con otro medio de defensa judicial y no hizo uso de él;
además, todavía puede acudir a los medios ordinarios.

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la impugnación presentada
por la actora contra la sentencia del 27 de agosto de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, que negó el amparo solicitado1.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 10 de agosto de 2023 el señor Víctor Narváez Paredes, en nombre propio,
instauró demanda de tutela contra la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso y de defensa.

2. Hechos relevantes

Mediante Resolución DESAJBOGCC22-7391 del 25 de agosto de 2022, se libró
mandamiento de pago en contra del hoy accionante por $11’000.000.

1
Que ingresó para fallo el 14 de septiembre de 2023.

1

Radicación número: 190012333000202300157 01
Accionante: Víctor Narváez Paredes
Accionado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

Afirmó que el 23 de noviembre de 2022 se enteró “de manera casual” del correo
electrónico remitido por la Administración Judicial de Bogotá, a lo cual contestó
mediante escrito contentivo de excepciones de mérito por falta de título
ejecutivo respecto del acto sancionatorio que se pretende hacer efectivo, dado
que no conoció el proceso de origen, “ni de las actuaciones de las que
eventualmente emerge la ejecución del cobro, esto es de un fallo de fecha del
26 de marzo de 2019 del juzgado 037 administrativo de Bogotá”.

Sobre este particular, indicó que no obtuvo contestación a dichas excepciones
y que no pudo llevarse a cabo el trámite ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo por esa misma situación.

Afirmó que la notificación de la Resolución DESAJBOGCC22-7391 del 25 de
agosto de 2022 no se agotó en legal forma, argumentando que el artículo 197
del CPACA, inciso segundo, obliga únicamente a las entidades públicas a tener
correo electrónico para efectos de notificación, lo cual no es su caso.

Adujo que la administración debía ceñirse a lo preceptuado en el artículo 565
parágrafo 4° del Estatuto Tributario para efectos de notificación en el proceso
adelantado en su contra; mencionó, además, que nunca dio su consentimiento
para la obtención de notificaciones electrónicas.

Finalmente, expuso que el título judicial se originó sin acatar el debido proceso
por parte del Juzgado 037 Administrativo de Bogotá y se desconocieron las
formas propias de cada juicio, a la defensa y a la contradicción en el proceso
iniciado en su contra.

3. Fundamentos de la demanda de tutela

La parte actora alegó que la Dirección Seccional de Administración Judicial libró
mandamiento de pago sin agotar el mecanismo legal de cobro persuasivo y,
además, la notificación personal desconoció el trámite legal pues jamás
manifestó su voluntad para que pudiera ser notificado electrónicamente,
omisiones que, en conjunto, vician el proceso de cobro coactivo.

2

Radicación número: 190012333000202300157 01
Accionante: Víctor Narváez Paredes
Accionado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

4. La admisión y el trámite de la demanda

Mediante auto de 23 de agosto de 2023, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
sin intervención.

5. La sentencia de primera instancia

A través de la sentencia del 27 de agosto de 2023, la Sala Segunda de Decisión
del Tribunal Administrativo del Cauca declaró improcedente la demanda de
tutela, toda vez que encontró que el mismo actor reconoció haber conocido de
la actuación atacada de violar sus derechos fundamentales, el 23 de noviembre
de 2022, pero sólo acudió a buscar la protección del Juez Constitucional en
agosto del siguiente año, lo cual -de entrada- permite observar una superación
del término permitido para que no se vulnere el principio de inmediatez de la
tutela.

6. La impugnación

La parte actora impugnó el fallo de tutela de primera instancia para señalar que
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá está
vulnerando sus derechos fundamentales, dado que, en los hechos de la
demanda, se expresó que contra la resolución N° DESAJBOGCC22-7391 por
medio de la cual se profirió mandamiento de pago en el proceso de cobro
coactivo No. 11001129000020220067100 se interpusieron excepciones por la
falta de mérito del título ejecutivo, las cuales no han sido resueltas.

Como consecuencia, adujo que esa pasividad de la Administración para
conceder o no el derecho, conduce a una espera interminable de una respuesta
que, en vez de producirse, se allana simplemente con la comunicación que
envían por medio electrónico del acto administrativo del 3 de mayo de 2023,
fecha desde la cual buscó defender su derecho a través de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, que fue negada porque, al trámite de la
acción, no se habían desatado las excepciones.

3

Radicación número: 190012333000202300157 01
Accionante: Víctor Narváez Paredes
Accionado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

Con el fin de verificar los hechos objeto de la demanda se profirió auto de
pruebas el 19 de septiembre del año en curso, como consecuencia, la
Coordinadora de Cobro Coactivo de la Dirección Seccional de Administración
Judicial Bogotá remitió copia del proceso coactivo N°
11001129000020220067100 en nombre del señor Víctor Narváez Paredes.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de inmediatez ni de
subsidiariedad, como pasa a explicarse.

En relación con el requisito de inmediatez2, debe indicarse que como requisito
de procedibilidad de la acción de tutela también se exige que su interposición
se haga dentro de un plazo razonable, contabilizado a partir del momento en el
que se generó la vulneración o amenaza de un derecho fundamental, de
manera que el amparo responda a la exigencia constitucional de ser un
instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente (CP art. 86), con miras a
asegurar la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o
amenaza3.

La Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios orientadores con el
propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: i) la situación personal del peticionario; ii) el momento en el que se
produce la vulneración; iii) la naturaleza de la misma; iv) la actuación contra la
que se dirige la tutela y v) los efectos de la tutela.

En el presente asunto, el actor afirmó que conoció de la resolución N°
DESAJBOGCC22-7391, por medio de la cual se libró mandamiento de pago en
el proceso de cobro coactivo No. 11001129000020220067100, a través de

2 Sentencias T-1140 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-279 de 2010, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto; T-832 de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-719 de
2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-138 de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
3 Precisamente, el artículo 86 dispone que: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar

ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales (…)”.

4

Radicación número: 190012333000202300157 01
Accionante: Víctor Narváez Paredes
Accionado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

correo electrónico del 23 de noviembre de 2022, sin que este fuera el
mecanismo adecuado, situación que a su juicio vulneró sus derechos
fundamentales.

Al verificar el procedimiento realizado por la Coordinadora de Cobro Coactivo
de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, se establece
que, en efecto, procedió a dar apertura al proceso coactivo N°.
11001129000020220067100 en nombre del señor Víctor Narváez Paredes
identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.527.521, emitiendo el oficio
persuasivo DESAJBOGCC22-6414 del 26 de julio de 2022, mediante el cual se
informó el inicio del proceso coactivo y se solicitaba el pago de la obligación.

Además, el 23 de noviembre de 2022, se remitió al correo personal del señor
Narváez Paredes la Resolución N° DESAJBOGCC22-7391, por medio de la
cual se libró mandamiento de pago en su contra, toda vez que, de conformidad
con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario4, no fue posible su
comparecencia para la notificación personal.

La Sala encuentra que la resolución cuestionada - DESAJBOGCC22-7391- fue
enviada al accionante a través de su correo electrónico5, de conformidad con
lo establecido en el Estatuto Tributario, el 23 de noviembre de 2022 y, en su
contra, solo procedía la interposición de excepciones, tal y como expresamente
se indicó en la resolución y de acuerdo con lo establecido en el mismo estatuto6.
Adicionalmente, se pudo verificar que el señor Narváez Paredes solo presentó
las excepciones en contra de la resolución que libró el mandamiento de pago

4
“ARTICULO 826. MANDAMIENTO DE PAGO. El funcionario competente para exigir el cobro
coactivo, producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones
pendientes más los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente al
deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el
término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por correo. En la misma forma
se notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores solidarios.
Cuando la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá informarse de
ello por cualquier medio de comunicación del lugar. La omisión de esta formalidad, no invalida
la notificación efectuada. PARAGRAFO. El mandamiento de pago podrá referirse a más de un
título ejecutivo del mismo deudor”.
5
El cual fue suministrado por la DIAN y el RUT, de acuerdo a la búsqueda de datos.
6
“ARTICULO 833-1. RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO.
[Adicionado por el artículo 78 de la Ley 6 de 1992. El nuevo texto es el siguiente:] Las
actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento administrativo de cobro, son de
trámite y contra ellas no procede recurso alguno, excepto los que en forma expresa se señalen
en este procedimiento para las actuaciones definitivas”.

5

Radicación número: 190012333000202300157 01
Accionante: Víctor Narváez Paredes
Accionado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

el 19 de enero de 20237, es decir, extemporáneamente, por cuanto la
notificación del mandamiento de pago fue realizada el 23 de noviembre de 2022
a las 8:12 a.m., y el término de los 15 días para presentar las excepciones
según el Estatuto Tributario8, empezaban a correr a partir del día hábil siguiente
al de la notificación, esto es, a partir del 24 de noviembre de 2022 hasta el 15
de diciembre de 2022 en horas hábiles de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sin que la
Dirección Seccional tuviera vacancia judicial.

Por tanto, a partir del 16 de diciembre de 2022 ese acto ya se encontraba en
firme; solo hasta agosto de 2023, 8 meses más tarde, el actor acudió a la
demanda de tutela, lo que se considera irrazonable para interponer la demanda
de tutela, como consecuencia, no se cumple con el requisito de inmediatez.

En cuanto al presupuesto de la subsidiariedad, el inciso 3 del artículo 86 de la
Constitución Política prevé que la acción de tutela “sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto
reglamentado por el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.

No obstante, el artículo 8 del mencionado decreto consagra que aun cuando el
afectado disponga de otro mecanismo de defensa judicial, la acción de tutela
procede para evitar un perjuicio irremediable.

La Corte Constitucional ha sostenido que para efectos de comprobar si se
cumple o no el requisito de la subsidiariedad no basta con la simple existencia
de otro mecanismo de defensa judicial, sino que se debe verificar que dicho
medio de defensa es idóneo y eficaz, porque en caso de no serlo, la acción de
tutela es el mecanismo indicado para proteger los derechos fundamentales y,
en ese sentido, evitar la materialización de un perjuicio irremediable 9.

En el caso concreto, se advierte que el actor, en su impugnación, sostuvo que
el silencio de la Administración frente a esas excepciones que presentó

7
Ver página 77 del proceso de cobro coactivo en la que se encuentra la constancia del correo
remisorio.
8
“ARTICULO 830. TERMINO PARA PAGAR O PRESENTAR EXCEPCIONES. Dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor deberá
cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrán
proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo siguiente”.
9
Sentencia T-065 de 2019.

6

Radicación número: 190012333000202300157 01
Accionante: Víctor Narváez Paredes
Accionado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

constituían una violación de sus derechos fundamentales; sin embargo, la Sala
observa que el actor contó con la posibilidad de interponerlas pero lo hizo por
fuera del término establecido en la ley para ello, tal y como quedó demostrado
con la copia del expediente del proceso adelantado en su contra10, por tanto, la
acción de tutela no puede ser ejercida para subsanar las omisiones o
equivocaciones de las partes en la respectiva actuación11.

De otra parte, el procedimiento administrativo de cobro coactivo se encuentra
regulado en el artículo 98 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Puntualmente, esta norma establece que las entidades públicas “deberán
recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que
presten mérito ejecutivo de conformidad con este Código. Para tal efecto, están
revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces
competentes”.

Así mismo, se ha precisado que prestan mérito ejecutivo los siguientes
documentos:

1. Los actos administrativos ejecutoriados que imponga a favor de las entidades
públicas la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos
previstos en la ley;

2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que
impongan a favor del tesoro nacional, o de las entidades públicas la obligación
de pagar una suma líquida de dinero;

3. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el
acto administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad. Igualmente lo

10
Con la constancia de la notificación a través de correo electrónico obrante a folio 45 del
proceso coactivo y del escrito remitido por la Dirección Seccional de Bogotá al señor Narváez
Paredes del 28 de abril del año en curso, en la cual le indican que las excepciones fueron
presentadas de forma extemporánea, de conformidad con el artículo 565 del Estatuto Tributario
(fls. 76 y 77 del proceso coactivo).
11 Sentencia T-735 de 17 de octubre de 2013 y sentencia T-335 de 2018 y Consejo de Estado,

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de
febrero de 2023, radicado 110010315000202206484 00, entre otras.

7

Radicación número: 190012333000202300157 01
Accionante: Víctor Narváez Paredes
Accionado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

serán el acta de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo
proferido con ocasión de la actividad contractual;

4. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por
cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo
ejecutoriado que declare la obligación;

5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor (artículo
99).

En cuanto al procedimiento del cobro coactivo, el artículo 100 del CPACA
consagra:

ARTÍCULO 100. REGLAS DE PROCEDIMIENTO. Para los
procedimientos de cobro coactivo se aplicarán las siguientes reglas:
1. Los que tengan reglas especiales se regirán por ellas.
2. Los que no tengan reglas especiales se regirán por lo dispuesto en este
título y en el Estatuto Tributario.
3. A aquellos relativos al cobro de obligaciones de carácter tributario se
aplicarán las disposiciones del Estatuto Tributario.

En todo caso, para los aspectos no previstos en el Estatuto Tributario o en
las respectivas normas especiales, en cuanto fueren compatibles con esos
regímenes, se aplicarán las reglas de procedimiento establecidas en la
Parte Primera de este Código y, en su defecto, el Código de Procedimiento
Civil en lo relativo al proceso ejecutivo singular.

El artículo 101 prevé que solo serán demandables ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo “los actos administrativos que deciden las
excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y
los que liquiden el crédito” y que “los procesos judiciales contra los actos
administrativos proferidos en el procedimiento administrativo de cobro coactivo
tendrán prelación, sin perjuicio de la que corresponda, según la Constitución
Política y otras leyes para otros procesos”.

Por su parte, el artículo 835 del Estatuto Tributario señala que “dentro del
proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la
Jurisdicción Contencioso - Administrativa las resoluciones que fallan las
excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda
no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que
exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción”.

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Accionante: Víctor Narváez Paredes
Accionado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

Sobre el particular, la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha sostenido:

4.2.2.- En principio, el artículo 101 ibídem sólo permite demandar el acto
que decide las excepciones siempre que sean a favor del deudor, a
diferencia de lo regulado en el artículo 835 del Estatuto Tributario que
permite demandar los actos que fallan las excepciones, ya sea que se
decidan a favor o en contra del deudor, norma ésta última que prima para
efectos tributarios, dada la especialidad de la regla, tal cual lo reconoce el
artículo 100 ibídem.

4.2.3.- Se dice que, en principio, porque no se encuentra explicación para
no haber incluido el acto que decide las excepciones en contra del deudor,
porque el Legislador, al anteponer el adverbio ‘sólo’ a la oración, excluye
del control jurisdiccional los demás actos que se dicten durante el trámite
de un proceso administrativo de cobro coactivo, salvo aquellas decisiones
que constituyan una decisión diferente a la simple ejecución de la
obligación tributaria, que crean, extinguen o modifican situaciones jurídicas
u obligaciones diferentes a la ejecutada, como jurisprudencialmente se ha
aceptado por esta Sección en vigencia del artículo 835 del Estatuto
Tributario que tiene una regulación similar a la actual de la Ley 1437.

Todo porque dentro del procedimiento administrativo de cobro pueden
expedirse actos administrativos que no versen sobre la ejecución
propiamente dicha de la obligación tributaria, pero que sí constituyen una
verdadera decisión de la Administración, susceptible del control
jurisdiccional, en tanto afectan derechos, intereses u obligaciones de los
contribuyentes o responsables del impuesto.

Por eso, en aras de la protección jurídica de controversias independientes
a la ejecución de la obligación tributaria, son demandables ante esta
jurisdicción los actos administrativos definitivos, expedidos por la
Administración Tributaria de conformidad con lo estipulado en el artículo
43 de la Ley 1437, tesis que reitera la Sección en esta providencia12.

En el mismo sentido, se indicó que “si bien, el artículo 835 del ET prescribe que
solo son «demandables ante la Jurisdicción Contencioso–Administrativa las
resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución»,
esta Sección ha precisado que el control judicial se amplía a otras actuaciones
que establezcan una obligación distinta a la simple ejecución de la deuda
tributaria…”13.

En ese sentido, la Sala considera que el accionante sí cuenta con otro medio
de defensa judicial idóneo, toda vez que el proceso iniciado en su contra aun

12
Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, providencia de
24 de octubre de 2013, radicado: 25000-23-27-000-2013-00352-01(20277).
13
Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto, providencia de 9
de septiembre de 2021, radicado: 66001-23-33-000-2014-00242-01 (25373).

9

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Accionante: Víctor Narváez Paredes
Accionado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

no ha finalizado, por tanto, las decisiones que ordenan llevar adelante la
ejecución y las que liquiden el crédito, que todavía no han sido proferidas y si
las considera contrarias a sus intereses, podrán ser cuestionadas a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 13814 del C.P.A.C.A., en el que, incluso, tiene la posibilidad de solicitar
el decreto de medidas cautelares (numeral 3 del artículo 23015) y, si la situación
lo amerita, se pueden adoptar las medidas cautelares de urgencia (artículo
23416).

14
“ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se
crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas
causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la
reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se
presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si
existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se
contará a partir de la notificación de aquel”.
15
“Artículo 230. CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Las medidas
cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán
tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez
o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:
“1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba
antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
“2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A
esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de
conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere
posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba
observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la
cual recaiga la medida.
“3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
“4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una
obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
“5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer
o no hacer.
“PARÁGRAFO. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte
elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad
competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar
su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de
la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el
ordenamiento vigente” (se destaca).
16
El artículo 233 del CPACA establece: “PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE LAS
MEDIDAS CAUTELARES. La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la
demanda y en cualquier estado del proceso.
“El Juez o Magistrado Ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr
traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en
escrito separado dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma independiente
al de la contestación de la demanda.
“Esta decisión, que se notificará simultáneamente con el auto admisorio de la demanda, no
será objeto de recursos. De la solicitud presentada en el curso del proceso, se dará traslado a
la otra parte al día siguiente de su recepción en la forma establecida en el artículo 108 del
Código de Procedimiento Civil.

10

Radicación número: 190012333000202300157 01
Accionante: Víctor Narváez Paredes
Accionado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

Así las cosas, resulta evidente que no le es dado al juez constitucional
pronunciarse sobre el fondo del asunto, toda vez que la acción de tutela no es
un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos
por la ley para defensa de los derechos de la ahora accionante, ni está instituido
para desconocer los mecanismos dispuestos para debatir posibles
irregularidades en la notificación de las actuaciones surtidas en el proceso
coactivo, adicionalmente, porque en el presente asunto no se advierte que se
haya presentado ninguna irregularidad en la notificación o en las actuaciones
posteriores por parte de la Administración.

Finalmente, debe precisarse que tampoco se demostró la existencia de una
circunstancia que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio para efectos de evitar un perjuicio irremediable.

De conformidad con lo anterior, la Subsección confirmará la decisión de primera
instancia, que declaró improcedente la petición de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de agosto de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con las razones
expuestas en la presente providencia.

“El auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10) días
siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre
ella. En este mismo auto el Juez o Magistrado Ponente deberá fijar la caución. La medida
cautelar solo podrá hacerse efectiva a partir de la ejecutoria del auto que acepte la caución
prestada.
“Con todo, si la medida cautelar se solicita en audiencia se correrá traslado durante la misma
a la otra parte para que se pronuncie sobre ella y una vez evaluada por el Juez o Magistrado
Ponente podrá ser decretada en la misma audiencia.
“Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado
hechos sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su
decreto. Contra el auto que resuelva esta solicitud no procederá ningún recurso”.

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Radicación número: 190012333000202300157 01
Accionante: Víctor Narváez Paredes
Accionado: Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio
más expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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