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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2024-00044-01

Fecha
30 de mayo de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2024-00044-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. 13 Radicación: 19001-23-33-000-2024-00044-01 Accionante: Julián David Orobio Pérez

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 19001-23-33-000-2024-00044-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

30 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 19001-23-33-000-2024-00044-01
Accionante: JULIÁN DAVID OROBIO PÉREZ
Accionados: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – Se confirma el fallo impugnado – Los obstáculos de índole
administrativo no pueden ser una justificación para negar el disfrute de las
vacaciones a que tienen derecho los servidores judiciales.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Popayán contra la sentencia de 6 de marzo de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Elseñor Julián David Orobio Pérez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la salud, al trabajo, a la igualdad y la dignidad humana, cuya
vulneración le atribuyó a la Resolución núm. 001 de 19 de febrero de 20241,
proferida por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Popayán, y a la presunta omisión de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Popayán de expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal para contratar su reemplazo durante el disfrute de sus vacaciones.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que se encuentra vinculado a la Rama Judicial en el cargo de oficial
mayor del Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
de Popayán.

1
“[…] POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA EL DISFRUTE DE VACACIONES A UN EMPLEADO […]” [Mayúscula original
del texto]

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2
Radicación: 19001-23-33-000-2024-00044-01
Accionante: Julián David Orobio Pérez

2.2. Informó que el 23 de enero del presente año le solicitó al Juez Octavo Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Popayán autorizar el disfrute
de sus vacaciones desde el 1° al 22 de abril de 2024, correspondiente al período
laborado entre el 23 de enero de 2023 al 23 de enero de 2024.

2.3. Relató que el 25 de enero de 2024 el Juez Octavo Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Popayán le solicitó a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Popayán expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal para contratar su reemplazo.

2.4. Señaló que, mediante Oficio núm. DESAJPOO24-179 de 19 de febrero de 2024,
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Popayán negó la expedición de
dicho certificado, bajo el argumento de que “[…] la figura del reemplazo por
vacaciones contenida en la Circular 44 de 2011, solo es aplicable a Funcionarios
Judiciales en los términos allí contemplados y teniendo en cuenta que es el
procedimiento que la Dirección Ejecutiva Seccional debe aplicar, no es posible
tramitar Certificado de Disponibilidad Presupuestal para el cargo que usted refiere,
[…]”.

2.5. Indicó que, en atención a la anterior respuesta, el Juez Octavo Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Popayán, mediante la Resolución núm.
001 de 2024, le negó el disfrute de sus vacaciones por necesidad del servicio.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. ORDENAR al Juez Octavo Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Popayán, que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación del fallo de tutela, conceda, a través
de acto administrativo motivado, mis vacaciones solicitadas a partir del 1 de
abril de 2024.

2. ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
• Popayán que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de
la notificación del fallo de tutela, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la
DIRECCION [sic] EJECUTIVA DE ADMINISTRACION [sic] JUDICIAL
(UNIDAD DE PLANEACION [sic] O A LA DEPENDENCIA QUE
CORRESPONDA), la autorización para la expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal, para que el Juez Octavo Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Popayán, adopte las medidas que se
requieren para proveer el reemplazo de mi cargo (Oficial Mayor Nominado),
ante la salida de mis vacaciones, a partir del 1 de abril de 2024 […]”. [Negrilla y
mayúscula original del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 21 de febrero de 2024, el Magistrado del Tribunal Administrativo
del Cauca a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente acción de
tutela.

3
Radicación: 19001-23-33-000-2024-00044-01
Accionante: Julián David Orobio Pérez

5. Mediante auto de 9 de mayo de 2024 se dispuso remitir el proceso de la referencia
al “[…] despacho del Consejero de Estado que sigue en turno, doctor GERMÁN
EDUARDO OSORIO CIFUENTES […]”, en razón a que no obtuvo mayoría la
ponencia presentada.

V. INTERVENCIONES

6. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se allegaron
los siguientes informes:

6.1. El Juez Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Popayán expuso que, a pesar de que entiende y reconoce el derecho al descanso
del señor Julián David Orobio Pérez, ese Despacho se vio en la necesidad de negar
la solicitud de vacaciones “[…] por no contarse con el personal que pueda suplir la
ausencia del accionante, atendiendo que el Juzgado […] solo cuenta dentro de su
planta de personal con tres cargos, a saber, Juez, Secretario y Oficial Mayor, y que
debemos atender acciones de tutela, hábeas corpus, control garantías URI y
programadas, y turnos de atención en fines de semana de funciones de control de
garantías, por lo que se hace necesario contar con un reemplazo, pues sin él se
generaría un caos de gran magnitud, puesto que las funciones desempeñadas por
el accionante no pueden ser delegadas a la Secretaría, por la carga laboral que éste
tiene también sobre el cumplimiento de sus funciones […]”.

6.2. El Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, a través del presidente de
dicha Seccional, solicitó su desvinculación del trámite de la acción de tutela, toda
vez que de conformidad con la Ley 270 de 7 de marzo de 19962 los Consejos
Seccionales de la Judicatura no tienen funciones presupuestales y que dicha
función está asignada al Director de Administración Judicial de la Rama Judicial y a
los Directores Seccionales de Administración Judicial, quienes son los ordenadores
del gasto.

6.3. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Popayán, a través de
apoderado judicial, señaló que en cumplimiento a la Circular PSAC11-44 de 23 de
noviembre de 20113 y del Oficio DEAJRH13-493 de 24 de enero de 2013, expedido
por la Unidad de Recursos Humanos de la DEAJ, “[…] la figura del reemplazo por
vacaciones […] solo es aplicable a Funcionarios Judiciales en los términos allí
contemplados y teniendo en cuenta que es el procedimiento que la Dirección
Ejecutiva Seccional debe aplicar, no es posible tramitar Certificado de Disponibilidad
Presupuestal hasta tanto la Dirección Ejecutiva en Bogotá autorice […]”.

6.4. Finalmente,
informó que ya se expidió el certificado de disponibilidad
presupuestal para el pago de las vacaciones y prima vacacional de Julián David
Orobio.

2
“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.
3
“PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES DEL RÉGIMEN DE VACACIONES
INDIVIDUALES”.

4
Radicación: 19001-23-33-000-2024-00044-01
Accionante: Julián David Orobio Pérez

VI. EL FALLO IMPUGNADO

7. Mediante fallo de tutela de 6 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo del
Cauca amparó los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y
justas, a las vacaciones, a la dignidad humana y a la igualdad del señor Julián David
Orobio Pérez, al considerar que “[…] está en juego la salud mental y física de un
servidor judicial, que solicita se le permita disfrutar de su derecho al descanso
remunerado y el cual se le niega por no existir disponibilidad presupuestal para el
pago de una persona que la reemplace y asuma su carga laboral, por no regularse
esta figura para el caso de los empleados judiciales en la Circular 44 de 2011 […]”.

8. Asimismo refirió que, “[…] [n]o es desconocido para la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial, el gran cumulo [sic] de trabajo que se
encuentra en los diferentes despachos judiciales del país, por lo que resulta
traumático que falte uno solo de los servidores judiciales, pues implica un mayor
represamiento de los procesos de quienes reclaman justicia; de allí la importancia
de que se provean los recursos para la designación de un reemplazo de quien habrá
de gozar de sus vacaciones, precisamente con el único fin de que no se aumente la
congestión y que se siga prestando el servicio de manera normal y sin ningún tipo
de interrupción, como lo exigen los usuarios […]”.

9. Por lo anterior, como medida de restablecimiento de las garantías constitucionales
vulneradas, dispuso lo siguiente:

“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al trabajo en
condiciones dignas y justas, a las vacaciones, a la dignidad humana y a la
igualdad del señor Julián David Orobio Pérez, identificado con la cédula de
ciudadanía No 1.061.793.851, vulnerados por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Popayán, por lo expuesto.

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Popayán que en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas
a partir de la notificación de la presente sentencia, adelante las gestiones que
garanticen de forma efectiva el derecho a las vacaciones del señor Julián David
Orobio Pérez, y de igual forma prevenga cualquier barrera administrativa para
el disfrute de las mismas. Contará con un plazo máximo de treinta (30) días
siguientes a la notificación de esta providencia, para proveer los recursos
necesarios para garantizar el disfrute de las vacaciones del actor y designar un
empleado encargado de su remplazo durante tal periodo.

TERCERO: ORDENAR al Juzgado 8° Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Popayán, para que, inmediatamente a la apropiación
presupuestal que garantice el disfrute y nombramiento del remplazo del oficial
mayor de su despacho, disponga la salida a vacaciones del señor Julián David
Orobio Pérez.

CUARTO: DESVINCULAR de esta actuación al Consejo Superior de la
Judicatura – Seccional Cauca, por no ser sujeto vulnerador de los derechos
fundamentales del actor […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto]

5
Radicación: 19001-23-33-000-2024-00044-01
Accionante: Julián David Orobio Pérez

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

10. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Popayán, a través de
apoderado judicial, impugnó el fallo de primera instancia indicando que “[…] tal
como se expuso ampliamente y con fundamento en extensa y reciente
jurisprudencia, nos imposibilita la expedición de CDP no solo porque dichos rubros
no se encuentran contemplados para gastos de vacaciones individuales de los
servidores judiciales, sino que obedece al cumplimiento de la Circular PSAC11-44
del 23 de noviembre de 2011, mediante la cual fijó la “Programación de Vacaciones
de los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones individuales”, la cual
continúa vigente […]”.

11. Agregó que “[…] la negativa de la expedición de CDP en estos casos, no obedece
a falta de interés en el tema o falta de gestión ante el nivel central que configure una
negligencia administrativa, sino al manejo administrativo y presupuestal que se ha
dado históricamente al disfrute de vacaciones en todas las entidades del Estado
Colombiano, en efecto, no se tiene presupuestado pagar doble erogación por
vacaciones de las plantas de personal de las entidades públicas, utilizando las
figuras legales de las vacaciones colectivas y el encargo, como herramientas
administrativas para este fin […]”

12. Como fundamento de lo anterior, solicitó que “[…] se REVOQUE la Sentencia de
primera instancia, en la medida en que esta Dirección Seccional, no ha violado los
Derechos Fundamentales señalados en el libelo y contrario a ello cumple con
estrictez las directrices legales y las emitidas por el Consejo Superior de la
Judicatura […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20216, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20197.

VIII.2. Problemas jurídicos

14. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado

4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

6
Radicación: 19001-23-33-000-2024-00044-01
Accionante: Julián David Orobio Pérez

debe ser confirmado, modificado o revocado, la Sala debe establecer si existe una
vulneración de los derechos fundamentales del señor Julián David Orobio Pérez,
con ocasión de la Resolución núm. 001 de 2024, proferida por el Juzgado Octavo
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Popayán, y a la presunta
omisión de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Popayán de expedir
el certificado de disponibilidad presupuestal para contratar su reemplazo durante el
disfrute de sus vacaciones.

15. Conel fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las
vacaciones de los empleados judiciales; para luego proceder a (ii) resolver el caso
concreto.

VIII.3. Derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las vacaciones de los
servidores judiciales

16. La Constitución Política prevé, en su artículo 25, que el trabajo es un derecho y
una obligación social que goza de especial protección por parte del Estado.
Asimismo, señala que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.

17. Por su parte, el artículo 53 superior detalla varias garantías fundamentales de
obligatoria e ineludible observancia, entre las que se encuentran: el derecho a la
igualdad de oportunidades y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales. Igualmente, establece como una garantía mínima
en favor de los trabajadores, la concerniente al descanso remunerado, el cual tiene
como propósito que el empleado recupere las energías ante el desgaste normal de
las mismas originado por la actividad laboral.

18. Al respecto, la Corte Constitucional ha definido las vacaciones como:

“[…] [U]n derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que
el reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el
empleado renueve la fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus
actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre sueldo sino un derecho
a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en dinero de las
vacaciones está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la
ley, puesto que la finalidad es que el trabajador efectivamente descanse. Una
de las situaciones de excepción es en caso de que los trabajadores se
desvinculen del servicio, y no hayan gozado de su derecho al descanso
remunerado, pueden recibir una indemnización monetaria […]”8. [Negrilla fuera
del texto]

19. Aunado a lo anterior, la citada corporación ha sostenido que: “[…] uno de los
derechos fundamentales del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el
Diccionario de la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga […]”9.

8
Corte Constitucional. Sentencia C-598 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; 20 de noviembre de 1997.
9
Corte Constitucional. Sentencia C-710 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía; 9 de diciembre de 1996.

7
Radicación: 19001-23-33-000-2024-00044-01
Accionante: Julián David Orobio Pérez

20. En efecto, la naturaleza iusfundamental de este derecho se deduce de la
interpretación sistemática10 de los artículos 1º, 25 y 53 de la Constitución Política,
en tanto el descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y
constituye uno de los principios mínimos fundamentales del trabajo.

21. Ahora bien, el régimen de vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial se encuentra establecido en el artículo 146 de la Ley 270 de 7 de
marzo de 199611, en los siguientes términos:

“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán
colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores
y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades
del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la
Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el
respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días
continuos por cada año de servicio […]”.

22. Cabe resaltar que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del citado
artículo, precisó lo siguiente:

“[…] Según se señaló a propósito del artículo 12 del presente proyecto de ley,
el ejercicio de la función pública y permanente de administrar justicia deberá
realizarse “con las excepciones que establezca la ley” (Art. 228). Significa ello,
como se explicó, que el legislador tiene plena competencia para determinar
los casos en que la rama judicial pueda cesar transitoriamente sus
actividades, en las mismas condiciones que las normas laborales lo
establecen para los demás funcionarios del Estado y los particulares. Así,
entonces, puede la ley -o en su defecto la autoridad competente- fijar o
modificar, dentro de unos márgenes razonables, los horarios de trabajo,
disponer los días de descanso y determinar los períodos de vacaciones -
individuales o colectivas-, sin que ello atente o comprometa el carácter de
permanente que la Carta Política le ha dado a la administración de justicia […]”.
[Negrilla fuera del texto]

23. A partir de lo anterior, se puede concluir que, en atención al contenido del artículo
146 de la Ley 270 de 1996, el régimen de vacaciones de los empleados de la Rama
Judicial se escinde en dos modalidades, a saber: a) los servidores que disfrutan sus
vacaciones de manera colectiva, y b) los empleados cuyo régimen vacacional es
individual y que pertenecen a la “[…] Sala Administrativa de los Consejos Superiores
y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses […]”.

10
Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-024 de 1998 M.P.
Hernando Herrera Vergara.
11
“Estatutaria de la Administración de Justicia”.

8
Radicación: 19001-23-33-000-2024-00044-01
Accionante: Julián David Orobio Pérez

24. Sin embargo, en ambos supuestos, el empleado de la Rama Judicial se hace
merecedor del derecho a disfrutar de sus vacaciones, el cual se considera
fundamental e irrenunciable y, por tanto, su afectación debe ser protegida a través
de la acción de tutela.

VIII.4. El caso concreto

25. Elseñor Julián David Orobio Pérez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la salud, al trabajo, a la igualdad y la dignidad humana, cuya
vulneración le atribuyó a la Resolución núm. 001 de 2024, proferida por el Juzgado
Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Popayán, y a la
presunta omisión de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Popayán
de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para contratar su reemplazo
durante el disfrute de sus vacaciones.

VIII.4.1. De la vulneración al derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de
las vacaciones de los empleados judiciales en el sub lite

26. La autoridad judicial de primera instancia concedió el amparo solicitado, luego de
considerar, que existe “[…] cumulo [sic] de trabajo que se encuentra en los
diferentes despachos judiciales del país, por lo que resulta traumático que falte uno
solo de los servidores judiciales, pues implica un mayor represamiento de los
procesos de quienes reclaman justicia; de allí la importancia de que se provean los
recursos para la designación de un reemplazo de quien habrá de gozar de sus
vacaciones, precisamente con el único fin de que no se aumente la congestión y
que se siga prestando el servicio de manera normal y sin ningún tipo de interrupción,
como lo exigen los usuarios […]”.

27. Como consecuencia de lo expuesto, se ordenó a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Popayán que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir del día siguiente a la notificación de esa decisión, adelantara las
gestiones necesarias para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para
garantizar el reemplazo del accionante, durante el periodo de sus vacaciones y, al
Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Popayán que, una vez recibiera el CDP, le concediera las vacaciones al accionante.

28. La entidad impugnante solicitó que se revocara el fallo de primera instancia al
considerar que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante porque
de conformidad con lo dispuesto en la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de
2011 dichos rubros no se encuentran contemplados para gastos de vacaciones
individuales de los funcionarios judiciales y adicionalmente no cuentan con
presupuesto para pagar doble erogación por vacaciones.

29. LaSala empieza por advertir que, en el caso de autos, lo pretendido por el
accionante es gozar de las vacaciones a las que tiene derecho por haber laborado
entre el 23 de enero de 2023 al 23 de enero de 2024.

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Radicación: 19001-23-33-000-2024-00044-01
Accionante: Julián David Orobio Pérez

30. En ese sentido, las vacaciones, de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, deben ser entendidas como un derecho de naturaleza fundamental
y una garantía mínima del trabajador, pues a través de este se busca la
recuperación de las energías del empleado afectadas con ocasión del desgaste
físico y mental producto del cumplimiento de las labores asignadas por el
empleador. Significa lo anterior, que en esta ocasión la acción de tutela constituye
un mecanismo idóneo para proteger la posible afectación de una garantía
constitucional.

31. En múltiples ocasiones esta Sección12 ha desatado asuntos similares al presente
accediendo a las solicitudes de amparo y, como consecuencia de ello, se ha emitido
órdenes para que se asignen los recursos necesarios, para que se pueda expedir
el certificado de disponibilidad presupuestal que permita la vinculación de una
persona que cubra la ausencia de los accionantes, por encontrarse disfrutando sus
vacaciones.

32. Valga mencionar que el fundamento del amparo en dichas oportunidades
consistió en que: “[…] los asuntos de índole administrativo no pueden afectar el
derecho al goce y disfrute del período vacacional que legalmente les asiste a los
trabajadores […]”13. En efecto, en sentencia de 1.° de julio de 2021, esta Sala de
Decisión explicó lo siguiente:

“[…] [V]isto el marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio,
la Sala también comparte el criterio de la Sección Cuarta, en el sentido de que
las circunstancias administrativas no se compadecen con el derecho al
goce y disfrute del período vacacional que legalmente le asiste al actor,
teniendo en cuenta la injerencia del derecho a las vacaciones en el
derecho al trabajo en condiciones dignas, donde el descanso constituye una
garantía fundamental del empleado, además de una prestación social y un
derecho económico relacionado con la salud y la seguridad social de las
personas.
[…]

En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta de
restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar el
tutelante, por cuanto ello no implica que se puedan soslayar las
dificultades que la carga laboral, la insuficiencia de recursos, y algunas
veces, la acción desprendida y descuidada de quienes tienen a su cargo
la organización de los asuntos administrativos, de recursos humanos y
presupuestales de la rama, puedan proyectarse sobre los derechos de quienes
laboran en los despachos judiciales […]”14. [Negrilla fuera del texto]

12
Ver, entre otras, las siguientes sentencias: i) de 5 de julio de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-02681-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; ii) de 11 de octubre de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-04170-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; iii) de 8 de mayo de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01627-00, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez; iv) de 1° de julio de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; v) de 11 de noviembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04335-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; vi) de 20 de enero de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés y vii) de 9 de junio de 2022, expediente número 25000-23-15-000-2022-00451-01, Hernando Sánchez
Sánchez.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de enero de 2022, expediente
número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de julio de 2021, expediente
número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

10
Radicación: 19001-23-33-000-2024-00044-01
Accionante: Julián David Orobio Pérez

33. Siguiendo esa misma línea argumentativa, esta Sección15 así como la
Subsección “B” de la Sección Segunda16, la Sección Cuarta y la Sección Quinta del
Consejo de Estado, han venido sosteniendo el criterio consistente en que los
asuntos de índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del
período vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, por lo que, como
medida de protección del derecho, resulta procedente que el juez constitucional
ordene adelantar las gestiones pertinentes para obtener la expedición del CDP.

34. Teniendo en cuenta lo anterior, en criterio de la Sala existe una vulneración de
los derechos fundamentales del señor Julián David Orobio Pérez, porque el
accionante no ha podido disfrutar de su periodo vacacional.

35. En este punto, resulta necesario precisar que es competencia de las direcciones
seccionales de administración judicial de la Rama Judicial “[…] [a]ctuar como
ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan
[…]”.

36. Por otro lado, la Corte Constitucional en sentencia SU-296 de 202317 puntualizó
que para garantizarle al empleado el disfrute de su derecho fundamental al
descanso, es necesario que durante el tiempo que duren las vacaciones se le
asignen las funciones a otra persona, para evitar que cuando este se reincorpore a
sus labores tenga tareas represadas que afecten su salud física y mental. Al
respecto se indicó:

“[…] 224. Para concluir este apartado, la Sala sostuvo que el Estado debe
encontrar fórmulas de arreglo que concilien estos dos intereses: los derechos
de sus servidores y la prestación continua de un servicio público esencial como
la administración de justicia. Sin que lo segundo pueda alcanzarse en desmedro
de lo primero, so pena de transgredir los derechos fundamentales al descanso
y a la dignidad humana de la población trabajadora vinculada a la administración
de justicia, pues las razones de índole administrativa no pueden ser utilizadas
de manera arbitraria para desconocer estos derechos.

225. En tercer lugar, al abordar la descripción del trámite administrativo que
actualmente regula la concesión de vacaciones a los empleados y funcionarios
judiciales cuyo régimen de vacaciones es individual, previsto en la Circular
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, expedida por el Consejo Superior de
la Judicatura, encontró que el reglamento administrativo que actualmente rige
en este asunto no regula el trámite administrativo de concesión de vacaciones
individuales a empleados judiciales, pues únicamente se refiere de forma
expresa al procedimiento para la concesión de vacaciones individuales a los
funcionarios judiciales de dicho régimen.

226. En cuarto lugar, al analizar los casos en concreto, la Sala encontró que la
situación administrativa a la cual se enfrentan los diferentes nominadores como
directores de los despachos judiciales es compleja y refleja que su negativa a
conceder las vacaciones a los actores no es necesariamente caprichosa e
injustificada, como lo afirman las diferentes DESAJ. Para arribar a esta

15
20 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-04569-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de junio de
2021, expediente número 05001-23-33-000-2021-00738-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
17
Comunicado núm. 25 de 2 y 3 de agosto de 2023, en la cual se expone en síntesis los fundamentos de la Sentencia SU
296/23, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar, Expedientes: T-8.735.764 (AC).

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Radicación: 19001-23-33-000-2024-00044-01
Accionante: Julián David Orobio Pérez

conclusión, tuvo en cuenta que, ante la negativa de las DESAJ a conceder los
certificados de disponibilidad presupuestal, el nominador se encuentra forzado
a elegir entre garantizar el adecuado funcionamiento del despacho a su cargo y
la satisfacción de los derechos laborales de los empleados que lo conforman.
Esto, porque los despachos judiciales cuyo régimen de vacaciones es individual
tienen una característica en común que se refiere a la urgencia, importancia y
volumen de los asuntos que deben tramitar de forma ininterrumpida, lo cual
implica, además, la necesidad de garantizar la evacuación expedita de los
trámites a su cargo.

[…]

228. A partir de lo anterior, concluyó que en los casos analizados tanto las
DESAJ como el Consejo Superior de la Judicatura han contribuido a la
vulneración del derecho fundamental al descanso de los actores, pues no lo han
garantizado en debida forma. Frente a este aspecto, insistió en que a las
autoridades administrativas de la Rama Judicial les corresponde, por mandato
constitucional y legal, procurar la protección de los trabajadores judiciales y el
adecuado funcionamiento de la administración de justicia. De esta manera, se
planteó que los argumentos que aducen la ausencia de regulación del trámite
administrativo de concesión de vacaciones por parte del Consejo Superior de la
Judicatura, así como la inferencia de su prohibición tácita para el caso de la
contratación de remplazos para los empleados judiciales, desatienden las
obligaciones que le son exigibles a estas entidades frente a los derechos de los
funcionarios y empleados judiciales. Esto se ve intensificado por el hecho de
que en varios de los casos los actores cuentan con más de dos periodos de
vacaciones acumulados e, incluso, han tenido que recurrir en más de una
ocasión a la presentación de tutelas para que se les concedan las vacaciones.

229. A juicio de la Corte, tanto los empleados como los funcionarios judiciales
contribuyen en conjunto al funcionamiento efectivo y eficiente del sistema
judicial. Por lo tanto, garantizar un enfoque coherente y equitativo en cuanto al
descanso remunerado no solo apunta a proteger los derechos individuales de
los trabajadores, sino también a fortalecer la salud y el bienestar general del
sistema judicial. De manera que resulta inadmisible que, al amparo de una
supuesta ausencia de regulación del trámite administrativo, se dispensen
tratamientos diferenciados en la garantía de los derechos fundamentales entre
los funcionarios y empleados judiciales, así como entre aquellos que pertenecen
al régimen individual y los que están vinculados a juzgados cuyo régimen
vacacional es colectivo. Aunque la Circular PSAC11-44 del Consejo Superior
de la Judicatura no regula el trámite para la concesión de vacaciones
individuales a los empleados judiciales, la Sala afirmó que esto no significa que
aquellos no tengan derecho a que se programen sus vacaciones o a ser
remplazados durante el periodo en el cual disfrutan de dicha prestación, pues
ni la referida circular reglamenta el asunto ni lo prohíbe, como parecieran
entenderlo las DESAJ en sus respuestas durante los diferentes trámites de
tutela.

[…]

233. De este modo, al margen de los remedios judiciales a adoptar en cada
expediente en específico, la Sala encontró necesario impartir una orden al
Consejo Superior de la Judicatura para que, en un plazo que no exceda los seis
(6) meses contados a partir de la notificación de esta providencia, y previa
consulta y o participación de los jueces, adopte la reglamentación necesaria
para garantizar la efectividad del derecho a las vacaciones que se ejerzan en
forma individual al interior de la Rama Judicial, y, a partir de la debida
planeación, se prevenga la aplicación de razones de orden presupuestal,
logístico o administrativo como barreras para el disfrute de dicho derecho. Esta

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Radicación: 19001-23-33-000-2024-00044-01
Accionante: Julián David Orobio Pérez

reglamentación debe ser integral y suficiente para proteger y promover el
derecho al trabajo de los funcionarios y empleados judiciales en condiciones
dignas, lo cual debe comprender aspectos como el descanso, la salud mental y
física, el equilibrio entre la vida laboral y personal y la prevención del
agotamiento laboral […]”. [Subrayado fuera del texto]

37. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que al accionante se le negó el disfrute de
sus vacaciones individuales con fundamento en la falta de expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal para contratar a su reemplazo, la Sala concluye, al
igual que el a quo, que se transgredió su derecho al descanso, cuya vulneración es
imputable a la entidad impugnante porque, tal como se precisó la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Popayán tiene la competencia de asignar
los recursos, con el fin de que se pueda contratar el reemplazo del accionante
durante el periodo vacacional.

38. En ese sentido, y si bien es cierto la impugnante no fue la que expidió la
resolución que negó las vacaciones solicitadas por el señor Julián David Orobio
Pérez, también lo es que ésta tiene la competencia de asignar los recursos a los
despachos judiciales, para que puedan contratar los reemplazos de los servidores que
soliciten el disfrute de sus vacaciones.

39. Conbase en las consideraciones expuestas, la Sala confirmará el fallo
impugnado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de marzo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

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Radicación: 19001-23-33-000-2024-00044-01
Accionante: Julián David Orobio Pérez

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto parcial

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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