Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2024-00115-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2024-00115-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 19001-23-33-000-2024-00115-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 190012333000202400115-01
Demandantes: Jaime Andrés Ardila Quintero y otros1
Demandados: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán
– E.P.C.A.M.S Popayán
Tema: Derechos e intereses colectivos de los consumidores y usuarios; persona
privada de la libertad; garantías de la persona privada de la libertad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por los actores contra la
sentencia de 7 de noviembre de 2024 proferida por la Sala de Decisión núm. 006
del Tribunal Administrativo del Cauca.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii)
consideraciones de la Sala; y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Jaime Andrés Ardila Quintero, Apolinar Ávila Nieve y William Vanegas
Arenas, en ejercicio del respectivo medio de control, presentaron demanda2 contra
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC – EPCAMS Popayán, con el
objeto de lograr la protección del derecho e interés colectivo de los consumidores y
usuarios, en relación con la venta de productos en el área de expendio por
1
Apolinar Ávila Nieve y William Vanegas.
2
En su condición de personas privadas de la libertad, presentaron demanda el 31 de mayo de 2024 ante los Juzgados
Administrativos de Popayán.
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sobrecostos en su precio e irregularidades en el cobro del impuesto sobre las
ventas.
Pretensiones
2. Los actores formularon las siguientes pretensiones:
“[…] Señorías:
Solicitamos aprovar esta acción popular en contra de el (sic) INPEC Popayan (sic)
– Cauca para que se garanticen nuestros derechos constitucionales y además para
que se suministren las investigaciones y sanciones que estos delitos conyeven
(penal y administrativos). Que se den garantías procesales a la auditoria (sic)
solicitada […]”3.
Presupuestos fácticos
3. Los actores indicaron, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
3.1. Manifestaron que, en múltiples oportunidades, han acudido a los funcionarios
encargados de la dirección del establecimiento penitenciario y de la coordinación de
proyectos productivos anteriores y actuales, con el propósito de denunciar las
falencias en materia de fraude y el continuo “robo” que se presenta en la venta de
productos como pollo y panadería adquiridos por las personas privadas de la
libertad.
3.2. Indicaron que, la respuesta que se les proporciona es que los cobros son
correctos porque los productos están grabados por el Impuesto Nacional al
Consumo con una tarifa del 8% y el impuesto a los productos comestibles, ultra
procesados industrialmente y y/o con alto contenido de azucares añadidos sodio o
grasas saturadas cuyo impuesto está estructurado así, para el año 2023 con una
tarifa inicial del 10%, para el año 2024 con un aumento del 15% y finalmente para
el 2025, con una tarifa del 20%.
3.3. Argumentaron que, los productos que se venden por medio del expendio no
son variados y muestran un alto porcentaje de sobre costos y se encuentran
monopolizados por el establecimiento penitenciario.
3.4. Manifestaron que la acción tiene el propósito de que no se produzcan más
fraudes o robos continuos, como se prueba con los recibos de venta elaborados y
3
Transcripción literal con errores ortográficos. Tomada de la demanda. Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión
Judicial, SAMAI. Índice 00002.
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entregados a las personas privadas de la libertad, donde se presenta un valor del
impuesto sobre las ventas de 0 pesos, pero al final en el total de la venta si son
sumados.
Contestaciones de la demanda4
4. El Instituto Nacional Penitenciario – INPEC - Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad – EPCAMS Popayán5
contestó la demanda, se opuso a las pretensiones formuladas, así:
4.1. Indicó que realizó la verificación respecto de si existían denuncias en relación
con el hurto o fraude ejecutado por funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia
en el área de expendio, encontrando que no se ha reportado ninguna.
4.2. Expuso que, los expendios de los establecimientos carcelarios que funcionan
a nivel nacional fueron creados por la Ley 65 de 1993, la cual indica que la dirección
de cada centro de reclusión organizará por cuenta de la administración, el expendio
de artículos de primera necesidad y uso personal para los detenidos y condenados,
además que, está prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas y en ningún
caso se podrá establecer expendios como negocio propio de los internos o de los
empleados.
4.3. Argumentó que, en relación con el cobro que mencionan los actores, en
específico en relación con el señor Jaime Andrés Ardila Quintero, ya se había
presentado una acción de tutela para pretender la protección a su derecho
fundamental de petición y devolución del impuesto sobre las ventas con radicado
número 19001310300320240010500 del Juzgado 3 Civil del Circuito de Oralidad de
Popayán, el cual, mediante sentencia de 7 de junio de 2024, resolvió no tutelar los
derechos constitucionales.
4
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002.
5 Por medio de auto de 13 de junio de 2024 el Tribunal Administrativo del Cauca dispuso la admisión de la
demanda y ordenó la notificación al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC – EPCAMS POPAYÁN.
Cfr. Cuaderno principal – Gestión del Tribunal, SAMAI. Índices 00004 y 00008. La Directora de la Cárcel y
Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad Popayán contestó la demanda. El artículo 30 del Decreto 4151 de
3 de noviembre de 2011 “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
INPEC, y se dictan otras disposiciones” establece como funciones de los establecimientos de reclusión la
ejecución de los proyectos y programas de atención integral, rehabilitación y tratamiento penitenciario, además
de la atención a las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. El Decreto 2160 de 30
de diciembre de 1992, en el artículo 31 determina que la estructura del INPEC “deberá propender por la
descentralización y desconcentración de funciones”. Por su parte la Ley 65 de 19 de agosto de 1993 determina
en el artículo 87 que el director de cada establecimiento de reclusión previa delegación del Director General del
INPEC podrá celebrar convenios o contratos con el fin de garantizar el mantenimiento y funcionamiento del
centro de reclusión. En línea con lo anterior, se expidió la Resolución núm. 002827 del 30 de marzo de 2023
por medio de la cual se delegan unas funciones en materia contractual y materia de ordenación del gasto y
pago a los directores de los establecimientos carcelarios.
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4.4. Consideró que, la presente acción constitucional obedece a la medida
adoptada por la Cárcel y Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Popayán,
consistente en los Impuestos ICUI6 y el Impuesto al Consumo que se está aplicando
a la compra de los diferentes alimentos que son elaborados en los proyectos de
panadería, asadero y lácteos del establecimiento de reclusión.
4.5. Señaló que el mencionado establecimiento, se encuentra adscrito al INPEC
y al Ministerio de Justicia, en consecuencia, está subordinado a las instrucciones y
directrices de las entidades mencionadas, las cuales están sujetas a cumplir con las
normas decretadas por el gobierno nacional y a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN.
4.6. Mencionó que, en relación con el cobro indiscriminado en el valor de algunos
productos como el pollo y la gaseosa que se indican en el escrito, estos se
encuentran ajustados a derecho, puesto que para el valor que se cobra en el pollo,
este viene sin impuesto al valor agregado y para el valor de la gaseosa, esta se
suministra a los privados de la libertad de conformidad con las garantías
contractuales sobre el menor precio.
4.7. Resaltó que los recibos que se aportan como pruebas no son completamente
legibles y en lo que se logra observar se evidencia que los precios están ajustados
a los valores exigidos según el cobro de los respectivos impuestos. En
consecuencia, a los actores no se les están vulnerando por acción o por omisión
derecho fundamental alguno.
4.8. Reiteró que la presente acción popular es improcedente, por cuanto el
establecimiento penitenciario ha actuado de acuerdo con lo establecido en el
reglamento interno y no se está cobrando impuestos que no sean exigidos por la
ley.
La audiencia de pacto de cumplimiento
5. El Tribunal, mediante audiencia de 9 de agosto de 2024, llevó a cabo la
audiencia de pacto de cumplimiento, la cual se declaró fallida por falta de ánimo
conciliatorio de las partes7.
6 Impuesto a los productos comestibles ultra procesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares
añadidos, sodio o grasas saturadas
7
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002.
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Sentencia proferida, en primera instancia
6. El Tribunal Administrativo del Cauca profirió sentencia de 7 de noviembre de
2024, en la que resolvió:
“[…] PRIMERO.- NEGAR las pretensiones incoadas por el señor JAIME ANDRES
ARDILA QUINTERO Y OTROS en contra del INPEC – EPCAMS POPAYÁN, según
las razones expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley 472 de
1998, a través de la Secretaría de este Despacho, envíese copia de la presente
sentencia a la Defensoría del Pueblo.
TERCERO.- Se previene que la parte actora puede interponer recurso de apelación,
de conformidad con las previsiones del artículo 37 de la Ley 472 de 1998, que remite
expresamente al C.P.C., hoy, C.G.P.8
CUARTO.- En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente […]”9.
Consideraciones del Tribunal
7. El Tribunal consideró que el asunto se centra en determinar si: “[…] tal como
lo adujo la parte actora, existe una vulneración al derecho colectivo de los
consumidores y usuarios de la PPL en el área de expendio de la Cárcel y
Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad de Popayán – EMPCAMS Popayán,
mediante un cobro excesivo de impuestos que son cargados desproporcionada e
injustificadamente a los productos que son vendidos en los diversos proyectos del
establecimiento […]”.
7.1. El Tribunal determinó el marco normativo y jurisprudencial de la acción
popular y del derecho colectivo invocado como vulnerado; el derecho de los
consumidores y usuarios.
7.2. El Tribunal se refirió a las características y excepciones del impuesto sobre
las ventas, y sus elementos determinados por el Estatuto Tributario. Además de los
requisitos para que se excluya el mismo en determinados bienes y servicios.
Consideró que la DIAN, mediante concepto núm. 7608 de 2019, determinó que la
exclusión del IVA al INPEC no comprendía los productos que se vendían en el
expendio del centro carcelario, la cual, por su carácter restrictivo, está referida a los
8
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero ponente: María Elizabeth García González, 18 de junio de 2018, Radicación
número: 25000-23-41-000-2015-02137-01(AP), Actor: Camilo Argáez Casallas, Demandado: Tribunal Administrativo de
Risaralda.
9
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
6_EXPEDIENTEDIGI_SentenciaPrimeraInst_5_20250115094330563.
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bienes corporales muebles, como los equipos, elementos e insumos destinados a
la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario.
7.3. El Tribunal señaló que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2277 de 2023,
el cual reglamentó el artículo 130 de la Ley 366 de 2000 en el que se indicó en el
parágrafo 2 del artículo 1.3.1.12.27. adicionado por el artículo 1, que la adquisición
de bienes muebles de primera necesidad por la población privada de la libertad en
los expendios al interior de los centros de reclusión constituye una operación propia
del sistema carcelario nacional, sin embargo, deben cumplir con la totalidad de los
requisitos establecidos en la norma mencionada.
7.4. El Tribunal indicó la diferencia con el Impuesto Nacional al Consumo,
determinando que el primero grava bienes y/o servicios que se consideran como
indispensables o que están dentro de la canasta familiar, en tanto que el INC grava
aquellos que no son indispensables y que son de acceso restringido por
considerarse que son bienes de lujo o servicios. Respecto de este impuesto no
existe previsión normativa que excluya su cobro en términos semejantes a lo
referido con el IVA.
7.5. El Tribunal señaló que el artículo 54 de la Ley 2277 de 2022, estableció
dentro del Estatuto Tributario una serie de impuestos saludables, entre los que se
encuentra el impuesto a las bebidas ultra procesadas azucaradas y el impuesto a
los productos comestibles ultra procesados industrialmente y/o con alto contenido
de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.
7.6. El Tribunal encontró probado que: i) no se evidencia ningún tipo de cobro de
impuesto al valor agregado – IVA en ninguno de los productos que se comercializa
en la zona expendio del EPCAMS Popayán y así lo prueban los valores consignados
en diversos contratos suscritos por la entidad para la adquisición de insumos o
productos que serán utilizados en los diversos proyectos productivos para ser
posteriormente comercializados a través del expendio del establecimiento carcelario
a personas privadas de la libertad; y ii) los señalamientos realizados por el actor
popular carecen de prueba pues únicamente se limitan a inferir sobre presuntas
alteraciones de precios, cobros irregulares y fraudes, sin que exista base probatoria
y mucho menos una denuncia formal.
7.7. Ahora bien, el Tribunal atendiendo la condición especial de sujeción de los
actores al ser personas privadas de la libertad y luego de analizar los supuestos
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fácticos y fundamentos de la demanda, procedió a decretar pruebas de oficio con el
fin de esclarecer la verdad de los hechos ante la omisión de la parte interesada en
solicitar el decreto de pruebas; de los resultados obtenidos, evidenció que no existe
cobro injustificado del IVA por parte del EPCAMS Popayán a las Personas Privadas
de la Libertad a su cargo que adquieren productos en el expendio del
establecimiento carcelario.
7.8. El Tribunal encontró probado; por un lado, que la autoridad demandada
cumple a cabalidad con las previsiones del Decreto 2277 de 2023 que prohíben
cargar con IVA los productos de primera necesidad vendidos en los expendios de
los diversos centros carcelarios. Además, con la expedición de una circular
informativa dirigida a las personas privadas de la libertad en agosto de 2024, se
resalta que los impuestos al consumo y los impuestos por comercialización de
alimentos azucarados o ultra procesados, están plenamente justificados luego de la
expedición de la Ley 2277 de 2022, y por el otro, una vez analizados los valores
unitarios de los productos adquiridos por el INPEC mediante las diversas formas de
contratación aplicables a terceros, no se demostró un cobro excesivo o irrazonable
de aquellos al momento de ser comercializados en el expendio del EPCAMS,
encontrando injustificado el señalamiento realizado por la parte actora.
7.9. En suma, el Tribunal desestimó las pretensiones, teniendo presente que la
actividad de comercialización de productos en el expendio respeta la normatividad
aplicable en materia tributaria, porque se comprobó que no se cobra el IVA en
productos indispensables, al tiempo que no se vulnera el derecho colectivo de los
consumidores y usuarios finales de aquellos productos, además el cobro de los
impuestos mencionados es legal y proporcional incluso a la Población Privada de la
Libertad.
Recurso de apelación presentado por el señor William Vanegas Arenas10
8. El señor William Vanegas Arenas, interpuso el recurso de apelación contra la
sentencia proferida, en primera instancia, en los siguientes términos:
“[…] Nota: no se nos brindó el derecho al debido proceso y al acceso a la
administración de la justicia […]”.
10
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
036AcuseNotSentenciaNo.218Ppl-ApelacionPpl.
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Actuaciones en segunda instancia
9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 17 de enero de 202511, admitió
el recurso de apelación. El Ministerio Público no rindió concepto, ni las partes se
pronunciaron en relación con el recurso de apelación.
II. CONSIDERACIONES DE SALA
10. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos: iv) el marco normativo y jurisprudencial del derecho colectivo
de los consumidores y usuarios; y v) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
11. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 12, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; ii) el
artículo 1313 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201914, sobre la distribución
de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el artículo 15015 de la
Ley 1437 de 18 de enero de 201116, sobre competencia del Consejo de Estado en
segunda instancia; esta Sección es competente para conocer de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.
12. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre el argumento expuesto
por la parte demandante en su recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
núm. 218 de 7 de noviembre de 2024 proferida por la Sala de Decisión núm. 6 del
Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con los artículos 320 y 328 de la
Ley 1564 de 12 de julio de 201217, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.
11
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00004.
12
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
13
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81
y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”
14 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]” Modificado por el artículo 1° del
Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo
número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
15 Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por medio de la cual se reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se dictan otras disposiciones en materia
de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
16
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
17
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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Los problemas jurídicos
13. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación resolver:
13.1. El problema jurídico derivado de los reparos indicados en el recurso de
apelación se centra en determinar si se garantizaron los derechos al debido proceso
y el acceso a la administración de justicia de los actores.
13.2. En consecuencia, se determinará si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 7 de noviembre de 2024 proferida por la Sala de Decisión núm. 006
Tribunal Administrativo del Cauca, en primera instancia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
14. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
14.1. El artículo 2.° de la Ley 472, define las acciones populares como “[…] los
medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
14.2. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.
14.3. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.
14.4. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
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además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”18.
14.5. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo de los
consumidores y usuarios
15. Pese a que el artículo 88 de la Constitución no alude expresamente a los
derechos de los consumidores como susceptibles de protección por vía de la acción
popular, el Consejo de Estado ha reconocido y amparado tal derecho con base en
“el desarrollo de la habilitación al legislador para reconocer otros derechos de esta
índole contenida en esta disposición, el literal n) del artículo 4º de la Ley 472 de
1998”. Al respecto, este Tribunal ha sostenido que:
“[…] Se trata, con todo, de una decisión legal que tiene un firme sustento
constitucional. El reconocimiento que hacen los artículos 78 y 369 de la Constitución,
de los consumidores y usuarios como un segmento específico de la población, al cual
se reconoce un conjunto de derechos y en relación con el cual se encomienda al
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de marzo de 2014; C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno; núm. único de radicación 250002327000200190479-01.
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Estado y a los productores y distribuidores de bienes y servicios una serie de
responsabilidades y deberes, envuelve una decisión del constituyente estructurante
del orden constitucional económico, a la par que ofrece cobertura suficiente y explica
esta determinación del legislador. Su finalidad, en últimas, es hacer de la acción
popular un canal más para la protección de los intereses de un colectivo tan
significativo dentro del funcionamiento del sistema económico social de mercado
instaurado por la Constitución como los consumidores y usuarios, caracterizado por
su vulnerabilidad y posición de desigualdad en las relaciones de consumo. De aquí
que como ha sido señalado por la jurisprudencia de esta Sala de Decisión “los
instrumentos que el ordenamiento jurídico contempla para la protección de los
derechos de los consumidores, pueden ser individuales o colectivos […]”19.
15.1. El artículo 78 de la Constitución dispone la regulación del control de calidad
de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, atribuyendo
responsabilidad en los casos que se atente contra la salud, la seguridad y el
adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.
15.2. En este orden de ideas, se tiene que el reconocimiento de este derecho
colectivo busca establecer una suerte de contrapeso a la libertad de empresa
proclamada por la Carta como uno de los pilares del sistema económico, en tanto
que apunta a focalizar la atención de las autoridades no solo en la promoción de la
libre competencia y el eficiente funcionamiento del mercado, sino también en este
segmento de la población que por sus características y la posición que ocupa tiende
a ser la parte débil de las transacciones que tienen lugar con productores,
comercializadores y distribuidores de bienes y servicios. La proclamación del Estado
social y democrático de Derecho resulta incompatible con una visión del sistema
económico que centre la protección constitucional de las relaciones económicas
solo en dirección de amparar la libertad de emprender, de contratar y la libre
competencia. A causa de la desigualdad propia de las relaciones de consumo, la
consideración de la comunidad de personas a quienes se dirige la actividad
desarrollada por los sujetos que actúan en ejercicio de las libertades que proclama
el artículo 333 de la Constitución y de sus particularidades resulta imperativa20.
15.3. Dada su posición de inferioridad y necesidad de protección el artículo 78
Superior es explícito en señalar ámbitos que involucran a consumidores y usuarios
en los cuales el Estado debe centrar su atención. Es el caso de la regulación del
control de calidad de bienes y servicios ofrecidos a la comunidad y de la información
que se debe suministrar al público en su comercialización, así como del régimen de
responsabilidad imputable a quienes atenten contra la salud, la seguridad o el
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 3 de junio de 2010, Rad. No. 19001-
23-31-000-2005-01737-01(AP). C.P. María Claudia Rojas Lasso. Respecto de la legítima coexistencia de
mecanismos de amparo de derechos individuales con acciones populares, véase la sentencia del 23 de mayo
de 2013, Rad. No. 15001 23 31 000 2010 01166 01. C.P.: Guillermo Vargas Ayala.
20 Consejo de Estado, Sección Primera. Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Rad. No. 25000-
23-24-000-2010-00617-01(AP). También, de esta misma Sala de Decisión, ver la sentencia de 20 de junio de
2013. C.P: Guillermo Vargas Ayala. Rad. 25000-23-24-000-2010-00618-01.
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adecuado abastecimiento de los consumidores y usuarios en la producción y
comercialización de bienes y servicios. De aquí el carácter tuitivo del Derecho del
Consumo y su preocupación por modular los principios clásicos del derecho privado
como la igualdad y la autonomía de la voluntad, que aun cuando aplicables, son
permeados y atemperados por las normas constitucionales que sustentan esta
materia.
15.4. La protección de los consumidores no es un asunto que constitucionalmente
pueda resultar indiferente para las autoridades. En desarrollo de esta
responsabilidad se han expedido normas como el Decreto 3466 de 1982 o,
recientemente, la Ley 1480 de 12 de octubre de 201121, en virtud de las cuales se
establece que los consumidores y usuarios tienen, entre otros, derecho a: i) que los
productos no causen daño en condiciones normales de uso y a la protección contra
las consecuencias nocivas para la salud, la vida o la integridad de los
consumidores22; ii) a obtener información completa, veraz, transparente, oportuna,
verificable, comprensible, precisa e idónea, respecto de los productos que se
ofrezcan o se pongan en circulación23; o iii) a recibir protección contra la publicidad
engañosa24. Igualmente, y en paralelo con este último derecho, se ha establecido
la prohibición de publicidad engañosa25, entendida como “[a]quella cuyo mensaje
no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda
inducir a error, engaño o confusión”;26 y se ha impuesto una especial carga de
advertencia en cabeza de los productores y distribuidores de bienes nocivos para la
salud de las personas27. El desconocimiento de estas reglas y de todas aquellas
estatuidas en aras de proteger a este grupo conlleva una afectación del derecho
colectivo proclamado por el literal n) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998 susceptible
de ser amparado en sede de acción popular. […]”.
21 “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”.
22 Artículo 3.1.2 del Estatuto del Consumidor.
23 Artículo 3.1.3 ídem.
24 Artículo 3.1.4 ibídem.
25 ARTÍCULO 30. PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDAD. Está prohibida la publicidad engañosa. El
anunciante será responsable de los perjuicios que cause la publicidad engañosa. El medio de comunicación
será responsable solidariamente solo si se comprueba dolo o culpa grave. En los casos en que el anunciante
no cumpla con las condiciones objetivas anunciadas en la publicidad, sin perjuicio de las sanciones
administrativas a que haya lugar, deberá responder frente al consumidor por los daños y perjuicios causados.
26 Artículo 5.13 del Estatuto del Consumidor.
27 ARTÍCULO 31. PUBLICIDAD DE PRODUCTOS NOCIVOS. En la publicidad de productos que por su
naturaleza o componentes sean nocivos para la salud, se advertirá claramente al público acerca de su nocividad
y de la necesidad de consultar las condiciones o indicaciones para su uso correcto, así como las
contraindicaciones del caso. El Gobierno podrá regular la publicidad de todos o algunos de los productos de
que trata el presente artículo. PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo, no podrá ir en contravía de leyes
específicas que prohíban la publicidad para productos que afectan la salud.
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Análisis del caso concreto
16. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
referidos en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el
análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo
jurídico, concluir el caso concreto.
17. El Tribunal consideró al resolver el caso concreto que: i) no se evidenció
ningún tipo de cobro de impuesto al valor agregado – IVA en ninguno de los
productos que se comercializa en la zona expendio del EPCAMS Popayán; ii) los
señalamientos realizados en relación con la comisión de algún tipo de fraude,
carecen de prueba; iii) se comprobó que no existe un cobro injustificado del IVA por
parte del EPCAMS Popayán a la población privada de la libertad; iv) se cumple a
cabalidad con las previsiones del Decreto 2277 de 2023 que prohíben cargar con
IVA los productos de primera necesidad y en relación con los impuestos al consumo
y por comercialización de alimentos azucarados o ultra procesados, estos se
encuentran justificados en la Ley 2277 de 2022 y no hay ningún tipo de exoneración
en relación con la población privada de la libertad; y v) analizados los valores
unitarios de los productos adquiridos por el INPEC mediante las diversas formas de
contratación aplicables con terceros, no se demuestra un cobro excesivo o
irrazonable de aquellos al momento de ser comercializados en el expendio del
EPCAMS.
18. En el presente caso, no se discute la vulneración del derecho colectivo de los
derechos de los consumidores y usuarios derivado de la actividad de
comercialización de productos en el expendio dentro del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán.
19. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que en el asunto objeto de
análisis, los argumentos del recurso de apelación tienen la finalidad de cuestionar
las garantías que deben seguir los procesos judiciales y el derecho que tienen las
personas de acceder a la administración de justicia, para el caso concreto, es
relevante precisar que, quien apela está en la obligación de señalar las
inconformidades respecto de la decisión judicial que considera contraria a sus
pretensiones, con el objeto de que el juez de segunda instancia las confronte con
los argumentos expuestos en la providencia judicial recurrida en aras de realizar un
estudio sobre las razones de su negación o amparo.
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20. Incluso esta Corporación ha declarado desiertas aquellas apelaciones en las
que el recurrente no cumplió con el deber de sustentar su apelación28, sin embargo,
en el presente caso, si bien no se cuestiona la vulneración o no del derecho colectivo
invocado, la Sala considera que, en el marco de esta clase de acciones, constituye
una obligación del juez constitucional la adopción de medidas afirmativas cuando el
actor popular tiene la condición de sujeto de especial protección constitucional,
como ocurre en este caso, en tanto el actor tiene la condición de persona privada
de la libertad o que hace parte de la población privada de la libertad.
21. La Sala considera que, el derecho al debido proceso toma una relevancia
adicional por la relación de especial sujeción de las personas privadas de la
libertad29. Respecto de este derecho, se debe mantener su incolumidad a pesar de
la situación en la que está sometido su titular30. En ese entendido, la jurisprudencia
constitucional ha reconocido que el juez ordinario debe “[…] flexibilizar la valoración
de medios probatorios cuando le sea solicitado analizar la acción u omisión del
Estado en la comisión de un daño antijurídico en casos en los cuales se evidencien
afectaciones generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos y, debido a esta
situación, se dificulten los medios probatorios para los individuos […]”.
22. En consecuencia, también se ha reconocido que en los casos en los cuales
una persona se encuentra en posición de debilidad o de subordinación frente a una
autoridad, de quien se cuestiona la vulneración de un derecho, es preciso distribuir
la carga de la prueba a favor de la parte “menos fuerte” de la relación. Lo anterior
se explica en el papel que debe asumir el juez como director del proceso, quien
tiene el mandato de dar cumplimiento a su misión en el marco de un Estado social
de derecho, lo que implica ser garante del acceso efectivo a la administración de
justicia y de la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos.
23. En suma, la mencionada relación permite que se garanticen los derechos
inherentes de las personas privadas de la libertad y la demostración de que no se
ha puesto en peligro a las personas bajo su custodia, por cuanto esa demostración
28
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 2 de noviembre de 2023, C.P. Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación: 250002341000201401431-02.
29 Concepto desarrollado ampliamente por la Corte Constitucional: SU-122 de 2022. M.P. José Fernando Reyes
Cuartas. Sentencias T-714 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-153 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz; T-881 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-020 de 2008. M.P. Jaime Araújo Rentería; T-324
de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-588A de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-323 de 2015.
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. AV. Gloria Stella Ortiz Delgado; C-026 de 2016. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez. SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Alberto Rojas Ríos. AV. María Victoria Calle Correa, Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva;
y T-002 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. SPV. Carlos Bernal Pulido.
30 Corte Constitucional Sentencia T-063/20. M.P. Alberto Rojas Ríos.
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no es un deber que recaiga sobre la persona que fue privada de la libertad,
precisamente por las restricciones impuestas en el ejercicio de sus derechos, las
dificultades de acceso a instrumentos que permitan la recolección de pruebas, y por
la relación de sujeción y dependencia que tiene respecto del Estado.
24. Para el caso concreto, la Sala considera que se garantizó el derecho al
debido proceso de los actores, por cuanto durante el trámite del medio de control
se les otorgó la oportunidad de participar en cada etapa del mismo, en efecto: i) se
les notificó personalmente el auto admisorio proferido el 13 de junio de 2024; ii) de
igual forma el auto de 25 de julio de 2024, por medio del cual se dispuso fijar fecha
y hora para llevar a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento; iii) se garantizó la
asistencia de los actores a la audiencia realizada el 9 de agosto de 2024 por medio
de la plataforma Lifesize; iv) se les notificó el auto de 29 de agosto de 2024 por
medio del cual se decretaron las siguientes pruebas de oficio: i) “[…] [u]na relación
del precio final de venta a la población interna de los productos que componen el
proyecto de expendio (gaseosas, panadería y otros productos) y asadero,
desagregando en cada uno de los precios aquel valor que corresponde a impuestos
que deba asumir el consumidor final […]” y “[…] ii) – El valor unitario de productos
que componen el proyecto de expendio (gaseosas, panadería y otros productos) y
asadero, acorde el valor que se deriva de los contratos de suministro que suscribe
la entidad […]”.
25. Además, los actores solicitaron la asignación de un defensor público para
que se les garantizara el debido proceso, en ese entendido, el juez de primera
instancia por medio de auto de 10 de octubre de 2024 dispuso correr traslado a las
partes para alegar de conclusión y rechazó por improcedente la solicitud realizada
por los actores “[…] en vista que la acción constitucional de la referencia no exige
derecho de postulación y los actores populares obran en nombre propio, situación
que a su vez desestima cualquier posibilidad de curador en su favor al no
acreditarse las exigencias de los artículos 48 y 108 del C.G.P., finalmente, se
previene que la figura invocada del defensor público no existe dentro del trámite
procesal administrativo y tampoco se entrevé violación alguna de los derechos de
la parte actora […]”.
26. Ahora bien, en cuanto al derecho de acceso a la administración de justicia,
este se encuentra en el artículo 229 de la Constitución Política y es aquel derecho
reconocido a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante
las instancias que ejerzan las funciones de naturaleza jurisdiccional y que tengan la
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potestad de incidir de una u otra manera, en la determinación de los derechos que
el ordenamiento jurídico les reconoce por la debida protección o restablecimiento
de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos
previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y
procedimentales previstas en la Constitución y la ley.
27. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que este derecho tiene una
doble connotación, por un lado, es base esencial del Estado Social de Derecho, y
por otro lado es un derecho fundamental de aplicación inmediata, el cual forma parte
del derecho al debido proceso. Dentro de las manifestaciones de este derecho en
el ordenamiento jurídico, se encuentran que: i) permite la existencia de diferentes
acciones y recursos para la solución de los conflictos; (ii) garantiza la posibilidad de
que las personas acudan a los jueces con el propósito de procurar la defensa de
sus derechos o del orden jurídico; y (iii) asegura que a través de procedimientos
adecuados e idóneos los conflictos sean decididos de fondo, en términos
razonables, sin dilaciones injustificadas, de acuerdo con las justas expectativas de
quienes acuden a la jurisdicción para resolver sus conflictos31.
28. En el caso concreto, la Sala considera que se otorgó un acceso efectivo a la
administración de justicia de los actores por cuanto se les permitió interponer el
medio de control para la defensa del derecho colectivo a los usuarios y
consumidores en igualdad de condiciones y reconociendo la circunstancia particular
de relación de sujeción por pertenecer a la población privada de la libertad, al punto
de decretar pruebas de oficio para demostrar la vulneración o no del derecho
colectivo pretendido; también garantizar su participación en las etapas procesales y
la utilización de las tecnologías de la información para su asistencia a las diligencias;
igualmente la resolución expedita del caso con el respeto de las etapas procesales,
la intervención eficaz del juez y el análisis probatorio y normativo que llevó a la
conclusión de negar las pretensiones incoadas.
29. Por otra parte, se encuentra probado que: i) no se evidenció ningún tipo de
cobro del Impuesto al Valor Agregado - IVA en los productos que se comercializan
en la zona de expendio del EPCAMS Popayán, es decir, se acreditó el cumplimiento
del Decreto 2277 de 2023 que prohíbe cargar con IVA los productos de primera
necesidad vendidos en los expendios de los centros carcelarios; ii) tampoco existe
un cobro injustificado del IVA por parte del EPCAMS a la población privada de la
libertad que adquiere los productos; iii) en relación con los impuestos al consumo y
31
Corte Constitucional, sentencia C-483 de 15 de mayo de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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por comercialización de alimentos azucarados o ultra procesados, están
justificados; y iv) se probó que los valores unitarios de los productos adquiridos por
el INPEC por medio de contratación no demuestran un cobro excesivo o irrazonable
al momento de ser comercializados.
30. En relación con lo anterior, el impuesto sobre las ventas32 es un impuesto
indirecto con el cual se grava el consumo de bienes y servicios, el cual debe ser
pagado al momento de adquirirse. Una de sus características es que es real porque
no tiene en cuenta la situación de la persona ni tampoco su capacidad de pago. La
Ley 633 de 29 de diciembre de 200033 en el artículo 130 determina que: “[…]
[q]uedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los
equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el
presupuesto aprobado por el Inpec o por la autoridad nacional respectiva que se
destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema
carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación
escrita expedida por el Ministro de Justicia y del Derecho […]”.
31. Igualmente, el artículo 1.3.1.12.27. del Decreto 1625 de 201634 determinó la
exclusión del impuesto sobre las ventas – IVA y de aranceles de importación sobre
bienes adquiridos o importados por las entidades que integran el Sistema Nacional
Penitenciario y Carcelario, esa norma precisó que: “[…] [l]a adquisición de bienes
muebles de primera necesidad por la población privada de la libertad en los
expendios al interior de los centros de reclusión, constituye una operación propia
del sistema carcelario nacional, conforme con lo previsto en el artículo 1.3.1.12.26.
del presente Decreto, y estará excluida de impuesto sobre las ventas -IVA, siempre
y cuando se cumpla con la totalidad de requisitos de que trata el artículo 130 de la
Ley 633 de 2000. No podrán ser comercializados con la exclusión de impuesto sobre
las ventas -IVA los bienes muebles de primera necesidad cuando el adquirente del
bien sea distinto a la población privada de la libertad […]” (Destacado fuera de
texto).
32. Por su parte, el impuesto nacional al consumo es aquel generado por la
prestación o la venta al consumidor final, o la importación por parte del usuario final
de los siguientes bienes y servicios: i) la prestación del servicio de telefonía móvil;
ii) la venta de algún bien corporal mueble de producción doméstica o importado
32 Denominado IVA, sigla del impuesto al valor agregado o añadido.
33 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos
obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama
Judicial”.
34
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria”.
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(vehículos automóviles, barcos, aviones); y iii) el servicio de expendio de comidas y
bebidas preparadas. Ese impuesto está determinado en el Estatuto Tributario en el
artículo 512-1 y no existe previsión normativa que excluya su cobro.
33. Además, la Ley 2277 de 13 de diciembre de 202235 en el artículo 54 dispuso
el título V que contiene los impuestos saludables que incluye el impuesto a las
bebidas ultra procesadas azucaradas, a los productos comestibles ultra procesados
industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas
saturadas, el cual tampoco indica alguna circunstancia de exclusión.
Conclusión
34. La Sala confirmará la sentencia núm. 218 de 7 de noviembre de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó el amparo del derecho
colectivo previsto en el literal “n” del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, por que no
se demostró un cobro excesivo o irrazonable de los productos que se comercializan
en el expendio del EPCAMS, ni la vulneración del derecho colectivo de los
consumidores y usuarios porque se comprobó el no cobro de IVA en productos
indispensables a la población carcelaria.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR, la sentencia de 7 de noviembre de 2024 proferida por la
Sala de Decisión 006 del Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
35
“Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras
disposiciones”.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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