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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2025-00183-01

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2025-00183-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR el fallo dictado el 22 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cauca. En su lugar, DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 19001-23-33-000-2025-00183-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

9 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 19001-23-33-000-2025-00183-01
Accionante: José Julián Torres Vargas
Accionado: Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Revoca amparo / Declara improcedencia ante la
carencia de objeto por hecho superado.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la autoridad accionada
contra la sentencia proferida el 22 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo
del Cauca, mediante la cual se dispuso la protección del derecho fundamental de
petición del demandante y se negó el amparo solicitado en relación con los derechos
al debido proceso y dignidad humana.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 6 de octubre de 20251, el señor José Julián Torres Vargas presentó acción de

tutela contra el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Popayán, en busca de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de
petición, debido proceso y dignidad humana.

2. Como sustento de su solicitud, relató que el 19 de agosto de 2025 dirigió una

solicitud al titular del despacho accionado, con el fin de que realizara una visita
colectiva a los internos del patio no. 4 de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media
Seguridad de Popayán, donde actualmente se encuentra recluido, conforme lo
previsto en el artículo 422 de la Ley 1709 de 2014.

1 Esta es la fecha en la que radicó la tutela ante la oficina jurídica del establecimiento carcelario. El reparto ante

el Tribunal se hizo el 8 de octubre de 2025, fecha en la que el INPEC remitió la demanda.
2 “Modifícase el artículo 51 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:

ARTÍCULO 51. Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. El Juez de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad garantizará la legalidad de la ejecución de las sanciones penales. En los establecimientos
donde no existan permanentemente jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad estos deberán realizar
al menos dos visitas semanales a los establecimientos de reclusión que le sean asignados (…)”.

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Radicación: 19001-23-33-000-2025-00183-01
Accionante: José Julián Torres Vargas
Accionado: Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

3. Indicó que dicha petición fue reiterada el 8 y 22 de septiembre del año en curso.

Sin embargo, sostuvo que, a la fecha de presentación de la acción constitucional, la
autoridad demandada no había emitido respuesta alguna.

B. Sentencia de primera instancia

4. Mediante sentencia del 22 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cauca

amparó el derecho fundamental de petición del actor, tras encontrar acreditada la
vulneración alegada.

5. Explicó que si bien se evidenció que la autoridad accionada dio respuesta a la

solicitud del accionante por medio del auto del 1º de octubre de 2025, lo cierto es
que esta no resolvió de fondo lo solicitado por el actor. En su criterio, la contestación
no fue precisa ni congruente, pues se limitó a informar de manera general que desde
el año anterior se venían realizando visitas al centro carcelario y que el tutelante
debía estar atento a las próximas jornadas, sin indicarle si el patio no. 4 ya había
sido visitado y, de ser así, la fecha respectiva; o, en caso contrario, la fecha en la
que le correspondería el turno para realizar la visita solicitada.

6. Por consiguiente, ordenó al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de

Seguridad de Popayán que, en el término indicado, emitiera una respuesta de fondo,
clara y precisa a la petición objeto de la tutela. Para tales efectos, debía precisar la
fecha en que corresponde el turno para realizar la visita colectiva al Patio No. 4,
donde se encuentra recluido el actor y notificar dicha contestación en debida forma.

7. En lo concerniente a los derechos fundamentales al debido proceso y dignidad

humana, negó la solicitud de amparo por estimar que no se demostró su
transgresión.

C. La impugnación

8. El Juzgado accionado alegó que el a quo no tuvo en cuenta que la petición del

accionante se encaminaba a exponer, en una entrevista personal, asuntos propios
de su proceso penal. Motivo por el cual en la contestación otorgada el 1º de octubre
de 2025, se le exhortó para que, si lo estimaba conveniente, pusiera en conocimiento
del juzgado -por escrito-, las inquietudes que deseara a efectos de resolverlas
conforme a los términos y requisitos previstos en el ordenamiento jurídico en materia
penal, procesal penal y de ejecución de penas y medidas de seguridad.

9. Precisóque las cuestiones estrictamente procesales pueden ser puestas en
conocimiento de los Juzgados de Ejecución por los sentenciados, de manera escrita
o a través de medios electrónicos, utilizando los recursos que debe suministrar el
establecimiento carcelario, sin necesidad de la presencia del juez.

10. Explicó que las visitas personales solo son exigibles cuando se trata de verificar

las condiciones de reclusión o la manera en que la pena debe cumplirse en el
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Radicación: 19001-23-33-000-2025-00183-01
Accionante: José Julián Torres Vargas
Accionado: Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

establecimiento penitenciario y carcelario, según lo dispuesto en el artículo 38,
numeral 6, de la Ley 906 de 2004 y la Ley 65 de 1993. Agregó que las visitas que
efectúa su despacho deben realizarse en varios establecimientos carcelarios y no
únicamente en Popayán.

11. Adujo que el juez de primera instancia también pasó por alto la dinámica de los

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que comprende una alta
carga laboral, conocimiento de múltiples peticiones semanales, de acciones de tutela
y de habeas corpus y falta de personal, lo cual impide hacer presencia en los lugares
de reclusión para entrevistar a los internos, ya sea individual o colectivamente,
aunque si se programen visita periódicas. Añadió que, por razones de seguridad y
orden público, no es viable trasladar a un interno hasta el despacho para una
entrevista individual.

12. Aseveró que no existe directriz del Consejo Superior de la Judicatura o del
Consejo Seccional de la Judicatura que obligue a esos despachos a laborar
diariamente o con cierto frecuencia desde los centros de reclusión.

13. Manifestó que, según información previa, los internos del patio no. 4 eran
indígenas condenados por su propia jurisdicción, respecto de los cuales no ejercía
vigilancia, aunque dicha situación habría variado recientemente.

14. Finalmente, informó que, en cumplimiento a lo ordenado por el a quo, mediante

oficio 314 del 30 de octubre de 2024, a través de la Dirección del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Popayán, le informó al accionante que se había
programado visita al patio no. 4 el 6 de noviembre de 2025, a efectos de escuchar
exclusivamente al accionante y a los demás condenados que se encontraran en
dicho pabellón a disposición del Juzgado para la vigilancia de su pena, con el fin de
conocer sus inquietudes procesales e ilustrarles acerca de los requisitos para
acceder a la concesión de subrogados o beneficios penales o administrativos. En
consecuencia, afirmó que la petición fue atendida en forma debida y oportuna.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

15. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar

su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19913.

E. Análisis del caso concreto

3 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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Radicación: 19001-23-33-000-2025-00183-01
Accionante: José Julián Torres Vargas
Accionado: Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

16. Esta Subsección revocará el fallo impugnado, tras constatar que se configuró una

carencia actual de objeto por hecho superado, lo que conlleva a la improcedencia
de la solicitud de amparo.

17. El accionante atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales al Juzgado

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, con ocasión
a la falta de respuesta frente a la petición que formuló el 19 de agosto de 2025,
orientada a que se realizara una visita colectiva en el patio no. 4, donde se encuentra
privado de la libertad.

18. De los elementos de juicio obrantes en el expediente, se evidenció que, en efecto,

el 19 de agosto de 2025 el actor dirigió una solicitud ante la autoridad judicial
accionada, en los siguientes términos:

<< (…) por favor se permita al señor juez visitar personalmente a los PP.L. que nos
encontramos al interior del pabellón #4, se aplique el art. 51, de la ley 1709 de 2014,
esto con el fin de tratar diferentes temas sobre los procesos en vigilancia por dicho
juzgado. Mencionando que en mi caso personal, 4 años no he obtenido alguna visita
a lo que se refiere (sic) este artículo (sic). No obstante se eleva esta colectiva (…)>>

19. A su vez, se encontró que, mediante auto del 1 º de octubre de 2025 que se le

notificó el día 7 del mismo mes y año, el Juzgado accionado dio respuesta a dicha
petición. Informó que, desde finales del año pasado, se venían efectuando visitas
regulares al interior del establecimiento penitenciario y a cada pabellón donde se
encuentran personas sentenciadas a disposición del despacho, con el propósito de
escuchar sus inquietudes sobre la ejecución de la condena e instruirlos acerca de
los requisitos para acceder a la concesión de subrogados o beneficios penales o
administrativos. Precisó que el patio no. 4 ya había sido visitado y exhortó al
peticionario a permanecer atento a las próximas jornadas, aclarándole que ello no
impedía que, de estimarlo pertinente, presentara sus solicitudes por escrito ante el
despacho, de manera fundamentada, a efectos de resolverlas conforme los términos
y requisitos previstos en el ordenamiento jurídico.

20. Bajo ese escenario, para la Sala resulta claro que los supuestos de hecho que

motivaron la presentación de la acción de tutela desaparecieron en el curso del
proceso, lo que condujo a que se configurara una carencia actual de objeto por
hecho superado.

21. Con posterioridad a la interposición de la acción constitucional y previo a que se

adoptara la decisión de primera instancia, la autoridad accionada desplegó la
conducta que reclamaba el accionante, esto es, otorgar una respuesta frente a la
solicitud presentada por el actor el 19 de agosto de 2025, reiterada el 8 y 22 de
septiembre del mismo año.

22. Debe precisarse que si bien a la fecha de presentación de la demanda -6 de

octubre de 2025- la autoridad accionada ya había emitido una respuesta, esta solo
fue notificada al peticionario el 7 de octubre siguiente. Por consiguiente, al momento
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Radicación: 19001-23-33-000-2025-00183-01
Accionante: José Julián Torres Vargas
Accionado: Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

de acudir al juez constitucional, el demandante no tenía conocimiento de dicha
contestación, situación que se superó en el transcurso del proceso, pues el Juzgado
no solo atendió la solicitud del demandante, sino que, además, le comunicó de forma
efectiva la respuesta, razón por la cual no se comparte la exigencia del a quo en
relación con el contenido de la misma.

23. Alabordar el estudio del caso, el juez de primera instancia concluyó que la
contestación no era de fondo, por cuanto no se indicó de manera exacta la fecha en
que se realizó la visita al patio no. 4, ni la fecha en que se efectuaría la siguiente,
limitándose a señalar de manera general que ya se habían adelantado visitas y que
debía permanecer atento a las próximas.

24. Sin embargo, la falta de precisión reprochada por el a quo deviene del contenido

de la misma petición, ya que el actor no solicitó información concreta sobre fechas
específicas, sino que se limitó a requerir la realización de una visita colectiva,
conforme el artículo 42 de la Ley 1709 de 2014. Por ende, mal haría en exigírsele a
la autoridad enjuiciada que ofreciera una contestación con el nivel de detalle que
echa de menos el fallador de primera instancia.

25. La petición se circunscribió a solicitar la realización de una visita colectiva por

parte del juez encargado de vigilar la ejecución de la pena impuesta a las personas
recluidas en el patio no. 4, entre ellas el accionante. Dicho asunto fue abordado
expresamente por el titular del despacho, quien informó que ya se habían efectuado
algunas visitas en oportunidades anteriores y que se adelantarían otras en los
próximos días, motivo por el cual el solicitante debía permanecer atento. De manera
que la autoridad accionada no recurrió a información evasiva, impertinente o que no
guarde relación lo pedido. Por el contrario, abarcó el tema objeto de la solicitud de
forma precisa, clara y congruente, y en el marco del proceso le dio el trámite que
consideró pertinente.

26. La respuesta en los términos exigidos por el juez de primera instancia desborda

el ámbito de protección del derecho fundamental de petición. De acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, siempre que la autoridad atienda el objeto de la
petición de manera clara, precisa y acorde a lo solicitado, como aconteció en este
caso, se entiende que el pronunciamiento de la autoridad satisface materialmente el
derecho fundamental de petición, independientemente del sentido de la respuesta,
ya que esta no hace parte del núcleo esencial de dicha prerrogativa.

27. Examinar el contenido de la respuesta a tal punto de direccionar el sentido en que

debía otorgarse constituye una intromisión indebida en un asunto que es de
competencia exclusiva del sujeto pasivo de la petición4.

28. Con todo, aún si se admitiera que la contestación debía brindarse en los términos

señalados por el a quo, lo cierto es que, en cumplimiento del fallo de primera

4 En ese sentido, ver sentencia del 4 de noviembre de 2021, exp.11001-03- 15-000-2021-05637-01, CP. Gabriel

Valbuena Hernández.
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Radicación: 19001-23-33-000-2025-00183-01
Accionante: José Julián Torres Vargas
Accionado: Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

instancia, el Juzgado accionado informó al actor la fecha exacta en la que se
programó la visita que solicitó. Si bien este proceder estuvo motivado por la orden
de amparo, la Sala no pasa por alto que ya se había atendido la solicitud -de ahí que
se trate de un hecho superado- y este segundo pronunciamiento complementa la
respuesta. En consecuencia, cualquier orden adicional en sede de tutela carecería
de efectos prácticos.

29. Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia del 22 de octubre de 2025 proferida

por el Tribunal Administrativo del Cauca. En su lugar, declarara la improcedencia de
la acción de tutela ante la carencia actual de objeto por hecho superado.

30. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el fallo dictado el 22 de octubre de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Cauca. En su lugar, DECLARAR improcedente la solicitud de
amparo, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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