Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2025-00204-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 19001-23-33-000-2025-00204-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2025-00204-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 19001-23-33-000-2025-00204-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
29 de enero de 2026
Demandante: John Freiman Urbano Urrutia
Demandados: Registraduría Nacional del Estado Civil -
Delegación Departamental del Cauca y otros
Radicado: 19001-23-33-000-2025-00204-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 19001-23-33-000-2025-00204-01
Demandante: JOHN FREIMAN URBANO URRUTIA
Demandados: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL -
DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CAUCA Y OTROS
Temas: Tutela contra actos administrativos proferidos en el trámite del
mecanismo de participación ciudadana de la revocatoria del
mandato. Requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 2 de diciembre de 2025, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Cauca negó el amparo solicitado en la acción constitucional de
la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor John Freiman Urbano Urrutia, actuando en nombre propio y en calidad de
alcalde del municipio de Piendamó - Tunía (Cauca), promovió la tutela1 contra la
Registraduría Nacional del Estado Civil, la Delegación Departamental de la
Registraduría Nacional del Estado Civil del Cauca, la Registraduría Municipal del
Estado Civil de Piendamó - Tunía y el Consejo Nacional Electoral.
A juicio del actor, le fueron vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la salud física y mental, al buen nombre y a la participación política, junto
con los principios de legalidad y a la seguridad jurídica, con ocasión a que se
aceptó la solicitud de revocatoria de su mandato sin alguna justificación legal y se
otorgó una prórroga para la recolección de firmas, aun cuando ello no era
procedente y no le fue notificada tal decisión.
1 El 17 de noviembre de 2025.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: John Freiman Urbano Urrutia
Demandados: Registraduría Nacional del Estado Civil -
Delegación Departamental del Cauca y otros
Radicado: 19001-23-33-000-2025-00204-01
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el demandante elevó las siguientes:
1. DECLARAR la vulneración de los derechos fundamentales del Alcalde Municipal
de Piendamó -Tunía: debido proceso, principio de legalidad, seguridad jurídica,
participación política, salud física, mental y emocional, buen nombre, estabilidad
lnstitucional.
2. DECRETAR la medida provisional consistente en la nulidad inmediata de los
efectos del acto administrativo que prorrogó el término de recolección de apoyos para
la revocatoria de mandato del señor Alcalde Municipal de Piendamó - Tunía.
3. ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil CONFIRME la validez de
los hallazgos del informe técnico definitivo de verificación de firmas radicado No.RM.-
2025-09-001-011-061, de fecha: 20 de octubre de 2025.
4. ORDENAR al Consejo Nacional Electoral (CNE) y/o a la Registraduría Nacional del
Estado Civil, en ejercicio de sus competencias de control de legalidad, se declare
IMPROCEDENTE la solicitud de revocatoria de mandato del alcalde municipal de
Piendamó - Tunía, contiene graves vicios procedimentales y sustantivos y por ende,
ARCHIVAR el proceso definitivamente, por no cumplirse los requisitos legales ni
demostrarse causal de incumplimiento del programa de gobierno, conforme a los
artículos 23 y 24 de la Ley 1757 de 2015, al principio de legalidad (art. 6 C.P.) y a Ia
jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado citadas y en virtud
del informe tácnico expedido por los peritos de la misma Registraduría Nacional del
Servicio Civil que conlleva a concluir la improcedencia del mecanismo.
5. Que se RECONOZCA la gestión pública realizada, la continuidad administrativa, la
ejecución de proyectos de impacto social y la buena fe del Alcalde del municipio de
Piendamó - Tunía, a fin de salvaguardar su honor, buen nombre y la confianza
ciudadana.
6. ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil abstenerse de realizar
cualquier actuación adicional o de validar apoyos recolectados en el marco de la
prórroga irregular.
7. DISPONER que las entidades accionadas rindan informe detallado sobre los
fundamentos jurídicos y probatorios de la prórroga concedida, con remisión de los
soportes documentales, conforme al artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
8. ADOPTAR medidas de protección institucional y psicosocial a mi favor en mi
calidad de Alcalde Municipal de Piendamó-Tunía, ante la evidente afectación a mi
integridad emocional y mi estabilidad funcional, en aplicación del principio de dignidad
humana (art. 1 C.P.) y el enfoque de protección reforzada para servidores públicos
sometidos a hostigamiento político (Sentencia T-062 de 2022).2
1.3. Hechos3
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
El accionante relató que fue elegido como alcalde del municipio de Piendamó -
Tunía (Cauca) para el periodo constitucional 2024-2027 y que ha ejercido su cargo
conforme con los principios de legalidad, transparencia y eficiencia administrativa.
2
Trascripción literal del original con posibles errores.
3
Cabe aclarar que algunos de los hechos fueros extraídos del expediente, pues en el escrito de la
tutela no se expusieron a pesar de que son relevantes para lograr una mayor comprensión de la
decisión que se adoptará.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: John Freiman Urbano Urrutia
Demandados: Registraduría Nacional del Estado Civil -
Delegación Departamental del Cauca y otros
Radicado: 19001-23-33-000-2025-00204-01
Explicó que el Plan de Desarrollo Territorial se aprobó mediante el Acuerdo 007 del
5 de junio de 2024 por el concejo municipal, lo que permitió la ejecución de
proyectos estratégicos y la continuidad de programas de la administración anterior,
mientras se construía uno nuevo.
Afirmó que el 23 de enero de 2025 la señora Carmenza Hernández Velasco
promovió ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el mecanismo de
participación ciudadana de la revocatoria de su mandato, iniciativa que se
denominó «revocatoria de un mal gobierno».
En consecuencia, la Registraduría Municipal de Piendamó (Cauca) expidió la
Resolución 01 del 31 de enero de 2025, en la cual se declaró que la solicitud
cumplía con los requisitos establecidos en la Ley 1757 de 20154 y se reconoció a la
señora Carmenza Hernández Velasco como su vocera.
Indicó que el 18 de febrero de 2025 el Consejo Nacional Electoral realizó la
audiencia pública para escuchar a las partes interesadas. Luego, el 25 de febrero
del mismo año la registradora Municipal del Estado Civil (E) entregó al comité
promotor los formularios para la recolección de apoyos y concedió seis meses para
recaudar las firmas, es decir, hasta el 25 de agosto de 2025.
Señaló que el 20 de agosto de 2025 fueron entregados los formularios
diligenciados por la vocera y el 3 de octubre siguiente la Registraduría Nacional del
Estado Civil notificó el Informe Técnico de Verificación de Firmas elaborado por sus
peritos, en el cual se constató que de las 3.075 firmas entregadas solo 1.606
resultaron válidas.5
Hizo referencia a que se enteró por redes sociales que la Registraduría Nacional
del Estado Civil concedió una prórroga para la recolección de firmas por un mes
más, sin que se acreditada alguna situación que justificara tal actuación.
1.4. Sustento de la petición
El señor Urbano Urrutia consideró que las autoridades accionadas transgredieron
sus derechos fundamentales invocados, por cuanto la Registraduría Nacional del
Estado Civil aceptó que se promoviera la revocatoria de su candidatura cuando
habían transcurrido tan solo siete meses desde la aprobación del Plan de
Desarrollo Territorial.
En ese sentido, argumentó que el aludido mecanismo adolece de graves vicios
procedimentales y carece de fundamento legal, pues en realidad constituye una
persecución política teniendo en cuenta que la solicitud se radicó con tiempo
insuficiente para evaluar el cumplimiento del programa de gobierno.
Por otro lado, el accionante controvirtió la prórroga que se concedió para la
recolección de firmas, pues no obecedió a la ocurrencia de una circunstancia de
4
«Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la
participación democrática».
5
Esto, debido a que el resto presentaba varias inconsistencias como «datos ilegibles, duplicación de
registros, cédulas no inscritas en el censo electoral, huellas dactilares no coincidentes, firmas de
fallecidos».
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: John Freiman Urbano Urrutia
Demandados: Registraduría Nacional del Estado Civil -
Delegación Departamental del Cauca y otros
Radicado: 19001-23-33-000-2025-00204-01
fuerza mayor o caso fortuito, razón por la que estima que no era procedente,
máxime cuando dicha decisión no le fue debidamente notificada.
1.5. Actuaciones procesales en primera instancia
Mediante auto de 20 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cauca
admitió la acción constitucional, ordenó notificar a la parte actora y como
demandados a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Delegación
Departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil del Cauca, a la
Registraduría Municipal del Estado Civil de Piendamó - Tunía y al Consejo Nacional
Electoral. Además, negó el decreto de la medida cautelar solicitada por el
accionante.6
Luego, con proveído de 26 de noviembre de 2025 se vinculó a la señora Carmenza
Hernández Velasco, en atención al posible interés que le asiste en las resultas del
presente asunto, dado que es la vocera del grupo de ciudadanos y la promotora de
la revocatoria del mandato objeto de debate en la tutela.
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. John Freiman Urbano Urrutia
En el memorial remitido por el actor se aportaron varias certificaciones expedidas
por diferentes secretarías de la Alcaldía de Piendamó (Cauca) y de instituciones
educativas del municipio, en las que se informaron las gestiones adelantadas por
este funcionario, con las cuales destacó que se originó un perjuicio inminente y
grave con la prórroga del plazo para la recolección de firmas otorgado al comité
promotor del mecanismo de participación ciudadana.
1.5.2. Consejo Nacional Electoral
Se pronunció por intermedio de la Oficina Jurídica y de Defensa Judicial de la
entidad, la cual solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, por cuanto no tiene responsabilidad en las actuaciones cuestionadas por el
accionante y sus pretensiones no guardan relación con sus competencias.
Agregó que la solicitud de amparo es improcedente por no cumplir el requisito de
subsidiariedad, debido a que el señor Urbano Urrutia puede agotar otro mecanismo
idóneo para controvertir los actos administrativos relacionados con la revocatoria
del mandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como lo es el
«señalado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011».
1.5.3. Registraduría Nacional del Estado Civil
El jefe de la Oficina Jurídica de la organización electoral hizo un recuento de las
6
Al respecto, se indicó: «La medida solicitada no se encuentra justificada por el actor; puesto que la
misma no está soportada de forma alguna en los fundamentos fácticos de la acción, mientras no fue
expuesto ningún hecho que evidencie la urgencia que ponga en riesgo inminente los derechos del
accionante, mientras ello tampoco se deduce de lo expuesto con el escrito de tutela».
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: John Freiman Urbano Urrutia
Demandados: Registraduría Nacional del Estado Civil -
Delegación Departamental del Cauca y otros
Radicado: 19001-23-33-000-2025-00204-01
actuaciones surtidas en el procedimiento de la revocatoria del mandato del señor
Urbano Urrutia como alcalde del municipio de Piendamó - Tunía (Cauca), a partir
del cual solicitó negar las pretensiones formuladas por el actor en la acción de
tutela.
De este modo, precisó que el 3 de octubre de 2025 se expidió el informe técnico de
verificación de firmas, contra el que la vocera de la iniciativa manifestó su
inconformidad, la cual fue atendida en la comunicación de 20 de octubre de 2025,
fecha en la que se emitió el informe definitivo de verificación de firmas notificado a
todas las partes.
Explicó que el 24 de octubre de 2025 el comité promotor de la iniciativa solicitó la
prórroga para la recaudación de las firmas. Así que el 30 de octubre del mismo año
el registrador municipal de Piendamó (Cauca) suscribió el acta de entrega del
formulario de recolección de apoyos con la promotora de la iniciativa.
Destacó que la anterior decisión tuvo respaldo en el artículo 15 de la Ley 1757 de
2015, el cual prevé la posibilidad de ampliar el término concedido para la entrega
de los apoyos por el tiempo restante del plazo inicial más un mes adicional cuando
no se alcanzó el número mínimo de firmas válidas, situación que justamente ocurrió
en el trámite controvertido por el actor.
Esto, porque la Registraduría Municipal de Piendamó (Cauca) efectuó la entrega
del formulario de recolección de apoyos al comité promotor de la revocatoria del
mandato el 25 de febrero de 2025, fecha a partir de la cual comenzó el término de
los seis meses contemplado en el artículo 10 de la Ley 1757 de 2015, el cual
culminaba el «24» de agosto de 2025.
Entonces, como el 20 de agosto de 2025 se realizó la entrega de las firmas
recolectadas, se concedió la prórroga por los 4 días que faltaban para el
vencimiento del tiempo inicial y un mes más, es decir, hasta el 4 de diciembre de
2025, fecha en la que se tenían que presentar los formularios debidamente
diligenciados ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para su respectiva
verificación.
Igualmente, aclaró que la entidad notificó al accionante las actuaciones previstas en
la reglamentación, como lo son, la inscripción del comité promotor y los informes
técnicos de verificación de firmas, sin que la ley contemple que se debe emitir una
comunicación personal al alcalde cuando se accede a una prórroga para la
recolección de apoyos ciudadanos.
Para finalizar, puntualizó que esa autoridad no tiene atribuciones para evaluar las
razones o la insatisfacción alegada por los promotores del mecanismo de
revocatoria del mantado, pues su función se limita a verificar el cumplimiento de los
requisitos formales y garantizar las etapas del procedimiento sin emitir juicios de
valor.
1.5.4. Los demás vinculados, pese a que fueron debidamente notificados, no se
pronunciaron respecto a los hechos objeto de la acción de tutela.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: John Freiman Urbano Urrutia
Demandados: Registraduría Nacional del Estado Civil -
Delegación Departamental del Cauca y otros
Radicado: 19001-23-33-000-2025-00204-01
1.6. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia de 2 de diciembre de 2025,
negó las pretensiones formuladas por el actor tras analizar de fondo la controversia
propuesta en la tutela pues consideró que, aunque el actor cuenta con el medio de
control de nulidad electoral para ventilar sus reparos, en este caso procedía la
acción constitucional de manera exepcional.7
De este modo, evidenció que no le asistía razón al demandante al cuestionar la
procedencia del mecanismo de participación, pues no está expresamente regulado
en la referida norma que dicho término deba contabilizarse a partir de la
aprobación del plan de desarrollo del municipio, como lo sugirió en el escrito de
tutela.
Igualmente, el a quo advirtió que el trámite de la iniciativa popular tiene previstas
dos formas para prorrogar el plazo otorgado para la recolección de apoyos
ciudadanos, de un lado, en casos de fuerza mayor o caso fortuito y, por el otro,
cuando no ha vencido el plazo inicial, por el tiempo faltante y un mes más.
Así, concluyó que no tenía vocación de prosperidad el reproche planteado por el
accionante, en atención a que la prórroga que fue concedida el 30 de octubre de
2025 para la recolección de firmas obedeció a que el comité promotor hizo entrega
de los formularios días antes del vencimiento del plazo otorgado y una vez se
rindió el informe técnico se estableció que no se cumplía con el mínimo requerido
para promover la iniciativa.
Por último, se explicó que la Ley 1757 de 2015 no tiene previsto que la concesión
de la prórroga deba ser comunicada de forma personal al alcalde, sino tan solo que
se realice una publicación en la página web de la entidad y, de todos modos, el
mandatario afirmó que se enteró por redes sociales, aunado a que no procedía
algún recurso en contra de tal decisión para que se pudiera inferir la presunta
vulneración de su derecho de defensa.
1.7. Impugnación
Mediante escrito recibido el 9 de diciembre de 20258 el señor Urbano Urrutia
impugnó el fallo de primera instancia, con respaldo en que el a quo «yerra al
declarar la improcedencia por subsidiariedad, pues no realiza un análisis de eficacia
material de la acción ordinaria, lo cual es obligatorio en presencia de un perjuicio
irremediable inminente».
7
Sobre este punto, el a quo señaló: «(...) se tiene que el mecanismo de defensa principal para
atacar la legalidad de los actos administrativos de trámite en el proceso de revocatoria del mandato
es el medio de control de nulidad electoral, que debe formularse contra el acto que declara los
resultados de las votaciones y en esa demanda, es posible alegar las irregularidades de los actos
administrativos que dieron impulso al procedimiento. Pese a ello, es necesario verificar que dicho
medio de defensa resulta idóneo y eficaz para la salvaguarda de los derechos invocados, puesto
que esta acción es procedente de forma excepcional para cuestionar la validez de los actos de
trámite, siempre que: (i) que la actuación administrativa de la cual hace parte el acto no haya
concluido, pero que el acto acusado defina una situación especial y sustancial; (ii) que se proyecte
en la decisión final; y (iii) que ocasione la vulneración o amenaza real de un derecho constitucional
fundamental».
8
Impugnación que fue presentada dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto 2591
de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó el 2 de diciembre de 2025.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: John Freiman Urbano Urrutia
Demandados: Registraduría Nacional del Estado Civil -
Delegación Departamental del Cauca y otros
Radicado: 19001-23-33-000-2025-00204-01
El actor señaló que la acción de nulidad es un proceso que puede tardar mucho
tiempo en resolverse, por lo que no le brindaba una solución y «si debe esperar el
agotamiento de la vía administrativa (CNE) y luego el trámite de la nulidad ante el
Consejo de Estado, el proceso de revocatoria, legalmente fracasado, se prolongará
por meses, consumando el daño».
A su vez, el recurrente cuestionó que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta
las pruebas que allegó al plenario para demostrar la existencia de un perjuicio
irremediable, dado que ha sufrido persecución política y el hecho de que se
continúe con el trámite de la revocatoria de su mandato origina una ruptura en el
orden público.
Igualmente, afirmó que se omitió analizar que el mecanismo de participación no se
promovió por alguna causal válida, sino por simples inconformidades políticas y
que, aunque la registraduría no tenga reglado un procedimiento interno de
notificación o que la ley no lo mencione expresamente, el deber de notificar actos
que afectan derechos fundamentales se debe garantizar, según lo previsto, entre
otros, en el arículo 29 de la Constitución.
Con respaldo de lo anterior, el actor solicitó revocar el fallo impugnado y que «se
DECLARE la NULIDAD del acta mediante la cual se prorrogó el término de
recolección de apoyos para el proceso de revocatoria de mandato del señor Alcalde
Municipal de Piendamó - Tunía», así como que se ordene a las autoridades
accionadas archivar la iniciativa de revocatoria del mandato.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca,
el 2 de diciembre de 2025, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, este último modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así
como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestión previa
La Sala observa que el Consejo Nacional Electoral solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva, sin que ello hubiese sido resuelto por el
a quo, razón por la que resulta necesario pronunciarse al respecto en esta
instancia.
Sin embargo, esta petición será denegada teniendo en cuenta que la acción
constitucional también se dirigió en contra de dicha entidad, así más allá de la
responsabilidad o no que le asista en este caso, es importante que pudiera ejercer
su derecho de defensa y exponer los argumentos que considerara pertinente.
Sumado a que la autoridad electoral intervino en el trámite de la revocatoria del
mandato adelantado en contra del alcalde de Piendamó - Tunía (Cauca), el señor
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: John Freiman Urbano Urrutia
Demandados: Registraduría Nacional del Estado Civil -
Delegación Departamental del Cauca y otros
Radicado: 19001-23-33-000-2025-00204-01
Urbano Urrutia, en la audiencia pública que se llevó a cabo el 18 de febrero de
2025, por lo que tiene un interés legítimo en las resultas del presente asunto.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo
proferido en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la acción de tutela
cumple el requisito de subsidiariedad y procede como mecanismo transitorio para
controvertir actos administrativos expedidos dentro del trámite de revocatoria del
mandato.
De superarse lo anterior, deberá estudiar si se vulneraron los derechos
fundamentales invocados por el señor Urbano Urrutia, con ocasión a que se aceptó
la procedencia del referido mecanismo de participación ciudadana y se concedió
una prórroga a los promotores de la iniciativa para la recolección de firmas.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela; ii) naturaleza subsidiaria de la acción de tutela
y su excepcionalísima procedencia contra actos administrativos; y iii) caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución establece el precepto constitucional, según el cual,
toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en el
artículo 6º ibidem., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.
2.5. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima
procedencia contra actos administrativos
En el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución se estableció el requisito de la
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la tutela y determinó que
«[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto Ley 2591 de 1991.9
9
«ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante».
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: John Freiman Urbano Urrutia
Demandados: Registraduría Nacional del Estado Civil -
Delegación Departamental del Cauca y otros
Radicado: 19001-23-33-000-2025-00204-01
La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de
manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas
no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible acudir a esta acción constitucional.
De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe
hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos
legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.
En lo que concierne a los actos administrativos que se controvierten mediante la
solicitud de tutela, el Decreto 2591 de 1991 prevé:
Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no
procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
(…) 5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.
(Negrilla fuera del texto original)
Al respecto, la Corte Constitucional precisó en la sentencia C-132 de 2018 lo
siguiente:
La jurisprudencia constitucional ha establecido que cuando se trata de objetar o
controvertir actos administrativos, en principio se debe acudir a la jurisdicción
contencioso administrativa y no a la acción de tutela, salvo que el juez determine que
tales mecanismos no proporcionan una eficaz y pronta protección a los derechos que
se pretenden salvaguardar o se esté ante la posibilidad que se configure un perjuicio
irremediable, pero en todo caso las acciones judiciales contencioso administrativas
no pueden haber caducado al momento de interponerse la acción de tutela.
Igualmente, dicha alta Corte explicó que la acción de tutela procederá contra actos
de contenido general, impersonal y abstracto solo excepcionalmente y como
mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales, siempre que
se trate de evitar la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y sea posible
determinar que aquellos afectan directamente un derecho fundamental de una
persona determinada o determinable.
2.6. Caso concreto
El señor Urbano Urrutia solicitó que se ordene la terminación del proceso de
revocatoria iniciado en su contra, en calidad de alcalde del municipio de Piendamó -
Tunía (Cauca) para el periodo 2024-2027, debido a que las autoridades accionadas
permitieron que se adelante tal iniciativa cuando solo transcurrieron siete meses
desde que se aprobó el Plan de Desarrollo Territorial, así que el mecanismo de
participación más allá de tener un fundamento válido, constituye una persecución
política.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: John Freiman Urbano Urrutia
Demandados: Registraduría Nacional del Estado Civil -
Delegación Departamental del Cauca y otros
Radicado: 19001-23-33-000-2025-00204-01
Además, el actor pretende que se deje sin efectos el acto administrativo mediante
el cual se prorrogó el término de recolección de apoyos para la revocatoria de
mandato. Esto, con respaldo en que tal actuación no se justificó en la ocurrencia de
una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, aunado a que no se le notificó en
debidamente, ya que tuvo conocimiento de lo dispuesto por redes sociales.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Cauca negó el amparo
solicitado por el accionante, al concluir que: i) la solicitud de revocatoria del
mandato fue presentada dentro del término previsto en el artículo 6º de la Ley 1757
de 201510; ii) el plazo otorgado para la recolección de apoyos podía ser prorrogado
cuando los formularios se radicaran antes de su vencimiento y no se hubieran
obtenido las firmas requeridas; y iii) la normativa aplicable al mecanismo de
participación no exige que la ampliación de dicho término sea notificada de manera
personal al actor.
En desacuerdo con la anterior decisión, el tutelante la impugnó con respaldo en que
el a quo erró «al declarar la improcedencia por subsidiariedad, pues no realiz[ó] un
análisis de eficacia material de la acción ordinaria, lo cual es obligatorio en
presencia de un perjuicio irremediable inminente», con ocasión a que ha sufrido
persecución política y se podría originar una ruptura en el orden público al
continuarse con el trámite de la revocatoria de su mandato.
En el presente caso, lo primero que resulta importante aclarar es que en el escrito
de tutela el actor no identificó de manera expresa los actos administrativos a los
que les atribuye la presunta vulneración de sus derechos fundamentales y en la
impugnación hizo alusión de forma genérica a un «acta».
No obstante, a partir del análisis conjunto de los hechos expuestos por las partes y
del material probatorio obrante en el expediente, la Sala infiere que las decisiones
cuestionadas corresponden a la Resolución 01 del 31 de enero de 2025 y al Acta
del 30 de octubre del mismo año, ambas suscritas por la Registraduría Municipal de
Piendamó (Cauca).
La razón de ello obedece, por un lado, a que la autoridad municipal declaró que la
solicitud de revocatoria del mandato cumplía con los requisitos previstos en la Ley
1757 de 2015 mediante la Resolución 01 del 31 de enero de 2025 y, por el otro, a
que en el Acta de 30 de octubre de 2025 el registrador procedió, por segunda vez,
a entregar a la promotora el formulario destinado a la recolección de apoyos
ciudadanos, dentro del trámite propio del mecanismo de participación.
Ahora bien, para tener una mejor comprensión del asunto en estudio es oportuno
traer a colación que la revocatoria del mandato se divide en las siguientes fases:
[L]a primera etapa, relativa a las gestiones ciudadanas para conseguir el apoyo
suficiente y presentar la petición de consulta popular de revocatoria a la Registraduría
General del Estado Civil. La segunda etapa, concerniente a la verificación que hace
la Registraduría del proceso ciudadano, y a la planificación de los comicios, de
reunirse los requisitos establecidos para ello. La tercera etapa, que comprende la
consulta popular para decidir si se revoca el mandato del [a]lcalde o [g]obernador.
10
«Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la
participación democrática».
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: John Freiman Urbano Urrutia
Demandados: Registraduría Nacional del Estado Civil -
Delegación Departamental del Cauca y otros
Radicado: 19001-23-33-000-2025-00204-01
Finalmente, la cuarta etapa, relativa a la elección de un reemplazo, en caso de que
la ciudadanía vote para revocar al [a]lcalde o [g]obernador.11
Igualmente, la Sala encuentra que la Corte Constitucional12 es del criterio, según el
cual, las actuaciones anteriores al acto que declara los resultados de la votación en
un proceso de revocatoria del mandato constituyen actos de trámite. En
consecuencia, las decisiones cuestionadas por el actor tienen dicha naturaleza,
pues se limitan a impulsar el procedimiento previsto en la Ley 1757 de 2015 para
que la Registraduría Nacional del Estado Civil pueda certificar el cumplimiento de
los requisitos de la iniciativa y, posteriormente, convoque a la correspondiente
jornada electoral.
En lo que concierne a los actos administrativos que se controvierten mediante la
solicitud de tutela, la alta Corte puntualizó que es necesario distinguir entre aquellos
que son: i) definitivos, esto es, que «decidan directa o indirectamente el fondo del
asunto o hagan imposible continuar con la actuación de trámite»13 y los de ii)
trámite, que comprenden los preparatorios, de ejecución y todos aquellos de
impulso procesal y tienen la particularidad de que «no crean, modifican o extinguen
una situación jurídica concreta sino que están encaminados a contribuir con su
realización».14
Así, estableció que por regla general la acción de tutela no es procedente para
cuestionar actos administrativos de trámite, toda vez que se limitan a darle impulso
procesal y solamente lo será, de manera excepcional, cuando se acredita: «(i) que
la actuación administrativa de la cual hace parte el acto de trámite no haya
concluido, (ii) que el acto defina una situación especial y sustancial que se proyecte
en la decisión final y (iii) que el acto ocasione la vulneración o amenaza real de un
derecho constitucional fundamental».15
De lo expuesto, esta Sección encuentra que la presente solicitud constitucional es
improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad. Ello obedece a que el
señor Urbano Urrutia dispone de otros mecanismos de defensa judicial idóneos y
eficaces para controvertir la legalidad de los actos de trámite proferidos dentro del
procedimiento de revocatoria del mandato, una vez culminado y dependiendo de la
decisión definitiva que se profiera, mediante el ejercicio de los medios de control de
nulidad o de nulidad electoral contemplados en los artículos 13716 y 13917 de la Ley
1437 de 2011 (CPACA).
En otras palabras, el acto administrativo susceptible de control jurisdiccional será
aquel que ponga fin al mecanismo de participación ciudadana, pues contra tal
decisión el accionante podrá formular todas las presuntas irregularidades ocurridas
durante el desarrollo del procedimiento, entre ellas, la eventual omisión en la
verificación de los requisitos de la solicitud de revocatoria, la concesión injustificada
11
Corte Constiticional, sentencia SU-077 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
12
Ibídem.
13
Corte Constitucional, sentencia T-084 de 2023, Sala Quinta de Revisión.
14
Ibídem.
15
Ibídem.
16
«Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de
los actos administrativos de carácter general».
17
«(...) Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por
cuerpos electorales (...)».
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: John Freiman Urbano Urrutia
Demandados: Registraduría Nacional del Estado Civil -
Delegación Departamental del Cauca y otros
Radicado: 19001-23-33-000-2025-00204-01
de la prórroga para la recolección de apoyos ciudadanos y la falta de notificación de
dicha extensión del plazo.
No obstante, bajo los lineamientos jurisprudenciales señalados anteriormente, se
verificará si en el presente asunto se cumplen los presupuestos necesarios para
que la solicitud de tutela proceda de manera excepcional:
i) La actuación administrativa de la cual hacen parte los actos cuestionados
(Resolución 01 del 31 de enero de 2025 y el Acta de 30 de octubre de 2025) no ha
concluido, teniendo en cuenta que al consultar la página web de la Registraduría
Nacional del Estado Civil se encontró que el 18 de enero de 2026 la Dirección del
Censo Electoral emitió el informe técnico del proceso de verificación de firmas18,
cuyo resumen es el siguiente:
Según lo previsto en los numerales 11 y 12 del artículo 3º de la Resolución 6245 de
2015 del Consejo Nacional Electoral19, el anterior informe se envía a la dirección de
correo electrónico proporcionada por los promotores del mecanismo de
participación y el mismo día se publica en la página web de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, con el propósito que dentro de los cinco días hábiles
siguientes se presenten las objeciones correspondientes.
En el evento de no presentarse alguna contradicción en contra del escrito técnico
se ententerá que es el definitivo y, por el contrario, si se radica algún escrito la
18
https://www.registraduria.gov.co/Informes-tecnicos-197.html
19
«Por la cual se señala el procedimiento de verificación de la autenticidad de los apoyos
ciudadanos a una propuesta de mecanismos de participación ciudadana».
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: John Freiman Urbano Urrutia
Demandados: Registraduría Nacional del Estado Civil -
Delegación Departamental del Cauca y otros
Radicado: 19001-23-33-000-2025-00204-01
Dirección del Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil lo
deberá resolver en un término máximo diez días calendario siguientes y expedirá el
informe técnico definitivo.
Una vez se profiera el informe técnico definitivo de verificación de firmas y se
allegue la constancia expedida por el Fondo de Financiación Política del Consejo
Nacional Electoral sobre los estados contables de la campaña para la recolección
de apoyos, la Registraduría Nacional del Estado Civil deberá emitir el acto
administrativo que certifica el cumplimiento de los requisitos exigidos para continuar
con el trámite. Sobre este punto, en el informe rendido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, se explicó:
En tal orden, para que el registrador del estado civil proceda a la expedición del acto
administrativo que certifica el cumplimiento o no de los requisitos constitucionales y
legales de un mecanismo de participación ciudadana como la revocatoria del
mandato, deben tenerse en cuenta dos condiciones previas, que son:
1.- El informe técnico definitivo de verificación de firmas o apoyos proferido por el
director de Censo Electoral de la RNEC, que evidencia el número total de respaldos
consignados y el número de apoyos válidos y nulos.
2.- La certificación expedida por el Fondo de Financiación Política del CNE, en la que
se haga constar que la campaña no excedió los topes individuales y generales de
financiamiento permitidos por el CNE.
(...) La resolución del registrador del estado civil que certifica el cumplimiento de los
requisitos constitucionales y legales de la iniciativa de revocatoria del mandato de un
alcalde municipal o distrital deberá ser notificada al gobernador, para que expida el
decreto de convocatoria a la votación del mecanismo de participación ciudadana, en
los términos establecidos en los artículos 33 y 43 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015.
Una vez fijada la fecha de la votación, la RNEC expedirá el calendario electoral y
adelantará la logística para la realización del mecanismo de participación ciudadana.
En este contexto, la Sala observa que el procedimiento de revocatoria del mandato
promovido en contra del señor Urbano Urrutia, en su condición de alcalde del
municipio de Piendamó-Tunía (Cauca), aún no ha finalizado. Esto, debido a que se
encuentran pendientes actuaciones necesarias para que la Registraduría Nacional
del Estado Civil emita la certificación que dé cuenta del cumplimiento de los
requisitos constitucionales y legales de la revocatoria del mandato.
ii) Los actos cuestionados por el accionante constituyen decisiones que han
incidido en el desarrollo del trámite del mecanismo de participación ciudadana. En
particular, porque mediante la Resolución 01 del 31 de enero de 2025, la autoridad
registral reconoció la validez formal de la iniciativa popular promovida en contra del
señor Urbano Urrutia y a través del Acta del 30 de octubre de 2025, el registrador
municipal otorgó al comité promotor una prórroga para la recolección de firmas.
Así que estas determinaciones han permitido la continuación secuencial del
procedimiento en sus fases preliminares y de acreditarse posteriormente que el
comité promotor allegó el número de apoyos equivalente, por lo menos al treinta
por ciento (30%) de los votos obtenidos por el servidor elegido –según lo previsto
en la Ley 1757 de 2015–, avanzará a la etapa siguiente, consistente en la eventual
convocatoria a los ciudadanos habilitados para decidir sobre la solicitud de
revocatoria del mandato.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: John Freiman Urbano Urrutia
Demandados: Registraduría Nacional del Estado Civil -
Delegación Departamental del Cauca y otros
Radicado: 19001-23-33-000-2025-00204-01
iii) En cuanto a la existencia de un perjuicio irremediable es oportuno indicar que la
Corte Constitucional lo definió como «el riesgo de consumación de un daño o
afectación cierta, negativa, jurídica o fáctica, a los derechos fundamentales, que
debe ser invocada por el juez constitucional, dada la alta probabilidad de su
ocurrencia»20 y, en ese sentido, señaló lo siguiente para determinar su existencia:
(i) [E]l perjuicio debe ser inminente, es decir, no basta con que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que
se cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidad
sobre la persona afectada; (iii) las medidas que se requieran para evitar la
configuración sean urgentes; y (iv) la acción es impostergable, es decir, en caso de
aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna.21
En el asunto que ocupa a la Sala, no se evidencia la necesidad de prevenir algún
daño que amerite flexibilizar el requisito de la subsidiariedad, pues no se puede
deducir la existencia de un perjuicio real y actual que se le originara al accionante,
toda vez que no se ha proferido una decisión definitiva respecto al cumplimiento de
los requisitos constitucionales y legales exigidos para que se continúe con la
revocatoria del mandato.
Incluso, no se tiene certeza de cuál será el informe técnico definitivo de verificación
de firmas y, en el evento de ser aquel expedido por la Dirección del Censo Electoral
el 18 de enero de 2026, por no ser objeto de contradicción o ser confirmada la
información allí registrada, se advierte que los apoyos mínimos válidos requeridos
debían ser «2.001» y solo obtuvieron tal condición «1.906», lo que definirá la
continuidad del procedimiento.
Vale la pena señalar que el accionante tiene la posibilidad de controvertir el informe
técnico definitivo de verificación de firmas en el caso hipotético de que se arribe a
una conclusión que no le sea favorable a sus intereses y podrá ventilar todos los
cuestionamientos que justamente planteó en la acción de tutela.
Por otra parte, esta Sección no advierte, prima facie, que las autoridades
accionadas, particularmente las Registradurías Nacional del Estado Civil y
Municipal de Piendamó (Cauca), hayan incurrido en alguna actuación
desproporcionada y arbitraria que atentara contra los derechos fundamentales del
demandante, de tal manera que se advierta la necesidad de intervenir como juez
constitucional en este asunto.
Aun cuando el señor Urbano Urrutia puso de presente que el trámite de la
revocatoria de su mandato afectó su buen nombre y salud mental, en la medida en
que, según manifestó, la iniciativa popular obedecería a una persecución política en
su contra, del acervo probatorio obrante en el expediente no es posible establecer
un nexo causal entre tales afectaciones y la mera activación del mecanismo de
participación ciudadana, es decir, que permita concluir que los presuntos impactos
alegados fueron originados directamente por la presentación de la solicitud de
revocatoria.
20
Corte Constitucional, sentencia T-190 de 2020, postura reiterada en la sentencia T-003 de 2022,
la cual se trae a colación como un criterio auxiliar de interpretación.
21
Corte Constitucional, sentencias SU-508 de 2020, T-190 de 2020 y T-235 de 2018.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: John Freiman Urbano Urrutia
Demandados: Registraduría Nacional del Estado Civil -
Delegación Departamental del Cauca y otros
Radicado: 19001-23-33-000-2025-00204-01
Por último, cabe anotar que en el esrito de impugnación el actor partió del supuesto
errado de considerar que el a quo declaró la improcedencia de la acción de tutela
por no cumplir el presupuesto de la subsidiariedad, pues en realidad en el fallo de
primera instancia se superó dicho presupuesto de forma excepcional y abordó de
fondo el estudio del caso particular y, por esto, fue que se resolvió negar el amparo
solicitado.
En este orden de ideas, la Sala revocará la sentencia de 2 de diciembre de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca para, en su lugar, declarar la
improcedencia de la solicitud de tutela por los motivos descritos anteriormente.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por el Consejo
Nacional Electoral.
SEGUNDO: Revocar la sentencia de 2 de diciembre de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, que negó la acción de tutela presentada por el
señor John Freiman Urbano Urrutia y, en su lugar, declarar improcedente.
TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Salva voto
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.