Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2026-00050-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2026-00050-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 19001-23-33-000-2026-00050-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
29 de mayo de 2026
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00050-01
Accionante: Amanda Marigil Mora Mora
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 19001-23-33-000-2026-00050-01
Accionante: Amanda Marigil Mora Mora
Accionado: Unidad Nacional de Protección y otros
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela. Derecho de petición.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 6 de abril de 2026 por el Tribunal Administrativo del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 16 de marzo de 2026, la señora Amanda Marigil Mora Mora, en nombre propio1,
interpuso acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales
de petición y al debido proceso 2, los cuales estima vulnerados por las Fiscalías 004
“Unidad de Vida e Integridad Personal” de Popayán y 005 Especializada de la “Unidad
de Delitos contra los DDHH y el DIH” de Popayán, la Unidad Nacional de Protección -UNP
y Seguros de Vida Suramericana, con ocasión de la presunta omisión de emitir respuesta
a varias solicitudes de información y copia de documentos presentadas ante dichas
entidades.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. La señora Amanda Marigil Mora Mora manifestó ser víctima del conflicto armado, en
razón a que sufrió desplazamiento forzado y a que su hijo, Hernán Enríquez Mora (Q. E.
P. D.), fue víctima de homicidio, circunstancias que la obligaron a abandonar su lugar de
residencia en el municipio de Sucre y trasladarse al municipio de Popayán.
2.2. Indicó que se encuentra inscrita en el Registro Único de Víctimas administrado por
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y clasificada en el grupo
1
Índice 00003 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado C894B52746E53345
EC1CD93A42E1C029 0B25A646FF2AC9FA 55AAAFBF70FB2962.
2 Ibid.
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Accionante: Amanda Marigil Mora Mora
A5 del SISBÉN, correspondiente a población en condición de pobreza extrema, situación
que evidencia su estado de debilidad manifiesta.
2.3. La accionante afirmó haber presentado las siguientes solicitudes:
2.3.1. Ante la Fiscalía 004 “Unidad de Vida e Integridad Personal” de Popayán radicó
escrito identificado con el número 20250100025472 de 25 de septiembre de 2025,
mediante el cual solicitó copia del expediente correspondiente a la noticia criminal No.
190506099170202400099, asociada a la denuncia presentada por su hijo.
2.3.2. Ante la Fiscalía 005 Especializada de la “Unidad de Delitos contra los DDHH y el
DIH” de Popayán presentó solicitud identificada con el número 20250100025502 de 25
de septiembre de 2025, por medio de la cual requirió copia de los expedientes
relacionados con las noticias criminales Nos. 195326000619202300248 y
195326107405201900011, correspondientes a denuncias formuladas por su hijo.
2.3.3. El 25 de septiembre de 2025 radicó petición ante la UNP, mediante la cual solicitó
información relacionada con los registros existentes en sus bases de datos respecto al
señor Hernán Enríquez Mora (QEPD).
2.3.4. Ante Seguros de Vida Suramericana S.A. solicitó copia de la reclamación del
seguro de vida presentada en el año 2024, de la póliza respectiva, sus anexos y demás
información relacionada con seguros de vida en los que figurara como asegurado su hijo.
Dicha solicitud fue identificada con el radicado No. 25092536110402.
2.4. La parte accionante sostuvo que, desde la radicación de las referidas solicitudes,
transcurrieron más de quince días sin que las entidades accionadas emitieran respuesta
alguna.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó al juez constitucional:
“Con fundamento en lo anteriormente expuesto, le solicito señor juez, que se tutele
mis derechos fundamentales invocados como amenazados, violados y/o vulnerados,
de PETICIÓN y DEBIDO PROCESO; y, en consecuencia:
PRIMERO: En cumplimiento del derecho fundamental de PETICIÓN consagrado en
el Articulo 23 C.P., Artículo 14 de ley 1755 del 2015, se ordene a las entidades
tuteladas expedir y notificar respuesta clara, de fondo, precisa y congruente del
derecho de petición -solicitud de documentos e información, radicado en sus oficinas
físicas”3.
Como fundamento de la solicitud de amparo, sostuvo que la ausencia de respuesta por
parte de las entidades accionadas vulneró sus derechos fundamentales de petición y
debido proceso.
3 Ibid.
2
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Accionante: Amanda Marigil Mora Mora
Finalmente, señaló que la eventual tardanza en la presentación de la acción de tutela se
encontraba razonablemente justificada por sus particulares condiciones de
vulnerabilidad. Indicó que actualmente reside, por razones de seguridad, en una vereda
apartada y de difícil acceso vehicular, ubicada en zona rural del municipio de Popayán,
circunstancia que, aunada al temor por su vida e integridad personal, la obliga a restringir
sus desplazamientos fuera del lugar de residencia.
Agregó que su situación de pobreza extrema, su bajo nivel educativo, pues únicamente
cursó primero de primaria y apenas sabe firmar, y la imposibilidad material de asumir
honorarios profesionales la llevaron a acudir al apoyo solidario de un estudiante de
derecho para estructurar la presente acción constitucional. En ese sentido, sostuvo que
tales circunstancias, analizadas en el contexto de su condición de víctima del conflicto
armado, configuran un estado de debilidad manifiesta reconocido por la jurisprudencia
constitucional, lo que justificaba la interposición de la acción de tutela.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 16 de marzo de 20264, el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo del Cauca admitió la acción de tutela; requirió a los accionados para que
en el término de dos días rindieran informe referente a los hechos expuestos en la
solicitud de amparo; y ordenó notificar a los sujetos procesales.
Una vez efectuadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.1. Seguros de Vida Suramericana S.A.5 informó que el señor Hernán Enríquez Mora
se encontraba amparado por la póliza BAN PLAN VIDA 2007 y que la accionante figuraba
como beneficiaria del 100 % de la cobertura. Señaló que, con ocasión del fallecimiento
del asegurado, se tramitó la reclamación No. BAN009020473 y que, luego del análisis
técnico y jurídico correspondiente, el 16 de agosto de 2024 se reconoció y pagó
integralmente la indemnización prevista en la póliza, por valor de $38.773.715, suma
girada a favor de la accionante en calidad de ben eficiaria única. En consecuencia,
sostuvo que no existían pagos pendientes ni trámites adicionales relacionados con dicha
reclamación.
Asimismo, precisó que el 29 de septiembre de 2025 la accionante presentó un derecho
de petición identificado con el número 25092636113173, el cual fue resuelto
oportunamente el 9 de octubre de 2025, dentro del término previsto en la Ley 1755 de
2015. Indicó que, en dicha respuesta, remitió la carátula de la póliza, la declaración de
asegurabilidad, el aviso de reclamación y el soporte de pago de la indemnización,
correspondientes a los documentos disponibles en el expediente del siniestro
Con fundamento en lo anterior, afirmó que no existía vulneración del derecho fundamental
de petición, en tanto la respuesta fue emitida de manera oportuna, de fondo y con la
información disponible en poder de la compañía. Finalmente, sostuvo que cumplió
4 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado FCF08CD74534E193 6B703793DE695E2B
E6361551D20B11DA 75853C080A5446CA.
5 Índice 0008 del expediente digital de primera instancia, certificado 0211268E514B60B4 326515BC53C0E19C
09691363DABA3BD4 346FCD05C6439D40.
3
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Accionante: Amanda Marigil Mora Mora
íntegramente las obligaciones contractuales derivadas de la póliza BAN PLAN VIDA 2007
y atendió adecuadamente la solicitud formulada por la accionante.
Junto con el informe allegó copia de la respuesta emitida el 9 de octubre de 2025, así
como de la comunicación del 19 de marzo de 2026, mediante la cual amplió la información
suministrada respecto de la petición radicada el 29 de septiembre de 2025.
4.2. La Fiscalía 32 Especializada Unidad de Investigación Grupo Territorial Cauca6
señaló que adelanta la investigación radicada bajo el No. 190506099170202400099, por
el delito de homicidio, en carácter “averiguatorio”7, respecto de los hechos ocurridos el 7
de junio de 2024 en la vereda Las Perlas del municipio de Argelia, Cauca, en los que
resultó víctima Hernán Enríquez Mora. Indicó que la actuación fue asignada a dicho
despacho en calidad de fiscal de apoyo el 10 de octubre de 2024 y asumida para
conocimiento desde el 11 de julio de 2025.
Asimismo, señaló que el 26 de septiembre de 2025 Amanda Marigil Mora Mora solicitó,
vía correo electrónico, copia íntegra del expediente, con el fin de conocer los hechos
relacionados con la muerte de su hijo e impulsar la investigación, y requirió que la
documentación fuera remitida al correo electrónico darwinenriquez@gmail.com.
Precisó que el 3 de octubre de 2025 dio respuesta a la solicitud mediante oficio UEI-
11200-F32-00089, enviado al correo electrónico indicado, al que adjuntó el formato único
de noticia criminal del 7 de junio de 2024, la inspección técnica a cadáver y su álbum
fotográfico, el “web service”8 de la víctima, el informe de investigador de campo del 20 de
julio de 2024 y las entrevistas rendidas por varios familiares y testigos. Aclaró que el
protocolo de necropsia no fue remitido, debido a que aún no había sido allegado al
despacho.
En consecuencia, sostuvo que no existía vulneración de los derechos fundamentales
invocados, dado que la solicitud fue atendida oportunamente, para lo cual aportó los
respectivos soportes de envío y las comunicaciones sostenidas con la accionante.
4.3. La UNP9 manifestó que, mediante oficio No. OFI-2025-00032322 del 29 de
septiembre de 2025, comunicado el 30 de septiembre siguiente, dio respuesta a la
petición formulada por la accionante, en la cual indicó que no era procedente suministrar
la información requerida, por encontrarse amparada por reserva legal, al comprometer la
intimidad de terceras personas, de conformidad con los artículos 15 y 74 de la
Constitución Política y los artículos 2.4.1.2.2 numeral 13 y 2.4.1.2.47 numeral 3 del
Decreto 1066 de 2015.
Asimismo, resaltó que actuó con fundamento en el artículo 25 de la Ley 1755 de 2015,
disposición que autoriza rechazar solicitudes de información sometidas a reserva legal.
6
Índice 00009 del expediente digital de primera instancia, certificado 40447D6057A8F74F CC60B8FE8225F09D
FBE906C14D7FA0BC 1964888EBDF68F7C.
7 Ibid.
8
Ibid.
9 Índice 00011 del expediente digital de primera instancia, certificado 0AEFEC8BF1738E19 BA02AFAD060CC5BA
1F9CEAD292B3C1D6 2F1F221661B691EE.
4
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Accionante: Amanda Marigil Mora Mora
Con base en ello, solicitó declarar la inexistencia de vulneración de derechos
fundamentales.
4.4. La Fiscalía 005 Especializada- Unidad de Delitos contra los DDHH y DIH
Popayán10 indicó que la solicitud No. 20250100025472, radicada el 25 de septiembre de
2025, fue atendida el 18 de marzo de 2026, fecha en la cual remitió al correo electrónico
darwinenriquez89@gmail.com copia de los expedientes identificados con las noticias
criminales Nos. 195326000619202300248 y 195326107405201900011.
Explicó que la demora en la emisión de la respuesta obedeció a la elevada carga laboral
del despacho, el cual registra aproximadamente 4.800 investigaciones activas
relacionadas con afectaciones a líderes sociales y defensores de derechos humanos,
entre ellas 98 investigaciones por homicidio, además de las múltiples solicitudes de
información que debe atender de manera permanente.
Con fundamento en lo anterior, solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 6 de abril de 202611, el Tribunal Administrativo del Cauca amparó
el derecho fundamental de petición de la accionante respecto de la Fiscalía 005
Especializada- Unidad de Delitos contra los DDHH y DIH Popayán y la Unidad Nacional
de Protección-UNP.
En consecuencia, ordenó a la referida fiscalía que, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de la providencia, remitiera al canal digital de la
accionante copia íntegra de los expedientes correspondientes a las noticias crimin ales
Nos. 195326000619202300248 y 195326107405201900011, con todas las piezas
procesales que los integran. Asimismo, dispuso que, en caso de existir razones legales
que impidieran la entrega total de la información, la autoridad debía informar de manera
motivada las razones de la negativa, los recursos procedentes, las autoridades
competentes para resolverlos y el término para interponerlos.
Igualmente, ordenó a la UNP que, dentro del mismo término comunicará la respuesta
contenida en el oficio No. 2025-ext 2025-00078817 de 29 de septiembre de 2025 al canal
digital de la accionante (darwinenriquez89@gmail.com). No obstante, precisó que, si la
accionante consideraba que la información solicitada no se encontraba sometida a
reserva, podía acudir a los mecanismos previstos en el artículo 26 y siguientes de la Ley
1755 de 2015.
Por otra parte, negó el amparo respecto de la Fiscalía 32 Especializada - Unidad Especial
de Investigación Grupo Territorial Cauca y Seguros de Vida Suramericana S.A., al
10 Índice 00012 del expediente digital de primera instancia, certificado F3CA5FFC46CEB35C B0B5CC82890F4BD2
29A8514C59A8C612 C7D9AEC71360F17E.
11 Índice 00013 del expediente digital de primera instancia, certificado E9E61BD196023892 350B1AF02C8F1345
A4EE0FF6AEEDD9BD 5BAD55F6E79B5CDF.
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Accionante: Amanda Marigil Mora Mora
considerar acreditado que dichas entidades atendieron oportunamente las solicitudes
formuladas por la accionante.
Finalmente, al pronunciarse sobre la legitimación en la causa por pasiva, el a quo precisó
que, una vez revisados los informes allegados al expediente, tendría como accionada a
la Fiscalía 32 Especializada - Unidad Especial de Investigación Grupo Territorial Cauca y
no a la Fiscalía 004 “Unidad de Vida e Integridad Personal”, toda vez que aquella fue la
autoridad que conoció y atendió la solicitud que dio origen a la presente acción
constitucional.
6. Impugnación12
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y reiteró los argumentos
expuestos en la solicitud de amparo. Sostuvo que no compartía el análisis efectuado por
el a quo, por cuanto, a su juicio, no valoró adecuadamente la vulneración continua de sus
derechos fundamentales atribuible a: i) Seguros de Vida Suramericana S.A.; ii) la Fiscalía
32 Especializada - Unidad Especial de Investigación Grupo Territorial Cauca; y iii) la
Unidad Nacional de Protección -UNP-.
6.1. En relación con Seguros de Vida Suramericana S.A., manifestó que la entidad no
entregó copia íntegra del trámite de reclamación del seguro de vida, dado que omitió
remitir los siguientes documentos: i) carta de solicitud de reclamación suscrita; ii)
formulario de reclamación con firma y huella; iii) documentos relacionados con el
siniestro; iv) documentos de identificación de los beneficiarios; y v) historia clínica del
asegurado.
Adujo que la información requerida resultaba indispensable, toda vez que pretende
establecer lo siguiente:
“• Quién firmó y colocó la huella en los documentos de reclamación
• Si existió suplantación de identidad
• Si se configuró un posible delito de estafa
Esto debido a que:
• Aunque recibió la indemnización, esta fue incompleta
• Un tercero habría presentado la reclamación usando su identidad
• Posteriormente, mediante engaño, dicho tercero le hizo entregar parte del dinero”13.
Por lo tanto, expuso que la respuesta brindada por la entidad no había sido de fondo,
pues estaba incompleta y no resolvía lo solicitado de forma clara, expresa y congruente
y contraviene la jurisprudencia constitucional sobre la materia (T-621 de 2017).
6.2. La accionante señaló que, si bien la Fiscalía 32 Especializada - Unidad Especial de
Investigación Grupo Territorial Cauca afirmó haber emitido respuesta mediante el Oficio
No. UEI-11200-F32-00089 del 3 de octubre de 2025, remitido al correo electrónico
darwinenriquez@gmail.com, dicha dirección electrónica no correspondía a la
suministrada por ella para efectos de notificación. Precisó que el correo correcto era
12
Índice 00018 del expediente digital de primera instancia, certificado A404E86734697008 C7BAA9A4E59F81EC
463A6FB0C3A5D79C AFF9D9C9E37FFB48.
13 Ibid.
6
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00050-01
Accionante: Amanda Marigil Mora Mora
darwinenriquez89@gmail.com, razón por la cual sostuvo que nunca tuvo acceso efectivo
a la información presuntamente remitida por la entidad.
6.3. Adujo que, a pesar de que la UNP sostuvo que respondió a su petición mediante
Oficio número OFI-2025-00032322 del 29 de septiembre de 2025, lo cierto era que dicha
respuesta nunca había sido recibida, dado que no reposaba en la bandeja de entrada del
correo indicado por la accionante.
Por otra parte, en cuanto a la reserva legal invocada por la UNP, sostuvo que esta no era
procedente en la medida en que la solicitud había sido presentada por la madre de la
víctima fallecida y se aportaron los registros civiles correspondientes (nacimiento y
defunción). Adicionalmente advirtió que la sentencia T-119 de 2009 emitida por la Corte
Constitucional era aplicable a su caso pues reconoció: i) el derecho a la verdad de los
familiares, ii) el acceso a la información relevante para esclarecer los hechos y iii) que la
reserva no podía utilizarse para ocultar información relevante.
6.4. Por último, dejó constancia de que respecto de la Fiscalía 05 Especializada de DDHH
y DIH de Popayán la vulneración fue superada al haberse recibido respuesta posterior.
Mediante auto del 17 de abril de 202614, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo
del Cauca concedió la impugnación interpuesta por la parte actora.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
6 de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual
amparó el derecho de petición de la accionante respecto de la Fiscalía 005 Especializada-
Unidad de Delitos contra los DDHH y DIH Popayán y la Unidad Nacional de Protección -
UNP y negó las pretensiones en relación con la Fiscalía 32 Especializada – Unidad
Especial de Investigación Grupo Territorial Cauca y Seguros de Vida Suramericana.
Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se vulneró el derecho de
petición de las accionantes.
3. Procedibilidad de la acción
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
14 Índice 00019 del expediente digital de primera instancia, certificado 73E58933DEE8483E FDB7FFE946BEFB25
0971A4EBBF3C0E8B C2271BE8E18D91E3.
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Accionante: Amanda Marigil Mora Mora
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad o de un particular, en los casos que
establece la ley.
4. Derecho de petición
El artículo 23 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o
particular, y a obtener una pronta resolución. Su regulación está establecida en el Titulo
II de la Primera Parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo15, y de acuerdo con el artículo 1316 de dicho cuerpo normativo, las
personas tienen derecho a presentar, de forma respetuosa, solicitudes de interés general
o particular ante las autoridades y a “obtener pronta resolución, completa y de fondo”.
La Corte Constitucional17 ha indicado que “(…) dentro de sus garantías se encuentran (i)
la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del
término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y efectiva
respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la situación real
de lo solicitado”. En esa dirección también ha indicado que a este derecho se adscriben
tres posiciones: “(i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii)
la resolución dentro del término legal y la consecuente notificación de la respuesta al
peticionario”.
Además, la jurisprudencia constitucional ha definido el núcleo esencial de este derecho
bajo los siguientes términos:
“El núcleo esencial de un derecho representa aquellos elementos intangibles que lo
identifican y diferencian frente a otro derecho, los cuales no pueden ser intervenidos
sin que se afecte la garantía. En el derecho de petición, la Corte ha indicado que su
núcleo esencial se circunscribe a: i) la formulación de la petición; ii) la pronta
resolución, iii) respuesta de fondo y iv) la notificación al peticionario de la decisión”18.
De otro lado, si quien recibe la solicitud considera que no tiene competencia para
contestarla, debe informar de inmediato al interesado, ya sea verbalmente o por escrito,y
proceder con la remisión de esta al competente y enviar copia del oficio remisorio al
peticionario. En caso de no existir funcionario competente, así deberá comunicarlo19.
15 Título sustituido por la Ley 1755 de 2015.
16
Ley 1755 de 2015, artículo 13. “Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos
de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado
en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se
podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una
situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requ erir copias de
documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado,
o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación”.
17
Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2018. Al respecto, ver sentencias: T-737 de 2005., T-236 de 2005, T-718
de 2005, T-627 de 2005, T-439 de 2005, T-275 de 2006, T-214 de 2005, T-867 de 2013, T-268 de 2013 y T-083 de
2017, entre otras.
18 Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
19 Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.
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Radicado: 19001-23-33-000-2026-00050-01
Accionante: Amanda Marigil Mora Mora
Por lo tanto, una autoridad debe, frente a una petición respetuosa, responderla de fondoy
de manera congruente a lo solicitado; requerir que sea completada si considera que es
necesario, para luego resolverla de fondo; o remitirla a quien tenga competencia,
explicando las razones de su decisión; dentro de los términos previstos en la ley.
Otro punto para destacar es, que a través de la Ley 1755 de 2015 20 se reguló el término
para resolver las peticiones presentadas en general, el cual es de quince (15) días
después de su recepción. Ahora bien, cuando se solicitan documentos o información se
deberá resolver dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción y si no se le da
respuesta al peticionario, se entenderá que la solicitud ha sido aceptada y por ende las
copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes. Por su parte, el artículo 20 ibídem
prevé sobre la atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho
fundamental cuando estas deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al
peticionario.
En suma, el derecho de petición adquiere real importancia, por cuanto es considerado
como un instrumento fundamental con el que cuenta el Estado para hacer efectiva la
democracia participativa, pues con fundamento en este, los ciudadanos pueden acudir
ante autoridades con el fin de informarse y hacer efectivos los demás derechos
fundamentales.
5. Carencia actual de objeto
Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela se creó como un
procedimiento preferente y sumario para la protección inmediata de los derechos
fundamentales, frente a violaciones o amenazas de las autoridades públicas o de
particulares. En este sentido, el juez de tutela debe dictar órdenes de cumplimiento
inmediato para hacer cesar la vulneración de los derechos.
Al respecto, es preciso indicar que la Corte Constitucional ha reiterado que “ante la
alteración o la desaparición de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de
los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial”21.
En este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que la controversia
desaparece, en tres eventos que se conocen como daño consumado, hecho superado o
20 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” junio 30 de 2015.
21 Corte Constitucional. Sentencias T-001 de 1996, T-411 de 1999, T-988 de 2002, T-066 de 2007 y T-192 de 2008:
“[…] la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situación
expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, se ha modificado
sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o de daño a los derechos
fundamentales. Siendo la defensa de éstos la justificación y el propósito de esta forma expedita de administrar justicia
constitucional en el caso concreto, ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes de inmediato cumplimiento en
relación con unas circunstancias que pudieron configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la
sentencia, no existen o, cuando menos, presentan características totalmente diferentes a las iniciales”.
9
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00050-01
Accionante: Amanda Marigil Mora Mora
situación sobreviniente; situaciones en las que carece de sentido un pronunciamiento de
fondo, pues “la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”.22
Así las cosas, la carencia de objeto se presenta: i) por hecho superado, cuando por
alguna conducta del obligado se supera la afectación a los derechos invocados de tal
manera que resulte innecesario el pronunciamiento del juez, ii) por daño consumado,
cuando se afecta de manera definitiva los derechos del tutelante, antes de que el juez
constitucional profiera decisión de fondo sobre las pretensiones de la tutela y, iii) por
situación sobreviniente, cuando se presenta cualquier circunstancia que haya hecho
cesar la vulneración de los derechos fundamentales.
En cuanto a la configuración de la carencia de objeto por situación sobreviniente, la Corte
Constitucional ha señalado, lo siguiente:
“(…) 36. El hecho sobreviniente, por su parte, ha sido diseñado más recientemente
para cubrir situaciones que no encajan en las categorías originales, de daño
consumado y hecho superado. Se configura cuando las circunstancias fácticas que
originan una acción de tutela cambian, bien sea porque i) el actor asume directamente
una carga que no le correspondía,[43] ii) un tercero logra satisfacer la pretensión
principal,[44] iii) es imposible proferir una orden para cumplir las pretensiones[45] y
iv) el accionante ha perdido interés en el resultado del proceso.[46] Es esta última
circunstancia es importante advertir que, si la vulneración de los derechos cesa en
cumplimiento de una orden judicial, es preciso que se trate de una decisión ajena al
proceso de tutela que se debate”23.
En recientes decisiones el Alto Tribunal Constitucional se pronunció respecto de la
posibilidad de declarar una situación sobreviniente cuando esta se derivaba del
cumplimiento de una orden judicial dictada en el trámite de una acción de tutela. Al
respecto sostuvo:
“57. Por ser pertinente para el análisis del asunto sub examine, vale la pena
anotar que, en algunas ocasiones, esta corporación ha considerado que el fenómeno
de la carencia actual de objeto por situación sobreviniente puede tener lugar cuando,
con ocasión de un fallo favorable de los jueces de instancia en el proceso de tutela,
se agota la pretensión de la solicitud de amparo. Aunque se trata de una postura
jurisprudencial no exenta de discusión doctrinal, en el evento en que la pretensión de
la solicitud de amparo es superada como consecuencia del cumplimiento de una
orden judicial proferida en el marco del proceso de tutela, es posible que el desarrollo
del proceso constitucional pierda sentido o relevancia para el demandante
58. Una de las razones por las que la jurisprudencia constitucional considera que
cuando las pretensiones de la parte accionante se cumplen como consecuencia de
una orden judicial se configura una situación sobreviniente es, precisamente, porque
no existe voluntad del accionado, característica determinante del hecho superado.
Por consiguiente, al ser la situación sobreviniente una categoría residual y no
homogénea, esta Corte sostiene que puede configurarse cuando un tercero, distinto
a las partes, logra que la pretensión de la acción de tutela se materialice. De este
modo, en el evento en que el accionado cumpla una orden judicial, la jurisprudencia
señala:
22 Sentencia T-519 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Ver también, sentencias T-535 de 1992. M.P.
Alejandro Martínez Caballero; T-570 de 1992. M.P. Jaime Sanín Greiffenstein; y T-033 de 1994. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
23 Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2023, M.P. Diana Fajardo Rivera
10
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00050-01
Accionante: Amanda Marigil Mora Mora
“En relación con la carencia actual de objeto con ocasión de órdenes judiciales, la
Corte ha entendido que, cuando la satisfacción de los derechos presuntamente
vulnerados se fundamenta en la orden del juez de la acción de tutela que se analiza
en sede de revisión, no se configura la carencia actual de objeto. Esto, en
tanto “admitir que en estos eventos se configura la carencia actual de objeto por
hecho superado implicaría restarle efectos a la posibilidad de impugnar el fallo del
a quo o, incluso, la revisión por parte de esta Corporación”. No obstante, la
Corporación también ha señalado que, en los casos en que la actuación de
la entidad accionada no ha sido voluntaria sino que se ha dado como
consecuencia del accionar de un tercero, como lo pueden ser otros jueces,
se puede llegar a configurar la carencia actual de objeto por hecho
sobreviniente. Lo anterior, siempre y cuando quede acreditado que las
pretensiones del tutelante se satisficieron.””24.
Conforme a lo expuesto, resulta posible concluir que la Corte Constitucional ha sostenido
que la carencia actual de objeto por situación sobreviniente puede configurarse cuando
las pretensiones de la acción de tutela se satisfacen como consecuencia de una orden
judicial o de la actuación de un tercero, mas no por voluntad espontánea de la entidad
accionada. En tales eventos, el proceso de tutela pierde finalidad práctica para el
accionante, aunque ello no comporte necesariamente la configuración de un hecho
superado, toda vez que esta figura exige una actuación voluntaria del accionado. En ese
sentido, la situación sobreviniente constituye una categoría residual aplicable cuando la
satisfacción de lo pretendido deriva de circunstancias externas que hacen innecesario el
análisis de fondo del amparo.
6. Caso concreto
Al analizar las pruebas aportadas al expediente de tutela por las autoridades judiciales
accionadas, se advierte lo siguiente:
6.1. Análisis respecto de la Fiscalía 05 Seccional de DDHH y DIH de Popayán
Mediante petición No. 20250100025502 del 25 de septiembre de 2025, la accionante
solicitó a la autoridad accionada copia íntegra de las actuaciones correspondientes a las
noticias criminales Nos. 195326000619202300248 y 195326107405201900011,
relacionadas con las denuncias promovidas por hechos en los que resultó víctima su hijo,
Hernán Enríquez Mora (Q. E. P. D.).
El juez de primera instancia consideró que, si bien la entidad accionada expidió el Oficio
No. 20420-02-05-00044 del 18 de marzo de 2026, únicamente remitió copia de las
denuncias instauradas dentro de cada uno de los asuntos referidos, sin allegar la totalidad
de las piezas procesales que integraban los respectivos expedientes ni exponer las
razones que justificaban la ausencia de remisión integral de la información solicitada.
En ese contexto, el a quo constitucional concluyó que se configuró la vulneración del
derecho fundamental de petición de la señora Amanda Marigil Mora Mora y, en
consecuencia, ordenó a la Fiscalía 05 Seccional de Derechos Humanos y DIH de
Popayán que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del
fallo de tutela, remitiera a la accionante copia íntegra de los expedientes correspondientes
24 Corte Constitucional, T-122 de 2025.
11
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00050-01
Accionante: Amanda Marigil Mora Mora
a las noticias criminales Nos. 195326000619202300248 y 195326107405201900011,
con la totalidad de las piezas procesales pertinentes.
No obstante, la misma accionante en su escrito de impugnación manifestó lo siguiente:
“V. RESPECTO A LA FISCALÍA 05 ESPECIALIZADA
Se deja constancia de que:
•
Esta entidad sí remitió respuesta
• Entregó copia de las denuncias
Por tanto, se entiende satisfecho el derecho de petición frente a esta entidad”25.
Para el efecto aportó una captura de pantalla en la que acredita que la entidad accionada
remitió el 9 de abril de 2026 a su correo de notificación lo solicitado, así:
En consecuencia, respecto de la Fiscalía 05 Seccional de DDHH y DIH de Popayán se
advierte la ocurrencia de un hecho superado por situación sobreviniente, en la medida
que, con ocasión a la orden de amparo, la actuación se realizó antes de que se profiriera
fallo de segunda instancia. En efecto, desaparecieron las circunstancias fácticas que
sustentaban la alegada vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora,
razón por la cual la solicitud de amparo perdió su finalidad como mecanismo excepcional
de protección constitucional. En ese contexto, cualquier orden adicional que pudiera
impartir el juez de tutela resultaría inocua, ante la satisfacción material de lo pretendido
por la accionante.
6.2. Análisis respecto de la UNP
Mediante oficio del 29 de septiembre de 2025 26, comunicado el 30 de septiembre
siguiente27 al correo electrónico darwinenriqez@gmail.com, la Unidad Nacional de
25
Índice 00018 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado A404E86734697008
C7BAA9A4E59F81EC 463A6FB0C3A5D79C AFF9D9C9E37FFB48.
26 Índice 00011 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado EA994C78C5371531
D2F4504294165F41 3B79F28747F4DBA4 97D504E63E329FFC.
27 Índice 00011 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado A204F17D236A8659
725930D74DE54C95 98BF46F5818C457B 9FBE954738DC444B.
12
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00050-01
Accionante: Amanda Marigil Mora Mora
Protección -UNP- dio respuesta a la petición formulada por la accionante el 25 de
septiembre de 2025, identificada con el radicado No. 2025-ext-2025-00078817 del 29 de
septiembre de 2025, mediante la cual solicitó información que, a cualquier título, reposara
en la entidad y estuviera relacionada con su hijo, Hernán Enríquez Mora.
En la referida respuesta, la entidad rechazó la solicitud al considerar que la información
requerida podía comprometer el derecho a la intimidad de personas posiblemente
vinculadas a la UNP, así como de terceros. Con fundamento en ello, sustentó su negativa
en los artículos 74 de la Constitución Política; 36 del CPACA; 72 y 83 de la Ley 418 de
1997; 24 y 25 de la Ley 1755 de 2015; y el numeral 13 del artículo 2.4.1.2.2 del Decreto
1066 de 2015. Asimismo, señaló que los informes y documentos relacionados con el
Programa de Prevención y Protección de la UNP se encuentran sometidos a una reserva
legal de carácter especial.
No obstante, lo anterior, de conformidad con el material probatorio obrante en el
expediente, se encuentra acreditado que la respuesta emitida mediante el oficio No.
2025-ext-2025-00078817 del 29 de septiembre de 2025 fue remitida al correo electrónico
darwinenriqez@gmail.com28. Sin embargo, dicha dirección electrónica no corresponde a
la suministrada por la accionante en la petición presentada ante la UNP, pues en ella
indicó expresamente que cualquier respuesta debía remitirse al canal digital
darwinenriquez89@gmail.com29.
En consecuencia, el juez constitucional de primera instancia concluyó que, si bien la
entidad emitió una respuesta de fondo a la petición formulada, aquella no satisfizo el
requisito de notificación efectiva, orientado a garantizar el conocimiento real y oportuno
de la decisión por parte de la solicitante. Por tal razón, consideró vulnerado el derecho
fundamental de petición de la señora Amanda Marigil Mora Mora y, en consecuencia,
ordenó a la UNP que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
del fallo, remitiera el oficio No. 2025-ext-2025-00078817 del 29 de septiembre de 2025 al
correo electrónico darwinenriquez89@gmail.com.
Sobre el particular, la Sala advierte que la UNP, mediante escrito allegado el 10 de abril
de 202630, informó el cumplimiento de la orden impartida en primera instancia. Indicó que
la Oficina Jurídica, en acatamiento de lo dispuesto por el Tribunal Administrativo del
Cauca, trasladó la orden judicial a la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía
mediante memorando MEM-2026-00030122 del 8 de abril de 2026, dependencia que
procedió a remitir la respuesta al correo electrónico indicado por la accionante, tal como
consta en la captura de pantalla aportada al expediente.
28
Ibid.
29
Índice 00003 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado 2ADE31EA314E3937
1D0BF5147357B5C9 9B8423413F3145A2 2EEB86C85E31CBFC.
30
Índice 00017 del expediente digital de primera instancia, certificado s B394C67D996C3499 527761A68AD1D380
43893A8318AABF7C F049598AB5779A5E y 89190CA0D30A267C B3AC476E0E1EBE82 934756065C13EF7F
43BCDE34855DC855
13
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00050-01
Accionante: Amanda Marigil Mora Mora
En consecuencia, dado que la autoridad accionada, en cumplimiento de la orden judicial,
remitió al correo darwinenriquez89@gmail.com la respuesta a la petición presentada por
la parte actora, se advierte la ocurrencia de una carencia actual de objeto por situación
sobreviniente pues la actuación se realizó antes de que se profiriera fallo de segunda
instancia, lo que implica que desaparecieron las circunstancias en las que se sustentó la
vulneración de las garantías fundamentales de la parte actora.
De otra parte, respecto de los argumentos expuestos en la impugnación sobre la reserva
legal invocada por la UNP, esta judicatura señala que, tal y como lo consideró el juez de
primera instancia, tal circunstancia debe ser adelantada ante la misma entidad, conforme
a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015, que establece que “si la persona
interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que
invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar
donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales,
departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de
autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta,
total o parcialmente la petición formulada”.
En consecuencia, la Subsección denota que la acción de tutela no es el mecanismo
adecuado para resolver dicho trámite, pues la parte actora cuenta con mecanismo
ordinarios que le permiten que las autoridades correspondientes se pronuncien respecto
de su situación. Por lo tanto, este cargo no superaría el requisito de subsidiariedad.
6.3. Análisis respecto de la Fiscalía 32 Especializada - Unidad Especial de
Investigación Grupo Territorial Cauca
De manera preliminar, la Sala precisa que la vinculación de esta autoridad obedeció a
que, con ocasión de la notificación del auto admisorio de la acción de tutela, remitió
informe en el que indicó que tenía a cargo la investigación identificada con el No.
190506099170202400099, dentro de la cual la accionante presentó la solicitud de
documentos del 26 de septiembre de 2025, petición que, según afirmó, fue atendida
mediante correo electrónico del 3 de octubre de 2025. Tal circunstancia se correspondía
con el traslado de la solicitud efectuado a dicha autoridad el 26 de septiembre de 2025.
En ese contexto, el a quo constitucional, al pronunciarse sobre la legitimación en la causa
por pasiva, concluyó que debía tenerse como accionada a la Fiscalía 32 Especializada -
14
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00050-01
Accionante: Amanda Marigil Mora Mora
Unidad Especial de Investigación Grupo Territorial Cauca y no a la Fiscalía 04 “Unidad
de Vida e Integridad Personal”, toda vez que, aunque, inicialmente, esta última fue
señalada como presunta vulneradora de los derechos fundamentales invocados, lo cierto
es que la autoridad que conoció y tramitó la solicitud que dio origen a la presente acción
constitucional fue la Fiscalía 32 Especializada. Frente a dich a determinación, la
accionante no formuló reparo alguno.
Precisado lo anterior, se advierte que la Fiscalía 32 Especializada - Unidad Especial de
Investigación Grupo Territorial Cauca, mediante correo electrónico del 1.º de octubre de
202531, remitido a la dirección darwinenriquez89@gmail.com, solicitó a la accionante que
informara las razones por las cuales requería copia del expediente.
Mediante Oficio No. UEI-11200-F32-00089 del 3 de octubre de 2025 32, remitido al correo
electrónico darwinenriquez89@gmail.com el 7 de octubre siguiente 33, la autoridad
informó que intervenía en la investigación identificada con el radicado antes referido,
dentro de la cual figuraba como presunta víctima del delito de homicidio el señor Hernán
Enríquez Mora, por hechos ocurridos el 7 de junio de 2024 en la vereda Las Perlas del
municipio de Argelia, Cauca.
Asimismo, indicó que el proceso se encontraba en etapa de indagación y bajo carácter
averiguatorio, y se adelantaban actuaciones orientadas a la identificación e
individualización de los presuntos autores, así como a la perfilación de la víctima.
Adicional a ello remitió en formato digital el expediente contentivo de los siguientes
documentos: Formato único de noticia criminal, informes de investigador de campo, acta
de inspección técnica a cadáver, informe sobre consulta web de la Dirección Nacional de
Identificación, órdenes a policía judicial y oficios recaudados en cumplimiento de dichas
órdenes.
Así entonces, quedó acreditado que a través de oficio No. UEI 11200-F32-00089 de 03
de octubre de 2025, expedido por la Fiscalía 32 Especializada- Unidad Especial de
Investigación Grupo Territorial Cauca atendió la petición presentada el 25 de septiembre
de 2025 por la accionante.
En este punto, se pone de presente que, en su impugnación, la parte actora manifestó
que si bien la Fiscalía 32 Especializada – Unidad Especial de Investigación Grupo
Territorial Cauca afirmó haber dado respuesta mediante Oficio No. UEI-11200-F32-00089
del 3 de octubre de 2025, remitido al correo electrónico darwinenriquez@gmail.com,
dicha dirección no correspondía a la suministrada por la accionante para efectos de
notificación, puesto que el correo correcto era darwinenriquez89@gmail.com. No
obstante, al revisar la respuesta brindada por la mencionada autoridad, esta judicatura
encuentra que la respuesta sí fue remitida a la dirección de correo suministrada por la
accionante, tal y como se evidencia en la siguiente captura de pantalla:
31 Índice 00009 del expediente digital de primera instancia, certificado 40447D6057A8F74F CC60B8FE8225F09D
FBE906C14D7FA0BC 1964888EBDF68F7C, pág. 6.
32 Índice 00009 del expediente digital de primera instancia, certificado 40447D6057A8F74F CC60B8FE8225F09D
FBE906C14D7FA0BC 1964888EBDF68F7C, pág. 83.
33 Índice 00009 del expediente digital de primera instancia, certificado 40447D6057A8F74F CC60B8FE8225F09D
FBE906C14D7FA0BC 1964888EBDF68F7C, págs. 84 y 85.
15
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00050-01
Accionante: Amanda Marigil Mora Mora
En consecuencia, no se observa que se haya transgredido derecho fundamental alguno,
pues se acreditó que la entidad dio respuesta a la accionante a través de correo
electrónico remitido el 7 de octubre de 2025.
6.4. Análisis respecto de Seguros de Vida Suramericana
En relación con la petición No. 25092636113173 del 29 de septiembre de 2025, mediante
la cual la accionante solicitó a la aseguradora copia de la reclamación presentada en el
año 2024 y de la póliza en la que figuraba como asegurado el señor Hernán Enríquez
Mora, la entidad accionada emitió respuesta mediante oficio del 9 de octubre de 2025, al
que adjuntó copia de la reclamación del 19 de julio de 2024, de la póliza BAN PLAN VIDA
2007, de la declaración de asegurabilidad y de la carátula de la póliza. Asimismo, indicó
que, para la fecha del siniestro, el señor Enríquez Mora únicamente contaba con la póliza
antes referida.
16
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00050-01
Accionante: Amanda Marigil Mora Mora
Posteriormente, mediante oficio del 19 de marzo de 2026 34, comunicado a la accionante
en la misma fecha35, la aseguradora amplió el contenido de la respuesta inicialmente
emitida. Para tal efecto, precisó el valor reconocido y pagado por concepto de
indemnización, identificó los documentos allegados con la respuesta del 9 de octubre de
2025 y aclaró que los aspectos relacionados con investigaciones o medidas de protección
no correspondían a materias propias de su objeto social.
Junto con las respuestas emitidas, la entidad aportó los documentos denominados: i)
póliza de seguro de vida No. 009020473, en la que figura como tomador el señor Hernán
Enríquez Mora y como beneficiaria la señora Amanda Marigil Mora Mora; ii) reclamación
No. BAN0089332893 del 19 de julio de 2024; y iii) impresión digital No. TATIGAGA
2025/10/09, contentiva de información relacionada con las condiciones de pago de la
póliza.
Sobre el particular, la parte actora en su impugnación adujo que la entidad no entregó
copia integra de la reclamación, pues omitió incluir: carta de solicitud de reclamación
firmada, formulario de reclamación con firma y huella, documentos del siniestro,
Identificación de beneficiarios e historia clínica del asegurado. Por lo tanto, expuso que
la respuesta brindada por la entidad no había sido de fondo, pues estaba incompleta y
no resolvía lo solicitado de forma clara, expresa y congruente y contraviene la
jurisprudencia constitucional sobre la materia.
Bajo este contexto, la Sala advierte que la pretensión de la accionante se dirigía
exclusivamente a cuestionar la ausencia de respuesta por parte de Seguros de Vida
Suramericana. En consecuencia, cualquier discusión adicional relacionada con el
contenido de la contestación emitida no hacía parte del objeto del amparo solicitado y
excedería los límites fijados por las pretensiones de la acción de tutela.
En consecuencia, la Sala procederá a revocar parcialmente la decisión proferida en
primera instancia por el Tribunal Administrativo del Cauca y, en su lugar, (i) declarar la
carencia actual de objeto por situación sobreviniente respecto de la Fiscalía 05 Seccional
34 Índice 00008 del expediente digital de primera instancia, certificado 0211268E514B60B4 326515BC53C0E19C
09691363DABA3BD4 346FCD05C6439D40, págs. 10 a 12.
35 Índice 00008 del expediente digital de primera instancia, certificado 0211268E514B60B4 326515BC53C0E19C
09691363DABA3BD4 346FCD05C6439D40, pág. 13.
17
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00050-01
Accionante: Amanda Marigil Mora Mora
de DDHH y DIH de Popayán y de la UNP y; (ii) confirmará de decisión de negar el amparo
respecto a la Fiscalía 32 Especializada – Unidad Especial de Investigación Grupo
Territorial Cauca y Seguros de Vida Suramericana.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 6 de abril de 2026 por
el Tribunal Administrativo del Cauca y, en su lugar, DECLARAR la carencia actual de
objeto por situación sobreviniente respecto de la Fiscalía 05 Seccional de DDHH y DIH
de Popayán y de la UNP.
SEGUNDO: CONFIRMAR la decisión de NEGAR el amparo respecto a la Fiscalía 32
Especializada – Unidad Especial de Investigación Grupo Territorial Cauca y Seguros de
Vida Suramericana.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
CUARTO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SABF
18
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