República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 19001-23-33-000-2026-00112-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
30 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00112-01 (6545)
Accionante: Gabriel Hurtado Isaza
Accionado: Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
Tema: tutela contra acto administrativo. Subtema 1: declaratoria de insubsistencia.
Subtema 2: improcedencia.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por el señor Gabriel Hurtado Isaza contra la sentencia
del 21 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca.
1. Síntesis del caso
El señor Gabriel Hurtado Isaza presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, a la
vida y al trabajo, que consideró vulnerados con ocasión del Acuerdo núm.
CSJCAUA26-28 del 4 de marzo de 2026, proferido por el Consejo Seccional de la
Judicatura del Cauca, mediante el cual se declaró la insubsistencia de su
nombramiento en el cargo de conductor grado 3.
2. Antecedentes
2.1. Hechos y argumentos de la tutela
1. El señor Gabriel Hurtado Isaza prestaba servicios como conductor grado 3 del
Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca.
2. El Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, mediante el Acuerdo núm.
CSJCAUA26-28, declaró insubsistente el nombramiento en el cargo que ocupaba
el accionante.
3. El tutelante expuso que el referido acto administrativo está viciado de nulidad
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por falsa motivación y desviación de poder, toda vez que los motivos por los cuales
se declaró la insubsistencia de su nombramiento no obedecen a razones del
servicio, sino a represalias por hechos surgidos en el ejercicio de sus labores.
Asimismo, indicó que el acuerdo cuestionado incurrió en infracción de normas
superiores, ya que desconoció la Ley 1821 de 2016 en lo relacionado con la opción
que tiene el empleado de continuar en el cargo, a pesar de cumplir los requisitos
para acceder a la pensión de jubilación.
4. Explicó que, conforme a la sentencia SU-003 de 2018 de la Corte
Constitucional, goza de estabilidad laboral reforzada por su condición de pre
pensionado, pues tiene más de 26 años de servicio y le faltan pocos meses para
acceder a la pensión con la edad de 64 años.
2.2. Pretensiones de la tutela
5. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 al juez constitucional el amparo
de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, a la vida y al
trabajo. En consecuencia, pidió lo siguiente:
SEGUNDO: Que, […] se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca el
reintegro inmediato del suscrito al cargo que venía desempeñando al momento del
retiro, o a uno de igual o superior jerarquía, garantizando la continuidad en la prestación
del servicio hasta la consolidación definitiva de mi derecho pensional.
TERCERO: Solicito […] que se condene a la entidad al pago de todos los salarios,
prestaciones sociales, incrementos, bonificaciones y demás emolumentos que dejé de
percibir desde la fecha en que fui separado del cargo hasta que se haga efectivo el
reintegro.
CUARTO: Que se ordene a la entidad realizar el pago de los aportes a la Seguridad
Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) por todo el tiempo que dure la
desvinculación, para efectos de no afectar mi historia laboral y dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley 1821 de 2016 sobre permanencia voluntaria […]2.
6. Como fundamento de sus pretensiones, la parte tutelante manifestó que la
solicitud de amparo se presenta como un mecanismo subsidiario para evitar un
perjuicio irremediable, debido a que no hubo solución de continuidad entre la
terminación del vínculo laboral y el pago de la primera mesada pensional, dado que
su esposa y su hija menor dependen de su salario para garantizar su subsistencia.
2.3. Trámite procesal
7. El despacho ponente del Tribunal Administrativo del Cauca, mediante auto del
11 de mayo de 20263, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación al
Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca y tuvo como pruebas los documentos
1 Samai, exp. 19001-23-33-000-2026-00112-01, índice 2, certificado núm. 373DC4D581652CE9
F6D94CA1E17F5572 3C95166B512C710F 2E7330541B2FEDDF.
2 Se transcribe incluso con errores.
3 Samai, exp. 19001-23-33-000-2026-00112-01, índice 2, certificado núm. 371CE8FDD89488C5
9CB2E47B7E4D648B DD612F8563CA19F8 DEE45409CDA70C5C.
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aportados con la tutela.
2.4. Intervenciones
8. El Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca4 solicitó que se declare
improcedente la solicitud amparo por no acreditar el requisito de subsidiariedad, ya
que el actor puede hacer uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para controvertir la legalidad del acto administrativo que declaró su
insubsistencia en el cargo. Arguyó que la tutela no puede utilizarse para sustituir los
medios judiciales ordinarios y anticipar el debate que deba surtirse ante el juez
natural.
2.5. Sentencia de primera instancia
9. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia del 21 de mayo de
20265, declaró improcedente la tutela por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.
10. Al respecto, indicó que la desvinculación se originó con ocasión de un acto
administrativo que puede ser debatido ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, en el cual el actor tiene la posibilidad de solicitar medidas cautelares como
la suspensión provisional de los efectos de la decisión administrativa, con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales.
11. Explicó que al accionante le fue concedida la pensión de vejez, por lo que no se
encuentra en una situación que lo catalogue como sujeto de especial protección
constitucional para que pueda hacer uso de la acción como mecanismo transitorio.
Además, señaló que la prestación otorgada quedó suspendida hasta que se
reportara la novedad de retiro, de modo que no existe circunstancia alguna que le
impida acceder al derecho reconocido.
12. Finalmente, resaltó que el tutelante no acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que permita la intervención del juez de tutela para acceder a la
protección de las garantías fundamentales invocadas.
2.6. Impugnación
13. La parte actora presentó impugnación6 en contra de la sentencia del Tribunal
Administrativo del Cauca. En su escrito, expuso que el acuerdo a través del cual fue
declarado insubsistente vulneró sus derechos fundamentales, en cuanto
desconoció que estaba en libertad de elegir la fecha de su retiro. Explicó que su
desvinculación afecta la situación económica de su núcleo familiar porque asumió
4 Samai, exp. 19001-23-33-000-2026-00112-01, índice 2, certificado núm. 72AEA00FEC681463
5975A775AF93ABFA 10571D8D1D3771E1 A89FE71F3C333B12.
5 Samai, exp. 19001-23-33-000-2026-00112-01, índice 2, certificado núm. 5487FD50E187DF3C
C7EB32E3D7720DC6 9C3067173F175D74 9D770C8B2ECCD57A.
6 Samai, exp. 19001-23-33-000-2026-00112-01, índice 2, certificado núm. 005C28FF4BD5A3CC
00B8CBC5CE3E3684 99B8AC5714CB7021 07535F6168FC9E59.
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obligaciones que ya no podrá cumplir debido a la disminución de sus ingresos.
14. Destacó que, contrario a lo manifestado por el a quo, la tutela es procedente
para invocar la protección de sus derechos fundamentales, dado que no cuenta con
otro medio judicial expedito e idóneo, comoquiera que la entidad accionada negó
por improcedente los recursos de reposición y, en subsidio, apelación que interpuso
contra el Acuerdo núm. CSJCAUA26-28 del 4 de marzo de 2026.
15. Por lo expuesto, solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y, en su
lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
16. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 21 de
mayo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca.
3.2. Legitimación en la causa
17. La legitimación en la causa por activa del señor Gabriel Hurtado Isaza está
acreditada porque es la persona que fue declarada insubsistente en el cargo
mediante el acuerdo que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.
18. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo
Seccional de la Judicatura del Cauca, debido a que fue la autoridad que profirió el
acto administrativo, objeto de estudio.
3.3. Problema jurídico
19. La Sala debe determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia del 21 de
mayo de 2026 proferida por el juez de primera instancia, que declaró improcedente
la solicitud de tutela interpuesta por el accionante.
20. Previo a resolver lo anterior, es necesario establecer si ¿la solicitud de amparo
supera el requisito de procedibilidad? En concreto, se deberá verificar si resulta
procedente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
discutir los cargos formulados en el escrito de tutela.
21. Para el efecto, se estudiará: i) las generalidades de procedibilidad de la acción
de tutela; y ii) el caso concreto.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
22. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
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inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez7.
23. El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable8; y el segundo, consiste
en que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de
lo contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela
queda en entredicho […]»9.
3.5. Caso concreto
24. El señor Gabriel Hurtado Isaza presentó tutela con la pretensión principal de
que se deje sin efectos el Acuerdo núm. CSJCAUA26-28 del 4 de marzo de 2026,
proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, por medio del cual
se declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de conductor grado 3 y, en
consecuencia, se ordene su reintegro a un empleo de igual o mayor jerarquía.
25. Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y 6 del Decreto 2591 de 199110,
que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no cuente con
otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por
otro lado, valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar
de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada
caso11.
26. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial, pero que estos no
sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección sean
impostergables12.
27. En el caso bajo estudio, la Sala observa que el señor Gabriel Hurtado Isaza
puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, para controvertir el Acuerdo núm.
CSJCAUA26-28 del 4 de marzo de 2026, mediante el cual se declaró insubsistente
el nombramiento en el cargo que ostentaba, decisión que, a su juicio, vulneró sus
derechos fundamentales.
28. Ahora bien, por regla general, las acciones de tutela promovidas contra actos
7 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
8
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
9
Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en la sentencia SU-084 de 2019.
10 Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada, en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. […].
11 Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
12 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
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administrativos expedidos con fundamento en la facultad nominadora resultan
improcedentes, debido a que el ordenamiento jurídico prevé el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, escenario en el cual también es posible solicitar la adopción de
medidas cautelares13. No obstante, esta regla no excluye que, según las
circunstancias particulares de cada caso sometido a consideración, el juez
constitucional analice si los mecanismos ordinarios de defensa judicial previstos por
la ley son realmente idóneos y eficaces para garantizar la protección de los
derechos fundamentales invocados.
29. En efecto, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el
idóneo, puesto que, de acuerdo con el artículo 13814 del CPACA, el tutelante puede
solicitar que se deje sin efectos el Acuerdo núm. CSJCAUA26-28 del 4 de marzo de
2026. Lo anterior, por cuanto dicho escenario judicial es el espacio adecuado para
resolver lo solicitado por el actor vía de tutela, en la medida en que lo pretendido se
dirige a cuestionar los motivos y la presunta infracción de las normas en las que
debía fundarse la administración para declarar la insubsistencia del nombramiento
en el cargo que desempeñaba el actor.
30. Asimismo, se advierte que el juez de lo contencioso-administrativo tiene la
competencia suficiente, no solo para decidir acerca de la validez del acto
administrativo cuestionado, sino también, de ser procedente, para emitir las órdenes
necesarias con el fin de restituir el derecho vulnerado por las entidades accionadas
e, incluso, ordenar la reparación de los eventuales daños.
31. En cuanto a su eficacia, es preciso tener en cuenta que el Capítulo XI del Título
V de la Segunda Parte del CPACA prevé la posibilidad de pedir medidas cautelares
de urgencia. Al respecto, el artículo 234 establece lo siguiente:
Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o
Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los
requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el
trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a
que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la
constitución de la caución señalada en el auto que la decrete 15.
32. Sobre el particular, se resalta que la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo «cuenta con los instrumentos procesales idóneos y eficaces para
garantizar la protección de los derechos fundamentales, materializados en el
13 Corte Constitucional, Sentencia T-456 de 2022. reiterado en Corte Constitucional, sentencia T-008 de 2026.
14 Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general,
el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.
15 Se transcribe incluso con errores.
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conocimiento del asunto por jueces especializados y en el decreto de medidas
cautelares de protección»16. En relación con las medidas cautelares de urgencia, la
Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
El CPACA concibe las medidas cautelares de forma autónoma a la demanda
presentada, a tal punto que el requisito de conciliación prejudicial no le es aplicable a
ellas, aunque sea necesaria su acreditación para la admisión de la demanda. Según
se estableció en sentencia de tutela de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado: “(…) el juez podrá pronunciarse sobre la solicitud de la medida
cautelar, inclusive sin haber admitido la demanda, supeditando la continuidad del
proceso a que se demuestre el cumplimiento del requisito de procedibilidad, en los
términos establecidos para el efecto, en virtud de que este mismo precepto lo autoriza
cuando no sea posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, proferir
simultáneamente el auto admisorio de la demanda junto con la medida cautelar” 17.
33. En ese orden, la Sala encuentra que el actor puede pedir, como medida cautelar
de urgencia, la suspensión de los efectos del Acuerdo núm. CSJCAUA26-28 del 4
de marzo de 2026, de manera que el juez ordinario analice la posibilidad de ordenar
su reintegro al cargo que desempeñaba al momento de la declaratoria de
insubsistencia de su nombramiento o a uno de mayor jerarquía.
34. Cabe aclarar que, si bien es cierto que el accionante aportó con el escrito de
impugnación la constancia de las obligaciones financieras que tiene con algunas
entidades bancarias, no es menos cierto que también allegó al expediente el
certificado18 de la pensión reconocida por Colpensiones mediante la Resolución
núm. 114449 de 2026, en la cual se observa que fue incluido en nómina desde
diciembre de 2025. De esa manera, se descarta la existencia de un riesgo real,
grave e inminente que constituya un perjuicio irremediable y que requiera la
intervención del juez de tutela.
35. Por lo anterior, la Sala considera que la acción objeto de estudio, como bien lo
indicó el juez de primera instancia, es improcedente, en el entendido de que el
agotamiento efectivo de los mecanismos de defensa judicial no solo es un acto de
diligencia exigible a los ciudadanos frente a sus propios asuntos procesales, sino
también un requisito necesario para la procedencia de la tutela como mecanismo
de defensa, por lo que no puede ser ejercida como un medio para sustituir los
medios judiciales ordinarios.
4. Conclusión
36. En consecuencia, la solicitud de amparo no superó el requisito de
subsidiariedad, en la medida en que el accionante tiene a su alcance el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como la solicitud de medidas
cautelares de urgencia y los demás mecanismos previstos en el CPACA para pedir
la protección de los derechos fundamentales que, en su criterio, fueron vulnerados
16 Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2023.
17 Ibidem.
18 Samai, exp. 19001-23-33-000-2026-00112-01, índice 2, certificado núm. 005C28FF4BD5A3CC
00B8CBC5CE3E3684 99B8AC5714CB7021 07535F6168FC9E59, pág. 11.
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Accionante: Gabriel Hurtado Isaza
Accionado: Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca
por el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca.
37. En virtud de lo anterior, se confirmará la sentencia del 21 de mayo de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que declaró improcedente la
acción de tutela promovida por el señor Gabriel Hurtado Isaza.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia del 21 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
8
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