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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2026-00123-01

Fecha
3 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 19001-23-33-000-2026-00123-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00123-01 (8290)
Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
Accionado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: requisitos generales de
procedibilidad. Subtema 2: defectos sustantivo y procedimental absoluto. Subtema
3: notificación personal electrónica a entidades públicas – artículos 197 y 199 del
CPACA.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(Inpec) contra la sentencia del 3 de junio de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, que declaró improcedente, por falta de relevancia
constitucional, la solicitud de amparo presentada por la misma entidad contra el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán.

1. Síntesis del caso

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec interpuso acción de tutela
contra los autos I-720 del 28 de abril de 2026 e I-850 del 12 de mayo de 2026,
proferidos por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán dentro del
proceso de reparación directa promovido por Hernán Darío Londoño Prada y otros
contra esa entidad (exp. 19001-33-33-001-2024-00190-00), en la que cuestionó la
validez de la notificación del auto admisorio de la demanda por haber sido remitida
a direcciones electrónicas distintas de «notificaciones@inpec.gov.co».

Radicado: 19001-23-33-000-2026-00123-01 (8290)
Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
Accionado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1.
De conformidad con los documentos que obran en el expediente, los
siguientes son los hechos jurídicamente relevantes:

2.
Hernán Darío Londoño Prada y otros promovieron medio de control de
reparación directa contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec, con
el propósito de obtener la declaración de responsabilidad administrativa y
patrimonial de esa entidad por las lesiones que sufrió el primero mientras se
encontraba privado de la libertad en la Cárcel de San Isidro de Popayán. El asunto
correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán y fue
identificado con el radicado 19001-33-33-001-2024-00190-00.

3.
Mediante auto I-1581 del 27 de septiembre de 2024, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Popayán admitió la demanda y ordenó notificar
personalmente al Inpec, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, conforme con el artículo 199 del CPACA. Para ello dispuso que
se remitiera un mensaje al buzón electrónico destinado a notificaciones judiciales,
junto con copia de la providencia, la demanda y sus anexos, y precisó que el término
para contestar comenzaría después de surtida esa actuación.

4.
El 1.º de octubre de 2024, la Secretaría del Juzgado remitió un mensaje
denominado «notificación de auto admisorio y estado No. 67 de 30 de septiembre
de 2024», al cual adjuntó las providencias correspondientes y los enlaces de acceso
a los expedientes. En lo relacionado con el Inpec, la comunicación fue dirigida a
«demandas.roccidente@inpec.gov.co», «juridica.epcamspopayan@inpec.gov.co»,
«conciliaciones.epcpopayan@inpec.gov.co» y «juan.quintero@inpec.gov.co». Las
constancias incorporadas al expediente registraron la entrega del mensaje a varios
de esos destinatarios institucionales.

5.
El Inpec no presentó contestación de la demanda dentro del término previsto
para ello. Posteriormente, en octubre de 2025, por conducto de apoderado judicial,
promovió incidente de nulidad por indebida notificación del auto admisorio, con
fundamento en el numeral 8.º del artículo 133 del Código General del Proceso. En
esa solicitud indicó que el mensaje del 1º de octubre de 2024 no había sido remitido
a notificaciones@inpec.gov.co, dirección que señaló como el buzón oficial y
exclusivo de la entidad para la recepción de notificaciones judiciales.

6.
El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán resolvió el
incidente mediante auto I-720 del 28 de abril de 2026 y denegó la nulidad solicitada1.
Expuso que el Inpec había informado en otros procesos que
«demandas.roccidente@inpec.gov.co» correspondía al canal de notificación
electrónica utilizado por la entidad en esa región y señaló que solo hasta el 3 de

1
Samai, exp. 19001-33-33-001-2024-00190-00, índice 12, certificado A61B56DEC40550F6
193CCCDBF4D3F0BB 50D5EA5A54F6EE96 386AE2E50E5AAD1B.
2

Radicado: 19001-23-33-000-2026-00123-01 (8290)
Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
Accionado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán

julio de 2025 recibió una comunicación que identificaba
«notificaciones@inpec.gov.co» como canal exclusivo. Contra esa providencia, el
Inpec interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación2.

7.
En el recurso, el Inpec señaló que antes del 1º de octubre de 2024 el juzgado
ya había recibido documentos correspondientes a otros procesos en los que
figuraba «notificaciones@inpec.gov.co» como correo exclusivo para notificaciones
judiciales. En particular, hizo referencia a actuaciones surtidas en los procesos
19001-33-33-001-2020-00067-00 y 19001-33-33-001-2022-00184-00, esta última
de agosto de 2024. Con apoyo en esos documentos, solicitó revocar el auto I-720,
declarar la nulidad de la actuación y efectuar nuevamente la notificación del auto
admisorio.

8.
El 12 de mayo de 2026 se celebró la audiencia inicial del proceso de reparación
directa3. Mediante auto I-850, el Juzgado decidió no reponer la providencia atacada
y mantuvo la negativa de declarar la nulidad. Del mismo modo, declaró
improcedente el recurso subsidiario de apelación porque el auto que niega una
nulidad procesal no se encuentra entre las providencias expresamente apelables
previstas en el artículo 243 del CPACA. Después de esa determinación, la audiencia
continuó con las restantes etapas procesales y el juzgado dejó constancia de que
el Inpec no había contestado la demanda.

9.
El Inpec presentó la acción de tutela el 20 de mayo de 2026, en la que impugna
las referidas providencias del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Popayán. El asunto fue repartido al Tribunal Administrativo del Cauca y quedó
identificado con el radicado 19001-23-33-000-2026-00123-00.

2.2. Argumentos y pretensiones de la tutela

10.
En su escrito de tutela4, el Inpec argumentó que el Juzgado infringió los
artículos 197 y 199 del CPACA, pues la comunicación correspondiente no fue
remitida a «notificaciones@inpec.gov.co», que identificó como el buzón oficial
dispuesto por la entidad para recibir notificaciones judiciales. Afirmó que las demás
direcciones institucionales utilizadas por el despacho no estaban habilitadas para
ese propósito y que esta circunstancia le impidió conocer oportunamente la
admisión de la demanda, contestarla dentro del término legal, ejercer
adecuadamente su contradicción y aportar las pruebas necesarias para su defensa.

11.
A partir de lo anterior, atribuyó a las providencias cuestionadas la configuración
de defectos sustantivo, procedimental y fáctico. El primero, por el supuesto
desconocimiento del carácter imperativo de las reglas del CPACA sobre el buzón
electrónico de las entidades públicas; el segundo, por haberse validado una

2
Samai, exp. 19001-33-33-001-2024-00190-00, índice 15, certificado 03243FC0836AABA7
7C6E19412BAECD2D 2159FA353F73BA2C 2AE179292FBC463C.
3
El acta de esta diligencia se encuentra en Samai, exp. 19001-33-33-001-2024-00190-00, índice 16, certificado
85CBBBD4FBA8B19D 23DFC0BF84841F88 07F2260715ED4086 746C2C66A4A5A420.
4
Samai, exp. 19001-23-33-000-2026-00123-01, índice 3, certificado C042AC4D5D3D55CF
0C1D98984F68E632 3564D2565706F0FE C7047D76E287CE1E.
3

Radicado: 19001-23-33-000-2026-00123-01 (8290)
Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
Accionado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán

notificación que, a su juicio, no cumplió las exigencias legales; y el tercero, porque
el juzgado habría omitido valorar documentos que acreditaban el carácter exclusivo
de «notificaciones@inpec.gov.co». También alegó violación directa de la
Constitución Política por la afectación de sus garantías de defensa y contradicción.

12.
La entidad agregó que la irregularidad denunciada produjo una afectación
material y no simplemente formal, pues incidió en el ejercicio de las oportunidades
procesales previstas para controvertir las pretensiones de la reparación directa. De
igual forma, señaló que había agotado los mecanismos judiciales disponibles, dado
que promovió la nulidad y formuló los recursos que consideró procedentes contra la
decisión que la negó, sin obtener la corrección que pretendía. Con fundamento en
esas razones, formuló las siguientes pretensiones5:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y defensa del
INPEC. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS las siguientes decisiones judiciales:

El Auto I – 720 del 28 de abril de 2026, mediante el cual se negó la nulidad por
indebida notificación.

El auto I – 850 proferido en audiencia inicial del 12 de mayo de 2026, mediante el
cual se resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión anterior y se negó
por improcedente el recurso de apelación.

TERCERO: ORDENAR al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán
que declare la nulidad de lo actuado a partir de la notificación del auto admisorio de
la demanda, inclusive, y disponga su notificación en debida forma al correo oficial
notificaciones@inpec.gov.co.

2.3. Trámite procesal

13.
Mediante auto del 20 de mayo de 20266, el Tribunal Administrativo del Cauca
admitió la acción de tutela promovida por el Inpec contra el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Popayán y reconoció personería a su apoderado
judicial. De igual modo, ordenó notificar al despacho accionado y le concedió dos
días para rendir informe sobre los hechos que motivaron la solicitud de amparo y
sobre el trámite impartido al proceso de reparación directa 19001-33-33-001-2024-
00190-00. También dispuso que se remitiera el enlace del expediente digital o, en
su defecto, las piezas procesales que no se encontraran incorporadas en SAMAI.

2.4. Intervenciones

14.
Mediante oficio radicado el 25 de mayo de 20267, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Popayán solicitó declarar improcedente la acción y,
subsidiariamente, negar el amparo. Explicó que la notificación del auto admisorio

5
Se transcribe con los eventuales errores del original.
6
Samai, exp. 19001-23-33-000-2026-00123-01, índice 4, certificado 5A1C35635833D99C 96061A63D0334A47
54E628F1007622E8 998B3A9A9DA25ACF.
7
Samai, exp. 19001-23-33-000-2026-00123-01, índice 7, certificado 1DBD6C7E5CCB00F8
77857C1B261A50E7 4311A428B59A7AED 7A7C926DFD64AAB4.
4

Radicado: 19001-23-33-000-2026-00123-01 (8290)
Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
Accionado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán

fue remitida a «demandas.roccidente@inpec.gov.co» porque esa dirección había
sido informada y utilizada por el propio Inpec en distintos procesos como canal para
recibir comunicaciones judiciales en la región. Añadió que la entidad no mantuvo
uniformidad en la identificación de sus correos, pues en diferentes actuaciones
señaló tanto esa dirección como «notificaciones@inpec.gov.co», y que solo el 3 de
julio de 2025, después de haberse notificado el auto admisorio de la demanda,
comunicó expresamente el carácter exclusivo de este último buzón.

15.
El despacho sostuvo, además, que el Inpec tuvo conocimiento efectivo del
proceso y pudo intervenir posteriormente mediante la solicitud de nulidad, los
recursos y su participación en la audiencia inicial, por lo que negó que hubiera
existido una situación de indefensión material. Frente a la procedencia de la tutela,
afirmó que la entidad pretendía reproducir la misma controversia ya planteada y
resuelta en el incidente de nulidad, sin formular un problema constitucional distinto.
En consecuencia, defendió la razonabilidad y motivación de las providencias
cuestionadas y señaló que no se configuró ninguno de los defectos alegados.

2.5. Sentencia de primera instancia

16.
El Tribunal Administrativo del Cauca profirió sentencia el 3 de junio de 20268.
En ella, comenzó por examinar los requisitos generales de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales y consideró satisfechos la legitimación, la inmediatez
y la subsidiariedad. Sobre este último presupuesto, destacó que el Inpec promovió
el incidente de nulidad por indebida notificación y, contra la decisión que lo negó,
interpuso recurso de reposición y subsidiariamente apelación. Como esta última fue
rechazada por improcedente, la Sala concluyó que la entidad había agotado los
mecanismos judiciales disponibles para controvertir la irregularidad que
posteriormente planteó en sede constitucional.

17.
El análisis se concentró entonces en la relevancia constitucional. La Sala
recordó que este requisito exige que la tutela plantee una controversia que
trascienda la mera inconformidad con la interpretación de la ley o con la valoración
efectuada por el juez natural, pues el amparo no puede convertirse en una instancia
adicional. Con apoyo en jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, sostuvo que la sola invocación del debido proceso o la formulación nominal
de defectos específicos no basta para satisfacer este presupuesto cuando, en
realidad, la parte pretende reproducir una discusión que ya fue decidida
razonadamente dentro del proceso ordinario.

18.
Al aplicar ese criterio, el Tribunal estimó que la controversia planteada por el
Inpec guardaba identidad sustancial con la que había formulado en el incidente de
nulidad y en el recurso de reposición. Consideró, además, que el Juzgado había
expuesto una justificación suficiente para mantener la validez de la notificación,
sustentada en la información que la propia entidad había suministrado en otros

8
Samai, exp. 19001-23-33-000-2026-00123-01, índice 10, certificado 44BBD26D8591926A
00B865FB0277CFAC 90A51445C335934B 0BEE81300B7E7C57.
5

Radicado: 19001-23-33-000-2026-00123-01 (8290)
Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
Accionado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán

procesos sobre sus canales electrónicos y en la circunstancia de que la
comunicación que identificó expresamente a «notificaciones@inpec.gov.co» como
buzón exclusivo era posterior a la actuación cuestionada. Para la Sala, esa
motivación no revelaba arbitrariedad, capricho ni una actuación ostensiblemente
irrazonable.

19.
Por lo anterior, el tribunal declaró improcedente la acción debido al
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional y no abordó el estudio de
los defectos alegados como causales específicas de procedencia.

2.6. Impugnación contra la sentencia de primera instancia

20.
En la impugnación, radicada el 10 de junio de 20269, el Inpec sostuvo que la
sentencia de primera instancia interpretó de manera restrictiva el requisito de
relevancia constitucional. Afirmó que la controversia no se limita a establecer cuál
correo electrónico debía utilizarse, sino que involucra directamente los derechos al
debido proceso, defensa y contradicción, porque la notificación del auto admisorio
no se habría remitido al buzón oficial de la entidad y ello habría impedido ejercer
oportunamente su defensa. En ese sentido, cuestionó que el Tribunal hubiera
reducido el asunto a una discusión de mera legalidad procesal.

21.
También señaló que el fallo confundió el juicio de validez constitucional con un
juicio de mera corrección jurídica. A juicio del Inpec, el hecho de que las
providencias cuestionadas estuvieran motivadas no excluía la posibilidad de que
incurrieran en un defecto constitucional. Insistió en la configuración de un defecto
sustantivo por desconocimiento del artículo 197 del CPACA y sostuvo que la validez
de la notificación no podía fundarse en el uso de otros correos institucionales en
procesos distintos ni en referencias efectuadas por apoderados de la entidad en
actuaciones posteriores.

22.
Finalmente, la entidad reiteró que la afectación de su derecho de defensa fue
material, pues la irregularidad habría impedido conocer oportunamente la admisión
de la demanda, contestarla dentro del término legal y ejercer adecuadamente la
contradicción. Con fundamento en ello, solicitó revocar la sentencia de primera
instancia, conceder el amparo, dejar sin efectos los autos I-720 del 28 de abril de
2026 e I-850 del 12 de mayo de 2026 y ordenar que la notificación se practicara
nuevamente en «notificaciones@inpec.gov.co».

3. Consideraciones

3.1. Competencia

23.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la

9
Samai, exp. 19001-23-33-000-2026-00123-01, índice 13, certificado FC331638D87DC0E4
6FAF8DD7E9B96916 64E0D342AC9CFB41 C9A43D7545CBCD19.
6

Radicado: 19001-23-33-000-2026-00123-01 (8290)
Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
Accionado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán

impugnación interpuesta contra la sentencia del 3 de junio de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca.

3.2. Legitimación en la causa de las partes

24.
La legitimación en la causa por activa del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (Inpec) se encuentra acreditada, por cuanto es la entidad demandada
dentro del medio de control de reparación directa identificado con el radicado 19001-
33-33-001-2024-00190-00, en el que se profirieron las providencias cuestionadas.
En consecuencia, es el titular de los derechos fundamentales al debido proceso,
defensa y contradicción cuya vulneración invoca.

25.
La legitimación en la causa por pasiva recae en el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Popayán, autoridad judicial que profirió el auto I-720
del 28 de abril de 2026, mediante el cual negó la solicitud de nulidad por indebida
notificación del auto admisorio de la demanda, y el auto I-850 del 12 de mayo de
2026, por medio del cual resolvió no reponer esa determinación y negó por
improcedente el recurso subsidiario de apelación. A dichas providencias se atribuye
la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

26.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de unos requisitos generales y
específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un
uso abusivo de este mecanismo constitucional11.

27.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

(i) que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial «subsidiariedad»;
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
«inmediatez»;
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
7

Radicado: 19001-23-33-000-2026-00123-01 (8290)
Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
Accionado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán

28.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

29.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, una de las siguientes causales o defectos: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución12.

3.4. Problema jurídico

30.
¿La acción de tutela promovida por el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario – Inpec satisface los requisitos generales de procedencia contra
providencias judiciales? En caso afirmativo, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Popayán ¿vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso,
defensa y contradicción al proferir los autos I-720 del 28 de abril de 2026 e I-850 del
12 de mayo del mismo año, por incurrir en los defectos sustantivo, procedimental y
fáctico, así como en violación directa de la Constitución, al considerar válida la
notificación del auto admisorio de la demanda remitida a correos institucionales
distintos de «notificaciones@inpec.gov.co»?

3.5. Consideración preliminar

31.
Como es claro, en el presente asunto se cuestionan dos providencias
estrechamente relacionadas, a saber, el auto I-720 del 28 de abril de 2026, mediante
el cual el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán negó la solicitud
de nulidad por indebida notificación del auto admisorio de la demanda, y el auto I-
850 del 12 de mayo siguiente, que resolvió no reponer esa determinación y declaró
improcedente el recurso subsidiario de apelación. Ambas decisiones serán
examinadas conjuntamente, pues corresponden al trámite y resolución definitiva de
la misma solicitud de nulidad formulada por el Inpec dentro del proceso de
reparación directa.

3.6. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad para el caso
concreto

32.
La Sala considera satisfecho el requisito de relevancia constitucional, porque la
controversia no se limita a establecer, en abstracto, cuál dirección electrónica debía
utilizar el juzgado para practicar una notificación, sino que plantea si la forma en que

12
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
8

Radicado: 19001-23-33-000-2026-00123-01 (8290)
Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
Accionado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán

se comunicó el auto admisorio impidió al Inpec conocer oportunamente la existencia
del proceso y ejercer sus derechos de defensa y contradicción. En ese orden de
ideas, de acreditarse esa circunstancia, podría encontrarse comprometido el núcleo
esencial del debido proceso, por cuanto la entidad afirma que perdió la oportunidad
de contestar la demanda y de ejercer las facultades procesales correspondientes.

33.
Esta conclusión encuentra respaldo en la Sentencia T-261 de 202513, en la que
la Corte Constitucional consideró que una controversia relativa a la falta de
notificación personal de la providencia que vincula a una entidad pública a un
proceso judicial reviste relevancia constitucional cuando la irregularidad alegada
incide materialmente en el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción. En
esa decisión, la Corte precisó que la notificación constituye un elemento estructural
del debido proceso y que su omisión puede trascender el plano de la mera legalidad
procesal.

34.
También se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, como lo
concluyó el Tribunal Administrativo del Cauca. Efectivamente, el Inpec promovió
dentro del proceso ordinario el incidente de nulidad previsto para cuestionar la
indebida notificación del auto admisorio y, contra la decisión que lo negó, interpuso
recurso de reposición y subsidiariamente apelación. El primero fue resuelto
desfavorablemente y el segundo fue declarado improcedente por el juzgado. De
esta manera, la entidad acudió al mecanismo procesal previsto para poner en
conocimiento del juez natural la irregularidad que posteriormente planteó en sede
de tutela.

35.
En consecuencia, para efectos del presente examen de procedibilidad, la Sala
no advierte que el Inpec contara con otro mecanismo judicial idóneo y eficaz que
debiera agotar antes de acudir al juez constitucional.

36.
Asimismo, se cumple el requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que la
última de las providencias cuestionadas fue proferida el 12 de mayo de 2026 y la
acción de tutela fue presentada pocos días después, al punto de que el Tribunal
Administrativo del Cauca la admitió mediante auto del 20 de mayo del mismo año.
Por tanto, entre la decisión que puso fin a la discusión sobre la nulidad y el ejercicio
del mecanismo constitucional transcurrió un término breve, razonable y
proporcionado.

37.
También se satisfacen los restantes requisitos generales. Así, la irregularidad
alegada tendría, de comprobarse, incidencia directa en el ejercicio del derecho de
defensa, pues el Inpec sostiene que la forma en que se practicó la notificación le
impidió contestar oportunamente la demanda. Además, la entidad identificó las

13
Corte Constitucional, sentencia T-261 de 2025. En esta providencia se menciona, sobre un caso similar en el
que la Rama Judicial era demandada, que «[p]ara la Corte este requisito se supera. En primer lugar, una revisión
preliminar del asunto, la Sala constata que la Rama Judicial informó que no pudo ejercer los derechos de
defensa y contradicción en el marco del proceso ejecutivo, porque el tribunal pretermitió la etapa procesal de la
notificación personal del auto que libró mandamiento ejecutivo. Según el escrito de tutela, tal omisión derivó en
graves consecuencias para la entidad porque no pudo controvertir el mandamiento de pago, ya que solo pudo
oponerse a la liquidación del crédito, lo cual fue rechazado por improcedente».
9

Radicado: 19001-23-33-000-2026-00123-01 (8290)
Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
Accionado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán

providencias cuestionadas, explicó los hechos que considera vulneradores de sus
derechos y formuló esos reparos previamente ante el juez natural mediante el
incidente de nulidad y el recurso de reposición. Finalmente, las decisiones
controvertidas fueron proferidas dentro de un proceso ordinario de reparación
directa y no corresponden a sentencias de tutela.

38.
En consecuencia, la Sala concluye que la acción satisface los requisitos
generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Por tanto, se
apartará de la conclusión de primera instancia según la cual el asunto carece de
relevancia constitucional y abordará el estudio de fondo de los defectos atribuidos
a los autos I-720 del 28 de abril de 2026 e I-850 del 12 de mayo del mismo año, sin
que lo anterior implique anticipar juicio alguno sobre su configuración.

3.7. Análisis de los requisitos específicos alegados en la acción de tutela

3.7.1. Consideración preliminar

39.
Antes de abordar el estudio particular de los defectos alegados, la Sala
considera necesario advertir que, si bien el Inpec invocó la configuración de los
defectos sustantivo, procedimental y fáctico, así como la violación directa de la
Constitución Política, los argumentos que sustentan la solicitud de amparo se
orientan, en realidad, a demostrar la estructuración de un defecto sustantivo y de un
defecto procedimental absoluto.

40.
En efecto, de una parte, el Inpec sostiene que el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Popayán interpretó y aplicó indebidamente los artículos 197 y 199
del CPACA al considerar válida la notificación del auto admisorio remitida a
direcciones electrónicas distintas de «notificaciones@inpec.gov.co», pese a que,
según la entidad accionante, esta última correspondía al buzón dispuesto
exclusivamente para recibir notificaciones judiciales. De otra, afirma que esa
actuación desconoció el procedimiento legalmente previsto para su vinculación al
proceso y le impidió conocer oportunamente la demanda y ejercer los derechos de
defensa y contradicción. Por su parte, los reproches formulados bajo las demás
denominaciones no plantean cuestionamientos autónomos y serán examinados a
partir de aquellos dos defectos.

41.
Respecto del defecto sustantivo, la jurisprudencia constitucional ha determinado
que este se configura, entre otros eventos, cuando la autoridad judicial funda su
decisión en una disposición que no resulta aplicable al caso, deja de aplicar la norma
que debía gobernarlo o atribuye a una regla un alcance incompatible con su
contenido, vigencia o ámbito material. Su configuración exige que el yerro sea
determinante para la decisión y trascienda una simple diferencia interpretativa14.

14
Entre otras, ver las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-590 de 2005, SU-155 de 2023, SU-
556 de 2016, SU-395 de 2017, SU-116 de 2018, SU-453 de 2019, SU-574 de 2019, SU-424 de 2021, y T-084
de 2025.
10

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42.
Al mismo tiempo, la Corte Constitucional ha sido constante en señalar que el
defecto sustantivo no surge de la mera discrepancia interpretativa ni de la existencia
de otras soluciones jurídicas posibles o incluso preferibles15, pues la autonomía
judicial supone que, dentro del marco constitucional y legal, los jueces cuentan con
un ámbito legítimo de interpretación y valoración jurídica16. Por esa razón, la
intervención del juez de tutela se justifica cuando la aplicación o interpretación
normativa resulta ostensiblemente irrazonable, arbitraria o incompatible con el
ordenamiento, y no cuando el reproche se limita a proponer una lectura jurídica
distinta de aquella acogida por el juez natural.

43.
En cuanto al defecto procedimental absoluto, la Corte Constitucional ha
explicado que se presenta cuando la autoridad judicial desconoce el procedimiento
establecido y esa actuación compromete de manera intensa los derechos al debido
proceso, defensa y contradicción. En materia de notificaciones, la omisión o
indebida práctica de este acto puede configurar dicho defecto porque priva al sujeto
procesal de la posibilidad de conocer oportunamente la actuación, exponer sus
argumentos, participar en el debate probatorio y utilizar los mecanismos de
impugnación previstos en el ordenamiento.

44.
Sin embargo, la existencia de una irregularidad en la notificación no conduce
por sí sola a la configuración del defecto. De acuerdo con la jurisprudencia, es
necesario verificar que (i) el juez haya actuado sin observar el procedimiento
establecido en la ley y (ii) que esa actuación produzca una vulneración evidente de
los derechos del accionante17. Además, el error debe revestir suficiente entidad para
resultar determinante en el trámite, pues las irregularidades procesales pueden ser
corregidas mediante los mecanismos de saneamiento y los recursos previstos por
el ordenamiento18.

45.
En ese contexto, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han
reconocido que una irregularidad en la notificación de la providencia mediante la
cual una parte queda vinculada a un proceso puede dar lugar al amparo de los
derechos al debido proceso, defensa y contradicción. Sin embargo, la protección no
se deriva de cualquier defecto formal en el acto de comunicación.

15
Corte Constitucional, sentencias SU-072 de 2018, SU-416 de 2015 y SU-195 de 2012. En particular, esta
última providencia destacó que la acción de tutela «por defectos en la interpretación judicial» o «por
interpretación», es improcedente cuando exista (i) una simple divergencia sobre la apreciación normativa, (ii)
haya una mera contradicción de opiniones respecto de una decisión judicial, (iii) se presente una interpretación
que no resulte irrazonable, que no pugne con la lógica jurídica, ni sea abiertamente contraria a la disposición
analizada, y (iv) que se discuta una lectura normativa que no se comparte, pues para ese efecto deben acudirse
a las instancias judiciales ordinarias y extraordinarias y no a la acción de tutela, que no es tercera instancia. En
ese orden de ideas, según esa misma sentencia, que reitera en ese sentido la jurisprudencia constitucional, «la
protección de los derechos fundamentales por vía de tutela cuando éstos [sic] resultan afectados por la
interpretación judicial de pruebas o de normas jurídicas debe ser excepcionalísima y únicamente procede
cuando el juez se aparta de la ley y la Constitución en forma irrazonable, por lo que en caso de que existan
distintas interpretaciones razonables debe prevalecer la del juez de conocimiento en aras de preservar los
principios de autonomía, independencia y especialidad de la labor judicial».
16
Corte Constitucional, sentencia SU-195 de 2012.
17
Corte Constitucional, sentencias T-261 de 2025, SU-387 de 2022, T-276 de 2020, T-181 de 2019, T-025 de
2018, entre otras.
18
Corte Constitucional, sentencias T-261 de 2025, T-1246 de 2008 y T-970 de 2006, entre otras.
11

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46.
Así, en la referida sentencia T-261 de 2025, la Corte Constitucional precisó que
el defecto derivado de una indebida notificación requiere verificar que el juez haya
desconocido el procedimiento establecido y que esa actuación produzca una
afectación evidente de los derechos del interesado. Agregó que el error debe tener
suficiente entidad para resultar determinante en el proceso.

47.
En el caso analizado en dicha providencia, se evidenció que la comunicación
del mandamiento ejecutivo no se realizó conforme a las reglas de notificación
personal exigidas, en la medida en que no fue remitida al canal institucional previsto
para su recepción, lo que impidió que el destinatario tuviera conocimiento oportuno
de la decisión.

48.
Como consecuencia de ello, la posibilidad de ejercer oportunamente los
mecanismos de defensa, en particular la formulación de excepciones y la
contradicción del mandamiento, se vio materialmente restringida, pues la
intervención solo ocurrió una vez vencidas las oportunidades procesales
correspondientes.

49.
En similar sentido, la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 14 de julio de 202019 concedió el amparo al advertir que la
comunicación del auto admisorio no fue dirigida al sujeto procesal que debía ser
notificado ni a la dependencia o representación que legalmente lo vinculaba al
proceso, sino a otras oficinas o instancias administrativas que no tenían la carga de
asumir su defensa ni de poner en conocimiento la actuación.

50.
En ese contexto, la autoridad judicial concluyó que la notificación no cumplió su
finalidad esencial, esto es, garantizar el conocimiento efectivo de la decisión y
permitir el ejercicio oportuno de la contradicción. De igual forma, precisó que el
hecho de que la parte afectada hubiera tenido conocimiento posterior de la
actuación no corregía la irregularidad, en la medida en que para ese momento ya
había precluido la oportunidad procesal para ejercer su defensa en condiciones
adecuadas.

51.
De esta manera, ambas decisiones permiten identificar como elementos
relevantes la existencia de una irregularidad atribuible al acto de notificación, la falta
de conocimiento oportuno por su destinatario y una afectación efectiva de las
oportunidades procesales de defensa. Corresponde, entonces, establecer si esas
condiciones se presentan en el asunto bajo estudio.

3.7.2. Estudio de los defectos sustantivo y procedimental absoluto

52.
A partir de las reglas expuestas, la Sala considera que en el presente asunto no
se configuran los defectos sustantivo ni procedimental absoluto alegados por el
Inpec. Aunque los artículos 197 y 199 del CPACA establecen que las entidades
públicas deben disponer de un buzón electrónico para recibir notificaciones

19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de julio de 2020, exp. 11001-03-15-
000-2020-02651-00, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
12

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judiciales y que allí debe remitirse el mensaje mediante el cual se practica la
notificación personal, el análisis propio de la tutela contra providencias judiciales no
consiste en determinar si existe una interpretación alternativa o incluso más estricta
de esas disposiciones, sino en establecer si la acogida por el juez natural resulta
ostensiblemente irrazonable, arbitraria o incompatible con el ordenamiento.

53.
En el auto I-720 del 28 de abril de 2026, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Popayán explicó que utilizó el buzón
«demandas.roccidente@inpec.gov.co» porque el propio Inpec había informado esa
dirección como canal electrónico en procesos tramitados con anterioridad ante ese
despacho. También tuvo en cuenta que la comunicación mediante la cual la
Dirección Regional Occidente indicó expresamente que
«notificaciones@inpec.gov.co» debía considerarse el canal exclusivo para recibir
notificaciones judiciales fue allegada el 3 de julio de 2025, esto es, con posterioridad
a la notificación del auto admisorio, efectuada el 1º de octubre de 2024.

54.
Con fundamento en esas circunstancias, estimó que aquella comunicación
posterior no podía privar de efectos a una actuación realizada con base en la
información que la propia entidad había suministrado previamente.

55.
Ahora bien, es cierto que el Inpec aportó elementos dirigidos a demostrar que,
antes de octubre de 2024, en otros procesos había señalado
«notificaciones@inpec.gov.co» como buzón exclusivo. Sin embargo, esa
circunstancia no torna arbitraria la conclusión del juzgado, pues el material
examinado mostraba, al mismo tiempo, que la entidad aún empleaba otros canales
para actuaciones judiciales.

56.
En los procesos 19001333300120200009300 y 19001333300120240019500,
por ejemplo, el Inpec indicó «demandas.roccidente@inpec.gov.co» y
«conciliaciones.epcpopayan@inpec.gov.co» como direcciones para notificaciones
judiciales, y contestó las respectivas demandas. Mientras tanto, y esto es relevante,
en el expediente 19001333300120240008900 señaló simultáneamente
«demandas.roccidente@inpec.gov.co» y «notificaciones@inpec.gov.co».

57.
A ello se suma un elemento particularmente significativo del propio proceso que
dio origen a esta tutela. En el registro audiovisual de la audiencia inicial celebrada
el 12 de mayo de 2026, el apoderado del Inpec, al identificarse ante el despacho,
señaló expresamente «demandas.roccidente@inpec.gov.co» como su «dirección
de notificaciones»20.

58.
Esta circunstancia no significa que dicho correo sustituyera, por esa sola
manifestación, el buzón previsto en el artículo 197 del CPACA ni que las

20
Ver en Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán, contestación de la acción de tutela del 25 de
mayo de 2026. En Samai, exp. 19001-23-33-000-2026-00123-01, índice 7, certificado 1DBD6C7E5CCB00F8
77857C1B261A50E7 4311A428B59A7AED 7A7C926DFD64AAB4. En ese memorial se adjuntó el enlace del
expediente 19001-33-33-001-2024-00190-00, correspondiente al medio de control de reparación directa que
suscita el presente proceso constitucional. Ver minuto 2:38 de 16:02 de la grabación de la audiencia inicial de
trámite, correspondiente al artículo 180 del CPACA.
13

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notificaciones personales debieran necesariamente remitirse a esa dirección. Sí
constituye, no obstante, un elemento objetivo que confirma la falta de uniformidad
en los canales electrónicos utilizados por la propia entidad para asuntos judiciales,
incluso dentro del proceso en el que posteriormente sostuvo que únicamente
notificaciones@inpec.gov.co podía cumplir esa función.

59.
Por esa razón, la situación que originó la controversia no puede atribuirse al
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán. Tal despacho no escogió
de manera caprichosa una dirección electrónica extraña al Inpec. La notificación del
auto admisorio fue remitida a varias cuentas institucionales de la entidad, entre ellas
«demandas.roccidente@inpec.gov.co», canal que había sido suministrado y
utilizado por aquella en otros asuntos judiciales. La coexistencia de distintas
direcciones y la ausencia de una práctica institucional uniforme generaron un
escenario de ambigüedad cuya consecuencia no puede trasladarse a la autoridad
judicial.

60.
Esta circunstancia diferencia sustancialmente el presente asunto del resuelto
en la sentencia T-261 de 2025, pues en aquella oportunidad, la Corte Constitucional
constató que el mandamiento ejecutivo no había sido notificado personalmente a la
entidad ejecutada y que esta solo tuvo conocimiento del trámite cuando ya habían
vencido las oportunidades para controvertirlo y proponer excepciones. La afectación
del derecho de defensa provenía, por tanto, de una omisión atribuible a la autoridad
judicial, que prescindió del procedimiento legal de notificación personal. En el
presente caso, por el contrario, existió un acto dirigido específicamente a notificar al
Inpec y la discusión se origina en cuál de los distintos buzones institucionales que
la propia entidad había utilizado debía emplearse para ese efecto.

61.
Tampoco resulta asimilable el asunto a la sentencia del 14 de julio de 2020 de
la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado. En ese caso, las
comunicaciones fueron remitidas a direcciones electrónicas de dependencias
distintas a aquella que había sido individualizada como responsable de la defensa
dentro del proceso, y se precisó que no era suficiente acudir a un correo institucional
genérico cuando la notificación no llegaba a la unidad específicamente llamada a
intervenir. Aquí ocurre algo diferente: «demandas.roccidente@inpec.gov.co» no era
un buzón ajeno a la estructura encargada de la defensa regional ni una dirección
escogida sin antecedente alguno, sino un canal que el propio Inpec había señalado
y utilizado en actuaciones judiciales ante el mismo despacho.

62.
Estas diferencias son relevantes porque, conforme al estándar antes expuesto,
la configuración del defecto procedimental absoluto no depende únicamente de que
la parte haya perdido una oportunidad procesal. Es necesario que esa consecuencia
tenga origen en la inobservancia del procedimiento atribuible a la autoridad judicial.
En este asunto, aunque el Inpec no contestó oportunamente la demanda de
reparación directa, no se acreditó que esa situación fuera consecuencia de una
omisión judicial semejante a las advertidas en los precedentes citados. Por el
contrario, el expediente revela que el mensaje fue dirigido a canales institucionales

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que habían sido utilizados por la entidad y que la controversia surgió de la falta de
uniformidad con la que esta identificó sus direcciones para asuntos judiciales.

63.
Desde la perspectiva del defecto sustantivo, entonces, la Sala no encuentra que
los autos I-720 e I-850 hayan atribuido a los artículos 197 y 199 del CPACA un
alcance manifiestamente contrario a su contenido. El despacho no desconoció la
existencia del buzón de notificaciones judiciales ni sostuvo que cualquier correo
institucional pudiera reemplazarlo. Lo que hizo fue valorar, para el momento
concreto en que se practicó la notificación, cuál era la información que el Inpec había
suministrado y cómo había actuado la propia entidad ante ese despacho.

64.
Por las mismas razones, tampoco se configura el defecto procedimental
absoluto, pues no se advierte que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Popayán hubiera actuado al margen del procedimiento establecido o hubiera
omitido la notificación personal del Inpec. La controversia deriva de la determinación
del canal electrónico empleado, en un contexto en el cual la propia entidad había
generado información no uniforme respecto de las direcciones utilizadas para sus
actuaciones judiciales. En esas condiciones, no se encuentra acreditada una
irregularidad procesal atribuible al despacho accionado que revista la entidad
suficiente para comprometer los derechos fundamentales al debido proceso,
defensa y contradicción.

65.
En consecuencia, la Sala concluye que las providencias cuestionadas
corresponden a una interpretación jurídicamente razonable de las normas
aplicables, sustentada en las particularidades acreditadas dentro del expediente, y
que no se presentó una actuación judicial capaz de estructurar un defecto
procedimental absoluto. Por tanto, los defectos sustantivo y procedimental alegados
por el Inpec no están llamados a prosperar.

4. Conclusión

66.
Las providencias cuestionadas no incurrieron en los defectos sustantivo ni
procedimental absoluto alegados. Los autos I-720 del 28 de abril de 2026 e I-850
del 12 de mayo siguiente efectuaron una interpretación razonable de los artículos
197 y 199 del CPACA, a partir de los canales electrónicos que la propia entidad
había utilizado en actuaciones judiciales previas, y de la falta de uniformidad con la
que aquella identificó sus direcciones de notificación. En esas condiciones, tampoco
se acreditó que la pérdida de la oportunidad para contestar la demanda fuera
consecuencia de una irregularidad procesal atribuible al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Popayán.

67.
Se modificará la sentencia de tutela de primera instancia, que declaró
improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional, y, en su
lugar, se negará la protección de los derechos fundamentales invocados por la
accionante. Aunque la controversia planteada sí tiene relevancia constitucional, no
se acreditó que la autoridad judicial accionada hubiera incurrido en defecto

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Accionado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán

sustantivo o procedimental absoluto ni vulnerado los derechos fundamentales al
debido proceso, defensa y contradicción.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Modificar la sentencia del 3 de junio de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de
amparo presentada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por
falta de relevancia constitucional.
Segundo: Negar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
defensa y contradicción invocados por el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (Inpec), por las razones expuestas en esta providencia.
Tercero: Notificar esta decisión a las partes y a los demás interesados por el medio
más expedito, en los términos del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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