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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2026-00129-01

Fecha
15 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2026-00129-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 3 de junio de 2026 por el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 19001-23-33-000-2026-00129-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

15 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 19001-23-33-000-2026-00129-01
Accionantes: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Popayán
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 3 de junio
de 2026 por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la demanda de tutela.

SÍNTESIS1

La parte accionante cuestiona el auto del 28 de abril de 2026, mediante el cual el
Juzgado Primero Administrativo de Popayán negó la solicitud de nulidad por indebida
notificación y la providencia judicial del 19 de mayo de 2026 que confirmó dicha decisión
y que “negó” por improcedente el recurso de apelación en el medio de control de
reparación directa núm. 19001-33-33-001-2024-00192-00. Se confirma la decisión de
primera instancia que declaró la improcedencia de la demanda de tutela por falta del
requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 25 de mayo de 2026, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante,
INPEC) presentó, mediante apoderado judicial, una demanda en ejercicio de la acción
de tutela para obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el
cual, a su juicio, se vulneró por el Juzgado Primero Administrativo de Popayán con
ocasión de (i) el auto proferido el 28 de abril de 2026, mediante el cual se negó la
solicitud de nulidad y (ii) la providencia del 19 de mayo de 2026 por medio de la cual se
dispuso no reponer dicha decisión y se “negó” por improcedente el recurso de apelación
que presentó en el medio de control de reparación directa núm. 19001-33-33-001-2024-
00192-00.

2. La parte accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y defensa del
INPEC.

1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Reparación directa / Nulidad por indebida notificación del auto
admisorio de la demanda / Confirma improcedencia por falta de relevancia constitucional.

Radicado: 19001-23-33-000-2026-00129-01
Accionante: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
Se confirma la decisión de primera instancia

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS las siguientes decisiones judiciales:
El Auto I – 721 del 28 de abril de 2026, mediante el cual se negó la nulidad por indebida
notificación.
El auto I – 898 proferido en audiencia inicial del 19 de mayo de 2026, mediante el cual
se resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión anterior y se negó por
improcedente el recurso de apelación.
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán que
declare la nulidad de lo actuado a partir de la notificación del auto admisorio de la
demanda, inclusive, y disponga su notificación en debida forma al correo oficial
notificaciones@inpec.gov.co.2 [Mayúsculas del texto citado].

B. Hechos

De conformidad con lo expuesto en la demanda, los hechos que sustentan la solicitud de
amparo son los siguientes:

3. Edith Floralba Delgado Davila, Elida Beatriz Delgado Davila, Emerson Delgado Ríos,
Fabio Arbey Delgado Davila, Francy Yeny Delgado Davila, María Del Rosario Delgado
Davila, Milton Iván Delgado Ríos, Nelly Deyanira España Alvear y Segunda María
Dioselina Davila presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa contra el INPEC con el fin de que se reconocieran y pagaran los perjuicios
causados por las lesiones que padeció el señor Delgado Davila el 18 de julio de 2022,
en una de las casas fiscales ubicadas dentro de la Cárcel de San Isidro de Popayán,
Cauca.

4. Mediante auto del 27 de septiembre de 2024, el Juzgado Primero Administrativo de
Popayán admitió la demanda de reparación directa, decisión que se notificó por estado
electrónico núm. 67 del 30 de septiembre de 2024. A su vez, dispuso la notificación
personal respecto del INPEC, por lo cual, entre otros, se notificó el auto admisorio a las
direcciones electrónicas juan.quintero@inpec.gov.co;
demandas.roccidente@inpec.gov.co; juridica.epcamspopayan@inpec.gov.co y
conciliaciones.epcpopayan@inpec.gov.co.

5. El 30 de octubre de 2025, el INPEC promovió incidente de nulidad por indebida
notificación con fundamento en el numeral 8 del artículo 1333 de la Ley 1564 de 20124,
por cuanto el auto admisorio no fue notificado al canal oficial de notificaciones judiciales
del INPEC (notificaciones@inpec.gov.co), por lo cual la notificación no fue debidamente
practicada. Así, solicitó que se declarara la nulidad de lo actuado a partir de la
notificación del auto admisorio.

6. El 28 de abril de 2026, el Juzgado Primero Administrativo de Popayán denegó la
solicitud de nulidad, tras advertir que, si bien el INPEC informó el 3 de julio de 2025 que
el correo electrónico notificaciones@inpec.gov.co era el canal exclusivo para recibir
notificaciones judiciales, tal comunicación fue posterior a la fecha en que se surtió la

2
Índice 3 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
3
Artículo 133. Causales de Nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 8.
Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el
emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas
que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma
al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. (…)
4
Congreso de la República. Ley 1564 de 2012. Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se
dictan otras disposiciones.

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Se confirma la decisión de primera instancia

notificación del auto admisorio, toda vez que, en principio, el INPEC informó al despacho
que el buzón de notificación electrónica de la entidad correspondía al correo
demandas.roccidente@inpec.gov.co, razón por la cual se notificó la providencia judicial
a tal dirección electrónica.

7. El INPEC interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, por medio del
cual manifestó que el Juzgado Primero Administrativo de Popayán conocía, antes de la
notificación del auto admisorio, que el buzón dispuesto por la entidad para recibir
notificaciones judiciales era notificaciones@inpec.gov.co y no
demandas.roccidente@inpec.gov.co. Lo anterior, por cuanto, en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 785 del Código General del Proceso - CGP6, el INPEC había
informado dicha dirección electrónica para efectos de notificación con anterioridad al 1º
de octubre de 2024.

8. El 19 de mayo de 2026, el Juzgado Primero Administrativo de Popayán resolvió no
reponer el auto recurrido, al considerar que la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana
Seguridad de Popayán informó, específicamente, que el buzón electrónico al cual se
debían enviar las notificaciones era demandas.roccidente@inpec.gov.co. Señaló que,
solo fue hasta el 3 de julio de 2025, que se indicó que el correo exclusivo para
notificaciones judiciales era notificaciones@inpec.gov.co. Asimismo, declaró
improcedente el recurso de apelación, al advertir que el artículo 2437 de la Ley 1437 de
20118 no contempla que la decisión que niega la nulidad procesal sea susceptible de
ser apelada.

C. Fundamentos de la vulneración

9. La parte accionante indicó que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho
fundamental al debido proceso y sus derechos de defensa y contradicción al incurrir en
los defectos sustantivo, procedimental, fáctico y violación directa de la Constitución.

10. Alegó que el auto admisorio no fue notificado a la dirección electrónica dispuesta
por el INPEC, lo que impidió el conocimiento oportuno de la actuación, afectó el cómputo
de términos y la posibilidad real de ejercer una defensa técnica. De tal modo, la entidad
se encuentra en una situación de indefensión material, lo que conllevó a la vulneración
sustancial del debido proceso.

11. Manifestó que se configuró un defecto sustantivo, debido a que la autoridad judicial
accionada desconoció el carácter imperativo del artículo 1979 de la Ley 1437 de 2011,

5
Artículo 78. Deberes de las partes y sus apoderados. Son deberes de las partes y sus apoderados: (…) 5. Comunicar
por escrito cualquier cambio de domicilio o del lugar señalado para recibir notificaciones personales, en la demanda o
en su contestación o en el escrito de excepciones en el proceso ejecutivo, so pena de que estas se surtan válidamente
en el anterior. (…)
6
Congreso de la República. Ley 1564 de 2012. Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se
dictan otras disposiciones.
7
Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la
misma instancia: (…)
8
Congreso de la República. Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
9
Artículo 197. Dirección electrónica para efectos de notificaciones. Las entidades públicas de todos los niveles, las
privadas que cumplan funciones públicas y el Ministerio Público que actúe ante esta jurisdicción, deben tener un buzón
de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales. Para los efectos de este Código se
entenderán como personales las notificaciones surtidas a través del buzón de correo electrónico.

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Se confirma la decisión de primera instancia

máxime cuando el Consejo de Estado10 ha señalado que las entidades públicas deben
disponer de un canal exclusivo para la recepción de notificaciones judiciales, cuya
dirección debe ser atendida por las autoridades judiciales para garantizar la validez de
las actuaciones procesales.

12. Señaló que se configuró un defecto procedimental, toda vez que se convalidó una
notificación que no cumplió con los lineamientos legales, sobre todo cuando la Corte
Constitucional, en particular, la sentencia T-515 de 202511 reiteró que el defecto en el
acto de comunicación, especialmente, respecto de la notificación personal, genera la
nulidad de las actuaciones posteriores.

13. Sobre el defecto fáctico, sostuvo que el Juzgado accionado omitió valorar las
pruebas determinantes que acreditan el carácter exclusivo del buzón electrónico
notificaciones@inpec.gov.co, al respecto se refirió a los poderes y anexos allegados al
trámite ordinario, así como la información institucional que se suministró.

14. En cuanto a la violación directa de la Constitución, expuso que las providencias
judiciales cuestionadas permiten que el proceso de reparación directa continúe sin que
se haya garantizado el conocimiento efectivo del auto admisorio.

15. Agregó que, la continuación del proceso a partir de una notificación irregular implica
la configuración de un perjuicio irremediable, pues la entidad no tendría la oportunidad
de ejercer de manera oportuna su derecho de defensa, aportar pruebas para controvertir
los fundamentos de la demanda y enfrentar una eventual condena con pleno ejercicio
de sus garantías procesales. Por ello, considera necesaria la intervención del juez de
tutela para evitar la consolidación de una actuación procesal viciada.

D. Trámite procesal

16. Mediante auto del 26 de mayo de 202612, el Tribunal Administrativo del Cauca
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar al Juzgado Primero Administrativo de
Popayán como autoridad judicial accionada y, en calidad de terceros con interés, a Edith
Floralba Delgado Davila, Elida Beatriz Delgado Davila, Emerson Delgado Ríos, Fabio
Arbey Delgado Davila, Francy Yeny Delgado Davila, María Del Rosario Delgado Davila,
Milton Iván Delgado Ríos, Nelly Deyanira España Alvear y Segunda María Dioselina
Davila (demandantes en el proceso de reparación directa núm. 2024-00192-00), para
que rindieran un informe sobre los hechos objeto de la demanda de tutela.

E. Oposiciones e intervenciones

17. El Juzgado Primero Administrativo de Popayán13 (accionado) señaló que el INPEC
indicó que el buzón de notificación electrónica para esa región correspondía al correo
demandas.roccidente@inpec.gov.co, por lo cual se surtió la notificación del auto
admisorio a esa dirección electrónica.

10
Al respecto, se refirió a la providencia judicial núm. 11001-03-15-000-2015-02509-01 proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado.
11
Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2025. M.P Vladimir Fernández Andrade
12
Índice 4 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
13
Índice 7 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.

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18. Manifestó que existe falta de uniformidad en la información suministrada por el
INPEC respecto del buzón dispuesto para recibir notificaciones judiciales. Debido a que
en algunos procesos la entidad señaló como canales de comunicación las direcciones
demandas.roccidente@inpec.gov.co y conciliaciones.epcpopayan@inpec.gov.co,
mientras que en otros indicó que dicho propósito correspondía al correo
notificaciones@inpec.gov.co. Incluso, en distintas actuaciones procesales utilizó
nuevamente la primera de estas direcciones, circunstancia que, a su juicio, generó
ambigüedad e indujo en error al operador judicial.

19. Agregó que solo hasta el 3 de julio de 2025, con posterioridad a la notificación del
auto admisorio, el INPEC informó de manera expresa que notificaciones@inpec.gov.co
constituía el buzón oficial para las notificaciones judiciales. No obstante, sostuvo que la
entidad tuvo conocimiento efectivo y oportuno del proceso, pues compareció al trámite,
promovió incidente de nulidad, interpuso recursos y participó en la audiencia inicial. Por
ello, consideró que no se configuró la alegada indefensión material y que la irregularidad
invocada no resulta atribuible a la autoridad judicial, por lo cual solicitó que se declarara
la improcedencia de la demanda de tutela y, subsidiariamente, se niegue la solicitud de
amparo por no existir ninguna vulneración de los derechos fundamentales de la parte
accionante.

20. Edith Floralba Delgado Davila, Elida Beatriz Delgado Davila, Emerson Delgado
Ríos, Fabio Arbey Delgado Davila, Francy Yeny Delgado Davila, María Del Rosario
Delgado Davila, Milton Iván Delgado Ríos, Nelly Deyanira España Alvear y Segunda
María Dioselina Davila (terceros con interés) fueron debidamente notificados14, sin
embargo, guardaron silencio.

F. Fallo impugnado

21. Mediante sentencia del 3 de junio de 202615, el Tribunal Administrativo del Cauca
declaró la improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito de relevancia
constitucional.

22. El Tribunal señaló que, si bien en julio de 2025 el INPEC indicó que el canal
exclusivo de notificaciones correspondía a notificaciones@inpec.gov.co, tal
comunicación fue posterior a la notificación del auto admisorio. No obstante, en el escrito
de nulidad y en el recurso de reposición, el apoderado del INPEC indicó que el canal de
notificación electrónica para la región correspondía al correo
demandas.roccidente@inpec.gov.co, es decir, que la misma institución también señaló
el correo respecto del cual ahora alega que no estaba destinado para las notificaciones.

23. La Sala sostuvo que la parte accionante no propone un debate constitucional
novedoso, autónomo y diferenciable, sino que reitera, sustancialmente, la controversia
jurídica que analizó y resolvió el juez natural del asunto en el trámite del incidente de
nulidad. En efecto, la solicitud de nulidad y la demanda de tutela se fundamentaron
sobre los mismos argumentos, pues ambos asuntos tienen identidad fáctica, jurídica y
argumentativa.

14
Índice 6 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
15
Índice 9 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.

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24. De tal modo, precisó que no se encuentra superado el requisito de relevancia
constitucional, debido a que la parte accionante pretende insistir, mediante la vía
constitucional, en una controversia que se definió de manera suficiente y razonable por
el juez ordinario, pues el accionante busca una interpretación distinta a la que se plasmó
por el juez natural del asunto con el fin de que se emita un nuevo concepto sobre el
mismo particular.

25. Determinó que el juez de tutela no debe intervenir en el asunto, toda vez que las
providencias que se cuestionan no fueron arbitrarias, caprichosas, ni irrazonables. El
desacuerdo del INPEC con la conclusión a la que arribó el juez natural no implica, por
sí misma, la satisfacción del requisito de relevancia constitucional, máxime cuando la
solicitud de amparo no es procedente para reabrir un debate que se zanjó en el proceso
ordinario, ni para insistir en una tesis de legalidad que se resolvió de manera
desfavorable.

G. Impugnación

26. Mediante escrito del 10 de junio de 202616, la parte accionante impugnó la sentencia
proferida el 3 de junio de 2026 y solicitó que se revocara la decisión de primera instancia
y, en su lugar, se concediera el amparo.

27. Manifestó que la conclusión del juez constitucional desconoce la verdadera
naturaleza del problema jurídico propuesto y restringe, indebidamente, el alcance
excepcional de la demanda de tutela contra providencias judiciales. Señaló que la
solicitud de amparo no corresponde a una simple discrepancia interpretativa, sino que
trasciende el plano de la mera legalidad procesal, toda vez que afecta los derechos al
debido proceso, defensa y contradicción.

28. Indicó que, en efecto, el problema constitucional consiste en determinar si la
notificación electrónica que surtió la autoridad judicial accionada a un correo que no era
el oficial ni el dispuesto por la institución resulta compatible con los mandamientos
constitucionales, a pesar de que no se notificó el auto admisorio de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el artículo 19717 de la Ley 1437 de 201118.

29.Sostuvo que el debate que presenta tiene trascendencia constitucional, debido a
que la notificación que practicó el Juzgado accionado desconoció las garantías mínimas,
pues no se constató que la parte demandada dentro del proceso ordinario tuviera
conocimiento efectivo y oportuno del auto admisorio.

30. Insistió en los fundamentos del escrito de tutela y señaló que, si bien las
providencias cuestionadas se sustentaron en una motivación formal, ello no excluye la
configuración de un defecto constitucional. De hecho, es suficiente acreditar que la
decisión judicial produjo una afectación a los derechos fundamentales como

16
Índice 12 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
17
“Artículo 197. Dirección electrónica para efectos de notificaciones. Las entidades públicas de todos los niveles, las
privadas que cumplan funciones públicas y el Ministerio Público que actúe ante esta jurisdicción, deben tener un buzón
de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales. Para los efectos de este Código se
entenderán como personales las notificaciones surtidas a través del buzón de correo electrónico.”
18
Congreso de la República. Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

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consecuencia de un defecto, tal como ocurre en el caso concreto.

31. A su vez, reiteró que, si bien la discusión se planteó ante el juez natural del asunto,
tal circunstancia no excluye, por sí misma, la procedencia de la tutela, ya que, de ser
así, se vaciaría el contenido de la demanda constitucional contra providencias judiciales.

32. Señaló que la demanda de tutela no se presentó con el fin de sustituir al juez
ordinario, ni para obtener una tercera instancia, ni está orientada a reabrir un debate
ordinario y tampoco pretende obtener una interpretación jurídica más favorable, sino
que se interpuso con el fin de cuestionar la compatibilidad constitucional de una decisión
que validó una actuación procesal adelantada con desconocimiento de las garantías
fundamentales.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

33. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver, en segunda instancia, la demanda de acción de tutela interpuesta por el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC contra el Juzgado Primero Administrativo de
Popayán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado
(Acuerdo 80 de 2019).

I. Sentido de la decisión

34. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la
demanda de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional, toda vez que la
discusión que propone la parte accionante está orientada a obtener una tercera instancia
con el fin de controvertir el sentido de la decisión adoptada el 28 de abril y 19 de mayo
de 2026. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la
verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela 19.

J. El requisito de relevancia constitucional

35. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.20 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la

19
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
20
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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decisión cuestionada21, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.

36. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.22

37. En la sentencia SU-215 de 202223, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:

(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto
debe ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;

(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;

(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental,
entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías
superiores para encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se
debe justificar razonablemente la existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental; y

(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado
una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales

38. Para la Corte Constitucional24, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las

21
Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
22
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de
2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P.
Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

39. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que
han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico
de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional” 25.

K. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

40. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.

41. En el asunto sub iudice, la parte accionante cuestiona las providencias proferidas el
28 de abril y 19 de mayo de 2026 por el Juzgado Primero Administrativo de Popayán,
porque, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, procedimental y violación
directa de la Constitución. A continuación, la Sala describirá las características y
elementos de los defectos alegados, con el propósito de determinar el objeto de la litis
y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos fundamentales.

42. El defecto sustantivo se configura cuando un operador judicial desconoce la
Constitución o la ley. La Corte Constitucional26 ha determinado que se está ante un
defecto sustantivo cuando el juez, en ejercicio de su autonomía e independencia,
desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y
deberes superiores. En ese sentido, puede configurarse un defecto sustantivo por la
errónea interpretación o aplicación de la norma.

43. La jurisprudencia constitucional27 ha establecido que, para que se configure este
defecto, el error del juzgador debe ser ostensible, arbitrario y caprichoso, en
desconocimiento de lineamientos constitucionales y legales pertinentes, pues el juez
constitucional no puede inmiscuirse ni definir la forma en que el juez ordinario tiene que
decidir.

44. El defecto fáctico28 se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración del
material probatorio que incide en el sentido de la decisión. Es decir que, en esencia, se
configura cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la

25
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
28
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. Jaime C´rdoba Triviño.

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aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”.

45. La violación directa de la Constitución se estructura cuando la autoridad judicial
se aparta del mandato de supremacía constitucional contenido en el artículo 4° de la
Constitución Política29. En ese orden, este defecto se puede configurar en los siguientes
supuestos: (i) la autoridad judicial deja de aplicar una norma constitucional que resulta
aplicable al caso concreto y (ii) la autoridad judicial aplica una norma legal al margen de
los postulados constitucionales.

46. El defecto procedimental30 se presenta en dos escenarios: (i) el absoluto, el cual
se configura cuando el juez desconoce o se aparta del procedimiento legalmente
prestablecido y (ii) el exceso ritual manifiesto, que se presenta cuando el goce de los
derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicación de las
normas procesales.

L. El caso concreto

47. La Sala coincide en que la demanda de tutela no supera el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto la parte accionante pretende obtener una instancia adicional
con el fin de que se reabra el debate propio del incidente de nulidad propuesto en el
proceso de reparación directa núm. 19001-333-30-01-2024-00192-00 para controvertir
la conclusión adoptada por el Juzgado Primero Administrativo de Popayán.

48. La Sala advierte que la controversia que expone el accionante ya fue planteada en
el incidente de nulidad promovido dentro del proceso ordinario, debido a que en esa
oportunidad, expuso, en esencia, los mismos argumentos que ahora sustentan su
solicitud de amparo, en particular, que el correo notificaciones@inpec.gov.co
correspondía al canal oficial para recibir las notificaciones judiciales y que la notificación
del auto admisorio a una dirección electrónica distinta afectó sus derechos al debido
proceso, defensa y contradicción. En ese contexto, en la solicitud de nulidad señaló:

En consecuencia, la notificación del auto admisorio de la demanda no fue practicada
en legal forma, pues no se dirigió al buzón institucional que el INPEC ha dispuesto para
recibir notificaciones judiciales, ni existe constancia en el expediente de recepción o
acuse de recibo en dicha cuenta.
5.- Tal irregularidad impidió que la entidad demandada ejerciera en tiempo su derecho
de defensa, al no haber tenido conocimiento oportuno de la demanda ni de los términos
procesales para contestarla. (…)
La indebida notificación configuró una violación del derecho fundamental al debido
proceso y a la defensa (artículo 29 de la Constitución Política), al impedir que el INPEC
conociera oportunamente la demanda para ejercer su derecho de contradicción y
aportar pruebas dentro del término legal.
Se trata de una nulidad de carácter supralegal, pues afecta directamente los principios
de contradicción, publicidad y doble instancia que rigen el proceso contencioso
administrativo.

49. Mediante auto del 28 de abril de 2026, el Juzgado Primero Administrativo de
Popayán estudió la solicitud de nulidad y advirtió que el INPEC, reiteradamente, informó
al Despacho que el canal de notificación electrónica de la institución para ese sector del
país correspondía al correo demandas.roccidente@inpec.gov.co, dirección que se

29
Corte Constitucional, sentencias SU-069 de 2018 y SU-037 de 2019.
30
Corte Constitucional. Sentencia T-166 de 2022. M.P Natalia Ángel Cabo.

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consideró para remitir la notificación del auto admisorio.

50. A su vez, señaló que, si bien el 3 de julio de 2025, el INPEC informó que el correo
electrónico notificaciones@inpec.gov.co era la dirección exclusiva para recibir
notificaciones judiciales, tal comunicación fue posterior a la fecha en que se surtió la
notificación del auto admisorio. De tal modo, determinó:

En consecuencia, el mencionado oficio no tiene la virtualidad de invalidar actuaciones
ya surtidas, pues el cambio del canal de notificación fue informado con posterioridad,
sin que obre prueba de que dicha información hubiera sido comunicada al Despacho
con anterioridad, en los términos exigidos por el artículo 78 del Código General del
Proceso.
Bajo tales condiciones, la notificación del auto admisorio se efectuó a través del canal
digital oportunamente informado por la entidad demandada, cumpliéndose lo dispuesto
en el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021, y
garantizándose la finalidad de la notificación.
Así las cosas, la posterior manifestación del INPEC respecto de la designación de un
canal distinto para recibir notificaciones judiciales no desvirtúa la validez de la
notificación practicada, ni configura irregularidad alguna imputable al Despacho
Judicial. Por lo anterior, no se encuentra acreditada la causal de nulidad prevista en el
numeral 8 del artículo 133 del C.G.P., razón por la cual el incidente propuesto no está
llamado a prosperar.

51. Al respecto, el INPEC presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación y
manifestó que el Juzgado accionado conocía con anterioridad al 1° de octubre de 2024
que el canal electrónico de notificación correspondía a notificaciones@inpec.gov.co y
no a demandas.roccidente@inpec.gov.co, razón por la cual se refirió a los procesos
mediante los cuales se comunicó explícitamente el buzón de notificación de la entidad,
por lo cual alegó:

Bajo las anteriores premisas, es claro que la irregularidad advertida trasciende el
ámbito meramente formal y comporta una afectación sustancial del debido proceso, en
tanto incide directamente en la eficacia del derecho de defensa de la entidad
demandada por cuanto, impidió el conocimiento oportuno y efectivo de la providencia
a efectos de asumir la defensa judicial del INPEC, ejercer el derecho de contradicción,
aportar las pruebas para controvertir los hechos y pretensiones de la demanda,
garantías fundamentales en el trámite de procesos judiciales.

52. Por medio de auto del 19 de mayo de 2026, la autoridad judicial accionada resolvió
el recurso de reposición y “negó” por improcedente la apelación, tras indicar que ante la
Secretaría se presentaron múltiples comunicaciones mediante las cuales se señaló que
el correo electrónico al cual se debía notificar las demandas contra la entidad era
demandas.roccidente@inpec.gov.co, debido a que esa dirección correspondía a la
oficina regional suroccidente del INPEC. Advirtió que, solo fue hasta el 3 de julio de
2025, que se comunicó que el correo exclusivo para notificaciones judiciales era
notificaciones@inpec.gov.co.

53. Luego, la parte accionante, en sede de tutela, sustenta su solicitud de amparo en
que el correo electrónico notificaciones@inpec.gov.co constituía el buzón oficial
dispuesto para la recepción de notificaciones y actuaciones judiciales, no obstante,
señala que la autoridad judicial accionada desconoció dicha dirección electrónica y
notificó el auto admisorio al correo demandas.roccidente@inpec.gov.co. A su juicio, tal
actuación vulneró sus garantías fundamentales, pues configuró una irregularidad

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sustancial que la situó en un estado de indefensión material y le impidió ejercer
oportunamente sus derechos de defensa y contradicción, en particular, aportar y solicitar
las pruebas que pretendía hacer valer dentro del proceso ordinario.

54. Sin embargo, tal como se evidencia, dicha discusión ya fue debidamente analizada
y definida por el juez natural del asunto, quien estudió los argumentos relacionados con
la dirección electrónica destinada a la recepción de notificaciones judiciales y la validez
de la comunicación del auto admisorio.

55. Así las cosas, el debate planteado en la demanda de tutela no trasciende el ámbito
constitucional, por cuanto se limita a reproducir los reparos expuestos en la nulidad y en
el recurso de reposición que se presentó contra la providencia del 28 de abril de 2026,
en efecto no se incorporan argumentos novedosos que permitan advertir una afectación
autónoma de los derechos fundamentales invocados, sino que pretende reabrir una
controversia que se definió dentro del trámite ordinario.

56. Si bien la parte accionante invocó la configuración de los defectos fáctico,
sustantivo, procedimental y violación directa de la Constitución, reiteró en su escrito de
impugnación que el debate sí tiene relevancia constitucional e insistió en la vulneración
de su derecho fundamental al debido proceso, lo cierto es que tales reparos pretenden
obtener un nuevo pronunciamiento sobre una discusión que ya resolvió el Juzgado
Primero Administrativo de Popayán.

57. En ese sentido, no se advierte la existencia de una controversia constitucional
autónoma derivada de las providencias cuestionadas que justifique la intervención del
juez de tutela, máxime cuando el fundamento de la solicitud de amparo se circunscribe
a la repetición de los argumentos que ya fueron examinados por la autoridad judicial
accionada.

58. En virtud de lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que
declaró la improcedencia por falta del requisito de relevancia constitucional, en tanto el
accionante pretende una tercera instancia para reabrir un debate propio del incidente
de nulidad propuesto dentro del proceso de reparación directa núm. 19001-333-30-01-
2024-00192-00.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 3 de junio de
2026 por el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con las razones expuestas
en la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

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TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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