Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2026-00141-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2026-00141-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 19001-23-33-000-2026-00141-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 19001-23-33-000-2026-00141-01
Demandante: ALLAN ALEXIS FORI ÁNGEL
Demandado: JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE POPAYÁN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma improcedencia de
la acción por no satisfacer requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia del 17 de junio de 2026, en virtud de la cual, el Tribunal Administrativo
del Cauca negó el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Allan Alexis Fori Ángel, actuando a través de apoderada 1, instauró acción
de tutela2 contra el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Popayán, con el fin de que se ampare su derecho fundamental al debido proceso y
a la igualdad.
Lo anterior, con ocasión de la providencia dictada por la autoridad judicial accionada
el 14 de mayo de 2026 dentro del proceso de reparación directa identificado con
radicado 19001-33-33-007-2024-00026-00, mediante el cual se rechazó por
extemporáneo el recurso de apelación formulado contra la sentencia de primer
grado.
1.2. Pretensiones
1 Índice 11 de Samai. Poder conferido mediante mensaje de datos a la abogada Constanza Ximena
Estupiñán Jaramillo.
2 Índice 02 de Samai. Tutela presentada el 9 de junio de 2026.
1
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Demandante: Allan Alexis Fori Ángel
Demandado: Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito Judicial de Popayán
Rad: 19001-23-33-000-2026-00141-01
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
2. ORDENAR al JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
POPAYÁN que revise el escrito de apelación presentado el 06 de mayo de 2026.3
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El señor Allan Alexis Fori Ángel y su grupo familiar formularon el medio de control
de reparación directa contra la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial para que se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial por los
perjuicios que de manera presunta les fueron causados, como consecuencia de la
privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Allan Alexis Fori Ángel,
entre el 1.º de febrero de 2019 y 25 de enero de 2022, dado que el proceso penal
adelantado en su contra por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14
años, terminó con sentencia absolutoria.
El asunto correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Popayán que, mediante sentencia del 17 de abril de 2026, remitida a las partes a
través de medio electrónico el mismo día, negó las pretensiones al estimar que no
se encontraba acreditada la responsabilidad endilgada.
La parte accionante formuló recurso de apelación el día 6 de mayo de 2026 a las
5:02 pm por medio del canal digital dispuesto para tal fin. Sin embargo, mediante
proveído del 14 de mayo de 2026, notificado por estado electrónico del 15 de mayo
de 2026, el despacho judicial lo rechazó por extemporáneo tras considerar que al
tenerse por notificada la sentencia el 21 de abril de 2026 [transcurridos dos días
hábiles siguientes al envío del mensaje], el término de ejecutoria corrió del 22 de
abril al 6 de mayo de 2026 hasta las 05:00 p.m., no obstante, el recurso se radicó el
06 de mayo de 2026 a las 5:02 p.m., por fuera del horario laboral y, por lo tanto, de
forma extemporánea.
Al respecto hizo alusión a pronunciamientos del Tribunal Administrativo del Cauca,
con ponencia del magistrado Naún Mirawal Muñoz Muñoz en proceso con radicado
No. 19001333300720240002201 donde se advirtió que «los memoriales, incluidos
los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos
antes del cierre del despacho del día en que vence el término».
3 Transcripción original del texto con posibles errores.
2
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Demandado: Juzgado Séptimo Administrativo
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Inconforme con la decisión, el extremo demandante formuló recurso de queja que
fue radicado el 25 de abril de 2026 a las 3:28 p.m., a través del mismo canal digital
empleado para ese fin.
Recurso que fue nuevamente rechazado por extemporáneo con auto del 2 de junio
de 2026. Para ello, advirtió el juzgado que el auto recurrido fue notificado a las
partes, por estado electrónico de 15 de mayo de 2026, por lo que el término de
ejecutoria corrió del 19 al 21 de mayo de 2026, y en tal virtud, al haberse interpuesto
el recurso de queja el 25 de mayo siguiente, esto se hizo de forma extemporánea.
La anterior decisión fue notificada por estado del 2 de junio de 20264.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte accionante señaló que la providencia cuestionada transgredió su derecho
fundamental al debido proceso, sin especificar la manera en que esto ocurrió para
el caso concreto y solicitó que no se le «castigue tan severamente por la congestión
en el envío del internet al llegar al despacho ya no tengo como probar que la
interface podía tener congestión al llegar los mensajes a la bandeja de correos del
juzgado».
Aludió de manera general al concepto de violación del debido proceso entendido
por la Corte Constitucional, así como a la procedencia excepcional de la tutela
contra providencias judiciales, transcribiendo para el efecto algunos
pronunciamientos del órgano de cierre, como por ejemplo las sentencias T-1008 de
2012, T-373 de 2015 y T-630 de 2015, alusivas a la subsidiariedad de la tutela.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 9 de junio de 20265, el Tribunal Administrativo del Cauca, admitió la
solicitud de amparo, ordenó la notificación a la parte accionante6, y como accionado,
al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán7.
Asimismo, dispuso la vinculación en calidad de terceros con interés en el resultado
del proceso a la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación [extremo
pasivo del proceso ordinario]8.
4 Índice 028 de Samai en el proceso ordinario.
5 Índice 004 de Samai en tutela de primera instancia.
6Índice 006 de Samai. La notificación fue realizada en el correo alanfori123@gmail.comg
7 Índice 006 de Samai. La notificación fue realizada en el correo
j07admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co.
8 Índice 006 de Samai. La notificación fue realizada en los correos
dsajppnnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co, jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co,
jur.novedades@fiscalia.gov.co, dirsec.cauca@fiscalia.gov.co.
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1.6. Intervenciones
1.6.1. Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Popayán 9
Manifestó que no evidencia vulneración alguna a los derechos fundamentales del
actor y que por el contrario la providencia judicial cuestionada se encuentra
debidamente motivada, ajustada a derecho y adoptada con plena garantía de los
derechos constitucionales. En razón a ello solicitó la negativa de las pretensiones
de la acción.
1.6.2. Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán10
La titular del juzgado señaló que no se configuró la vulneración alegada toda vez
que ese despacho realizó las actuaciones pertinentes conforme a derecho sin
desconocer el derecho fundamental al debido proceso ni que pueda entenderse
como un exceso ritual manifiesto el respeto a las formas y a los términos
establecidos en la Ley. En se sentido, solicitó que se niegue la súplica
constitucional.
1.6.3. Fiscalía General de la Nación11
Refirió que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, pues no existe
relación de causalidad de acción u omisión por parte de la entidad, toda vez que la
actuación cuestionada no está directamente relacionada con el ente instructor y la
actuación pretendida en procura del amparo de derechos reclamados, supera su
competencia.
En todo caso, consideró que en este asunto no se sustenta de manera adecuada y
conforme a la regla jurisprudencial, las causales específicas de procedibilidad para
que la acción de tutela sea procedente pues el actor no cumplió con su carga
argumentativa de precisar tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados.
1.7. Sentencia de primera instancia12
El Tribunal Administrativo del Cauca dictó sentencia el 17 de junio de 2026 en la
que negó el amparo por improcedente al no cumplir el requisito de subsidiariedad.
Consideró que la parte actora no agotó en debida oportunidad todos los recursos
ordinarios de los que disponía dentro del proceso de reparación directa.
9 Índice 007 de Samai.
10 Índice 008 de Samai.
11 Índice 010 de Samai.
12 Índice 014 de Samai.
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Específicamente el recurso de queja, el cual resultaba procedente respecto del auto
del 14 de mayo de 2026 que rechazó por extemporánea la apelación de la sentencia.
Tuvo por acreditado que, si bien la parte actora interpuso recurso de queja en contra
del proveído mencionado, este fue presentado de manera extemporánea, pues se
demostró que dicha providencia fue notificada por estado electrónico del 15 de mayo
de 2026, por lo que el término de ejecutoria transcurrió desde el 19 al 21 de mayo
de 2026. No obstante, la parte actora presentó el recurso de queja el 25 de mayo
siguiente, esto es por fuera de la oportunidad establecida para tal efecto.
En tal sentido, consideró que no era viable que el actor empleara la tutela como una
forma para subsanar su omisión en la interposición adecuada de los recursos frente
a la providencia sobre la cual recae su inconformidad.
Advirtió que la misma parte actora reconoce en su escrito de tutela que el recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia del ordinario fue presentado
de manera extemporánea el día 6 de mayo de 2026 a las 5:02 p.m. y en ese sentido
la consecuencia procesal es que se tenga por radicado al día hábil siguiente, tal
como lo indica el artículo 109 del CGP, aplicable por disposición del artículo 306 del
CPACA.
En ese orden, estimó que la autoridad judicial accionada no incurrió en el error
procedimental invocado en la tutela y que el señor Allan Alexis Fori Ángel no agotó
oportunamente los recursos dentro del proceso de reparación directa.
La sentencia de primera instancia se notificó a las partes e intervinientes el 19 de
junio de 202613 mediante correo electrónico.
1.8. Impugnación14
La apoderada de la tutelante remitió memorial de impugnación aludiendo
únicamente que se encuentra inconforme con la decisión.
1.9. Trámite en segunda instancia
El despacho sustanciador en auto del 10 de julio de 2026 puso en conocimiento el
presente trámite constitucional a los señores Alva Rosa Fori Ángel, Eliana Ledezma
Sandoval, Jhon Freyner Gómez Fory, Carmen Emilia Fory Ángel, Italia Fory Ángel,
Hildamia Fori Ángel, Yecire Carbonero Fory, María Alejandra Fory, Andreina
Ballesteros Fory, Paola Lucumi Fory, Dany Fori Ángel, Oscar Julio Fory Ángel,
Jorwis Eydel Marimon Fory, Jhonny Alejandro Ballesteros Fory y Edison Salinas
13 Índice 014 de Samai.
14 Índice 017 de Samai. El escrito contentivo de la impugnación fue radicado el 5 de febrero de 2026,
por lo que fue oportuna su interposición. El recurso se concedió en auto del 11 de febrero de la
misma anualidad.
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Fory, quienes actuaron en calidad de demandantes del proceso ordinario, para que
realizara las manifestaciones que a bien tuviera. No obstante, pese a encontrarse
notificados no realizaron pronunciamiento alguno.
1.10. Manifestación de impedimento
Efectuado el reparto del presente asunto, el consejero Omar Joaquín Barreto
Suárez con escrito del 4 de agosto de 2026 manifestó estar incurso en la causal de
impedimento prevista en el numeral 1.° del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal en razón a que su cónyuge desempeña el cargo de fiscal delegada ante el
Tribunal Superior, adscrita a una unidad nacional de la Fiscalía General de la
Nación, entidad vinculada al trámite de tutela por integrar el extremo pasivo del
proceso ordinario objeto de demanda.
En razón a lo anterior, mediante providencia del 6 de agosto de la misma anualidad,
se declaró infundada la referida manifestación de impedimento al no encontrarse
demostrados los elementos para la configuración de la causal alegada.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Corporación es competente para resolver la impugnación formulada por la
parte accionante, conforme con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el
numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 201915.
2.2 Cuestión previa
La Fiscalía General de la Nación, solicitó que se declarara su falta de legitimación
en la causa por pasiva dentro del presente trámite, por considerar que las
discusiones planteadas son ajenas a sus competencias y si bien, dichas solicitudes
fueron formuladas dentro del presente trámite, el a quo al momento de proferir la
sentencia omitió pronunciarse al respecto, por lo que será esta la oportunidad para
resolverlas.
Sobre el particular, la Sala no accederá a lo pretendido. Esto, en virtud de que la
vinculación a este asunto resultó relevante como tercero ante un eventual interés
que le puede representar el presente fallo, en el evento de emitirse una decisión
favorable al extremo actor.
15 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia del 17
de junio de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca, a efectos de lo
anterior, se deben resolver los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán vulneró
las garantías invocadas por la parte accionante con ocasión de la providencia
del 14 de mayo de 2026 proferida dentro del proceso de reparación directa
identificado con radicado 19001-33-33-007-2024-00026-00, mediante el cual
se rechazó por extemporáneo el recurso de apelación formulado contra la
sentencia de primer grado?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad y, (iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 16
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 17 y declaró su
procedencia.18
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
17 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
18 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
7
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Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Subsidiariedad
El inciso 3.º del artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de
tutela no procede en los eventos en los que la parte accionante tenga a su alcance
otro mecanismo de defensa judicial, a menos que el amparo se promueva a efectos
de evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
Dicho requisito se reiteró en el Decreto 2591 de 1991, el cual, en su artículo 6º
numeral 1º establece:
La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
Conforme lo anterior, se tiene la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que
no puede desplazar los mecanismos ordinarios que previamente ha establecido el
legislador. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado:
La acción de tutela es un mecanismo judicial de carácter excepcional que garantiza la
protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o violados con ocasión
de la actuación u omisión de una entidad pública o de manera excepcional por un
particular. En efecto, tal y como se expresó en las consideraciones del presente fallo,
para que proceda la tutela contra providencias judiciales resulta necesario que quien
alega la vulneración de sus derechos fundamentales haya agotado todos los medios de
defensa judicial disponibles. Esta exigencia responde principalmente al principio de
subsidiariedad de la tutela, en virtud del cual se busca impedir su utilización como: (i)
una instancia más dentro de un proceso judicial ordinario; (ii) un medio de defensa que
remplace a los otros diseñados por el legislador para tal fin; (iii) un instrumento para
subsanar errores u omisiones de las partes; y (v) un camino para corregir oportunidades
vencidas. En el caso concreto no se cumple con el requisito de procedibilidad, relativo a
8
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la subsidiariedad de la acción de tutela, toda vez que el tutelante no utilizó los mecanismo
ordinarios dispuestos por la ley penal para hacer valer sus derechos fundamentales,
pues tal y como pudo evidenciarse a partir del material probatorio obrante en el
expediente, el accionante omitió solicitar la nulidad por violación del derecho al debido
proceso dentro del respectivo trámite judicial. El legislador ordinario ha creado múltiples
mecanismo entre ellos la nulidad para evitar la producción de vicios dentro del proceso
penal que puedan atentar en alguna medida en contra del derecho al debido proceso de
las personas involucradas ya sea en la investigación previa, instrucción o juzgamiento,
las cuales tiene la posibilidad de incoarla cuando quiera que vean afectadas sus
garantías constitucionales.19
Finalmente, no sobra indicar que el análisis de la existencia de otros mecanismos
de defensa debe hacerse en cada caso de forma concreta, para determinar la
idoneidad del medio y las circunstancias particulares de cada caso.
2.5. Caso Concreto
El señor Allan Alexis Fori Ángel cuestiona la providencia del 14 de mayo de 2026
en la que el juzgado accionado rechazó por extemporáneo el recurso de apelación
formulado contra la sentencia de primera instancia proferida dentro del medio de
control de reparación directa formulado por el actor y su grupo familiar.
Estimó que dicha decisión vulneró su derecho al debido proceso e incurrió en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, según deduce esta Sala de los
argumentos que se plantean en el libelo inicial, los cuales, cabe advertir, fueron
escasos respecto al análisis del caso concreto.
A juicio del actor, el juzgado accionado debió tener por presentado oportunamente
el escrito con el que apeló la sentencia a pesar de que este quedó radicado en el
correo electrónico de la sede judicial pasados dos minutos de la hora en que
finalizaba la jornada laboral, es decir, a las 5:02 p.m.
En primera instancia, el a quo constitucional negó el amparo porque consideró que
no se configuraba la vulneración alegada, dado que la parte demandante no agotó
oportunamente el medio de defensa judicial que tenía a su alcance para controvertir
la decisión del 14 de mayo de 2026 cuestionada en la tutela.
Con todo, la actora impugnó la anterior decisión sin exponer los motivos de su
inconformidad, por lo que corresponde a esta Sección revisar en su totalidad el caso
en cuestión a fin de establecer como primer aspecto si se superan los requisitos de
procedencia de la tutela que permitan abordar el fondo de la discusión.
En lo que concierne al requisito de subsidiariedad es preciso señalar que se
comparte el criterio del tribunal al advertir que el actor pretende con esta acción
19 Sentencia T 436 de 2009. MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
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subsanar su omisión en la interposición oportuna de los recursos frente a la
providencia sobre la cual recae su inconformidad, toda vez que presentó
extemporáneamente el recurso de queja que era procedente para cuestionar el
rechazo de la apelación, pues el ejercicio de tal herramienta debió efectuarse a más
tardar el 21 de mayo de 2026 pero el extremo demandante lo radicó el día 25 del
mismo mes y año.
Recuérdese que artículo 245 del CPACA dispuso la procedencia del recurso de
queja «ante el superior cuando no se conceda, se rechace o se declare desierta la
apelación, para que esta se conceda, de ser procedente» y que «para su trámite e
interposición se aplicará lo establecido en el artículo 353 del Código General del
Proceso».
Asimismo, la procedencia de la tutela está supeditada a que el afectado no tenga a
su alcance otro medio de defensa judicial o cuando existiendo el mismo, se ejerza
de manera transitoria en aras de evitar un perjuicio irremediable. Obsérvese, que el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la contempló para los eventos en que la
herramienta dispuesta no resulta eficaz para garantizar las prerrogativas
constitucionales del actor. Lo que en este caso no sucedió, pues contrario a lo
anterior, el extremo activo no acudió oportunamente a los instrumentos legales
previstos tal fin.
En tal medida, liberar de la carga que le correspondía a la tutelante de ejercer el
recurso idóneo para controvertir la decisión que rechazó la apelación, implica
desconocer los deberes que por ley también corresponden a los apoderados,
máxime cuando el interesado conocía la exigencia o rigurosidad que debía tener al
momento de radicar sus escritos dentro de los términos legales.
Si bien en la sentencia de primera instancia se negó el amparo solicitado, lo cierto
es que las consideraciones expuestas en dicha providencia convergen
materialmente con la declaratoria de improcedencia de la acción constitucional, al
evidenciar que no se satisface el requisito de subsidiariedad. En consecuencia,
aunque no debía negarse, se confirmará el fallo impugnado, por cuanto el análisis
desarrollado en primera instancia coincide, en lo sustancial, con la conclusión según
la cual el mecanismo constitucional de la referencia resulta improcedente.
Conforme lo expuesto, se confirmará la sentencia del 17 de junio de 2026 proferida
por el Tribunal Administrativo del Cauca, que declaró improcedente el mecanismo
por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
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FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de declaración de falta de legitimación en la causa
por pasiva elevada por la Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de junio de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca que declaró improcedente la acción constitucional
promovida por el señor Allan Alexis Fori Ángel contra el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, por no superar el requisito de
subsidiariedad.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
11
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