Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2026-00183-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 19001-23-33-000-2026-00183-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2026-00183-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 19001-23-33-000-2026-00183-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
1 de octubre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Primero (1. °) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 19001-23-33-000-2026-00183-01
Demandante: EMANUEL HURTADO MORENO
Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Tema: Solicitud de cumplimiento de la Ley 1874 de 2017. Modifica
parcialmente el fallo de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la
sentencia del 18 de agosto de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda1
El ciudadano Emanuel Hurtado Moreno, actuando en nombre propio, promovió
demanda en ejercicio de la acción de cumplimiento en contra de la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, en la que solicitó el acatamiento de la Ley 1874
de 2017. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
Primera Declarar que el Ministerio de Educación Nacional ha incumplido
parcialmente la Ley 1874 de 2017 y los actos administrativos relacionados, al no
adoptar medidas suficientes, concretas y verificables para garantizar la enseñanza
obligatoria de la Historia de Colombia.
Segunda Ordenar al MEN adoptar un Plan Nacional de Cumplimiento de la Ley 1874
de 2017, con cronograma, responsables, etapas, productos verificables e indicadores
de seguimiento.
Tercera Ordenar al MEN realizar un diagnóstico nacional sobre la intensidad horaria
real dedicada a la Historia de Colombia en educación básica y media, y expedir
orientaciones mínimas para garantizar un espacio curricular suficiente y verificable.
1 Ver índice 2, cuaderno de primera instancia.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Emanuel Hurtado Moreno
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00183-01
Cuarta Ordenar al MEN, con apoyo de la Comisión Asesora, elaborar un anexo
técnico específico de Historia de Colombia, complementario a los lineamientos
curriculares de Ciencias Sociales, que incluya periodización, procesos históricos
mínimos, fuentes, criterios de evaluación, pensamiento histórico, historia local,
regional, nacional, latinoamericana y mundial.
Quinta Ordenar al MEN diseñar un corpus historiográfico orientador, plural,
regionalizado y actualizable, que incluya historia indígena, afrocolombiana,
campesina, de mujeres, regional, local, constitucional, política, económica, social,
ambiental y del conflicto armado.
Sexta Ordenar al MEN crear o fortalecer una plataforma nacional de recursos para la
enseñanza de la Historia de Colombia, integrando Colombia Aprende, Historia Hoy,
Banco de la República, Archivo General de la Nación, Biblioteca Nacional, ICANH,
universidades, academias y grupos de investigación.
Séptima Ordenar al MEN revisar el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias
y los insumos técnicos remitidos a la CNSC para incluir criterios específicos de
idoneidad histórica.
Octava Ordenar al MEN y a la CNSC incluir en el concurso docente saberes previos
específicos sobre Historia de Colombia, historiografía colombiana, pensamiento
histórico, fuentes, didáctica de la historia y memoria histórica.
Novena Ordenar al MEN expedir una directriz transitoria a las Secretarías de
Educación certificadas para que, en la provisión provisional de vacantes del área de
Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia, se valore
preferentemente la formación histórica acreditada.
Décima Ordenar al MEN diseñar un Plan Nacional de Formación Docente en
Enseñanza de la Historia de Colombia, dirigido a docentes de carrera, provisionales
y directivos docentes.
Décima primera Exhortar u ordenar al MEN, respetando la autonomía universitaria,
promover con universidades públicas y privadas la creación y fortalecimiento de
programas de pregrado y posgrado en Historia, Licenciatura en Historia, enseñanza
de la historia, didáctica de la historia, pensamiento histórico y memoria histórica.
Décima segunda Ordenar al MEN promover la investigación histórica, el acceso a
fuentes, la circulación de producción historiográfica y la actualización de recursos
escolares.
Décima tercera Ordenar al MEN y a las Secretarías de Educación certificadas ejercer
inspección y vigilancia para verificar que los establecimientos educativos oficiales y
privados implementen efectivamente la Ley 1874 en PEI, planes de estudio, mallas
curriculares, evaluación y asignación docente.
Décima cuarta Vincular o requerir concepto técnico a la Comisión Asesora, CNSC,
FECODE, universidades públicas y privadas con programas de Historia o
Licenciatura en Historia, academias de historia, asociaciones académicas, revistas
especializadas y grupos de investigación.
Décima quinta Ordenar al MEN que, dentro del proceso de empalme gubernamental
del sector educación, ponga en conocimiento de la ministra designada Viviane
Morales Hoyos la existencia de esta acción constitucional, la renuencia configurada
y las obligaciones pendientes derivadas de la Ley 1874, teniendo en cuenta que
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Emanuel Hurtado Moreno
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00183-01
asumirá la cartera de Educación a partir del 7 de agosto de 2026 según información
pública, y que fue impulsora original de la Ley 18742.
1.2. Hechos
El accionante explicó que el Congreso de la Repúblico expidió la Ley 1874 de
2017, por la cual se modifica parcialmente la Ley General de Educación, Ley 115
de 1994, en la que se estableció como objeto “restablecer la enseñanza obligatoria
de la Historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos
curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media […]”.
A partir de lo anterior, afirmó que, luego de haber transcurrido más de 9 años
desde la fecha de su promulgación, aún subsisten diversos rezagos en lo que
atañe al cumplimiento de las normas.
Mencionó que, con ocasión de una petición presentada ante la autoridad
accionada, se pudo corroborar que los avances realizados por la cartera son
parciales. Para tales efectos, trajo a colación lo atinente a los lineamientos
curriculares.
Advirtió que la enseñanza de la historia de Colombia se encuentra en un estado
precarizado. Lo anterior, a partir de problemas tales como la intensidad horaria, la
ausencia de docentes especializados, o la ausencia de herramientas que permitan
conocer desde un punto de vista crítico el pasado.
Precisó que la Comisión Nacional del Servicio Civil está adelantando un concurso
de méritos para la provisión de vacantes de docentes y directivos en las
instituciones académicas del país, el cual, en su criterio, al no tener lineamientos
claros sobre la materia, puede hacer mucho más gravosa la situación de la
enseñanza de la historia.
Finalmente, indicó que, el 2 de julio de 2026, radicó ante el Ministerio de Educación
Nacional escrito de constitución en renuencia, el cual no fue contestado por la
autoridad dentro del término legal establecido.
1.3. Actuaciones procesales relevantes
1.3.1. Admisión de la demanda3
Por auto del 22 de julio de 2026, la Magistrada sustanciadora de la primera instancia
admitió la acción, ordenó la notificación del Ministerio de Educación Nacional, negó
la vinculación de otras autoridades solicitadas en el escrito introductorio, y no
accedió al decreto de la medida cautelar peticionada.
2 Transcripción original del texto con posibles errores.
3 Ver índice 4 de Samai, cuaderno de primera instancia
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Emanuel Hurtado Moreno
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00183-01
1.3.2. Intervención del MEN
Por conducto de apoderada judicial presentó escrito en el que se opuso a las
pretensiones de la demanda, para lo cual explicó que las disposiciones alegadas
como incumplidas no cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales para ser
consideradas mandatos imperativos e inobjetables a cargo del Ministerio de
Educación Nacional.
Indicó que la única disposición de la cual es posible extraer un deber, es lo atinente
a la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia en Colombia, aspecto que
ya se encuentra atendido a través del Decreto 1660 de 20194.
Conforme lo anterior, precisó que las normas tienen un carácter curricular y
pedagógico; aunado que la actualización de los lineamientos curriculares constituye
una competencia del Ministerio de Educación Nacional, en desarrollo de sus
funciones de formulación de la política pública educativa y de orientación técnica
del sistema educativo.
Aunado lo anterior, refirió que no existe la obligatoriedad de expedir un documento
autónomo e independiente, en el que se establezca lo atinente a la enseñanza de
la historia, dado que dicha situación no fue contemplada por el legislador; máxime
si se tiene en cuenta que la Ley 115 de 1994 reconoce la autonomía escolar como
uno de los principios de la organización curricular los establecimientos educativos.
Precisó que la comisión creada por la Ley adelantó acciones encaminadas a la
actualización de los lineamientos curriculares para la enseñanza de la historia en
Colombia; también, hizo alusión al portal web de Colombia Aprende5 en el que se
han dispuesto orientaciones pedagógicas, materiales educativos y recursos
relacionados con la enseñanza de la Historia de Colombia, los Centros de Interés
en Historia y otros desarrollos derivados de la implementación de la Ley 1874 de
2017.
Finalmente, en cuanto a la implementación de la ley, acotó que no existe obligación
alguna en torno a un mecanismo de seguimiento como lo planteó el accionante,
sino que su interpretación debe hacerse de manera armónica con la Ley 115 de
1994.
4 Por el cual se reglamenta la composición y funcionamiento de la Comisión Asesora del Ministerio
de Educación Nacional para la enseñanza de la Historia de Colombia, y se adiciona un artículo al
Título 3, Parte 1, Libro 1 del Decreto 1075 de 2015
5 https://contenidos.ia.colombiaaprende.edu.co/
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Emanuel Hurtado Moreno
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00183-01
1.4. Sentencia de primera instancia6
El Tribunal Administrativo del Cauca, luego de agotadas las etapas procesales
correspondientes, dictó sentencia el 18 de agosto de 2026, en la que negó las
pretensiones de la demanda. Al respecto, indicó lo siguiente:
Así las cosas, los mandatos expresamente previstos en la Ley 1874 de 2017 a cargo
del Gobierno Nacional y del Ministerio de Educación Nacional, relacionados con la
reglamentación de la composición y funcionamiento de la Comisión Asesora y con la
revisión y ajuste de los lineamientos curriculares para la integración de la Historia de
Colombia al área de Ciencias Sociales, ya fueron atendidos por la entidad, mediante
la expedición del Decreto 1660 de 2019, la Directiva Ministerial No. 003 del 27 de
junio de 2024 y los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales para la educación
preescolar, básica y media.
[…]
De esta manera, la Sala no advierte un incumplimiento actual de la Ley 1874 de 2017
atribuible al Ministerio de Educación Nacional, pues las pruebas obrantes en el
expediente acreditan que la entidad ha adelantado las actuaciones que, de manera
concreta, le fueron asignadas por el legislador. Por el contrario, las demás medidas
pretendidas por la parte actora relacionadas con intensidad horaria, docentes
especializados, seguimiento nacional, criterios de idoneidad docente, mecanismos
de inspección y vigilancia, entre otras, no corresponden a obligaciones expresamente
establecidas en la citada ley a cargo del Ministerio, razón por la cual no pueden ser
impuestas mediante la acción de cumplimiento.
La anterior decisión fue notificada a las partes e intervinientes el 19 de agosto de
2026.
1.5. Impugnación7
La parte actora en su escrito precisó que la decisión del juez a quo se hizo a partir
de una interpretación literal y restrictiva de la Ley 1874 de 2017, lo cual, en su sentir,
conlleva el desconocimiento del cuerpo normativo, así como de la finalidad
perseguida por el legislador, y el desconocimiento de las funciones establecidas al
Ministerio de Educación Nacional.
A partir de la anterior premisa, aseveró el demandante que se desconoció el efecto
útil de las disposiciones legales alegadas como incumplidas, en la medida que no
se hace alusión alguna a un mecanismo que permita corroborar de manera
fehaciente que las instituciones educativas están cumpliendo lo atinente a la
enseñanza de la historia de Colombia.
Precisó que la lectura realizada por el Tribunal del Cauca no hizo un ejercicio de
interpretación armónica de todo el elenco normativo que rige la materia, limitando
6 Ver índice 17 de Samai, cuaderno de primera instancia.
7 Ver índice 20 de Samai, cuaderno de primera instancia. El escrito se radicó el 24 de agosto de
2026.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Emanuel Hurtado Moreno
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00183-01
su estudio únicamente a la Ley 1874 de 2017 y dejando a un lado la Ley 115 de
1994.
Cuestionó que se diera por agotado el objeto de la acción constitucional a partir de
la expedición del Decreto 1660 de 2019, la Directiva Ministerial 003 de 2025 y los
lineamientos curriculares de ciencias sociales; instrumentos que por sí solos no
pueden dar por satisfecho el mandato reclamado, en la medida que debe hacerse
un proceso de verificación frente a cada establecimiento educativo.
Trajo a colación comentarios realizados por la literatura especializada en la materia,
los cuales ponen en evidencias las falencias que tiene el proceso educativo en la
enseñanza de la historia de Colombia, en los que se destaca, entre otros, la
reducción de horas y el exceso de autonomía de los centros de enseñanza, la falta
de apoyo estatal en investigación y publicación sobre la materia.
Por último, advirtió que las pruebas Saber en rigor no sirven como sistema métrico
válido para determinar el pensamiento histórico, pues, generalmente, el
cuestionario se enfoca a datos cronológicos, problemas conceptuales o de
interpretación, pero dejando a un lado el contexto en el que se dieron determinados
hitos del país.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por el
accionante contra la sentencia del 18 de agosto de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, de conformidad con lo establecido en los artículos 3º de
la Ley 393 de 1997, 10, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 080
del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la
competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las
«apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
primera instancia, que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento. Para lo
cual se resolverán, en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de la autoridad demandada
frente a la disposición invocada como incumplida?
• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Emanuel Hurtado Moreno
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00183-01
En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:
• ¿El Ministerio de Educación Nacional se encuentra en estado de
incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 1874 de 2017?
2.3. Razones jurídicas de la decisión
A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i)
naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y
iii) el caso concreto.
2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política; como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad
renuente el cumplimiento del deber omitido».
En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».
Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante
el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley
y de los actos administrativos.
Como lo señaló la Corte Constitucional [el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es
omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Emanuel Hurtado Moreno
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00183-01
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material
de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de
principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la
vigencia de un orden jurídico, social y económico justo] (subrayado por fuera del
texto).
Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:
a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)8
b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido
o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (art. 8.º).
c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.
d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el
caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para
quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto,
es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de
normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).
Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas
que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad
de las pretensiones expuestas en la demanda.
2.3.2. De la renuencia
El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al
8 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Emanuel Hurtado Moreno
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00183-01
ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo
presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique
en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento
Al respecto, esta Sección ha señalado que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado.
Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición
de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos
[9] (Negrillas fuera de texto).
Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento» 10,
ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene
una finalidad distinta a la de constitución en renuencia».
Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»11.
9 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24
de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
10 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres
Cuervo.
11 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Emanuel Hurtado Moreno
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00183-01
El señor Emanuel Hurtado Moreno, mediante escrito presentado el 2 de julio de
2026, bajo el consecutivo 2026-ER-0293702, radicó ante el Ministerio de Educación
Nacional escrito de constitución en renuencia. En dicho documento formuló, entre
otras, las siguientes solicitudes:
Solicito al Ministerio de Educación Nacional que adopte medidas administrativas,
curriculares, reglamentarias, pedagógicas, técnicas y de coordinación
interinstitucional para garantizar el cumplimiento material, verificable y urgente de la
Ley 1874 de 2017, por medio de la cual se restableció la enseñanza obligatoria de
la Historia de Colombia como disciplina integrada en los lineamientos curriculares
de Ciencias Sociales para la educación básica y media.
Luego, en el acápite denominado solicitudes principales, se escindió la pretensión
de cumplimiento en los siguientes aspectos: i) Reglamentación y lineamientos, ii)
Criterios historiográficos, investigación y recursos digitales, iii) Seguimiento,
inspección y evaluación, iv) Manual de funciones e idoneidad docente, v) Concurso
docente y CNSC, vi) Sistema maestro y provisionalidad, vii) Instituciones privadas,
y viii) Comisión asesora, gobierno entrante y empalme.
A su turno, la autoridad demandada, por un lado, no acreditó haber dado respuesta
a la solicitud de renuencia, y, por otro lado, tampoco negó o alegó que no hubiese
recibido dicho requerimiento.
Conforme lo anterior, se concluye que en el presente caso se encuentra acreditado
el requisito de constitución en renuencia respecto a la Ley 1874 de 2017, haciendo
la salvedad que el actor no individualizó cuál o cuáles normas contienen un
mandato, pero que, dada la extensión de la norma de 7 artículos, resulta
relativamente fácil la identificación del mandato por parte de la Sala.
2.3.3. Caso concreto
Como punto de partida, se tiene que la pretensión del actor recae sobre la Ley 1874
de 2017. La anterior disposición, es una ley susceptible de la acción de
cumplimiento en los términos del artículo 1° de la Ley 393 de 1997. Asimismo, la
citada norma se encuentra vigente, pues, no existe otra disposición legal o decisión
judicial que la haya removido del ordenamiento jurídico.
Por otra parte, tampoco se evidencia la existencia de otro mecanismo judicial que
permita al demandante obtener el cabal acatamiento de la disposición citada; en
igual sentido, el debate que se plantea en esta instancia no es susceptible de ser
ventilado a través de la acción de tutela, toda vez que no se ven involucrados
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Emanuel Hurtado Moreno
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00183-01
derechos fundamentales. Finalmente, el acatamiento de la norma no conlleva para
la parte demandada incurrir en un gasto no presupuestado.
Expuesto lo anterior, es de resaltar que la finalidad de la acción de cumplimiento es
que toda persona pueda acudir ante la autoridad judicial competente para hacer
efectivo el acatamiento de una ley o de un acto administrativo, tal como lo dispone
el artículo 87 constitucional.
No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan
como “deberes”. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos
a través de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato
perentorio, claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato
“imperativo e inobjetable”.
Al respecto, resulta importante recordar que esta Sección ha indicado las
características que deben tener los deberes legales o administrativos que pueden
ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional: mandatos
imperativos, expresos e inobjetables. Es así, que en reciente providencia precisó
su postura de la siguiente manera12:
[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en
una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber
imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo
de la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo
punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.
Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en
el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos
administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las
autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el
ejercicio de toda actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea
posible de realizar»13.
Precisado lo anterior, la Sala estima necesario traer a colación las disposiciones
legales sobre las cuales recae la pretensión del accionante, la cual, conforme
quedó expuesto anteriormente, comprende la Ley 1874 de 2017 y cuyo texto indica
lo siguiente:
LEY1874 DE 2017
(Diciembre 27)
Por la cual se modifica parcialmente la Ley General de Educación, Ley 115 de
1994, y se dictan otras disposiciones.
12Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-
000-2022-00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
13 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del
Estado social de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Emanuel Hurtado Moreno
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00183-01
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto restablecer la enseñanza
obligatoria de la Historia de Colombia como una disciplina integrada en los
lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media,
con los siguientes objetivos:
a) Contribuir a la formación de una identidad nacional que reconozca la diversidad
étnica cultural de la Nación colombiana;
b) Desarrollar el pensamiento crítico a través de la comprensión de los procesos
históricos y sociales de nuestro país, en el contexto americano y mundial;
c) Promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación
y la paz en nuestro país.
ARTÍCULO 2°. Adiciónese un literal al artículo 21 de la Ley 115 de 1994, Objetivos
específicos de la educación básica primaria, el cual quedará como literal “O” así:
o) La iniciación en el conocimiento crítico de la historia de Colombia y de su
diversidad étnica, social y cultural como Nación.
ARTÍCULO 3°. Modifíquese el literal “H” del artículo 22 de la Ley 115 de 1994:
Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria, el cual
quedará así:
h) El estudio científico de la historia nacional, latinoamericana y mundial, apoyado
por otras ciencias sociales, dirigido a la comprensión y análisis crítico de los procesos
sociales de nuestro país en el contexto continental y mundial.
ARTÍCULO 4°. Adiciónese un parágrafo al artículo 23 de la Ley 115 de 1994: Áreas
obligatorias y fundamentales, el cual quedará así:
PARÁGRAFO. La educación en Historia de Colombia como una disciplina integrada
en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales, sin que se afecte el currículo
e intensidad horaria en áreas de Matemáticas, Ciencia y Lenguaje.
ARTÍCULO 5°. Adiciónese un parágrafo al artículo 30 de la Ley 115 de 1994:
Objetivos específicos de la educación media académica, el cual quedará así:
PARÁGRAFO. Los estudios históricos de Colombia integrados a las Ciencias
Sociales, a que se refiere el literal h) del artículo 22, pondrán énfasis en la memoria
de las dinámicas de conflicto y paz que ha vivido la sociedad colombiana, orientado
a la formación de la capacidad reflexiva sobre la convivencia, la reconciliación y el
mantenimiento de una paz duradera.
ARTÍCULO 6°. Adiciónense dos parágrafos al artículo 78 de la Ley 115 de 1994:
Regulación del currículo, el cual quedará así:
PARÁGRAFO 1°. Establézcase la Comisión Asesora del Ministerio de Educación
Nacional para la enseñanza de la Historia de Colombia, como órgano consultivo para
la construcción de los documentos que orientan el diseño curricular de todos los
colegios del país. La comisión estará compuesta por un representante de las
academias de Historia reconocidas en el país, un representante de las asociaciones
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Emanuel Hurtado Moreno
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00183-01
que agrupen historiadores reconocidos y debidamente registrados en el país, un
representante de facultades de educación, específicamente de las licenciaturas en
ciencias sociales, docentes de cátedra de sociales con énfasis en historia y un
representante de las facultades y/o departamentos que ofrecen programas de
Historia en instituciones de educación superior, escogido a través de las
organizaciones de universidades y un representante de los docentes que imparten
enseñanza de las ciencias sociales en instituciones de educación básica y media,
escogido a través de las organizaciones de maestros. El Gobierno nacional
reglamentará la composición y funcionamiento de esta comisión en un plazo no
mayor a seis meses después de entrar en vigencia la presente ley.
PARÁGRAFO 2°. En un plazo máximo de 2 años, a partir del inicio de la Comisión
Asesora de que trata el parágrafo anterior, el Ministerio de Educación Nacional y la
Comisión revisarán y ajustarán los lineamientos curriculares de ciencias sociales con
la historia de Colombia como disciplina integrada para que cada establecimiento
educativo organice, a partir de los lineamientos, los procesos de evaluación
correspondientes a cada Grado en el marco de la autonomía propuesta en el Decreto
1290 de 2009.
Los referentes de calidad del MEN serán obligatorios para la elaboración de las
pruebas que deben presentar los estudiantes como parte del Sistema Nacional de
Evaluación de la Educación a los que se refiere el artículo 80 de la Ley 115 de 1994.
ARTÍCULO 7°. Adiciónese un parágrafo al artículo 79 de la Ley 115 de 1994: Plan
de estudios, el cual quedará así:
PARÁGRAFO. En desarrollo de su autonomía, los establecimientos educativos
adecuarán sus Proyectos Educativos Institucionales para el cumplimiento de lo
preceptuado en esta ley, en relación con la enseñanza de la historia de Colombia
como disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las Ciencias Sociales,
que elabore el Ministerio de Educación Nacional.
ARTÍCULO 8°. Vigencia. Esta ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las
normas que le sean contrarias.
La Sala concluye, al igual que el Tribunal Administrativo del Cauca, que las
disposiciones que contienen un mandato imperativo e inobjetable a cargo del
Ministerio de Educación Nacional son los parágrafos adicionados al artículo 78 de
la Ley 115 de 1994, dispuestos en el artículo 6 de la Ley 1874 de 2017.
No obstante, esta Sección en sentencia del 3 de octubre de 2019, al interior del
trámite constitucional con radicado 15001-23-33-000-2019-00337-01, resolvió lo
siguiente:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 5 de agosto de 2019, a través de la cual el
Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda del presente
medio de control para, en su lugar, DECLARAR el incumplimiento del mandato
contenido en el parágrafo 1° del artículo 6° de la Ley 1874 de 2017 por parte del
Presidente de la República y el Ministerio de Educación Nacional.
SEGUNDO. ORDENAR al Presidente de la República y a la Ministra de Educación
Nacional que, en el término máximo de 30 días, contados a partir de la notificación
de esta providencia, expidan el Decreto que reglamente la composición y
funcionamiento de la Comisión Asesora del Ministerio de Educación Nacional para la
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Emanuel Hurtado Moreno
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00183-01
enseñanza de la Historia de Colombia, de acuerdo con lo ordenado en el parágrafo
1° del artículo 6° de la Ley 1874 de 2017.
Conforme lo anterior, prontamente se colige que, en cuanto a la citada disposición,
se ha configurado la cosa juzgada, pues se trata de idéntica disposición legal, esto
es el parágrafo 1° del artículo 6° de la Ley 1874 de 2017, la autoridad accionada es
la misma, es decir el Ministerio de Educación Nacional, y la causa se sustenta en
la supuesta falta de reglamentación.
Adicionalmente, no sobra indicar que, dado el carácter público de la acción de
cumplimiento, el requisito de identidad de partes es predicable respecto a la
autoridad demandada, siendo totalmente factible que el extremo demandante no
se trate de la misma persona, pues cualquier ciudadano goza de legitimación en la
causa para promover el mecanismo constitucional, sin que dicha situación
desdibuje el fenómeno procesal en cuestión.
Con base en lo anterior, se modificará parcialmente la decisión de primera
instancia, para, en su lugar, declarar que, respecto a la norma anteriormente
referida, operó la cosa juzgada.
Ahora, respecto al parágrafo 2. ° del artículo 6. ° de la Ley 1874 de 2017, se tiene
que el Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva Ministerial N.° 003 del
27 de junio de 2024, cuyo asunto es: «Orientaciones para la Enseñanza de la
Historia como Disciplina Integrada a las Ciencias Sociales», por medio del cual se
puso en conocimiento de los destinatarios14 las «Recomendaciones para el diseño
y actualización de los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales, bajo el
enfoque de enseñanza de la Historia en la educación básica y media de la
República de Colombia Documento final».
Ahora, en lo que tiene que ver con los argumentos que fundamentan la impugnación
del extremo demandante, se hace evidente que éstos buscan cuestionar la forma
en que el Ministerio de Educación Nacional cumplió el mandato, incluso
corresponde más a la apreciación subjetiva de la parte sobre la forma en que debe
darse la enseñanza de la historia de Colombia en las instituciones educativas,
aspecto que ya no puede ser objeto de escrutinio en esta sede, dado que el juez
de cumplimiento no se encuentra llamado a analizar la legalidad o la conveniencia
política en la que se acata la norma.
14 Gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, secretarios y secretarias de educación de
entidades territoriales certificadas y no certificadas en educación, consejos directivos de
instituciones educativas, directivos docentes y docentes
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Emanuel Hurtado Moreno
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Radicado: 19001-23-33-000-2026-00183-01
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR parcialmente la sentencia de primera instancia del 18 de
agosto de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, en el sentido
de DECLARAR la cosa juzgada respecto al parágrafo 1° del artículo 6° de la Ley
1874 de 2017. En lo demás, CONFIRMAR la anterior providencia judicial.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.