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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-003-2015-00257-01

Fecha
28 de abril de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-003-2015-00257-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Modifícase la sentencia proferida el 19 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo del Cauca la cual queda así: “PRIMERO: Declárase la falta de legitimación por activa de la sociedad Mina Lucar SAS. SEGUNDO: Niéganse las pretensiones de la demanda. TERCERO: Se condena en costas a la parte demandante, según lo expuesto. Liquídense por secretaría.” 2°) Condénase en costas de segunda instancia a la parte actora en favor de la parte demandada, tásense de manera concentrada por el tribunal de primera instancia. 3º) En firme este fallo, por Secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 19001-23-33-003-2015-00257-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

28 de abril de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiocho (28) de abril de dos mil veinticinco (2025).

Consejero ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 19001-23-33-003-2015-00257-01 (61.680)
Demandante: LUIS ANÍBAL CARDONA HENAO Y OTRO
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - DESTRUCCIÓN DE
RETROEXCAVADORAS EN OPERATIVO CONTRA
LA MINERÍA ILEGAL

Síntesis del caso: el 8 de abril de 2014, integrantes de la Policía Nacional en aplicación del Decreto
2235 de 2012 destruyeron dos retroexcavadoras por considerar que aquellas estaban destinadas a
actividades de minería ilegal; la parte demandante estima que se le debe indemnizar por la pérdida
de las máquinas porque, en su criterio, estas no eran usadas en labores de minería ilegal y la
actuación de la entidad demandada fue arbitraria e injustificada.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia dictada el 19 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo del Cauca
en la que decidió:

“PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda

SEGUNDO: Se condena en costas a la parte demandante, según lo expuesto.
Liquídense por secretaría”. (fl. 226 cdno. ppal - mayúsculas sostenidas y negrillas
del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1) Mediante escrito radicado el 26 de mayo de 2015 (fls. 1 a 37 cdno. no. 1), el señor
Luis Aníbal Cardona Henao y la sociedad Mina Lucar SAS, por intermedio de
apoderado judicial, presentaron demanda en contra de Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional en la que formularon las siguientes súplicas1:

1 Pretensiones transcritas del escrito de subsanación de la demanda (fls. 50 a 57 cdno. no. 1).

2

Expediente 19001-23-33-003-2015-00257-01 (61.680)
Actor: Luis Aníbal Cardona Henao y otro
Reparación directa
Apelación sentencia

“PRIMERA: Que se declare administrativamente responsable a la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA –POLICÍA NACIONAL por el daño causado al
demandante con ocasión de la quema de las máquinas, hecho ocurrido el día 8 de
abril del 2014, estando en desarrollo del contrato de explotación minera en El Bordo
Patía (Cauca) y consecuentemente responsable de todos los perjuicios materiales y
morales subjetivos ocasionados al demandante. Esto como resultado de una
operación administrativa, que condujo a ocasionarle al demandante una gran pérdida
económica, lo anterior derivado de un mal procedimiento por parte de la Policía
Nacional.

SEGUNDA: En consecuencia de lo anterior, se condene a LA NACION -
MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL, en cabeza de sus representantes
legales, a la REPARACIÓN de los daños ocasionados con la QUEMA DE DICHA
MAQUINARIA, en favor de mis mandantes, el máximo que la jurisprudencia acoja al
momento del fallo, para que opere la reparación integral prevista por el legislador en
el artículo 16 de la ley 446 de 1.998 y cumplir así con la justicia restaurativa que
merecen mis mandantes, por los siguientes perjuicios:

POR PERJUICIOS PATRIMONIALES:
Los cuales se reconocerán en dinero en efectivo indexado a la fecha del pago. Por
concepto de la quema de las maquinas así:

a) DAÑO EMERGENTE: $ 622.335.192.
Retroexcavadora marca KATO identificada con el serial KWJ16E01TB0001154,
avaluada en la suma de cuatrocientos diez millones ochocientos treinta y cinco mil
ciento noventa y dos pesos ($410.835.192).
Retroexcavadora marca CATERPILLAR, identificada con el serial 6KF01030,
avaluada en la suma de ciento noventa y dos millones de pesos ($192.000.000).
Nómina de los trabajadores por valor de diecinueve millones quinientos mil pesos
($19.500.000).

b) LUCRO CESANTE: $140.000.000.
Esto porque se dejó de producir cuatro (4) libras de oro, por un valor actual de ciento
cuarenta millones de pesos $140.000.000.

DAÑOS MORALES: 500 SMMLV equivalentes a $ 310.000.000.

TOTAL PRETENSIÓN: …………………………………………. $ 1.072.335.192.

TERCERA: la condena respectiva será actualizada de acuerdo a lo previsto en el art
195 del CPACA, teniendo en cuenta la respectiva liquidación la variación promedio
mensual del índice de precios al consumidor (IPC), desde la fecha en que se
presentaron los hechos, hasta aquella en la cual quede ejecutoriado el fallo definitivo.

CUARTA: la parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos del
CPACA.

QUINTO: que se profiera condena en costas y agencias en derecho al demandado”.
(fls. 52 a 54 cdno. no. 1- mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

2. Hechos

La parte actora expuso como fundamento fáctico, en síntesis, lo siguiente:

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Expediente 19001-23-33-003-2015-00257-01 (61.680)
Actor: Luis Aníbal Cardona Henao y otro
Reparación directa
Apelación sentencia

1) El señor Luis Aníbal Cardona Henao, en nombre propio y en la condición de
representante legal de la sociedad Mina Lucar SAS suscribió el 5 de mayo de 2013
un contrato de prestación de servicios para la explotación minera con el señor Jairo
Martínez, propietario de la solicitud de legalización de minería de hecho OB4-08351
ubicada en jurisdicción del Bordo Cauca Patías (Cauca).

2) En virtud del contrato, el señor Cardona Henao y la sociedad Mina Lucar SAS
realizarían la explotación minera en el área de la solicitud de legalización en
contraprestación del 90% de la producción mensual.

3) El 8 de abril de 2014, agentes de la Policía Nacional destruyeron las
retroexcavadoras marca KATO identificada con el serial KWJ16E01TB0001154 y,
marca CATERPILLAR identificada con el serial 6KF01030, de propiedad del señor
Luis Aníbal Cardona Henao y que eran destinadas en la explotación minera de
hecho OB4-08351.

4) Existió un grave hecho de abuso de autoridad a cargo de la Policía Nacional
porque sus agentes no presentaron la respectiva orden judicial para realizar el
procedimiento; si bien el Decreto 2235 del 2012 permitía la destrucción de
maquinaría dedicada a la minería ilegal, lo cierto es que igualmente permitía que los
terceros de buena fe se opusieran al procedimiento si demostraban la legalidad de
la actividad minera, lo cual no se permitió en el procedimiento policial ni se tuvo en
cuenta que para la explotación minera mediaba un contrato de prestación de
servicios de minería.

5) El señor Luis Aníbal Cardona Henao era un “tenedor de buena fe”, toda vez que
mediaba un contrato para la explotación minera y las “maquinas fueron adquiridas
conforme a la legislación colombiana” (fl. 51 cdno. no. 1).

3. Contestación de la demandada

La Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda (fls. 74 a 130 cdno.
no. 1), por considerar que i) para el ejercicio de las actividades mineras se requería
contar con título minero y el señor Jairo Martínez, con quien el señor Luis Aníbal
Cardona Henao había celebrado contrato de prestación de servicios para la

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Expediente 19001-23-33-003-2015-00257-01 (61.680)
Actor: Luis Aníbal Cardona Henao y otro
Reparación directa
Apelación sentencia

explotación minera, únicamente había efectuado una solicitud de explotación
minera lo cual no era un título minero valido; ii) la demandada realizó el operativo
del 8 de abril de 2014, porque en forma previa la Agencia Nacional de Minería había
manifestado la inexistencia de títulos mineros vigentes en la zona de explotación;
iii) la Policía Nacional tenía competencia legal establecida en la Ley 1450 de 2011
y el Decreto reglamentario 2233 de 2012 para la destrucción de maquinaria
destinada a la minería ilegal; iv) no se había demostrado la destrucción total o
parcial de las dos retroexcavadoras por las cuales se solicitaba la indemnización de
perjuicios, y v) no era clara la calidad con la que el señor Cardona Henao había
acudido al proceso, pues, manifestó ser “propietario” y “tenedor” de la maquinaria,
condiciones que son excluyentes.

4. Sentencia de primera instancia

En sentencia del 19 de abril de 2018 (fls. 215 a 226 cdno. ppal.), el Tribunal
Administrativo del Cauca denegó las pretensiones de la demanda con base en las
siguientes consideraciones:

1) El 8 de abril de 2014 la Policía Nacional adelantó un operativo contra la minería
ilegal, en el que se destruyó una maquinaria del señor Luis Aníbal Cardona Henao;
sin embargo, no hay prueba que de certeza que dicha maquinaria correspondía a
las retroexcavadoras marca KATO identificada con el serial KWJ16E01TB0001154
y, marca CATERPILLAR identificada con el serial 6KF01030 por las cuales se
solicitaba indemnización de perjuicios en este proceso.

2) La actuación de la Policía Nacional correspondió a un operativo legítimo en contra
de la minería ilegal, sin que se hubiese demostrado la existencia de un título minero
válido, pues, la petición de legalización minera OB4-08351 del 4 de febrero de 2013
presentada por el señor Jairo Martínez había sido rechazada por la Agencia
Nacional de Minería mediante Resolución 4565 del 22 de octubre de 2013, es decir,
con anterioridad al operativo.

3) El señor Luis Aníbal Cardona Henao tampoco acreditó ser un tercero de buena
fe exenta de culpa porque en el contrato de prestación de servicios para la
explotación minera se obligó a cumplir la normatividad ambiental, pero, no verificó

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Expediente 19001-23-33-003-2015-00257-01 (61.680)
Actor: Luis Aníbal Cardona Henao y otro
Reparación directa
Apelación sentencia

la legalidad de la actividad que desarrollaba, pese a estar familiarizado con el trámite
de solicitudes mineras, pues, se demostró que había elevado algunas a su nombre.

5. Recurso de apelación

La parte demandante en escrito radicado el 9 de mayo de 2018 interpuso recurso
de apelación (fls. 232 a 237 cdno. ppal.) en el que solicitó la revocatoria de la
decisión de primera instancia por las siguientes razones:

1) Con los testimonios practicados en el proceso sí se demostró que la maquinaria
destruida correspondía a las retroexcavadoras por las cuales se solicitaba
indemnización en el proceso, además, que en virtud del artículo 4 del Decreto 2233
de 2012 la Policía Nacional debió levantar un informe del procedimiento y allegarlo
al proceso, lo cual no ocurrió.

2) Se desconoció la buena fe exenta de culpa del señor Luis Aníbal Cardona Henao,
pues, ha sido un minero ancestral que no está familiarizado con los trámites de
solicitudes mineras y “el solo hecho de presentar una solicitud de legalización de
minería, era más que suficiente para poder ejecutar de manera legítima su actividad”
(fl. 234 cdno. ppal.).

3) El señor Luis Aníbal Cardona Henao tenía en su poder los documentos que “de
acuerdo con su precario conocimiento” lo habilitaban para la actividad minera, pero
los agentes de la Policía se negaron a su revisión, además, según el artículo 159
del Código de Minas, la exploración o explotación ilícita es aquella que se ejecuta
sin título minero vigente o “sin autorización del titular de dicha propiedad” (fl. 235
cdno. ppal.), lo cual sí existía, pues, había suscrito contrato con el señor Jairo
Martinez.

4) Solicitó, como prueba de segunda instancia, que se recepcionara el interrogatorio
de parte del señor Luis Aníbal Cardona Henao.

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Expediente 19001-23-33-003-2015-00257-01 (61.680)
Actor: Luis Aníbal Cardona Henao y otro
Reparación directa
Apelación sentencia

6. Actuación surtida en segunda instancia

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 5 de julio de 2018 (fl. 245
cdno. ppal), en providencia del 20 de marzo de 2019 se rechazó la solicitud
probatoria de segunda instancia (fl. 251 cdno. ppal), y el 8 de mayo de 2019 se
corrió traslado a las partes para que presentaran los alegatos de conclusión y al
Ministerio Público para que emitiera concepto (fl. 254 cdno. ppal).

En dicha oportunidad procesal la parte demandante deprecó la revocatoria de la
sentencia de primera instancia; mientras que la Policía Nacional pidió su
confirmación (fls. 257 a 267 cdno. ppal); el Ministerio Público no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La demanda fue presentada en tiempo2, por lo cual, cumplidos los trámites propios
del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente
derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) legitimación en la
causa por activa, 3) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual, 4)
conclusión y, 5) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1) La demanda está dirigida a que se declare la responsabilidad patrimonial
extracontractual de la Policía Nacional porque durante un operativo contra la minería
ilegal destruyó dos retroexcavadoras y con ello desconoció la calidad de tercero de
buena fe del señor Cardona Henao, pues, la maquinaria era explotada en virtud de
un contrato de prestación de servicios para la explotación minera que suscribió con
el señor Jairo Martínez, propietario de una solicitud de legalización de minería de
hecho en la zona de explotación.

2 La demanda se presentó dentro de los dos (2) años contados desde el acaecimiento del hecho

dañoso imputado. El operativo policial se adelantó el 8 de abril de 2014 y la demanda se interpuso
el 26 de mayo de 2015; por su parte, la conciliación fue radicada el 8 de mayo de 2014 y la constancia
de no conciliación se levantó el 30 de julio de 2014 (fl. 34 cdno. no. 1.).

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Expediente 19001-23-33-003-2015-00257-01 (61.680)
Actor: Luis Aníbal Cardona Henao y otro
Reparación directa
Apelación sentencia

2) El tribunal de primera instancia denegó las súplicas de la demanda, para lo cual
consideró que no se demostró que la maquinaría destruida en el operativo eran las
retroexcavadoras por la cual se reclama indemnización en este proceso ni que el
señor Cardona Henao contara con un título minero válido, toda vez que la solicitud
de legalización minera OB4-08351 presentada por el señor Jairo Martínez había
sido rechazada por la Agencia Nacional de Minería con antelación al operativo.

3) La parte demandante sostiene que sí está demostrado que la maquinaría
destruida en el operativo del 8 de abril de 2014 eran las retroexcavadoras por las
cuales se solicita indemnización de perjuicios en este proceso, además, que debió
valerse la solicitud de legalización minera como título minero valido en atención al
precario conocimiento del señor Cardona Henao y a su condición de tercero de
buena fe.

4) La Sala, en primer lugar, modificará la sentencia de primera instancia y declarará
la falta de legitimación en la causa por activa de la sociedad Mina Lucar SAS porque
no se alegó y mucho menos se demostró que la misma ostentara algún derecho
real respecto de la maquinaria destruida, y, por otro lado, confirmará la decisión de
primera instancia que denegó las pretensiones debido a que no se acreditó la
existencia de un daño antijurídico atribuible a la parte demandada.

2. Legitimación en la causa por activa

1) La legitimación en la causa, como presupuesto procesal para obtener una
decisión de fondo hace referencia a la relación sustancial que debe existir entre las
partes del proceso y el interés sustancial del litigio, de manera tal que aquella
persona que ostenta la titularidad de la relación jurídica material es quien se
encuentra habilitada por la ley para actuar procesalmente.

2) Así las cosas, la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto
procesal del medio de control que debe ser observado por el juez de segunda
instancia al margen que haya sido cuestionado o no en el marco del recurso de
apelación.

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Expediente 19001-23-33-003-2015-00257-01 (61.680)
Actor: Luis Aníbal Cardona Henao y otro
Reparación directa
Apelación sentencia

3) En el presente caso la parte demandante está conformada por el señor Luis
Anibal Cardona Henao y la sociedad Mina Lucar SAS., y en la demanda se pretende
la indemnización de perjuicios por la destrucción de las retroexcavadoras marca
KATO serial KWJ16E01TB0001154 y marca CATERPILLAR serial 6KF01030, las
cuales, se alegó, eran de “propiedad” del señor Cardona Henao, quien además era
“tenedor” de las mismas.

4) Así las cosas, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa de
la sociedad Mina Lucar SAS, porque en la demanda no se alegó y mucho menos se
demostró que la misma ostentara algún derecho real respecto de la maquinaria
destruida.

5) En cuanto al señor Luis Aníbal Cardona Henao, la Sala analizará de manera
separada las dos condiciones que invocó para elevar las súplicas de la demanda.

2.1 La condición de propietario

1) De conformidad con el artículo 2 de la Ley 769 de 20023, la licencia de tránsito
es el documento que acredita la propiedad de los vehículos automotores y el artículo
47 de la misma normatividad establece que la tradición de vehículos requiere de la
inscripción del negocio jurídico ante el Registro Nacional Automotor4, requerimiento
que no es ajeno a las retroexcavadoras porque estas son consideradas como
“vehículos automotores destinados a labores industriales o de construcción”5,
aspecto sobre el cual la Corte Suprema de Justicia ha precisado lo siguiente:

“En tal virtud, es claro que la expedición de la Ley 769 de 2002 introdujo en la
normativa nacional, en forma definitiva y sin excepciones, la formalidad de la
inscripción en el registro terrestre automotor de los títulos de adquisición de bienes
automotores para efectuar la tradición de estos, lo cual aplica igualmente para la

3 El artículo 2° de la Ley 769 de 2002 “Licencia de tránsito: Es el documento público que identifica

un vehículo automotor, acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo
para circular por las vías públicas y por las privadas abiertas al público”.
4 “Artículo 47. Tradición del dominio. La tradición del dominio de los vehículos automotores requerirá,

además de su entrega material, su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, quien lo
reportará en el Registro Nacional Automotor en un término no superior a quince (15) días. La
inscripción ante el organismo de tránsito deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles
siguientes a la adquisición del vehículo (…)”.
5 “Maquinaria rodante de construcción o minería: Vehículo automotor destinado exclusivamente a

obras industriales, incluidas las de minería, construcción y conservación de obras, que por sus
características técnicas y físicas no pueden transitar por las vías de uso público o privadas abiertas
al público”.

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maquinaria capaz de desplazarse, los remolques y los semirremolques. De manera
que mientras no se lleve a cabo la inscripción en el registro nacional automotor, el
derecho de dominio no se habrá transferido por falta del modo, es decir, no habrá
tradición. Por consiguiente, desde la expedición de esa legislación es obligatorio, en
todos los casos, el registro de la venta de un vehículo automotor, para que pueda
concretarse el modo de adquisición del dominio”.6.

2) En este caso no se allegó al proceso la licencia de tránsito ni el certificado de
tradición de las retroexcavadoras marca KATO serial KWJ16E01TB0001154 y
marca CATERPILLAR serial 6KF01030, por lo que no se demostró el derecho de
propiedad del señor Luis Aníbal Cardona Henao sobre las mismas, de modo que no
está legitimado en la causa por activa para demandar en tal condición.

2.2 La condición de tenedor

1) En la demanda se indicó que el señor Cardona Henao era tenedor de las
retroexcavadoras las cuales adquirió conforme a la legislación colombiana y para
acreditar dicha circunstancia se aportó i) el formulario de importación de la
retroexcavadora CATERPILLAR (fls. 25 a 26 cdno. no. 1), ii) las facturas de venta
de la retroexcavadora marca KATO expedidas a nombre de terceros (fls. 27 a 33
cdno. no. 1), iii) el contrato de compraventa de la retroexcavadora marca
CATERPILLAR serial 6KF01030 suscrito el 26 de febrero de 2010 en el que el señor
Cardona Henao figura como comprador y en el cual se consignó que la entrega de
la maquina sería el 9 de marzo de 2010 (fl. 17 cdno. no. 1), y iv) el contrato de
compraventa de la retroexcavadora marca KATO serial KWJ16E01TB0001154
suscrito el 18 de enero de 2012 en el señor Cardona Henao figura como comprador
y en el cual se consignó que la entrega de la maquina sería el 1 de febrero de 2012
(fls.15 y 16 cdno. no. 1).

2) El anterior material probatorio demuestra que el señor Cardona Henao tenía
materialmente las retroexcavadoras para el 8 de abril de 2014, esto es, para la fecha
en que ocurrió el operativo por lo que la Sala lo tendrá como legitimado en la causa
por activa en condición de tenedor.

6 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, expediente SC5327-2018 del 13 de diciembre

de 2018, MP Luis Alfonso Rico Puerta, radicación n° 68001-31-03-004-2008-00193-01.

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3. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual

3.1 El daño

1) En este caso, el daño alegado consistió en la destrucción de las retroexcavadoras
marca KATO identificada con el serial KWJ16E01TB0001154 y la de marca
CATERPILLAR identificada con el serial 6KF01030, durante un operativo contra la
minería ilegal realizado el 8 de abril de 2014 en el municipio del Bordo Cauca Patías
(Cauca).

2) La entidad demandada aceptó, en la contestación de la demanda, que realizó un
operativo el 8 de abril de 2014 y que durante este destruyó una maquinaría
destinada a la minería ilegal, pero, a renglón seguido, manifestó que no se había
demostrado que las retroexcavadoras destruidas correspondían a las marca KATO
serial KWJ16E01TB0001154 y marca CATERPILLAR serial 6KF01030; argumento,
que fue avalado por el tribunal al considerar que no se demostró que la maquinaría
destruida en el operativo era la maquinaría por la cual se solicitaba indemnización
en este proceso.

3) La parte demandante en el recurso de apelación señala que con los testimonios
practicados en el proceso sí se probó que la maquinaria destruida correspondía a
las retroexcavadoras por las cuales se solicitaba indemnización en el proceso,
además, que en virtud del artículo 4 del Decreto 2235 de 2012 la Policía Nacional
debió levantar un informe del procedimiento y allegarlo al proceso, pero no lo hizo.

4) En efecto, las declaraciones rendidas en el proceso por los señores Jaider Andrés
Cardona Mayo, hijo y trabajador del señor Cardona Henao, y Jorge Eliécer Quiceno
Ochoa, trabajador del señor Cardona Henao, son coincidentes en manifestar que
en el operativo del 8 de abril de 2014 la Policía destruyó dos (2) retroexcavadoras,
una marca Kato y otra de marca Caterpillar (audiencia de pruebas, Cd fls. 30 a 32 y
49 cdno. no. 2).

5) La Sala considera probado el daño, toda vez que la Policía Nacional en la
contestación de la demanda aceptó que efectuó un operativo el 8 de abril de 2014
en jurisdicción del Bordo Cauca Patias (Cauca) y que durante este destruyó una

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maquinaria y, en consecuencia, no puede tal entidad alegar que no existe prueba
que identifique la maquinaria destruida, cuando es precisamente dicha entidad
quien, según el artículo 4 del Decreto 2235 de 20127, debió levantar un informe del
procedimiento con plena identificación de los bienes destruidos y allegar el mismo
al proceso, según el artículo 175 del CPACA8, pero no lo hizo, pues, las actas
allegadas con la contestación de la demanda demuestran que se efectuó el
operativo, pero no detallan los bienes destruidos (fl. 93 a 94 cdno. no. 1).

3.2 Análisis del caso concreto

1) En cuanto a la atribución del daño a la entidad demandada, se advierte que el
artículo 106 de la Ley 1450 de 2011 dispone que en todo el territorio nacional se
encuentra prohibida la utilización de equipos mecánicos para llevar a cabo
actividades mineras que no cuenten con título minero inscrito en el Registro Minero
Nacional9, norma reglamentada a través del Decreto 2235 de 2012 en la que se
facultó a la Policía Nacional para destruir la maquinaria utilizada en dicha actividad:

“Artículo 1. Destrucción de maquinaria pesada y sus partes utilizada en
actividades de exploración o explotación de minerales sin las autorizaciones y
exigencias previstas en la ley. Cuando se realice exploración o explotación de
minerales por cualquier persona natural o jurídica, sin contar con título minero inscrito
en el Registro Minero Nacional y licencia ambiental o su equivalente, cuando esta
última se requiera, procederá la medida de destrucción de maquinaria pesada y sus
partes prevista en el artículo 6 de la Decisión 774 de 2012 de la Comunidad Andina
de Naciones, independientemente de quien los tenga en su poder o los haya
adquirido.

Parágrafo 1. Para los efectos del presente decreto entiéndase como maquinaria
pesada las dragas, retroexcavadoras, buldóceres u otro tipo de maquinaria para el
arranque de minerales, con similares características técnicas. (…)

Artículo 2. Ejecución de la medida de destrucción. La Policía Nacional es la
autoridad competente para ejecutar la medida de destrucción de la maquinaria
pesada y sus partes, que esté siendo utilizada en actividades de exploración o

7 “Artículo 4°. Registro e informe. En cada caso de ejecución de la medida de destrucción se dejará

constancia mediante informe escrito que contemple, entre otros aspectos, un registro fílmico y
fotográfico, así como la plena identificación de los bienes objeto de destrucción”.
8 “ARTÍCULO 175. Contestación de la demanda. Durante el término de traslado, el demandado

tendrá la facultad de contestar la demanda mediante escrito, que contendrá: (…) 4. La relación de
las pruebas que se acompañen y la petición de aquellas cuya práctica se solicite. En todo caso, el
demandado deberá aportar con la contestación de la demanda todas las pruebas que tenga en su
poder y que pretenda hacer valer en el proceso”.
9
Debe resaltarse igualmente que la Comunidad Andina de Naciones, a través de la decisión número
774 del 30 de julio de 2012 aprobó la “política andina de lucha contra la minería ilegal” en cuyo
artículo 6 dispuso que los países miembros están facultados para destruir la maquinaria utilizada en
minería ilegal, es decir, aquellas que se emplean en actividades de exploración y explotación de
minerales que no cuentan con las respectivas autorizaciones legales.

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Expediente 19001-23-33-003-2015-00257-01 (61.680)
Actor: Luis Aníbal Cardona Henao y otro
Reparación directa
Apelación sentencia

explotación de minerales sin el correspondiente título minero inscrito en el Registro
Minero Nacional y licencia ambiental, cuando esta última se requiera. La autoridad
minera nacional aportará la información sobre la existencia o no de título minero
vigente inscrito en el Registro Minero Nacional, y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, informará sobre la existencia de licencia ambiental o su
equivalente, cuando esta se requiera”. (negrillas del original)

2) Por lo anterior, esta Sala ha considerado que la destrucción de maquinaria en
operativos contra la minería ilegal no ocasiona daños antijurídicos y que los
demandantes están en el deber de soportarlos debido a la naturaleza de la actividad
que realizan10:

“La sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda será
confirmada, debido a que no se acreditó la existencia de un daño antijurídico atribuible
a la parte demandada.

5) En este caso concreto, se observa que la ejecución de la medida de destrucción
de la excavadora marca Hyundai, modelo Róbex 210 LC-7 identificada con el serial
número HHIHN606TA000B894 no fue infundada ni caprichosa, como lo estima la
parte actora, pues, de conformidad con los elementos materiales probatorios
aportados al proceso de la referencia, esta fue utilizada para la extracción de
minerales sin que se contara con las autorizaciones legales respectivas. (…)

En este contexto fáctico y probatorio, se considera que la excavadora marca Hyundai,
modelo Róbex 210 LC-7 identificada con el serial número HHIHN606TA000B894 fue
utilizada para una obra minera consistente en la extracción de un recurso no
renovable sin que se contara con los permisos legales, de manera que es dable
concluir que su destrucción era procedente conforme lo dispone el Decreto 2235 de
2012. (…)

9) Finalmente, la parte demandante sostiene que es pertinente declarar la
responsabilidad patrimonial extracontractual de las entidades demandadas por el
título de imputación de daño especial porque si bien la destrucción de la maquinaria
fue “legítima”, lo cierto es que se desbordó el principio de igualdad frente a las cargas
públicas de los particulares.

Al respecto, no es posible acceder a esta petición en la medida que el daño, esto es,
la destrucción de la excavadora no fue causado por la accionada, pues, se demostró
que el bien fue utilizado para ejercer una actividad que no contaba con los permisos
y autorizaciones requeridas por la ley, de modo que la administración queda excluida
para responder por los menoscabos resultantes de una labor que va en contravía del
orden jurídico.”.

3) En este caso, la actuación de la Policía Nacional fue legal y legítima: el señor
Luis Aníbal Cardona Henao no contaba con un título minero inscrito en el registro
minero, licencia ambiental o su equivalente para la explotación minera, pues, la
explotación se fundamentaba en un contrato de prestación de servicios para la

10Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
Sentencia del 11 de septiembre de 2024, expediente 70617, MP Fredy Ibarra Martínez.

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Expediente 19001-23-33-003-2015-00257-01 (61.680)
Actor: Luis Aníbal Cardona Henao y otro
Reparación directa
Apelación sentencia

explotación minera que había suscrito con el señor Jairo Martinez como “beneficiario
de la legalización de minería de hecho OB4-08351” (fl. 11 cdno. no. 1); sin embargo,
lo demostrado es que la referida solicitud de legalización minera había sido
rechazada por la Agencia Nacional de Minería mediante Resolución 4565 del 22 de
octubre de 2013 (fls. 207 a 210 cdno. no. 1), esto es, con anterioridad al operativo
del 8 de abril de 2014.

4) Al respecto, debe resaltarse que el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 permitió
que los explotadores de minas tradicionales sin título minero solicitaran su
legalización y concesión, y el Decreto 933 de 2013 autorizó para que los titulares de
dichas peticiones de legalización continuaran la explotación minera hasta que se
resolvieran de fondo las respectivas solicitudes11; pero, en este caso, lo demostrado
fue que la solicitud de legalización minera fue rechazada por la autoridad minera
con anterioridad al operativo en que fueron destruidas las retroexcavadoras.

5) No es de recibo el argumento según el cual se desconoció la calidad de “tercero
de buena fe” del demandante, por cuanto el artículo 3° del Decreto 2235 de 201212
permitía que los propietarios y tenedores de maquinaria se opusieran al proceso de
destrucción, pero sujeto a que demostraran la existencia de un título minero o “su
equivalente” y en este caso no existía ningún título inscrito en el registro minero,
sumado al hecho que la referida solicitud de formalización de minería tradicional ya
había sido rechazada por la autoridad competente.

6) Mucho menos se comparte el argumento según el cual debió validarse
únicamente la solicitud de legalización minera debido a que el demandante era un

11 “Artículo 29. Comunicación a autoridades competentes. Una vez en firme la decisión de rechazo

de la solicitud por parte de la Autoridad Minera competente, o de terminación de la etapa de
mediación de los acuerdos con el titular minero suscritos en virtud del proceso de formalización, la
Autoridad Minera debe oficiar al Alcalde Municipal de la jurisdicción respectiva para que proceda al
cierre de las explotaciones mineras y a la Autoridad Ambiental competente, a efectos de que se
impongan las medidas de restauración, recuperación, rehabilitación o compensación a que haya
lugar, así como a las demás autoridades para lo de su competencia”.
12 Artículo 3°. Oposición. Con el fin de salvaguardar los derechos de quienes ejerzan la exploración

o explotación de minerales con cumplimiento de los requisitos legales, si al momento de ejecutar la
medida la Policía recibe información del mero tenedor, poseedor o propietario de la maquinaria sobre
la existencia del título minero y licencia ambiental, o su equivalente, cuando esta última se requiera,
procederá la suspensión de la medida de destrucción cuando el respectivo documento sea exhibido
por el interesado de manera inmediata. En este caso, la Policía procederá en el acto a verificar la
información suministrada con la autoridad competente. De no coincidir con la información oficial, se
procederá con la ejecución de la medida”.

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Expediente 19001-23-33-003-2015-00257-01 (61.680)
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Reparación directa
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minero ancestral con precario conocimiento en la materia, pues, la Sala recuerda
que “[l]a ignorancia de las leyes no sirve de excusa”; además, en el contrato de
prestación de servicios para la explotación minera se pactó expresamente que el
señor Cardona Henao en la condición de contratista “conoce y entiende las
obligaciones y compromisos a cargo del solicitante de legalización de minería de
hecho” (fl. 11 cdno. no. 1).

7) Lo demostrado es que el señor Luis Aníbal Cardona Henao había presentado
más de diez (10) solicitudes de legalizaciones de minería de hecho (fl. 8 cdno. no.
2), por lo que sí estaba familiarizado con las mismas, debiendo conocer las
consecuencias de su rechazo, asimismo, este ejercía la actividad minera de forma
profesional como representante legal de la sociedad Mina Lucar SAS cuyo objeto
social era la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de
minerales preciosos y no preciosos, metálicos y no metálicos de yacimientos de oro
(fls. 34 a 36 cdno. no. 1).

4. Conclusión

Se confirma la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la
demanda, porque el daño reclamado consistente en la destrucción de dos
retroexcavadoras no es antijurídico en la medida que las máquinas estaban
destinadas a la explotación minera sin los respectivos permisos de ley.

5. Condena en costas

En vista de que el recurso de apelación no prosperó, el apelante debe ser
condenado en costas y agencias en derecho, de conformidad con lo ordenado en el
artículo 188 del CPACA, las cuales serán tasadas y liquidadas por el tribunal de
primera instancia, de acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

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Expediente 19001-23-33-003-2015-00257-01 (61.680)
Actor: Luis Aníbal Cardona Henao y otro
Reparación directa
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FALLA:

1°) Modifícase la sentencia proferida el 19 de abril de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Cauca la cual queda así:

“PRIMERO: Declárase la falta de legitimación por activa de la sociedad Mina
Lucar SAS.

SEGUNDO: Niéganse las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Se condena en costas a la parte demandante, según lo expuesto.
Liquídense por secretaría.”

2°) Condénase en costas de segunda instancia a la parte actora en favor de la parte
demandada, tásense de manera concentrada por el tribunal de primera instancia.

3º) En firme este fallo, por Secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen
para lo de su cargo, previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Sala Magistrado (E)
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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