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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 19001-23-33-004-2011-00613-01

Elaboración de estudios técnicos: se revoca la orden impartida en tal sentido por el juez popular ante la falta de soporte…

Fecha
25 de enero de 2018
Consejero ponente
María Elizabeth García González
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 19001-23-33-004-2011-00613-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A Primero: MODIFÍCASE el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, en el sentido de suprimir la orden a UTDVVCC consistente en elaborar estudios técnicos de terraplenes y taludes. Segundo: REVÓCASE el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia impugnada. Tercero: En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia impugnada. Cuarto: REMÍTASE copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472. Quinto:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 19001-23-33-004-2011-00613-01

Consejero ponente: María Elizabeth García González

25 de enero de 2018

ACCIÓN POPULAR - Ampara los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente / ACCIÓN POPULAR - Aunque en principio no es el medio idóneo para adicionar o modificar los diseños contemplados en un contrato de concesión con base en un dictamen pericial, se pueden acoger sus recomendaciones en aras de prevenir la afectación o vulneración de derechos colectivos

[L]a acción popular no está diseñada para adicionar o modificar los diseños contemplados en el contrato de concesión. Empero, es obligación del Juez imponer mecanismos de protección de los derechos colectivos, cuando quiera que se vislumbre su afectación o vulneración. (…). En el caso sub lite, el perito mencionó unas recomendaciones para mejorar la señalización y seguridad de la obra (…). [E]l mencionado concepto no fue objeto de aclaración, complementación ni objetado por error grave por parte de la UTDVVCC. Solo el consorcio INTERCOL SP pidió su complementación, lo cual se dio en escrito de 21 de mayo de 2015. De manera que, habiendo alegado el actor popular que con la obra se han producido consecuencias que afectan el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres -tales como la poca visibilidad en los retornos de la vía al Municipio y a Popayán; dejar un solo carril para que los vehículos se integraran en debida forma a la vía; falta de visibilidad por el empalme de la variante con la antigua vía panamericana; construcción de un paso a desnivel que generó movimiento de tierra; cortes verticales sin terraplenes- y, de otra parte, habiéndose aportado un dictamen pericial por el técnico en la materia que respalda el dicho del actor, en cuanto a la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y señalización, no puede la Sala arribar a una conclusión distinta a la pertinencia del concepto para aportar a la solución de la problemática denunciada, ante la comprobación de la violación alegada.

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS - Se revoca la orden impartida en tal sentido por el juez popular ante la falta de soporte probatorio

[P]ara la Sala la orden de elaboración de estudios técnicos y de obras de ingeniería de terraplenes y taludes no cuenta con el debido soporte probatorio, teniendo en cuenta que tal aspecto de la obra se encuentra previsto en los estudios técnicos elaborados por el Concesionario y en la licencia ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental, con lo cual se salvaguardan los derechos colectivos que se invocaron como vulnerados. En consecuencia, se modificará el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, en el sentido de suprimir la orden a UTDVVCC consistente en elaborar estudios técnicos de terraplenes y taludes.

LICENCIA AMBIENTAL - Su componente social no puede ser modificado en perjuicio de los derechos e intereses colectivos

[L]a construcción de los 1200 metros lineales de andenes hace parte de las condiciones bajo las cuales se otorgó la licencia ambiental para la construcción de la Variante y a ellas está obligada la Unión Temporal, en virtud del mencionado acto. (…). Ahora bien, no puede desconocerse que la propia comunidad solicitó que se modificara el componente social acordado en la consulta previa. No obstante, como lo concluyó acertadamente el Tribunal, se trata de espacio público destinado a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes y, por tanto, no puede quedar al arbitrio de las partes su destinación. (…). [S]e encuentra suficientemente probado que a UTDVVCC le corresponde cumplir con las obligaciones acordadas en la licencia Ambiental otorgada para la construcción de la Variante de Santander de Quilichao, específicamente el componente social pactado en la consulta previa de 23 de abril de 2009 con la comunidad de la Vereda El Tajo para la construcción de la intersección a desnivel, consistente en la construcción de 1200 metros lineales de andén. (…). [L]a Sala concluye que corresponde a UTDVVCC adoptar las medidas establecidas en el concepto técnico decretado como prueba en el presente proceso, excepto lo relacionado con la elaboración de un estudio técnico de terraplenes y taludes. Que, asimismo, INTERCOL SP debe ejercer funciones de interventoría respecto de las obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental otorgada para el Contrato de Concesión nro. 005 de 1999, que aún se encuentra pendiente de ejecutar por UTDVVCC. Y, finalmente, que la ANI debe adelantar las gestiones necesarias para la adquisición de los predios que pudieran llegar a afectarse con la construcción de los andenes ordenada por el a quo.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 88 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 30 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 167 / LEY 9 DE 1989

NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la viabilidad de modificar los diseños de los contratos de concesión con fundamento en los dictámenes periciales rendidos en una acción popular, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de junio de 2014, exp. 2011-01178, C.P. María Elizabeth García González.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 19001-23-33-004-2011-00613-01(AP)

Actor: FABIÁN ENRIQUE ZAPATA GONZÁLEZ

Demandado: MINISTERIO DE TRANSPORTE, INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO- , LA UTDVVCC Y EL CONSORCIO EPSILON

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la UNIÓN TEMPORAL DE DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA, en adelante UTDVVCC, el CONSORCIO INTERCOL SP y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI-, contra la sentencia de 31 de marzo de 2016, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cauca accedió a las pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1. FABIÁN ENRIQUE ZAPATA GONZÁLEZ, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política, solicitó la protección de los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la seguridad y prevención de desastres, presuntamente vulnerados por la Nación – Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Concesiones -INCO-, la UTDVVCC y el CONSORCIO EPSILON.

I.2. Como hechos relevantes de la demanda, manifestó que:

1°: El día 23 de abril de 2009 la comunidad de la Vereda El Tajo del Municipio de Santander de Quilichao -en adelante el Municipio- y las entidades involucradas en la ejecución del proyecto de CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE INTERSECCIÓN SUR DE SANTANDER DE QUILICHAO suscribieron acta de consulta previa contentiva de tres compromisos.

2°: La obra, que comenzó el 1° de julio de 2009, trajo, entre otras consecuencias, la suspensión del alumbrado público del sector; excavaciones y construcciones con terraplenes y materiales sobrantes; y viviendas con averías por el uso de maquinaria pesada.

3°: El Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Cuenca del Río Páez Quinamayó – CURPAQ ha sostenido varias reuniones con las entidades demandadas, pero no ha obtenido ninguna solución al respecto.

I.3. Como fundamentos de la demanda indicó que:

El proyecto de CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE INTERSECCIÓN SUR DE SANTANDER DE QUILICHAO vulnera los derechos colectivos invocados, por cuanto a la fecha de presentación de la acción popular habían trascurrido más de 28 meses sin que se hubiese culminado. Durante este período, la obra estuvo suspendida por 11 meses con permanencia de maquinaria pesada, materiales sobrantes y divisiones en la zona que han limitado injustificadamente la movilidad.

Igualmente, la afectación se ha propiciado en razón a que: (i) los retornos al Municipio y a Popayán no son visibles y no se consideró dejar un carril para que los vehículos se integraran en debida forma a la vía, afectándose a los habitantes de las veredas El Tajo, La Capilla, Dominguillo, El Carmen, El Toro, entre otras, que exponen sus vidas al salir o ingresar a sus viviendas; (ii) se incrementó el nivel de accidentalidad en la Vereda Santa María, dado que se disminuyó la visibilidad por el empalme de la variante con la antigua vía panamericana; (iii) la construcción de un paso a desnivel generó gran movimiento de tierra y montañas artificiales del material sobrante de la excavación; (iv) los cortes verticales que se hicieron para llegar al nivel requerido no tienen terraplenes, por lo que los constantes desprendimientos de tierra constituyen una amenaza para las personas que por allí transitan, mayormente en invierno; y (v) la falta de iluminación de toda la zona intervenida por la obra ha generado situaciones de delincuencia.

I.4. Pretensiones

Solicita el actor que se ordene a las entidades demandadas: efectuar cambios técnicamente viables para garantizar la seguridad de la zona y de los usuarios; culminar el proyecto de la intersección sur de Santander de Quilichao; cumplir los acuerdos pactados en el acta de consulta previa firmados con la comunidad; instalar redes de alumbrado público en toda la zona; remover todos los terraplenes dejados por la empresa constructora al momento de hacer los cortes para la obra y los materiales sobrantes para la construcción; y fijar un plazo de terminación de las obras.

I.5. La Coadyuvancia

La Defensoría del Pueblo presentó escrito de coadyuvancia el día 14 de septiembre de 2012, con fundamento en que existe un retraso injustificado de las obras que ha generado perjuicios a los habitantes del sector y, por consiguiente, ha vulnerado los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la seguridad y prevención de desastres.

I.6. Las contestaciones

I.6.1. El Ministerio de Transporte arguyó que, es un organismo eminentemente regulador, planificador y normativo del transporte; no tiene funciones operativas concernientes a la construcción, conservación y mantenimiento de vías nacionales, las cuales fueron asignadas al Instituto Nacional de Vías -INVIAS-, de conformidad con los artículos 53 y 54 del Decreto 2171 de 30 de diciembre de 1992. Que las vías de segundo y tercer nivel son competencia de los departamentos y municipios y las vías concesionadas están a cargo del INCO. Que el INVIAS es una entidad del orden nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, encargado de atender los gastos que demanden las vías nacionales. No obstante, aclara que la vía Popayán - Cali fue entregada en concesión el 25 de mayo de 1999 a la UTDVVCC, por 20 años, mediante el Contrato nro. 0005 de 29 de enero de 1999. Que el objeto del INCO es planear, estructurar, ejecutar y administrar los negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con capital privado y en especial las concesiones en los modos terrestre, fluvial, férreo y portuario según el Decreto 1800 de 26 de junio de 2003. Que por Resolución nro. 3791 de 26 de septiembre de 2003 se cedió y subrogó el Contrato nro. 0005 de 1999 al INCO, contrato que tiene por objeto el otorgamiento de una concesión para que realice por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños, obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento y demás necesarios para la cabal ejecución del proyecto vial MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA, bajo el control y vigilancia del INVIAS.

I.6.2. El Consorcio EPSILON VALLE fue notificado pero no contestó la demanda.

I.6.3. La UTDWCC propuso las excepciones de falta de vulneración o amenaza al goce del espacio público, a los bienes de uso público, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

Explicó que, su actividad ha consistido en formular, preparar y ejecutar un proyecto vial para brindar seguridad y comodidad en el desplazamiento de las personas que se movilizan por la zona de intervención. Que el cruce o intersección sur de Santander de Quilichao ofrece la posibilidad de acceder desde el casco urbano a la variante, en forma segura, pues se efectuó la construcción del acceso seguro de la intersección a desnivel, obra que cumple con todos los requerimientos técnicos, ambientales y socioeconómicos exigidos en la ley, permitiendo el acceso no solo al tráfico de larga distancia, sino también el tráfico veredal, especialmente de las comunidades asentadas en las Veredas El Tajo y Dominguillo. Que una de las causas de suspensión de las obras ha sido la falta de entrega de los predios necesarios para su continuidad, lo que no es de su resorte contractual. Que con la comunidad se acordó la construcción de 850 metros lineales de andenes, adelantándose el trabajo de campo respectivo, siendo la misma comunidad la que posteriormente planteó cambio de la obra, solicitando un salón comunal o la cubierta de la cancha múltiple.

Frente a los hechos de la demanda afirmó que, la ejecución de la obra hizo necesario suspender el servicio de alumbrado público ante la obligatoriedad de trasladar algunas luminarias, pero en general se ha mantenido el servicio en la medida en que las condiciones de la construcción lo han permitido.

Manifestó que, los terraplenes eran necesarios para las obras y que el material sobrante se ha evacuando en la medida en que ya no es requerido, aspecto técnico que no puede cuestionar el actor por no tener los conocimientos de la ciencia de la ingeniería civil.

Aseveró que, el 3 de diciembre de 2009 se hizo la primera reunión de seguimiento de la consulta previa, revisando los compromisos así: (i) componente flora: se estaba ejecutando la siembra de 1.500 árboles en la microcuenca de la Quebrada El Tajo del Río Páez, (ii) componente socioeconómico: ante el planteamiento de inseguridad por falta de luminarias, riesgo de accidentabilidad y otros se acordó realizar un recorrido para tomar las medidas necesarias, (¡ii) andenes: se definieron las áreas a construir y se hizo un llamado a la comunidad para que continúe la socialización y concertación de cesión de las mismas. Respecto de la afectación que presentan algunas viviendas con las obras, se acordó que la interventoría hiciera una visita de verificación; (iv) componente de gestión: el Concesionario informó sobre los trámites realizados con el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- para cumplir con la capacitación a los habitantes de la Vereda El Tajo.

Advirtió que, el 7 de junio de 2012 se llevó a cabo la segunda reunión de seguimiento de los acuerdos convenidos.

I.6.4. La ANI propuso las excepciones que denominó improcedencia de la acción popular, adecuación de la conducta del INCO a los principios de legalidad y seguridad jurídica; inexistencia de daño; inexistencia de una causal de responsabilidad y responsabilidad a cargo del Concesionario.

Sostuvo que, no se vulneraron los derechos colectivos alegados en la demanda, toda vez que ha cumplido con sus obligaciones en el margen de sus competencias, las cuales estriban en administrar los contratos de concesión, verificando que el Concesionario ejecute las actividades a que está obligado.

Señaló que, no existe prueba de que el daño aducido tenga nexo de causalidad con la entidad. Que el Contrato de Concesión nro. 005 de 1999 previó en el pliego de condiciones (Anexo 8. Especificaciones Técnicas de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento. Capítulo 4. Obras Complementarias) la construcción de la obra complementaria nro. 1 VARIANTE SANTANDER DE QUILICHAO que incluye la intersección a nivel en su inicio y la intersección a desnivel al finalizarla. Que las obras se realizaron tal como se proyectaron, pero posteriormente se vio la necesidad por seguridad vial de modificar la intersección de inicio para transformarla en una intersección a desnivel. Que mediante Contrato Adicional nro. 05 de 14 de marzo de 2005, suscrito entre la UTDVVCC y el INCO se contrató el diseño de la intersección a desnivel y luego se suscribió el Contrato Adicional nro. 8 para su construcción. Que inicialmente no se proyectó la inclusión del ramal Vereda Dominguillo o El Tajo, pero en reunión de 21 de septiembre de 2007 con la comunidad, el INCO y la interventoría justificaron la inclusión en el diseño antes de empezar las obras. Que a la fecha de la contestación de la demanda estaba suspendida la obra del ramal Dominguillo-Popayán y la ampliación del ramal 4D Popayán-Santander de Quilichao hasta tanto no se logre el acceso a 5 predios en proceso de enajenación voluntaria. Además estaba pendiente la firma del acta de acuerdo para la construcción de andenes (606 metros lineales), no obstante estima un avance general de obra del 81 %.

Respecto de los avances en los acuerdos con la comunidad, puso de presente: (i) la siembra de 1500 árboles en la Quebrada El Tajo como compensación forestal; (ii) el giro Dominguillo-Popayán en la intersección, que fue socializado con la comunidad el 3 de julio de 2009, pero aún falta la entrega de predios en proceso de expropiación; (iii) la construcción de 850 metros lineales de andén desde la intersección hasta la caseta y 300 metros frente a 20 viviendas; (iv) el trabajo de campo para identificar los sitios a intervenir, para lo cual la oficina de Planeación del Municipio solicitó la topografía de la vía para identificar puntos críticos del trazado y determinar las medidas acorde con el POT. El estudio se entregó el 22 de diciembre de 2010 y el Municipio no se ha pronunciado; (v) en relación con el ramal 4D se encontró que los espacios son mínimos lo que genera inseguridad para la comunidad, por lo que se propuso la compra o expropiación de algunos de los predios, proceso que está en curso; (vi) capacitaciones para potencializar y mejorar las condiciones socioeconómicas de la población de El Tajo, dentro de las cuales se dictó un primer curso de emprendimiento empresarial, pero no tuvo mayor asistencia por parte de los habitantes, por lo que surgieron inconvenientes para su continuidad debido a los requisitos del SENA.

Con relación a la iluminación de la intersección, informó que está en ejecución por el Concesionario la instalación de 28 postes de concreto, 38 luminarias, 28 bajantes y 940 metros de red aérea.

I.6.5. El Consorcio INTERCOL SP se opuso a las pretensiones de la demanda y alegó que, no tiene legitimación en la causa por pasiva, pues la relación contractual en el asunto surgió con el contrato 068 de 20 de abril de 2012, mientras que los hechos narrados por el accionante se remontan al año 2009. Señaló que, el contrato de interventoría tiene por objeto la interventoría técnica, financiera, contable, jurídica, medio ambiental, predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento del Contrato nro. 05 de 2009.

Añadió que, se presenta carencia actual de objeto de la acción, en razón a que la construcción de los empalmes entre calzadas existentes y las nuevas vías y la visibilidad de la misma cumplen con las especificaciones técnicas de diseño y construcción como criterios de velocidad, visibilidad y alineamiento horizontal. Además, el sector ya está iluminado y la intersección se encuentra señalizada tanto vertical como horizontalmente en los ramales y vía principal. Para evitar riesgos con los terraplenes se colocaron estructuras de contención (gaviones) y el material sobrante fue dispuesto en sitios autorizados.

I.7. El 25 de noviembre de 2013 se llevó a cabo la audiencia pública prevista en el artículo 27 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, la cual se declaró fallida, por ausencia de formulación de proyecto de pacto de cumplimiento.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia de 31 de marzo de 2016, resolvió:

« […] PRIMERO.- Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Transporte y de EPSILON VALLE, por lo expuesto.

SEGUNDO.- Declarar que la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca -UTDVVCC-, la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y la firma interventora INTERCOL S.P. vulneran los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, por las razones indicadas en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, se ordena que en desarrollo del objeto del Contrato nro. 005 de 1999 suscrito entre el INVIAS y la UTDVVCC, dentro de los próximos sesenta (60) días siguientes a la notificación de esta providencia, sí aún no lo hubiere hecho, el concesionario UTDVVCC realice las obras de señalización complementarias detalladas en el dictamen pericial solicitado como prueba de oficio en este asunto, así como los estudios técnicos en relación con los terraplenes y taludes que impiden la correcta visualización vial de conductores y peatones. INTERCOL S.P. ejercerá sus facultades de interventor, según lo previsto en el contrato de interventoría.

CUARTO.- El Concesionario UTDVVCC en el término máximo de dos (2) meses procederá a materializar las medidas de ingeniería que arrojen los estudios técnicos mencionados en el numeral anterior en relación con los terraplenes y taludes que impiden la correcta visualización vial de conductores y peatones.

QUINTO.- Dentro de los próximos treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo hubiere hecho, la Agencia Nacional de Infraestructura adelantará las gestiones y acciones legales necesarias para obtener los predios que pudieran afectarse con el proyecto de construcción de 850 m. l. y 350 m. l. de andenes convenidos con la comunidad de El Tajo en la reunión de consulta previa de 23 de abril de 2009. Una vez entregados los predios, el concesionario UTDVVCC procederá a su construcción, para lo cual se concede el plazo de cuatro (4) meses.

SEXTO.- Para la vigilancia y seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas, se conformará un Comité de Verificación integrado por el accionante, el Secretario de Infraestructura y el Personero del Municipio de Santander de Quilichao, los delegados de la UTDVVCC, la ANI, INTERCOL S.P. y el Procurador Judicial en Asuntos Administrativos, quien lo presidirá. El Comité presentará informes a este Tribunal cada (2) dos meses.

SÉPTIMO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda y de la coadyuvancia.

OCTAVO.- Por Secretaría, remítanse copias de la Sentencia a la Defensoría del Pueblo y al Procurador Judicial en Asuntos Administrativos de conformidad con el artículo 80 de la Ley 472 de 1998 […]».

Como fundamentos de la decisión, expuso en síntesis, los siguientes:

Adujo que, en la actualidad la obra de construcción de la variante de Santander de Quilichao se encuentra culminada y se ha realizado la señalización prevista. Sin embargo, existe la necesidad de efectuar una señalización complementaria en algunos puntos críticos con miras a disminuir los riesgos de accidentalidad, tanto para los conductores de vehículos como para los peatones, según se describe en el concepto técnico de la Universidad del Cauca que fue decretado como prueba pericial de oficio por el Tribunal.

En consecuencia, advirtió el a quo que existe la necesidad de efectuar las obras de señalización complementarias y de ordenar que, previos estudios técnicos, se adopten las medidas pertinentes en relación con los terraplenes y taludes que impiden la correcta visualización vial de conductores y peatones por superar el límite permitido de altura.

El Tribunal puso de presente que, mediante escrito de 20 de agosto de 2013, el actor popular, en su condición de Presidente del CURPAQ elevó ante la UTDVVCC una solicitud de modificación del componente social de la obra, representado en andenes, para obtener en su lugar el cerramiento y cubierta de la cancha múltiple de la vereda El Tajo y la dotación de una sala de internet con la correspondiente capacitación del personal.

No obstante lo anterior, precisó el a quo que el componente social representado en 850 metros lineales de andenes no podía ser objeto de modificación por parte de la comunidad y aceptado sin miramientos por el Concesionario, pues se demostró con el Acta de la consulta previa de 23 de abril de 2009 que los andenes eran necesarios para la circulación segura de la población estudiantil, así como también del resto de la comunidad que habita el sector y de los demás usuarios de la vía. Igual ocurre con los otros 350 metros lineales de andenes frente a las viviendas, de los cuales no hay prueba de su construcción.

Destacó que, aunque ha sido la comunidad la que se ha opuesto a la venta de predios, es clara la vulneración del derecho colectivo al goce del espacio público, sin que pueda aducirse la falta de voluntad por parte de los propietarios de algunos predios para su enajenación, pues frente a tal negativa la Administración cuenta con una herramienta jurídica idónea, esto es, la expropiación administrativa y judicial.

Por lo tanto, estimó que para la protección de los derechos colectivos se hace necesario ordenar a la ANI adelantar las gestiones para la adquisición de los predios y a UTDVVCC proceder a la construcción de los andenes convenidos.

Advirtió que, en el año 2005 el Concesionario y el INCO suscribieron el Contrato Adicional nro. 5 para el diseño de la intersección a desnivel de inicio o entrada a la variante Santander de Quilichao, luego de lo cual se firmó el Contrato Adicional nro. 8 para su construcción. Por tanto, corresponde al Concesionario adelantar las obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento de la vía hasta el año 2019.

En cuanto a la responsabilidad de INTERCOL S.P., manifestó que está obligada a efectuar una vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del concesionario, derivadas del contrato de concesión.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1. La UTDVVCC manifestó que, el Tribunal basó su decisión en un dictamen que se limitó a emitir recomendaciones y sugerencias sin el debido estudio y soporte técnico. Al respecto, advirtió que: el propio perito sostiene que la visibilidad de la zona es buena y que la señalización cumple con el Manual de Señalización; nada dijo sobre la altura actual que tiene el talud ni la recomendada en este caso o a qué punto debería reducirse; no indica cuáles son los taludes afectados; no específica si la supuesta invasión de carril de retorno a la vía principal se origina en la infracción de los vehículos y peatones o por falta de señalización, aunque reconoce que en este punto hay presencia de señalización; efectúa una serie de recomendaciones adicionales como barreras de concreto estilo New Jersey, pero afirma que son una simple recomendación. En conclusión, el perito no explica los fundamentos técnicos y científicos de las conclusiones a las que arriba.

Por último, puso de presente que, mediante otrosí modificatorio nro. 9 al Contrato de Concesión nro. 005 de 1999 celebrado entre la ANI y la UTDVVCC, las partes acordaron modificar dicho contrato en el sentido de desafectar el Tramo 1 Popayán – Santander de Quilichao del corredor concesionado. En consecuencia, el día 1° de diciembre de 2015 se suscribió el acta de reversión y entrega a la ANI por parte de la Unión Temporal de los bienes afectados al contrato.

III.2. INTERCOL S.P. señaló que, no debió ser condenado por el fallador de primera instancia, toda vez que se probó que su gestión como empresa interventora se inició mediante el contrato SEA 068 de 20 de abril de 2012, fecha posterior a los hechos que motivaron la presente acción.

Resaltó que, las órdenes impartidas en la sentencia no cuentan con la debida justificación de la supuesta vulneración de los derechos colectivos.
En cuanto a las obligaciones del Concesionario anotó que, según la cláusula 51 del contrato, solo está obligado a las actividades que se indiquen en el documento contractual, por lo que cualquier obra adicional debe ser previamente acordada con la ANI y no sería objeto de interventoría por INTERCOL, por no haberse fijado en el objeto contractual.

Añadió que, mediante Acta de Entrega suscrita el 1° de diciembre de 2015, la ANI procedió a realizar la entrega real y física de la infraestructura del Tramo 1 de la obra a otra concesión sobre la cual INTERCOL no puede ejercer funciones de interventoría.

III.3. La ANI impugnó el fallo de primera instancia con fundamento en que el Contrato de Concesión nro. 005 de 1999 señala que el encargado de la gestión predial es la UTDVVCC, por lo que no le corresponde adelantar gestiones o acciones para la adquisición de los predios que pudieran llegar a afectarse con la construcción de los andenes ordenada por el a quo.

IV.- ACTUACIÓN PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante proveído de 8 de junio de 2016 se admitieron los recursos de apelación de la UTDVVCC, el CONSORCIO INTERCOL SP y la ANI y se corrió traslado de las pruebas aportadas con los recursos.

En respuesta, la ANI manifestó que el tramo vial Popayán – Santander de Quilichao corresponde ahora al Concesionario NUEVO CAUCA S.A.S., por lo que solicitó su vinculación al trámite procesal, la cual se dio en el auto de 10 de octubre de 2016.

En escrito presentado el 28 de octubre del mismo año, NUEVO CAUCA S.A.S. se pronunció frente a los hechos de la acción popular como se indica a continuación:

Aseveró que, es una sociedad de objeto único (Special Purpose Vehicule - SPV), la cual ha sido creada con el propósito exclusivo de ejecutar el Contrato de Concesión nro. 11 de 2015, mediante documento privado de la Asamblea de Accionistas de 1o. de julio de 2015, inscrito ante la Cámara de Comercio de Bogotá el día 8 de julio de 2015, fecha a partir de la que ha iniciado su actividad como sujeto de derechos y obligaciones. Por consiguiente, no le es posible ejercer gestiones diferentes a las pactadas en el Contrato de Concesión o directamente relacionadas con el mismo.

Señaló que el día 11 de agosto de 2015 suscribió con la ANI el Contrato de Concesión bajo el esquema de APP nro. 11 de 2015, cuyo alcance comprende la financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión del corredor Popayán – Santander de Quilichao, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y los demás Apéndices Técnicos del Contrato. En la Sección 3.5 de la Parte Especial del Contrato de Concesión, quedaron pactadas las obligaciones del nuevo Concesionario frente a la entrega de la infraestructura.

Mediante Acta de Entrega de la Infraestructura, suscrita el 1° de diciembre de 2015, la ANI procedió a realizar la entrega real y física de la infraestructura de la carretera Popayán – Santander de Quilichao a NUEVO CAUCA S.A.S., fecha en la que la sociedad concesionaria inició la operación de la infraestructura entregada.

De acuerdo con el Acta de Entrega en mención, las obligaciones derivadas de las consultas previas asociadas al Tramo 1 Popayán – Santander de Quilichao, continuarán a cargo exclusivo de la UTDVVCC hasta la su culminación y cierre.

Según el acuerdo quinto del Acta de Entrega de la Infraestructura, las obras de modificación de la variante intersección sur de Santander de Quilichao, es decir, la terminación del ramal 4D de la intersección de entrada de Santander de Quilichao, correspondiente a ochenta (80) metros de andén, medio carril del ramal y traslado de postería, será ejecutada exclusivamente por la UTDVVCC.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el inciso primero del artículo 88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño contingente por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares cuando actúen en desarrollo de funciones administrativas. Dicha acción busca que la comunidad afectada pueda disponer de un mecanismo jurídico de forma rápida y sencilla para la protección de sus derechos.

Problema jurídico

• Atendiendo al recurso de apelación interpuesto por la UTDVVCC, corresponde a la Sala determinar si la sentencia de primera instancia que ordenó una serie de medidas con fundamento en el concepto técnico rendido en el proceso, estuvo ajustada a derecho o, por el contrario, no se demostró el nexo de causalidad entre la alegada vulneración de los derechos colectivos y las obligaciones a cargo del Concesionario.

• Según lo alegado en el recurso del Concesionario INTERCOL SP, la Sala debe examinar si debió ser condenado en el fallo de primera instancia a ejercer funciones de interventoría respecto de las órdenes impartidas para la protección de los derechos colectivos.

• Finalmente, de acuerdo con lo argumentado por la entidad pública recurrente, se examinará la competencia de la ANI para adelantar gestiones para la adquisición de los predios que pudieran llegar a afectarse con la construcción de los andenes ordenada por el a quo.

Los hechos probados en relación con los argumentos de los recurrentes

• INVIAS – hoy Agencia Nacional de Infraestructura, ANI- suscribió el Contrato de Concesión nro. 005 de 29 de enero de 1999, con la Unión Temporal UTDVVCC, cuyo objeto consistió en «Otorgar al Concesionario una concesión para que realice por su cuenta y riesgo los estudios y diseños definitivos, las obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento, la operación y el mantenimiento, la prestación de servicios y el uso de bienes de propiedad del INVIAS dados en concesión, para la cabal ejecución del proyecto vial denominado MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA».

• Mediante Contrato Adicional nro. 5 (14 de marzo de 2005) al Contrato de Concesión 005 de 1999, celebrado entre el INCO y la UTDVVCC se realizaron los estudios y diseños de la intersección a desnivel en la entrada sur a la variante de Santander de Quilichao.

• En Contrato Adicional nro. 8 (14 de diciembre de 2005) se ejecutaron las obras referidas a la intersección ubicada en el Tramo 1.

• Como componente socioeconómico se acordó con la comunidad en desarrollo de la consulta previa, lo siguiente:

«[…] Teniendo en cuenta que no solo hay tráfico vehicular sino igualmente tráfico peatonal en la zona del proyecto, y como garantía de que dichos transeúntes que circulan de forma rutinaria lo hagan de forma segura, se procederá a la construcción de andenes, que contribuyan a motivar una movilidad peatonal más organizada en pos de disminuir los factores de riesgo hacia los transeúntes y hacia los vehículos que circulan en las proximidades; esto especialmente por la presencia de población estudiantil y laboral que rutinariamente circula por la zona y que sale y accede por el carreteable a Dominguillo.

Los andenes se dispondrán a lo largo de 850 m lineales en dicho carreteable, a partir de su empalme o inicio en la Intersección Sur. Igualmente, se construirá andén por el frente de las 20 viviendas o inmuebles que se disponen lateralmente a la calzada actual que conduce al casco urbano del municipio de Santander de Quilichao (RAMAL 4D: POPAYAN-SANTANDER DE QUILICHAO, según nomenclatura de los planos presentados en el documento de soporte ambiental), a lo largo de 350 m lineales, a partir del inicio del carreteable que conduce a Dominguillo. La localización de estos dos (2) frentes de andén se acordarán por parte de la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca con la comunidad negra de El Tajo, de tal forma que se provea un adecuado espacio público, garantizando la accesibilidad a los respectivos inmuebles y el acompañamiento con vegetación ornamental para el caso del Ramal 4D […]». (Resaltado fuera del texto original).

• A folio 179 (reverso) del cuaderno de pruebas nro. 2 se observa escrito presentado por las comunidades de CURPAQ y El Tajo, en la que solicitan a la UTDVVCC modificar el acta de consulta previa, en el sentido de reemplazar la construcción de andenes por el cerramiento y cubierta de la cancha múltiple de la vereda El Tajo y la dotación de una sala de internet con la correspondiente capacitación del personal.

• En el dictamen pericial rendido en el proceso se pudo establecer que:
Con relación a los terraplenes y la seguridad vial: (i) en el sentido Popayán- Cali la intersección de acceso a la vereda Santa María tiene buena visibilidad, pero se recomienda mediante señales informativas de tránsito resaltar en la vía panamericana la existencia de dicho giro; (ii) en el sentido Cali - Popayán, antes de la intersección, existe un talud que impide la correcta visualización del giro de acceso a la vereda Santa María. Tampoco cuenta con señalización que indique la presencia del cruce vehicular y de peatones a pesar de ser un sector poblado. El talud derecho presenta una banqueta que supera la altura límite recomendada para evitar la obstrucción a la visibilidad del conductor. Se sugiere reducir el tamaño de la banqueta y efectuar un corte técnico al talud que de garantía de estabilización, en razón a que en la parte superior existen tres viviendas. Asimismo, colocar señalización preventiva de cruce peligroso y presencia de peatones en el sector con señales verticales y demarcación horizontal e instalar bandas sonoras de estoperoles reflectivos en tresbolillo para reducir la velocidad; (iii) hay taludes afectados con desprendimiento de material sobre la superficie de rodadura del anillo vial, debido a fenómenos atmosféricos y climatológicos que los erosionan constantemente. Como recomendación deben adoptarse medidas de estabilización de los taludes erosionados para disminuir el peligro que se cierne sobre los usuarios de la vía, para lo cual se sugiere realizar un estudio geotécnico acerca de los métodos y procedimientos más convenientes para evitar el desprendimiento de materiales; (iv) en el retorno sur que conduce al Municipio se presenta continuamente una invasión del carril de retorno a la vía principal, infringiendo las señales de tránsito al no acatar la demarcación horizontal existente. Se propone utilizar dispositivos físicos de demarcación para control de tránsito, como bastones reflectivos acompañados de estoperoles reflectivos, para implementar una canalización que impida la posibilidad de invasión del carril de incorporación del retorno al Municipio; (v) Ooras recomendaciones técnicas: que la separación de las calzadas sea continua y con barreras de concreto estilo New Jersey con pintura reflectiva y amortiguadores de impacto para brindar seguridad y evitar accidentes por volcamiento o choque frontal (Panamericana Popayán-Santander de Quilichao, al final de la intersección con la variante y en el encauzamiento final hacia Santander de Quilichao); realizar corte técnico al talud derecho en la incorporación de la vía Dominguillo con la vía Santander de Quilichao, porque la visibilidad es restringida; y remover el terraplén existente en la vía de incorporación a la variante en dirección a Cali vía Santander de Quilichao- Cali haciendo un corte hasta el nivel de la rasante. Esto por cuanto genera riesgo para los conductores de los vehículos y peatones.

El caso concreto

La Sala procede a examinar las órdenes impartidas por el Tribunal para la protección de los derechos colectivos que fueron objeto de impugnación.

Orden de realizar obras de señalización, según el dictamen pericial rendido en el proceso

La primera orden impartida en la sentencia impugnada a cargo de UTDVVCC consiste en «realizar las obras de señalización complementarias detalladas en el dictamen pericial». El dictamen fue rendido por el Ingeniero Fernando Delgado Velasco de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca.

Es importante mencionar que en un caso similar al que es objeto de la presente controversia, la Sección se pronunció acerca de la viabilidad de modificar los diseños de los contratos de concesión con fundamento en los dictámenes periciales rendidos en una acción popular y al respecto acotó:

«[…] En este orden de ideas, se observa que existe vulneración por parte de las entidades demandadas tanto del derecho a la salubridad, del acceso peatonal y de personas con movilidad reducida, sin embargo, aunque a juicio de la Sala, no es procedente que a través de esta acción se le ordene a las entidades demandadas adicionar o modificar los diseños contemplados en el Contrato de Concesión núm. 005 de 1999 y su adicional núm. 6 de 2005 con base en un dictamen pericial, sí lo es imponer mecanismos de protección de los derechos colectivos que se vislumbren violados dentro del marco jurídico correspondiente.

Así, pues, comoquiera que en el referido Contrato de Concesión se contemplaron los diseños que determinan los citados accesos viales y peatonales y de personas con movilidad reducida , es evidente que la solución a dicha problemática ya se encuentra incluida en el proyecto materia de los contratos en mención, por lo tanto, la decisión del a quo debió encaminarse a ordenar algún mecanismo transitorio de protección mas no la de adicionar y modificar algunos diseños del proyecto, por cuanto la elaboración de los mismos requiere estudios previos de gestión social, gestión predial, de presupuesto y de topografía, entre otros, que determinan su viabilidad, por lo que no es acertado disponer el rediseño de un proyecto de malla vial como el aquí analizado, en la medida en que, por un lado, esta acción no es la indicada para tales efectos y, por el otro, por cuanto tal decisión no puede tomarse con base en un concepto pericial, dado que como su nombre lo indica, se constituye en un mero informe, sin los estudios que sí ostenta el proyecto bajo examen; además, el citado Contrato de Concesión y sus adicionales, son Ley para las partes, y éstas deben ceñirse a lo allí pactado […]». (Resaltado fuera del texto original).

De acuerdo con la jurisprudencia transcrita –la cual coincide con el contrato de concesión que se examina en el sub judice, a cargo de UTDVVCC-, la acción popular no está diseñada para adicionar o modificar los diseños contemplados en el contrato de concesión. Empero, es obligación del Juez imponer mecanismos de protección de los derechos colectivos, cuando quiera que se vislumbre su afectación o vulneración.

En el caso sub lite, el perito mencionó unas recomendaciones para mejorar la señalización y seguridad de la obra, con las cuales no está de acuerdo la UTDVVCC, debido a que se trata de un concepto que no explica los fundamentos técnicos y científicos de sus conclusiones.

Frente a dicho reparo es preciso destacar que el mencionado concepto no fue objeto de aclaración, complementación ni objetado por error grave por parte de la UTDVVCC. Solo el consorcio INTERCOL SP pidió su complementación, lo cual se dio en escrito de 21 de mayo de 2015 (folio 417 del cuaderno principal).

De manera que, habiendo alegado el actor popular que con la obra se han producido consecuencias que afectan el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres -tales como la poca visibilidad en los retornos de la vía al Municipio y a Popayán; dejar un solo carril para que los vehículos se integraran en debida forma a la vía; falta de visibilidad por el empalme de la variante con la antigua vía panamericana; construcción de un paso a desnivel que generó movimiento de tierra; cortes verticales sin terraplenes- y, de otra parte, habiéndose aportado un dictamen pericial por el técnico en la materia que respalda el dicho del actor, en cuanto a la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y señalización, no puede la Sala arribar a una conclusión distinta a la pertinencia del concepto para aportar a la solución de la problemática denunciada, ante la comprobación de la violación alegada.

Es importante resaltar que, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 472 (en armonía con la regla general contenida en el artículo 167 del Código General del Proceso -CGP-), la carga de la prueba corresponde al actor, excepto cuando por razones de orden económico o técnico tal carga no puede ser asumida por el demandante, caso en el cual el Juez debe impartir las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito.

Orden de elaborar estudios técnicos en relación con terraplenes y taludes y materializarlos en obras de ingeniería

La segunda orden encargada a UTDVVCC es la de elaborar «los estudios técnicos en relación con los terraplenes y taludes que impiden la correcta visualización vial de conductores y peatones (…) [y] materializar las medidas de ingeniería que arrojen los estudios técnicos mencionados en el numeral anterior».

Como ya se precisó, el Juez de la acción popular debe propender por que se garantice la protección del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres, en tratándose de proyectos de obras que cuentan con los respectivos estudios técnicos y de impacto ambiental, sin que ello implique que se deba disponer el rediseño de un proyecto de malla vial.

Para la decisión, el a quo tuvo en cuenta que el dictamen pericial recomendó la elaboración de un estudio geotécnico para determinar los métodos y procedimientos más convenientes para la estabilización de los taludes. En el escrito de complementación del dictamen se dejó constancia de lo siguiente:

«[…] Pregunta. El perito indica que sugiere realizar un estudio geotécnico acerca de los métodos y procedimientos más convenientes para evitar el desprendimiento de materiales. Deberá aclarar si tuvo en cuenta para esta manifestación el estudio geotécnico que elaboró el concesionario y lo aprobó la Agencia Nacional de Infraestructura, para dar inicio a la obra de intercesión a desnivel en la entrada sur a la variante Santander de Quilichao, la cual actualmente se encuentra adelantada en el 98%.

Respuesta. No. No se tuvo en cuenta el estudio geotécnico mencionado, porque no se entregó para el peritaje y tampoco se consideró necesario para el mismo. Tal como lo menciona el oficio de la doctora Silva Medina se trata de una sugerencia. […]». (Resaltado fuera del texto original).

De su parte, UTDVVCC aportó junto con la contestación de la demanda la solicitud de modificación de la licencia ambiental de la Variante Santander de Quilichao Intersección Sur, en la que consta que con Resolución nro. 949 de 26 de mayo de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial modificó la Licencia Ambiental otorgada a la UTDVVCC para la ejecución del proyecto «Construcción de la Variante de Santander de Quilichao», que había sido otorgada mediante Resolución nro. 706 de 13 de julio de 2000, en el sentido de incluir la «Construcción de la Intersección a Desnivel Entrada Sur a la Variante de Santander de Quilichao».

Con la solicitud de modificación de la licencia, UTDVVCC aportó Concepto Técnico nro. 0646 de 26 de septiembre de 2006 de la Corporación Autónoma Regional del Cauca -CRC-, en relación con la modificación de la Licencia Ambiental del Proyecto, el cual indica lo siguiente:

«[…] El constructor se obliga: (…) Los materiales provenientes del descapote deberán almacenarse para uso posterior, preferiblemente para el recubrimiento de los taludes de los terraplenes terminados […]».

La citada Resolución nro. 949 de 2009 aprobó la modificación de la licencia con las siguientes características:

« […] GEOTECNIA Y PAVIMENTOS: El material requerido para el terraplén o rellenos estructurales será del mismo material que resulte de las labores de corte de las explanaciones para los ramales de la reforma de la Intersección.

Los cortes de las respectivas explanaciones de los ramales tendrán en términos generales alturas comprendidas entre 2 y 7 m. Para los cortes con alturas inferiores a 3 m, se efectuará tendido a 60º con respecto a la horizontal. Los cortes con alturas entre 3 y 7 m se harán igualmente a 60º hasta la mitad de la altura; a este nivel se hará berma intermedia o terraza de ancho 1,5 m y se rematará nuevamente con talud a 60º. Conforme el estudio de suelos, los respectivos taludes serán empradizados para evitar su erosión superficial, mediante la técnica de empradización con cespedón o con otra técnica mejor o equivalente que garantice adecuado cubrimiento.

Cortes con metodología tradicional con maquinaria y equipos típicamente asociados a estos menesteres como retroexcavadora y cargador.

Para los sitios en terraplén de alturas mayores a 2 m y en condiciones geotécnicas a mejorar, se tendrá la colocación de pedraplén en espesores del orden de 0,3 m en promedio, de forma intercalada con el material de terraplén. Los taludes respectivos se protegerán aprovechando en principio y para ello la capa vegetal o descapote resultante de los cortes, lo cual se hará inmediatamente después de la ejecución del respectivo terraplén, para evitar erosiones de tipo superficial por acciones de la intemperie.

(…)

SITIOS PARA LA DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN. La destinación del material sobrante de excavación, es la misma banca en el caso de terraplén; sin embargo, según el Estudio (Ficha B-3 del PMA), teniendo en cuenta que el terraplén no absorbe todo el material o suelo del corte, se contempla la disposición del suelo sobrante en una zona de depósito de sobrantes y/o como material de confinamiento lateral al terraplén, en el mismo predio donde se dispone el tercio inicial del ramal 1A (entre el K0+340 y el K0+400 del Ramal 1A) […]». (Resaltado fuera del texto original).

En el artículo quinto de la Resolución se dispuso:

«[…] ARTÍCULO QUINTO.- La modificación Licencia Ambiental otorgada mediante el presente acto administrativo sujeta a la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca, al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, en el Plan de Manejo Ambiental, las medidas de manejo ambiental en el documento complementario al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, a la normatividad ambiental vigente, así como al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

(…)

5.8.1 Ejecutar medidas de manejo relacionadas con la contención, drenajes y protección de superficies, en los taludes, laderas y terraplenes localizados del área de influencia directa de la Intersección a Desnivel Entrada Sur a la Variante de Santander de Quilichao, de manera tal, que permitan prevenir procesos erosivos y de meteorización, potenciales inestabilidades y degradación de dichas zonas[…]». (Resaltado fuera del texto original).

Del anterior recuento se destaca que el perito se refirió a la posibilidad de elaborar un estudio geotécnico para la estabilización de taludes, como una “sugerencia” y sin consultar el estudio geotécnico que le había sido aprobado a la Unión Temporal para la construcción de la obra, por parte de la ANI. En contraste, el proyecto de construcción de la variante cuenta con licencia ambiental en la que quedaron consignadas las obligaciones a cargo de la UTDVVCC de ejecutar medidas de manejo relacionadas con la contención, drenajes y protección de superficies, en los taludes, laderas y terraplenes localizados del área de influencia directa de la intersección.

En este orden de ideas, para la Sala la orden de elaboración de estudios técnicos y de obras de ingeniería de terraplenes y taludes no cuenta con el debido soporte probatorio, teniendo en cuenta que tal aspecto de la obra se encuentra previsto en los estudios técnicos elaborados por el Concesionario y en la licencia ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental, con lo cual se salvaguardan los derechos colectivos que se invocaron como vulnerados.

En consecuencia, se modificará el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, en el sentido de suprimir la orden a UTDVVCC consistente en elaborar estudios técnicos de terraplenes y taludes. Igualmente, se revocará el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, que dispuso que UTDVVCC materializara las medidas de ingeniería que arrojen los mencionados estudios.

Orden de construcción de andenes

La sentencia ordenó a UTDVVCC la “construcción de 850 metros lineales y 350 metros lineales de andenes, convenidos con la comunidad de El Tajo en la reunión de consulta previa del 23 de abril de 2009”.

Tal medida encuentra fundamento en la consulta previa realizada el 23 de abril de 2009 con representantes de la comunidad de la Vereda el Tajo en la que se acordó como componente social de la obra la construcción de andenes para garantizar el tránsito de la población estudiantil y laboral de forma segura. Sin embargo, posteriormente la comunidad solicitó modificar dicho componente y, en su lugar, proceder a la entrega de un salón comunal o la cubierta de la cancha múltiple.

Para el Tribunal, no era posible que el Concesionario admitiera dicha variación, porque se encontraban en vilo, no intereses subjetivos de una comunidad en particular, sino derechos colectivos cuya titularidad difusa impide que sean transados.

Al respecto, conviene destacar que la solicitud de modificación de la licencia ambiental contiene en el Anexo 9 (presentación del proyecto a la comunidad) el acuerdo para la construcción de 1.2 km de andenes (folio 210 y 232), por lo que la Resolución que aprobó la modificación dispuso:

« […] ARTÍCULO SEGUNDO.- La Modificación de la Licencia Ambiental otorgada al proyecto “Construcción de la Variante de Santander de Quilichao”, tiene las siguientes características:

(…)

ESTRUCTURAS. Construcción de 1.200 ml de andenes, como resultado básicamente del proceso de consulta previa, teniendo en cuenta que no solo hay tráfico vehicular sino igualmente tráfico peatonal en la zona de proyecto, y como garantía de que dichos transeúntes que circulan de forma rutinaria lo hagan de forma segura; esto especialmente por la presencia de población estudiantil y laboral que rutinariamente circula por la zona, y que sale y accede por el carreteable a Dominguillo.

Los andenes se dispondrán a lo largo de 850 m lineales (425 ml por margen, izquierda y derecha) en dicho carreteable, a partir de su empalme o inicio en la intersección. Igualmente se construirá andén por el frente de las 20 viviendas o inmuebles que se disponen lateralmente a la calzada actual que conduce al casco urbano del municipio de S. de Quilichao (Ramal 4D: Popayán - S. de Quilichao), a lo largo de 350 m lineales a partir del inicio del carreteable que conduce a Dominguillo […]». (Resaltado fuera del texto original).

Es decir, que la construcción de los 1200 metros lineales de andenes hace parte de las condiciones bajo las cuales se otorgó la licencia ambiental para la construcción de la Variante y a ellas está obligada la Unión Temporal, en virtud del mencionado acto. Ello aunado a que el numeral 28.3 de la cláusula 28 del contrato de concesión nro. 005 de 1999, estableció:

«[…] Si de la(s) Licencia(s) Ambiental(es) obtenida(s) o de los documentos de evaluación y manejo ambiental presentados se desprende la necesidad de realizar obras y/o gastos periódicos que no pudieren entenderse incluidos dentro de las obligaciones originales del Concesionario (…) el Concesionario asumirá por su cuenta y riesgo el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que emanan de la(s) Licencia(s) Ambiental(es) obtenida(s) y/o de los documentos de evaluación y manejo ambiental […]». (Resaltado fuera del texto original).

Ahora bien, no puede desconocerse que la propia comunidad solicitó que se modificara el componente social acordado en la consulta previa. No obstante, como lo concluyó acertadamente el Tribunal, se trata de espacio público destinado a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes (Ley 9ª de 11 de enero de 1989) y, por tanto, no puede quedar al arbitrio de las partes su destinación.

Determinado lo anterior, es del caso examinar si UTDVVCC está obligada a la construcción de los mencionados andenes.

La UTDVVCC aportó como prueba, en segunda instancia, el Acta de revisión y entrega a la ANI de la infraestructura vial y de los bienes afectos al contrato de concesión nro. 005 de 1999, correspondiente al tramo 1 “Popayán – Santander de Quilichao”, acorde con el alcance físico definido para ese tramo en el Anexo nro. 8 del Contrato de Concesión (POPAYÁN – INTERSECCIÓN SUR A DESNIVEL SANTANDER DE QUILICHAO. VARIANTE SANTANDER DE QUILICHAO).

En la referida Acta se lee lo siguiente respecto de las obligaciones surgidas de la consulta previa con la comunidad:

« […] 8. Que en la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución nro. 706 de 2000, por parte del Ministerio del Medio Ambiente se ordenó a la UNIÓN TEMPORAL DE DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA el cumplimiento de las obligaciones que derivan del proceso de licenciamiento ambiental y de la consulta previa asociada al Tramo 1 Popayán – Santander de Quilichao (…)

9. Que con la Resolución nro. 0949 de 26 de mayo de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial modificó la Licencia ambiental otorgada mediante Resolución nro. 706 de 2000, ordenando a la UNIÓN TEMPORAL DE DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA el cumplimiento de las obligaciones que derivan del proceso de licenciamiento ambiental y de la consulta previa asociada con la comunidad negra de la Vereda El Tajo; obligaciones que a su vez fueron modificadas mediante Acta de Acuerdo de Consulta Previa de 31 de julio de 2014, en relación con la construcción de la cubierta y cerramiento de la cancha múltiple de la Vereda (…).

11. Que en la actualidad la UNIÓN TEMPORAL DE DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA se encuentra adelantando los estudios y diseños necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en los numerales 8 y 9 de la presente Acta. Por tanto, una vez culmine con tal obligación, procederá a suscribir con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA las actas de acuerdo para la construcción de las obras generadas por la consulta previa en mención. (…)

En mérito de las consideraciones anteriores, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y el Concesionario UNIÓN TEMPORAL DE DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA y la Interventoría del proyecto CONSORCIO INTERCOL SP

ACUERDAN

(…)

PRIMERO: La UNIÓN TEMPORAL DE DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA procede a realizar la reversión y entrega real y física de la infraestructura del Tramo 1 (…)

CUARTO: Las siguientes obligaciones que se derivan del proceso de licenciamiento ambiental y de consultas previas asociadas al Tramo 1 Popayán – Santander de Quilichao continuarán a cargo de la UNIÓN TEMPORAL DE DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA hasta su culminación y cierre […]».(Resaltado fuera del texto original).

Se destaca que aunque en el acta de Reversión y Entrega haya quedado definido que la obligación pendiente a cargo de UT es la de “construcción de la cubierta”, ello no sustrae a la Unión Temporal de dar cumplimiento a la Licencia Ambiental otorgada para el proyecto.

De la referida Acta se corrió traslado a las partes, en respuesta de lo cual la ANI manifestó que el tramo vial Popayán – Santander de Quilichao corresponde ahora al concesionario NUEVO CAUCA S.A.S., sociedad que, una vez vinculada al proceso, manifestó que según el Acta de Entrega de la Infraestructura Vial y los Bienes, suscrita el 1o. de diciembre de 2015 por la ANI y NUEVO CAUCA S.A.S., en la que recibió la ruta Popayán – Santander de Quilichao, quedó claramente establecido que UTDVVCC conserva a su cargo las obligaciones referentes a la consulta previa derivadas del proceso de licenciamiento ambiental.

De manera que para la Sala se encuentra suficientemente probado que a UTDVVCC le corresponde cumplir con las obligaciones acordadas en la licencia Ambiental otorgada para la construcción de la Variante de Santander de Quilichao, específicamente el componente social pactado en la consulta previa de 23 de abril de 2009 con la comunidad de la Vereda El Tajo para la construcción de la intersección a desnivel, consistente en la construcción de 1200 metros lineales de andén.

Orden al CONCESIONARIO INTERCOL SP de ejercer funciones de interventoría

Alega INTERCOL que no puede ser declarada responsable por hechos que sucedieron con anterioridad a la celebración del contrato de interventoría.

A folio 191 del cuaderno principal reposa el Contrato de Interventoría nro. SEA 068 de 20 de abril de 2012. Como obligación a cargo del Interventor se previó la de «efectuar una vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario, derivadas del Contrato de Concesión». También el Interventor suscribe el Acta de Reversión y Entrega a la ANI.

De ello se desprende entonces que es INTERCOL la llamada a vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Concesión nro. 005 de 1999 y, por tanto, es procedente la orden que le impartió el Tribunal en el sentido de ejercer funciones de interventor para la entrega de las obras a las que UTDVVCC está obligado.

Orden a la ANI para adelantar la gestión predial

El Tribunal ordenó a la ANI que «adelantara las gestiones y acciones legales necesarias para obtener los predios que pudieran afectarse con el proyecto de construcción de 850 m. l. y 350 m. l. de andenes».

La ANI impugna la decisión porque dentro de sus funciones no se encuentra la de ejecutar y adelantar obras de construcción, ni adquirir predios, por cuanto la gestión predial se encuentra a cargo del Concesionario.

Para resolver, observa la Sala que entre las funciones establecidas en el Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011 (artículo 4º) a cargo de la ANI, se encuentran las de “2. Planear y elaborar la estructuración, contratación y ejecución de los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública y de los servicios conexos o relacionados, que hayan sido previamente identificados por el Ministerio de Transporte o asignados por el Gobierno Nacional”; “9. Coordinar y gestionar, directa o indirectamente, la obtención de licencias y permisos, la negociación y la adquisición de predios y la realización de las acciones requeridas en el desarrollo de los proyectos de concesión”; y “10. Adelantar los procesos de expropiación administrativa o instaurar las acciones judiciales para la expropiación, cuando no sea posible la enajenación voluntaria de los inmuebles requeridos para la ejecución de los proyectos a su cargo”.

Por otra parte, en el Contrato de Concesión nro. 005 de 1999 quedó pactado que el INVIAS se obligaba con el concesionario a «adquirir el derecho para disponer de un número de predios que represente al menos un área no inferior al 90% del área total de los predios necesarios para ejecutar la totalidad de las obras durante la etapa de construcción de los Tramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.»

Destaca la Sala que en la nueva concesión otorgada a NUEVO CAUCA S.A.S. (Contrato de Concesión APP nro. 11 de 2015) se estableció que la gestión predial estará a cargo del Concesionario. No obstante, como ya se indicó, las obras que se ordenan por medio de la presente acción corresponde adelantarlas a UTDVVCC, bajo el anterior contrato de concesión, el cual según la cláusula anteriormente transcrita, previó la gestión predial a cargo de INVIAS -hoy Agencia Nacional de Infraestructura, ANI-.

Incluso es en la misma Acta de Reversión y Entrega en la que se deja constancia de que falta ejecutar parte de las obras contratadas mediante el Contrato Adicional nro. 8 de 2005 “en la medida en que se encuentra pendiente por parte de la ANI el trámite de los expedientes prediales que refieren los comunicados… para lograr finalizar las obras en mención”.

Luego, para la Sala, asistió razón al a quo al declarar que la ANI debe adelantar la gestión predial correspondiente para llevar a cabo la construcción de los andenes.

En este orden de ideas, la Sala concluye que corresponde a UTDVVCC adoptar las medidas establecidas en el concepto técnico decretado como prueba en el presente proceso, excepto lo relacionado con la elaboración de un estudio técnico de terraplenes y taludes.

Que, asimismo, INTERCOL SP debe ejercer funciones de interventoría respecto de las obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental otorgada para el Contrato de Concesión nro. 005 de 1999, que aún se encuentra pendiente de ejecutar por UTDVVCC.

Y, finalmente, que la ANI debe adelantar las gestiones necesarias para la adquisición de los predios que pudieran llegar a afectarse con la construcción de los andenes ordenada por el a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

Primero: MODIFÍCASE el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, en el sentido de suprimir la orden a UTDVVCC consistente en elaborar estudios técnicos de terraplenes y taludes.

Segundo: REVÓCASE el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia impugnada.

Tercero: En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia impugnada.

Cuarto: REMÍTASE copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Quinto: Comuníquese esta decisión a las partes y envíese el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de enero de 2018.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

El Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011 cambió la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) de establecimiento público a Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, que se denominará Agencia Nacional de Infraestructura, adscrita al Ministerio de Transporte.
«Por el cual se reestructura el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte y se suprimen, fusionan y reestructuran entidades de la rama ejecutiva del orden nacional».
«Por el cual se crea el Instituto Nacional de Concesiones, Inco, y se determina su estructura».

Integrado por SIGA INGENIERÍA Y CONSULTORES S.A. y SUCURSAL COLOMBIANA DE JORGE PIDDO Y CIA. LTDA.
«Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones».

Folios 9 a 18 del cuaderno principal.
Folio 14 cuaderno principal.
Folio 368.
Consejo de Estado – Sección Primera, Expediente nro. 2011-01178, sentencia de 19 de junio de 2014, Consejera ponente: María Elizabeth García González.
Cuaderno de pruebas nro. 1.2
«Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones»

Folio 595.
«Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones (INCO).»

Numeral 5.3. Principales Obligaciones del INVIAS.
Cd visible a folio 606.

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