Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2008-00288-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa: por privación injusta de la libertad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2008-00288-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 20001-23-31-000-2008-00288-01
Consejero ponente: Stella Conto Díaz del Castillo
5 de diciembre de 2016
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Por privación injusta de la libertad / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – A procesado por delito de homicidio / HOMICIDIO – De civil a manos de presunto sicario / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO – Detención preventiva intramural / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO – Limitación jurídica de la libertad / INVESTIGACIÓN PENAL – Fué precluida / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PENAL – Sindicado no cometió el delito / DAÑO ANTIJURÍDICO – Privación injusta de la libertad por lapso de 7 días
De los hechos probados, relacionados ut supra, se tiene que el señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña estuvo detenido en virtud a orden de captura proferida en su contra por la Fiscalía Novena Delegada ante la Unidad de Reacción Inmediata de Valledupar, el 7 de febrero de 2006 y materializada el 9 de febrero siguiente, la cual se prolongó hasta el 17 del mismo mes y año, cuando el ente acusador resolvió su situación jurídica, absteniéndose de proferir medida de aseguramiento y ordenando su libertad inmediata, tal como consta en el acta de derechos del capturado, la resolución de su situación jurídica y en el formato de orden de captura, en que también consta cuando esta fue levantada
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Conoce sin consideración a cuantía / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Régimen legal
Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Nación – Policía Nacional, en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, tal como lo dispone el artículo 129 del C.C.A., habida cuenta de la naturaleza del asunto, actividad que debe ser juzgada bajo los parámetros establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política y la Ley 270 de 1996- Estatutaria de la Administración de Justicia, tal como lo definió la jurisprudencia de esta Corporación. Efectivamente, sobre el particular la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, desde el 9 de septiembre de 2008, tiene sentado que, en aplicación de los artículos 73 de la Ley 270 de 1996 y 31 constitucional, la primera instancia de los procesos de reparación directa fundamentados en error judicial, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, iniciados en vigencia de dicha ley, se tramitan en primera instancia ante los tribunales contencioso administrativos y en segunda instancia ante esta Corporación.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTICULO 31 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTICULO 90 / LEY 270 DE 1996 – ARTICULO 73 / DECRETO 01 DE 1984 – ARTICULO 129
PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Régimen legal / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Fundamento legal de la responsabilidad patrimonial / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Presupuestos
[L]a jurisprudencia de la Sala de manera reiterada ha considerado que conforme al artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente cuando (i) el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió o (iii) la conducta no constituía conducta punible tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta. NOTA DE RELATORÍA: En tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad en casos donde exista proceso penal que termine en absolución por acreditarse los presupuestos de la referencia consultar, sentencia de 6 de abril de 2011, CP Ruth Stella Correa Palacio
PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Ley estatutaria de administración de justicia no puede condicionar alcance constitucional del daño / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO – Tiene como fuente normativa constitución política
[L]a Sala ha considerado que el artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia no puede recortar el alcance del artículo 90 de la Constitución, que no limita la responsabilidad patrimonial del Estado sólo a los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos del Estado hubiera sido “abiertamente arbitraria”, sino que la extiende a todos “los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas” y en consecuencia, también mantienen su vigencia para comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, todas aquellas hipótesis de responsabilidad que fueron previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991. Esto porque la responsabilidad patrimonial del Estado tiene su fuente en el artículo 90 de la Constitución, norma que consagra el derecho a la reparación de los perjuicios causados por las actuaciones de las autoridades públicas, cuando tales daños sean antijurídicos , es decir, cuando los afectados no estén en el deber jurídico de soportar esos daños y quien sufre una medida de aseguramiento de detención preventiva por una conducta que no era merecedora de ningún reproche penal sufre un daño antijurídico. Así las cosas, en el caso bajo examen, el fundamento normativo de la decisión reparatoria radica en el artículo 90 de la Constitución.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTICULO 90 / LEY 270 DE 1966 – ARTICULO 68 / DECRETO 2700 DE 1991 – ARTICULO 414
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO – Genera responsabilidad patrimonial del Estado si no desvirtúa presunción inconciencia del sindicado / PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEL SINDICADO – Derecho fundamental / PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO – Deberá desvirtuarse para que proceda proceso penal
[L]a Sala entiende que aunque la medida se haya impuesto con fundamento en uno o más indicios graves de responsabilidad, si la actividad probatoria no da lugar a desvirtuar la presunción de inocencia, no se estaría ante una duda razonable, sino más exactamente ante falta de prueba del hecho, de la conducta o de su punibilidad. Es que la privación de la libertad demanda una investigación eficiente, proclive a respetar el derecho constitucional fundamental del sindicado, por lo que si el Estado no obstante la inocencia, privó al sindicado de su libertad, debe responder por los perjuicios ocasionados. Cabe además señalar que independientemente de las razones que se consignen en la providencia para justificar la decisión, ya sea con fundamento expreso en alguno de los eventos precitados o del in dubio pro reo, se habrá de contrastar dicha providencia con las conclusiones a las que, tras la lectura atenta del expediente, se desprendan. Es decir, corresponde verificar si la decisión absolutoria que se apoya en un in dubio pro reo, realmente constituye un daño antijurídico, o, en caso de ajustarse al derecho en mención, a cuál de las modalidades descritas efectivamente obedece. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabildid patrimonial derivada de no haber desvirtuado la presunción de inocencia del sindicado consultar, sentencia de 6 de abril de 2011, Exp. 19225, CP Stella Conto Díaz del Castillo
DOLO O CULPA GRAVE DE LA VÍCTIMA – No da lugar a responsabilidad patrimonial del Estado / DOLO O CULPA GRAVE DE LA VÍCTIMA – Régimen legal
[L]a responsabilidad de la administración por la privación injusta de la libertad ha sido desarrollada de tal manera que, a menos que opere la culpa grave o dolo de la víctima, la protección del derecho fundamental a la libertad deberá imponerse. En efecto, el artículo 70 de la ley 270 de 1996 estipula que se entenderá probado el hecho de la víctima cuando ésta haya actuado “con culpa grave o dolo”. Desde esta perspectiva, es relevante recordar que la Sala ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el artículo 63 del Código Civil. (…)aunque el encartado rindió indagatoria y sus manifestaciones fueron concordantes con las de otros testigos, se echa de menos su colaboración con la administración de justicia en orden a procurar la investigación de los hechos, lo que también resulta constitutivo de culpa grave, conforme lo señala el artículo 14.6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968 y que hace parte del bloque de constitucionalidad conforme a los artículos 93 y 94 de la Constitución Nacional: NOTA DE RELATORÍA: De conformidad con el dolo o culpa grave consultar, sentencia de 18 de febrero de 2010, Exp. 17933, CP Ruth Stella Correa Palacio
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1966 – ARTICULO 70 / CÓDIGO CIVIL – ARTICULO 63 / LEY 74 DE 1968 PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS – ARTICULO 14.6 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTICULO 93 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTICULO 94
PRECLUSIÓN INVESTIGACIÓN PENAL – Tuvo como fundamento testimonio a oídas
[L]a preclusión tuvo como fundamento que no se probó que el señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña hubiera cometido la conducta punible por la que fue investigado, de donde, en principio, la privación de la libertad impuesta devendría injusta, en tanto se mantuvo incólume su presunción de inocencia. Pues, como señaló el ente acusador al resolver su situación jurídica con libertad y posteriormente, al precluir la investigación, el señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña fue señalado por la testigo Lilibeth Guerra Córdoba como presunto autor material del homicidio de su hermano, Edgar Esteban Guerra.
DEBERES DE LOS NACIONALES – Procesado los omitió al atacar físicamente a occiso
[N]o queda duda de la existencia del altercado verbal y físico entre los señores Luis Fernando Guerra y Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña, que tiene la entidad para enervar la exoneración de la Fiscalía General de la Nación por cuanto la actuación del señor Gutiérrez Peña desconoció sus deberes ciudadanos. En efecto, el artículo 95 estableció como deberes de los nacionales, entre otros (i) respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios y (ii) propender por el logro y mantenimiento de la paz. Deberes cuyo cumplimiento omitió el señor Gutiérrez Peña el 24 de diciembre de 2005, cuando acudió a la fuerza para resolver sus diferencias con su vecino Luis Fernando Guerra Bonilla. Antecedente que fue valorado por la Policía Judicial y posteriormente por la Fiscalía General, al punto que, como se señala en la denuncia y en el testimonio rendidos por el señor Luis Fernando Guerra y ratificado por su esposa, se profirieron injurias y amenazas en su contra.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTICULO 95
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – No se configuró / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE FISCALÍA GENERAL POLICÍA NACIONAL – Inexistente por cuanto actor actuó con dolo y culpa grave al violar deberes ciudadanos
[D]ado que en el proceso penal se puede ver comprometido el derecho a la libertad de los ciudadanos, se demanda el desarrollo eficiente y completo de las investigaciones por parte de la administración de justicia, pero también la colaboración de los ciudadanos interesados, aunada dicha actuación procesal con un comportamiento ajustado a los deberes y obligaciones que constitucionalmente le son impuestos para una adecuada convivencia social. Deberes desconocidos por el señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña, al ejercer la violencia verbal e inclusive física, tanto previamente como con posterioridad a los hechos investigados y, que dan lugar a la configuración de su culpa grave y por ende, no da lugar a la reparación. Razones por las cuales la Sala revocará la decisión de primera instancia, para negar los perjuicios solicitados.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejera Ponente: STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO
Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 20001-23-31-000-2008-00288-01(41003)
Actor: ALFONSO ELIÉCER GUTIÉRREZ PEÑA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y POLICÍA NACIONAL
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA – ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Fiscalía General y Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, contra la sentencia de primera instancia proferida en el caso sub júdice el Tribunal Administrativo del Cesar el 2 de septiembre de 2010, por medio de la cual se concedieron parcialmente las súplicas de la demanda.
ANTECEDENTES
Síntesis del caso
La demanda interpuesta el 27 de julio de 2007 (fol. 35 a 41, c. ppal.), se sustenta en una serie de supuestos fácticos que bien pueden resumirse en que el 10 de febrero de 2006 fue capturado por la Policía Nacional, el señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña, por la presunta comisión del delito de homicidio, investigación a la que fue formalmente vinculado mediante diligencia de indagatoria llevada a cabo al día siguiente.
El señor Gutiérrez Peña estuvo privado de la libertad en establecimiento carcelario hasta el 17 del mismo mes y año, cuando la Fiscalía Catorce Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, al resolver su situación jurídica, se abstuvo de afectarlo con medida de aseguramiento.
Finalmente, el 24 de julio de 2006, el mismo despacho precluyó la investigación seguida en contra del encartado penal.
A juicio de la parte actora, la vinculación al proceso penal y la privación de su libertad por el periodo comprendido entre el 10 y el 17 de febrero de 2006 le causó perjuicios morales y materiales que no estaba en el deber jurídico de soportar, especialmente a su honra y buen nombre, dada su condición de artista vallenato reconocido en la región y dado que la noticia tuvo amplio cubrimiento periodístico.
Lo que se pretende
Con fundamento en lo expuesto, el señor ALFONSO ELIÉCER GUTIÉRREZ PEÑA formula en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación y Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, demanda de reparación directa. Solicita las siguientes declaraciones y condenas (fol. 35 a 36, c. ppal.):
“1. Declárase administrativamente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL, NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por la PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD y contraria a derecho de señor ALFONSO ELIECER GUTIERREZ PEÑA por parte de la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, por espacio de más de 15 días, fecha en la que se le concedió la libertad por parte de la Fiscalía Catorce Delegada ante los jueces penales del circuito, delitos contra la vida y otros.
2. Como consecuencia de la anterior declaración condénese a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL, NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar a los actores como indemnización del daño antijurídico ocasionado, los perjuicios de orden material y moral (morales 100 salarios mínimos para cada uno de los actores) actuales y futuros, y a la vida de relación (500 salarios mínimos para la víctima directa que estuvo privada de su libertad.
3.- La condena respectiva debe ser actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A. y se reconocerán intereses legales y moratorios e indexación desde la fecha de la ocurrencia de los hechos hasta cuando se le dé cabal cumplimiento a la sentencia que le ponga fin al proceso.
4. Se dará cumplimiento en la sentencia a lo estipulado en los arts. 176, 177 del C.C.A.”
La defensa de las demandadas
La Nación – Fiscalía General señaló que acorde con lo dispuesto en el artículo 250 constitucional, la Fiscalía tiene la competencia, mediante oficio, denuncia o querella, de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes, de donde, en ejercicio de tal atribución, se adelantó la investigación y se ordenó la captura con fines de indagatoria del señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña. Así mismo, resaltó que, verificado en tiempo el acervo probatorio, el Fiscal encargado de la investigación se abstuvo de dictar medida de aseguramiento de detención preventiva y posteriormente precluyó la investigación, lo que da cuenta del respeto al debido proceso y al derecho de defensa, así como de la ausencia de falla en la prestación del servicio por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia o por error judicial. De donde el encartado penal estaba en la obligación jurídica de soportar el daño infligido ante la existencia de indicios en su contra, comoquiera que “el someterse a una investigación constituye una de las cargas que todos los ciudadanos estamos obligados a soportar (…)” (fol.250 a 260, c. ppal.).
Por su parte, la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional, dio contestación oportuna a la demanda en la que solicitó la denegatoria de las pretensiones incoadas en contra de la entidad, por cuanto, si bien es cierto que capturó al señor Gutiérrez Peña, lo cierto es que lo hizo en cumplimiento de las órdenes proferidas por el ente acusador y en cumplimiento de sus funciones de Policía Judicial, así como fue en cumplimiento de sus funciones que rindió concepto en el que dio cuenta de criterios orientadores de la investigación que señalaban la posible responsabilidad del capturado. En ese orden enfatizó, que aunque no se advierte irregularidad alguna en el procedimiento que dé lugar a proferir condena en contra de la Nación, lo cierto es que en caso de que se profiera condena, no es la entidad llamada a responder.
En cuanto a los perjuicios alegados, consideró que no se desprende de las pruebas la calidad de persona pública del demandante así como señaló que los recortes de prensa allegados con la demanda no tienen valor probatorio, de donde no se acreditó el mencionado daño a la honra y buen nombre.
Trámite Procesal
La demanda fue admitida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar mediante auto de 16 de agosto de 2007, en el que se ordenó notificar al Director Ejecutivo y Financiero de la Fiscalía General de la Nación (fol. 58, c. ppal.).
Estando el proceso en etapa probatoria, la parte actora solicitó la declaratoria de nulidad del proceso a partir del auto admisorio, comoquiera que no se ordenó la notificación en debida forma de la Policía Nacional (fol. 227, c. ppal.). Mediante proveído de 16 de octubre de 2008, el juzgado declaró de oficio la nulidad de todo lo actuado por falta de competencia funcional a partir del auto de 16 de agosto de 2007, así como desestimó la solicitud de nulidad elevada por la parte actora (fol. 230 a 231, c. ppal.). En igual sentido se pronunció el Tribunal Administrativo del Cesar el 5 de febrero 2009, en auto por medio del que declaró la nulidad de todo lo actuado y avocó conocimiento de las diligencias (fol. 240, c. ppal.). Así, por medio de auto de 12 de marzo de 2009, se ordenó la notificación de la Nación – Ministerio de Defensa- Policía Nacional y de la Nación - Fiscalía General.
Alegatos en primera instancia
La parte actora reiteró los hechos y pretensiones de la demanda y reiteró que indistintamente del título de imputación desde el que se analicen los hechos, en esta materia opera el principio iura novit curia, de cuya aplicación debe concluirse la procedencia de indemnización de perjuicios en su favor, así no se evidencie error judicial (fol. 321 a 325, c. ppal.).
Por su parte, la Nación - Fiscalía General presentó alegatos de conclusión, en los que reiteró íntegramente lo dicho en la contestación de la demanda y adicionó que por la gravedad del delito investigado y los indicios graves en su contra, lo procedente era garantizar su comparecencia al proceso mediante la captura (fol. 326 a 334, c. ppal.).
La sentencia apelada
Mediante sentencia de 2 de septiembre de 2010, el Tribunal Administrativo del Cesar, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Fiscalía General patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña (fol. 361 a 381, c. ppal.).
Como fundamento de la decisión, manifestó el a quo que de las pruebas arrimadas al proceso, se desprende que en el caso concreto existió una evidente ausencia probatoria que impidió al fiscal de conocimiento culpabilizar al sindicado. Así las cosas, comoquiera que no se desvirtuó la presunción de inocencia del señor Gutiérrez, consideró probado el daño antijurídico que le fue infligido por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Igualmente, condenó a la Policía Nacional, puesto que, a su juicio, la entidad produjo la captura ilegalmente, comoquiera que no se dio en flagrancia ni con orden judicial, como se infiere del oficio Nº. 0034 de 2 de febrero de 2006, en el cual el funcionario de Policía Judicial solicitó a la Fiscal Novena Seccional U.R.I. de Valledupar la expedición de orden de captura contra el aludido señor.
Así, profirió las siguientes condenas con el fin de indemnizar los perjuicios sufridos por la parte actora:
“(…) POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MORALES:
A ALFONSO ELIÉCER GUTIÉRREZ PEÑA, como víctima directa, el equivalente en pesos a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.
A MARÍA CONCEPCIÓN PEÑA BATISTA, en su calidad de madre, el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.
A JAVIER ELÍAS GUTIÉRREZ PEÑA, JORGE LUÍS GUTIÉRREZ PEÑA, RUBEN ENRIQUE GUTIÉRREZ LENGUA, HERNÁN MANUEL GUTIÉRREZ LENGUA, CRISTINA FRANCISCA GUTIÉRREZ LENGUA y ALCIDES JOAQUÍN GUTIÉRREZ MOSCOT, en calidad de hermanos de ALFONSO ELIÉCER GUTIÉRREZ PEÑA, el equivalente a siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia, para cada uno.
POR DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, el equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, a favor de ALFONSO ELIÉCER GUTIÉRREZ PEÑA.
Y POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MATERIALES, en la modalidad de daño emergente, la suma de tres millones cuatrocientos cinco mil ochocientos noventa pesos ($3.405.890), a favor de ALFONSO ELIÉCER GUTIÉRREZ PEÑA (…)”
Para el cómputo de la condena por concepto de daño patrimonial, el a quo le dio valor a la certificación suscrita por el profesional del derecho Ramiro Orozco Daza en la que hizo constar que recibió la suma de $3.000.000 por concepto de honorarios profesionales para la defensa penal del señor Gutiérrez Peña. Suma que trajo a valor presente al momento de la sentencia.
El recurso de apelación
Mediante memorial de 15 de septiembre de 2010, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional interpuso y sustentó recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia (fol. 360 a 372, c. ppal.).
Como motivos de inconformidad con la decisión, esgrimió que no puede condenársele como responsable solidariamente por los perjuicios alegados por el señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña comoquiera que, contrario a lo señalado por la sentencia, el señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña fue capturado por orden de la Fiscalía Novena en turno en la Unidad de Reacción Inmediata de Valledupar y por ende, la Policía Nacional simplemente actuó en acatamiento de una orden judicial.
Así mismo, precisó que “(…) el hecho de haber la Policía mediante Oficio No. 0034, haberle solicitado a la fiscalía estudie la posibilidad y sano criterio se expida la correspondiente orden de captura contra el señor Gutiérrez Peña para determinar su participación en los hechos que se investigan, no significa como lo afirma el ad-quo, que la Policía haya producido el daño al retener al presunto sindicado y mucho menos significa que haya prejuzgado y desvirtuado la presunción de inocencia, porque a ella solo le corresponde a la Fiscalía del conocimiento, entonces el ordenamiento jurídico prevé y regula que la Policía sin una orden previa de la Fiscalía o de la autoridad penal competente, sí puede hacer uso de la política criminal de la detención preventiva, bajo los argumentos de motivos fundados, y de un conjunto de hechos articulados que permitan verificar el probable autor o infractor del hecho, procedimiento que se caracteriza por ser necesario ante la inminencia de un peligro y cumpliendo otros requisitos como lo es el de poner al infractor a disposición de los funcionarios judiciales y cumplir con todos los procedimientos exigidos para la captura, lectura de derechos y respeto de los derechos humanos (…)”. Así, solicitó que en caso de que se considere probado el daño, el mismo se impute de manera exclusiva a la Fiscalía General de la Nación, quien debía analizar conforme a los designios de la sana crítica, el acervo probatorio puesto a su disposición, incluido el informe de policía judicial elevado por la institución (fol. 384 a 391, c. ppal.).
Por su parte, la Nación – Fiscalía General interpuso y sustentó recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia el 22 de septiembre del mismo mes y año (fol. 366 a 372, c. ppal.).
Como motivos de inconformidad con la decisión, esgrimió que (i) el asunto fue indebidamente juzgado desde la perspectiva objetiva, conforme a lo señalado en el Decreto 2700 de 1991, pese a que la norma ya estaba derogada y que conforme a la Ley 270 de 1996 y la interpretación que de la misma realizó la Corte Constitucional en sentencia C-037 de 1996, sólo debía entenderse como injusta la detención abiertamente arbitraria, que no se presentó en el caso concreto ante la existencia de indicios de responsabilidad por el delito de homicidio (ii) la orden de captura sí estaba justificada, comoquiera que obraba una denuncia en contra del señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña en que se le refería como autor del delito de homicidio. De donde, la Fiscalía estaba obligada a garantizar su comparecencia a las diligencias mediante la captura; (ii) la fiscalía resolvió oportunamente su situación jurídica y se abstuvo de privarle preventivamente de la libertad y si no precluyó inmediatamente la investigación fue porque para ello debía practicar otras pruebas, de donde no se advierte arbitrariedad en su actuación y (iii) señaló que el sometimiento a una investigación constituye una de las cargas que todos los ciudadanos estamos obligados a soportar de conformidad con los artículos 29 y 95 de la Carta Política.
Trámite procesal y alegatos de conclusión en esta instancia
Mediante auto de 14 de octubre de 2010, el Tribunal Administrativo del Cesar ordenó que, previo a la concesión del recurso, se adelantara la audiencia de conciliación judicial de que trata el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010 (fol. 374, c. ppal.). Diligencia que se llevó a cabo el 6 de abril de 2011 y que finalizó sin acuerdo entre las partes (fol. 404, c. ppal.).
Así, mediante auto de 29 de julio de 2011, esta Corporación corrió traslado para alegar de conclusión. Término durante el cual la Fiscalía General de la Nación (fol. 410 a 418, c. ppal.), y la Policía Nacional (fol. 435 a 438, c. ppal.) reiteraron los argumentos expuestos en las anteriores etapas procesales.
Por su parte, la Procuraduría Quinta Delegada ante esta Corporación, rindió concepto en el que solicitó que se modifique la decisión de primera instancia, confirmando la condena proferida en contra de la Fiscalía General de la Nación, por haber sido esta la autoridad que libró la orden de captura que conllevó la privación de la libertad del señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña y revocándola respecto de la Policía Nacional, dado que esta sólo solicitó la captura en ejercicio de las funciones de verificación que le fueron asignadas legalmente por el artículo 341 de la Ley 600 de 2000 y con fundamento en los elementos de convicción que obraban en el proceso (fol. 447 a 452, c. ppal.).
Encontrándose el proceso al despacho para resolver la impugnación, a petición de la parte actora y de la Fiscalía General se celebró audiencia de conciliación el 11 de marzo de 2013, en la que la Fiscalía aceptó pagar el “65% del 50% del valor total de la condena impuesta en la providencia de primera instancia”. Fórmula de arreglo aceptada por la parte actora, en el entendido de que se aceptaba exclusivamente respecto de la Fiscalía General y “dejando la responsabilidad de la Policía Nacional a decisión de la honorable Consejera”. Acuerdo conciliatorio improbado por la Sala, habida cuenta de la naturaleza solidaria y por ende, indivisible de la obligación indemnizatoria impuesta en la decisión de primera instancia, lo que imposibilita su aprobación parcial (fol. 569 a 576, c. ppal.).
CONSIDERACIONES
Competencia
Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Nación – Policía Nacional, en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, tal como lo dispone el artículo 129 del C.C.A., habida cuenta de la naturaleza del asunto, actividad que debe ser juzgada bajo los parámetros establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política y la Ley 270 de 1996- Estatutaria de la Administración de Justicia, tal como lo definió la jurisprudencia de esta Corporación.
Efectivamente, sobre el particular la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, desde el 9 de septiembre de 2008, tiene sentado que, en aplicación de los artículos 73 de la Ley 270 de 1996 y 31 constitucional, la primera instancia de los procesos de reparación directa fundamentados en error judicial, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, iniciados en vigencia de dicha ley, se tramitan en primera instancia ante los tribunales contencioso administrativos y en segunda instancia ante esta Corporación.
Finalmente, se advierte que la acción se presentó en el término consagrado en el artículo 136 del C.C.A.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar -en función de los hechos probados y el recurso de apelación interpuesto- si la Nación-Fiscalía General y Policía Nacional son responsables administrativa y patrimonialmente por cuenta de la captura con fines de indagatoria del señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña en el marco de la investigación por el homicidio del señor Edgar Esteban Guerra Córdoba, en virtud de la que el demandante estuvo por varios días privado de su libertad.
Hechos probados
3.1. Como primera medida, en relación con la legitimación en la causa por activa, obra en el expediente copia de las providencias judiciales que dan cuenta de la vinculación del señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña a la investigación por la muerte violenta del señor Edgar Esteban Guerra Córdoba y la captura de la que fue objeto por su presunta participación en los hechos, lo que acredita su interés en el asunto sub lite en calidad de directamente afectado.
Así mismo, se encuentran legitimados en la causa por activa los señores María Concepción Peña Bautista (madre); Javier y Jorge Luís Gutiérrez Peña; Rubén, Hernán, Cristina y David Gutiérrez Lengua y Alcides Gutiérrez Moscote (hermanos) cuya relación de cercanía y afecto se infiere del parentesco que prueban los registros civiles de nacimiento allegados al proceso (fol. 3 a 10, c. ppal.), tal como lo dispuso el a quo.
En cuanto a los señores Nayibe y Carlos Morón Peña, el a quo consideró que pese a que no obran sus registros civiles de nacimiento, de la prueba testimonial se infiere su calidad de damnificados. En efecto, encuentra la Sala que la señora Ada Luz Padilla Vásquez (fol. 299, c. ppal.), Ricardo José Obando Díaz (fol. 303 a 304) y Julio Enrique Fernández Pérez (fol. 305 a 306, c. ppal.), señalan a los mencionados señores como hermanos del encartado penal, de donde no cabe duda de su legitimación para comparecer a las diligencias como damnificados. Frente a la demandante Nidia Gutiérrez Lengua, el a quo declaró no probada su legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta de que no fue aportado su registro civil de nacimiento, ni se halla ninguna otra prueba que dé lugar a tenerla como damnificada. Decisiones que se confirmaran pues, pese a que en ejercicio de sus facultades oficiosas en materia probatoria, la Sala puede solicitar el aporte de los registros civiles faltantes, no cuenta con competencia para ello en el sub examine comoquiera que las entidades demandadas obran como apelantes únicas, de donde en respeto del principio de la no reformatio in pejus, consagrado en el artículo 357 del C.P.C. no puede solicitar las pruebas documentales no aportadas por la parte actora y que la favorecerían.
3.2. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, en el sub judice se tiene que la captura con fines de indagatoria del demandante fue ordenada por la Fiscalía Novena de la Unidad de Reacción Inmediata de Valledupar (fol. 134, c. ppal), con fundamento en solicitud elevada por la Policía Nacional, misma que ejecutó la orden de captura (fol. 129 y 139, c. ppal.). Siendo tales actuaciones las que se indican como generadoras de daño, no cabe duda a la Sala acerca de la legitimación en la causa por pasiva de las entidades precitadas para comparecer a responder en esta causa.
En relación con los hechos que se acusan como dañosos, se acreditó en el proceso:
El 25 de diciembre de 2005, en el barrio La Popa de la ciudad de Valledupar (Cesar), murió de forma violenta el señor Edgar Esteban Guerra Córdoba, de 24 años de edad. En efecto, en resolución de la Unidad de Fiscalía Novena Seccional URI de la misma fecha, se indica el inicio de investigación previa por cuenta de la noticia criminis del homicidio de un ciudadano, por lo que dispuso el desplazamiento del despacho en asocio con el organismo de policía judicial y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la realización de levantamiento de cadáver y la necropsia, así como comisionó a la Policía Judicial para la práctica de diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos.
Así consta en el formato de inspección de Cadáver nº. 26 de 25 de diciembre, que la muerte del señor Guerra Córdoba fue producto de heridas mortales causadas por impactos de bala (fol. 110, c. ppal.):
“DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DEL HECHO: tendido boca abajo en el pavimento, al lado de un árbol, frente a la vivienda #21-35. El occiso estaba en una parranda con varias personas, hasta donde llegó un sujeto a pie sin mediar palabras, abre fuego en repetidas ocasiones (…)
PRENDAS DE VESTIR: 1) Orificio intercostal lado derecho, 2) orificio en antebrazo cara externa derecha, 3) orificio en esternón lado derecho, 4) hematoma occipital derecho, 5) escoriación frontal, 6) orificio región occipital, 7) orificio región nasal lado derecho ” – se destaca-.
En el mismo sentido, concluyó el protocolo de necropsia (fol. 119 a 126, c. ppal.):
“ANÁLISIS, CORRELACIÓN Y CONCLUSIÓN
SE TRATA DE CADAVER DE HOMBRE ADULTO, CON HERIDAS POR PROYECTILES DE ARMA DE FUEGO, QUIEN ES ATACADO A DISPAROS EN HECHOS SUCEDIDOS EN JURISDICCION DE ESTE MUNICIPIO.
LA NECROPSIA DOCUMENTA CARACTERISTICAS MACROSCOPICAS ORIFICIOS DE ENTRADA, PROYECTIL ARMA DE FUEGO EN LA CAVIDAD CRANEANA, CAUSANDO LACERACIONES CEREBRALES SEVERAS.
Manera de muerte: Homicidio (manera de muerte tipo IV) con disparos a larga distancia (…)”.
El 26 de diciembre siguiente, el señor Luis Fernando Guerra Bonilla, quien se identificó como vecino del barrio La Popa de Valledupar, interpuso denuncia Penal en contra de los señores Alfonso y Jorge Luís Gutiérrez y Rodolfo Castilla Polo, ante la Unidad Permanente Central de Policía de Valledupar, en la que refirió haber sufrido injuria y haber sido amenazado de muerte por los denunciados el día 24 de diciembre anterior. Señaló de forma expresa el declarante (fol. 130, c. ppal.):
“ (…) seguí con mi oficio dándole la espalda a la calle, de repente oigo un grito que dice “oye malparido (sic), te estoy hablando desde hace rato”, di media vuelta y vi al señor JORGE LUÍS GUTIÉRREZ que venía por mi mano derecha, y al señor RODOLFO CASTILLA por la izquierda esto fue por el antejardín de mi casa el joven también me repite lo mismo le conteste que por qué esos insultos y de esa ofensa me quité la mascarilla y le dije: Oiga usted me está confundiendo, acto seguido afirmó: Yo sé que eres tú malparido (sic), con ira e intenso dolor le solté una cachetada con la mano izquierda que casi cae al suelo. Acto seguido fue por su hermano ALFONSO GUTIERREZ y penetraron con el señor RODOLFO CASTILLA a agredirme mi cuñado, mi señora y mi hija LINA PATRICIA apartaron a estos agresores ya mencionados cuando mi señora les pidió que desocupara la residencia porque ya le estaban faltando el respeto, a mí señora le dijo “tú vales huevo” y le dio una garnatada (sic). Acto seguido salieron y el señor ALFONSO GUTIÉRREZ hizo una serie de amenazas, diciéndome que tenía que esconderme debajo de una piedra más grande porque yo no me iba a escapar para que me asesinaran y luego repitió en los mismos términos que me ofendía su hermano y salieron a armarse para llevar a cabo las repetidas amenazas” – se destaca-.
Igualmente, dentro de las indagaciones adelantadas por estos hechos, se tomó declaración jurada el 28 del mismo mes y año a la señora Lilibeth Guerra Córdoba, hermana del occiso, en la cual manifestó que supo de la captura del señor Gutiérrez Peña, conocido como El Gordo o El Pote, por parte de la Policía Nacional y que no tenía problemas personales conocidos (fol.112, c. ppal.):
“PREGUNTADO: Dígale al Despacho todo cuanto sepa y le conste acerca de la muerte del señor EDGAR GUERRA CÓRDOBA. CONTESTÓ: La verdad es que yo me enteré en la funeraria cuando me daban el pésame que habían capturado a un sujeto y que nosotros lo conocemos como el GORDO o el POTE. Que él había estado con la persona que le había disparado a su hermano y la persona que me lo dijo me insistió que él no podía ser ya que él había estado comportamiento (sic) con el muchacho que me lo dijo. Como me causó admiración o sorpresa, yo le pregunté que si a las 7:00 más o menos la hora a la que habían matado a mi hermano él estaba con el Gordo en ese momento, él me dijo, que “yo no lo puedo creer” y que estaba segura que él no fue, me dijo “ya regreso” y no volvió más (…) PREGUNTADO: Porque dice usted que en la muerte de su hermano hubo persona capturado, cuando y a qué hora, qué autoridad lo hizo. CONTESTÓ: El mismo día 25 después de la muerte lo capturaron, quienes lo detuvieron, no lo sabemos, solo supimos por voces de los vecinos y fueron varios pero la única persona que se me acercó a decirme esto fue el Chayanne. PREGUNTADO: Su hermano tenía problemas personales. Qué hacía su hermano, a que se dedica, tenía amenazas. CONTESTÓ: Es que eso es lo extraño, hacía mes días antes, él se acercó a mí a saludarme a mi casa que yo había llegado de viaje y me dijo que se encontraba bien y que todo estaba bien, hablamos largo rato y nunca me comentó nada malo. Él es juez de softbol y ahora se dedicaba de cobrador de un bus colectivo, de Cootraupar” – se destaca-.
Versión que amplió en nueva declaración rendida el 2 de febrero siguiente, en que refiere nuevas informaciones que podrían conducir a comprobar la responsabilidad del investigado, al tiempo que señaló al señor Gutiérrez Peña de haber ejercido presiones de carácter intimidatorio en su contra, así (fol. 115 a 116, c. ppal.):
“PREGUNTADO: Diga al despacho en que consiste la ampliación de la declaración jurada que usted viene a rendir ante esta Unidad. CONTESTÓ: A mi hermano lo asesinan el 25 de diciembre del año pasado, en esos momentos nosotros estábamos pendientes de la funeraria y eso, y estábamos embolatados, no nos percatamos casi de las cosas por el dolor y la confusión, en esa oportunidad no enteramos que habían capturado a EL POTE, que era un vecino y amigo de mi hermano, pero que la Policía luego lo dejó libre porque no había sido en el momento de los hechos, eso fue lo que nos comentaron, pero posteriormente los vecinos y amigos nos han comentado, el asesino fue ALFONSO GUTIÉRREZ, alias EL POTE, que vive en (…) el barrio La Popa, de esta ciudad él es un vago, le dicen el cantante frustrado, hay testigos, uno se llama IVÁN, que era compadre de mi hermano, iban a bautizar al niño, él me dijo a mí inicialmente me confirmó que ALFONSO había sido la persona que había matado a mi hermano, eso nos lo dijo como a comienzo de enero, dijo que EL POTE había llegado y le disparó, que primero fue a dispararle y se le encasquilló el arma, entonces creían que era un juego, porque se echaron a reír todos, entonces él vino y volvió y ahí sí disparo y todos quedaron perplejos. El POTE le dio varios tiros. Los motivos porque habían discutido el día anterior y lo había amenazado EL POTE a mi hermano, el POTE es vicioso, dicen que en ese momento EL POTE caminó hacia la esquina y después salió corriendo cuando la gente empezó a salir, eso fue en la noche. PREGUNTADO: diga al despacho qué personas se encontraban presentes en el momento en que ocurrieron los hechos. CONTESTÓ: El cajero que estaba en la parranda, no lo conocemos, en la parranda quedaba el cajero, quedaba Iván el muchacho que nos contó y una señora que estaba que era la dueña de la casa donde lo matan, se llama MARÍA, no sé el apellido, otra persona que ve es…no le sé el nombre, sé que le dicen POCHOLO. PREGUNTADO: Infórmele al despacho porque no había venido a la fiscalía a informar esta situación: CONTESTÓ: porque amenazaron a mi hermano JAVIER, lo amenazó el hermano de ALFONSO y ALFONSO (EL POTE), le dijeron que él no había sido el que había matado a mi hermano pero que si algo así le pasaba los culpables íbamos a ser nosotros, mi hermano tuvo palabras con él y le recordaron una pelea que tuvieron el hermano de El Pote y mi hermano (…). PREGUNTADO: Su hermano tenía problemas, estaba amenazado? CONTESTÓ: El único problema era con él con EL POTE, y el mismo POTE tuvo problemas con otros muchachos anteriormente, y en el hecho del otro muchacho, el mostró un arma, los que nos comentaron eso fueron los policías que nos dijeron que habláramos con los vecinos para que el caso se moviera y que vinieran a declarar, o sea, que el POTE si tiene arma, pero luego lo capturaron cuando lo de mi hermano, como que no le encontraron arma y por eso lo dejaron libertad, si el muchacho IVÁN habla enseguida lo hubieran dejado preso (…)”
El 2 de febrero siguiente, la Seccional de Policía Judicial e Investigación del Cesar rindió informe de Policía Judicial acerca de las pesquisas adelantadas en orden a esclarecer la autoría del homicidio del señor Edgar Esteban Guerra Córdoba, en que refirió los siguientes hallazgos (fol. 127 a 129, c. ppal.):
“(…) Teniendo en cuenta el contenido de la orden en mención, esta Unidad se trasladó hasta la residencia ubicada en la Calle 13C#21-36 barrio La Popa de esta Ciudad, siendo atendidos por la señora NUBIS TORRES CÓRDOBA (…), tía del hoy occiso, residente en la Calle 13 No. 20-45, Barrio La Popa, quien nos manifestó que su sobrino se encontraba departiendo tragos con unos amigos frente donde el residía, que al lugar llegó un sujeto desconocido y disparó en varias ocasiones contra la víctima causándole la muerte.
De igual manera nos entrevistamos con la señora LILIBETH GUERRA CÓRDOBA (…)
Siguiendo con las diligencias nos entrevistamos con los señores Subintendente BENAVIDES GUEPUS NOLBERTO y agente ROBAYO RUEDA JOSÉ, miembros activos de la Policía Nacional y adscritos actualmente a la Seccional de Policía Judicial del Cesar, quienes realizaron turno el día de ocurrencia de los que solicito reserva, hicieron saber que el sujeto a quien apodan “PONCHO” y que fue trasladado hasta las instalaciones de la Sijin para su plena identificación e investigación por el homicidio presentado era el autor material del mismo, ya que escuchó de los allí presentes que el que había asesinado al CHICHE había sido “PONCHO”. Manifiestan también los policiales que para ese día se entrevistaron con un ciudadano de nombre IVAN ARROYO, quien se encontraba presente cuando asesinaron a EDGAR, manifestando que el autor material era PONCHO, pero que tenía temor de decirlo por escrito por lo que le pudiera suceder a su vida.
Posteriormente el día 26-12-2005, se presentaron ante la Inspección de Policía ubicado en la Permanente Central las señoras SONIA LEONOR MORALES MORALES (…) y LINA PATRICIA MORALES (…), esposa e hija del señor LUIS FERNANDO GUERRA BONILLA (…) , quienes manifestaron que el día 24-12-2005, tuvieron inconvenientes con los señores ALFONSO y JORGE LUIS GUTIERREZ, ya que estos en estado de embriaguez y al parecer pasados de droga, intentaron pegarle al señor LUIS GUERRA, que posteriormente se presentaron armados con una escuadra (pistola), afirmando que el anterior era miembro de las autodefensas que opera en el corregimiento de Mariangola amenazándolos de muerte, que por esta razón instauraron la denuncia penal no. 166 del 26-12-2005 (…)
También nos entrevistamos con el señor GEOVANNY ENRIQUE OJEDA RAMOS (…) quien acompañaba el día de los hechos al señor PONCHO, traslados también hasta las instalaciones de la Sijin para su identificación, manifestando que cuando sucedieron los hechos él se encontraba en su casa y salió a comprar una hamburguesa, que se enteró que habían asesinado al CHICHE y posteriormente llegó PONCHO y lo invitó a ver el cadáver, que llegaron al lugar y posteriormente se devolvieron, que cuando estaban cerca al parque fueron abordados por unos miembros de la SIjin y lo llevaron hasta las instalaciones de la misma para identificarlos y hacerle unas preguntas sobre el homicidio del CHICHE, manifiesta el señor GEOVANNY OJEDA que en todo el barrio se escucha que el autor del asesinato era PONCHO y que un amigo del cual no dio el nombre, le había manifestado que el día anterior (el 24-12-2005) PONCHO se encontraba tomando con un sujeto que decía que era paramilitar y que este portaba una pistola.
El señor apodado PONCHO, fue identificado como ALFONSO GUTIERREZ PEÑA (…)” – se destaca-.
En tal virtud, solicitó el despacho la ampliación de las declaraciones rendidas por varios de los testigos, así como el decreto de nuevos testimonios. Igualmente, puso en consideración del fiscal la siguiente petición:
“(…) estudie la posibilidad y a su sano criterio sea expedida la correspondiente orden de captura contra el señor ALFONSO GUTIÉRREZ PEÑA, apodado PONCHO, para determinar el grado comprometimiento y/o participación en los hechos que se investigan”.
Habida cuenta del informe allegado por la Policía Judicial y las pruebas recaudadas en la etapa preinstructiva, la Fiscalía Novena Delegada ante la Unidad de Reacción Inmediata de Valledupar libró orden de captura con fines de indagatoria en contra del señor Alfonso Gutiérrez Peña el 7 de febrero de 2006 (fol. 134 a 135, c. ppal.).
La captura se materializó el 9 de febrero de 2006 a las 18:30 horas. Así consta en el acta de derechos del capturado (fol. 140, c. ppal.).
El señor Gutiérrez Peña fue puesto, el día siguiente, a disposición de la Fiscalía General de la Nación, como se lee en el oficio nº. 0051/ADE-SIJIN-DECES (fol. 13, c. ppal.), quien lo vinculó formalmente a la investigación mediante indagatoria llevada a cabo el 11 de febrero de 2006, quien negó su participación en los hechos, pues adujo que no estaba en el lugar del delito cuando este se produjo (fol. 142, c. ppal.). Sobre la forma en que se desarrolló su captura el día de los hechos manifestó en la diligencia:
“PREGUNTADO: Haga un relato de los hechos. CONTESTÓ: O sea, me están acusando de algo que yo ni siquiera, que no estaba en el lugar donde ocurrieron los hechos. A mí me detuvieron el primer día, o sea, el mismo día y me soltaron y hasta el sol de hoy estoy en el valle, me hicieron la Sijin la detención el 25 de diciembre y estoy aquí, si hubiera sido culpable, me hubiera ido del valle (…). PREGUNTADO: Donde se encontraba usted el 25 de diciembre de 2005, con quien y a que se dedicaba. CONTESTÓ: (…) cuando iba caminando buscando la comida pasé por la casa de la misma dueña del estaco donde estaba, se llama ADA LUZ, y nos quedamos hablando de eso de que habían matado a Chicho incluso ella se dio cuenta cuando yo llegué del río, el taxi nos dejó ahí y le pagamos la carrera y el taxista le estábamos pidiendo rebaja ella se dio cuenta, cuando en ese momento estaba hablando con la señora ADA LUZ, llegaron dos tíos del muerto, yo incluso le había dado hasta el pésame, y llegaron ahí, que por ahí andan diciendo que “se parece a ti”. Y después uno de ellos GUSTAVO el tío me dijo: TU FUISTE, yo le dije, “ve, si tú me conoces a mí, yo soy amigo de chicho, no tengo ninguna razón para joder a ese pelado, además yo no estaba en estos momentos por aquí, yo estaba en el río y me quedé en el estanco y como se le ocurre que yo voy a llegar a la misma parte donde ocurrieron los hechos, más que todo soy vecino de ellos Cuando llegaron los tíos, más atrás la neverita de la Policía, yo mismo les dije: YO NO LE DEBO A NINGUNO VAMOS A VER CUAL ES EL CUENTO. Conmigo en el momento iba un muchacho que también estaba viendo lo sucedido, ya él iba para la casa y estábamos comentando la vaina del muerto, cuando llegó la neverita y yo le dije vamos de una vez y me monté yo mismo y fue cuando me llevaron a la SIJIN, a mí me detuvieron como las 11:00 de la noche, por ahí más o menos, allá me hicieron preguntas y cuestiones en la Sijín y al día siguiente me soltaron como a las 4:00 de la tarde de día siguiente, yo les decía que me hicieran muestra, yo le dije que me hicieran la prueba esa balística y no me hicieron nada, puras preguntas y me soltaron (….)”.
Así mismo, en esa diligencia negó tener un móvil para agredir al joven Edgar Esteban Guerra aun cuando reconoció el enfrentamiento sostenido en el día anterior con el señor Luis Fernando Guerra Bonilla. Señaló en su injurada:
“Yo soy inocente, soy de bien, soy músico, de casa, no tengo esa clase de problemas, hay gente que ni conozco y se me han ofrecido de ver que me están acusando a mí inocentemente, yo me cuido de eso, mis papás están enfermos, a mi mamá le dio trombosis, ni siquiera hacemos parranda en la casa por evitar que mi mama se muera, y ahí mismo vecino, yo voy hacer una cosa de esa?, yo no tenía motivos para matar a ese muchacho, podía tener motivos contra Lucho, y no lo he hecho, que le metió una garnatada a mi hermano, ahora voy a matar a Chicho, yo no soy de eso, eso son inventos (…)
Durante la investigación previa, se recaudaron nuevos testimonios, entre ellos los siguientes:
3.3.9.1. El señor Raúl Andrés Teherán, señaló haber estado en el río Hurtado, a las afueras de la ciudad, con el encartado al momento del asesinato del señor Edgar Esteban Guerra. Señaló el testigo (fol. 157 a 158, c. ppal.):
“PREGUNTADO: Diga usted si conoce al señor ALFONSO ELIÉCER GUTIÉRREZ, de igual forma a EDGAR ESTEBAN GUERRA CÓRDOBA, en caso positivo desde cuando los conoce, porque los conoce y qué vínculos le unen con los mismos. CONTESTÓ: Sí, lo conozco hace un poco de años porque nos hemos criado en el barrio, ahora somos vecinos y somos amigos y EDGAR ESTEBAN sí lo conocía, era mi vecino, nos criamos juntos vivía patio con patio con mi casa. PREGUNTADO. Diga si usted el día 25 de diciembre del 2005, en el día y en la noche se vio con el señor ALFONSO ELIÉCER GUTIÉRREZ PEÑA, en caso positivo, en donde, qué hicieron. CONTESTÓ: El 25 de diciembre estábamos tomando donde mi abuela empezamos a beber como a las 10 de la mañana y como a las 4 de la tarde nos fuimos para el río pasamos toda la tarde y parte de la noche en el río, nosotros llegamos al barrio como a las 8 para nueve iban a hacer las 9 de la noche, llegamos al estanco de la señora ADA LUZ PADILLA, llegando ahí nos enteramos de la muerte del muchacho que habían matado a fulano, no sabíamos quién y salimos a ver y cuando llegamos ya encontramos que era EDGAR, en el río estábamos JHON JAIRO, ALFONSO y mi persona y otro señor que llegó a la mesa donde estábamos. PREGUNTADO. Qué otras personas salieron a darse cuenta cuál era la persona que había matado, CONTESTÓ. Mi persona y ALFONSO ELIÉCER. PREGUNTADO. Tiene usted conocimiento que el señor ALFONSO ELIÉCER haya tenido problemas con EDGAR ESTEBAN. CONTESTÓ. No sé. PREGUNTADO. Porque en las diligencias aparece que quien le dio muerte a EDGAR ESTEBAN fue ALFONSO ELIECER. CONTESTÓ. No sé (…). PREGUNTADO. Cual fue la actividad realizada por ustedes durante la estancia en el río Hurtado. CONTESTÓ: Estábamos bebiendo y había una parranda con caja y guacharaca y acordeón donde el señor ALFONSO participó tocando un instrumento y cantando. PREGUNTADO. Durante su permanencia en dicho estadero el señor ALFONSO GUTIÉRREZ se ausentó del sitio donde se encontraban ustedes. CONTESTÓ: En ningún momento se separó de nosotros. PREGUNTADO: Según constancia procesal la muerte de EDGAR ESTEBAN GUERRA se produjo entre las 7 y ocho de la noche, usted recuerda si el señor ALFONSO GUTIÉRREZ se encontraba con ustedes departiendo en el río Hurtado. CONTESTÓ: Sí estaba con nosotros, porque a esa hora siete y pico estábamos en el río (…)” – se destaca-.
3.3.9.2. Esta versión fue corroborada por el señor Jhon Jairo Ruiz Rueda, quien también manifestó que en las horas de la tarde del 25 de diciembre de 2015, estuvo departiendo con los señores Raúl Andrés Teherán y Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña, a orillas del río Hurtado, en donde estuvo hasta después de las 7:00 p.m. (fol. 159 a 160, c. ppal.). Así mismo, el señor Yovanny Enrique Ojeda Ramos, manifestó haberle informado al señor Gutiérrez Peña de la muerte del señor Edgar Esteban Guerra y haberlo acompañado al lugar de los hechos, acto seguido, haber ido juntos hasta el establecimiento administrado por la señora Ada Luz Padilla, cuando pasó una patrulla de la Policía y le dio captura (fol. 175 y 176, c. ppal.).
3.3.9.3. Por su parte, la señora Ada Luz Padilla Vásquez, administradora del establecimiento comercial denominado “estanco Donde Ada” declaró (fol. 161 a 162, c. ppal.):
“PREGUNTADO: Diga al despacho si conoce al señor ALFONSO ELIÉCER GUTIÉRREZ PEÑA al igual que al señor EDGAR ESTEBAN GUERRA CÓRDOBA, en caso afirmativo de que los conoce, porque los conoce y que relaciones o vínculos le unen con el mismo. CONTESTÓ: Sí lo conozco, desde niño, lo conozco porque vive en Garupal y es vecino, se crio en el barrio junto con mis hijos, mis relaciones con él son muy buenas a EDGAR ESTEBAN no lo conocí. PREGUNTADO. Diga al despacho si para el día 25 de diciembre del 2005 usted vio al señor ALFONSO ELIÉCER, en caso afirmativo dónde lo vio, en compañía de quien lo vio y a que se dedicaba. CONTESTÓ: Lo vi exactamente no te puedo decir la hora exacta pero fue como de 8 y media a nueve y cuarto de la noche porque a esa hora cerré mi estanco, él andaba en compañía de un amigo el muchacho que vino a declarar ahora ratico, ellos llegaron ahí a tomarse una cerveza. PREGUNTADO. Diga al despacho si durante el tiempo que estuvo el señor ALFONSO ELIECER en su residencia este charló con usted en que afirmativo de que conversaron. CONTESTÓ. Él me dijo que venía del río con el amigo, no habló más” -se destaca-.
3.3.9.4. La señora Esther Genith Ardila Vega, administradora de un establecimiento comercial de llamadas telefónicas, señaló haber visto a un hombre armado minutos después de la ocurrencia del homicidio y aseveró que no se trataba del encartado penal (fol. 163 a 164, c. ppal.). Declaró:
“PREGUNTADO: Diga al despacho si conoce al señor ALFONSO ELIÉCER GUTIÉRREZ PEÑA al igual que al señor EDGAR ESTEBAN GUERRA CÓRDOBA, en caso afirmativo de que los conoce, porque los conoce y que relaciones o vínculos le unen con el mismo. CONTESTÓ: Sí lo conozco, tengo como 4 o 5 meses de estarlo conociendo, somos amigos, yo tengo un SAI que vendo minutos y el frecuenta el SAI. AL muerto sí lo conocí desde niño, desde pelao (sic), vivía por ahí cerca una calle atrás de la casa mía solamente lo conocía porque pasaba mucho por la casa y cuando pequeño estudió con los pelaos (sic) míos. PREGUNTADO: Diga al despacho si usted se enteró de la muerte del joven EDGAR ESTEBAN. CONTESTÓ: Sí me enteró, primero que todo como yo tengo mi SAI, atiendo a las personas y permanezco siempre en la puerta de la casa en espera de los clientes, yo escuché unos disparos se encontraba conmigo la señora Yudi, una vecina, no recuerdo el apellido y estaba también YULI, una prima de PONCHO, estábamos las tres en la puerta cuando escuchamos una cantidad de disparos, como era diciembre en el momento yo dije, “oigan ahora no sabemos si es tiro o son totes en ese momento que yo menciono esto, vimos un hombre que pasó por el frente de la casa, gordo él, no tenía mucha barriga, si iba con una gorrita, tenía el pelito un poco largo, crespito atrás, en el momento no le presté mucha atención sino cuando una niña vecina dijo que llevaba un arma, fue cuando ya le prestamos atención a él, que iba metiendo el arma por la parte de atrás (…) entonces la niña gritaba “lleva un arma, lleva un arma” y fue cuando todo el mundo salió y me venía (sic) u muchacho del barrio Garupal y dijo que habían matado al Gordo, al muchacho, porue al muerto todo el mundo le decía El Gordo, yo fui al lugar donde estaba el muchacho tirado boca abajo. PREGUNTADO: Diga al despacho si usted se ha enterado quién o quienes fueron las personas que le dieron muerte al señor EDGAR ESTEBAN. CONTESTÓ: Más tarde me enteré que habían cogido preso a POCHO por la muerte del muchacho que lo habían acusado, eso fue una sorpresa para mí, porque yo vi al hombre cuando el hombre pasó y mas no era PONCHO porque si había sido PONCHO yo lo reconozco de una vez porque yo conozco a PONCHO, a la persona que yo vi, llevaba un arma de fuego en la mano y se a iba metiendo por la parte de atrás, cuando él escucha a la niña decir que llevaba un arma él salió corriendo y se fue por los lados de la circunvalar (…)” – se destaca-.
3.3.9.5. Finalmente, se destaca la declaración del señor Iván José Arroyo Hernández, quien había sido señalado como testigo presencial de los hechos por la señora Lilibeth Guerra Córdoba y en el informe de Policía Judicial rendido por la SIJIN, quien negó que hubiera señalado al detenido como responsable (fol. 167 a 169, c. ppal.).
“PREGUNTADO: Diga al despacho si usted conoce al señor ALFONSO ELIECER GUTIÉRREZ PEÑA, en caso afirmativo de que lo conoce, porqué lo conoce y qué relaciones o vínculos le unen con el mismo. CONTESTÓ: Personalmente no lo conozco, lo he visto ahora en los periódicos y en la cuadra en algunas ocasiones, no tengo ninguna clase de relación con él. (…) PREGUNTADO. Diga al despacho donde se encontraba usted el día 25 de diciembre del 2005 durante el día y parte de la noche, en compañía de quien se encontraba y a qué se dedicaba. CONTESTÓ: (…) de ahí me fui para el apartamento (…), allá estuvo HUBER GONZÁLEZ y otro muchacho de una agrupación pero no me sé el nombre ellos mis amigos estuvieron alrededor de las 8 y cuarto de la noche, yo los llevé a ellos, me quedé ahí con AGUANCHA que era uno de los que estaban en la agrupación que se quedó, el difunto y mi persona, estábamos tomando hasta alrededor de las 8 y media que fue cuando sucedió la muerte de EDGAR, yo estaba adentro de mi casa, vengo saliendo de la casa para la parranda, cuando veo un muchacho con un arma en la mano que en tres ocasiones le hizo taqui, taqui, taqui, yo pensé que era un juego, cuando ya escucho los disparos de ahí el del arma se fue caminando hacia al lado derecho, yo me quedé impresionado, la persona se fue corriendo, los tragos y los nervios me dejaron ahí que no di ni para moverme, yo asimilé que EDGAR estaba muerto, cuando ya veo la sangre en el piso se llamó a la Policía, llegó la Policía. PREGUNTADO: Diga las características físicas de la persona que le disparó a EDGAR ESTEBAN. CONTESTÓ: Era una persona de estatura mediana, gruesa, ya el color de la piel me queda difícil porque era de noche ya, yo a él de frente no lo veo, lo miro de espalda, ya cuando él se va de espalda, eso fue de segundo. PREGUNTADO: En las diligencias aparece que usted identificó a la persona que le dio muerte a EDGAR ESTEBAN como al muchacho que le dicen alias “El Pote” y en esta declaración dice no conocer a la persona que le disparó a EDGAR, porque esta contradicción. CONTESTÓ: En ese informe no pueden decir eso porque yo no rendí ninguna declaración en ninguna Fiscalía ni a ningún otro organismo. PREGUNTADO: En las diligencias manifiesta la joven LILIBETH GUERRA CORDOBA que usted le dijo “inicialmente le confirmó que ALFONSO había sido la persona que había matado a mi hermano eso nos lo dijo como a comienzos de enero (…)”. CONTESTÓ: En ningún momento le he dicho a LILI que ALFONSO haya matado a EDGAR, las descripciones que di fue la que le dije a ella, se las dije también a la SIJIN. PREGUNTADO. Porqué aparece en las diligencias que tú te diste cuenta de quién mató a EDGAR fue ALFONSO ELIÉCER GUTIÉRREZ PEÑA. CONTESTÓ: Yo estoy dando las descripciones de una persona que yo vi, más no he señalado a ninguno, yo he visto a ALFONSO más no lo conozco. PREGUNTADO: En este momento si se le hiciera un reconocimiento en fila de personas con la persona que usted dice vio de espalda puede reconocerla. CONTESTÓ: No la puedo reconocer, yo la vi de espalda, de frente él tenía gorra (…)” – se destaca- .
El 17 de febrero de 2006, la Fiscalía Catorce Delegada ante los Jueces Penales del Circuito se abstuvo de proferir medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor Alfonso Eliécer Gutiérrez y le permitió gozar del beneficio de libertad provisional (fol. 11 a 16, c. ppal.). Señaló la Fiscalía en la providencia en cita:
“(…) En relación con la probable responsabilidad de ALFONSO ELIÉCER GUTIÉRREZ PEÑA, este fue vinculado al paginario mediante recepción de indagatoria después que se librara orden de captura, esta con base a una investigación en la cual se llevaron a cabo una serie de pruebas testimoniales y documentales, entre estas el informe Policivo suscrito por el intendente SILVERA CASTRO Juan Carlos, Funcionario Policía Judicial, en donde tuvo información por parte de la hermana del hoy occiso, se logró identificar a la persona que le había disparado a EDGAR ESTEBAN GUERRA CÓRDOBA, el corresponde al nombre de ALFONSO ELIÉCER GUTIÉRREZ PEÑA, tenemos que en este momento procesal no le podemos atribuir responsabilidad alguna ya que lo único que existe en contra del sindicado de marras es lo anotado anteriormente, lo cual no tiene valor de testimonio, ni de indicio, solo nos puede servir como criterios orientadores de la investigación y además todo fue desmentido por IVÁN ARROYO HERNANDEZ en su declaración rendida ante este despacho, en donde es claro en afirmar que en ningún momento le dijo a LILIBET que ALFONSO había matado a su hermano. Así las cosas, esta Delegada le dará aplicación a lo señalado en el artículo 354 de nuestro estatuto procedimental penal ABSTENIÉNDONOS de proferir medida de aseguramiento de DETENCIÓN PREVENTIVA en contra ALFONSO ELIÉCER GUTIÉRREZ PEÑA, en consecuencia de lo anterior, por ante el inspector permanente central y/o establecimiento carcelario la correspondiente BOLETA DE LIBERTAD, ordenar suscribir al sindicado ALFONSO ELIÉCER GUTIÉRREZ PEÑA diligencia de compromiso (…)” – se destaca-.
En el curso de nuevas actividades de inteligencia, el Cuerpo Técnico de Investigación desarrolló la misión de trabajo n°. 061 GH-CTI, conforme a la cual informó, el 17 de febrero de 2006, a la Fiscalía Catorce Delegada que conforme a entrevistas realizadas a vecinos del sector, tuvo conocimiento acerca de que Alfonso Eliécer Gutiérrez había tenido anteriormente problemas con vecinos, al punto que le había sido iniciada una investigación por lesiones personales siete años atrás. Así mismo consignó que, conforme con lo señalado por la testigo Yanna Valverde Rodríguez “la gente de la cuadra está temerosa, se han mudado para otras residencias, actualmente se encuentra desocupada la vivienda demarcada con el No 21 -33 en la calle 13C”. Así mismo, señaló el investigador criminalístico que “(…) los habitantes del barrio La Popa se mostraron renuentes y desconfiados por temor a las represalias que pueda tomar la persona imputada, situación que ha retardado el esclarecimiento de los hechos” (fol. 183 a 185, c. ppal.).
Finalmente, en resolución de 24 de julio de 2006, el mismo despacho precluyó la investigación seguida en contra del señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña, por los mismos motivos por los que se abstuvo de librar medida de aseguramiento en su contra, habida cuenta de que “(…) la situación del sindicado no ha variado en lo más mínimo, no hubo pruebas periciales practicadas con posterioridad que nos indiquen lo contrario” (fol. 212 a 215, c. ppal.). Decisión que no fue objeto del recurso de apelación, por lo que quedó ejecutoriada el 8 de agosto siguiente, tal como se lee en la constancia de ejecutoria proferida para el efecto (fol. 226, c. ppal.).
El señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña estuvo detenido por los hechos en mención entre el 9 y el 17 de febrero 2006, como se lee en la orden de captura, en donde también consta su cancelación (fol. 134, c. ppal.). Así mismo, se conoce que fue retenido el día de los hechos, tal como se señala en el informe rendido por la policía judicial, sin que se conozca el tiempo por el que se prolongó la retención –ver. Párr. 3.3.5. supra-.
Del acervo probatorio se desprende, igualmente, que la noticia sobre la captura del señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña fue ampliamente difundida en los medios de comunicación regionales. Así lo certificó la emisora Radio Guatapurí (fol. 29, c. ppal.) y se acreditó mediante la aportación de varios recortes de prensa (fol. 30 a 33, c. ppal.). Igualmente, se conoce que la noticia de su libertad fue difundida por medios escritos.
3.3.15. Consta también en el plenario, la certificación proferida por el abogado Ramiro Orozco Daza, quien hizo constar que recibió la suma de tres millones de pesos a título de honorarios por su asistencia en el proceso penal adelantado en contra señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña (fol. 28, c ppal.).
Juicio de responsabilidad
El régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad
El fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados por la privación injusta de la libertad era el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que establecía:
ART. 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave – se destaca-.
En interpretación de dicho artículo, la jurisprudencia de la Sala de manera reiterada ha considerado que conforme al artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente cuando (i) el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió o (iii) la conducta no constituía conducta punible tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta. Ha dicho la Sala:
“(…) quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente [18]17, con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta.
En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél”.
En este mismo sentido, en la Sección no ha habido resistencia para concebir la procedencia de la responsabilidad estatal en los casos antes referidos, inclusive, en vigencia de la Ley 270 de 1996 y de la Ley 600 de 2000, como acaece en el caso concreto, pero no como aplicación ultractiva del referido Decreto 2700 de 1991, sino de los supuestos previstos en él, los cuales, en todo caso, sólo son desarrollos del artículo 90 de la Constitución Política de 1991. En efecto, dado que en el caso concreto, tanto la investigación, como la detención preventiva y la absolución acaecieron en vigencia de la Ley 270 de 1996 y de la Ley 600 de 2000, es preciso indicar que, la norma aplicable para dirimir el asunto bajo comento es el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, que establece que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.
Al revisar el proyecto de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la Corte Constitucional en sentencia C-037 de 1996, condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en estos términos:
“Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención.
“En virtud de lo anterior, y a propósito de lo explicado en torno al artículo 66 del presente proyecto, debe entenderse que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente y el procedimiento a seguir respecto de la responsabilidad proveniente del error judicial en que incurran las demás autoridades judiciales.
“Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible” – se destaca-.
Sin embargo, la Sala ha considerado que el artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia no puede recortar el alcance del artículo 90 de la Constitución, que no limita la responsabilidad patrimonial del Estado sólo a los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos del Estado hubiera sido “abiertamente arbitraria”, sino que la extiende a todos “los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas” y en consecuencia, también mantienen su vigencia para comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, todas aquellas hipótesis de responsabilidad que fueron previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991.
Esto porque la responsabilidad patrimonial del Estado tiene su fuente en el artículo 90 de la Constitución, norma que consagra el derecho a la reparación de los perjuicios causados por las actuaciones de las autoridades públicas, cuando tales daños sean antijurídicos, es decir, cuando los afectados no estén en el deber jurídico de soportar esos daños y quien sufre una medida de aseguramiento de detención preventiva por una conducta que no era merecedora de ningún reproche penal sufre un daño antijurídico.
Así las cosas, en el caso bajo examen, el fundamento normativo de la decisión reparatoria radica en el artículo 90 de la Constitución.
Igualmente, la Sala entiende que aunque la medida se haya impuesto con fundamento en uno o más indicios graves de responsabilidad, si la actividad probatoria no da lugar a desvirtuar la presunción de inocencia, no se estaría ante una duda razonable, sino más exactamente ante falta de prueba del hecho, de la conducta o de su punibilidad.
Es que la privación de la libertad demanda una investigación eficiente, proclive a respetar el derecho constitucional fundamental del sindicado, por lo que si el Estado no obstante la inocencia, privó al sindicado de su libertad, debe responder por los perjuicios ocasionados.
Cabe además señalar que independientemente de las razones que se consignen en la providencia para justificar la decisión, ya sea con fundamento expreso en alguno de los eventos precitados o del in dubio pro reo, se habrá de contrastar dicha providencia con las conclusiones a las que, tras la lectura atenta del expediente, se desprendan. Es decir, corresponde verificar si la decisión absolutoria que se apoya en un in dubio pro reo, realmente constituye un daño antijurídico, o, en caso de ajustarse al derecho en mención, a cuál de las modalidades descritas efectivamente obedece.
Como puede observarse, dentro de la regla general consolidada jurisprudencialmente, la responsabilidad de la administración por la privación injusta de la libertad ha sido desarrollada de tal manera que, a menos que opere la culpa grave o dolo de la víctima, la protección del derecho fundamental a la libertad deberá imponerse. En efecto, el artículo 70 de la ley 270 de 1996 estipula que se entenderá probado el hecho de la víctima cuando ésta haya actuado “con culpa grave o dolo”.
Desde esta perspectiva, es relevante recordar que la Sala ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el artículo 63 del Código Civil. Así, en decisión de 18 de febrero de 2010 dijo la Sala:
“Culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [artículo 63 del Código Civil] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo” – se destaca-.
De igual modo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha estudiado los conceptos de culpa grave y dolo al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición y la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema al resolver diversos cargos de inconstitucionalidad contra los artículos 77 y 78 del C.C.A., y de la Ley 678 de 2001. Así señaló que,
“(…) para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Agregó que es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como son los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política y en la ley a propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia”.
Esta tesis ha sido aplicada por la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a casos en los que personas que han sido privadas de la libertad por orden judicial y posteriormente absueltas, han contribuido con su actuación en la producción del daño, dando lugar a la configuración de una causal de exoneración en virtud del hecho exclusivo y determinante de la víctima.
El caso sub lite
De los hechos probados, relacionados ut supra, se tiene que el señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña estuvo detenido en virtud a orden de captura proferida en su contra por la Fiscalía Novena Delegada ante la Unidad de Reacción Inmediata de Valledupar, el 7 de febrero de 2006 y materializada el 9 de febrero siguiente, la cual se prolongó hasta el 17 del mismo mes y año, cuando el ente acusador resolvió su situación jurídica, absteniéndose de proferir medida de aseguramiento y ordenando su libertad inmediata, tal como consta en el acta de derechos del capturado, la resolución de su situación jurídica y en el formato de orden de captura, en que también consta cuando esta fue levantada –párr. 3.3.12. y 3.3.13.-.
También se conoce que el señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña fue capturado el día de los hechos, minutos después de su acaecimiento, sin que conste en el plenario por cuánto tiempo se prolongó dicha retención, aun cuando el encartado en su indagatoria señaló que fue liberado el 26 de diciembre siguiente, aproximadamente a las 4:00 p.m., dicho al que se dará credibilidad por no haber sido objeto de controversia. Detención que quedó acreditada con la declaración rendida por la señora Lilibeth Guerra Córdoba, en el informe rendido el 2 de febrero de 2006 por la Policía Judicial y el testimonio del señor Yovanny Enrique Ojeda Ramos –ver. Párr.3.3.3., 3.3.5. y 3.3.9.2.- Pese a lo anterior, comoquiera que ni de las pretensiones ni de la interpretación integral del libelo demandatorio se desprende que se haya solicitado reparación alguna por este concepto, la Sala no comprenderá la detención acaecida el 25 de diciembre de 2005 en el análisis de la posible responsabilidad extrapatrimonial del ente acusador, el cual se circunscribirá únicamente a la privación comprendida entre el 9 y el 17 de febrero de 2006.
Ahora bien, se probó que la investigación adelantada en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio terminó con preclusión proferida por la Fiscalía Catorce Delegada ante los Jueces Penales del Circuito en resolución de 24 de julio 2006 por cuanto “(…) lo único que existe en contra del sindicado de marras es lo anotado anteriormente, lo cual no tiene valor de testimonio, ni de indicio, solo nos puede servir como criterios orientadores de la investigación y además todo fue desmentido por IVÁN ARROYO HERNÁNDEZ en su declaración rendida ante este despacho, en donde es claro en afirmar que en ningún momento le dijo a LILIBET que ALFONSO había matado a su hermano (…)” – ver. Párr. 3.3.10. Supra-.
En otras palabras, la preclusión tuvo como fundamento que no se probó que el señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña hubiera cometido la conducta punible por la que fue investigado, de donde, en principio, la privación de la libertad impuesta devendría injusta, en tanto se mantuvo incólume su presunción de inocencia. Pues, como señaló el ente acusador al resolver su situación jurídica con libertad y posteriormente, al precluir la investigación, el señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña fue señalado por la testigo Lilibeth Guerra Córdoba como presunto autor material del homicidio de su hermano, Edgar Esteban Guerra. Testimonio de oídas que identifica como fuente de información al señor Iván Arroyo Hernández cuando señaló que “hay testigos, uno se llama IVÁN, que era compadre de mi hermano, iban a bautizar al niño, él me dijo a mí inicialmente, me confirmó que ALFONSO había sido la persona que había matado a mi hermano, eso nos lo dijo como a comienzo de enero, dijo que EL POTE había llegado y le disparó” –párr. 3.3.4.-.
Así mismo se consignó en el informe de Policía Judicial rendido el 2 de febrero de 2006, que entrevistados los policiales Nolberto Benavides Guepus y José Robayo Rueda, encargados de atender la emergencia desatada por el asesinato del señor Guerra, manifestaron ante la Sijin que “escucho de los allí presentes que el que había asesinado al CHICHE había sido “PONCHO”. Manifiestan también los policiales que para ese día se entrevistaron con un ciudadano de nombre IVAN ARROYO, quien se encontraba presente cuando asesinaron a EDGAR, manifestando que el autor material era PONCHO, pero que tenía temor de decirlo por escrito por lo que le pudiera suceder a su vida” – ver. Párr. 3.3.5. supra-; lo cierto es que llamado a rendir testimonio, el señor Arroyo afirmó que al momento de los hechos estaba en su casa y aunque alcanzó a ver que un hombre armado le disparó a Edgar, que describió como “persona de estatura mediana, gruesa”, también señaló que no logró ver su cara, ni su color de piel toda vez que ya era de noche y la oscuridad se lo impidió. Así mismo, desmintió a la señora Lilibeth Guerra Córdoba, al punto que declaró que “[e]n ningún momento le he dicho a LILI que ALFONSO haya matado a EDGAR, las descripciones que di fue la que le dije a ella, se las dije también a la SIJIN” y puntualizó, al ser cuestionado acerca de sí podría reconocer a la persona que disparó en contra de la humanidad de Edgar Guerra Córdoba que “[n]o la puedo reconocer, yo la vi de espalda, de frente él tenía gorra”, de donde, como lo señaló la Fiscalía Catorce Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, los testimonios de oídas precitados quedaron sin basamento ante el señalamiento de la fuente de que no podría afirmar de manera inequívoca que reconoció al agresor, pues sólo lo vio de espalda, no percibió su color de piel, sólo determinó que se trataba de un hombre con contextura gruesa que no podría reconocer en diligencia de reconocimiento en fila.
Aunado lo anterior a que la versión de los hechos rendida por el procesado en su indagatoria fue corroborada por varios de los testigos, en la que manifestó no haber estado en el lugar de los hechos para el momento en que acaeció el asesinato, pues estuvo toda la tarde y hasta entrada la noche departiendo en una parranda vallenata a orillas del rio Hurtado y posteriormente, se dirigió, en compañía del señor Raúl Andrés Teherán, al estanco “Donde Ada”, lugar en el que se enteraron de la noticia referente a la muerte violenta de Edgar Esteban Guerra y donde, después de haberse acercado a dar condolencias a la familia del occiso, fue capturado por agentes de la Policía Nacional. En efecto, los señores Raúl Andrés Teherán, Jhon Jairo Ruiz Tejada, Yovanny Enrique Ojeda Ramos y Ada Luz Padilla, lo ubican en los lugares referidos por el encartado en su injurada, así como la testigo Esther Genith Ardila Vega declaró que vio a un hombre armado cuya descripción coincide con la otorgada por el señor Iván Arroyo, respecto del cual precisó que no se trataba de Alfonso Eliecer Gutiérrez Peña, a quien hubiera reconocido si hubiera sido él. De donde, los denominados “criterios orientadores de investigación”, que apuntaban a su posible responsabilidad fueron desvirtuados, de lo que se desprende la falta de prueba incriminatoria en contra del encartado penal.
Empero, pese a que se mantiene incólume la presunción de inocencia del encartado con base en la actividad procesal y probatoria desplegada, en el caso concreto, se encuentra probada la actuación gravemente culposa de la víctima, valorada civilmente desde los deberes que como ciudadano le son exigibles, en los términos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y 70 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo señalado en el artículo 63 del Código Civil, que define la culpa grave como la consistente “en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios” y el dolo como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.
Lo anterior, por cuanto quedó probada la presentación de un altercado entre el encartado y su vecino, Luís Fernando Guerra Bonilla el 24 de diciembre de 2005, del que dio cuenta el mentado señor, su esposa, Sonia Leonor Morales Morales y su hija, Lina Patricia Morales. Enfrentamiento físico que fue denunciado formalmente por el señor Bonilla y sobre el que rindió testimonio la señora Morales en el sentido de confirmar su ocurrencia – ver. Párr. 3.3.5 y 3.3.2. Supra-, quienes afirmaron que fueron injuriados y amenazados de muerte por el investigado sin motivo aparente, en compañía de su hermano y el señor Rodolfo Castilla el día 24 de diciembre, un día antes de la ocurrencia del homicidio. Altercado confirmado por el encartado en su injurada cuando indicó que “no tenía motivos para matar a ese muchacho, podía tener motivos contra Lucho, y no lo he hecho, que le metió una garnatada a mi hermano”.
Sobre este asunto, no queda duda de la existencia del altercado verbal y físico entre los señores Luis Fernando Guerra y Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña, que tiene la entidad para enervar la exoneración de la Fiscalía General de la Nación por cuanto la actuación del señor Gutiérrez Peña desconoció sus deberes ciudadanos. En efecto, el artículo 95 estableció como deberes de los nacionales, entre otros (i) respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios y (ii) propender por el logro y mantenimiento de la paz. Deberes cuyo cumplimiento omitió el señor Gutiérrez Peña el 24 de diciembre de 2005, cuando acudió a la fuerza para resolver sus diferencias con su vecino Luis Fernando Guerra Bonilla. Antecedente que fue valorado por la Policía Judicial y posteriormente por la Fiscalía General, al punto que, como se señala en la denuncia y en el testimonio rendidos por el señor Luis Fernando Guerra y ratificado por su esposa, se profirieron injurias y amenazas en su contra.
En efecto, señaló el señor Guerra que “el señor ALFONSO GUTIÉRREZ hizo una serie de amenazas, diciéndome que tenía que esconderme debajo de una piedra más grande porque yo no me iba a escapar para que me asesinaran y luego repitió en los mismos términos que me ofendía su hermano y salieron a armarse para llevar a cabo las repetidas amenazas”. En igual sentido, se lee en el informe de policía judicial rendido por la SIJIN que “(…) el día 26-12-2005, se presentaron ante la Inspección de Policía ubicado en la Permanente Central las señoras SONIA LEONOR MORALES MORALES (…) y LINA PATRICIA MORALES (…), esposa e hija del señor LUIS FERNANDO GUERRA BONILLA (…), quienes manifestaron que el día 24-12-2005, tuvieron inconvenientes con los señores ALFONSO y JORGE LUIS GUTIERREZ, ya que estos en estado de embriaguez y al parecer pasados de droga, intentaron pegarle al señor LUIS GUERRA, que posteriormente se presentaron armados con una escuadra (pistola), afirmando que el anterior era miembro de las autodefensas que opera en el corregimiento de Mariangola amenazándolos de muerte, que por esta razón instauraron la denuncia penal no. 166 del 26-12-2005 (…)”. Actuaciones estas que desconocen el deber de propender por el logro de la convivencia pacífica y de este modo, renunciar a la violencia como forma de resolver los conflictos y que resulta constitutivo de culpa grave comoquiera que se trata de un comportamiento abiertamente imprudente, contrario a las previsiones establecidas por el ordenamiento para la garantía de una adecuada convivencia social.
Ahora, otro asunto del que se da cuenta en el plenario es del posible temor de los vecinos en revelar la información relevante para esclarecer el homicidio. Así, indica el informe rendido por el Cuerpo Técnico de Investigación correspondiente al diligenciamiento de la misión de trabajo n°. 061 GH-CTI que “la gente de la cuadra está temerosa, se han mudado para otras residencias, actualmente se encuentra desocupada la vivienda demarcada con el No 21 -33 en la calle 13C (…) los habitantes del barrio La Popa se mostraron renuentes y desconfiados por temor a las represalias que pueda tomar la persona imputada, situación que ha retardado el esclarecimiento de los hechos” – párr.3.3.11. Supra-. Igualmente, la señora Lilibeth Guerra Córdoba, en ampliación de su declaración, dejó en claro que si no se había acercado con antelación a poner en conocimiento de las autoridades la información que conoció con posterioridad al homicidio, fue porque “amenazaron a mi hermano JAVIER, lo amenazó el hermano de ALFONSO y ALFONSO (EL POTE), le dijeron que él no había sido el que había matado a mi hermano pero que si algo así le pasaba los culpables íbamos a ser nosotros, mi hermano tuvo palabras con él y le recordaron una pelea que tuvieron el hermano de El Pote y mi hermano” – ver párr. 3.3.4. Supra-
Así las cosas, aunque el encartado rindió indagatoria y sus manifestaciones fueron concordantes con las de otros testigos, se echa de menos su colaboración con la administración de justicia en orden a procurar la investigación de los hechos, lo que también resulta constitutivo de culpa grave, conforme lo señala el artículo 14.6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968 y que hace parte del bloque de constitucionalidad conforme a los artículos 93 y 94 de la Constitución Nacional. Recuérdese que sobre la configuración de la culpa exclusiva de la víctima señaló la Corte Constitucional en sentencia C-037 de 1996, en apartado sobre el artículo 70 de la Ley Estatuaria de Administración de Justicia:
“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguno, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual "nadie puede sacar provecho de su propia culpa"- se destaca-.
Es que, dado que en el proceso penal se puede ver comprometido el derecho a la libertad de los ciudadanos, se demanda el desarrollo eficiente y completo de las investigaciones por parte de la administración de justicia, pero también la colaboración de los ciudadanos interesados, aunada dicha actuación procesal con un comportamiento ajustado a los deberes y obligaciones que constitucionalmente le son impuestos para una adecuada convivencia social. Deberes desconocidos por el señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña, al ejercer la violencia verbal e inclusive física, tanto previamente como con posterioridad a los hechos investigados y, que dan lugar a la configuración de su culpa grave y por ende, no da lugar a la reparación. Razones por las cuales la Sala revocará la decisión de primera instancia, para negar los perjuicios solicitados.
5. Costas
No hay lugar a la imposición de costas, toda vez que de las actuaciones del proceso no se colige la existencia de temeridad o mala fe en los términos del artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 2 de septiembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cesar y en su lugar, ABSOLVER a la Nación – Fiscalía General de la Nación y Nación-Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
SEGUNDO. En firme esta providencia, REMITIR la actuación al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO
Presidenta
RAMIRO PAZOS GUERRERO
Magistrado
DANILO ROJAS BETANCOURTH
Magistrado
En el precedente jurisprudencial es pacífica la premisa según la cual el término bienal de caducidad de la acción de reparación directa, previsto en el art. 136 del C.C.A., debe computarse desde “la ejecutoria de la providencia judicial que determina la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión”. Para el caso concreto, la resolución de 24 de julio de 2006 mediante la cual se precluyó la investigación penal seguida en contra del señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña quedó ejecutoriada el 8 de agosto siguiente, conforme lo certificó la Fiscalía Catorce Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar y la demanda en el caso sub examine fue presentada el 27 de julio de 2007 del mismo año, por lo cual no se había cumplido el término bienal de caducidad de la acción consagrado en el artículo 136 del C.C.A.
La señora Ada Luz Padilla Vásquez declaró el 29 de septiembre de 2009, en audiencia de recepción de testimonio ante el Tribunal Administrativo del Cesar, lo siguiente: “PREGUNTADO: ¿Conoce usted al señor ALFONSO ELIÉCER GUTIÉRREZ PEÑA, a la madre y hermanos de éste, en caso afirmativo, indique sus nombres, cuánto tiempo hace y por qué razón los conoce. CONTESTÓ: Sí conozco a ALFONSO ELIÉCER GUTIÉRREZ PEÑA desde niño, también conozco a su madre, la señora MARÍA PEÑA y a sus hermanos JAVIER GUTIÉRREZ, JORGE LUIS GUTIÉRREZ PEÑA que le dicen El NEGRO, NAYIBE y CARLOS JULIO. Es de aclarar que CARLOS JULIO y NAYIBE son hermanos de madre, JAVIER, JORGE LUIS y PONCHO son hermanos de padre y madre. Los conozco porque ellos fueron vecinos míos hace muchos años (…)” – se destaca. Declaró el señor Obando Díaz, en la misma fecha, ante el a quo: “PREGUNTADO: ¿Conoce usted al señor ALFONSO ELIÉCER GUTIÉRREZ PEÑA, a la madre y hermanos de éste, en caso afirmativo, indique sus nombres, cuánto tiempo hace y por qué razón los conoce. CONTESTÓ: Sí, conozco a ALFONSO ELIÉCER GUTIÉRREZ PEÑA, desde que estaba pelao, hace muchos años, alrededor de 15 o 16 años. Así mismo conozco a su madre señora MARÍA PEÑA, también conocía a su papá señor ELÍAS GUTIÉRREZ. A través de ARMANDO MOSCOTE yo conocía a toda su familia. Sus hermanos son el NEGRO, JORGE LUIS, JAVIER, NAYIBE que es hermana de madre. Hay dos hermanos de madre y el resto de padre y madre” – se destaca-. El señor Fernández Pérez, también rindió declaración sobre este asunto, en los siguientes términos: “PREGUNTADO: ¿Conoce usted al señor ALFONSO ELIÉCER GUTIÉRREZ PEÑA, a la madre y hermanos de éste, en caso afirmativo, indique sus nombres, cuánto tiempo hace y por qué razón los conoce. CONTESTÓ: Sí, tomábamos juntos, era parrandero el viejo. La madre es la señora MARÍA PEÑA BATISTA, el papá era ELÍAS GUTIERREZ ARAUJO, fallecido. Sus hermanos son JAVIER GUTIÉRREZ, JORGE LUIS, NAYIBE y CARLOS JULIO, los que yo conozco” – se destaca-. Posteriormente, en diligencia de testimonio llevada a cabo el 16 de febrero de 2006 ante la Fiscalía Catorce Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, la señora Sonia Leonor Morales Morales, esposa del señor Luís Fernando Guerra Bonilla, ratificó el dicho del denunciante, confirmado la agresión infligida por el señor Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña, así como las amenazas de muerte y posterior actitud intimidatoria, al punto que no pudo salir de su casa en lo restante del 24 de diciembre de 2005 (fol. 173 a 174, c. ppal.). Señala la mencionada certificación “el suscrito director del noticiero La Tribuna del Cesar, que se emite por Radio Guatapurí, certifica que por los noticieros de esta emisora se transmitió la noticia sobre la captura de Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña, sindicado de la muerte con arma de fuego del árbitro de softbol Édgar Esteban Guerra Córdoba, el día 13 de febrero de 2006”. Aunque no se aportan íntegras las páginas de los diarios, de donde se desconoce, en qué fecha, diario y edición aparecieron las mencionadas notas periodísticas, se advierte que se trata de recortes de periódico en los que se aprecian los titulares: 1) “un músico habría asesinado a Juez de Softbol en Valledupar”, señala la nota que “el Comandante de la Policía del Cesar, coronel Luis Javier Velásquez Abad, confirmó que el supuesto asesino responde al nombre de Eliécer Gutiérrez Peña, de 31 años, contra quien pesa una orden de captura por el delito de homicidio, la cual se hizo efectiva para la respectiva investigación. (…) El detenido negó a los medios de participación su participación y vinculación en un delito que según él no cometió. “A mí me detienen y no encuentro las razones para ello, soy inocente y puedo responder por un delito que no cometí (…)” (fol. 30, c. ppal.);
2) “Capturan sindicado de homicidio de juez de softbol”, señala la nota: “(…) la Policía Nacional, en su boletín da cuenta que contra Alfonso Eliécer Gutiérrez Peña reposa una orden de captura que lo sindica del delito de homicidio anterior; por lo que con la colaboración suministrada por la comunidad las autoridades lo aprehendieron” (fol. 31, c. ppal.). Titulan los los recortes “Muerte de juez de sóftbol: Me confundieron con alguien con quien tengo parecido” (fol. 32, c. ppal.) y “Yo no maté a nadie, por eso estoy libre” (fol. 32 y 33, c. ppal.).
[18]. A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no sólo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto éstas son decisiones equivalentes a aquélla para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, exp: 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, exp: 13.449.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de mayo de 2012, Exp. 23.174, M.P. Ruth Stella Correa.
Sentencia de 2 de mayo de 2007, exp. 15.463. En el mismo sentido, sentencias de 23 de abril de 2008, exp. 17.534 y de 25 de febrero de 2009, exp. 25.508, entre otras. Sobre el concepto de daño antijurídico, ha dicho la Sala: “A pesar de que el artículo 90 de la Constitución es claro en señalar que el Estado “responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables”, lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico no existe definición normativa del concepto de daño antijurídico. Por ello, la jurisprudencia nacional, siguiendo algunos parámetros de la doctrina extranjera, dada la similitud de los artículos 106 de la Constitución Española y 90 de la Constitución Colombiana, ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”; o también se ha entendido como el daño que se produce a una persona a pesar de que “el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de ‘causales de justificación”. Sentencia de 5 de diciembre de 2005, exp. 12.158. Sentencia de ésta misma Subsección, proferida el 6 de abril de 2011 dentro del expediente 19.225, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp.17933, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, exp. 37722, C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez.
[20] Al respecto pueden consultarse las sentencias que dictó la Sección Tercera: 25 de julio de 1994, exp. 8483. C.P. Carlos Betancur Jaramillo; 21 de octubre de 1994, exp. 9.618, C.P. Julio César Uribe Acosta; 12 de abril de 2002, exp. 13.922, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; 5 de diciembre de 2005, exp. 23.218, C.P. María Elena Giraldo Gómez; y auto de 22 de mayo de 2003, exp. 23.532, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
[21] Sentencia C–100 que dictó la Corte Constitucional el 31 de enero de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[22] Corte Constitucional, sentencia C–430 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, sentencias C-484 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-455 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-423 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis
[24] El artículo 83 Constitucional reza: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 2 de mayo de 2007; exp.15.463, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 30 de marzo de 2011, exp. 19565, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sección Tercera, Subsección “C”, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia de 13 de abril de 2011, exp. 19889; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 26 de febrero de 2014, exp. 29.541, C.P. Enrique Gil Botero; Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de 2009; C.P. Ramiro Saavedra Becerra; exp.17.188; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 11 de julio de 2013, exp. 27.463, C.P. Enrique Gil Botero. Esta Corporación en jurisprudencia reiterada ha señalado el deber de la judicatura de adentrarse al estudio integral de los extremos fácticos que circunscriben la causa petendi y los razonamientos jurídicos de manera armónica con lo pretendido.
Así, ha dicho esta sección que “[e]s por lo mismo que el principio de congruencia se encuentra sujeto en sus alcances a los poderes, deberes de que goza el juzgador, referentes al estudio e interpretación integral de la demanda y a la búsqueda de su verdadero sentido, de acuerdo con los hechos probados en el proceso.” Lo anterior, teniendo en cuenta que “su análisis no puede llegar a tal punto de modificar los puntos estructurales de la demanda, creando o modificando peticiones o hechos que nunca se formularon o señalaron”. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, C. P.: María Elena Giraldo Gómez, sentencias de 27 de junio de 2002, exp. 21040 y de 23 de enero de 2003, exp. 22113.; Sección Tercera, Subsección C, C. P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, exp. 48812; Sección Tercera, C. P.: Mauricio Fajardo Gómez, sentencia de 23 de junio de 2010, exp. 20345.
Señala el artículo 14.6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968 y que hace parte del bloque de constitucionalidad conforme a los artículos 93 y 94 de la Constitución Nacional. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.
Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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