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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2009-00045-01

Acción de reparación directa

Fecha
30 de marzo de 2017
Consejero ponente
Ramiro Pazos Guerrero

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2009-00045-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A REVOCAR la sentencia del 14 de abril de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, y en su lugar se dispone: PRIMERO. Negar las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. Sin costas. TERCERO. En firme esta providencia devuélvase el expediente a la Corporación de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 20001-23-31-000-2009-00045-01

Consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero

30 de marzo de 2017

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD – Rebelión, y receptación / SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA POR EL DELITO DE REBELIÓN / CONDENA POR EL DELITO DE RECEPTACIÓN / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - No configurada / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA

Contra Richard Alberto Araque González se inició investigación penal por los delitos rebelión y receptación, luego de que efectivos del Ejército Nacional y de la Policía Nacional en desarrollo de labores de registro y control en el corregimiento de San Jose de Oriente en el municipio de La Paz (Cesar), encontraron que el vehículo que conducía, aparecía reportado como hurtado, según denuncia instaurada el 12 de febrero de 2002. A su vez, de acuerdo con informes de policía allegados a la investigación, el señor Araque González fue señalado por los habitantes del corregimiento de San José de Oriente como miembro activo del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Por órdenes de la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar estuvo privado de la libertad desde el 27 de octubre de 2002 hasta el 27 de octubre de 2003. El 5 de marzo de 2003 se profirió resolución de acusación y el 27 de octubre de 2003 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar profirió sentencia en la que fue condenado por el delito de receptación y absuelto por el delito de rebelión en razón a que resultó infundado el señalamiento que se le hiciera como integrante del ELN o las FARC en los informes de inteligencia que dieron lugar a su captura (…) [D]esde la óptica del juez de reparación directa existen indicios serios de que el señor Richard Alberto Araque González actuó con culpa grave por cuanto fue hallado conduciendo un vehículo reportado como hurtado, sumado a la circunstancia de no poder justificar durante la actuación la forma en que lo adquirió, los términos de la negociación y la razón por la cual no verificó como es debido, la procedencia lícita del vehículo antes de su compraventa, situación que lo llevó a asumir el riesgo de ser vinculado a actividades de grupos subversivos al margen de la ley, que si bien no tuvieron incidencia en la responsabilidad penal por el delito de rebelión, le dejaron expuesto en este caso, para ligar el hecho de haberlo encontrado en posesión de un vehículo, que fue hurtado por miembros del E.L.N. como se encuentra demostrado a partir de la denuncia formulada por el señor Álvaro Rodríguez (…) [U]na condena como la que afrontó el señor Araque González por el delito de receptación, lo sometió al albur de ser vinculado con las actividades ilícitas perpetradas por grupos al margen de la ley, aunque finalmente no se hallara prueba de su vinculación o militancia a este grupo guerrillero (…) En este punto, para la Sala es evidente que el señor Richard Alberto Araque González, con su propio actuar omisivo, se expuso imprudentemente al daño (…) En consecuencia, esta Sala revocará la providencia de primera instancia, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Regulación normativa / DAÑO ANTIJURÍDICO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE

El estatuto jurídico de la responsabilidad del Estado tiene su fundamento a partir del postulado general previsto en el artículo 90 de la Constitución, que establece como presupuestos básicos la causación de un daño antijurídico y su imputación a una autoridad pública, merced del título que el juez halle consonante con la realidad probatoria de cada caso. En lo que hace a los daños por la privación de la libertad, el art. 68 de la Ley 270 de 1996 reconduce a su reconocimiento cuando esta haya sido injusta. No obstante, por injusto no solamente ha de entenderse lo abiertamente arbitrario, sino toda restricción frente a la cual no exista un deber de soportar. Desde esta perspectiva, la jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que existe una obligación objetiva de responder frente a las hipótesis que traía el art. 414 del Decreto 2700 de 1991.

CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA – Configuración

[D]esde la óptica del juez de reparación directa existen indicios serios de que el señor Richard Alberto Araque González actuó con culpa grave por cuanto fue hallado conduciendo un vehículo reportado como hurtado, sumado a la circunstancia de no poder justificar durante la actuación la forma en que lo adquirió, los términos de la negociación y la razón por la cual no verificó como es debido, la procedencia lícita del vehículo antes de su compraventa, situación que lo llevó a asumir el riesgo de ser vinculado a actividades de grupos subversivos al margen de la ley, que si bien no tuvieron incidencia en la responsabilidad penal por el delito de rebelión, le dejaron expuesto en este caso, para ligar el hecho de haberlo encontrado en posesión de un vehículo, que fue hurtado por miembros del E.L.N. como se encuentra demostrado a partir de la denuncia formulada por el señor Álvaro Rodríguez (…) [U]na condena como la que afrontó el señor Araque González por el delito de receptación, lo sometió al albur de ser vinculado con las actividades ilícitas perpetradas por grupos al margen de la ley, aunque finalmente no se hallara prueba de su vinculación o militancia a este grupo guerrillero (…) En este punto, para la Sala es evidente que el señor Richard Alberto Araque González, con su propio actuar omisivo, se expuso imprudentemente al daño (…) En consecuencia, esta Sala revocará la providencia de primera instancia, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO

Bogotá, D.C., Treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 20001-23-31-000-2009-00045-01(42001)

Actor: RICHARD ALBERTO ARAQUE GONZÁLEZ

Demandado: LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

No existiendo causas para nulidad lo actuado, corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada (fl. 550 a 558 c.5), contra la sentencia del 14 de abril de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual declaró administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios morales infringidos a los demandantes, con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Richard Alberto Araque González, durante el periodo del 27 de octubre de 2002 al 27 de octubre de 2003 (fls. 523-547, c. ppal.).

SÍNTESIS

Contra Richard Alberto Araque González se inició investigación penal por los delitos rebelión y receptación, luego de que efectivos del Ejército Nacional y de la Policía Nacional en desarrollo de labores de registro y control en el corregimiento de San Jose de Oriente en el municipio de La Paz (Cesar), encontraron que el vehículo que conducía, aparecía reportado como hurtado, según denuncia instaurada el 12 de febrero de 2002. A su vez, de acuerdo con informes de policía allegados a la investigación, el señor Araque González fue señalado por los habitantes del corregimiento de San José de Oriente como miembro activo del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Por órdenes de la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar estuvo privado de la libertad desde el 27 de octubre de 2002 hasta el 27 de octubre de 2003. El 5 de marzo de 2003 se profirió resolución de acusación y el 27 de octubre de 2003 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar profirió sentencia en la que fue condenado por el delito de receptación y absuelto por el delito de rebelión en razón a que resultó infundado el señalamiento que se le hiciera como integrante del ELN o las FARC en los informes de inteligencia que dieron lugar a su captura.
ANTECEDENTES

1. PRETENSIONES

Mediante escrito presentado el 14 de septiembre de 2005, ante el Tribunal Administrativo del Cesar, los señores Rosalba Cañizares Guevara y Richard Alberto Araque González, este último actuando en nombre propio y en representación de sus menores hijos Richard Enrique Araque Muñoz, Nallyn Alberto Araque Muñoz, Anyela Michell Araque Cañizares y Yania Marcela Araque Cañizares, a través de apoderado judicial presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas (fol. 23 a 37 c.1):

Primera.- Que la Fiscalía General de la Nación es administrativamente responsable de los perjuicios materiales, morales y daño a la vida de relación causados al señor RICHARD ALBERTO ARAQUE GONZÁLEZ y a sus demás familiares por la detención preventiva por más de doce (12) meses de que fue objeto y haberse decretado absolución a su favor.

Segunda.- Condenar en consecuencia a la Nación Colombiana - Fiscalía General de la Nación, a pagar a los accionantes o a quien represente legalmente sus derechos, como reparación o indemnización, los perjuicios de orden material, moral y a la vida de relación, los cuales se estiman como mínimo en la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, o conforme a lo que resulte probado dentro del proceso.

Tercera.- La condena respectiva deberá ser actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A. y se reconocerán intereses legales y moratorios desde la fecha de la ocurrencia de los hechos, y de los perjuicios morales hasta cuando se le dé cabal cumplimiento a la sentencia que le ponga fin al proceso.
(…)

Los hechos. En el escrito de demanda se dijo que Richard Alberto Araque González fue capturado el 27 de octubre de 2002, por miembros del Departamento de Policía de Cesar. Fue puesto a disposición de la Fiscalía 10 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar, autoridad que lo sindicó de los delitos de rebelión y receptación e impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. Se señaló que llamado a juicio, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar, mediante sentencia del 27 de octubre de 2003, absolvió al demandante por el delito de rebelión, decisión que cobró ejecutoria el 10 de noviembre de 2003.

Manifestó que en total, estuvo privado de la libertad un tiempo aproximado de 12 meses con la consecuente afectación moral propia y de su familia, y la imposibilidad de aportar económicamente a su hogar (fls. 24 a 26, c. 1).

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. La Nación – Fiscalía General de la Nación, contestó la demanda (fls. 50 -62, c.1) y se opuso a las pretensiones por considerarlas carentes de fundamentos fácticos y jurídicos. La medida de aseguramiento se impuso, con base en indicios y pruebas que reunieron los requisitos exigidos por el artículo 356 del C. de P. P. vigente para la época de los hechos, en su orden, i) los informes rendidos por el Ejército Nacional, en el que se señaló al procesado con el alias de “frijolito” integrante del frente 41 de las FARC, capturado cuando conducía el vehículo hurtado en el mes de febrero de 2002 por un grupo subversivo y que se utilizara posteriormente en el mes de octubre de ese mismo año para hurtar un camión con verduras que fue llevado a San José de Oriente; ii) otras pruebas de las cuales infirió la Fiscalía que el demandante pertenecía a la guerrilla, con la misión específica de ejecutar labores de inteligencia para el grupo guerrillero. Propuso como excepción la culpa exclusiva de la víctima, por cuanto el demandante fue capturado por encontrarse conduciendo un vehículo que había sido hurtado, de lo cual tenía conocimiento, tal como lo estableció el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar, siendo condenado por el delito de receptación. Esta circunstancia acreditada junto con las demás pruebas aportadas al proceso penal llevó a la Fiscalía a inferir que Richard Alberto Araque González había participado con este vehículo en el hurto de un camión que llevaba víveres y verduras, hecho que lo vinculaba con la subversión.

LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia del 14 de abril de 2011 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda (fl. 522-546, c. ppal.). Como fundamento estimó que aun cuando la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en señalar que se debe responder por los daños derivados de la privación en los casos en que se exime de responsabilidad penal, quedaría exento de responsabilidad el Estado, en aquellos casos en los cuales el mismo procesado da lugar con su conducta dolosa o gravemente culposa, a la imposición de la medida o al adelantamiento del proceso.

En el caso concreto de la privación del demandante, consideró a partir de las pruebas recaudadas que el señor Richard Alberto Araque González fue privado de la libertad el 27 de octubre de 2002 y el día 1º de noviembre se dictó medida de aseguramiento en su contra. Si bien el 4 de marzo de 2003, le fue concedida libertad, nunca se hizo efectiva debido a que al día siguiente se dictó resolución de acusación.

Finalmente en sentencia del 27 de octubre de 2003, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar fue absuelto por el delito de rebelión y condenado por receptación, último delito frente al cual se le concedió la suspensión de la ejecución de la pena, en consecuencia se revocó la medida de aseguramiento, para en su lugar otorgarle la libertad provisional, luego de haber permanecido 12 meses privado de la libertad.

El a quo concluyó que el señor Araque González i) estuvo procesado por rebelión y receptación, ii) fue absuelto de rebelión y condenado por receptación; iii) por receptación obtuvo la suspensión condicional de la ejecución de la pena, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 del Código Penal; iv) el delito por el que estuvo privado de la libertad durante doce meses fue rebelión y frente al mismo fue absuelto.

Lo injusto de la detención se concreta en que no era procedente la imputación por el delito de rebelión y en consecuencia la imposición de medida restrictiva de la libertad. El juez resaltó que fue privado de la libertad por el delito de rebelión, sin que el Estado lograra desvirtuar la presunción de inocencia.

Encontrando administrativamente responsable a la entidad demandada el a quo accedió al reconocimiento de perjuicios morales en la suma de 60 salarios legales mensuales vigentes para el demandante Richard Araque González, 50 salarios para su esposa y 30 salarios para cada uno de sus hijos.

Negó el reconocimiento de indemnización por perjuicios materiales porque no se acreditó que el señor Richard Araque González al momento de su captura ejerciera actividad productiva alguna. No accedió al reconocimiento de indemnización por perjuicios a la vida de relación ante la ausencia de prueba que indicara la forma como ocurrió la captura, de la divulgación de la noticia en los medios de comunicación y del impacto social que produjo este hecho en el medio en el cual desarrollaba su actividad.

SEGUNDA INSTANCIA

1. RECURSO DE APELACIÓN

La Fiscalía General de la Nación recurrió la sentencia de primer grado (fls. 550 a 577, c. ppal). Se opuso a la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada bajo el régimen de responsabilidad objetiva.

En el presente caso sí existieron los indicios graves de responsabilidad para que el fiscal de conocimiento hubiese proferido medida de aseguramiento en contra de Richard Alberto Araque González, en cada etapa, de conformidad con los artículos 56 y 97 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, durante el juzgamiento, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar, en aplicación del principio in dubio pro reo consideró que la prueba recaudada en el proceso penal no señala la certitud que demanda el artículo 232 del C. P. P. a Araque González como un subversivo.

Invocó la inexistencia de daño antijurídico, por cuanto este es uno de los casos en que la víctima estaba en la obligación de soportar la detención preventiva, como compensación de la vida en comunidad y contribución a la recta administración de justicia.

Sustentó la configuración de la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, por cuanto ni el procesado ni su defensor hicieron uso del control de legalidad de la medida de aseguramiento previsto por el artículo 392 de la Ley 600 de 2000.

Acusó falencia probatoria de la parte demandante, toda vez que no aportó al proceso las decisiones emitidas por la entidad, tampoco la certificación expedida por el director del establecimiento carcelario para probar la efectiva privación de la libertad, aportó copias simples que no tienen valor de acuerdo con el artículo 254 del C. P. P. La parte demandante no demostró legalmente los perjuicios ocasionados.

En relación con los perjuicios morales señaló que se encuentran sobre estimados, de conformidad con los presupuestos consagrados por el Consejo de Estado en sentencia de 2 de mayo de 2007, donde se fijó un tope de 100 salarios legales mensuales vigentes.

2. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

Corrido el término para alegar de conclusión, la parte demandante guardó silencio, la entidad demandada reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación (fl. 612 a 619. c. ppal.)

El representante del Ministerio Público rindió concepto en el cual consideró que la privación de la libertad del demandante no constituye un daño antijurídico, teniendo en cuenta que el señor Richard Alberto Araque González con su actuar, al conducir un vehículo que había sido hurtado y con el cual al parecer se había cometido un delito por miembros de la guerrilla, dio lugar a que se iniciara el proceso penal en su contra.

Resaltó que si bien fue absuelto por el delito de rebelión también fue condenado por receptación, al encontrar el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar que aunque no había en el expediente una prueba seria y fundada de que el procesado respondiera al alias de “Frijolito” e hiciera parte de un grupo subversivo, si era posible concluir que el señor Richard Alberto Araque González tenía conocimiento de la ilicitud de su conducta relacionada con la compra del mencionado vehículo.

Respecto al argumento según el cual la privación de la libertad del demandante fue injusta porque al ser excarcelable la receptación, la detención se dio exclusivamente por el delito de rebelión del cual fue absuelto señaló que no es de recibo porque i) el actor fue procesado por dos delitos (receptación y rebelión), ii) aunque sólo fue condenado por receptación fue condenado a pena privativa de la libertad de dos años de prisión, superior al tiempo durante el cual permaneció privado de su libertad en cumplimiento de la medida de aseguramiento.

Agregó que si bien el Código Penal vigente al momento de la ocurrencia de los hechos establecía una pena privativa de la libertad de dos a ocho años de prisión para el delito de receptación, que hacía procedente la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el hecho de que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar le hubiera concedido dicho mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad no implica que la privación de la libertad analizada en el caso concreto fuera injusta, pues la suspensión condicional de la ejecución de la pena no suprime la condena impuesta al actor.

Sostuvo que en el proceso penal se logró desvirtuar la presunción de inocencia del demandante en lo relativo a la autoría del delito de receptación. En tal sentido, concluye que no se configura en el caso concreto la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, por no haberse causado al demandante un daño antijurídico con la medida de aseguramiento a él impuesta en el proceso penal.

Finalmente solicitó a esta Corporación revocar la sentencia de primera instancia (fl. 621 a 632, c. ppal.).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. PRESUPUESTOS PROCESALES

1.1. Jurisdicción, competencia y acción procedente. Como el extremo pasivo está integrado por una entidad pública, corresponde el conocimiento del asunto a esta jurisdicción, de conformidad con el art. 82 del C.C.A. Igualmente, con fundamento en el art. 129 del C.C.A. y lo dispuesto en la Ley 270 de 1996 (arts. 65,68 y 73) la Sala es competente para resolver en sede de apelación el caso, sin distingo de cuantía. Finalmente, por la naturaleza de lo que se debate, el horizonte procesal se rige por el art. 86 del C.C.A., bajo el trámite de reparación directa.

1.2. La legitimación en la causa. Por activa: se encuentra acreditado el interés que le asiste al señor Richard Alberto Araque González como afectado directo al haber sido privado de su libertad. Los demás demandantes derivan su interés de la calidad de familiares del directamente afectado, vínculo que se encuentra debidamente probado, con lo cual se satisface el carácter dual de la legitimación procesal (legitimación de hecho y legitimación material), en este caso, de la señora Rosalba Cañizares Guevara en calidad de cónyuge (fol. 21 y 22 c.1), los señores Richard Enrique Araque Muñoz (fol. 17 c.1), Nallyn Alberto Araque Muñoz (fol. 18 c.1), Yania Marcela Araque Cañizares (fol. 20 c.1) y Anyela Michell Araque Cañizares (fol. 21 c.1) en calidad de hijos del privado de su libertad, de conformidad con los registros civiles de nacimiento obrantes en el plenario.

Por pasiva: teniendo en cuenta que la demanda fue interpuesta contra la Fiscalía General de la Nación y al encontrar la Sala que el daño que se alega tiene su fuente exclusiva en las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, entidad que de conformidad con el art. 249, inc. 3 de la Constitución y el art. 49 de la Ley 446 de 1998 goza de autonomía e independencia, encuentra legitimada en la causa por pasiva a la entidad demandada.

1.3. La caducidad

Para efectos de comprobar que el presente caso no ha sido alcanzado por la caducidad prevista para la acción de reparación directa en el art.136 nº 8 del C.C.A. y, determinada allí en dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho; es necesario tener en cuenta que por tratarse de la responsabilidad derivada de una privación injusta de libertad, ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación que la certeza del daño aparece cuando la providencia que absuelve o precluye adquiere ejecutoria; por lo cual, los dos (2) años empezarán a correr a partir del día siguiente de aquél suceso procesal.

Se sabe por la constancia de ejecutoria obrante a folio 15 reverso del cuaderno 1 expedida por la Secretaría del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar, que la sentencia proferida por ese despacho el 27 de octubre de 2003 y mediante la cual se absolvió de responsabilidad penal por el delito de rebelión y se le condenó por receptación, quedó en firme el día 10 de noviembre de 2003.

A partir del 11 de noviembre de 2003 tenían los demandantes el plazo de dos años para presentar la acción, encontrando la Sala que la demanda de reparación directa se interpuso de manera oportuna, el 14 de septiembre de 2005 (fol. 37 reverso c.1).

2. HECHOS PROBADOS

(i) Validez de los medios de prueba (copias simples y declaraciones trasladadas). Comoquiera que uno de los argumentos de apelación de la entidad demandada para solicitar la revocatoria del fallo de primera instancia guarda relación con la falta de aptitud de las pruebas provenientes del proceso penal por no cumplir con las reglas de la autenticación contenidas en el art. 254 del C.P.C., y en tal medida, la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le correspondía en los términos del art. 177 del C.P.C., la Sala comenzará por decir, que en este punto, la razón se aparta de la afirmación de la recurrente.

Corolario del estado actual de la jurisprudencia de esta Corporación, es posible sostener que los documentos obrantes en copia simple tienen mérito probatorio, cuando se constate alguna de las siguientes hipótesis: a) que la parte contra quien se aducen, habiendo tenido la oportunidad de controvertirlos, los de por ciertos, no los desconozca ni los tache de falsos; b) que la parte contra quien se aducen los alegue igualmente como prueba; c) que la parte contra quien se aducen conserve el original; d) cuando se trate del trámite de reconstrucción de expedientes y e) cuando habiéndose convocado a reconocer el documento se obre con renuencia y evasivas. Lo anterior, con fundamento en la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, el acceso a la administración de justicia y el principio de la buena fe, entre otros, que vienen a constituir una especie de interdicción al exceso de rigor procesal, que no pocas veces lacera el ejercicio y el acceso efectivo a las garantías constitucionales y de justicia.

Para el presente caso, estima la Sala, que aún si no se le diera ningún mérito al sello y la firma que la secretaría del Juzgado impuso a los documentos allegados junto con la demanda, hay lugar para valorarlos conforme a la primera de las sub reglas jurisprudenciales, habida cuenta que fueron incorporados al expediente mediante el decreto de pruebas (fl. 256, c. 1), estuvieron al alcance de la contradicción por parte de la entidad demandada, sin que esta hubiera puesto reparo o tacha alguna siendo, además, que los documentos a que se hace referencia se produjeron a instancias de dicha entidad y con ocasión del proceso penal. Al respecto, de manera expresa se ha dicho:
En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar –de modo significativo e injustificado- el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P).
Así mismo, dentro del expediente penal obran declaraciones, que para que puedan ser valoradas se aplicará el criterio de interpretación teleológico y sistemático atribuido al art. 229 de C.P.C., de conformidad con lo expuesto en la sentencia de la Sección Tercera - Sala Plena del 11 de septiembre de 2013, como quiera que se cumple uno de los presupuestos allí establecidos, es decir: “cuando sólo una de las partes solicita que se traslade el testimonio y, allegado éste al proceso sin haberse ratificado, la parte contra la que se aduce lo utiliza para probar los hechos que son de su interés, evento en el cual también puede afirmarse que ambas partes quisieron prescindir del requisito de ratificación”.
Por tanto, de acuerdo con el respaldo probatorio obrante en el proceso se encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes:

2.1. A través del oficio n.º 2257/SIJIN-DECES del 27 de octubre de 2002, el Jefe Seccional de Policía Judicial e Investigación del departamento del Cesar dejó a disposición de la Fiscalía de Reacción Inmediata de Valledupar al señor Richard Alberto Araque González, quien fue capturado cuando conducía un vehículo campero, marca Chevrolet Samurai, color vino tinto que figuraba como hurtado desde el 12 de febrero de 2002 en jurisdicción el municipio de San Diego (Cesar) (fol. 106 a 108 c.1). La captura se dio dentro de las actividades de registro y control que adelantaba la Policía en el corregimiento de San José del Oriente, en jurisdicción del Municipio de la Paz (Cesar) (fl. 106-107 c.ppal).

2.2. Con fundamento en lo anterior, el 28 de octubre de 2002, la Fiscalía Séptima Local U.R.I. Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Valledupar – Unidad de Reacción Inmediata ordenó la apertura de instrucción en contra del señor Araque González por la presunta comisión del delito de rebelión. También se indicó que como el demandante se encontraba detenido y puesto a disposición de esa Fiscalía, debía elaborarse la respectiva boleta de retención (fol. 124 c.1), por lo que mediante oficio n.º 081 de la misma fecha se solicitó al Comandante de Policía del Cesar y/o Cárcel Judicial de Valledupar que se mantuviera detenido al imputado Richard Alberto Araque González mientras se realizaba la indagatoria (fol. 125 c.1).

2.3. En oficio n.º 0772/SIJIN/AINDE del 31 de octubre de 2002, la Seccional de Policía Judicial e Investigación del Departamento de Policía Cesar remitió a la Fiscalía Séptima Local Unidad de Reacción Inmediata el documento n.º 1494 / BR”-CO7-C2-INT-252 del Jefe de Estado Mayor Comando Operativo n.º 7 con un informe y grabación realizada por el Ejército Nacional donde se señalaba que el señor Richard Alberto Araque González pertenecía al frente 41 “Cacique Upar” del Bloque Caribe de las FARC-EP (fol. 113 a 123 c.1).

2.4. En la indagatoria rendida por el señor Richard Alberto Araque González ante la Fiscalía Séptima Local Unidad de Reacción Inmediata afirmó que no pertenece a ningún grupo al margen de la ley (fol. 126 a 129 c.1).

2.5. Al procesado Richard Alberto Araque González le fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva al estar investigado por el delito de rebelión -artículo 357 del C.P.P.- (fol. 130 c.1).

2.6. El 1 de noviembre de 2002 la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito – Unidad de Delitos contra el Patrimonio Público resolvió la situación jurídica del sindicado y le impuso al señor Richard Alberto Araque González medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad, como presunto responsable de la conducta punible de rebelión. Esta decisión se adoptó bajo las siguientes consideraciones (fol. 143 a 146 c.1):

En relación a la responsabilidad del sindicado ARAQUE GONZÁLEZ, se fundamenta en los informes provenientes de las Fuerzas Militares, donde se indica que este pertenece, al grupo subversivo, con el alias de “Frijolito”, de igual manera se tiene como hecho cierto el que el vehículo que conducía el sindicado, había sido hurtado en el mes de febrero en el municipio de san Diego , según denuncia Nº 234 de fecha 12 de febrero del presente año, y del cual no ha dado una explicación satisfactoria de cómo lo adquirió, solo indicó haberlo comprado a un fulano llamado FABIO, de quien no tiene más datos, no conoce su dirección, no indico su precio, y del cual no se le entregó documento alguno; vehículo que porta las mismas características, del utilizado por miembros de la subversión, para hurtarse otro vehículo cargado de verduras, el día 23 de octubre del año que transcurre, y que indicara el afectado, los responsables del hecho se transportaban en un carro cabinado samurái, color vino tinto; características que coinciden con el vehículo que conducía el sindicado el día de su captura, y del cual no diera explicaciones satisfactorias sobre su procedencia. De allí que estos hechos nos permitan establecer que el hoy sindicado ARAQUE GONZÁLEZ, pertenece al grupo subversivo, y deba ser cobijado con medida de aseguramiento; al considerarse que, se dan los presupuestos que exige el artículo 355 y 356, del C.P.P, para decretar la medida de aseguramiento, en contra del sindicado, RICHARD ALBERTO ARAQUE GONZÁLEZ, a quien se le debe privar de la libertad por cuanto que su comportamiento, aunado a los demás integrantes del grupo subversivo, pretenden desestabilizar el régimen legal constituido, ejecutando acciones que afecten al conglomerado social, quien se mantiene en constante zozobra debido a las incursiones de grupos al margen de la Ley.

Como consecuencia de ello líbrese boleta de detención en su contra con destino al Director de la cárcel judicial y/o Comandante estación de Policía Cesar, lugar donde se encuentra recluido el sindicado.”
(…)

2.7. El 6 de noviembre de 2002, el Capitán del Departamento de Policía Cesar - Jefe Sijin Enrique Manuel Báez León rindió declaración jurada ante la misma Fiscalía, donde manifestó lo siguiente (fol. 152 a 153 c.1):

(…) [C]omo a eso de las ocho d ela (sic) mañana me llamó una patrulla me informó que en la veredacde abjo (sic) habían unos vehículos que mandara personal técnico en automotores para su respectiva revisión, para lo cual se envió al sargento TORRES SUAREZ y Agente PERSI RAMOS entre otros, los cuales fueron a atender el caso encontrando el vehículo SAMURAI rojo al cual le pidieron antecedentes y figuraba hurtado en el municipio de San Diego, por lo cual se retuvo al señor RICHARD ALBERTO ARAQUE GONZÁLEZ inicialmente por el delito de Receptación, siguiendo con nuestra investigación y según lo que nos comentó un ciudadano del Corregimiento quien no quiso decir nombres no (sic) dijo que averiguáramos sobre un hurto de un camión de víveres en el municipio de la paz, al solicitar a la Central de datos sobre ese hurto del camión se pudo constatar en la denuncia penal, hacía referencia a ese mismo vehículo con las características que estaba pintado de rojo y negro, dándose a entender que ese participó en el Hurto Calificado llevándose el camión y la carga de víveres amenazando a los propietarios con armas de fuego, cuando ya los teníamos (sic) capturado lo llevamos al centro de acopio y otra persona nos informa que el señor RICHARD en ese vehículo posteriormente llevó el camión con víveres y repartieron en el corregimiento y la otra parte de la carga se la llevó al grupo Guerrillero E.L.N. que delinque en esa zona para su abastecimiento, con esos indicios se dejó a disposición el señor tanto por el hurto del Vehículo en el grado de Receptación y sobre el Hurto Calificado cometido al camión de víveres hurtado en la Paz, al otro día 28 de los cursantes, fui informado por el señor Jefe de Inteligencia del batallón de que por intermedio de radiometrías o escanias guerrilleros de la FARC y del ELN, realizaron un operativo en el Corregimiento de san José donde dieron captura a uno de sus compinches e integrantes de la FARC Frente 41 Alias Frijolito y otro del E.L.N. Alias el Pollo o medio Metro, es el caso que judicializo el DAS, por lo cual se pudo determinar que Alías Frijolito corresponde al señor RICHARD ALBERTO ARAQUE GONZÁLEZ y tomando como base esa escaneo se solicitó una copia por escrito al comandante Operativo No. 7 para que fuese anexada a este proceso Judicial. (…)”

2.8. El 4 de marzo de 2003, la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar ordenó la libertad del sindicado Araque González al haber transcurrido más de 120 días desde su captura sin que se hubiera realizado la calificación del mérito sumario (fol. 249 a 250 c.1), por lo que el 5 de marzo de 2003 la Fiscal Cuarta Seccional expidió la boleta de libertad n.º 2 dirigida al Director Cárcel Judicial y/o Penitenciaria Nacional (fol. 253 c.1).

2.9 Sin embargo, el 5 de marzo de 2003, la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar profirió resolución de acusación contra el señor Richard Alberto Araque González por los delitos de rebelión y receptación (fol. 254 a 300 c.1). De esta decisión se destacan los siguientes apartes:

Con estas pruebas analizadas todas y cada una en conjunto, se concluye que el informe policivo sindica de manera directa a ARAQUE GONZÁLEZ, de haberse encontrado en su poder el vehículo automotor que le fuese hurtado al señor ÁLVARO RODRÍGUEZ, el año anterior; conociéndose además como acaecieron los hechos, las circunstancias de tiempo, modo, lugar, hora y fecha de ellos, pues con ello se demuestra la ocurrencia de la conducta punible de RECEPTACIÓN.
(…)
Para determinar la adecuación típica contamos con el informe emanado del departamento de Policía Cesar Nº 0772 de fecha octubre 31 del año anterior; sobre el orden de batalla donde se observa que RICHARD ALBERTO ARAQUE GONZÁLEZ, conocido con el alias de frijolito, es integrante del frente 41 de las Farc-Ep. De igual manera contamos con el informe emanado de las Fuerzas Militares, de fecha octubre 30 del año 2002, donde se informa sobre la captura de ARAQUE GONZÁLEZ, alias frijolito, quien pertenece al grupo subversivo, que opera en la región de San José de Oriente.

De igual manera reposa en el plenario, el informe policivo que da cuenta de la aprehensión del sindicado, conduciendo el vehículo hurtado, en el mes de febrero del año anterior por un grupo subversivo y que se utilizara posteriormente en el mes de octubre por miembros de la guerrilla para hurtar un camión de verduras el cual fue llevado a la zona de San José de Oriente estas circunstancias procesales tal como lo indica la segunda instancia, hacen credibles (sic) y verosímiles los informes policivos. Situación que también lo reconocieron los cabecillas de dicha organización delictiva a través de comunicación que les fue interceptada y donde se daba cuenta de la captura del hoy sindicado ARAQUE GONZÁLEZ, de quien si bien es cierto no se indicaba su nombre en la comunicación, se debe tener en cuenta que esta fue efectuada en la región donde vive y opera el procesado, a quien se le encontró en su poder el vehículo hurtado y que había sido utilizado por el grupo subversivo para hurtar otro vehículo cargado de verduras. (…)”

2.10. En esa misma fecha se libró la orden de captura n.º 0699715 en contra del señor Araque González por los delitos de rebelión y receptación (fol. 302 c.1).

2.11. Mediante sentencia proferida el 27 de octubre de 2003 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar emitió las siguientes decisiones: i) absolvió al señor Richard Alberto Araque González del delito de rebelión y, como consecuencia de ello, le concedió la libertad provisional y revocó la medida de aseguramiento que pesaba en su contra por este delito y, por otra parte, ii) condenó al señor Araque González a la pena de 2 años de prisión y multa de 2 s.m.l.m.v. por el delito de receptación y le concedió la suspensión provisional de la ejecución de la pena (fol. 383 a 396 c.2). A continuación se transcribe un aparte relevante de la providencia en mención:

Por los anteriores argumentos el despacho considera que la prueba recaudada en el proceso no señala con la certitud que demanda el artículo 232 del C.P.P., a RICHAR ARAQUE GONZÁLEZ como un subversivo, no existió prueba testimonial, documental o técnica que así lo demostrara de manera seria, reduciéndose la imputación a la mera circunstancia de tener en su poder un vehículo que al parecer había utilizado el ELN en esa población y otra aledaña, para llevar a cabo fechorías, sin demostrarse tampoco si el vehículo era o no el mismo porque tampoco se destruyó el dicho del encausado en el sentido de que en el pueblo existen otros automotores similares.

Por este delito se le concederá la libertad provisional al procesado en los términos del numeral 3º del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, debiendo suscribir diligencia de compromiso en los términos del artículo 368 ibídem, debiendo otorgar caución de $100.000. Una vez suscrita la diligencia compromisoria expídase la boleta de libertad.

Pero si tuvo razón la Fiscalía en los cargos que imputó por el delito de RECEPTACIÓN porque no solo se deduce del precio del rodante, la forma en que lo adquirió, la ausencia de conocimiento respecto de la persona que realizó el negocio, la no entrega de los documentos del vehículo para soportar la legal posesión, sino de la circunstancia en que se llevó a cabo la compra porque no pudo explicar satisfactoriamente si fue por el vehículo hasta la Guajira o se lo trajeron a San José de Oriente, demostrándose con esto que efectivamente tenía conocimiento de su ilicitud al comprar un vehículo que si bien no sabía dónde había sido hurtado, si se podía pensar e ingerir (sic) con suma claridad que su precio lo decía todo: modelo 2000 por $2`500.000, además que según su dicho no pensaba sacarlo de esa población, lo que indica que si lo sacaba se los incautarían las autoridades.
(…)
El delito de RECEPTACIÓN está sancionado con prisión de 2 a 8 años y multa de 5 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los extremos de la pena de prisión generan un ámbito punitivo de movilidad de 6 meses y cuartos de 18 meses. No se dedujeron circunstancias de mayor punibilidad de carácter subjetivo como tampoco las observa el despacho de carácter objetivo, como si la ausencia de antecedentes penales, por lo tanto la pena oscila en el primer cuarto, y de acuerdo a los fundamentos del artículo 61 ibídem no se hará incremento punitivo de modo que la pena que se impondrá será la de dos (2) años de prisión y multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2002.
(…)
El beneficio establecido en el artículo 63 del código penal conocido como la suspensión condicional de la ejecución de la pena se le concederá al procesado no solo porque la sanción es inferior a los 36 meses de prisión sino porque sus antecedentes personales, sociales y familiares, como la modalidad y gravedad de la conducta punible no indican la ejecución de la pena. Se sustentan estos argumentos en las constancias procesales que señalan a ARAQUE GONZÁLEZ como un sujeto padre de familia, trabajador que desempeña labores licitas como recolector de café trasportador de personas en el corregimiento de San José de Oriente, con carencia de antecedentes penales o negativos de otra índole. Por ello se le suspenderá la pena por un periodo de prueba de dos (2) años en los que deberá cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 65 del código penal (…)”

2.12. Está probado dentro del expediente que el señor Richard Alberto Araque González fue privado de la libertad el 27 de octubre de 2002, cuando fue puesto a disposición de la Fiscalía de Reacción Inmediata de Valledupar al haber sido capturado mientras conducía un vehículo campero, marca Chevrolet Samurai, color vino tinto que figuraba como hurtado el 12 de febrero de 2002 (fol. 106 a 108 c.1), y fue puesto en libertad hasta el 5 de noviembre de 2003 luego de que se profiriera la sentencia dentro del proceso penal.

2.13. La sentencia penal quedó debidamente ejecutoriada el 10 de noviembre de 2003 (fl. 16 reverso c. 1).

3. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala establecer si conforme a los elementos jurídicos y probatorios del caso, hay lugar declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial por la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Richard Alberto Araque González, en el marco de la investigación penal por los delitos de rebelión y receptación, que culminó con sentencia absolutoria en relación con el primer delito por aplicación del in dubio pro reo y de condena por el delito de receptación, frente a la cual se concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

4. ANÁLISIS DE LA SALA

4.1. La responsabilidad del Estado en los casos de privación injusta.

El estatuto jurídico de la responsabilidad del Estado tiene su fundamento a partir del postulado general previsto en el artículo 90 de la Constitución, que establece como presupuestos básicos la causación de un daño antijurídico y su imputación a una autoridad pública, merced del título que el juez halle consonante con la realidad probatoria de cada caso. En lo que hace a los daños por la privación de la libertad, el art. 68 de la Ley 270 de 1996 reconduce a su reconocimiento cuando esta haya sido injusta. No obstante, por injusto no solamente ha de entenderse lo abiertamente arbitrario, sino toda restricción frente a la cual no exista un deber de soportar. Desde esta perspectiva, la jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que existe una obligación objetiva de responder frente a las hipótesis que traía el art. 414 del Decreto 2700 de 1991, por cuanto:

Valga anotar, respecto de la responsabilidad estatal en los supuestos consagrados en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que el espíritu de la norma se ha mantenido incluso más allá de su derogatoria, fundada en el artículo 90 de la Carta y así mismo en profundas consideraciones sobre lo irrazonable y desproporcionado que comporta sostener que los asociados están obligados a soportar la carga de ser privados de su libertad y a ver alterado gravemente el disfrute sus derechos fundamentales, sin razón constitucional que lo justifique.

La jurisprudencia también ha considerado comprometida la responsabilidad del Estado cuando se absuelve con fundamento en el indubio pro reo:

“[S]i se atribuyen y se respetan en casos como el sub judice los alcances que en el sistema jurídico nacional corresponden tanto a la presunción constitucional de inocencia como al principio-valor-derecho fundamental a la libertad ─cuya privación cautelar está gobernada por el postulado de la excepcionalidad, según se ha expuesto─, resulta indiferente que el obrar de la Administración de Justicia al proferir la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y luego absolver de responsabilidad penal al sindicado en aplicación del principio in dubio pro reo, haya sido un proceder ajustado o contrario a Derecho, en el cual resulte identificable, o no, una falla en el servicio, un error judicial o el obrar doloso o gravemente culposo del agente judicial, pues si la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar el daño que le fue irrogado, devendrá en intrascendente –en todo sentido– que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la Administración de Justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo”.

Sobre el instituto del indubio pro reo, se ha hecho una distinción sustancial entre el “indubio pro reo nominal” y el “indubio pro reo real”; por cuanto, “la simple invocación por parte del juez penal de “dudas” sobre la responsabilidad penal del inculpado, no es suficiente para concluir que se está en la presencia de una duda razonable”. En el primero de los casos, las dubitaciones del juez hacen parte de su acervo psicológico, en el segundo, de la imposibilidad de deducir del acervo probatorio el grado de certeza necesario para imponer la responsabilidad.

En ese orden de ideas, quien haya estado privado de la libertad, le bastará, en principio, con probar que ha sido absuelto por cualquiera de las cuatro hipótesis posibles para deprecar la reparación del daño, merced de un régimen objetivo de responsabilidad, que no se concentra en sancionar a quien produjo el daño, sino en dejar indemne a quien ha tenido que padecerlo; a menos, claro está, que por las particularidades del caso, se deba poner en evidencia la falla en que haya podido incurrir la administración de justicia.

Finalmente, el circuito normativo de la responsabilidad objetiva del Estado por privación injusta de la libertad no se ocluye con el art. 68 de la Ley 270 de 1996, sino que a este pertenece igualmente el art. 70 ejusdem, que refiere a los eventos en los cuales el daño se atribuya a una culpa exclusiva de la víctima, capaz de abatir la responsabilidad que ab initio le puede caber al Estado. Esta disposición tiene su arraigo en un principio básico del derecho que indica que nadie puede sacar ventaja de su propia torpeza [nemo auditur propiam turpitudinem allegans], pero, además, en el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el ordenamiento interno se sustenta desde los arts. 83, 90 y 95 de la Constitución.
4.1.1. El juicio autónomo sobre el dolo civil o culpa grave de la víctima.

El Estado es garante de derechos y deberes, y en tal sentido, de responsabilidades y de exigencias. Por ello, “en el marco de la responsabilidad civil extracontractual las causales de exoneración se encuentran a cargo del Estado o pueden ser declaradas de oficio”. Esto implica que a la par con la obligación de reparar una privación injusta, se debe verificar que el pretensor haya respetado los estándares generales de conducta, que se imponen por igual a todas las personas, conforme a principios y presupuestos ineludibles para la convivencia dentro del orden constitucionalmente establecido. De esta manera, se edifica una limitante a la posibilidad de que alguien saque provecho de su propia culpa y se haga indemnizar a expensas de sus actos.

Desde luego, así como no se discute que en respaldo de la presunción de inocencia, la absolución en un juicio penal es indicativa de un deber jurídico de reparar; tampoco hay resistencia en admitir que la comprobación de un actuar civilmente doloso, en los términos del art. 63 del C.C., traslada la imputación hacia el propio sujeto y exime a las autoridades que determinaron la medida privativa; esto, por cuanto, el actuar de la víctima no mengua la antijuridicidad del daño, pero sí supone un juicio de atribución diferente.

De esta manera, el estudio de la culpa y el dolo civil en asuntos de responsabilidad administrativa es independiente de las valoraciones y conclusiones a que se haya llegado en materia penal, ya que “los efectos de la sentencia penal (…), no se transmiten respecto del estudio de la responsabilidad extracontractual del Estado, al margen de que ambas se hayan originado en los mismos hechos”. En esa medida, la imbatibilidad de la presunción de inocencia no constituye un emplazamiento indemnizatorio automático, ya que el juez contencioso debe asegurarse que el daño se haya materializado con total ajenidad de una conducta gravemente culposa del reclamante. El dolo civil, en cuanto categoría exonerativa, reviste el siguiente alcance:

Al respecto, la doctrina expresa que existen dos nociones concordantes sobre el dolo civil. Una establece elementos esenciales: i) que sea un acto intencional; ii) que sea reprensible, esto es, contrario al orden social, a la moral o a las buenas costumbres; iii) que sea determinante; iv) que sea realizado por uno de los contratantes y v) que sea probado por quien lo alega. La otra expresa que cualquier acto inmoral que cause daño a otro, constituye, por eso solo, aún en ausencia de norma que lo prohíba, un delito civil. Así las cosas, el dolo civil es un acto que, sin estar necesariamente opuesto a una norma expresa, si va en contra del interés general, la moral, los intereses prevalentes de sujetos de especial protección o las buenas costumbres, es fuente de obligaciones y constitutiva de atribución de responsabilidad.

En definitiva, la responsabilidad del Estado por privación injusta no se puede afirmar ni infirmar, hasta tanto se lleve a cabo el análisis de que trata el art. 70 de la Ley 270 de 1996, en los términos anteriormente expuestos.

4.2. Del caso concreto

4.2.1. El daño como primer elemento de la responsabilidad. En consideración a que la entidad demandada invocó la inexistencia de daño antijurídico por encontrarse la víctima en la obligación de soportar la detención preventiva, aunado al concepto rendido por el representante del Ministerio Público según el cual, el demandante fue condenado por el delito de receptación a una pena privativa de dos años, superior al tiempo que permaneció privado de la libertad con ocasión de la medida de aseguramiento impuesta y que el mecanismo de la suspensión condicional de la ejecución de la pena no suprime la condena, debe esta Sala determinar si en el presente evento se acredita la existencia de un daño antijurídico.

Se encuentra debidamente acreditado, conforme las pruebas indican que Richard Alberto Araque González fue privado de la libertad el 27 de octubre de 2002, cuando fue puesto a disposición de la Fiscalía de Reacción Inmediata de Valledupar al haber sido capturado mientras conducía un vehículo campero, marca Chevrolet Samurai, color vino tinto que figuraba como hurtado el 12 de febrero de 2002 (fol. 106 a 108 c.1), y recobró su libertad hasta el 5 de noviembre de 2003 luego de que se profiriera la sentencia dentro del proceso penal.

Ahora bien, debe precisarse que en los inicios de la investigación penal, la Fiscalía General de la Nación dispuso la apertura de instrucción con fundamento en el artículo 331 del C. de P. P. por la presunta comisión del delito de rebelión contemplado en el artículo 467 del Código Penal (fl. 124 c1)

En la resolución del 1º de noviembre de 2002, la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar impuso medida de aseguramiento de detención preventiva contra Richard Alberto Araque González como presunto responsable del delito de rebelión (fol. 143 a 146 c.1).

Los elementos de convicción que para la Fiscalía Delegada dieron lugar a la imposición de la medida de aseguramiento, contenidos en la resolución que definió la situación jurídica del procesado, son en su orden:

Informe suscrito por el Jefe Seccional de Policía Judicial Cesar, “que da cuenta de la captura del sindicado ARAQUE GONZÁLEZ quien conducía un vehículo que había sido hurtado, en la población de San Diego Cesar, en el mes de febrero del año que transcurre; y con el cual se llevó a cabo el hurto de un camión cargado de verduras el día 20 del mes de octubre del presente año y donde se indica que le (sic) hoy sindicado es la persona encargada de llevarle los vehículos a la guerrilla y a quien toda la población conoce por su actividad”.

La copia de la denuncia “instaurada el día 23 de octubre del presente año, por el señor JAVIER DARIO LÓPEZ MEDINA, conductor del camión hurtado de placas XVJ-613, donde se transportaba las verduras, hecho este que según el denunciante fue perpetrado por miembros del grupo subversivo del ELN, los cuales se transportaban en un carro cabinado samuray color vino tinto sin placas”.

Informe n.º 0772 SIJIN AIND, emanado del Departamento de Policía Cesar, de fecha octubre 31, suscrito por el S.S. JAIRO ARNOLDO TORRES RAMOS, funcionario de policía judicial donde se reporta: “que RICHARD ALBERTO ARAQUE GONZÁLEZ alias Frijolito es integrante del frente 41 cacique UPAR bloque del caribe de las FARC-EP, según datos originados en la sección de inteligencia electrónica, allegados de la Jefatura del Estado mayor del Comando Operativo n.º 7 del Ejército Nacional de Valledupar”

Informe n.º 1494 BR2-CO7-C2-INT 252, de fecha octubre 30 del presente año, “emanado de las Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, suscrito por el coronel Luis Miguel González Monroy, Jefe de Estado Mayor comando operativo n.º 7, se conoce que Richard Alberto Araque González, alias Frijolito identificado con la C.C. No. 77.028.198 de Valledupar, es integrante de la cuadrilla 41 de las FARC y así lo reconocieron los cabecillas de dicha organización delictiva, a través de comunicación que les fue interceptada y donde se daba cuenta de la captura del hoy sindicado ARAQUE GONZÁLEZ”.

Denuncia formulada por el señor Javier Darío López Medina, según la cual “se conoce que el vehículo incautado al hoy sindicado por sus características fue utilizado por miembros del ELN, para llevar a cabo el hurto del camión cargado con verduras, el día 23 de octubre del presente año”.

Informes provenientes de las autoridades policivas y militares que dan cuenta en sus reportes, sobre la participación del hoy sindicado en las filas de la subversión a quien se conoce con el alias de “Frijolito”.

Para la Sala emerge con claridad que la razón jurídica de la imposición de la medida de aseguramiento no fue otra distinta que la presunta participación de Richard Alberto Araque González en el delito de rebelión, conforme se extrae de las conclusiones vertidas por la Fiscalía en la referida providencia:

De allí que estos hechos nos permitan establecer que el hoy sindicado ARAQUE GONZÁLEZ, pertenece al grupo subversivo, y deba ser cobijado con medida de aseguramiento; al considerarse que, se dan los presupuestos que exige el artículo 355 y 356 del C. P. P. para decretar medida de aseguramiento en contra del sindicado RICHARD ALBERTO ARAQUE GONZÁLEZ, a quien se debe privar de la libertad por cuanto que con su comportamiento, aunado a los demás integrantes del grupo subversivo, pretenden desestabilizar el régimen legal constituido, ejecutando acciones que afectan al conglomerado social, quien se mantiene en constante zozobra debido a las incursiones de grupos al margen de la Ley (fl. 145)

El 5 de marzo de 2003, la Fiscalía Décima Delegada profirió resolución de acusación por los delitos de rebelión y receptación, último delito que se adicionó a la calificación inicial frente al punible por el cual se había impuesto la medida de aseguramiento (f. 150 -156 c. 1).

Para establecer la existencia del daño antijurídico debe señalarse que la investigación penal nº 148363 culminó con la sentencia proferida el 27 de octubre de 2003, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar en la que fue absuelto por el delito de rebelión y condenado por el de receptación a la pena de dos años de prisión y multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (f. 242-250 c. de pruebas 1).

La parte motiva de la providencia estableció como conclusión para absolver del delito de rebelión al señor Richard Alberto Araque González:

Por los anteriores argumentos el despacho considera que la prueba recaudada en el proceso no señala con la certitud que demanda el artículo 232 del C.P.P., a RICHAR ARAQUE GONZÁLEZ como un subversivo, no existió prueba testimonial, documental o técnica que así lo demostrara de manera seria, reduciéndose la imputación a la mera circunstancia de tener en su poder un vehículo que al parecer había utilizado el ELN en esa población y otra aledaña, para llevar a cabo fechorías, sin demostrarse tampoco si el vehículo era o no el mismo porque tampoco se destruyó el dicho del encausado en el sentido de que en el pueblo existen otros automotores similares.

Por su parte, consideró la responsabilidad del procesado en el delito de receptación:

“Pero si tuvo razón la Fiscalía en los cargos que imputó por el delito de RECEPTACIÓN porque no solo se deduce del precio del rodante, la forma en que lo adquirió, la ausencia de conocimiento respecto de la persona que realizó el negocio, la no entrega de los documentos del vehículo para soportar la legal posesión, sino de la circunstancia en que se llevó a cabo la compra porque no pudo explicar satisfactoriamente si fue por el vehículo hasta la Guajira o se lo trajeron a San Jose de Oriente, demostrándose con esto que efectivamente tenía conocimiento de su ilicitud al comprar un vehículo que si bien no sabía dónde había sido hurtado, si se podía pensar e ingerir (sic) con suma claridad que su precio lo decía todo: modelo 2000 por $2`500.000, además que según su dicho no pensaba sacarlo de esa población, lo que indica que si lo sacaba se los incautarían las autoridades.”

En la misma providencia el juez penal decidió conceder al sindicado el beneficio de la condena de ejecución condicional, al estimar que se reunían en su caso los requisitos legales objetivos y subjetivos, así:

(…)
El delito de RECEPTACIÓN está sancionado con prisión de 2 a 8 años y multa de 5 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los extremos de la pena de prisión generan un ámbito punitivo de movilidad de 6 meses y cuartos de 18 meses. No se dedujeron circunstancias de mayor punibilidad de carácter subjetivo como tampoco las observa el despacho de carácter objetivo, como si la ausencia de antecedentes penales, por lo tanto la pena oscila en el primer cuarto, y de acuerdo a los fundamentos del artículo 61 ibídem no se hará incremento punitivo de modo que la pena que se impondrá será la de dos (2) años de prisión y multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2002.
(…)
El beneficio establecido en el artículo 63 del código penal conocido como la suspensión condicional de la ejecución de la pena se le concederá al procesado no solo porque la sanción es inferior a los 36 meses de prisión sino porque sus antecedentes personales, sociales y familiares, como la modalidad y gravedad de la conducta punible no indican la ejecución de la pena. Se sustentan estos argumentos en las constancias procesales que señalan a ARAQUE GONZÁLEZ como un sujeto padre de familia, trabajador que desempeña labores licitas como recolector de café trasportador de personas en el corregimiento de San José de Oriente, con carencia de antecedentes penales o negativos de otra índole. Por ello se le suspenderá la pena por un periodo de prueba de dos (2) años en los que deberá cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 65 del código penal (…)”

De acuerdo con lo anterior, colige la Sala que el delito de rebelión a partir del cual se impuso la medida preventiva de detención en contra del demandante reviste de antijuridicidad por virtud de la decisión que le exoneró de responsabilidad penal. Si bien, se encuentra acreditado que el demandante fue merecedor de sanción punitiva por la comisión del delito de receptación, no puede entenderse retributiva a la privación de la libertad de que afrontó el demandante, por las razones que a continuación se enunciarán.

La imposición de la medida de aseguramiento se dispuso por la presunta comisión del delito de rebelión. En caso de haberse efectuado la calificación jurídica por el punible de receptación no resultaba procedente la medida privativa de la libertad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos, a raíz de la declaratoria de inexequibilidad del aparte pertinente de la referida normativa que incluía este delito como susceptible de medida de aseguramiento.

A su vez, con ocasión de la sentencia condenatoria el juez penal halló procedente la suspensión condicional de la ejecución de la pena al encontrar reunidos los requisitos previstos por el artículo 63 del Código Penal, los cuales se citan a continuación:

ARTÍCULO 63. SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA. La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia, se suspenderá por un período de dos (2) a cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos:
1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de tres (3) años.
2. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta punible sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena.
La suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad no será extensiva a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible.
El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad concurrentes con ésta. En todo caso cuando se trate de lo dispuesto en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, se exigirá su cumplimiento.

En el caso particular del demandante la pena impuesta por el delito de receptación, los antecedentes sociales y familiares que lo señalaron como padre de familia y trabajador además de la ausencia de antecedentes penales lo hicieron beneficiario de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Corresponde reiterar que esta Subsección ha considerado que la suspensión condicional de la ejecución de la pena es uno de aquellos subrogados penales o medidas sustitutivas de la pena de prisión o arresto, concedidas a la persona condenada que cumpliera los requisitos establecidos en la ley, relacionados con el tiempo de la detención y con sus condiciones subjetivas.

Así mismo se ha precisado que la Corte Constitucional, acogiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, consideró que los subrogados penales, cuando se cumplieran los requisitos legales, constituían un derecho del condenado y no una gracia o favor que dependiera del simple arbitrio del juez:

Según las disposiciones transcritas, para que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad pueda conceder la condena de ejecución condicional o la libertad condicional, debe verificar tanto factores objetivos que se refieren, en ambos casos, al quantum de la pena y al cumplimiento parcial de aquélla en el evento de la libertad condicional, como factores subjetivos, relacionados básicamente con la personalidad del condenado, que permiten determinar si éste necesita tratamiento penitenciario o si, después de haber cumplido parte de la pena, es apto para reincorporarse a la sociedad. Una vez demostrados estos requisitos, al condenado le asiste un verdadero derecho al subrogado penal, y su otorgamiento, por tanto, no podrá considerarse como una gracia o favor que dependa del simple arbitrio del juez. Sobre este punto (en relación con la condena de ejecución condicional), la Corte Suprema de Justicia ha señalado:
"El Instituto de la condena de ejecución condicional (art. 68 del C. Penal), ciertamente no debe mirarse como una gracia sino como un beneficio-derecho, pues al paso que el primer concepto traduce, en la aplicación del subrogado, una libérrima discrecionalidad del juez, esto es, que sólo su voluntad determina lo que al respecto debe hacerse, la segunda noción, que trata de darle solidez, equilibrio, respetabilidad y eficacia a este paliativo de la sentencia de condena, impone su concesión cuando se dan ciertas condiciones. En otras palabras, mientras que en la gracia no es dable invocar factores que lleven inevitablemente a su otorgamiento, a no ser que el juez quiera considerar digno de la misma al procesado, en el beneficio se da cierta perentoriedad al cumplirse con ciertas exigencias o requisitos". Ahora bien: es pertinente anotar que la institución de los subrogados penales, obedece a una política criminal orientada a la mitigación y la humanización de la sanción punitiva. En efecto, en el marco del Estado social de derecho la pena, como instrumento adecuado para servir a los fines de prevención, retribución y resocialización, debe ser necesaria, útil y proporcionada; esto significa que si los mismos fines pueden lograrse por otros medios sancionatorios, debe preferirse el menos severo (pues el más restrictivo dejaría de ser necesario y útil), en aras de garantizar la dignidad del condenado. En términos del ilustre tratadista Luigi Ferrajoli el "argumento decisivo contra la inhumanidad de las penas es (...) el principio moral de la persona humana, enunciado por Beccaria y por Kant con la máxima de que cada hombre, y por consiguiente también el condenado, no debe ser tratado nunca como un "medio" o "cosa", sino siempre como un "fin" o "persona (...) Esto quiere decir que más allá de cualquier argumento utilitario el valor de la persona humana impone una limitación fundamental a la calidad y cantidad de la pena. (...) Resulta por eso un argumento no sólo pertinente sino decisivo e incondicionado a favor de la humanidad de las penas, en el sentido de que toda pena cualitativa y cuantitativamente  (superflua por ser) mayor que la suficiente para frenar reacciones informales más aflictivas para el reo puede ser considerada lesiva para la dignidad de la persona". Teniendo en cuenta estos principios y la necesidad de orientar la ejecución de la pena hacia la resocialización, el legislador colombiano ha considerado que si un condenado, dada las características del hecho punible y sus rasgos personales, no necesita de la privación física de la libertad para readaptarse a la sociedad, debe brindársele la oportunidad de cumplir con su condena, mediante mecanismos que, sin dejar de ser eficaces, comporten una menor aflicción.

Y es que es evidente, como ya lo ha expresado esta Corporación, que "lo que compromete la existencia de la posibilidad de resocialización no es la drástica incriminación de la conducta delictiva, sino más bien la existencia de sistemas que, como los subrogados penales y los sistemas de redención de la pena, garanticen al individuo que rectifica y enruta su conducta, la efectiva reinserción en la sociedad". HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C-679-98.htm" \l "_ftn4" \o ""  (subraya la Corte). En este sentido, las formas que ha previsto el legislador para que aquéllos que reúnen los requisitos cumplan con menor rigor su condena, se traducen en una serie de obligaciones tales como 1) informar todo cambio de residencia; 2) ejercer oficio, profesión u ocupación lícitos; 3) reparar los daños ocasionados por el delito, salvo cuando demuestre que está en imposibilidad de hacerlo; 4) abstenerse de consumir bebidas alcohólicas; 5) someterse a la vigilancia de las autoridades o presentarse periódicamente ante ellas o ante el consejo de patronato o institución que haga sus veces; 6) observar buena conducta, 7) garantizar el cumplimiento de estas obligaciones mediante caución (artículos 69 y 73 del Código Penal) .

Desde esta perspectiva, la privación de la libertad que afrontó el señor Richard Alberto Araque González se tornó injusta porque en la etapa investigativa el delito por el que finalmente fue condenado no admitía la imposición de medida de aseguramiento y en la etapa de juicio se encontró que el demandante cumplía con los requisitos exigidos por el Código Penal para obtener el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

En tal sentido, aunque se encuentre acreditado que finalmente el demandante fue condenado por el delito de receptación a una pena de prisión, de no ser por la imputación por el delito de rebelión frente al cual obtuvo la absolución, no hubiera sido afectado por la privación de la libertad dispuesta por la Fiscalía General de la Nación.

4.2.2. Se conoce igualmente, que la privación fue ordenada por la Fiscalía General de la Nación, y en tal sentido, –en principio- el daño le es imputable a dicha entidad, conforme al régimen subjetivo de responsabilidad bajo el cual se recoge el presente caso, por estar acreditado que no procedía la imposición de medida preventiva restrictiva de la libertad por el delito frente al cual resultó condenado el demandante, la ausencia de elementos de convicción que dieron lugar a la absolución por el delito de rebelión que originó la imposición de medida de aseguramiento y en la etapa de juicio por demostrarse que era beneficiario de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

A estas alturas, lo único que enervaría la responsabilidad denotada, sería como se dijo antes, que la medida privativa de la libertad se hubiese estribado de manera eficiente y exclusiva en una conducta dolosa o gravemente culposa de la víctima. Por esta razón, la Sala subseguirá en su análisis.

En relación con la causal de exoneración de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima, alegada por la parte demandada, por no haberse formulado por el procesado o el defensor de la víctima el control de legalidad de la medida de aseguramiento previsto por el artículo 392 del C. de P. P., cabe señalar que si bien se acredita haberse formulado tal solicitud en la actuación procesal penal por parte de la defensa técnica del procesado, el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el artículo 70 ibídem, vigentes al momento de ocurrencia de esos hechos, establecían que tratándose de la libertad, la omisión de interponer los recursos legales no era constitutiva de culpa de la víctima.

Ahora corresponde examinar la solidez del argumento expuesto por el señor representante del Ministerio Público según el cual se configura la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, por la actuación que desplegó el señor Richard Alberto Araque González al “conducir un vehículo hurtado y con el cual al parecer se había cometido un delito por miembros de la guerrilla”, que dio lugar a que se iniciara el proceso penal en su contra.

Recuerda la Sala que el actor de esta demanda reclama se le reparen los daños causados en el marco de una investigación penal que se siguió en su contra en un inicio por el delito de rebelión y posteriormente en conjunto con el delito de receptación. Se reitera –por necesario- que este análisis no tiene por objeto controvertir las decisiones adoptadas en lo penal, ni la presunción de inocencia allí cristalizada, pero sí el dolo civil que excluye la responsabilidad del Estado. De esta forma, las valoraciones de la Sala son por completo autónomas e independientes y se reservan a los fines y efectos de esta jurisdicción.

Si bien, el Delegado del Ministerio Público centra su tesis, en el hecho del conocimiento que tenía el procesado ahora demandante, de la ilicitud de su conducta relacionada con la posesión de un vehículo hurtado, tal y como se encontró plenamente acreditado en la actuación procesal, hasta el punto que sustentó la condena impuesta por el delito de receptación, también debe considerarse que no pueden extrapolarse las consecuencias de este conocimiento al delito de rebelión imputado, por cuanto los supuestos fácticos acreditados para una conducta punible no le son admisibles al delito por el que resultó absuelto.

Sin perjuicio de lo anterior, es posible señalar que el juez penal contó con elementos de convicción suficientes para hallar responsable al demandante del delito de receptación, empero, la falencia probatoria que conllevó a la absolución por el delito de rebelión no obstruye en sede de reparación directa el análisis que frente al dolo civil y la culpa grave de la víctima pueda emprenderse.

Para la Sala, los elementos de convicción que a continuación se reseñan evidencian que la conducta del demandante contribuyó al adelantamiento de investigación penal en su contra.

a. Mediante oficio n.º 2257/SIJIN-DECES del 27 de octubre de 2002, el Jefe Seccional de Policía Judicial e Investigación del departamento del Cesar dejó a disposición de la Fiscalía de Reacción Inmediata de Valledupar al señor Richard Alberto Araque González, quien había sido capturado en hechos ocurridos a las diez (10:00) de la mañana de ese mismo día en el corregimiento de San José de Oriente en la jurisdicción del municipio de La Paz, cuando conducía un vehículo campero, marca Chevrolet Samurai, color vino tinto que figuraba como hurtado desde el 12 de febrero de 2002 en jurisdicción el municipio de San Diego (Cesar) (fol. 106 a 108 c.1). El oficio mencionado señaló:

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 del C. P. P., comedidamente me permito dejar a disposición de ese despacho judicial Richard Alberto Araque González, identificado con la C.C. nro. 77.028.598 expedida en Valledupar (Cesar), estado civil casado, grado de estudios primarios, ocupación conductor, hijo de Marcelino y Lourdes, residente en el barrio Betania del corregimiento de San José de Oriente. El vehículo de las siguientes características:

Clase: Campero
Marca: Chevrolet Samuray
Tipo: Cabinado
Color: Vino tinto
Modelo: 2000
Motor: G13BA675976
Chasis: 9GDSJS00VYB516819
Placas: AKJ -355

Hechos. El día 27-10-02; siendo las 10:00 horas aproximadamente, cuando no encontrábamos realizando labores de registro y control en corregimiento de SAN JOSÉ DE ORIENTE jurisdicción del municipio de la Paz Cesar; en ese lugar procedimos a realizar el pare al vehículo en mención el cual era conducido por el dejado a disposición; una vez realizada la requiza (sic) respectiva y procediendo a verificar los sistemas de identificación del automotor relacionado por medio sistemas de automotores figura AUTOMOTOR HURTADO; hechos ocurridos el día 120202 en Jurisdicción del municipio de San Diego Cesar cuando portaba las placas BVA-783 radicada denuncia nro. 234 de fecha 12022002, diligencias recepcionadas en la unidad de denuncias del CTI Valledupar, denunciante ALVARO RODRIGUEZ identificado con la C.C. nro. 91.070.819 expedida en Bucaramanga SDR, residente en la calle 42 nro. 11A51. Así mismo varios moradores de la localidad que no están conformes con la situación vivida en ese corregimiento y actos realizados por parte de la subversión (quienes solicitaron no ser identificados por razones obvias) nos manifestaron que la persona que habíamos detenido en el campero rojo de uno de los autores del hurto de un camión de verduras de placas XVJ-613 de fecha 23-10-02; que esta misma persona participó con el mismo automotor y que después de repetir (sic) los comestibles que traía el camión en la vía pública a los residentes; se montaron en el vehículo debido a que eran perseguidos por el ejército, el mismo capturado; (…) la persona que condujo a los guerrilleros más adelante donde el ejército tuvo enfrentamiento con estos, dando como resultado la baja de los mismos. Además estas personas dieron a conocer que este (el dejado a disposición) a cada momento llega al corregimiento con distintos vehículos los cuales son dejados al servicio de la guerrilla hasta su total deterioro y que este señor es miembro activo del grupo guerrillero ELN muy conocido en el pueblo por sus actividades guerrilleras pero nadie se atreve a denunciarlo por peligrar la vida del que lo haga. Bajo esta información se procedió a la ubicación y fotocopiado de la denuncia que hace referencia a estos hechos (la cual se anexa al presente) radicado bajo el nro. 075/231002 recepcionada en la estación de Policía La Paz Cesar.

Una vez capturado el dejado a disposición manifestó que efectivamente pertenece a la guerrilla por no estar de acuerdo con el sistema político, pero no daba más explicaciones. Conocida esta información se procedió a trasladar a esta persona hasta las instalaciones de la SIJIN donde se le dieron a conocer los derechos del capturado mediante acta respectiva y así mismo se realizó el traslado del automotor al parqueadero los Guasimos previa acta de inventario (fl. 106-107).

b. En declaración jurada rendida ante la Fiscalía Décima delegada del Circuito Judicial de Valledupar, el capitán de la Policía Nacional, Enrique Manuel Báez León ratificó el contenido del informe rendido mediante oficio 2257 del 27 de octubre de 2002 (fl. 152 a 153 c.ppal).

c. El 12 de febrero de 2002, el señor Álvaro Rodríguez formuló denuncia n.º 234 ante el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación con sede en Valledupar, relacionados con el hurto del vehículo marca Chevrolet samurai de placas BVA-183, modelo 2000, clase campero, servicio particular, color rojo, ocurrido en el corregimiento Media Luna en jurisdicción del municipio de San Diego (Cesar). Frente a los hechos que rodearon el hurto del vehículo relató el denunciante:

“Hoy 12 de febrero del 2002, siendo como las seis y veinte de la mañana, llegando al municipio de Media Luna, habían unos carros parados, estaba un retén, de repente salieron unos hombres con armas largas, me dijeron que cogiera la trocha que íbamos para la sierra, de ahí nos llevaron hasta un plan grande, ahí cuadraron todos los carros y bajaron a traer a más, de ahí como las siete y quince, empezamos a subir más, pasamos por un poco de finca que comunican a San Diego con Media Luna de ahí me preguntaron que si el carro era de la empresa, que si no era mío, me quitaron el celular, cuando estábamos allá arriba me dijeron que mi patrón quería negociar que ellos estaban por ahí por esa zona y que le dijera que carro que mandara, carro que caía otra vez, hasta que pagara la vacuna; de ahí nos estuvieron un buen rato, uno de ellos me dijo que yo me podía ir, ahí se quedó más; el celular lo desbloquearon y yo les pedí que me lo entregaran y me lo entregaron.- PREGUNTADO.- Manifieste al denunciante las características del vehículo hurtado, igualmente describa los otros artículos que iban en el mismo.- CONTESTO.- Es un Chevrolet CAMPERO SAMURAI, de placas BVA-183, modelo 2000, color rojo perlado, motor G13BA675976, chasis 9GDSJSOOVYV51689SVYB516819, asegurado en La Previsora S.A., además del vehículo también se llevaron la llanta de repuesto, el equipo de carretera, extinguidor, el pasacintas, radio teléfono marca VERTEX serie 2011 referencia ZE111266, un estuche pequeño de herramientas, dos llaves, la cruceta, se llevaron seiscientos cincuenta periódicos, dos exploradoras grandes. PREGUNTADO. Manifieste el denunciante cómo qué grupo se identificaron las personas que tenían el retén. CONTESTO. Después fue que nos dijeron que eran del grupo subversivo del ELN, eran como treinta hombres, vestidos con prendas de uso privado del Ejército Nacional, hasta las botas eran militares y armas largas (…)” (fl. 157 a 159 c. ppal).

d. En diligencia de inspección practicada al vehículo por la Sección de identificación de automotores de la Seccional de Policía Judicial e Investigación del Departamento de Policía Cesar, se obtiene que el vehículo “clase campero, marca Chevrolet samuray, tipo cabinado, color rojo, modelo 2000, que porta placas AKJ-355” figura reportado como hurtado de acuerdo al “sistema operativo de la Policía Nacional, que se lleva en la unidad por los dígitos alfanúmericos del motor, chasis y serial” en hechos ocurridos el 12 de febrero de 2002, en jurisdicción del Municipio de San Diego (Cesar) “cuando portaba las placas BVA-783, denuncia n.º 234 de fecha 12 de febrero de 2002, recepcionado en el Departamento de Policía Santander, ciudad de Bucaramanga, denunciante Rodríguez Álvaro” (fl. 138 c. ppal.).

e. De la denuncia formulada el 23 de octubre de 2002, por el señor Javier Darío López Medina se extrae:

“Día hoy 23 de octubre de octubre de 2002, siendo aproximadamente 00:40 horas cuando me encontraba descansando en el Parqueadero Bucaramanga llegaron por la parte del cerro cuatro sujetos vistiendo prendas de civil y portando armamento corto alcance intimidando a todos los que nos encontrábamos en ese sitio preguntando por el vehículo que transportaba víveres y verduras, yo me encontraba en una hamaca cuando de inmediato me obligaron que me montara al vehículo lo prendiera y arrancara uno de ellos me guiaban me llevaron para una trocha como aproximadamente una hora pararon el vehículo que les enseñara a conducirlo donde decidieron bajarme. PREGUNTADO. Haga un relato sobre las características de vehículo y lo que transportaba. CONTESTO. Marca Dodge, clase camión doble troque, tipo estaca, color azul, de placas XVJ-613 servicio público, número de motor 10458597, chasis n.º N3225522, iba en su interior verduras y víveres. PREGUNTADO. Que le manifestaron los sujetos al bajarlo del vehículo, y a que grupo pertenecían. CONTESTO. Que colocara la denuncia informara lo que pasó y que llamara al dueño del vehículo y mantuviera el celular prendido para negociar el rescate del camión. Y que pertenecían al grupo del ELN. PREGUNTADO. En que se transportaban los sujetos o clase de vehículo. CONTESTO. En un carro cabinado samurái color vino tinto sin placa. (…)” (fl. 111 a 112 c. ppal.)

f. Por su parte, la indagatoria rendida por el señor Richard Alberto Araque González dentro de la investigación penal iniciada en su contra, denota la ausencia de justificación y explicación que da el procesado frente a la condición legal del vehículo, además del modo en que obtuvo la tenencia del mismo:
“PREGUNTADO. Por sus generalidades de ley. CONTESTO. Me llamo RICHARD ALBERTO ARAQUE GONZÁLEZ, natural de Valledupar, edad 34 años, nacido el 4 de julio de 1968, hijo de Marcelino Araque y Leourdes González, casado con Rosalba Cañizares, tengo dos hijos menores de edad, vivo ahora en San José de Oriente, vivo en una pieza alquilada, y mi mujer y mis hijos viven allá conmigo, ahora últimamente a chofer, sor chofer reciente, he tenido varios patrones, ahora últimamente había comprado un carro, un samuray rojo, veneco, mi ingreso es según hay día que no se hace nada, día de $6000.oo, de $10.000.oo pesos, lo tenía como taxi, estudié hasta 8º en el Colegio Francisco de Paula Santander, he vivido en Valledupar y allá en San José de Oriente, estuve una vez preso por confusión, o sea que yo trabajaba con marihuana, eso hace bastante, no tengo apodos, no tengo defectos físicos, no tengo bienes, el único que tenía era el carrito, lo compré recientemente, se lo compre a un señor llamado FABIO lo conocí nada más por FABIO. Se deja constancia de las características físicas del imputado (…) PREGUNTADO. Diga al Despacho si sabe los motivos por los cuales se encuentra rindiendo esta indagatoria libre de apremio, sin juramento y asistido de apoderado. CONTESTO. Eh, pues, me acusan por el motivo del carro, hasta donde yo sé. PREGUNTADO. Diga al Despacho cuando, donde, quien lo capturó y qué motivos le dieron. CONTESTO. El domingo, a eso como a las 6:00 de la mañana iba a hacer una carrera, iba para Vetania (sic) a una señora que iba para el Valle, me capturaron ahí en Vetania (sic), en el vehículo samuray rojo que iba conduciendo, ese vehículo es de mi propiedad, cuando me lo quitaron, me capturó la SIJIN. PREGUNTADO. Diga los motivos de su retención. CONTESTO. No, o sea yo iba a hacer la carrera, yo los ví y seguí, como el que no debe no teme, me aorillaron (sic) me preguntaron para donde iba yo le dije que para ?etania (sic) a buscar a una señora que venía para el Valle, la iba a traer a la Estación de San José de oriente, entonces ahí me estuvieron un rato y fue cuando me preguntaron por los papeles, como el señor que me la vendió me había dicho que en esos días me traía los papeles, yo le dije que no los tenía, eso fue todo. PREGUNTADO. Según el informe policivo n.º 2257 de fecha 27 de los cursantes, usted fue retenido en San José de Oriente, cuando se movilizaba en el vehículo campero cabinado color vino tinto de placas AKJ-355, el cual resultó denunciado como hurtado en el municipio de San Diego el día 12-02-2002 cuando portaba las placas BVA-783, que tiene que decir al respecto. CONTESTÓ. Es una acusación que si me hubieran dicho que me habían encontrado robándolo o desarmándolo es otra cosa pero yo lo compro es para mi sustento y el de mis hijas, lo compré al señor FABIO, el apellido no sé, lo compre ahí en San José, a según lo trajo de la Guajira, él lo tenía para arriba y para abajo. PREGUNTADO. Donde se localiza a ese señor FABIO. CONTESTO. A según y que tenía una finca alrededor de San José de Oriente. PREGUNTADO. Según el mismo informe policivo los mismos pobladores de la población lo señalaron a usted como persona que había participado en el hurto de un camión de verduras de placas XVJ-613 ocurrido el 23-10-02, que esta misma persona aprticipó (sic) con el mismo automotor y que después de repartir los comestibles que traía el camión en la vía pública a los residentes, se montaron en el vehículo y usted condujo a los guerrilleros más adelante y fueron alcanzados y tuvieron enfrentamiento con el Ejército, que tiene que decir al respecto. CONTESTO.

No es así porque hace, yo el día que me detuvieron, el carro había cumplido diez días de tenerlo barado (sic) en la transmisión. Por eso le estoy hablando del carro que yo tenía, ese dia apenas lo iba a sacar a trabajar, eso es mentira de que yo participé en eso, porque en los días que a según tienen ese cuento, yo estaba en la finca e (sic) la Laguna, que yo tengo los suegros ahí, Lázaro Cañizares. PREGUNTADO. Según el mismo informe señala que personas lo sindican a usted de que a cada rato llega al pueblo con vehículo (sic) distintos, que son hurtados, los usan, los dejan sin servicio o deteriorados, y que los utilizan la guerrilla y que usted es miembro activo de la guerrilla del E.L.N. que tiene que decir al respecto. CONTESTO. Si hubiera sido así yo hubiera desarmado esa samuray, si yo hubiera sido un delincuente, o un ratero, yo esa samuray la hubiera desarmado, pero yo no tengo nada que ver, mi profesión era agricultor y después se me dio por ponerme de taxista, eso es el oficio mío, yo lo tenía era de taxi. PREGUNTADO. Diga al despacho si es cierto que usted una vez capturado admitió que efectivamente pertenece a la guerrilla por no estar de acuerdo con el sistema político. CONTESTO. Nunca. PREGUNTADO. Diga al Despacho si usted pertenece o ha pertenecido a algún grupo al margen de la ley, llámese FARC, ELN, o cualquier otro grupo subversivo narcoguerrillero. CONTESTO. Es que yo me dedico es a trabajar, cuando estaba en la finca me interesaba era mi trabajo, toda clase de oficio, tirar rula, cultivar café, abonar y ahora estoy de conductor, ahí de testigo el dueño de la finca MIGUEL RODRIGUEZ DUARTE, mi papá le administró y yo también trabajé ahí, hasta ahora último se me dio ponerme a conducir. PREGUNTADO. A usted se le sindica de un presunto ilícito denominado REBELIÓN, que consiste en el que mediante el empleo de las armas pretenda derrocar al Gobierno Nacional o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente incurrirá en prisión de 6 a 9 años que tiene que decir al respecto. CONTESTO. O sea ante Dios me siento inocente, mire nunca me han encontrado armas, presté servicio porque necesitaba la tarjeta para trabajar, si me hubiese gustado las armas fácilmente me hubiera quedado en la profesional que tenía sueldo, ahora mucho menos estar en cosas indebidas. PREGUNTADO. Diga al Despacho si conoce al señor MIGUEL ANGEL GONZALEZ MONROY. En caso afirmativo por. –SE CORRIGE- 4.- Conoce al señor MIGUEL ANGEL FUENTES VASQUEZ, alias el pollo o medio metro, en caso afirmativo porque lo conoce y que relaciones mantiene con él. CONTESTO. Lo distingo porque vive en el mismo pueblo, conocer no por que lo veo pero no tengo ninguna relación con él. PREGUNTADO. Conoce usted al señor GILBERTO DE JESUS GIRALDO DAVIDE, alias ALDEMAR ALTAMIRANDA, en caso afirmativo porque lo conoce. CONTESTO. Yo hasta ahora es que oigo este nombre, yo tengo un problema que yo veo las personas pero no me grabo los nombres, hasta ahora es que oigo esos nombres. PREGUNTADO. Según informe 1494 de fecha 30 de los cursantes, emanado del Comando Operativo n. º 7, fue interceptada una comunicación en el que dan el reporte de lo que pasó en San José de Oriente, y reconocen que entre los capturados hay dos integrantes de la cuadrilla 41 de las FARC, entre esos esta usted, que tiene que decir al respecto. CONTESTO. Es que a mí no me agarran ni con arma, ni con ellos, me cogen solo, yo iba a hacer mi carrerita iba solo y me pararon. PREGUNTADO. Diga al Despacho si usted tiene algún apodo o alias como FRIJOLITO. CONTESTO. Nunca me han gustado los apodos, ni que me lo dijeran, ni que dijéramos tampoco. PREGUNTADO. Diga al Despacho si conoce a alguna persona en San José de Oriente con el apodo a alias de Frijolito. CONTESTO. No hasta ahora es que escucho este apodo. PREGUNTADO. Diga al Despacho si desea agregar algo más a esta diligencia corregir o enmendar. CONTESTO.

Lo que quiero decir es que si me llegasen a agarrar de pronto tal vez con armas, o de pronto con alguno de los muertos o de pronto con alguien que tenga vínculos, pero no me capturan solo, sin armas ni nada, y por eso quiero mi libertad, porque necesito trabajar para mis hijas. Hay bastante que me conocen por ejemplo los que están en la finca de MIGUEL RODRIGUEZ, por ejemplo el CACIQUE RAFAEL VENCE, él puede saber si yo soy así o no, el me conoce desde que estaba en la finca, puede dar referencias de mí, y ahí esta MIGUELITO también que pueden preguntarle también. (…) (fl. 126 a 129 c. ppal. Fls. 21 a 24 cuaderno anexo 4).

Debe precisarse en esta oportunidad, que sin equipararse el análisis al efectuado por el juez penal para establecer la responsabilidad del demandante en el delito de rebelión, desde la óptica del juez de reparación directa existen indicios serios de que el señor Richard Alberto Araque González actuó con culpa grave por cuanto fue hallado conduciendo un vehículo reportado como hurtado, sumado a la circunstancia de no poder justificar durante la actuación la forma en que lo adquirió, los términos de la negociación y la razón por la cual no verificó como es debido, la procedencia lícita del vehículo antes de su compraventa, situación que lo llevó a asumir el riesgo de ser vinculado a actividades de grupos subversivos al margen de la ley, que si bien no tuvieron incidencia en la responsabilidad penal por el delito de rebelión, le dejaron expuesto en este caso, para ligar el hecho de haberlo encontrado en posesión de un vehículo, que fue hurtado por miembros del E.L.N. como se encuentra demostrado a partir de la denuncia formulada por el señor Álvaro Rodríguez.

A su vez, debe resaltarse como lo ha considerado la Corte Constitucional, que en sí mismo el delito de receptación se orienta directamente a la protección del bien jurídico de la administración de justicia y el patrimonio económico, frente a la intromisión de las actividades ilícitas en la actividad de los particulares.

En consonancia, la jurisprudencia penal ha determinado que el reproche a quien consuma la conducta punible de receptación recae en el provecho económico efectuado sobre un bien cuyo origen mediato e inmediato es ilícito, en tanto el propósito que subyace con su comisión es el de ocultar o encubrir este origen ilícito.

Así las cosas, una condena como la que afrontó el señor Araque González por el delito de receptación, lo sometió al albur de ser vinculado con las actividades ilícitas perpetradas por grupos al margen de la ley, aunque finalmente no se hallara prueba de su vinculación o militancia a este grupo guerrillero.

En este punto, para la Sala es evidente que el señor Richard Alberto Araque González, con su propio actuar omisivo, se expuso imprudentemente al daño, al tener bajo su posesión un vehículo que fuera hurtado por miembros de un grupo subversivo al margen de la ley, frente a lo cual, la Fiscalía halló fundamento indiciario para imponer la medida de que fue objeto. Todo esto lleva a concluir que si bien se encuentra probado el daño, por las razones ya esgrimidas no puede ser imputado a la Fiscalía General de la Nación, en tanto el hecho de la víctima enervó tal responsabilidad. En otras palabras, pese a existir daño, el señor Richard Alberto Araque González se puso a sí mismo en condiciones de soportarlo.

En consecuencia, esta Sala revocará la providencia de primera instancia, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda.
COSTAS PROCESALES

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 prevé la condena en costa a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de la parte demandante, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

REVOCAR la sentencia del 14 de abril de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, y en su lugar se dispone:

PRIMERO. Negar las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. Sin costas.

TERCERO. En firme esta providencia devuélvase el expediente a la Corporación de origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

RAMIRO DE JESÚS PAZOS GUERRERO
Presidente

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO DANILO ROJAS BETANCOURTH
Magistrada Magistrado

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 22 de septiembre de 2005 (fl.38, c. 1), surtiéndose las notificaciones personales de la siguiente manera: Fiscalía General de la Nación (fl. 38- anverso c. 1) Ministerio Público (fl. 38 -anverso, c. 1).
Consejo de Estado, Sala Plena, auto del 9 de septiembre de 2008, exp. 34.985, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Tal y como se aprecia entre otros documentos con el auto del 5 de marzo de 2003 por medio del cual la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar se dictó resolución de acusación y se ordenó la captura del señor Araque González (fol. 254 c.1).

“Es posible que en algunos eventos la persona demandante haya obtenido la libertad por una u otra medida jurisdiccional, pero lo cierto es que hasta tanto la decisión que declaró la libertad -y por ende, declaró la ilegalidad de la medida- no haya cobrado fuerza ejecutoria, no se tendrá plena certeza sobre el verdadero acaecimiento del daño y, en consecuencia, no se tendrá certeza acerca de la viabilidad de las pretensiones indemnizatorias”. Consejo de Estado, Auto de 19 de julio de 2007, exp. 33.918, C. P. Enrique Gil Botero.
Al respecto y, entre otras, puede consultarse la sentencia de Unificación del Consejo de Estado – Sección Tercera – Sala Plena, Exp. 25.022 del 28 de agosto de 2013, C.P. Enrique Gil Botero.

Íbid.
Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25.022, C.P. Enrique Gil Botero.

En dicha sentencia se fijaron las pautas de interpretación del art. 229 del C.P.C., más allá de su tenor literal y se establecieron las sub reglas para la validez de un testimonio trasladado de un proceso foráneo. Al respecto, se dijo: “En el anterior orden de cosas, es perfectamente posible que, en ciertos casos, no se cumpla con la formalidad establecida para la ratificación y que, aún así, no se incurra en violación del derecho de defensa, porque las partes dieron a entender, por una vía distinta a la suscripción de un memorial autenticado o a la manifestación verbal en audiencia, que aceptaban sin reparos la anexión del testimonio al expediente, eventualidad ésta que en modo alguno puede considerarse como violatoria del debido proceso pues, a pesar de la supresión de la formalidad, se cumplió con la finalidad buscada por la norma procesal, que era que las partes manifestaran inequívocamente su intención de prescindir de un nuevo interrogatorio”. Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena. Íbid.

Sobre el particular, la Fiscalía General de la Nación, en su escrito de contestación aludió a tales pruebas para sustentar su defensa.
Diligencia de compromiso que suscribió el señor Richard Alberto Araque González para gozar de la suspensión condicional de la ejecución de la pena el 5 de noviembre de 2003 ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar (fol. 397 c.2).
Al respecto, se ha dicho que: “En lo que se refiere al derecho de daños, (…) se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 19 de abril de 2012, exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón.

Aclaración que se hizo necesaria luego de la sentencia de la Corte Constitucional C-037-96 de 5 de febrero de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, en la cual se dijo; “conviene aclarar que el término 'injustamente' se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2013, exp. 27536, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Igualmente, puede verse, de la misma Sección, sentencia del 25 de febrero de 2009, exp. 25.508, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 17 de octubre de 2013, exp. 23354, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Consejo de Estado, Sección tercera, Sentencia del 26 de noviembre de 2015, exp. 35883, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2013, exp. 27536, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

1. Porque el hecho no existió; 2. Porque el sindicado no lo cometió; 3. Porque la conducta no constituía hecho punible y 4. Porque las pruebas no ofrecían certeza de la responsabilidad penal (indubio pro reo).

“ARTICULO 70. CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

Que a la sazón reza: “Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido (…)”. (se resalta).
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1 de agosto de 2016, exp. 42.376, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

ARTICULO 63. CULPA Y DOLO. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. (…) El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

Exp. 42.376, op.cit.

Exp. 42.376, op.cit.

Diligencia de compromiso que suscribió el señor Richard Alberto Araque González para gozar de la suspensión condicional de la ejecución de la pena el 5 de noviembre de 2003 ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar (fol. 397 c.2).
Al respecto cabe aclarar, que el artículo 357 de la Ley 600 de 2000, estableció los eventos de procedencia de la medida de aseguramiento. El numeral 2º del precepto normativo los delitos frente a los cuales procedía, que incluía el de receptación. La Corte Constitucional declaró inexequible el aparte del artículo 357 que cobijaba al delito de receptación dentro de aquellas conductas frente a las cuales procedía la medida preventiva de restricción de la libertad (Corte Constitucional, Sentencia C-760 del 18 de julio de 2001, exp. D-3170).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, exp. 26262, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

Corte Constitucional, sentencia C-679 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
Corte Constitucional. C-365 de 2012.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia del 16 de octubre de 2013, M.P. José Leonidas Bustos Martínez.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia del 25 de febrero de 2015, exp. 44923, M.P. Patricia Salazar Cuéllar.

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