Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2009-00098-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa: sentencia que revoca y niega
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2009-00098-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 20001-23-31-000-2009-00098-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
31 de enero de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Sentencia que revoca y niega / COMISO DE VEHÍCULO – Dentro del proceso penal por el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Error jurisdiccional / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Error jurisdiccional - ERROR JURISDICCIONAL – No configurado por culpa exclusiva de la víctima
En el caso que se examina, la parte demandante reprochó que la Fiscalía General de la Nación hubiera adelantado una investigación penal en contra del señor Ever Enrique González Flórez, por el supuesto delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos y la consecuente incautación del vehículo marca Daewoo de placas UWO 766, la cual terminó con la sentencia absolutoria del 15 de agosto de 2007, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar en la cual ordenó la devolución del rodante.´
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN DE HECHO Y LEGITIMACIÓN MATERIAL – La primera surge de la formulación de los hechos y pretensiones de la demanda; la segunda, es presupuesto necesario para obtener una decisión favorable frente a sus intereses dentro del proceso / LEGITIMACIÓN MATERIAL POR ACTIVA – Aunque no se ratificó la declaración extra juicio, se acreditó su calidad con otros medios documentales / COMPAÑERA PERMANENTE – Acreditación mediante prueba documental
La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva. A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación. (...) En relación con la señora Martha Patricia Rojas, a quien se presentó como compañera permanente del señor Ever Enrique González Flórez a través de una declaración extra juicio; a pesar de que esta declaración no fue ratificada, con la citación de la parte contraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 229, 298, 299 del Código de Procedimiento Civil, de los demás documentos aportados pertenecientes a la investigación penal, como el escrito a través del cual se lo dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por parte de la Policía Nacional, se pudo establecer que la señora Martha Patricia Rojas es su compañera permanente
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 229 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 298 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 299
DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Error jurisdiccional - ERROR JURISDICCIONAL – No configurado por culpa exclusiva de la víctima / ERROR JURISDICCIONAL – Definición legal / ERROR JUDICIAL FÁCTICO – Omisión o yerros en el decreto de pruebas
En el presente caso se le endilga a la Fiscalía General de la Nación haber iniciado una investigación penal, que trajo como consecuencia el comiso de un vehículo de transporte público con base en pruebas que no cumplían con los requisitos legales para ello, hecho este que constituye, ciertamente, un error judicial, en los términos definidos por el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 (...) [L]a jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación ha señalado que las providencias emitidas con previa omisión o errores de la autoridad en el decreto de las pruebas adolecen de “error judicial de orden fáctico”. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la configuración del error judicial fáctico, consultar providencia de 26 de marzo de 2014, Exp. 30300, C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 66
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD ESTATAL – Culpa exclusiva de la víctima / ABSOLUCIÓN DEL PROCESADO – Con base en el principio del in dubio pro reo / IN DUBIO PRO REO – Parámetros jurisprudenciales de exoneración de responsabilidad / TEMERIDAD – En la conducta del procesado / TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS – Regulación normativa inobservada por el procesado
[L]a captura del señor González Flórez y el comiso de su vehículo se produjeron en situación de flagrancia, en posesión de 75 galones de combustible en un taxi destinado al transporte de pasajeros, aunque la decisión final fue la absolución, en aplicación del principio de in dubio pro reo. (...) En asuntos como el que aquí se debate, la culpa exclusiva de la víctima se configura cuando se acredita que el afectado actuó con temeridad o que incurrió en comportamientos irregulares que ameritaban, como en este caso, el decomiso del vehículo en el cual transportaba combustible. (...) De conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte, para la fecha en la cual ocurrieron los hechos, y el artículo 212 del Decreto Ley 1056 de 1953, del Código de Petróleos, señalaba que el transporte y distribución de petróleos y sus derivados constituyen un servicio público, razón por la cual las personas o entidades dedicadas a esas actividades debían ejercerlos de conformidad con los reglamentos que dictaba el Gobierno, en guarda de los intereses generales. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los parámetros jurisprudenciales que determinan el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad estatal, consultar providencias de 14 de septiembre de 2017, Exp. 46452, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico y de 19 de abril de 2018, Exp. 50839, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 1056 DE 1953 – ARTÍCULO 212 / DECRETO 1609 DE 2012 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 1609 DE 2012 – ARTÍCULO 2 / DECRETO 4299 DE 2005 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 4299 DE 2005 – ARTÍCULO 2 / DECRETO 4299 DE 2005 – ARTÍCULO 3 / LEY 769 DE 2002 – ARTÍCULO 131 LITERAL D
CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA – Prueba de la temeridad / INDAGATORIA – Medio de prueba admitido para lograr la verdad material / CONDUCTA DETERMINANTE DE LA VÍCTIMA – Concepto de culpa de la legislación civil / CULPA GRAVE – Inobservancia normativa
[L]a Sala Plena del Consejo de Estado, en reiteradas oportunidades, ha dado valor probatorio a las indagatorias rendidas en procesos penales con el objetivo de alcanzar la verdad material. (...) Entonces, es claro para la Sala que la conducta del señor Ever Enrique González Flórez fue determinante para el decomiso del vehículo de su propiedad, porque incurrió en un comportamiento inadecuado según el artículo 63 del Código Civil al violar lo establecido en las normas para el transporte de combustible. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la posibilidad de dar valor probatorio a las indagatorias, consultar providencia de 12 de marzo de 2013, Exp. 11001-03-15-000-2011-00125-00, C.P. Gustavo Gómez Aranguren.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 63
CONDENA EN COSTAS – No hay lugar a condena en costas cuando no se actúa con temeridad o mala fe
Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.
FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 55
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., treinta y uno de enero (31) de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 20001-23-31-000-2009-00098-01(45859)
Actor: EVER ENRIQUE GONZÁLEZ FLÓREZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: COMISO DE VEHÍCULO / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA – Configuración porque la víctima, con su actuación irregular, dio lugar al comiso del vehículo en el cual se transportaban 75 galones de combustible.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Nación - Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida el 11 de agosto de 2011, por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos: (se trascribe de forma literal, incluidos posibles errores):
“PRIMERO: niéganse las excepciones propuestas por la entidad demandada.
“SEGUNDO: declárese administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación, de los perjuicios causados al demandante EVER ENRIQUE GONZÁLEZ FLÓREZ, por la retención del vehículo de placas UWO 766 desde el 21 de agosto de 2006 hasta el 15 de agosto de 2007, en el proceso penal que se adelantó contra el referido señor por el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos y sus derivados.
“TERCERO: condénase a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a pagar al señor EVER ENRIQUE GONZÁLEZ FLÓREZ, las siguientes sumas de dinero: once millones ciento setenta y un mil cuatrocientos veintitrés pesos ($11’171.423), por concepto de daño emergente, y veintinueve millones ciento treinta y cuatro mil setecientos un pesos ($29’134.701), por lucro cesante.
“CUARTO: niéganse las demás súplicas de la demanda.
“QUINTO: sin condena en costas.
“SEXTO: dese cumplimiento a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
“SÉPTIMO: en firme esta providencia, archívese el expediente”.
I.- A N T E C E D E N T E S
1.- La demanda
En escrito presentado el 24 de junio de 2008, los señores Ever Enrique González Flórez, Martha Patricia Rojas, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores Luis Guillermo y Luis Fabián González Rojas; además, Angélica María Rodríguez David, quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor Natalia Carolina González Rodríguez y Luz Elena Rentería Jiménez, en nombre propio y en representación de su hijo menor Ever Arturo González Rentería, por conducto de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por la investigación adelanta en contra del primero de los mencionados, por la supuesta comisión del delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados y la incautación del vehículo de su propiedad como consecuencia de la investigación.
2.- Las pretensiones
Se solicitó por concepto de perjuicios morales, en favor de cada uno de los demandantes, el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes por “tener que soportar un proceso penal absurdo. Por concepto de daño emergente se solicitó la suma de $12’000.000 en favor del señor González Flórez. Igualmente, a título de lucro cesante solicitó la cantidad de $25’200.000 y, por lo que denominaron “daño a la vida de relación”, el equivalente en pesos a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes.
3.- Los hechos
En la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:
El 21 de agosto de 2006 el señor Ever Enrique González Flórez fue detenido por agentes de la Policía Nacional en el momento en el que transportaba 75 galones de gasolina en su automóvil de marca Daewoo, color amarillo, destinado al servicio público, el cual fue inmovilizado.
El 13 de febrero de 2007 la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar profirió resolución de acusación en contra del señor Ever Enrique González Flórez por el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos y sus derivados.
Mediante sentencia del 15 de agosto de 2007 el Juzgado Tercero Penal del Circuito resolvió absolver al señor González Flórez y ordenar la entrega definitiva del vehículo de su propiedad.
Los hechos causaron a los demandantes graves perjuicios morales y materiales que no estaban obligados a soportar como consecuencia del defectuoso funcionamiento en el que incurrió la Administración.
4.- Trámite procesal
La demanda se admitió por el Tribunal Administrativo del Cesar mediante auto del 16 de julio de 2008, decisión que se notificó a la Nación – Fiscalía General de la Nación y al Ministerio Público en debida forma.
5. La oposición
La Nación-Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda; señaló que la Policía Nacional ordenó la incautación del vehículo y mediante providencia del 12 de septiembre de 2006, la Fiscalía estableció los motivos por los cuales no era procedente la devolución del vehículo, dado que el propietario lo utilizó para realizar conductas punibles, procediendo la figura del comiso; por tanto, no existió una falla del servicio como pretendió hacerlo ver el actor.
Señaló que la Fiscalía General de la Nación actuó de conformidad con la competencia y funciones establecidas en la ley y sin que se haya demostrado por los actores que la entidad actuó con negligencia o incurriera en irregularidades en el proceso penal dentro del cual se incautó el vehículo.
Finalmente, formuló la excepción genérica “que se desprende de los hechos, de las pruebas y de las normas pertinentes, por ineptitud de la demanda”, además, indicó que la parte actora omitió citar las normas pertinentes.
6.- La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia del 11 de agosto de 2011, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
La Sala a quo consideró que no se evidenció el daño antijurídico en relación con la privación injusta de la libertad alegada por el señor Ever Enrique González Flórez, dado que fue dejado en libertad al día siguiente de su captura por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Sin embargo, consideró que a la entidad le era imputable responsabilidad en relación con la retención o inmovilización del vehículo desde el 21 de agosto de 2006, cuando fue retenido por la Policía Nacional, hasta cuando fue entregado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar el 15 de agosto de 2007, con fundamento en “el daño especial, en razón de que el demandante (…) no está obligado a soportar el daño producido por la retención del vehículo durante el trámite del proceso penal, pues finalmente la sentencia fue absolutoria”.
7.- Objeto de la apelación
La Nación – Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia, con el fin de que se revocara dicho proveído.
Aseguró que la función de la Fiscalía General de la Nación en el cuidado y custodia de los bienes vinculados a procesos penales, en este caso, no desbordó la esfera normativa que para el efecto dispuso el Código de Procedimiento Penal; además, indicó que en el proceso no se demostró que la entidad hubiera ordenado la detención, sino que este fue incautado por parte de la Policía Nacional.
Insistió en que la entidad, en providencia del 12 de septiembre de 2006 estableció claramente las razones jurídicas para negar la entrega del mencionado vehículo, por cuanto el demandante lo utilizó para la realización de una conducta punible.
Consideró que en el proceso no se aprecia una falta o falla del servicio de la Administración por omisión, retardo, ineficiencia o ausencia del servicio, motivo por el cual no le es imputable algún tipo de responsabilidad.
Agregó que la condena impuesta por concepto de daño emergente, con base en la certificación del abogado que ejerció la defensa jurídica no procede, dado que dicho documento no es la prueba idónea para su reconocimiento, sino el contrato de prestación de servicios, el cual no fue aportado al proceso.
8.- Trámite en segunda instancia
El recurso interpuesto fue concedido a través de auto del 25 de octubre de 2012 y admitido en esta Corporación el 14 de febrero de 2013.
El 7 de marzo de 2013 se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.
La apoderada de la Fiscalía General de la Nación presentó sus alegatos de conclusión, en ellos hizo un recuento de la actuación adelantada dentro del proceso penal seguido en contra del señor González Flórez por el delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos, situación que obligó a la entidad a la incautación del vehículo de su propiedad, ante la sospecha de la comisión del ilícito.
Finalmente, reiteró lo expuesto a lo largo del proceso y en especial en el recurso de apelación en relación con la ausencia de falla del servicio, motivo por el cual, a su juicio, no es posible imputarle el error judicial pretendido por los actores.
El Ministerio Público solicitó la confirmación de la sentencia apelada dado que estaban probados los elementos necesarios para declarar la responsabilidad de la entidad por el defectuoso funcionamiento en el que incurrió, consistente en la no entrega oportuna del rodante, lo que le ocasionó una pérdida económica por no haber podido usufructuar el automotor.
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
1.- Competencia
Teniendo en cuenta que en los asuntos relativos a la responsabilidad del Estado por el error judicial, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad, el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 estableció la competencia privativa de los Tribunales Administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, se impone concluir que esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto.
2.- La oportunidad de la acción
En el caso que se examina, la parte demandante reprochó que la Fiscalía General de la Nación hubiera adelantado una investigación penal en contra del señor Ever Enrique González Flórez, por el supuesto delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos y la consecuente incautación del vehículo marca Daewoo de placas UWO 766, la cual terminó con la sentencia absolutoria del 15 de agosto de 2007, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar en la cual ordenó la devolución del rodante.
Dicha providencia se notificó por edicto el 22 de agosto de 2007, por el término de tres días y se desfijó el 24 de ese mismo mes y año y se observa que la demanda fue interpuesta el 24 de junio de 2008, esto es, dentro del término de los dos años previsto en el artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso Administrativo.
3.- La legitimación en la causa
La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.
A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.
Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.
3.1.1.- La legitimación en la causa de los demandantes
En el presente asunto se tiene que los demandantes fueron las personas que promovieron el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho.
En cuanto a la legitimación material, la Sala estima que, de conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, se encuentran legitimados para actuar el señor Ever Enrique González Flórez, en su condición de víctima directa, Natalia Carolina González Rodríguez, Ever Arturo González Rentería, Luis Guillermo González Rojas y Luis Fabián González Rojas, en su calidad de hijos de la víctima directa y para acreditarlo allegaron la copia auténtica de los registros civiles de nacimiento.
En relación con la señora Martha Patricia Rojas, a quien se presentó como compañera permanente del señor Ever Enrique González Flórez a través de una declaración extra juicio; a pesar de que esta declaración no fue ratificada, con la citación de la parte contraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 229, 298, 299 del Código de Procedimiento Civil, de los demás documentos aportados pertenecientes a la investigación penal, como el escrito a través del cual se lo dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por parte de la Policía Nacional, se pudo establecer que la señora Martha Patricia Rojas es su compañera permanente.
No sucedió lo mismo respecto de las señoras Angélica María Rodríguez David y Luz Elena Rentería Jiménez, quienes en los respectivos poderes otorgados indicaron actuar en nombre propio y en representación de sus hijos menores, de los cuales se acreditó su condición de hijos de la víctima directa del daño; sin embargo, no aportaron pruebas que le permitan a la Sala tenerlas siquiera como terceras damnificadas, puesto que no se acreditó la afectación que sufrieron con el proceso penal adelantado en contra del señor González Flórez, para comparecer al proceso.
3.1.2.- Legitimación en la causa de la entidad demandada
Por su parte, a la Fiscalía General de la Nación se le ha endilgado responsabilidad por el defectuoso funcionamiento en el que supuestamente incurrió con la retención del vehículo de propiedad del señor González Flórez. Respecto de la entidad se observa que se ha efectuado una imputación fáctica y jurídica concreta y, por tanto, le asiste legitimación en la causa por pasiva de hecho. La legitimación material se analizará al examinar el fondo de la controversia.
4.- Hechos probados
En el caso que se examina, la parte actora alegó que con ocasión de una investigación penal adelantada en contra del señor González Flórez por la Fiscalía Novena Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar, por el supuesto delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos y sus derivados le fue incautado el vehículo de placas UWO 766, lo cual le representó pérdidas materiales y daños morales. De ahí que resulte necesario que la Sala verifique los hechos probados, como lo hará a continuación.
A través del oficio Nº 1570 CAFIR - DECES, del 21 de agosto de 2006, quedó probado que la Policía Nacional de Valledupar dejó a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación al señor Ever Enrique González Flórez, el vehículo de placas UWO 766 y el combustible que le fue encontrado, cuando se desplazaba en posesión de 15 pimpinas de plástico con combustible, luego de indicar que había sido contratado para transportarlas en su taxi.
A través de las actas de derechos del capturado y de incautación quedó probado que el señor Ever Enrique González Flórez fue capturado el 21 de agosto de 2006 en posesión de 75 galones de gasolina de contrabando que no cumplía con las especificaciones dadas por el Ministerio de Minas.
Mediante el documento denominado “inventario de automotores” se probó que el 21 de agosto de 2006 se recibió en el parqueadero “Los Guásimos” el vehículo de placas UWO 766.
A través de la copia de la licencia de tránsito Nº 94 – 226513 y del certificado de tradición se probó que el señor Ever Enrique González Flórez es el propietario del vehículo marca Daewoo de placas UWO 766, supertaxi, modelo 1995.
La Fiscalía Novena Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar recibió la indagatoria del señor Ever Enrique González Flórez el 22 de agosto de 2006, después de lo cual se le permitió suscribir diligencia de compromiso y fue dejado en libertad.
Mediante resolución del 12 de septiembre de 2006, la Fiscalía Novena Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar resolvió de manera negativa la solicitud impetrada por el señor Ever Enrique González Flórez con el fin de que se le devolviera el vehículo incautado con base en las siguientes consideraciones (se trascribe de forma literal, incluidos posibles errores):
“No obstante lo anterior no podemos ordenar la entrega del rodante, por cuanto, su propietario lo utilizó para la realización de la conducta punible y de conformidad al inciso segundo del artículo 67 del Código de Procedimiento Penal procedería el comiso, no resulta válida la explicación del peticionario y sindicado en estos hechos, porque todos los ciudadanos de esta región sabemos que la gasolina que entra por vía que conduzca al departamento de La Guajira es de contrabando, como más razón el peticionario en su condición de conductor de vehículo de servicio público”.
A través de la resolución del 10 de octubre de 2006, la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar no repuso la resolución anterior y negó la entrega del vehículo de acuerdo con los siguientes argumentos (se trascribe de forma literal, incluidos posibles errores):
“(…) contrario a lo que alega el impugnante sí procede el comiso, porque se investiga una conducta punible que es eminentemente dolosa, (favorecimiento de contrabando de hidrocarburos y sus derivados), se trata de un bien de libre comercio (vehículo), pertenece a quien se está endilgando el delito (Ever Enrique González Flórez es el procesado y el dueño del automotor) y se utilizó para la realización del comportamiento ilícito”.
Las anteriores resoluciones fueron confirmadas el 29 de mayo de 2007 por la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, de acuerdo con las siguientes consideraciones (se trascribe de forma literal, incluidos posibles errores):
“(…) Es cierto que Ever Enrique González Flórez se desempeña, según su decir, como conductor de su vehículo taxi, labor que sin duda alguna implica el transporte de personas quienes lo contratan para llevarlos de un lugar a otro, sin embargo, eso no lo faculta a realizar ese transporte con conocimiento de la ilícita mercancía que lleva y por fuera de las normales condiciones del mismo; obsérvese que no se trata de la normal carrera de taxi que con pasajero abordo se trasporta con algo ilícito, no, se trató de un flete, de un acarreo en donde ni siquiera el dueño de la gasolina iba a bordo (…)”.
A través de la resolución del 13 de febrero de 2007, la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar decidió acusar al señor Ever Enrique González Flórez por el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos y sus derivados y la audiencia pública de juzgamiento se llevó a cabo el 2 de agosto de 2007.
Finalmente, mediante sentencia del 15 de agosto de 2007, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar decidió absolver al señor Ever Enrique González Flórez como supuesto autor del delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos y sus derivados y ordenó la devolución del vehículo de su propiedad de acuerdo con los siguientes argumentos (se trascribe de forma literal, incluidos posibles errores):
“(…) Para resolver estima el Despacho, que la prueba hecha al combustible incautado es de vital importancia en el proceso, sin embargo, con fundamento en lo señalado por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en providencia de marzo 2 de 2007, observa el Juzgado que dicha prueba realizada por un Policía Fiscal y Aduanero, no cumple los requisitos para ser un dictamen pericial ni un informe técnico, toda vez que solo contiene las siguientes conclusiones: ‘El combustible analizado no cumple con las especificaciones dadas por el MINMINAS, ya que en prueba de campo para marcación se observó ausencia total del mismo, por tanto se concluye que se procedencia extranjera (contrabando)’. Como podemos ver, no se explicaron los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, ni los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones, tal como lo indica el artículo 251 CPP, de lo que se colige que hubo una falla en la investigación al no determinar la clase de sustancia que se incautó al sindicado (…).
“Volviendo a las pruebas recaudadas, observa el Despacho que sólo contamos con la indagatoria y el Acta de Análisis y Resultado de Combustible, y esta última no cumple con los presupuestos de un informe técnico ni de un dictamen, ya que no está motivada, en consecuencia solo constituye una opción al ser deficiente e incompleta, por lo que no existe certeza sobre la consumación de la conducta punible y sobre la responsabilidad penal de Ever Enrique González Flórez, más aun si este procesado niega tajantemente ser comercializador de combustibles, por esta razón y con base en el principio de presunción de inocencia y el in dubio pro reo este Estrado Judicial procede a declararlo legalmente no responsable del delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos y sus derivados.
“Ahora bien, dentro del proceso se encuentra encartado el vehículo en cuyo interior estaba la gasolina presuntamente de contrabando y de procedencia venezolana, hecho este que no se probó con suficiencia como para apuntalar una sentencia condenatoria, por ende se deberá hacer entrega real y material del vehículo a su propietario, a través de su apoderada (…)” (subrayas y resaltos de la Sala).
5. El error judicial
En el presente caso se le endilga a la Fiscalía General de la Nación haber iniciado una investigación penal, que trajo como consecuencia el comiso de un vehículo de transporte público con base en pruebas que no cumplían con los requisitos legales para ello, hecho este que constituye, ciertamente, un error judicial, en los términos definidos por el artículo 66 de la Ley 270 de 1996, que establece:
“Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”.
Al respecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación ha señalado que las providencias emitidas con previa omisión o errores de la autoridad en el decreto de las pruebas adolecen de “error judicial de orden fáctico”. Así, en pronunciamiento del 26 de marzo de 2014, se señaló:
“Una de las formas en las que se concreta el error jurisdiccional (sic) es a través de la realización de un error de hecho, que tiene lugar cuando determinada decisión carece de apoyo probatorio (…).
“…la Corte Constitucional, en sede de revisión de tutela, ha planteado una serie de eventos que permiten que se estructure el error en comento, estableciendo los siguientes defectos fácticos: omisión de decreto; omisión de consideración y valoración arbitraria (…); la negativa de un decreto de una prueba, o su práctica, imposibilita que determinado medio de conocimiento sea puesto a consideración en un caso en el que adquiere suma importancia.
“(…).
“…el error se estructura a partir de la declaratoria de dar o no dar por probado un hecho, partiendo de una apreciación equivocada de la prueba, o haberla soslayado.
“(…).
“…existen una variedad de pronunciamientos (del Consejo de Estado) que lo contemplan como modalidad posible de error jurisdiccional. Una de las primeras sentencias que introdujo este reconocimiento fue la del 4 de septiembre de 1997, en aquella oportunidad se sostuvo que ‘El error judicial también incluye el error de hecho en el cual puede incurrir al (…) no promover la realización de las pruebas conducentes para determinar el hecho que daría lugar a la aplicación del derecho.
Se sigue de lo anterior que el análisis del daño antijurídico alegado en la demanda -y del hecho que se aduce como su causa- debe efectuarse desde el evento del error judicial, por corresponder lo enjuiciado con dicha categoría de fuente del perjuicio.
6.- El análisis de la responsabilidad de la entidad demandada en el caso concreto
De conformidad con el alcance del objeto de la apelación, la Sala se limitará al análisis de la responsabilidad de la entidad como consecuencia del comiso del vehículo propiedad del señor Ever Enrique González Flórez, pues se advierte que, en relación con la supuesta privación injusta de la libertad de la que se dijo fue objeto, el tribunal de instancia negó las pretensiones, toda vez que no advirtió el daño alegado y esta decisión no fue objeto de apelación por las partes.
En relación con el comiso del vehículo, la Sala advierte que la Fiscalía Novena Seccional de Valledupar adelantó una investigación penal con base en la captura en flagrancia, la información suministrada en la indagatoria del señor González Flórez y el análisis del combustible realizado por la Dirección de Policía Fiscal y Aduanera del Grupo de Combustible de la Policía Nacional, que arrojó como resultado que el combustible incautado el 21 de agosto de 2006 no cumplía con las especificaciones dadas por el Ministerio de Minas, por tanto, era de contrabando.
Con base en lo anterior, el 12 de septiembre de 2006, negó la solicitud del actor en relación con la devolución del vehículo decomisado bajo el argumento de que el mismo había sido utilizado para la realización de una conducta punible; esta resolución fue recurrida y confirmada por la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar, el 10 de octubre de 2006, con fundamento en el argumento inicial, es decir, que el vehículo fue utilizado para la comisión de un delito.
Sin embargo, la sentencia del 15 de agosto de 2007, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito destacó que la prueba realizada al combustible incautado era de vital importancia para determinar la ocurrencia o no de una conducta penal.
Adicionalmente, esta fue practicada por un Policía Fiscal Aduanero, sin el cumplimiento de los requisitos para ser un dictamen pericial ni un informe técnico, además de que solo señaló que el combustible no cumplía con las especificaciones del Ministerio de Minas, sin brindar explicaciones sobre los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas o los fundamentos técnicos o científicos de las conclusiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Penal.
Por tanto, el juzgado determinó que en el presente caso hubo una falla en la investigación, lo que se traduciría en una falla del servicio, por cuanto la Fiscalía General de la Nación no determinó, a través de una prueba válida, el tipo de sustancia que le fue incautada al señor González Flórez y, a pesar de ello, se sirvió del informe del policía de aduana para iniciar la investigación, acusar al hoy demandante y negar la devolución del vehículo a través de varias resoluciones, configurándose así el error jurisdiccional.
No obstante, se procede a analizar si dadas las circunstancias del caso concreto, se dan los presupuestos para concluir que se trata de un evento constitutivo de culpa exclusiva de la víctima, que pueda dar lugar a exonerar de responsabilidad patrimonial al Estado.
El sustento de esta afirmación descansa en que la captura del señor González Flórez y el comiso de su vehículo se produjeron en situación de flagrancia, en posesión de 75 galones de combustible en un taxi destinado al transporte de pasajeros, aunque la decisión final fue la absolución, en aplicación del principio de in dubio pro reo.
La jurisprudencia de esta Corporación ha definido los parámetros que se hacen necesarios para considerar la presencia en un determinado evento del hecho de la víctima como eximente de responsabilidad del Estado.
“En materia de responsabilidad del Estado por el daño de los agentes judiciales, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia- establece que el daño se entenderá causado por la culpa exclusiva de la víctima cuando se encuentre acreditado que esta actuó con culpa grave o dolo o no haya interpuesto los recursos de ley.
“Para identificar los conceptos de culpa grave y dolo, la jurisprudencia ha acudido a los criterios contemplados en el artículo 63 del Código Civil, de los cuales se extrae que el primero corresponde con un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara con la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.
“La Corporación ha establecido que la declaratoria de culpa exclusiva de la víctima obliga a que se examine si el proceder –activo u omisivo– de quien predica la responsabilidad del Estado tuvo injerencia en la generación del daño. De ser así, corresponde examinar en qué medida la acción u omisión de la víctima contribuyó en el daño. Puntualmente, esta Sección sostuvo:
‘Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.
‘(…).
‘Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta.
‘De igual forma, se ha dicho:
‘(…) para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:
‘Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal (…)’.
En asuntos como el que aquí se debate, la culpa exclusiva de la víctima se configura cuando se acredita que el afectado actuó con temeridad o que incurrió en comportamientos irregulares que ameritaban, como en este caso, el decomiso del vehículo en el cual transportaba combustible.
En ese entendido, a pesar de que se ordenó la absolución del hoy demandante dentro de un proceso penal y se ordenó la devolución del vehículo decomisado, no cabe duda de que su conducta dio lugar a que se incautara el taxi de su propiedad en el cual estaba transportando 75 galones de combustible, lo cual, desde luego, no implica una calificación de las decisiones adoptadas en el proceso penal, en orden a determinar si fueron acertadas o no.
Sin embargo, se trató de un comportamiento inadecuado, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 del Código Civil, según el cual:
“Artículo 63. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo.
“(…).
“Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpas se opone a la suma diligencia o cuidado.
“El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.
De las circunstancias que rodean el presente caso, se observa que el señor González Flórez fue capturado en situación de flagrancia y se le decomisó el vehículo cuando se desplazaba de Río Seco a Valledupar, durante ese trayecto fue requerido por un retén de la Policía y en la inspección le fueron encontrados, nada menos que 75 galones de combustible.
En relación con la práctica de las diligencias de indagatoria o versión libre, la posición de la Subsección ha sostenido que aquéllas no son objeto de valoración, toda vez que no tienen el alcance de una prueba testimonial ni pueden someterse a ratificación, dado que no se encuentran sometidas a la formalidad del juramento, como sí ocurre con la prueba testimonial.
No obstante lo anterior, la Sala Plena del Consejo de Estado, en reiteradas oportunidades, ha dado valor probatorio a las indagatorias rendidas en procesos penales con el objetivo de alcanzar la verdad material. Así lo ha aplicado esta Corporación:
“Valga aclarar que la Sala Plena de esta Corporación, ha dado valor a la indagatoria como medio probatorio en esta sede judicial, en la medida en que siendo esta una fuente de información de obligatoria recepción en los procesos penales, con individualidad propia en lo que tiene que ver con su práctica y contradicción, debe reconocérsele su mérito probatorio, como lo exigen los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a probar, los principios de prevalencia del derecho sustancial, de libertad de medios probatorios, de contradicción, de libre valoración racional de la prueba y la demás normatividad que rige en materia probatoria, para lo cual, además, no resulta ajena al deber de ser valorada en conjunto con los demás elementos de convicción y con arreglo a los criterios rectores de la sana crítica”.
A su turno, esta Sala ha tenido como elemento de convicción, la indagatoria rendida en el proceso penal por la misma persona que pretendía obtener una indemnización por la incautación del vehículo de su propiedad, para, finalmente, concluir que fue ella quien motivó el decomiso, lo que configuró la culpa exclusiva de la víctima.
Ahora bien, para el caso concreto, la Sala procede a transcribir lo dicho por el demandante el 22 de agosto de 2006, en desarrollo de la diligencia de indagatoria, para demostrar por qué su relato, junto con los demás medios de convicción que obran en este proceso, constituyen prueba de que él actuó de manera gravemente culposa y dio lugar a su captura y el posterior comiso del vehículo:
“(…) Si lo que pasó fue esto, yo estaba aquí en Valledupar, como a las 11:00 de la mañana y el señor Carlos Morales me contrató para que fuera a Rio Seco a traerle una gasolina, eran como 15 pimpinas, él mismo las embarcó, las tenía guardadas allá en Rio Seco, para que le hiciera el viajecito al Valle, el carro era un taxi daewo, yo le traje la carrera me pagó $50.000 por el viajecito. PREGUNTADO: diga al Despacho qué cantidad de gasolina traía en su vehículo y cuál era la procedencia. CONTESTÓ: eran 15 pimpinas, no se la cantidad de galones que traían las 15 pimpinas, la policía que venía de Rio Seco me paró, me orillaron a la entrada de la ciudad y me quitaron al gasolina, yo le dije que eso era del señor Carlos Morales Corrales, y que se había quedado en Rio Seco para traer otro viaje con otro carro y me dejaron a mí preso. La gasolina me dijo el señor que era una gasolina que traía y que la tenía que llevar acá a Valledupar por Los Músicos pero no alcancé a llegar porque me retuvieron. PREGUNTADO: dónde se localiza el señor Carlos Morales Corrales. CONTESTÓ: no sé, el me contrató y tomó mi celular y me llamó, me dijo que para traer la gasolina y el venía en otro carro, pero como se dio cuenta que me capturaron no se para dónde cogió, ni se dónde se localiza. (…) aproveché para ganarme el día porque no había hecho nada, eso fue en la mañana, por eso pienso que yo no he cometido ningún delito porque no me dedico a ese negocio de gasolina, estaba trabajando haciendo carreras y me traté de ganar los $50.000 viniéndome de Rio Seco con el viajecito de 15 pimpinas de gasolina. PREGUNTADO: diga al Despacho si usted sabe que transportar, comercializar gasolina de origen extranjero es un delito sancionado por la ley penal. CONTESTO: yo no tenía ni idea de que eso era delito, yo estoy es transportando, soy taxista, ya tengo como 11 años de manejar taxi, ese es mi trabajo”.
Adicionalmente, la Sala advierte que el vehículo que fue decomisado estaba vinculado al servicio de la empresa Radio taxi Upar Ltda., dedicada al transporte de pasajeros, sin que se acreditara en el proceso que estuviera autorizado para el transporte de combustible.
De conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte, para la fecha en la cual ocurrieron los hechos, y el artículo 212 del Decreto Ley 1056 de 1953, del Código de Petróleos, señalaba que el transporte y distribución de petróleos y sus derivados constituyen un servicio público, razón por la cual las personas o entidades dedicadas a esas actividades debían ejercerlos de conformidad con los reglamentos que dictaba el Gobierno, en guarda de los intereses generales.
En relación con este código, la Corte Constitucional, en sentencia C-512 del 9 de octubre de 1997, indicó:
“Finalmente, no puede eludirse la circunstancia de que reglamentación de esta materia, implica disponer de un conocimiento especializado y técnico, dados los altos riesgos que lleva consigo el manejo de la distribución de los combustibles derivados del petróleo. Por lo que resulta ajustado a la Constitución que sea la ley la que establezca los lineamientos generales sobre este asunto, pero que corresponda al Presidente, a través de la dependencia competente y conocedora del asunto, clasificar y reglamentar en detalle lo pertinente a tal distribución”.
Por su parte, el Decreto 1609 del 31 de julio de 2002, “Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera”, en los artículos 1º y 2º contempla lo siguiente:
“Artículo 1º. Objetivo. El presente Decreto tiene por objeto establecer los requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y transporte de mercancías peligrosas por carretera en vehículos automotores en todo el territorio nacional, con el fin de minimizar los riesgos, garantizar la seguridad y proteger la vida y el medio ambiente, de acuerdo con las definiciones y clasificaciones establecidas en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692 ‘Transportes de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetero y rotulado’.
“Artículo 2º. Alcance y aplicación. El presente decreto aplica al transporte terrestre y manejo de mercancías peligrosas, los cuales comprenden todas las operaciones y condiciones relacionadas con la movilización de estos productos, la seguridad en los envases y embalajes, la preparación, envío, carga, segregación, transbordo, trasiego, almacenamiento en tránsito, descarga y recepción en el destino final. El manejo y transporte se considera tanto en condiciones normales, como las ocurridas en accidentes que se produzcan durante el traslado y almacenamiento en tránsito…”.
Así mismo, definió el concepto de empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga y mercancía peligrosa en los siguientes términos:
“Empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga: es aquella persona natural o jurídica legalmente constituida y debidamente habilitada por el Ministerio de Transporte, cuyo objeto social es la movilización de cosas de un lugar a otro en vehículos automotores apropiados en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios.
“Mercancía peligrosa: materiales perjudiciales que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, pueden generar o desprender polvos, humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa, o radiaciones ionizantes en cantidades que puedan afectar la salud de las personas que entran en contacto con éstas, o que causen daño”.
Mediante el Decreto No. 4299 del 25 de noviembre de 2005 “Por el cual se reglamenta el Artículo 61 de la Ley 812 de 2003 y se establecen otras disposiciones”, en los artículos 1º, 2º y 3º establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 1. OBJETO. Este decreto tiene por objeto establecer los requisitos, obligaciones y el régimen sancionatorio, aplicables a los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, excepto GLP, señalados en el Artículo 61 de la Ley 812 de 2003, con el fin de resguardar a las personas, los bienes y preservar el medio ambiente.
“PARÁGRAFO 1. La refinación, almacenamiento, manejo, transporte y distribución de los combustibles líquidos derivados del petróleo son considerados servicios públicos que se prestarán conforme a la ley, el presente decreto y demás disposiciones que reglamenten la materia.
“PARÁGRAFO 2. Los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo regulado por el presente decreto, enunciados en el Artículo 61 de la Ley 812 de 2003, prestarán el servicio en forma regular, adecuada y eficiente, de acuerdo con las características propias de este servicio público.
“ARTÍCULO 2. CAMPO DE APLICACIÓN. El presente decreto se aplicará a los siguientes agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, excepto GLP: refinador, importador, almacenador, distribuidor mayorista, transportador, distribuidor minorista y gran consumidor.
“ARTÍCULO 3. AUTORIDAD DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA. Corresponde al Ministerio de Minas y Energía de conformidad con las normas vigentes, la regulación, control y vigilancia de las actividades de refinación, importación, almacenamiento, distribución y transporte de los combustibles líquidos derivados del petróleo, sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas a otras autoridades”.
De otro lado, el Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002) en el artículo 131 literal D) contempla que será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes, el conductor de un vehículo automotor que transporte en el mismo vehículo y al mismo tiempo personas y sustancias peligrosas como explosivos, tóxicos, radiactivos, combustibles no autorizados, entre otros. En estos casos se suspenderá la licencia por un (1) año y por dos (2) años cada vez que reincida. El vehículo será inmovilizado por un (1) año cada vez.
Finalmente, el Ministerio de Transporte, mediante Resolución 017777 del 8 de noviembre de 2002, codificó las sanciones por las infracciones a las normas de tránsito, correspondiéndole a la conducta indicada en el párrafo anterior al código 86.
Entonces, es claro para la Sala que la conducta del señor Ever Enrique González Flórez fue determinante para el decomiso del vehículo de su propiedad, porque incurrió en un comportamiento inadecuado según el artículo 63 del Código Civil al violar lo establecido en las normas para el transporte de combustible.
Además de lo anterior, no resulta normal que una persona se desplace de un lugar a otro con 15 pimpinas llenas de combustible desconociendo su procedencia.
En ese contexto, aun cuando se profirió sentencia absolutoria a favor del señor González Flórez, por no habérsele desvirtuado su presunción de inocencia, la Sala concluye que la conducta del ahora demandante fue determinante en la producción del daño, entendido como el decomiso del vehículo de su propiedad en el cual realizó el transporte del combustible, toda vez que este fue el único punto objeto de la apelación y que el actor no demandó por mora o cualquier otra conducta atribuible a la entidad.
Teniendo en cuenta que el señor González Flórez fue capturado en flagrancia y que el vehículo fue decomisado con 15 pimpinas que contenían 75 galones de combustible considera la Sala, que a la Fiscalía General de la Nación no se le podía exigir una actuación diferente a la que, en efecto, realizó, esto es, la apertura de la investigación penal correspondiente y el decomiso del vehículo. Si bien se profirió sentencia absolutoria a favor del hoy demandante, su conducta sí resultó determinante para que se decomisara el vehículo, circunstancia que rompió el nexo de causalidad entre el daño irrogado y la imputación al Estado.
Es evidente que, en el presente caso, el señor González Flórez obró con culpa grave, toda vez que, como quedó visto, su conducta se realizó con una notable ilegalidad al momento de los hechos, pues violó todas las normas establecidas para el transporte de combustible, actividad que cuenta con una regulación expresa, debido al peligro que este puede representar cuando no es manipulado adecuadamente
En síntesis, como en la presente controversia se configuró la causal eximente de responsabilidad en la modalidad de culpa grave, toda vez que está demostrado que la conducta del demandante fue la causa determinante en la ocurrencia del daño, se revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, del 11 de agosto de 2011 y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda, de conformidad con los motivos aquí expuestos.
6.- Decisión sobre costas
Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Cesar, el 11 de agosto de 2011 y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: sin lugar a costas.
TERCERO: ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMÍTASE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Fl. 287 del cuaderno del Consejo de Estado. Fls. 20 y 189 del cuaderno principal. Fl. 2 del cuaderno principal. Fls. 192 vto. y 202 del cuaderno principal. Fls. 204 a 209 del cuaderno principal. Fls. 285 a 287 del cuaderno principal. Fls. 290 a 294 del cuaderno principal. Fls. 358 y 359 del cuaderno del Consejo de Estado. Fls. 368 a 373 del cuaderno del Consejo de Estado. Fl. 375 del cuaderno del Consejo de Estado. Fls. 376 a 385 del cuaderno del Consejo de Estado. Fls. 410 a 416 del cuaderno del Consejo de Estado. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 10010326000200800009 00, CP: Mauricio Fajardo Gómez. Fls. 178 a 185 del cuaderno principal. Fl. 187 del cuaderno del Consejo de Estado. De acuerdo con los poderes concedidos, obrantes a folios 11 a 14 del cuaderno principal. Fls. 7 a 58 del cuaderno principal. Fls. 19, 27 a 28 y 36 a 37 del cuaderno principal. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, auto del 25 de septiembre de 2013, expediente 25000-23-26-000-1997- 05033-01 (20420), CP: Enrique Gil Botero. Fls. 28 y 29 del cuaderno principal. Fls. 29 a 31 del cuaderno principal. Fls. 40, 41 y 44 del cuaderno principal. Fls. 48 y 49 del cuaderno principal. Fl. 39 del cuaderno principal. Fls. 50 a 52 del cuaderno principal. Fls. 98 a 100 del cuaderno principal. Fls. 149 a 154 del cuaderno principal. Fls. 140 a 143 del cuaderno principal. Fls. 174 a 176 del cuaderno principal. Fls. 178 a 185 del cuaderno principal. Consejo de Estada, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Enrique Gil Botero, expediente N° 13001-23-31-000-1997-12710-01(30300). Original de la cita: “Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Sentencia de 4 de septiembre de 1997. Exp. 10285”. Se refirió en el mismo sentido la sentencia de fecha 27 de abril de 2006, C.P. Alier Hernández Enríquez, expediente N° 14837.
“En el desempeño de sus funciones, el perito debe examinar los elementos materia de prueba, dentro del contexto de cada caso. Para ello el funcionario judicial y el investigador aportarán la información necesaria y oportuna. Cuando se trate de dictámenes médicos, los Centros de Atención en Salud deben cumplir también este requerimiento.
“El perito deberá recolectar, asegurar, registrar y documentar la evidencia que resulte, derivada de su actuación y dar informe de ello al funcionario judicial.
“El dictamen debe ser claro y preciso y en él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones.
“Cuando se designen varios peritos, conjuntamente practicarán las diligencias y harán los estudios o investigaciones pertinentes para emitir el dictamen.
“Cuando hubiere discrepancia, cada uno rendirá su dictamen por separado.
“En todos los casos, a los peritos se les advertirá sobre la prohibición absoluta de emitir en el dictamen cualquier juicio de responsabilidad penal”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 10 de noviembre del 2017. Original de la cita: “En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp. 17.933, M.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 30 de abril de 2014, exp. 27.414, M.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 2 de mayo de 2016, exp. 32.126, M.P. Danilo Rojas Betancourth, reiteradas por la sentencia del 1 de agosto de 2016, exp. 41.601, M.P. Hernán Andrade Rincón”. Artículo 63. Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Cita textual del fallo: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de julio de 2014, expediente No. 38438. C.P: Hernán Andrade Rincón”. Cita textual del fallo: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005; expediente No. 15784”. Tal como lo ha sostenido esta Sala, entre otras, en las siguientes providencias: (i) sentencia del 14 de septiembre de 2017, expediente 46.452 y sentencia del 19 de abril de 2018, expediente 50.839.. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de julio de 2011. Exp. 21.047. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia de 12 de marzo de 2013, Radicado No.11001-03-15-000-2011-00125-00, sentencia de 5 de noviembre de 2014. Consultar también: Radicado No.110010315000201200900-00/2012-00899 y 2012-00960, C.P.: Stella Conto Díaz del Castillo. Consejo de Estado, Subsección A, sentencia de 13 de abril de 2016, expediente 38.079. Fls. 36 y 37 del cuaderno principal. Fl. 24 del cuaderno principal. Consultado en HYPERLINK "file:///C:/Users/dalvarezd/Downloads/Concepto_0578.pdf el 7/12/2018" file:///C:/Users/dalvarezd/Downloads/Concepto_0578.pdf el 7/12/2018, consultada el 11 de diciembre de 2018. La norma fue revisada por la Corte Constitucional en virtud de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 4 de la ley 39 de 1987, "Por la cual se dictan disposiciones sobre la distribución del petróleo y sus derivados". Al respecto, la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse en este mismo sentido en varias ocasiones, la más reciente en sentencias del 29 de octubre y 10 de diciembre de 2018, radicados 52749 y 52729, M.P. María Adriana Marín.
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