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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2010-00028-01

Fecha
19 de agosto de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2010-00028-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2013, por el Tribunal Administrativo del Cesar, con sustento en las consideraciones que anteceden y en su lugar se dispone: 1.- DECLARAR la ineptitud sustantiva de la demanda principal, por indebida integración de la pretensión anulatoria. En consecuencia, la Sala se inhibe para fallar el fondo de la controversia. 2.- DECLARAR que operó la caducidad de la demanda de reconvención. SEGUNDO: Sin condena en costas TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 20001-23-31-000-2010-00028-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

19 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 200012331000201000028 01 (50176)
Demandante: Sociedad B&B Ingenieros Cía. Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte e INVÍAS
Proceso: Acción de Controversias Contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia – Decreto 01 de 1984 –

INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Incumplimiento del deber de demandar la nulidad del acto ficto
producto del silencio administrativo negativo, por medio del cual se confirmó la decisión primigenia de la
Administración. DEMANDA DE RECONVENCIÓN-Acción autónoma e insubordinada de la principal que, por
tanto, se somete a su propio término de caducidad.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora en contra de la sentencia de 12 de diciembre de 2013, por la cual el Tribunal
Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda principal y accedió
parcialmente a las de reconvención. La decisión fue la siguiente:

“PRIMERO.- Declarar probada la excepción de incumplimiento del contrato
alegada por el Instituto Nacional de Vías INVÍAS, así como la excepción
denominada falta de legitimación en la causa por pasiva invocada por el
Ministerio de Transporte, conforme a las consideraciones expuestas-

“SEGUNDO.- NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por la
Sociedad B&B Ingenieros CIA LTDA. conforme las motivaciones expuestas.

“TERCERO.- DECLARAR el incumplimiento del Contrato No. 2248 de 2005, por
parte de la Sociedad B&B Ingenieros CIA LTDA. de acuerdo a lo planteado en la
parte motiva de esta sentencia.

“CUARTO: ORDENAR a la sociedad B&B Ingenieros CIA LTDA, a la devolución
de $113.759.032.00, no amortizados del anticipo, dineros que deberán ser
indexados con la fórmula que el Honorable Consejo de Estado ha establecido
para tal fin, así mismo los intereses moratorios de que trata el artículo 4 numeral
8 de la Ley 80 de 1993.

“QUINTO: Negar las demás pretensiones.

“SEXTO: Sin costas.

“(…).

Radicación: 200012331000201000026 01 (50176)
Demandante: B&B Ingenieros Cía- Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte-INVÍAS
Asunto: Controversias Contractuales

I. SÍNTESIS DEL CASO

Invías y la sociedad B&B Ingenieros y Cía. Ltda. celebraron el contrato de obra n.º
2248 de 2005. Mediante la Resolución n.º 01664 del 25 de abril de 2007, Invías
declaró la caducidad del contrato. La demandante solicitó la nulidad de esa decisión,
al sostener que el incumplimiento era imputable a la entidad, por no haber delimitado
el objeto contractual conforme a las necesidades reales de las comunidades
beneficiarias de las vías objeto de intervención, modificar su alcance durante la
ejecución del contrato, no tener en cuenta las condiciones derivadas de la fuerte ola
invernal y retardar la aprobación de obras adicionales y el pago de actas parciales
de obra, circunstancias que, a su juicio, le ocasionaron perjuicios. Afirmó que Invías
no resolvió expresamente los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación
interpuestos contra el acto que declaró la caducidad, lo que dio lugar a la
configuración del silencio administrativo negativo. Invías formuló demanda de
reconvención para que se declarara el incumplimiento contractual de la sociedad
B&B Ingenieros y Cía. Ltda., al considerar que no amortizó la totalidad del anticipo
entregado ni ejecutó el porcentaje de obra programado.

II. ANTECEDENTES
La demanda

El 4 de febrero de 2010, la sociedad B&B Ingenieros Cía Ltda., por medio de
apoderado judicial, presentó demanda, en ejercicio de la acción de controversias
contractuales, contra la Nación – Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de
Vías, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

“1.- Que es nula la Resolución No. 01664 de 25 de abril de 2007, mediante la
cual se declaró la caducidad del contrato No. 2248 de 2005 suscrito entre el
Instituto Nacional de Vías INVIAS y la firma B&B Ingenieros Cía Ltda.

“2.- Que se condene al Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías
INVIAS al pago de todos los perjuicios causados a mi representado con
ocasión de la expedición y ejecutoria de las Resoluciones demandadas (sic),
incluyendo daño emergente y lucro cesante, así como la corrección monetaria
y cualesquiera otros índices de ajuste monetario de tales sumas.

“3.- Que se condene al El Instituto Nacional de Vías INVÍAS al pago de las
costas, agencias en derecho y demás gastos del proceso.

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Radicación: 200012331000201000026 01 (50176)
Demandante: B&B Ingenieros Cía- Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte-INVÍAS
Asunto: Controversias Contractuales

Hechos

Invías y la sociedad B&B Ingenieros Cía. Ltda. celebraron el contrato de obra n.º
2248 de 2005, cuyo objeto consistió en el mejoramiento de la red terciaria nacional
del departamento del Cesar, en los tramos viales allí previstos. La demandante
sostuvo que, durante la ejecución del contrato, ocurrieron circunstancias imputables
a Invías y hechos imprevisibles que determinaron la ampliación del plazo
contractual y ocasionaron la ruptura del equilibrio económico del contrato.

Afirmó que el objeto contractual no fue bien planeado, porque las vías objeto de
intervención se encontraban ubicadas en lugares distantes entre sí, lo que impedía
adelantar simultáneamente las actividades previstas. Agregó que el alcance del
contrato se modificó durante su ejecución como consecuencia de nuevas
exigencias formuladas por las comunidades beneficiarias de las obras, las cuales
no fueron previstas por la entidad en la etapa precontractual y dieron lugar a la
suscripción de varias actas de concertación. Señaló que, aunque las partes
coincidieron en la necesidad de ejecutar obras adicionales para atender esas
exigencias, Invías tardó cinco meses en aprobar los nuevos ítems requeridos.
Manifestó, además, que durante la ejecución aparecieron condiciones del terreno
no previstas en el proceso de selección, debido a la falta de mantenimiento de las
vías desde la liquidación de la entidad Caminos Vecinales.

Finalmente, indicó que, mediante la Resolución n.º 01664 del 25 de abril de 2007,
Invías declaró la caducidad del contrato. Contra esa decisión interpuso los recursos
de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales, según afirmó, no habían sido
resueltos para la fecha de presentación de la demanda.

Oposición de la parte demandada

La Nación – Ministerio de Transporte Manifestó que no fue parte del contrato, por
lo que formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva

Invías se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que la demandante no
explicó en qué consistieron las supuestas modificaciones al alcance del objeto
contractual y agregó que, en todo caso, le correspondía colaborar con la entidad
para satisfacer las necesidades de las comunidades beneficiarias de las vías objeto
del contrato. Afirmó que, aunque durante la ejecución surgió la necesidad de realizar

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Radicación: 200012331000201000026 01 (50176)
Demandante: B&B Ingenieros Cía- Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte-INVÍAS
Asunto: Controversias Contractuales

obras adicionales, de las pretensiones de la demanda se infería que estas habían
sido reconocidas y pagadas, pues no se solicitó su remuneración.

Manifestó que los retrasos en la ejecución obedecieron a la imprevisión y al
incumplimiento del contratista, quien conocía las condiciones de los tramos objeto
de intervención por haber participado en las reuniones en las que se definieron las
obras prioritarias. Añadió que el plazo inicialmente pactado en tres meses fue
ampliado hasta completar ocho meses, con el fin de permitir la ejecución de la
totalidad del objeto contractual. Señaló que la sociedad contratista ejecutó el
contrato con negligencia e incurrió de manera reiterada en incumplimientos.

Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa por indebido
otorgamiento de poder, inepta demanda por inexistencia de cargos contra el acto
demandado, falta de indicación de la norma violada o del concepto de la violación y
contrato no cumplido.

Llamamiento en garantía

El Invías llamó en garantía a la sociedad interventora del contrato de obra génesis
del debate, C.P.T. Ltda. Central de Proyectos de Ingeniería Ltda., con fundamento
en el hecho de que esta debía adelantar la vigilancia y control del contrato de obra
y en desarrollo de esa gestión rindió el informe del 6 de abril, soporte de la decisión
de caducidad.

La sociedad interventora, al contestar el llamamiento, adujo que en el texto de la
resolución que declaró la caducidad no se evidenciaba que tal determinación se
hubiese edificado sobre el informe rendido el 6 de abril de 2006. Llamó en garantía
a la compañía Seguros del Estado, con apoyo en la Póliza de Seguro de
Cumplimiento 059610970, citación aceptada en providencia del 28 de julio de 2011.

Demanda de reconvención

El 6 de julio de 2010, Invías presentó demanda de reconvención, en ejercicio de la
acción de controversias contractuales, con el propósito de que se declarara el
incumplimiento del contrato de obra n.º 2248 de 2005 y de sus adicionales por parte
de la sociedad B&B Ingenieros Cía. Ltda., y se le condenara al pago del anticipo no

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Radicación: 200012331000201000026 01 (50176)
Demandante: B&B Ingenieros Cía- Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte-INVÍAS
Asunto: Controversias Contractuales

amortizado, de la cláusula penal pactada y de los demás perjuicios que se
demostraran en el proceso.

La entidad sostuvo que el contratista no amortizó la totalidad del anticipo entregado,
incurrió en retrasos durante la ejecución de las obras, pese a los requerimientos
formulados por la interventoría y por la entidad, y dejó de cumplir las obligaciones
asumidas en virtud del contrato.

Contestación de la demanda de reconvención

La sociedad B&B Ingenieros Cía. Ltda. se opuso a las pretensiones de la demanda
de reconvención. Sostuvo que no incurrió en incumplimiento contractual, porque
ejecutó las obras autorizadas por la interventoría, incluso en cantidades superiores
a las reconocidas por la entidad. Agregó que el anticipo fue invertido en la ejecución
del contrato. Reiteró los hechos y argumentos expuestos en la demanda principal.

Fundamentos de la providencia recurrida

Mediante sentencia del 12 de diciembre de 2013, el Tribunal Administrativo del
Cesar resolvió el litigio en los términos transcritos al inicio de esta providencia.

Sostuvo que la acción no había caducado, porque el recurso de reposición
interpuesto contra la resolución que declaró la caducidad del contrato no fue
resuelto, circunstancia que dio lugar a la configuración del silencio administrativo
negativo y permitió demandar el correspondiente acto ficto en cualquier tiempo, de
conformidad con el artículo 136, numeral 3, del Código Contencioso Administrativo.
Declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de
Transporte, al considerar que esa entidad no era parte del contrato ni tenía
atribuidas las funciones relacionadas con su ejecución.

En cuanto al fondo de la controversia, concluyó que el contratista incurrió en un
incumplimiento grave de sus obligaciones, pues al vencimiento del plazo
contractual, incluidas sus prórrogas, la ejecución de la obra alcanzaba el 57,21 %,
circunstancia que, con fundamento en los informes de interventoría, justificaba la
declaratoria de caducidad.

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Radicación: 200012331000201000026 01 (50176)
Demandante: B&B Ingenieros Cía- Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte-INVÍAS
Asunto: Controversias Contractuales

Consideró que las dificultades advertidas por el contratista durante la ejecución del
contrato fueron atendidas mediante la celebración de contratos adicionales que
ampliaron el plazo de ejecución sin incremento del valor contractual. Estimó que, al
suscribir esos acuerdos sin formular salvedades, la sociedad renunció a reclamar
posteriormente los sobrecostos y perjuicios derivados de tales circunstancias,
conclusión que hizo extensiva a las reclamaciones relacionadas con la ola invernal
y al pago tardío de las actas parciales de obra 5 y 6. Agregó que no era procedente
atribuir deficiencias en la planeación del contrato, porque el contratista tuvo la
oportunidad de advertirlas durante el procedimiento de selección.

Respecto de la demanda de reconvención, declaró probado que la sociedad
contratista no amortizó la totalidad del anticipo entregado y la condenó a reintegrar
el saldo insoluto, debidamente actualizado y con los intereses previstos en la Ley
80 de 1993.

Negó la pretensión encaminada al reconocimiento de la cláusula penal, al advertir
que Invías ya había promovido un proceso ejecutivo para obtener su pago con
fundamento en el acto administrativo que declaró la caducidad del contrato.

Recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, con el propósito de que se revocara y, en su lugar, se accediera a las
pretensiones de la demanda.

Sostuvo que Invías incumplió el deber de planeación, al no realizar los estudios
previos necesarios para identificar las necesidades reales de las comunidades
beneficiarias de las vías. Agregó que, aunque el contratista ejecutó oportunamente
esas obras, la entidad demoró injustificadamente su aprobación.

Afirmó que las fuertes lluvias obligaron a suspender el contrato y que, pese a las
solicitudes formuladas por el contratista, sin que la interventoría y la entidad
adoptaran medidas.

Manifestó que la declaratoria de caducidad vulneró el debido proceso, porque Invías
no resolvió los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación. Añadió que la
resolución demandada carecía de sustento probatorio y que el Tribunal omitió

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Radicación: 200012331000201000026 01 (50176)
Demandante: B&B Ingenieros Cía- Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte-INVÍAS
Asunto: Controversias Contractuales

pronunciarse sobre los efectos derivados de la configuración del silencio
administrativo.

Señaló que las prórrogas y contratos adicionales obedecieron a circunstancias
imputables a la entidad, entre ellas la necesidad de concertar las obras con las
comunidades, la aprobación de actividades no previstas y la ola invernal, por lo que
no podían interpretarse como una renuncia a reclamar el restablecimiento del
equilibrio económico del contrato. Agregó que esos acuerdos tampoco contenían
una renuncia expresa a formular reclamaciones por ese concepto.

Trámite de segunda instancia

El 30 de enero de 2014, el Tribunal Administrativo del Cesar concedió el recurso de
apelación. El 6 de marzo de 2014, el Despacho admitió la impugnación. El 28 de
agosto de 2014, se corrió traslado a las partes por un término común de 10 días
para que presentaran sus alegaciones finales y ordenó que, en caso de que el
Ministerio Público lo solicitara, se surtiera el trámite previsto en el artículo 59 de la
Ley 446 de 1998.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Mediante auto del 23 de febrero de 2026, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado advirtió «la necesidad de decretar de oficio una prueba para
resolver la controversia, porque existe un punto dudoso, que no ha sido posible
esclarecer, y que requiere que se aporten los documentos con el fin de establecer
si el contrato n°. 2248 de 2005 fue liquidado». En consecuencia, se ofició al Instituto
Nacional de Vías-INVIAS para que «informe si el contrato n°. 2248 de 2005 fue
liquidado y, en caso de ser así, allegue copia de la respectiva liquidación». El Invías
dio respuesta a la orden, informando que no hubo liquidación del contrato y allegó
varios documentos. La parte actora se pronunció sobre las pruebas allegadas,
indicando que no son prueba de la liquidación del contrato.

III. CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales

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Radicación: 200012331000201000026 01 (50176)
Demandante: B&B Ingenieros Cía- Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte-INVÍAS
Asunto: Controversias Contractuales

1. Como la demanda se presentó el 4 de febrero de 2010, el régimen aplicable es
el Código Contencioso Administrativo —en adelante CCA—, con la subrogación de
la Ley 446 de 1998 y la modificación de la Ley 1107 de 2006. Conforme al artículo
266 del CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese código, los
recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las notificaciones en
curso, se regirán por la ley vigente al momento de esas actuaciones. Por su parte,
el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo —que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012— prevé que las
actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia de
dicho código seguirán rigiéndose y culminarán conforme al régimen jurídico anterior,
esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los aspectos
no regulados se seguirá el Código de Procedimiento Civil —en adelante CPC— en
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias
derivadas de la actividad de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA,
subrogado por la Ley 446 de 1998. El Consejo de Estado es competente en segunda
instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA,
según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los Tribunales Administrativos. Asimismo, esta Corporación es
competente en razón a la cuantía porque, de conformidad con el artículo 20.2 del
CPC, el valor de la pretensión material mayor —$850’000.000 (f. 135 c. 1)— supera
los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes1 exigidos por el artículo 132.5
del CCA, modificado por la Ley 446 de 1998, en concordancia con el artículo 1 de
la Ley 954 de 2005.

Aptitud de la demanda

Problema jurídico

3. La Sala considera que debe plantear en este punto el problema jurídico, para
determinar: (i) si la demanda inicial presentada por la parte actora tiene aptitud

1 Equivalentes a $257’500.000, a la fecha de la presentación de la demanda.

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Radicación: 200012331000201000026 01 (50176)
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Asunto: Controversias Contractuales

procesal para dar paso a una decisión de fondo dado que no se demandó el acto
ficto producto de falta de decisión respecto del recurso de apelación interpuesto
contra el acto administrativo que declaró la caducidad y ii) si la demanda de
reconvención fue presentada oportunamente.

4. El Código Contencioso Administrativo (libro II Título XI arts. 83 a 87), aplicable al
proceso conforme lo expuesto, reguló las que denominó «acciones»2, que son los
mecanismos que el legislador diseñó para controlar la actividad de la administración.
Esa normativa concretó la forma en que los interesados debían ejercer su derecho
de acción para obtener la tutela jurídica a través de la formulación de una
determinada pretensión.

Conforme con el artículo 87 del CCA, reformado por el artículo 32 de la Ley 446 de
1998, vigente para la fecha de la demanda, mediante la acción de controversias
contractuales «cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se
declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o
restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que
se hagan otras declaraciones y condenas».

La acción de controversias contractuales responde a una doble naturaleza. Por una
parte, de reclamación directa, es decir que no requiere el pronunciamiento de la
administración -principio de auto tutela- y, por otra, de impugnación en la medida en
que, a través de esta, se puede discutir la legalidad de los actos administrativos
contractuales que pueden expedir ciertas entidades conforme la regulación legal
aplicable a determinados contratos.

En cuanto a su objeto, la norma referida resultó bastante amplia en tanto que
pretendió cobijar las controversias derivadas de los contratos estatales y
expresamente indicó que, mediante su ejercicio, podían exigirse «otras
declaraciones y condenas», con lo cual abarcó una multiplicidad de asuntos que
correspondía plantear en su ejercicio: (i) la existencia o la nulidad del negocio
jurídico; (ii) el incumplimiento contractual; (iii) la nulidad de los actos administrativos
contractuales; (iv) la revisión del contrato y (v) las declaraciones, condenas,

2 La Ley 1437 de 2001 se refiere a medios de control. Sobre las críticas formuladas al uso de la denominación

acción en lugar de pretensión BETANCUR JARAMILLO, Carlos, Derecho procesal Administrativo, Señal
Editora, 2009, p, 28 y 29.

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Radicación: 200012331000201000026 01 (50176)
Demandante: B&B Ingenieros Cía- Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte-INVÍAS
Asunto: Controversias Contractuales

indemnizaciones o restituciones consecuenciales derivadas de la prosperidad de
las pretensiones anteriores. Incluso, frente a actos precontractuales, la reforma,
introducida por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998 al artículo 87 del CCA, dispuso
que esos actos solo podían impugnarse mediante la acción de controversias
contractuales, una vez perfeccionado el contrato, en el marco de la cual debía
atacarse su legalidad con base en la nulidad absoluta del negocio jurídico.

En tal sentido, se trataba de una acción multipropósito que no tenía un espectro
limitado o reducido a asuntos derivados del incumplimiento del contrato, dado que
el criterio allí señalado, y que la jurisprudencia debía precisar, correspondía a las
controversias ligadas a los contratos, que podían ser de diversa índole, según se
explicó. Con lo cual resulta claro que todo asunto que se derivara de los contratos
de las entidades públicas debía encauzarse por este mecanismo procesal.

Al respecto, esta Corporación ha señalado en oportunidades precedentes que:

«La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el
juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia
derivada del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar
esta herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante
la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos
administrativos proferidos dentro del desarrollo de éste”3.

En este caso la acción impetrada deviene en idónea porque se reclama la nulidad
del acto contentivo de la declaratoria de caducidad del contrato de obra 2248 de
2005 y los perjuicios desencadenados por su decreto.

5. Ahora bien, en el escenario del tráfico negocial de la Administración Pública,
específicamente y para lo que interesa al caso, en los contratos regidos por la Ley
80 de 19934, el legislador, en sus artículos 14 y siguientes, reguló lo atinente al
ejercicio de las potestades excepcionales, entre ellas, la declaratoria de caducidad
administrativa (art. 18), advirtiendo que su ejercicio se materializa a través de un
acto administrativo.

3 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia del 08 de junio de 2021, M.P. Nicolás Yepes Corrales.
4 Esto en consideración a que se trató de un contrato de obra celebrado el 20 de octubre de 2005, entre Invías

y una sociedad particular. Así para el momento de su perfeccionamiento se hallaba en vigor la Ley 80 de 1993,
norma que informó la actividad negocial de los establecimientos públicos del orden nacional como lo es el
Instituto Nacional de Vías.

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Radicación: 200012331000201000026 01 (50176)
Demandante: B&B Ingenieros Cía- Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte-INVÍAS
Asunto: Controversias Contractuales

El Estatuto de Contratación Estatal se encargó de disciplinar varios asuntos
concernientes a cuestiones sustanciales referentes al ejercicio de estas potestades
excepcionales, como las tipologías contractuales en las que operaban, las causales
por las que procedían, los efectos jurídicos y económicos que de estas se derivaban
y las órdenes que debían impartirse. Sin embargo, no reguló de manera exhaustiva
los aspectos procedimentales relativos a su ejercicio, siendo la parte general del
Código Contencioso Administrativo el compendio llamado a suplirlos, conforme lo
dispuso el mismo artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

Una de las materias que reguló el Código Contencioso Administrativo fue la atinente
al recurso de reposición procedente contra los actos administrativos. El artículo 60
del CCA —aplicable especialmente a la presentación de recursos en contra de actos
administrativos— prescribe que el hecho que la entidad no profiera y notifique al
interesado un pronunciamiento respecto de su recurso en el término de dos meses,
configura el silencio administrativo negativo.

Debe hacerse particular énfasis en que —para este caso— esta es la norma
aplicable, y no el artículo 40 del CCA5, por cuanto este último regula el silencio
administrativo «negativo sustancial o inicial», predicable cuando «la ausencia de
pronunciamiento se produce en relación con las peticiones o solicitudes
presentadas en ejercicio del derecho de petición, es decir respecto de las cuales se
inicia una actuación administrativa»6. Por su parte, el artículo 60 referido prevé el
silencio administrativo «procesal o adjetivo», que se refiere a aquel derivado de la
omisión de resolver los recursos oportunamente presentados en sede
administrativa7.

Por esta misma razón, no resulta aplicable el artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993 8,
que consagra el silencio administrativo positivo ante las solicitudes no resueltas en
el marco de la ejecución contractual, en la medida en que esta norma se ciñe al

5 «Transcurrido un plazo de tres meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya

notificado decisión que la resuelva, se entenderá que ésta es negativa. // La ocurrencia del silencio
administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades ni las excusará del deber de decidir
sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos de la vía gubernativa con
fundamento en él, contra el acto presunto.»
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de mayo de 2010, Rad. 37446 [Fundamento Jurídico

1].
7 Ibídem.
8 «En las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato, si la entidad estatal no se

pronuncia dentro del término de tres (3) meses siguientes, se entenderá que la decisión es favorable a las
pretensiones del solicitante en virtud del silencio administrativo positivo. Pero el funcionario o funcionarios
competentes para dar respuesta serán responsables en los términos de esta ley.»

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Radicación: 200012331000201000026 01 (50176)
Demandante: B&B Ingenieros Cía- Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte-INVÍAS
Asunto: Controversias Contractuales

presupuesto fáctico de solicitudes elevadas por el contratista, y no a los recursos
presentados en contra de los actos administrativos contractuales9.

Se destaca que, aun cuando el recurso de reposición no es obligatorio para agotar
lo que en vigencia del CCA se denominaba la vía gubernativa (arts. 51 y 63 del
CCA) y que en contra de los actos administrativos dictados con ocasión de la
actividad contractual no procede el recurso de apelación (art. 77 de la Ley 80 de
1993) —de lo que se deriva que los particulares no están obligados a interponer
recursos en sede administrativa contractual para acceder a la jurisdicción con la
pretensión anulatoria de los actos administrativos (art. 135 del CCA)—, lo cierto es
que el hecho de reponer la decisión implica que la firmeza del acto administrativo
se desplaza hasta la resolución del recurso (art. 62.2 del CCA).

En conclusión, en el caso de que el interesado interpusiera el recurso de reposición
contra un acto administrativo contractual su decisión y trámite se regulaba por lo
dispuesto en el CCA, en cuanto a los aspectos procedimentales, entre ellos, la
configuración del silencio administrativo negativo, en caso de no existir decisión
expresa de la Administración en el plazo de dos meses.

6. El silencio administrativo, mecanismo instituido por la ley en favor de los
interesados en una decisión de la Administración, es una «ficción legal», que otorga
el carácter de acto administrativo a la omisión de la autoridad de responder las
peticiones o resolver los recursos contra sus decisiones en el plazo legal. El silencio
administrativo se configura cuando: (i) el interesado presenta una petición o
interpone un recurso contra una decisión administrativa; (ii) transcurren, por regla
general, más de tres meses, desde la presentación de la petición, o dos meses si
se trata de un recurso (arts. 4010 y 6011 del CCA) y (iii) en dichos lapsos la

9 Esto, dejando de lado las discusiones en torno a que el silencio administrativo, como acto ficto, únicamente

puede surgir ante el silencio de la Administración en los eventos en los cuales la respuesta habría podido
consignarse en acto administrativo, de acuerdo con el poder público otorgado por el legislador, además de que
la jurisprudencia ha destacado la existencia de una serie de requisitos para su procedencia en el marco
contractual. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de mayo de 2010, Rad. 37446 [Fundamento
Jurídico 1] y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 2001, Rad. 17938.
10 Artículo 40. Silencio negativo. Transcurrido un plazo de tres meses contados a partir de la presentación de

una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que ésta es negativa. La
ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades ni las excusará
del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos de la vía
gubernativa con fundamento en él, contra el acto presunto.
11 “ARTICULO 60 DEL CCA. SILENCIO ADMINISTRATIVO. Transcurrido un plazo de dos (2) meses, contado

a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa
sobre ellos, se entenderá que la decisión en negativa. “El plazo mencionado se interrumpirá mientras dure la
práctica de pruebas. “La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1o., no exime a la
autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver mientras no se haya acudido ante la jurisdicción en lo
contencioso administrativo”.

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Radicación: 200012331000201000026 01 (50176)
Demandante: B&B Ingenieros Cía- Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte-INVÍAS
Asunto: Controversias Contractuales

Administración no notifica la respuesta a la petición o la decisión del recurso al
interesado. Sobre la ocurrencia del silencio conviene aclarar que, en todo caso, la
administración puede resolver pasado el tiempo previsto en la ley, siempre y
cuando, en el caso del silencio «negativo sustancial o inicial», no se interpusieran
los recursos en la vía gubernativa y frente al «adjetivo o procesal» hasta antes de
que se acuda a la jurisdicción contencioso administrativa.

Salvo excepción legal, el silencio administrativo genera un «acto administrativo ficto
negativo», es decir, la ficción de una respuesta negativa de la Administración a la
petición o al recurso formulado. La decisión «positiva» -esto es, la ficción de la
respuesta afirmativa de la Administración- solo se presenta en aquellos casos
expresamente previstos en disposiciones especiales. De modo que, a falta de
respuesta oportuna de la Administración se produce un efecto: el interesado, por
virtud de la «ficción legal», obtiene una respuesta negativa –regla general– o
positiva –excepción– a su petición o recurso y, con ello, certeza sobre su situación
jurídica. En otras palabras, la figura del silencio administrativo otorga al interesado
certeza sobre la definición de su situación, si la Administración omite decidirla de
manera expresa en los plazos legales.

La doctrina autorizada parte de que el silencio no es, por sí mismo, una declaración
de voluntad. Su eficacia proviene de una presunción o ficción diseñada para
proteger al particular frente a la inactividad. En doctrina comparada se formula así:

«En el orden nacional, en línea con lo sostenido por la doctrina, se admite que la
conducta omisiva o ambigua de la Administración, cuando se requiera de ella un
pronunciamiento concreto, sea interpretada como negativa reglamentando la ley los
distintos términos en que se configura el silencio dentro del procedimiento
administrativo. En este sentido, la norma legal exige la intervención activa del
administrado al obligarlo a requerir pronto despacho frente a la inactividad de la
Administración como condición para que se opere el silencio, salvo que una norma
especial prevea un plazo expreso dentro del cual la Administración deba emitir un
pronunciamiento concreto.

En cuanto a la naturaleza del silencio administrativo se debate acerca de si se trata
de un acto que traduce una voluntad tácita habiéndose sostenido que, al no existir la
motivación ni otros requisitos (v. gr. la firma) configura
una ficción legal.

Desde luego que el silencio traduce una ficción ideada por el ordenamiento para
garantizar los derechos de los ciudadanos, el cual opera frente a la inactividad formal
de la Administración, cuando ésta no cumple con el deber de resolver, deber que se
encuentra, por otra parte, establecido por el derecho de los tratados internacionales
de jerarquía constitucional. El silencio siempre juega a favor del particular o
administrado.

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Asunto: Controversias Contractuales

Pero ello no impide que, al configurarse el silencio, no pueda inferirse la existencia de
una voluntad tácita, puesto que, tras esta última, hay siempre una ficción legal o
interpretativa. La voluntad tácita tampoco existe como expresión de una volición
psico-física sino que se infiere, en el caso del silencio, por la permisión legal y la
decisión del particular afectado con la conducta morosa de los órganos estatales.

En definitiva, tanto el silencio como los actos tácitos de la Administración
—de los que nos ocupamos más adelante— constituyen la manifestación ficta de la
voluntad administrativa, que se produce en forma tácita. Ahora bien, en el silencio no
hay acto tácito, el cual presupone alguna conducta o exteriorización de la que se
infiere la existencia de una declaración en determinado sentido. Por tanto, no hay
declaración de voluntad sino una voluntad que se reconstruye, mínimamente, en
sentido negativo por obra de la ley»12.

Se trata entonces de «una presunción o ficción legal por virtud de la cual,
transcurrido cierto plazo sin resolver la administración [sic], (…) se entenderá
denegada (…) la petición o el recurso formulado por los particulares u otras
administraciones»13, de suerte que nace «una declaración “tácita” o “implícita” de la
voluntad»14 de la Administración en el sentido de rechazar la petición del particular
o, lo que es lo mismo, de confirmar su decisión primigenia.

7. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 y 138 del CCA, algunos de
los supuestos para concluir que se ha presentado una «demanda en forma» son,
entre otros, que contenga lo que en estricto sentido se pretende y, tratándose de la
nulidad de actos administrativos, se requiere su individualización. Particularmente,
en lo que se refiere a la individualización de los actos administrativos, el inciso
tercero del mencionado artículo 138 del CCA dispone que «si el acto definitivo fue
objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las
decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede
demandar la última decisión»15.

12 Cassagne, Juan Carlos, Derecho administrativo: 2017 Palestra Editoras. pag 185 a 187
13 Ernesto García - Trevijano Garnica. El Silencio Administrativo en el Derecho Español. Madrid. De Civitas,
1990, p. 789. Citado en: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de abril de 1999, Rad. ACU-695
y reiterado en sentencia de la Sección Tercera del 12 de mayo de 2010, Rad. 37446 [Fundamento Jurídico 1].
14 . «Una de las formas en que la voluntad de la Administración Pública puede aparecer tácitamente expresada,

es a través del “silencio” de la Administración, situación que se produce cuando ésta no emite una resolución
que corresponda emitir o no se pronuncia en sentido alguno acerca de una petición que se le haya formulado.
Vale decir, la declaración “tácita” no sólo puede resultar de la interpretación correspondiente a hechos o actos
positivos de la Administración Pública, sino también del significado atribuido a una conducta omisiva de
ésta, como ocurriría en los supuestos de “silencio”, siempre y cuando el ordenamiento jurídico vigente
le asigne a dicho silencio una determinada trascendencia.». Marienhoff, Miguel S. Tratado de Derecho
Administrativo. Tomo II, Servicios Públicos. Actos de la Administración Pública. 4 ed, Abeledo-Perrot, Buenos
Aires. p. 123.
15 Se aclara que esta exigencia de invocación expresa de nulidad del acto decisivo de los recursos, se eliminó

con la expedición del CPACA, codificación que, en su artículo 163, estableció que “Si el acto fue objeto de
recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron”.

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Asunto: Controversias Contractuales

La exigencia prevista en los artículos referidos, sobre la indicación de las normas
violadas y el concepto de su violación se justifica por la presunción de legalidad de
la que gozan los actos administrativos. Esta presunción, que es pilar del Estado de
Derecho, impone al demandante el deber de desvirtuarla con fundamento en alguno
de los motivos previstos en el artículo 84 del CCA:

«Si el acto administrativo, como expresión de voluntad de la Administración que
produce efectos jurídicos se presume legal y es ejecutivo y ejecutorio, le
corresponde a quien alega su carencia de legitimidad, motivada por la
incompetencia del órgano que lo expidió, la existencia de un vicio de forma, la falsa
motivación, la desviación de poder, la violación de la regla de derecho o el
desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, la carga procesal de
cumplir con las exigencias que prevé la norma acusada.

Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el
juez administrativo que buscar oficiosamente las posibles causas de nulidad
de los actos administrativos, mas [sic] aún [sic] cuando dicha búsqueda no sólo
dispendiosa sino en extremo difícil y a veces imposible de concretar, frente al
sinnúmero de disposiciones normativas que regulan la actividad de la
Administración. Por lo tanto, no resulta irrazonable, desproporcionado ni innecesario
que el legislador haya impuesto al demandante la mencionada obligación, la cual
contribuye además a la racional, eficiente y eficaz administración de justicia, si se
tiene en cuenta que el contorno de la decisión del juez administrativo aparece
enmarcado dentro de la delimitación de la problemática jurídica a considerar en la
sentencia, mediante la determinación de las normas violadas y el concepto de la
violación.»16. (Negrillas fuera del texto).

Aún más, obedece a que la justicia contencioso-administrativa es rogada17, al punto
que el artículo 175 del CCA consagra que la sentencia que niega la nulidad pedida
produce cosa juzgada únicamente con relación con la «causa petendi». Así lo ha
explicado esta Subsección:

«En sentido contrario, si la sentencia negó la nulidad del acto administrativo
demandado, la cosa juzgada tendrá efectos relativos, pues operará, como lo
ordenó el legislador en la norma referida, ‘en relación a la causa petendi
juzgada’. Ello tiene su fundamento en que, en el contencioso de legalidad, el análisis
del juez depende de los motivos de invalidez aducidos en la demanda —concepto
de la violación—. La justicia rogada implica que el juez no hace un análisis
integral del acto demandado frente a la totalidad del ordenamiento jurídico,
por lo que, descartados los cargos, nada se opone a que dicho acto pueda ser
demandado y, eventualmente, anulado por razones distintas.

A este propósito, de antaño se encuentra determinado por la jurisprudencia de esta
Corporación que “cuando la decisión judicial es negativa para la pretensión
propuesta, el fenómeno de la cosa juzgada se restringe exclusivamente a las
causales de nulidad alegadas y al contenido del petitum que no prosperó, porque
aún cuando la norma en principio ha quedado vigente por haberse negado la
nulidad, es susceptible de ser demandada por otras causas con diferente petitum y

16 Corte Constitucional, sentencia C-197 de 1999.
17 Entre otras: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 5 de mayo de 2016, Rad. 25000-23-24-000-

2010-00260-01.

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dejar de regir para ese efecto”18.»19. (Negrillas fuera del texto original).

Así, el juzgador está atado a los cargos de nulidad presentados en la demanda, sin
que —en observancia del principio de congruencia— pueda excederse de este
marco en el estudio de la legalidad del acto administrativo20.

8. Ahora bien, ante el error frente a este presupuesto se configura la ineptitud
sustantiva de la demanda, dado que impide un pronunciamiento de fondo en
relación con las pretensiones, que debe ser declarada por el juez, incluso de oficio
(art. 164 del CCA)21.

En observancia de esa previsión legal, esta jurisdicción ha considerado, de manera
uniforme, que la pretensión invocada para debatir la legalidad de un acto
administrativo debe integrarse formulando la nulidad del acto primigenio como de
aquel que resuelve los recursos interpuestos en su contra -salvo en caso de que se
revoque evento en el cual bastará enjuiciarse el ultimo-, so pena de configurarse
una ineptitud sustantiva de la demanda por indebida integración de la pretensión
anulatoria.

«A esto es a lo que se refiere el artículo 138, al decir que si el acto fue revocado, solo
procede demandar la última decisión. Que se reforme o confirme el acto
administrativo impugnado, caso en el cual la decisión se convierte en una unidad
jurídica completa contenida en dos pronunciamientos separados físicamente y
expedidos en distinto tiempo pero componentes de un solo querer de la
administración, que se torna inescindible. En este caso, el afectado con la decisión
de la administración, está en el deber, si pretende que se declare su nulidad por
considerarla ilegal, de demandar tanto el acto administrativo definitivo, es decir aquel
que finalizó la actuación administrativa resolviendo la cuestión de fondo mediante la
creación de una situación jurídica particular, como el acto mediante el cual se resolvió
el recurso en su contra, confirmándolo o modificándolo, para que quede
correctamente individualizado el acto administrativo objeto de la impugnación
judicial»22.

En el ámbito de la contratación estatal, esta Subsección declaró la ineptitud de la
demanda, al pronunciarse sobre una demanda en la que se había invocado la

18 Cita original: «Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 junio 2010, Rad. 36060 [fundamento

jurídico 3, de las consideraciones de esta providencia].».
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 junio 2024, Rad. 44548.
20 Salvo que se trate de actos administrativos expedidos sin competencia, por tratarse, en palabras de la

jurisprudencia, del más grave vicio de ilegalidad y atañe normas de orden público. Entre otras: Consejo de
Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de diciembre de 2021, Rad. 55481.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 14 de mayo de 2025 Rad. 49163. Entre

otras: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 30 de julio de 1993, Rad. 2262, reiterada en sentencia
de la Sección Primera del 13 de julio de 2000, Rad: 11744.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, 9 de diciembre

de 2011, exp. 20410, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

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pretensión de nulidad en contra de un acto declarativo de siniestro de garantía y
calidad del objeto contratado, pero no se procedió en la misma dirección en contra
del acto que decidió el recurso de reposición interpuesto en su contra confirmándolo:

«8. El artículo 138 CCA, vigente al momento de interposición de la demanda,
establecía que cuando se pretendiera la nulidad de un acto definitivo que había sido
objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberían demandarse las
decisiones que lo modificaran o confirmaran, pero si hubiera sido revocado, solo
procedería demandar la última decisión. La Sala, precisó que, aunque la interposición
del recurso de reposición no fuera obligatoria, en caso de que dicho recurso fuera el
único procedente y que el actor hubiera hecho uso de este, tenía la carga de
demandarlo. Como el juez no puede ir más allá del concepto de la violación, es decir,
no puede integrar a la demanda con los demás actos producidos durante el
procedimiento administrativo y resulta incoherente que, ante la nulidad del acto
demandado, se mantengan en el ordenamiento jurídico aquellos que definieron lo
mismo al resolver los recursos, la demanda así presentada es inepta.

9. Los actos que se produzcan durante la actividad contractual, por su parte, al ser
expedidos –en principio– por los jefes y representantes legales de las entidades (art.
12 y 13 de la Ley 80 de 1993), solo son susceptibles del recurso de reposición, en
los términos del artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

10. El demandante alegó la nulidad de la Resolución n.° 1241 del 17 de noviembre
de 1999 que declaró el siniestro amparado por la garantía de calidad y correcto
funcionamiento de equipos e hizo efectiva la garantía. Interpuso recurso de
reposición contra esa decisión, que fue resuelta a través de la Resolución n.° 0027
del 19, decisión que no fue demandada.

“Como la Resolución n.° 1241 del 17 de noviembre de 1999 era susceptible del
recurso de reposición y el demandante decidió interponerlo, debía demandar el acto
administrativo definitivo y la decisión que la confirmó, esto es, la Resolución n.° 1241
y la Resolución n.° 0027. Como Airvent Ltda. únicamente demandó Resolución n.°
1241 del 17 de noviembre de 1999 y omitió demandar la Resolución n.° 0027 del 19
de enero de 2000, se configuró la excepción de inepta demanda y, por ello, la Sala
confirmará la decisión de primera instancia»23.

Esta misma conclusión ha sido adoptada por la jurisprudencia, frente al acto ficto
producto del silencio administrativo negativo:

«No obstante, la Sala precisa que, de haberse acreditado la impugnación, las
consideraciones aquí expuestas conservan su vigencia, porque si el contratista
interpuso recurso de reposición contra la resolución de liquidación y el mismo
no fue resuelto por la entidad pública contratante – como ella misma lo admitió
• resultaba imperativo demandar la resolución impugnada junto con el acto
presunto, fruto del silencio administrativo negativo. Así se deduce de lo
dispuesto en el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo que prevé:
“Transcurrido un plazo de 2 meses contado a partir de la interposición de los
recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa
sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa.

Con fundamento en todo lo anterior la Sala, como se explicará en acápite final de
estas consideraciones, declarará inepta la demanda presentada por el actor y se

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26

de diciembre de 2006, exp. 39012.

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abstendrá de hacer un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la
demanda»24. (Negrillas fuera del texto original).

Como corolario de lo expuesto, en vigencia del Código Contencioso Administrativo,
resultaba imperativo integrar la pretensión anulatoria con la solicitud de nulidad del
acto original y de aquel que, por vía de decisión de los recursos interpuestos en su
contra, lo confirmara o modificara. En tal sentido, se deben formular pretensiones
de nulidad, contra el acto primigenio, como frente al acto ficto o presentó resultante
del silencio administrativo negativo.

9. Según la demanda, a partir de la expedición de la resolución demandada,
específicamente en el hecho 12 del libelo introductorio, una vez notificado de su
contenido, el demandante formuló recurso de reposición, «el cual no ha sido resuelto
hasta la fecha; constituyéndose así el silencio administrativo negativo ». La entidad
demandada en su escrito de contestación se limitó a indicar que no era cierto que
el contratista hubiera presentado recursos oportunamente en contra del acto
declarativo de la caducidad del contrato 2248.

En consonancia con lo anterior, el tribunal de primera instancia al pronunciarse
sobre la caducidad de la acción, concluyó que “la sociedad B&B Ingenieros CIA
LTDA. sí presentó recurso de reposición contra la Resolución No. 01664 de 2007
(ver folio 90), y que dicho recurso no fue resuelto por el INVIAS lo que se configura
en un silencio administrativo que independiente a que este se defina como positivo
o negativo, lo cierto es la existencia de un acto presunto y que a voces del artículo
136.3 del CCA la acción en estos casos se podrá interponer en cualquier tiempo”25.

Uno de los argumentos en torno a los cuales gravitó la alzada consistió en la
vulneración al debido proceso y el derecho de defensa del contratista por parte del
Invías por no haber decidido expresamente los recursos instaurados en contra de
la declaratoria de caducidad del contrato.

10. Se advierte que la pretensión primera de la demanda principal se dirigió a
obtener la nulidad de la Resolución n°. 01664 de 2007, mediante la cual se declaró
la caducidad del contrato n°. 2248 de 2005, sin que se elevara una pretensión
anulatoria adicional.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2007, Rad. 14460. En el mismo sentido

la sentencia proferida por esta Subsección el 31 de mayo de 2022, Rad. 52636.
25 Folio 1173 del cuaderno principal de la apelación.

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En el expediente está demostrado que, en efecto, el INVIAS declaró la caducidad
del contrato de obra mediante la Resolución n°. 01664 del 25 de abril de 2007 (fls.
77-87 c. 1) y que el acto administrativo fue notificado el 25 de mayo de 2007 al
abogado Rene Villamizar García, quien se presentó como apoderado del contratista
(f. 88 c. 1). También se aportó una notificación por edicto que se basó en la
«imposibilidad de hacerlo personalmente», fijado por 10 días desde el 24 de mayo
y hasta el 6 de junio de 2007 (fls. 983-984 c. 4). En criterio de la entidad, el acto
administrativo quedó en firme el 15 de junio de 2007 (f. 982 c. 4).

Contrario a lo señalado por el INVIAS en su contestación, se acreditó que la
sociedad B&B Ingenieros Cía. Ltda. actuó dentro del término legal previsto para la
interposición de los recursos. En efecto, si la Resolución n.° 01664 fue notificada
personalmente el 25 de mayo de 2007 (f. 88 c. 1), el término de cinco (5) días hábiles
consagrado en el artículo 51 del Decreto 01 de 1984 corrió entre el 28 de mayo y el
1 de junio de 2007. Bajo ese conteo, el recurso de reposición —cuya presentación
personal se surtió el 1 de junio de 2007 ante la Procuraduría Regional del Cesar (fl.
89 a 115 c. 1)— se interpuso dentro del término.

En el referido oficio del 28 de mayo de 2007 consta que el recurso de reposición y
en subsidio apelación fue remitido por la Procuraduría Regional del Cesar al Invías
– Dependencia Asesora Jurídica el 5 de junio de 2007, con el número de radicación
33557 (fl. 89 c. 1). En el texto se puso de presente que tuvo que previamente
realizarle una «NOTA DE PRESENTACIÓN PERSONAL ante la dirección Regional
de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN con sede en Valledupar» el 1
de junio de 2007 (f. 115 c. 1), debido a que la Dirección Territorial Cesar del INVIAS,
«según órdenes impartidas por la funcionaria de la oficina jurídica» se negaba a
recibir el documento».

La circunstancia de que dicho escrito hubiera sido remitido por la Procuraduría al
INVIAS – Dependencia Asesora Jurídica solo hasta el 5 de junio de 2007 (fl. 89 c.
1) en nada afecta la oportunidad de la actuación del contratista, pues lo relevante
para efectos de la oportunidad del recurso es la fecha de su presentación y no la de
su posterior remisión entre entidades.

Incluso tomando la notificación por edicto —realizada ante la imposibilidad de
efectuar la personal— fijado del 24 de mayo al 6 de junio de 2007, el recurso de

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reposición fue presentado oportunamente el 1 de junio de esa anualidad y, con ello,
la firmeza del acto administrativo que declaró la caducidad se habría desplazado
hasta la adopción de la decisión que resolviera el referido recurso.

Así, es evidente que, aun cuando se acreditó que el contratista interpuso
oportunamente recurso de reposición en contra de la declaratoria de caducidad, la
entidad contratante guardó silencio por más de dos meses -sin que se evidencie
que lo hubiera resuelto incluso después de ese lapso o antes de la presentación de
la demanda- hecho que, de acuerdo con lo alegado reiteradamente por la parte
actora, constituyó un silencio administrativo negativo que dio surgimiento a un acto
ficto contentivo de una decisión confirmatoria de la declaratoria de caducidad.

En atención a tal entendimiento, el demandante con apego al mandato del artículo
138 del CCA, régimen procedimental que disciplinó la vía gubernativa contra el acto
que declaró la caducidad, no estaba relevado de integrar la pretensión anulatoria
compuesta por la nulidad del acto primario mediante el cual Invías declaró la
caducidad del contrato 2248 y del acto ficto o presunto derivado del invocado
silencio administrativo negativo, a riesgo de que su demanda fuera inepta. Sin
embargo, la nulidad solo se pidió respecto del primero.

Por mérito de lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que
negó las súplicas de la demanda principal y, en su lugar, declarará su ineptitud
sustantiva por indebida integración de la pretensión anulatoria.

Oportunidad de la formulación de la demanda de reconvención

11. La demanda de reconvención, de acuerdo con el artículo 177 del CCA, permite
que —cumplidos ciertos requisitos— el demandado interponga demanda en contra
de la parte actora para que las dos se sustancien conjuntamente y se decidan en la
misma sentencia.

La demanda de reconvención es «un acto procesal de petición mediante el cual el
demandado deduce oportunamente contra el actor una acción propia,
independiente o conexa con la acción que es materia de la demanda, a fin de que

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ambas sean sustanciadas y decididas simultáneamente en el mismo proceso»26 es
decir, «el planteamiento de un nuevo litigio y de una nueva controversia, y por lo
tanto, lleva al proceso a un terreno distinto»27.

La jurisprudencia, por su parte, ha sostenido que se trata de un acto procesal
mediante el cual el extremo pasivo de la litis primigenia “deduce oportunamente
contra el actor una acción propia, independiente o conexa con la acción que es
materia de la demanda, a fin de que ambas sean sustanciadas y decididas
simultáneamente en el mismo proceso”28.

12. Resulta relevante destacar que el ejercicio de la demanda de reconvención
entraña la activación de un derecho de acción propio, autónomo e insubordinado de
aquel de la demanda original29, de modo que debe observar todos los presupuestos
procesales y cumplir con todas las cargas exigidas por el ordenamiento jurídico para
la procedencia y prosperidad de sus pretensiones (art. 400 del CPC).

La demanda de reconvención se somete, también y de manera autónoma, al
término previsto por la ley sobre la oportunidad de la presentación de las
pretensiones. En este orden, el término de caducidad de la demanda de
reconvención no se interrumpe ni se suspende con ocasión de la interposición de la
demanda primigenia y, por el contrario, amerita un análisis autónomo respecto de si
la reconvención fue oportunamente incoada de cara a las particulares pretensiones
elevadas. Así lo ha concluido esta Sección:

«Visto lo anterior, se debe concluir que no asiste razón al apoderado del contratista,
cuando afirma que el Tribunal equivocó el fundamento normativo y jurisprudencial
de la providencia impugnada, al edificar el rechazo de la demanda de reconvención
sobre la caducidad de una acción contractual simple dejando de aplicar la norma
que regula el caso, es decir, el artículo 217 del C.C.A.

Si bien es cierto, el artículo mencionado, establece la posibilidad para que el
demandado presente demanda de reconvención dentro del término de fijación en
lista, también lo es, que el ejercicio de tal derecho solo es posible si se hace
antes de que se haya configurado la caducidad de la acción. No podría ser de
otra manera, porque la demanda de reconvención es una acción autónoma,
que no pretende enervar las pretensiones de la demanda inicial, sino que está
encaminada a obtener el reconocimiento de pretensiones diferentes.»30.

26 RICER ABRAHAM, “Reconvención”, en Enciclopedia Jurídica Omeba, t.XXIV, Buenos Aires, Edic. Omeba,

1967, pag, 95. Citado en: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 27 de mayo de 2004, Rad. 26275.
27 Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, Pág. 438. Editorial ABC 1985.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 27 de mayo de 2004, Rad. 26275.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 27 de mayo de 2004, Rad. 26275.
30 Ibídem.

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Radicación: 200012331000201000026 01 (50176)
Demandante: B&B Ingenieros Cía- Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte-INVÍAS
Asunto: Controversias Contractuales

(Negrillas fuera del texto original).

Y, en otra oportunidad, señaló que:

«Si bien es cierto que, tal y como lo dispone el artículo 143 del Código Contencioso
Administrativo –Decreto 01 de 1984-, el término de caducidad de la acción, en
cuanto a quienes hicieron parte del Consorcio S.O.T. se refiere, se interrumpió con
la presentación de la demanda principal, no es posible señalar que dicha
interrupción hubiere operado también para la demanda de reconvención, dado
que ésta, como se indicó, es de carácter autónomo. En virtud de todo lo
expuesto, concluye la Sala que en aplicación de lo dispuesto en el inciso 3º del
artículo 143 del Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 1984-, la
demanda de reconvención interpuesta por la sociedad INTERCONEXION
ELECTRICA S.A. E.S.P. - ISA E.S.P. -, como lo hizo el a quo, debe ser rechazada,
toda vez que respecto de ésta operó el fenómeno jurídico de la caducidad,
circunstancia que impone confirmar la decisión impugnada.»31. (Negrillas fuera del
texto original).

Se sigue de lo anotado que no basta con que su formulación se produzca dentro del
término de fijación en lista32; resulta indispensable verificar que su interposición se
ciña al lindero del plazo de la caducidad de la acción, aspecto que deberá verificarse
de cara a las reclamaciones de la contrademanda y al contenido argumentativo que
le sirve de sustento.

13. El artículo 136.10 del CCA —modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de
1998— consagra el término de caducidad para la acción de controversias
contractuales, cuyo cómputo inicia según la obligatoriedad de surtir la etapa de
liquidación en el contrato objeto de litigio. En particular, el literal (d) dispone que,
para el caso de los contratos que requieran de liquidación, y la misma no se haya
efectuado, la oportunidad para presentar la demanda es de dos años contados
«desde el incumplimiento de la obligación de liquidar».

Por su parte, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, antes de la modificación introducida
por la Ley 1150 de 2007 —régimen aplicable al contrato33, de acuerdo con el artículo
38 de la Ley 153 de 188734, en cuanto el negocio jurídico se celebró el 20 de octubre
de 2005—, previó que los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución se

31 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2013, Rad. 45191.
32
Art. 217 C.C.A.- En los procesos relativos a controversias contractuales y de reparación directa, la parte
demandada podrá, en el término de fijación en lista, denunciar el pleito, realizar el llamamiento en garantía o
presentar demanda de reconvención, siempre que ello sea compatible con la índole o naturaleza de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
33 Los contratos celebrados por el INVIAS, en su calidad de establecimiento público del orden
nacional, están sometidos a la Ley 80 de 1993.
34 «En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración.

(…)».

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Asunto: Controversias Contractuales

prolongara en el tiempo y los demás que lo requirieran, serían objeto de liquidación
de común acuerdo por las partes contratantes, durante el término fijado en el pliego
de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del
vencimiento de los cuatro meses siguientes a la finalización del contrato o a la
expedición del acto administrativo que ordenara la terminación.

Frente a la liquidación unilateral, el artículo 61 de la Ley 80 de 1993 -antes de que
fuera derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007- dispuso que si el
contratista no se presentaba a la liquidación o las partes no llegaban a un acuerdo
sobre el contenido de esta, sería practicada directa y unilateralmente por la entidad
mediante acto administrativo. De acuerdo con el antedicho artículo 136.10.d del
CCA, la Administración cuenta con dos meses para ejercer esta facultad.

En este orden, el término de caducidad previsto en el artículo 136.10.d del CCA es
de dos años que deben contarse desde el vencimiento del plazo de dos meses —
correspondientes al término de liquidación unilateral— que, a su vez, inicia su
cómputo cuando fenece el término convencional o el legal (de 4 meses) para liquidar
el contrato de común acuerdo, contado desde la terminación de la relación negocial.

14. El contrato n°. 2248 de 2005 era de tracto sucesivo o de ejecución continua 35,
porque las prestaciones no se agotaban con una sola acción, sino que se exigía que
las actividades se desarrollaran de manera diferida en el tiempo, para cumplir con
las obligaciones emanadas del objeto. Así se desprende de la cláusula cuarta (f. 4
reverso c. anexo 1), que estipulaba un plazo de ejecución de tres meses contados
desde «la orden de iniciación», término en el cual el contratista debía cumplir con el
objeto contractual, consistente en las obras de mejoramiento de la red terciaria
nacional del departamento del Cesar en las vías allí descritas. Por ello, este negocio
requería de liquidación en los términos del artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

De conformidad con su cláusula vigésima tercera (f. 7 c. anexo 1), el plazo para
liquidar el negocio jurídico de mutuo acuerdo era de cuatro meses siguientes a «su

35 Según Messineo, la categoría del contrato de tracto sucesivo o ejecución continuada es «aquel en

que “el dilatarse” del cumplimiento por cierta duración es condición para que el contrato produzca el
efecto querido por las partes y satisfaga la necesidad (durable o continuada) que las indujo a
contratar; la duración no es tolerada por las partes sino que es querida por ella, por cuanto la utilidad
del contrato es proporcional a su duración». Messineo, Francisco. Doctrina General del Contrato.
Tomo I. (trad. Fontanarrosa, Sentis Melendo, Volterra). Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos
Aires. 1952, p. 429-430.

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vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o
a la fecha del acuerdo que así lo disponga».

15. Se destaca que no hubo liquidación bilateral ni unilateral del contrato. La Sala,
con el fin de clarificar este aspecto, según quedó reseñado en los antecedentes de
esta providencia, pidió de oficio a la entidad demandada -demandante en
reconvención- que informara sobre la existencia del acto de liquidación unilateral
del contrato (auto de 23 de febrero de 2026 índice 28 SAMAI).

Como respuesta, la entidad remitió el documento identificado como «alcance
memorando 2026I-VBOG-046260», suscrito por Subdirectora de Gestión
Contractual y Procesos Administrativos-Invías, en el cual le informó al apoderado
que «no existe documentación que permita demostrar la liquidación de mutuo
acuerdo, ya que, dentro de los documentos suministrados por Gestión Documental
solamente se encuentra la resolución de la caducidad (Resolución No. 1664 de 25
de abril de 2007) un oficio citando al contratista para firmar la liquidación del contrato
(Oficio 40486 de 28 de septiembre de 2007), y un borrador de la liquidación sin
firma, las cuales se remiten para su consulta.» (índice 53 SAMAI). Con esta
comunicación se allegó el mencionado borrador de liquidación.

16. Siendo así, al tenor del artículo 136.10.d del CCA, el término de caducidad
aplicable a este caso era de dos años que empezaban a correr una vez hubieran
transcurrido el tiempo correspondiente a los cuatro meses estipulados para la
liquidación bilateral y los dos legales para la unilateral, una vez vencido el plazo del
contrato.

Conviene precisar que la demanda de reconvención no pretende la declaratoria de
nulidad de su propio acto ficto, hipótesis en la cual resultaría aplicable la regla
prevista en el artículo 136.3 del CCA, según la cual «la acción sobre los actos
presuntos que resuelvan un recurso podrá interponerse en cualquier tiempo». La
demanda de reconvención lo que persigue es la declaratoria de incumplimiento del
contratista y el reconocimiento de los perjuicios causados, por lo que sí estaba
sometido al término de caducidad consagrado en el numeral 10 de la norma en
comento.

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15. Según la Resolución n°. 01664 de 25 de abril de 2007 (f. 77 c. 1), el término de
ejecución contractual finalizó el 13 de septiembre de 2006. Esta manifestación se
soporta en el acervo probatorio, toda vez que en la cláusula cuarta del contrato n°.
2248 previó un plazo de 3 meses (f. 4 reverso c. anexo 1), contados desde el 19 de
diciembre de 2005, cuando se dio la orden de inicio de las obras (f. 374-375 c. 236),
por lo cual, originalmente, éste debía finalizar el 19 de marzo de 2006. Sin embargo,
el 16 de marzo de 2006, las partes suscribieron el adicional n°. 1 (f. 8 c. anexo 1),
en virtud del cual prorrogaron el plazo desde el 20 de marzo hasta el 3 de mayo de
ese año y, posteriormente, mediante adicional n°. 2 (f. 9 c. anexo 1), pactaron una
nueva prórroga hasta el 31 de mayo de 2006. El informe final de la interventoría (f.
384 c. anexo 2) da cuenta de que el término de ejecución fue suspendido entre el
25 de mayo y el 8 de agosto de 2006, al paso que el 14 de agosto siguiente se pactó
el adicional n°. 3 (f. 10 c. anexo 1) en el que se prorrogó el plazo hasta el 13 de
septiembre de 2006.

El plazo del contrato finalizó por vencimiento del tiempo pactado por las partes, el
13 de septiembre de 2006 —no por la decisión de caducidad porque fue proferida
con posterioridad (Resolución n°. 01664 del 25 de abril de 2007)— por lo que el
término para liquidar el contrato de mutuo acuerdo transcurrió desde el 14 de
septiembre de 2006 hasta el 14 de enero de 2007 —que, por ser domingo, se corrió
al 15 de enero de 2007—, y para ejercer la facultad unilateral, desde el 16 de enero
de 2007 hasta el 16 de marzo de 2007. De esta manera el término para presentar
oportunamente la demanda inició el 17 de marzo de 2007 y feneció el 17 de marzo
de 2009 y como la demanda de reconvención fue presentada el 6 de julio de 2010
(f. 175 c. 2) fue extemporánea.

El término para presentar la demanda no puede computarse desde la expedición de
la declaratoria de caducidad del contrato, porque la obligación de liquidar surgió con
la finalización del plazo de ejecución —que ocurrió el 13 de septiembre de 2006, de
conformidad con lo ya expuesto—, y no con la Resolución n°. 01664 del 25 de abril
de 2007, en la medida en la que ésta se expidió cuando ya se había culminado dicho
plazo. El acto administrativo de caducidad no podía reiniciar un plazo de ejecución
ya culminado ni de desplazar el conteo de este para efectos de surtir la liquidación
bilateral.

36 Esto se desprende también del acta de seguimiento del 22 de diciembre de 2005 (f. 300 c. 2).

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En virtud de lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia en
cuanto accedió a las pretensiones de la demanda de reconvención y, en su lugar,
se declarará la caducidad de la acción incoada.

Costas

La Sala considera que la conducta procesal de las partes en el desarrollo del
proceso fue ajustada a derecho y atendió los postulados de la buena fe, por lo cual,
en cumplimiento del artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998, no se condena en costas a ningún extremo procesal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2013, por el
Tribunal Administrativo del Cesar, con sustento en las consideraciones que
anteceden y en su lugar se dispone:

1.- DECLARAR la ineptitud sustantiva de la demanda principal, por
indebida integración de la pretensión anulatoria. En consecuencia, la
Sala se inhibe para fallar el fondo de la controversia.

2.- DECLARAR que operó la caducidad de la demanda de reconvención.

SEGUNDO: Sin condena en costas

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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Demandante: B&B Ingenieros Cía- Ltda.
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Asunto: Controversias Contractuales

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE37
NICOLÁS YEPES CORRALES

37 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se

suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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