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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2010-00348-01

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2010-00348-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 31 de agosto de 2017 por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda y en su lugar se dispone: 75 Radicación: 20001233100020100034801 (60395) Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Niber José Nogoa Jaimes, Ingrid Carolina Nogoa Jaimes, Jorge Andrés Jaimes Nogoa, Cristobal Jaimes Nogoa, Eulises Jaimes Nogoa y Urbana Suárez Meneses. TERCERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional de los perjuicios causados a los demandantes con la muerte de Catalino López Barahona, ocurrida el 8 de junio de 2008. CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales: 100 SMLMV, para cada uno de los demandantes Lina Malena López Jaimes, Keila Yeraldine López Jaimes Nogoa, Leidys López Suárez, Samir Antonio López Suárez, Carlos Arturo López Suárez y María Dévora Jaimes Nogoa. QUINTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar por concepto de lucro cesante las siguientes cantidades: i) para Leidys López Suárez la suma de $22’945.473, ii) para Samir Antonio López Suárez la suma de $17’674.778; iii) para Carlos Arturo López Suárez la suma de $20’104.178; iv) para Lina Malena López Jaimes la suma de $42’417.418 y: v) para Keila Yeraldine López Jaimes la suma de $45’304.631,4. SEXTO: CONDENAR en abstracto a la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar, por concepto de lucro cesante, a María Dévora Jaimes Nogoa la cuantía que se establezca en el trámite incidental, de conformidad con los parámetros indicados en la parte motiva de esta providencia. SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. OCTAVO: Dar cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del C.C.A. NOVENO: SIN COSTAS. 76 Radicación: 20001233100020100034801 (60395) Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros DÉCIMO: En firme esta providencia remítase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 20001-23-31-000-2010-00348-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

9 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: MARÍA DÉVORA JAIMES NOGOA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL

Tema: Responsabilidad del Estado por actos de ejecución extrajudicial
– falsos positivos / valoración de la prueba trasladada, noticias
de prensa, autenticidad de los informes militares y de policía,
entrevistas efectuadas por agentes de policía judicial /
Legitimación de compañera permanente / condena en abstracto
para el lucro cesante en favor de la compañera permanente.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 31 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 7 de junio de 2008, en horas de la tarde, miembros del Batallón de Infantería de
Marina No. 15 Francisco de Paula Santander ingresaron al domicilio de Catalino
López Barahona ubicado en Ocaña, Norte de Santander, manifestándole al civil
que los acompañara fuera de la vivienda, no obstante, ante la negativa del señor
López Barahona, los militares le propinaron un disparo de arma de fuego en la
pierna y se lo llevaron a la fuerza, donde no muy lejos de su residencia, le
dispararon nuevamente quitándole la vida en forma instantánea. Posteriormente,
en los periódicos que circulaban en Ocaña, se divulgó la noticia de que Catalino
López Barahona era un guerrillero del ELN que murió en combate con tropas del
Ejército Nacional en la vereda Boquerón del municipio de Río de Oro, Cesar.

Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

Los demandantes acusan de falsa la versión proporcionada por los miembros del
Ejército Nacional sobre la muerte de Catalino López Barahona, aseguran que él no
formaba parte de ningún grupo al margen de la ley, que la víctima fue herida en su
casa por miembros del Ejército Nacional y luego “ajusticiada” cerca de allí.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 3 de septiembre de 20101, María Dévora Jaimes Nogoa, quien actúa en su
propio nombre y en representación de Lina Malena López Jaimes, Keila Yeraldine
López Jaimes, Niber José Nogoa Jaimes, Ingrid Carolina Nogoa Jaimes, Jorge
Andrés Jaimes Nogoa, Cristobal Jaimes Nogoa y Eulises Jaimes Nogoa; así como
Urbana Suárez Meneses, quien actúa en su propio nombre y en representación de
Leidys López Suárez, Samir Antonio López Suárez y Carlos Arturo López Suárez;
mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa,
presentaron demanda en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército
Nacional para que se le declarara patrimonialmente responsable por la muerte de
Catalino López Barahona, ocurrida el 8 de junio de 2008.

Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a la
entidad accionada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV para cada uno de
los demandantes; por daño emergente, la suma de $3’000.000 para todos los
demandantes; por lucro cesante, la suma de $100’000.000 para cada uno de los
accionantes; por “daño a la vida de relación o perjuicio al proyecto de vida”, el
equivalente a 120 SMLMV para cada uno de los actores; por merma de la
capacidad laboral, la suma de $100’000.000 para cada una de las demandantes
María Dévora Jaimes Nogoa y Urbana Suárez Meneses.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 7 de junio de
2008, en horas de la tarde, miembros del Batallón de Infantería de Marina No. 15
Francisco de Paula Santander ingresaron al domicilio de Catalino López Barahona

1 Fl. 17 a 44, C.1.

2

Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

ubicado en Ocaña, Norte de Santander, manifestándole al civil que los
acompañara fuera de la vivienda, no obstante, ante la negativa del señor López
Barahona, los militares le propinaron un disparo de arma de fuego en la pierna y
se lo llevaron a la fuerza, donde no muy lejos de su residencia, le dispararon
nuevamente quitándole la vida en forma instantánea.

Manifiesta que, en el semanario de Ocaña publicado entre el 12 y el 18 de junio de
2008, se difundió la falsa noticia de que Catalino López Barahona era un
guerrillero del ELN que murió en combate con tropas del Batallón de Infantería de
Marina No. 15 Francisco de Paula Santander, en la vereda Boquerón del municipio
de Río de Oro, Cesar.

Asegura que los hijastros de Catalino López Barahona y otros testigos podían
confirmar que “los militares sin razón ni motivo le dispararon a su padrastro por la
espalda dentro de su casa y que luego en contra de su voluntad lo sacaron de la
casa ajusticiándolo cerca de allí”.

Señala que, para la fecha de su muerte, Catalino López Barahona contaba con 39
años y se dedicaba a la agricultura, de la cual derivaba su sustento y el de su
familia.

Los demandantes acusan de falsa la versión proporcionada por los miembros del
Ejército Nacional sobre la muerte de Catalino López Barahona, aseguran que él no
formaba parte de ningún grupo al margen de la ley, que la víctima fue herida en su
casa por miembros del Ejército Nacional y luego “ajusticiada” cerca de allí.

2. Contestación

El 7 de octubre de 20102, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda
y ordenó su notificación a la demandada y al ministerio público.

2 Fl. 51 y 52, C.1.

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Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

2.1. La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional3 afirmó que la culpa
exclusiva de la víctima fue la causante del daño, dado que falleció en un
enfrentamiento armado cuando actuaba en calidad de insurgente.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 16 de julio de 20154 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte actora5 reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

4.2. La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y el ministerio público
guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 31 de agosto de 20176 el Tribunal Administrativo del Cesar
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se probó la falla del
servicio de la entidad demandada y a la que se atribuye la muerte de Catalino
López Barahona, dado que ni siquiera existía imputación penal por el homicidio de
la víctima.

Al efecto, sostuvo que: “esta Corporación en aras de aclarar los puntos dudosos al
interior del sub lite, profirió auto para mejor proveer para solicitarle a la Fiscalía 66
de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con
sede en Bucaramanga, que remitiera copia de la investigación adelantada por el
homicidio del señor Catalino López Barahona, no obstante, esa entidad contestó a
través del Oficio 3479 F.66 DFNE DH-DIH del 30 de octubre de 2015, señalando
la imposibilidad de expedir copias de la investigación dado el carácter oral y
dinámico de la misma, pero recalcando a su vez que ‘hasta el momento no se ha

3 Fl. 61 a 71, C.1.
4 Fl. 270, C.1.
5 Fl. 235 a 243 y 272 a 274, C.1.
6 Fl. 312 a 334, Cuaderno Consejo de Estado.

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Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

formulado imputación en contra de persona alguna’. De conformidad con lo
indicado, es evidente que al no existir imputación contra persona alguna a causa
de los hechos pluricitados, o lo que es lo mismo, al no haberse acreditado
condena alguna o algún tipo de averiguación a miembros del Ejército Nacional a
causa de tales hechos, ello no permite tener certeza a la Sala que el homicidio del
señor Catalino López Barahona hubiese sido a consecuencia de dicho actuar
militar. Así las cosas, lo único cierto es que el señor Catalino López Barahona,
murió el día 8 de junio de 2008 y, en estas condiciones, encuentra la Sala que, si
bien ello denota la existencia de un daño moral a sus familiares, no está
demostrado que este resulte imputable a la entidad demandada, pues no se probó
que la muerte del mencionado señor se debiera a una falla de la Administración, ni
mucho menos a un exceso de la fuerza pública, tal como los llamados falsos
positivos, que alega el apoderado de la parte actora”.

6. Recurso de apelación

El 21 de septiembre de 20177 la parte demandante interpuso y sustentó recurso
de apelación, el que fue concedido el 5 de octubre de 20178 y admitido el 6 de
diciembre de 20179.

6.1. La parte actora10 señaló que en la investigación penal “hay suficientes
elementos materiales probatorios y evidencias físicas que demuestran que la
muerte de este humilde campesino fue producto de un plan macabro de los
militares para presentarle a sus comandantes resultados en la lucha en contra de
los grupos al margen de la ley, en un típico falso positivo”.

7 Fl. 336 a 338, Cuaderno Consejo de Estado.
8 Fl. 340, Cuaderno Consejo de Estado.
9 Fl. 345, Cuaderno Consejo de Estado.
10 Fl. 336 a 338, Cuaderno Consejo de Estado.

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Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 27 de febrero de 201811 se corrió traslado a las partes y al ministerio público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. Las partes y el ministerio público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia del 31 de agosto de 2017 por el Tribunal Administrativo del Cesar, de
conformidad con los artículos 129 y 132 numeral 6 del C.C.A., subrogados por los
artículos 37 y 40 de la Ley 446 de 1998, respectivamente, dado que la cuantía del
proceso excede de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de
presentación de la demanda12, pues la sumatoria de las pretensiones equivale a
$2.762’600.00013.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 8614 del Código Contencioso Administrativo.

11 Fl. 348, Cuaderno Consejo de Estado.
12 El valor del salario mínimo legal mensual vigente para el 2010 era de $515.000, por lo que 500

salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalían a $257’500.000.
13 En concordancia con lo dispuesto en el artículo 20, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil

modificado por el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010: “La cuantía se determinará así: (...) 2. Por el
valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la
demanda”.
14 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente

la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o
ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera
otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten

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Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama
la reparación de un daño por hechos imputables a la Nación - Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada
en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que
tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en
tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal
que, por ende, debe examinarse de oficio15.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador,
apuntando a la protección del interés general16, estableció unos plazos para poder
ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos
resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y
de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado
la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la
consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo
de un servidor o exservidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando
resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.”
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…]

respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en
primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de
manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el
artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando
verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de
reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma,
formulada como excepción de fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso declararla de oficio el Juez
en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del
C.C.A.”
16 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico

procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada
referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”

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Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción17, ofrecer
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el
anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter
irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso
iure18 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del

17 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos
18 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es

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aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o
protección de la justicia19, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo
concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de
accionar. Esta concepción de límite temporal de la figura en comento, sin
embargo, opera en favor del accionado y en contra del accionante que acude
tarde a hacer efectivo su derecho de acción, pues implica reconocer que el
derecho a demandar se perdió, en tanto el accionado lo puede proponer como
medio exceptivo o el juez reconocer o declarar de oficio.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de
reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados
a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

No obstante, en cuanto a la forma de abordar la exigibilidad del término para
demandar cuando se invoca un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra,
mediante sentencia del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado20 unificó su jurisprudencia y precisó que, salvo para el caso
de desaparición forzada, que cuenta con regulación legal expresa 21, el conteo del

decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
19 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,

sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, radicado 61033, C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
21 Regulado expresamente por el inciso 2º del literal i) del numeral 2o del artículo 164 de la Ley

1437 de 2011 y antes por el numeral 8º del artículo 136 del Decreto No. 1 de 1984, adicionado por
el artículo 8º de la Ley 589 de 2000.

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Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

plazo para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo inicia desde el
momento en que los afectados conocieron o debieron conocer la participación por
acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial a éste, excepto que existan situaciones objetivas que
impidan materialmente el ejercicio del derecho de acción.

Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo deberá contar el plazo de
los dos (2) años para el ejercicio oportuno del medio de control de reparación
directa a partir del momento en que el interesado sabía o tuvo posibilidad de
advertir "que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible
de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política".

En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en
tiempo, teniendo en cuenta: i) que la muerte de Catalino López Barahona tuvo
lugar el 8 de junio de 2008 (hechos probados 7.1.4., 7.1.5. y 7.1.9.); ii) que el 3 de
junio de 2010, los demandantes presentaron la solicitud de conciliación ante la
Procuraduría General de la Nación y el 3 de septiembre de 2010 se cumplieron 3
meses sin que se hubiera logrado el acuerdo de conciliación22, según constancia
expedida el 7 de septiembre de 201023 y; iii) que la demanda se presentó el 3 de
septiembre de 2010, es decir, dentro de los dos (2) años establecidos en la ley
procesal vigente.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis24.

4.1. Lina Malena López Jaimes (hija), Keila Yeraldine López Jaimes Nogoa (hija)
Leidys López Suárez (hija), Samir Antonio López Suárez (hijo) y Carlos Arturo

22 Artículo 3 del Decreto 1716 de 2009.
23 Fl. 49, C.1.
24 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la

causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas
del libelo petitorio.”

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Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

López Suárez (hijo), son las personas sobre las que recae el interés jurídico que
se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, en razón a
que conformaban el núcleo familiar de Catalino López Barahona (víctima), según
dan cuenta las copias auténticas de los correspondientes registros civiles de
nacimiento y las sentencias de filiación del 30 de diciembre de 2011 y del 26 de
marzo de 2013, proferidas por el Juzgado Promiscuo de Familia de Aguachica25.

En cuanto a los accionantes Niber José Nogoa Jaimes e Ingrid Carolina Nogoa
Jaimes, quienes alegaron su condición de hijos de la víctima, según las copias
auténticas de sus correspondientes registros civiles de nacimiento, se observa que
estos son hijos de María Dévora Jaimes Nogoa y José de la Cruz Nogoa Picón, es
decir, no eran hijos de Catalino López Barahona 26. Igualmente, los demandantes
Jorge Andrés Jaimes Nogoa, Cristóbal Jaimes Nogoa y Eulises Jaimes Nogoa
alegaron su condición de hijos de la víctima, pero las copias auténticas de sus
correspondientes registros civiles de nacimiento no registran datos del padre27.
Adicionalmente, la prueba testimonial no da cuenta de que los anteriores
convivieran o tuvieran una relación afectiva con la víctima, de modo que no se
encuentran legitimados en la causa por activa ni como hijos de crianza ni como
terceros damnificados.

En cuanto a las accionantes María Dévora Jaimes Nogoa y Urbana Suárez
Meneses, quienes demandaron en condición de compañeras permanentes de
Catalino López Barahona, de acuerdo con los testimonios escuchados en este
proceso, solo la primera de las mencionadas se encuentra legitimada para
reclamar perjuicios derivados de la muerte de la víctima, en calidad de compañera
permanente, toda vez que en dicha calidad convivía con el señor López Barahona
bajo el mismo techo para la época de su deceso y, por tanto, ostentaba una
relación afectiva con el hoy occiso. Ello es así pues se comprobó que en dicha
calidad denunció el homicidio de Catalino López Barahona y fue la persona
autorizada por la Fiscalía General de la Nación para recamar su cadáver (hechos
probados 7.1.10. y 7.1.14.). Sin embargo, no se acreditó lo mismo o una

25 Fl. 282 a 296, C.1.
26 Fl. 102 y 103, C.1.
27 Fl. 131, 132, 251, C.1.

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Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

afectación en calidad de tercera damnificada de la demandante Urbana Suárez
Meneses.

Adicionalmente, sobre la conformación del grupo familiar de la víctima, la testigo
Yima Liz Alarcón Ochoa28, quien manifestó haber sido vecina de Catalino López
Barahona en Aguachica, Cesar, a quien conoció durante 9 o 10 años sostuvo que
él “primero vivía con la señora Urbana Suárez Meneses, pero cuando lo conocí ya
vivía con la señora María Dévora Jaimes Nogoa, el finado en su poder con la otra
señora tenía dos hijos varones que la primera mujer se los había llevado y en su
poder tenía un niña que es Leidys y con la señora Dévora tenía dos niñas y los
hijastros que estaba terminándole de criar a la señora”. La testigo manifestó que
María Dévora Jaimes Nogoa quedó “muy afectada” con la muerte de Catalino, que
ella “está pasando muchas necesidades porque el que sostenía ese hogar era el
señor Catalino”. Aclaró que el hoy occiso “le ayudaba a los que vivían con él, ya
que la señora Urbana se fue para Bolívar con su núcleo familiar. Él estaba a cargo
de Leidys, pero no sé si él les pasaría algo a los otros niños”. La testigo señaló
que Catalino López Barahona solía ir a casa de ella junto a María Dévora Jaimes
Nogoa a departir con amigos.

Por su parte, el testigo Pablo Miranda Morales 29 declaró que también fue vecino
de Catalino López Barahona en Aguachica, Cesar, que allí lo conoció porque la
víctima cosechaba diferentes productos y los vendía a sus vecinos. Manifestó que
la “esposa” de Catalino era María Dévora Jaimes Nogoa, que “él vivía con ella y
sus hijos, él era quien sostenía el hogar […] él era el único que sostenía a esa
familia y a esa señora ahora le toca lidiar con todos los niños […] él sostenía a
todos los pelaos (sic) y a su mujer, ellos vivían de la cosecha”.

Estos testimonios no presentan sospechas de parcialidad, pues, aunque
conocieron a Catalino López Barahona y a su familia, no hay indicios de una
relación especial que pueda interpretarse como un posible conflicto de intereses,

28 Fl. 109 y 110, C.1.
29 Fl. 111 y 112, C.1.

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Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

dado que se limitaron a testificar sobre la víctima y la composición de su núcleo
familiar.

4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, pues en la
demanda se alega que esta entidad es patrimonialmente responsable por la
muerte de Catalino López Barahona.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la muerte de Catalino López Barahona es
atribuible a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por ejecución
extrajudicial en operativo militar como lo afirma la alzada.

6. Solución al problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre: i) la responsabilidad del Estado, ii) la responsabilidad del Estado
por actos de ejecución extrajudicial – falsos positivos y iii) el hecho o culpa
exclusiva de la víctima.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199130 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la

30 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá
repetir contra éste”.

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solicitud de restablecimiento, se ha dicho que daño antijurídico es aquel que la
persona no tiene el deber jurídico de soportar. Se debe sumar a este elemento
estructural para hallar la responsabilidad del Estado otro componente necesario e
indispensable para establecer el deber de responder por los daños que cause con
su acción u omisión y es el referido a su atestación a quien deba responder por
aquel, lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución
fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a
repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los daños causados en ejercicio
de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los
criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello,
principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre con la falla del servicio, con el riesgo excepcional y
con el daño especial31.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

6.2. Responsabilidad del Estado por actos de ejecución extrajudicial – falsos
positivos – reiteración jurisprudencial

De vieja data la Sección Tercera de la Corporación ha reprochado las conductas
desplegadas por la fuerza pública, de policía o militar, que puedan significar actos
de ejecución extrajudicial de personas en condición de indefensión, ajenas al
conflicto armado o de aquellas que hayan depuesto las armas y que por ende ya
no participan en la confrontación con el Estado.

En este sentir, se ha reiterado que los derechos a la vida y a la integridad física de
las personas, además de encontrase expresamente consagrados en el
ordenamiento interno, tienen plena protección por virtud de los tratados

31Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.

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internacionales de derechos humanos de los que Colombia hace parte y
conforman el bloque de constitucionalidad32, pero que exigen del Estado la
obligación de fomentar y adoptar las políticas que sean necesarias y conducentes
para evitar que se presenten ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias33.

Ahora bien, dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los
comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez
ocurrido el homicidio de las víctimas, la escena de los hechos es manipulada por
la fuerza pública para hacer aparecer la muerte de una persona como un acto
legítimo de defensa, ocurrida en combate o en enfrentamiento armado.

El montaje puede entrañar, entre muchas posibilidades, poner armas en manos de
las víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas; cambiar su ropa por
indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los subversivos y con el
enfrentamiento; o calzarlas con botas de combate, entre otras.

Asimismo, es de común ocurrencia en esta clase de eventos que las víctimas sean
presentadas por los militares y anunciadas a los medios de comunicación como
insurgentes o delincuentes abatidos en combate, a menudo reportados como
NN´s, sepultados en fosas comunes sin previa identificación, pese a los medios
existentes para obtener su individualización.

32 De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política “Los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su
limitación en los estados de excepción, prevalecerán en el orden interno. Los derechos y deberes
consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia (…)”. El Consejo de Estado –Sección Tercera- ha
tenido oportunidad de pronunciarse en relación con el carácter absoluto e inviolable del derecho a
la vida de las personas, en aplicación de las normas del derecho interno integradas al derecho
internacional de los derechos humanos. Esos criterios fueron consignados en las siguientes
providencias: sentencia del 8 de julio de 2009, radicación n.° 05001-23-26-000-1993-00134-
01(16974), actor: Fanny de J. Morales Gil y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-
Policía; sentencia del 23 de agosto de 2010, radicación n.° 05001-23-25-000-1995-00339-
01(18480), actor: Pedro Saúl Cárdenas y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército.
33 En el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se hace la siguiente

previsión: “1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido
por ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. En el numeral 2º ibídem se dispone
que, en los países donde exista la pena de muerte, “…sólo podrá imponerse en sentencia definitiva
dictada por tribunal competente”.

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Entonces, este tipo de situaciones se caracterizan porque en torno a ellas se
realiza una verdadera mise-en-scène encaminada a aparentar que la muerte de
una persona ajena al conflicto armado se produjo porque esta representaba una
amenaza contra la sociedad o contra la vida e integridad de la población o de los
integrantes de las fuerzas del orden, cuando en realidad su deceso ocurrió por
actuaciones de agentes públicos que configuran una falla en el servicio por
resultar arbitrarias, injustificadas o desproporcionadas y contrarias al mandato
constitucional de protección de la vida, la seguridad e integridad de las personas.

En estos eventos, prevalidas de su control sobre la escena donde ocurrieron los
hechos, las autoridades alteran las pruebas, las suprimen, crean o implantan unas
nuevas para enmascarar la verdad de lo sucedido y figurar que la víctima era un
actor armado ilegítimo que estaba atentando contra la población o contra los
agentes públicos, o que representaba una amenaza grave contra la vida e
integridad de estos. Así, entre las múltiples maneras de alterar la verdad, la
víctima es presentada, muchas veces, con armas o con uniformes de uso
exclusivo de las fuerzas armadas, aparentando que su muerte ocurrió en combate.

Al respecto, se reitera la jurisprudencia proferida por la Sección Tercera de la
Corporación en sentencia del 11 de septiembre de 2013, Expediente No. 20601,
ante la ejecución extrajudicial de un campesino cuyo cadáver fue reportado como
el de un guerrillero dado de baja durante un combate armado llevado a cabo en el
sector de “Piedramarcada”, en la carretera que de Tello conduce a Vegalarga, en
el departamento del Huila. En esta oportunidad la Sección consideró:

“21.4.4. […] la Sala considera que se puede hacer una definición de la conducta
antijurídica de “ejecución extrajudicial” de la siguiente forma: se trata de la acción
consiente y voluntaria desplegada por un agente estatal, o realizada por un
particular con anuencia de aquél, por medio de la cual, en forma sumaria y
arbitraria, se le quita la vida a una persona que por su condición de indefensión
está protegida por el derecho internacional. En el caso de los combatientes, su
asesinato puede ser considerado una ejecución extrajudicial cuando han depuesto
las armas.

21.4.5. De conformidad con las normas pertinentes, está proscrita toda conducta
realizada por agentes del Estado que pueda poner en peligro los derechos a la
vida y a la integridad física de las personas ajenas a los enfrentamientos armados,
como lo fue la conducta cometida en el caso de autos por los militares que
participaron en la operación desplegada en la zona rural de Tello –Huila- con
ocasión de la orden n.° 44, consistente en quitarle la vida a unos campesinos no

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combatientes y luego exhibirlos como guerrilleros dados de baja durante un
enfrentamiento armado.

21.4.6. La Sala recuerda que los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad
personales, además de estar expresamente consagrados en el ordenamiento
interno, tienen plena protección por virtud de los tratados internacionales de
derechos humanos en los que es parte Colombia -en un típico enlace vía bloque
de constitucionalidad34-, de acuerdo con los cuales es obligación de los Estados
impedir que se presenten situaciones de ejecuciones extrajudiciales35 y, además,
fomentar las políticas que sean necesarias y conducentes para evitar ese tipo de
prácticas.

21.4.7. Dentro de dichas políticas deseables a la luz del derecho internacional, el
Estado colombiano debe propender por una administración de justicia que sea
eficaz en el juzgamiento de los eventos en los que se presentan ejecuciones
extrajudiciales, de tal manera que pueda establecerse la verdad sobre las mismas,
sea posible la imposición de sanciones y castigos a aquellas personas –servidores
públicos o particulares- que tengan responsabilidad en los hechos, y sea factible la
reparación de los derechos de los familiares de las víctimas que han padecido
esas deleznables conductas. Al respecto, en el anexo a la Resolución 1989/65
adoptada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se
establecieron los “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de
las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, en los siguientes términos:
[…].

21.4.8. El desconocimiento de esos principios, o la falla por parte de los Estados
en la implementación de las mejoras que son necesarias para prevenir y castigar
en debida forma las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales,
implican el incumplimiento de las normas de derecho internacional que consagran
los derechos que se ven conculcados por ese tipo de conductas y, si los
respectivos casos no son debidamente estudiados y decididos por las instancias
judiciales de los respectivos países, entonces los daños que sean causados por
motivo de ese incumplimiento serán, eventualmente, materia de análisis de
responsabilidad en las instancias judiciales del sistema internacional de derechos
humanos.

34 De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política “Los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su
limitación en los estados de excepción, prevalecerán en el orden interno. Los derechos y deberes
consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia (…)”. El Consejo de Estado –Sección Tercera- ha
tenido oportunidad de pronunciarse en relación con el carácter absoluto e inviolable del derecho a
la vida de las personas, en aplicación de las normas del derecho interno integradas al derecho
internacional de los derechos humanos. Esos criterios fueron consignados en las siguientes
providencias: sentencia del 8 de julio de 2009, radicación n.° 05001-23-26-000-1993-00134-
01(16974), actor: Fanny de J. Morales Gil y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-
Policía; sentencia del 23 de agosto de 2010, radicación n.° 05001-23-25-000-1995-00339-
01(18480), actor: Pedro Saúl Cárdenas y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército.
35 En el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se hace la siguiente

previsión: “1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido
por ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. En el numeral 2º ibídem se dispone
que, en los países donde exista la pena de muerte, “…sólo podrá imponerse en sentencia definitiva
dictada por tribunal competente”.

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21.4.9. Ahora bien, en aras de concretar el papel preventivo que debe tener la
jurisprudencia contencioso administrativa en casos como el presente, es pertinente
que la Sala ponga de presente que, de conformidad con observaciones hechas
recientemente por el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias
o arbitrarias36, en algunas ocasiones se ha incurrido en la práctica de quitarle la
vida a personas ajenas al conflicto armado y que se encuentran en estado de
indefensión, para luego presentarlas a las autoridades y a los medios de
comunicación como bajas ocurridas en combate, dentro de lo que
eufemísticamente ha dado en llamarse por la opinión pública “falsos positivos”. […]

21.4.10. En relación con el modus operandi de los llamados “falsos positivos”, el
relator de la ONU hizo la siguiente observación: (…) Una vez que estas víctimas
son asesinadas, las fuerzas militares organizan un montaje de la escena, con
distintos grados de habilidad, para que parezca un homicidio legítimo ocurrido en
combate. El montaje puede entrañar, entre otras cosas, poner armas en manos de
las víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas; cambiar su ropa por
indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los guerrilleros; o
calzarlas con botas de combate. Las víctimas son presentadas por los militares y
anunciadas a la prensa como guerrilleros o delincuentes abatidos en combate. A
menudo se entierra a las víctimas sin haberlas identificado (bajo nombre
desconocido), y en algunos casos en fosas comunes37.

21.4.11. De modo que resulta de la mayor importancia para el Consejo de Estado
poner de relieve, en casos como el presente, las inapropiadas conductas
cometidas por los agentes estatales, con la finalidad de sentar un precedente que
obligue a la administración pública a eliminar de raíz este tipo de conductas, y para
que el caso reciba la reparación debida que haga innecesaria la recurrencia de los
ciudadanos ante las instancias internacionales.”

Asimismo, en reciente pronunciamiento esta Subsección reiteró los argumentos
antes citados y sostuvo que:

“Aplicados al caso particular los criterios antes señalados, la Sala considera que la
muerte de Eder Carvajal Bernal configura un evento de “falso positivo”,
consecuencia de una ejecución extrajudicial efectuada por el Ejército Nacional,

36 Informe dirigido a la Asamblea General de la ONU por el Relator Especial sobre ejecuciones

extrajudiciales, Philip Alston, presentado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 14
periodo de sesiones, Tema 3 de la agenda, “Promoción y protección de todos los derechos
humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo”,
distribuido al público el 31 de marzo de 2010.
37 En el informe se hace un relato de las posibles causas por las que el relator de la ONU considera

que se ha propiciado la práctica de las ejecuciones judiciales en Colombia, entre los que se
encuentran: presiones ejercidas por los mandos militares para la obtención de resultados en los
combates; el régimen de recompensas estatuido en las fuerzas militares; en relación con la
responsabilidad penal de las personas involucradas en los homicidios, en el informe se considera
que la “falta de atribución de responsabilidad penal ha sido un factor clave” pues “los soldados
sabían que podían cometer tales actos y salir impunes”, y se destaca la dificultad que tienen los
órganos investigativos como el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía para llevar a cabo
los levantamientos de los cadáveres en forma apropiada; y, finalmente, la atribución de
competencias a la jurisdicción penal militar para el juzgamiento criminal de los casos relacionados
con ejecuciones extrajudiciales, cuando lo cierto es que el conocimiento de los mismos debería
recaer en la jurisdicción ordinaria.

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Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
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constitutiva de homicidio agravado, perpetrado deliberadamente por agentes
estatales cuando la víctima se encontraba en estado de indefensión e inferioridad,
posteriormente disfrazado por el personal militar para exhibirlo como un subversivo
legítimamente abatido, frente al cual la entidad demandada no pudo acreditar que
el hecho se produjo con ocasión de un combate o en cumplimiento legítimo y
proporcional de las funciones que correspondían al cuerpo militar.”38

Dicho esto, frente a la verificación de las circunstancias propias de cada caso, y
comoquiera que se presenta, de una parte, la versión oficial de los agentes del
Estado y, de la otra, el relato opuesto de las víctimas, el papel del juez consiste en
establecer la mayor cercanía a la verdad material a partir de los postulados de la
sana crítica, de la autonomía judicial y de la probabilidad e inferencia lógicas.

Por ello, comoquiera que por un lado los autores y partícipes de los hechos
buscan esconder la verdad ofreciendo una apariencia diferente a la realidad y las
víctimas no siempre tienen a su alcance todos los medios necesarios o las
garantías para establecer y dar a conocer lo verdaderamente ocurrido, en este
escenario la prueba indirecta cobra especial relevancia y en consecuencia las
cargas probatorias resultan aligeradas para las víctimas, de manera que quienes
por su condición no gozan de todas las garantías puedan lograr una justicia
efectiva.

Entonces, estos eventos encuentran su mayor acreditación en la prueba de
carácter indiciario que, en su labor valorativa y mediante la inferencia lógica,
construye el juez partiendo de la existencia de unos hechos debidamente
conocidos y acreditados mediante prueba directa39 para, por medio de la
aplicación de la sana crítica, la lógica y las reglas de la experiencia, establecer
aquellos supuestos fácticos que no están directamente demostrados y son
desconocidos en el plenario40.

38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 22 de agosto de 2022., Exp.

60452.
39 Artículo 248, Código de Procedimiento Civil. “Para que un hecho pueda considerarse como

indicio, deberá estar debidamente probado en el proceso.”
40 Artículo 249, Código de Procedimiento Civil. “El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo

en consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su relación con las demás pruebas
que obren en el proceso.”

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Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

Al respecto, ante una situación de ejecución extrajudicial, en sentencia de 31 de
mayo de 2016, Exp. 38757, la Sala reiteró que una antinomia de este tipo se debe
resolver a partir de los postulados de la sana crítica, prevista en el artículo 187 del
Código de Procedimiento Civil41, y definida por la jurisprudencia de esta
Corporación como “la capacidad del juez para darle a las pruebas la mayor o
menor credibilidad, según su conexión con los hechos a demostrar y su capacidad
de convencimiento”42 y en virtud de la cual “el juez goza de cierta libertad a la hora
de apreciar el mérito probatorio de los medios de convicción, no debiendo
sujetarse, como en el sistema de la tarifa legal, a reglas abstractas preestablecidas
e indicadoras de la conclusión a la que se debe arribar, en presencia o en
ausencia de determinada prueba”43.

En el mismo sentido, esta Subsección ha señalado que, en virtud de los principios
de la sana crítica y la autonomía del juez en la valoración probatoria, los medios
de prueba que ofrezcan una mayor probabilidad lógica con respecto a la
ocurrencia de los hechos objeto de discusión, deben prevalecer en cada caso
concreto:

“Cuando en un caso particular existen diversas pruebas que apoyan diferentes
versiones o hipótesis sobre los hechos, el juez deberá elegir entre ellas prefiriendo
la versión que esté soportada por un mayor nivel de probabilidad lógica44, labor en
la cual será necesario observar cuál de las hipótesis del caso corresponde a una
mejor inferencia lógica de las pruebas que las soportan, aplicando en este examen
las llamadas máximas de la experiencia, que no son más que generalizaciones
surgidas de los hallazgos generalmente aceptados por la ciencia o el sentido

41 Código de Procedimiento Civil. “Artículo 187. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto,

de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades descritas en la ley
sustancial para la existencia y validez de ciertos actos”.
42 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 30 de enero de 1998, Exp. 8661, C.P. Delio

Gómez Leyva.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de marzo de 2005, Exp. 27946.
44 Cita original: “En este punto se acoge la doctrina sentada por Michele Taruffo, quien afirma:

“…Pero la situación más complicada se da cuando existen diversos medios de prueba sobre el
mismo hecho, pero “discrepantes” o “contrarios” entre ellos, porque algunos de ellos tienden a
probar la verdad y otros tienen a probar la falsedad del enunciado acerca de la ocurrencia de ese
hecho. En estas circunstancias, el juzgador tiene que elegir entre, al menos, dos versiones
diferentes del hecho, una positiva y otra negativa, ambas apoyadas por una parte de los medios de
prueba presentados. El problema es elegir una de estas versiones: la elección racional indicaría
que debe elegirse la versión, positiva o negativa, que esté sustentada por pruebas preponderantes,
es decir, por el grado relativamente superior de probabilidad lógica”. La Prueba, Madrid, 2008,
capítulo V: “La adopción de la decisión final”, num. 98, página 141”.

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comúnmente aceptado45. Al decir de Taruffo, “si se dan distintas hipótesis sobre el
hecho contradictorias o incompatibles, cada una de las cuales con un grado
determinado de probabilidad lógica sobre la base de las pruebas, la elección de la
hipótesis que ha de ponerse en la base de la decisión se realiza mediante el criterio
de probabilidad prevaleciente. (...) En el contexto de la probabilidad lógica y de la
relación hipótesis / elementos de prueba, en el que es racional que hipótesis
contradictorias o incompatibles adquieran grados de confirmación independientes
sobre la base de los respectivos elementos de prueba, el único criterio racional de
elección de la hipótesis que resulta más aceptable es el que se basa en la relación
entre los distintos valores de probabilidad lógica y privilegia la hipótesis
caracterizada por el valor más elevado. Debe escogerse, en resumen, la hipótesis
que reciba el apoyo relativamente mayor sobre la base de los elementos de prueba
conjuntamente disponibles. Se trata, pues, de una elección relativa y comparativa
dentro de un campo representado por algunas hipótesis dotadas de sentido, por
ser, en distintas formas, probables, y caracterizado por un número finito de
elementos de prueba favorables a una hipótesis. No obstante, se trata también de
una elección racional, precisamente por ser relativa, dado que consiste únicamente
en individualizar la alternativa más fundamentada en una situación de incertidumbre
definida por la presencia de distintas hipótesis significativas46.

De igual forma, debe señalarse que el uso de armas de fuego por parte de las
fuerzas de policía y militares únicamente puede tener lugar en los casos en que
ello sea estrictamente necesario y mediando los principios de proporcionalidad,
moderación y razonabilidad, teniendo en cuenta que sobre los agentes del Estado
recae la obligación de mitigar los daños y evitar lesiones innecesarias que se
puedan causar, garantizando la asistencia inmediata y servicio médico a las
personas que resulten heridas o afectadas, así como les corresponde procurar
que los familiares o allegados de éstas tengan conocimiento de lo sucedido en el
plazo más breve posible.

Asimismo, corresponde a los agentes estatales la obligación de informar de
inmediato a sus superiores y a las autoridades competentes del acaecimiento de
los hechos, para que se surtan las investigaciones pertinentes, dada la obligación

45 Cita original: “Dice al respecto Jordi Ferrer Beltrán: “Es interesante observar que en el esquema

de razonamiento presentado, los supuestos adicionales están integrados por generalizaciones
empíricas. Estas generalizaciones son la garantía de la inferencia que va de un hecho a otro y
otorgarán mayor o menor fuerza a la inferencia en función del grado de corroboración que las
propias generalizaciones tengan (…). Éstas pueden ser de muchos tipos e integran lo que los
juristas suelen denominar “máximas de la experiencia” que incluyen conocimientos técnicos, leyes
científicas o simples generalizaciones del sentido común”. La valoración racional de la prueba,
Madrid, 2007, num. “2.2.2.3.1. La metodología de la corroboración de hipótesis”, página 133”.
46 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de abril de 2011, Exp. 20333, C.P. Danilo

Rojas Betancourth; sentencia de 26 de julio de 2012, Exp. 23265, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

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Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

del Estado de iniciar ex officio y sin dilación una investigación seria, imparcial y
efectiva sobre lo sucedido47.

A la sazón, se advierte que el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe conciliarse con el debido
respeto de los derechos humanos, en cuyo efecto se hallan establecidos los
mencionados principios de necesidad, proporcionalidad, moderación y
razonabilidad, cuyo contenido limita la actuación oficial. Así, el criterio de
necesidad implica que el uso de la fuerza y de armas de fuego únicamente resulta
legítimo cuando se dirige a cumplir un fin superior y no exista una forma menos
lesiva para proteger los bienes jurídicos tutelados. De modo que el principio de
necesidad es la pauta fundamental en el ejercicio y uso de la fuerza y de las
armas de fuego, que solo se legitima cuando su empleo resulta inevitable o
cuando otros medios resultan ineficaces o no garantizan el objetivo previsto de
donde la respuesta a la afectación debe resultar proporcional a esta.

En idéntico sentido, la necesidad del uso de la fuerza y de las armas de fuego
fundamenta y justifica su ejercicio en la proporcionalidad, pues será proporcional
la actuación orientada a alcanzar un bien mayor o razonablemente equivalente a
la magnitud de los intereses sacrificados, de manera que se ajuste a la dimensión
o gravedad de la situación, en contraposición al interés legítimo perseguido.

De igual modo, en atención al principio de proporcionalidad se exige que el uso de
la fuerza y de armas de fuego debe atender criterios de moderación, de manera

47 Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C No. 147, párrafo 143:

“la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales
efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben
ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello
dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno
ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su
jurisdicción (artículo 1.1)”; Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, Sentencia de 15 de
septiembre de 2005, Serie C No. 134, párrafo 219: “ejecuciones extrajudiciales […] en este tipo de
casos el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y
efectiva256. Durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones de
derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser
escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en
la búsqueda de una justa compensación257. Sin embargo, la búsqueda efectiva de la verdad
corresponde al Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la víctima, o de sus familiares o
de su aportación de elementos probatorios”

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Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

que en su despliegue se evite llegar a un punto extremo, lo cual implica la
búsqueda del equilibrio entre la actuación de los agentes y el fin perseguido.
Entonces, cuando con el uso de la fuerza o de las armas de fuego se desborda el
principio de moderación y su ejercicio excede o no está debidamente equilibrado
respecto del objetivo trazado, la actuación oficial pierde justificación, tornándose
ilegitima.

Ahora, de manera análoga se espera que el uso de la fuerza y de las armas de
fuego por parte de los agentes del Estado se despliegue bajo el concepto de
razonabilidad, que implica que solo se puede aplicar la fuerza o utilizar armas de
fuego cuando se satisface y se concreta el principio de proporcionalidad 48, de
modo que se establezca como razonable la justificación ofrecida para legitimar la
reacción armada.

Por otra parte, conviene precisar que los pronunciamientos de la Sección Tercera
de esta Corporación en torno a los resultados de las investigaciones penales o
disciplinarias surtidas por otras autoridades frente a la actuación de los agentes
estatales involucrados en la producción de un daño antijurídico, no implican en
modo alguno, que el proceso contencioso deba llegar a las mismas conclusiones
de la justicia ordinaria.

En efecto, sobre este punto la Sala ha señalado:

La Sala reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual la sentencia penal que se
profiera en el proceso penal que se adelante contra el servidor estatal, sea ésta
condenatoria o absolutoria, no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación
que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, porque, conforme se ha
sostenido en las providencias en las que se ha acogido dicho criterio: (i) las partes, el
objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción
penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para
ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del
ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la
indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea
imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia,
diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias,
así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la
tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de responsabilidad que por
mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de

48 Corte Constitucional, sentencia C-022 de 23 de enero de 1996.

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Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de
prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el
fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el
daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al
servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que
admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño
causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente
puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber
tenido nexo con el servicio.

Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye
el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con
los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se
formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado,
conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en
los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen
de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular.

Y, finalmente, si bien la sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene
efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse el
valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la sentencia
penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única
prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los
demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del
agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal
no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la acción
de reparación sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el
proceso, que bien puede brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de
responsabilidad49.

Así las cosas, es claro que, tratándose de procesos distintos en cuanto a la
naturaleza y fines, al objeto, a la causa, a las partes y a los principios y normas
que los rigen, así como al tipo de responsabilidad que se debate, nada impide que
se presenten decisiones distintas en el ámbito penal y en el de la responsabilidad
administrativa. De tal manera, la decisión frente a la responsabilidad del Estado no
está atada a lo resuelto por la justicia penal o disciplinaria, cuyas providencias solo
constituyen parte del cúmulo probatorio con fundamento en el cual habrá de
decidirse50.

49 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, Exp. 16533; sentencia

de 29 de octubre de 2012, Exp. 19062; sentencia de 31 de mayo de 2016, Exp. 38757.
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 31 de mayo de 2016, Exp.

38757.

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Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

6.3. Hecho o culpa exclusiva de la víctima

La jurisprudencia y doctrina han sostenido que es posible que el Estado se
exonere de responsabilidad extracontractual si se acredita que el daño que se
pretende indemnizar e imputar es atribuible al hecho determinante y exclusivo de
la propia víctima51 o de un tercero.

Sobre los eximentes de responsabilidad, tuvo la oportunidad esta Corporación52 de
referirse, en los siguientes términos:

“Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad -
fuerza mayor o caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la
víctima -, constituyen diversos eventos que impiden imputar, desde el punto de
vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la
iniciación del litigio. Para que se estructuren se requiere lo siguiente: “Tres son los
elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria
para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su
imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado (…) Por otra
parte, a efectos de que operen los mencionados eximentes de responsabilidad
(hecho de la víctima o de un tercero), es necesario aclarar, en cada caso concreto,
si el proceder activo u omisivo de aquellos tuvo, o no, injerencia y en qué medida,
en la producción del daño.”

De lo anterior, se deduce que cuando se alega el hecho o la culpa exclusiva de la
víctima como causal eximente de responsabilidad, no cualquier actuación de esta
puede generar un verdadero rompimiento de la imputación de la responsabilidad.
Justamente, para que la culpa de la víctima rompa la imputación existente hasta
ese momento entre una acción u omisión de la administración y un daño
antijuridico, debe acreditarse que el hecho atribuible a la víctima fue determinante

51 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 1 de abril de 2019, Rad. 42671; Sentencia

del 22 de noviembre de 2017, Rad. 39848.
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 24 de marzo de 2011, Rad.:19067.

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Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
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en la realización del mismo, y que fue un evento exterior, imprevisible e irresistible
respecto del demandado.

Entonces, cuando se cumplen estos elementos de juicio, se configura el hecho o
la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad y, desde el
punto de vista jurídico, impide realizar la imputación del daño a la Administración53.

En conclusión, para que el hecho o culpa de la víctima como causal eximente de
responsabilidad tenga plenos efectos liberatorios, resulta determinante que la
conducta del propio perjudicado sea fundamento y raíz del menoscabo, es decir,
que el comportamiento de éste se erija como causa adecuada, decisiva y
determinante en la producción o resultado del hecho lesivo54. De lo contrario,
cuando haya contribuido a su propia afectación debiendo o pudiendo evitarla, se
configura un evento en el cual la exoneración podrá ser parcial, con fundamento
en el artículo 2357 del Código Civil.

7. El caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 31 de
agosto de 2017 por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las
pretensiones de la demanda, la parte actora aseguró que se demostró que la
muerte de Catalino López Barahona fue producto de un “típico falso positivo” del
Ejército Nacional.

Así, comoquiera que solo la parte demandante presentó recurso de apelación
contra la sentencia proferida el 3 de agosto de 2017 por el Tribunal Administrativo
del Cesar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del CPC,
exclusivamente habrá lugar a resolverse el asunto sub-lite en aquello que se
reprocha como desfavorable55 en el recurso. Por ello, a continuación, se analizará

53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 1 de abril de 2019, Rad. 42671.
54 Consejo de Estado; Sección Tercera, Sentencia del 9 de junio de 2010, Rad. 17605. Consejo de

Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de abril de 2010, Rad. 18562.
55 “Artículo 357. Competencia del Superior. La apelación se entiende interpuesta en lo
desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte
que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer

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Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
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si la muerte de Catalino López Barahona es atribuible a la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional por ejecución extrajudicial en operativo militar, como
lo afirma la alzada.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados

Antes de enunciar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
proceso, es necesario precisar que la Sala valorará sin restricción alguna las
pruebas documentales y testimoniales trasladadas de la investigación penal No.
544986001135200800050 adelantada por el homicidio de Catalino López
Barahona allegada al plenario56, dado que fueron debidamente solicitadas y
decretadas en el expediente y de ellas se le corrió traslado a la entidad
demandada57, de manera que ambas partes procesales conocieron su contenido y
contaron con la oportunidad de ejercer la contradicción de las mismas.

Asimismo, debe advertirse la presunción de autenticidad de los informes militares
y de policía obrantes en el plenario, según lo dispuesto por la Sección Tercera de
esta Corporación, que ha señalado: “el documento público, es decir aquel que es
expedido por funcionario de esa naturaleza, en ejercicio de su cargo o con su
intervención (artículo 251 C. de P. C.), se presume auténtico y tiene pleno valor
probatorio frente a las partes, los terceros y el juez, salvo que su autenticidad sea
desvirtuada mediante tacha de falsedad, según lo dispone el artículo 252 del C. de

modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas
partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones […] Cuando se hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior,
éste deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante.”
56 Cuadernos anexos 1, 2 y 3.
57 Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento

administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo,
las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial pueden trasladarse a otro en copia y
son apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado
a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

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P.C.”58. Entonces, la autenticidad del informe militar o de policía se halla en la
certeza que se tiene de haberse elaborado y suscrito por el funcionario público. No
obstante, lo que se discute en el caso de autos es, precisamente, la legalidad de
actuación desplegada por el Ejército Nacional, reportada por los informes militares,
de manera que su alcance probatorio se sujetará al conjunto de los demás medios
de prueba.

Sumado a lo anterior, es menester poner de presente que las entrevistas
efectuadas por agentes de policía judicial recogen las versiones de personas
determinadas que atestiguan de forma directa o indirecta un hecho sobre el cual
se indaga penalmente, de conformidad con las normas que se consideran
infringidas y que constituyen un delito, a fin de obtener información relevante que
permita la reconstrucción de la realidad, adelantar las diligencias y proferir las
decisiones judiciales correspondientes. Sin embargo, como las exposiciones que
las personas rinden ante estos servidores no se realizan bajo la gravedad de
juramento, están a merced de eventuales imprecisiones o tergiversaciones,
situación que, en principio, impide al juez reconocerle a este tipo de medios una
capacidad probatoria con mérito de valoración judicial y, por tanto, no pueden
tenerse en cuenta en juicio, salvo que en este los deponentes de las declaraciones
allí vertidas ratifiquen lo dicho bajo el apremio de manifestar la verdad, en atención
a lo dispuesto en los artículos 22759 y 22960 del CPC. Así las cosas, la Sala no
otorga valor probatorio a las entrevistas recolectadas por los investigadores de la
Policía Judicial 61 .

58 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010. Expediente:19056.
59 “Artículo 227. Formalidades previas al interrogatorio. […] Presente e identificado el testigo, el
juez le exigirá juramento de decir lo que le conste sobre los hechos que se le pregunten y de que
tenga conocimiento, previniéndole sobre la responsabilidad penal en que incurre quien jura en
falso. […]”
60 “Artículo 229. Ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso. Sólo podrán ratificarse en

un proceso las declaraciones de testigos: 1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o
intervención de la persona contra quien se aduzca en el posterior. […]”.
61 Expediente híbrido, índice 49 Samai, archivo “ED_C2_CD1_FOLIO 371_PROCESO PENAL -

DOCUMENTO RESERVADO (.zip) NroActua 49.zip”, páginas 134 a 148 del archivo “200800050
1”; páginas 236 a 238, 307 y 308, 315 a 318, 340 y 341, 346 y 347, 349 a 357, del archivo
“200800050 2” y páginas 6 a 10, 25 y 26, 74 a 76, 213 y 214, 230 y 231, 235 a 237, 250 a 252 del
archivo “200800050 3”.

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Finalmente, es necesario precisar que las impresiones de las noticias de prensa
allegadas al plenario se valoran según los criterios expuestos por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo en sentencia de 29 de mayo de 2012, esto es, en
acreditación de la publicación de una nota o reportaje de periódico, pero anotando
que ella sola no es suficiente para demostrar la veracidad y certidumbre de la
información publicada. En otras palabras, la divulgación periodística, por sí sola,
no otorga certeza de los hechos en ella contenidos, sino que ellos deben ser
analizados en conjunto y concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente
allegadas al proceso, para constatar con certeza las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que tuvieron ocurrencia62.

Así pues, de conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al
proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1.1. Se comprobó que, para el 5 de junio de 2007, en los archivos de inteligencia
de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional se tenía la siguiente información de
alias “El Negro”: “Isidro Gelves (a. El Negro) es comandante de escuadra de la
Compañía 4 de septiembre del ELN, se desplaza al casco urbano del municipio de
El Carmen cada 3 meses, su esposa NN Nelly (a. Ingrid) delinque en la misma
estructura armada”. De ello da cuenta el oficio del 11 de febrero de 2014, suscrito
por el segundo comandante de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional.63

7.1.2. Se acreditó que, el 3 de junio de 2008, el Batallón de Infantería de Marina
No. 15 Francisco de Paula Santander tenía información de que una “comisión de
12 narcoterroristas aproximadamente, encabezada por el sujeto alias ‘El Negro’
cabecilla de milicias actualmente pertenecientes a la Compañía Capitán Francisco
de la ONT ELN, se encontraba sobre el sector del Filo Palenquillo en coordenadas
aproximadas (N08°20°19°-LW73°32°01°) jurisdicción del municipio de Aguachica,
(Cesar), los cuales vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y

62 Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa Administrativa, sentencia del 29 de mayo de 2012,

exp. 11001031500020110137800. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de
febrero de 2018.
63 Expediente híbrido, índice 49 Samai, archivo “ED_C2_CD1_FOLIO 371_PROCESO PENAL -

DOCUMENTO RESERVADO (.zip) NroActua 49.zip”, páginas 217 y 218 del archivo “200800050
2”.

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Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

portaban armas de largo alcance. Según la fuente estos terroristas pretenden
realizar un secuestro a algún ganadero o finquero del sector”. De ello da cuenta el
anexo de inteligencia sin fecha suscrito por el jefe de la Sección Segunda de ese
Batallón.64

7.1.3. Consta que, el 3 de junio de 2008, el oficial de operaciones del Batallón de
Infantería de Marina No. 15 Francisco de Paula Santander elaboró la misión
táctica “Júbilo” con el fin de capturar y/o dar muerte en combate a miembros de la
Compañía Capitán Francisco del ELN, que al parecer estaban delinquiendo en el
municipio de Aguachica, Cesar. De ello da cuenta el documento de la misión de la
misma fecha, del cual se destaca lo siguiente:65

“[…] a partir del 03-jun-08 con el grupo Depredador Compañía Boyacá al mando del
SS Consuegra Estupiñán Rolando organizado a 00-03-15 como esfuerzo principal
adelanta misión táctica de neutralización empleando las maniobras de emboscada -
contra emboscada – golpe de mano – presión y bloqueo – búsqueda y provocación
– trampas y ardides y medidas de engaño; Unidad de apoyo segundo pelotón al
mando de la CP Córdoba al mando de Estepa Becerra Daniel organizado a 01-02-
24 sobre objetivo ubicado en la vereda Santa Bárbara en coordenadas 08°21°14°-
73’129’43’ jurisdicción del municipio de Aguachica, Cesar, contra 12 narcoterroristas
de la Comisión Capitán Francisco de las ONT ELN, con el fin de quebrantar su
voluntad de lucha dando captura y, en caso de resistencia armada, darles muerte
en combate con el uso legítimo de las armas del Estado, manteniendo la paz y la
tranquilidad de los pobladores y el orden constitucional, siendo respetuosos de los
derecho humanos y de los preceptos del derecho internacional humanitario. […]”.

7.1.4. Se demostró que, el 8 de junio de 2008, durante la misión táctica “Júbilo”,
miembros del Batallón de Infantería de Marina No. 15 Francisco de Paula
Santander dispararon sus armas de dotación oficial y dieron muerte a Catalino
López Barahona. Así consta en el informe de la misma fecha y en el informe de
patrullaje sin fecha, ambos suscritos por el comandante del grupo “Depredador” de
ese Batallón. Del primer informe se destaca lo siguiente:66

64 Expediente híbrido, índice 49 Samai, archivo “ED_C2_CD1_FOLIO 371_PROCESO PENAL -
DOCUMENTO RESERVADO (.zip) NroActua 49.zip”, páginas 22 y 23 del archivo “200800050 2”.
65 Expediente híbrido, índice 49 Samai, archivo “ED_C2_CD1_FOLIO 371_PROCESO PENAL -

DOCUMENTO RESERVADO (.zip) NroActua 49.zip”, páginas 117 a 152 del archivo “200800050
2”.
66 Expediente híbrido, índice 49 Samai, archivo “ED_C2_CD1_FOLIO 371_PROCESO PENAL -

DOCUMENTO RESERVADO (.zip) NroActua 49.zip”, páginas 3 a 5 y 24 a 27 del archivo
“200800050 2”.

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Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

“[…] Con el presente me permito informar a los señores del Cuerpo Técnico de
Investigación (CTI) los hechos ocurridos el día 8 de junio del presente año a las
3:45am aproximadamente, sobre la muerte en combate de 01 sujeto de la compañía
4 de septiembre del ELN en desarrollo de la misión táctica ‘Júbilo’ iniciada el 3 de
junio de 2008 a las 20:30H aproximadamente con movimiento motorizado con el
grupo ‘Depredador’ organizado a 00-03-15 al mando del SS Consuegra Estupiñán
Rolando, donde se hizo desembarco en la vereda Santo Domingo en coordenadas
08°18°52° de donde se inició movimiento de infiltración. Al día siguiente llegando a
la vereda Santa Rosa en coordenadas 08°21°04° donde se realizó maniobra de
emboscada en diferentes puntos del sector con los equipos de combate. El día 6 de
junio se continuó con el movimiento de infiltración en horas de la noche llegando a
coordenadas 08°22°54° vereda El Platanal donde se montaron maniobras de
emboscadas sobre el sector. Siendo las 20:24H del día 7 abrí la segunda sección
del grupo dándole la orden al SP Ovalle Pineda Yilber que se ubicara sobre el sector
de Boquerón y realizara maniobra de emboscada. Siendo las 03:45
aproximadamente me reporta que se encontraba en contacto armado con varios
sujetos, el cual reporté el combate al LINCE COT de la Fuerza de Tarea BESOR.
Inmediatamente me dirigí con mi personal al lugar para cualquier apoyo. Al llegar ya
se tenía controlada la situación, ordené registro periférico encontrando 01 sujeto
muerto en combate vestido con una camiseta azul, pantalón negro y botas de
caucho, con unos 38 años aproximadamente, con una subametralladora mini uzi y
un bolso color azul. Se montó un dispositivo de seguridad y se acordonó el área […]
Lo ocurrido y el resultado obtenido se reportó al COT del Batallón por intermedio de
la Compañía Córdoba que se encuentra en reentrenamiento en el CIE de
Aguachica. Los hechos ocurrieron en coordenadas 08°22°22°N 73°31°49°sector de
la vereda Boquerón límites del municipio de Río de Oro y Aguachica. Al realizar el
levantamiento por parte del personal del CTI se encontró otro proveedor para
subametralladora mini uzi, 36 cartuchos calibre 9mm, en el bolso color verde se
encontró un material de explosivos así: 04 barras de indugel, 01 barra de Bangalore,
02 cargas huecas, 45 detonadores o estopines eléctricos, 30 metros de mecha lenta
o de seguridad, 25 metros de cordón detonante. La baja en combate fue evacuada
en helicóptero con los del CTI hacia el Batallón. […]”

7.1.5. Consta que, el 8 de junio de 2008, Catalino López Barahona falleció por
muerte violenta en la vereda Boquerón del municipio de Río de Oro, Cesar. De ello
da cuenta la copia auténtica de su registro civil de defunción expedido por la
Registraduría de Aguachica, Cesar.67

7.1.6. Se verificó que, en la misión táctica “Júbilo” adelantada el 8 de junio de 2008
en la vereda Boquerón del municipio de Río de Oro, Cesar, participaron los
siguientes miembros del Batallón de Infantería de Marina No. 15 Francisco de
Paula Santander: cabo segundo Alfonso Yilber Ovalle Pineda, y los soldados
profesionales Tomas Contreras Duarte, José del Carmen Rodríguez Santana,
Inocencio Abelino Gil González, Nelson Javier Acevedo Caballero, John Edgar

67 Expediente híbrido, índice 49 Samai,
archivo “ED_C2_CD1_FOLIO 371_PROCESO PENAL -
DOCUMENTO RESERVADO (.zip) NroActua 49.zip”, página 57 del archivo “200800050 3”.

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Rivera Flórez y Manuel Humbertо Suescun Contreras. De ello da cuenta el oficio
del 17 de diciembre de 2008 suscrito por el comandante de ese Batallón.68

7.1.7. Se demostró que, el 8 de junio de 2008, el comandante del grupo
“Depredador” y el comandante del grupo EXDE del Batallón de Infantería de
Marina No. 15 Francisco de Paula Santander dejaron constancia de que el
material explosivo incautado en la escena de los hechos en que murió Catalino
López Barahona fue destruido ese día en el mismo lugar, esto es, las 04 barras de
indugel, 01 barra de Bangalore, 02 cargas huecas, 45 detonadores o estopines
eléctricos, 30 metros de mecha lenta o de seguridad, 25 metros de cordón
detonante. De ello da cuenta el acta de la misma fecha.69

7.1.8. Se probó que, el 8 de junio de 2008, el funcionario del CTI que actuó como
primer respondiente a la vereda Boquerón del municipio de Río de Oro, Cesar,
donde falleció Catalino López Barahona, obtuvo como información de los hechos
por parte de tres miembros del Batallón de Infantería de Marina No. 15 Francisco
de Paula Santander la siguiente: “en desarrollo de la misión táctica Júbilo se tenía
información de la presencia de varios sujetos con armas cortas vestidos de civil, al
parecer de la Compañía 4 de septiembre del ELN, información suministrada por la
Sección Segunda. Se dio muerte en combate mediante maniobra de emboscada a
01 sujeto con mini uzi”. Igualmente, el funcionario señaló que en el sitio se
encontraron 1 subametralladora mini uzi calibre 9mm No. 53192, 2 proveedores
metálicos con capacidad para 25 cartuchos calibre 9mm, 1 proveedor metálico con
capacidad para 36 cartuchos calibre 9mm y 1 bolso color verde de lona que en su
interior contenía 2 rollos de cordón detonante, 2 rollos de mecha, cuatro barras de
indugel y 1 barra de indugel tipo Bangalore y estopines. De ello dan cuenta el
informe de primer respondiente del 8 de junio de 2008 y el informe ejecutivo de
policía judicial del 9 de junio de 2008.70

68 Expediente híbrido, índice 49 Samai, archivo “ED_C2_CD1_FOLIO 371_PROCESO PENAL -
DOCUMENTO RESERVADO (.zip) NroActua 49.zip”, página 104 del archivo “200800050 1”.
69 Expediente híbrido, índice 49 Samai, archivo “ED_C2_CD1_FOLIO 371_PROCESO PENAL -

DOCUMENTO RESERVADO (.zip) NroActua 49.zip”, página 6 del archivo “200800050 2”.
70 Expediente híbrido, índice 49 Samai, archivo “ED_C2_CD1_FOLIO 371_PROCESO PENAL -

DOCUMENTO RESERVADO (.zip) NroActua 49.zip”, páginas 5, 6 y 21 a 28 del archivo
“200800050 1”.

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7.1.9. Se acreditó que, el 8 de junio de 2008, un perito forense del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Unidad Básica de Ocaña
practicó necropsia al cadáver de Catalino López Barahona, en la cual concluyó
que este falleció por proyectil arma de fuego que produjo fracturas múltiples de
cráneo y laceración cerebral extensa. De ello da cuenta el protocolo de necropsia
de la misma fecha y el diagrama del cuerpo en el que se representan las heridas,
de los cuales se destaca lo siguiente:71

“[…] Resumen de hallazgos: Se realiza necropsia al cadáver de sexo masculino de
39 años de edad bien nutrido y aseado que presenta heridas por proyectil arma de
fuego en cabeza, tórax, miembro inferior izquierdo y derecho, al examen interno se
encuentra fracturas de huesos craneales frontales temporal derecho y occipital
lacera extensamente lóbulos frontales, temporal derecho у occipital, fracturas de
tibia y peroné izquierdo y fémur derecho. Opinión pericial: Se trata del cadáver de
sexo masculino que ingreso como NN, quien es identificado posteriormente
indiciariamente por su familia como Catalino López Barahona con noticia criminal
54498600135200800050, realiza el acta de inspección el CTI en el lugar de los
hechos vereda el Boquerón límite entre Rio de Oro y Aguachica, zona boscosa, es
dado de baja por el Ejército, sin datos sobre los hechos, los hallazgos nos revelan
heridas por proyectil arma de fuego que producen fracturas múltiples de cráneo y
laceración cerebral extensa por lo que fallece. […] Descripción especial de lesiones.
Descripción de las lesiones por explosivos. 1.1 Orificio de Entrada: múltiples
redondeadas de 0,3 cm en un diámetro de 14 x 15 en sus diámetros mayores
localizado en región de tórax derecho superior y brazo y hombro derecho a 12 cm
de la línea media anterior y a 36 cm del vertex. 1.2 Orificio de Salida: sin orificio de
salida 1.3 Lesiones: lacera piel y tejido celular subcutáneo. 1.4 Trayectoria Plano
horizontal infero-superior. Plano coronal: Antero-Posterior. Plano sagital: de derecha
a izquierda. Descripción de las lesiones por arma de fuego (carga única). 1.1 Orificio
de Entrada regular redondeada de 0,5 cm de diámetro localizada en región
frontotemporal izquierda a 8 cm de la línea media anterior y a 7 cm del vertex, sin
evidencia de restos de pólvora. 1.2 Orificio de Salida: irregular estrellado de 3 x 4
cm en sus diámetros mayores localizado en región occipital derecha a 4 cm de la
línea media posterior y a 9 cm del vertex. 1.3 Lesiones: lacera cuero cabelludo,
músculos, vasos, fractura extensamente huesos frontales temporales occipital,
lacera extensamente lóbulos encefálicos frontales, temporal derecho y occipital. 1.4
Trayectoria: Plano horizontal: Supero-Inferior. Plano coronal: Antero-Posterior. Plano
sagital: izquierda-Derecha. 2.1 Orificio de Entrada: regular redondeado de 1 cm de
diámetro localizado en hueco axilar derecho a 10 cm del acromion sin evidencia de
restos de pólvora 2.2 Orificio de Salida: alargado de 3 x 2 cm de diámetro localizado
en tercio superior de brazo derecho a 5 cm del acromion. 2.3 Lesiones: lacera piel,
tejido celular subcutáneo, músculos, vasos sanguíneos, sin compromiso óseo 2.4
Trayectoria: Plano horizontal: Infero-Superior. Plano coronal: Postero-Anterior. Plano
sagital: Derecha-Izquierda. 3.1 Orificio de Entrada: regular redondeado de 1 cm de

71 Expediente híbrido, índice 49 Samai,
archivo “ED_C2_CD1_FOLIO 371_PROCESO PENAL -
DOCUMENTO RESERVADO (.zip) NroActua 49.zip”, páginas 16 a 20 y 39 del archivo “200800050
1”.

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Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

diámetro localizado en cara lateral interna de tercio inferior de antebrazo izquierdo a
53 cm del acromion, sin evidencia de restos de pólvora. 3.2. Orificio de Salida:
irregular estrellado con exposición de tejido que mide 7 x 5 cm en sus diámetros
mayores localizado en región tenar externa izquierda a 60 cm del acromion 3.3.
Lesiones: lacera piel tejido celular subcutáneo músculos vasos sanguíneos fractura
de los huesos de la muñeca izquierdo. 3.4. Trayectoria: Plano horizontal: Supero-
Inferior. Plane coronal: Antero-Posterior. Plano sagital: Izquierda-Derecha. 4.1
Orificio de Entrada: regular redondeado de 0,5 cm de diámetro localizado en muslo
derecho cara posterior tercio inferior a 65 cm del talón sin evidencia de restos de
pólvora. 4.2 Orificio de Salida: irregular estrellado con exposición de tejido muscular
y óseo a 55 cm del talón. 4.3 Lesiones: lacera piel, tejido celular subcutáneo,
músculos, fractura expuesta de fémur derecho tercio inferior. 4.4 Trayectoria: Plano
horizontal: Infero-Superior. Plano coronal: Postero-Anterior. Plano sagital: Derecha-
Izquierda. 5.1 Orificio de Entrada: regular redondeado de 0,5 cm de diámetro,
localizado en tercio superior de pierna izquierda a 39 cm del talón. 5.2 Orificio de
Salida: irregular estrellado con exposición de tejido muscular y ósea que mide 6 cm
de diámetro localizado en hueco poplíteo izquierdo a 44 cm del talón. 5.3 Lesiones:
lacera piel tejido celular subcutáneo, músculos, vasos sanguíneos, fractura expuesta
de tibia y peroné izquierdos. 5.4 Trayectoria: Plano horizontal: Infero-Superior. Plano
coronal: Antero-Posterior. Plano sagital: Izquierda-Derecha. […]”.

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Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

7.1.10. Se acreditó que, el 9 de junio de 2008, el CTI de Ocaña solicitó al Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de esa localidad que entregara el
cadáver de Catalino López Barahona a María Dévora Jaimes Nogoa, quien era su
compañera permanente. De ello da cuenta el oficio de la misma fecha.72

7.1.11. Se probó que, en acta del 9 de junio de 2008, se dejó constancia del pago
de $1’500.000 a José Quiróz por haber suministrado información al Batallón de
Infantería de Marina No. 15 Francisco de Paula Santander de que “12
narcoterroristas pertenecientes a la Compañía Capitán Francisco de la ONT ELN,
se encontraban en el sector del Filo Palenquillo, jurisdicción del municipio de
Aguachica, Cesar, los cuales pretendían realizar un secuestro a algún ganadero o
finquero del sector”. De ello da cuenta el acta de la misma fecha suscrita por el
comandante de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional y el comandante del
referido Batallón, entre otros funcionarios de este último.73

7.1.12. Se comprobó que, el 10 de junio de 2008, el comandante del Batallón de
Infantería de Marina No. 15 Francisco de Paula Santander y el comandante del
grupo “Depredador”, entre otros funcionarios de ese Batallón legalizaron el
material de guerra gastado en desarrollo de la misión táctica “Júbilo” consistente
en 123 cartuchos calibre 5.56 mm por parte del siguiente personal: Alfonso Yilber
Ovalle Pineda (33), Tomas Contreras Duarte (27), José del Carmen Rodríguez
Santana (19), Inocencio Abelino Gil González (21), Nelson Javier Acevedo
Caballero (23), John Edgar Rivera Florez (1) y Manuel Humbertо Suescun
Contreras (1). De ello da cuenta el acta de la misma fecha.74

7.1.13. Consta que, el 11 de junio de 2008, un perito del CTI de Ocaña realizó
estudio de balística a la subametralladora mini uzi calibre 9mm No. 53192 y a los
cartuchos encontrados en la escena de los hechos donde falleció Catalino López

72 Expediente híbrido, índice 49 Samai, archivo “ED_C2_CD1_FOLIO 371_PROCESO PENAL -
DOCUMENTO RESERVADO (.zip) NroActua 49.zip”, página 90 y 91 del archivo “200800050 1”.
73 Expediente híbrido, índice 49 Samai, archivo “ED_C2_CD1_FOLIO 371_PROCESO PENAL -

DOCUMENTO RESERVADO (.zip) NroActua 49.zip”, páginas 373 a 379 del archivo “200800050
2”.
74 Expediente híbrido, índice 49 Samai, archivo “ED_C2_CD1_FOLIO 371_PROCESO PENAL -

DOCUMENTO RESERVADO (.zip) NroActua 49.zip”, páginas 20 y 21 del archivo “200800050 2”.

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Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

Barahona y concluyó que el arma se encontraba en buen estado de
funcionamiento y era apta para disparar, pero no emitió concepto sobre la
munición por no contar con los elementos necesarios en esa Unidad Investigativa
para realizar el estudio. De ello da cuenta el informe de la misma fecha.75

7.1.14. Se demostró que, el 11 de junio de 2008, María Dévora Jaimes Nogoa
denunció ante la Fiscalía General de la Nación que el 7 de junio de 2008 su
“esposo” Catalino López Barahona fue amedrentado en su casa ubicada en la
vereda Bellavista del municipio de Aguachica, Cesar, por un hombre que vestía
prendas militares y otros tres vestidos de civil, quienes le dispararon por la espalda
y luego lo sacaron de su casa, que luego aquel apareció muerto cerca de allí
vestido con ropa y botas militares. De ello da cuenta copia de la denuncia, de la
cual se destaca lo siguiente:76

“[…] Yo vivo en la vereda Bella Vista con mi esposo Catalino y mis hijos, el viernes 6
de Junio me vine con dos de mis hijas para Aguachica a una reunión y a cobrar el
subsidio de los niños, el domingo como a las 7:00 de la mañana llamé a Catalino al
celular 3145314056 para que me mandara una carga de Aguacate aquí a
Aguachica, pero no me contestó, entonces esperé como 15 minutos y volví y
marqué y me contestó fue mi hija Leidy y ella me dijo llorando que a su papá lo
habían herido y se lo habían llevado y no se sabía si estaba herido o muerto,
entonces yo me fui de una vez para la finca y cuando iba llegando a la vereda
Boquerón escuché como unas explosiones y ahí me encontré con mis hijos Leidy,
Jorge Andrés y un niño que es vecino de nosotros de nombre José que le dicen
Pocho, de ahí nos devolvimos para Aguachica porque me dio miedo esos ruidos;
después el lunes me fui a las 6:20 de la mañana para la finca a traer unos papeles
de mi marido, cuando llegue a la finca hablé con mi hijo Eulises y me dijo que el
sábado como a las 4:00 de la tarde llegaron a la finca 4 hombres, uno vestido de
pantalón del Ejército y un buso verde militar y los otros de civil, tres tenían fusiles y
uno una ametralladora pequeña, llamaron a su papá y le dijeron que eran
guerrilleros y tenían que hablar con él, entonces que él le dijo a su hermana Leidy
que no lo dejara solo, uno de ellos que vestía sudadera verde dijo que se llamaba
Fabio y le dijo a Catalino que necesitaban hablar con él y que se vistiera de una vez
por que se lo iban a llevar, él les dijo que el solo no se iba y que si se lo iban a llevar
se lo llevaran con Leidy, y que si lo iban a matar que lo mataran ahí, porque el solo
no se iba a ir, al rato él se puso a hablar con uno de ellos y le dijeron a Catalino que
se pusiera pilas porque les iba a coger la tarde, él otra vez les dijo que él solo no se
iba y que si querían que se lo llevaran pero tenían que llevárselo con Leidy, a lo
último su papá les dijo que se sentaran, que cual era el afán, entonces ellos dijeron
que estaban cansados de estar sentados, al ratico su papá se para y se fue a ir para
la cocina y uno de ellos que vestía sudadera, buso naranjado y que tiene la boca

75 Expediente híbrido, índice 49 Samai,
archivo “ED_C2_CD1_FOLIO 371_PROCESO PENAL -
DOCUMENTO RESERVADO (.zip) NroActua 49.zip”, páginas 31 a 34 del archivo “200800050 1”.
76 Fl. 157 a 162, C.1.

36

Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

torcida y habla de medio lado le disparó con el fusil por la espalda a su papá,
entonces el corrió y cayó al ratico, y Catalino le dijo a uno de ellos ‘me traicionaste
Fabio’, entonces el tal Fabio le contestó, eso es para que hiciera caso, ellos lo
recogieron y lo echaron para la cocina y les dijeron a los niños que se encerraran y
atrancaran la puerta rápido para llevárselo, eso fue lo que me dijo mi hijo. Después
yo cuando iba subiendo para la finca el lunes en la mañana me encontré con mi
prima Yarelis y me dijo que ella cuando iba por la carretera a comprar unos huevos
a donde un vecino se asustó porque vio a Catalino muerto y unos soldados que
estaban en la carretera lo estaban vistiendo con uniforme y botas militares, también
cuando iba subiendo yo vi bajar y subir un helicóptero en la cancha de la vereda
Boquerón y al rato salió. Mi hijo Cristóbal me entregó un cascaron de fusil (vainilla)
que había encontrado cerca de la cocina donde le dispararon a Catalino, un amigo
llamado Edgar Jacomes que estaba buscando a Catalino cuando se lo llevaron,
encontró una pañoleta verde militar con una calavera en la mitad y un bóxer negro y
naranjado que habían dejado los que se llevaron a mi esposo. […]”

7.1.15. Se comprobó que en la edición del 12 al 18 de junio de 2008 el semanario
“Ocaña 7 días” de esa ciudad publicó la noticia titulada "Ejercito abatió a ‘El
Negro’" y en ella señaló que Catalino López Barahona alias “El Negro”, miembro
del ELN fue dado de baja por tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 15
Francisco de Paula Santander durante un enfrentamiento con ese grupo armado
ilegal en la vereda Boquerón del municipio de Río de Oro, Cesar, pero sin señalar
la fecha de los hechos. De ello da cuenta el recorte de prensa que se allegó al
plenario77.

7.1.16. Se acreditó que, el 12 de junio de 2008, el Batallón de Infantería de Marina
No. 15 Francisco de Paula Santander abrió investigación disciplinaria por la
muerte de Catalino López Barahona, pero el 9 de marzo de 2009, esta fue remitida
a la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del poder preferente. De ello
da cuenta el oficio del 1 de marzo de 2011, suscrito por el comandante de dicho
Batallón, con el cual no se adjuntó la referida investigación.78

7.1.17. Se demostró que, el 12 de septiembre de 2008, el laboratorio científico del
CTI de Ocaña practicó análisis de residuos de disparo en manos derecha e
izquierda (palma y dorso) tomados de Catalino López Barahona, cuyo resultado

77 Fl. 14, C.1.
78 Fl. 104, C.1.

37

Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

fue positivo para los metales de bario, antimonio y plomo, “compatibles con
residuos de disparo en mano”. De ello da cuenta el informe de la misma fecha.79

7.1.18. Se probó que, el 13 de noviembre de 2008, el laboratorio forense del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Nororiente,
analizó la prueba de sangre tomada a Catalino López Barahona para establecer
alcoholemia y concluyó que en la muestra se detectó etanol en una concentración
de 31 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. De ello da cuenta el informe de
la misma fecha.80

7.1.19. Consta que, el 24 de noviembre de 2008, el DAS certificó que Catalino
López Barahona no tenia antecedentes ni requerimientos judiciales, pero sí una
orden de captura del 18 de mayo de 2000 por el delito de fuga de presos, que fue
cancelada por la Fiscalía 1ª Seccional de Cúcuta. De ello da cuenta el oficio de la
misma fecha.81

7.1.20. Se demostró que, el 10 de diciembre de 2008, el jefe de la Sección
Administrativa de las Fuerzas Militares certificó que la subametralladora mini uzi
calibre 9mm No. 53192 no estaba registrada a nombre de Catalino López
Barahona ni de alguna otra persona. De ello da cuenta el oficio de la misma
fecha.82

7.1.21. Se comprobó que, el 5 de enero de 2009, el CTI de Cúcuta realizó estudio
de trayectorias de los disparos que recibió Catalino López Barahona basado en el
protocolo de necropsia. De ello da cuenta el informe de la misma fecha del cual se
destaca lo siguiente:83

79 Expediente híbrido, índice 49 Samai, archivo “ED_C2_CD1_FOLIO 371_PROCESO PENAL -
DOCUMENTO RESERVADO (.zip) NroActua 49.zip”, páginas 40 a 43 del archivo “200800050 1”.
80 Expediente híbrido, índice 49 Samai, archivo “ED_C2_CD1_FOLIO 371_PROCESO PENAL -

DOCUMENTO RESERVADO (.zip) NroActua 49.zip”, páginas 44 y 45 del archivo “200800050 1”.
81 Expediente híbrido, índice 49 Samai, archivo “ED_C2_CD1_FOLIO 371_PROCESO PENAL -

DOCUMENTO RESERVADO (.zip) NroActua 49.zip”, página 105 del archivo “200800050 1”.
82 Expediente híbrido, índice 49 Samai, archivo “ED_C2_CD1_FOLIO 371_PROCESO PENAL -

DOCUMENTO RESERVADO (.zip) NroActua 49.zip”, página 8 del archivo “200800050 2”.
83 Expediente híbrido, índice 49 Samai, archivo “ED_C2_CD1_FOLIO 371_PROCESO PENAL -

DOCUMENTO RESERVADO (.zip) NroActua 49.zip”, páginas 46 a 55 del archivo “200800050 1”.

38

Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

“[…] IX. Análisis y materialización de trayectorias en cuerpo humano. Estudiado el
Informe pericial de Necropsia N°2008010154498000086 correspondiente al occiso
López Barahona Catalino. Trayectoria 1: Plano horizontal: Supero-inferior. Plano
coronal: Antero posterior. Plano sagital: Izquierda- derecha. Localización: O.E: En
región frontotemporal izquierda a 8 cm de la línea media anterior y a 7 cm del
vertex, sin evidencia de restos de pólvora. OS: localizado en región occipital
derecha a 4 cm de la línea media posterior y a 9 cm del vertex. Trayectoria 2: Plano
horizontal: Infero-Superior. Plano coronal: Postero anterior. Plano sagital: Derecha-
izquierda. Localización: OE: hueco axilar derecho a 10 cm del acromion, sin
evidencia de restos de pólvora. OS: Localizado en tercio superior de brazo derecho
a 5 cm del acromion. Trayectoria 3: Plano horizontal: Supero-inferior. Plano coronal:
Anteroposterior. Plano sagital: - izquierda- derecha. Localización: OE: En cara
lateral interna de tercio inferior de antebrazo izquierdo a 53 cm del acromion, sin
evidencia de restos de pólvora. OS: localizado en región tenar externa izquierda a
60 cm del acromion. Trayectoria 4: Plano horizontal: - infero-Superior. Plano coronal:
Posteroanterior. Plano sagital: Derecha-izquierda. Localización: OE: Localizado en
muslo derecho cara posterior tercio inferior a 65 cm del talón, sin evidencia de
restos de pólvora. OS: a 55 cm del talón. (Parte anterior del tercio inferior del muslo
derecho) Trayectoria 5: Plano horizontal: Infero- superior. Plano coronal:
Anteroposterior. Plano sagital: -izquierda-derecha. Localización: OE: En tercio
superior de pierna izquierda a 39 cm del talón. OS: localizado en hueco poplíteo
izquierdo a 44 cm del talón.

X. Materialización grafica de trayectorias:

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Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

40

Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

XI. Interpretación de resultados
Con base en los resultados del presente Estudio Balístico, de acuerdo con el
análisis del Protocolo de Necropsia N°2008010154498000086 correspondiente al
occiso LOPEZ BARAHONA CATALINO y teniendo en cuenta la materialización
grafica de trayectorias, se determinó que los disparos fueron realizados a distancia
mayor de 2 metros, (no hay tatuaje ni ahumamiento) ubicándose la boca de fuego
del (las) arma (s) en la parte posterior y anterior del cuerpo y ángulos diferentes,
dependiendo de la posición del occiso al momento de recibir los disparos. El anterior
concepto se fundamenta en datos técnicos y descripciones médico-legales, sin tener
en cuenta las condiciones topográficas del terreno, ni las declaraciones de los
sindicados o posibles testigos de los hechos; razón por la cual respetuosamente se
sugiere realizar análisis con la diligencia en el lugar de los hechos, donde están los
datos de campo necesarios para establecer con mayor certeza la ubicación y
posición de víctima y victimario, distancia de disparo y posibles obstáculos a la
trayectoria de disparo. […]”

7.1.22. Consta que, para el 29 de junio de 2010, la Fiscalía 1ª Especializada
Delegada ante el Gaula de Valledupar, adelantaba la investigación por el
homicidio de Catalino López Barahona ocurrido el 8 de junio de 2008 en la vereda
Boquerón del municipio de Río de Oro, Cesar. De ello da cuenta el informe de
policía judicial de la misma fecha y la consulta del SPOA (sistema de información
de la Fiscalía General de la Nación) del cual se destaca lo siguiente: 84

84 Fl. 164 a 168, C.1.

41

Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

“[…] Relato de los hechos: según información del Ejército Batallón Santander se
encontraban patrullando por el sector cuando se percataron de la presencia de
personas y al lanzar la proclama ‘¡somo tropas del Batallón Santander alto!’
reaccionaron presentándose un enfrentamiento que al final dio como resultado la
baja de un adulto masculino de 35-40 años (sin identificar). Que al momento de
inspeccionar en el sitio donde se halló este portaba varios elementos para la
fabricación, activación y explosivos (sic) los cuales fueron destruidos por las mismas
tropas en el sitio debido al peligro que representaba el transporte de los mismos vía
aérea (helicóptero). De igual manera fue encontrada una subametralladora mini uzi
calibre 9mm. […]”

7.1.23. Se probó que, el 1 de marzo de 2011, el Juzgado 37 de Instrucción Penal
Militar certificó que en ese despacho no se adelantó proceso alguno por la muerte
de Catalino López Barahona. De ello da cuenta el oficio de la misma fecha.85

7.1.24. Consta que, para el 6 de junio de 2017, en el sistema de información de
antecedentes penales y/o ordenes de captura de la Dirección de Investigación
Criminal e Interpol DIJIN de la Policía Nacional, Catalino López Barahona
registraba las siguientes anotaciones: i) orden de captura expedida el 18 de mayo
de 2000 por la Fiscalía 1ª Seccional de Cúcuta por el delito de fuga de presos,
cancelada el 14 de marzo de 2006 por esa misma autoridad y; ii) orden de captura
para cumplir pena de 48 años de prisión expedida el 14 de abril de 2011 por el
Juzgado 2 de Ejecución de Penas y medidas de Seguridad de Barranquilla, por los
delitos de homicidio con fines terroristas y terrorismo. De ello da cuenta el oficio
del 6 de junio de 2017, suscrito por un funcionario de la DIJIN de la Policía
Nacional.86

7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver los cargos invocados en los recursos de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace
necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico
y ii) su imputación frente al Estado.

85 Fl. 106 y 107, C.1.
86 Expediente híbrido, índice 49 Samai,
archivo “ED_C2_CD1_FOLIO 371_PROCESO PENAL -
DOCUMENTO RESERVADO (.zip) NroActua 49.zip”, páginas 63 a 67 del archivo “200800050 3”.

42

Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración56-57, en tanto la prueba de todos los elementos de
la responsabilidad extracontractual es indispensable e ineludible para que nazca la
obligación resarcitoria.

7.2.1. El daño antijurídico

Para comenzar, debe destacarse, que el daño antijurídico es la lesión injustificada
a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación
que no está amparada por la ley o el derecho87, que contraría el orden legal88 o
que está desprovista de una causa que la justifique89, resultado que se produce
sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al
lesionar una situación reconocida o protegida90, violando de manera directa el
principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico
dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. En su fórmula
reducida, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber
jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra en términos generales el
fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado es la muerte de Catalino
López Barahona, quien falleció, en la vereda Boquerón del municipio de Río de
Oro, Cesar según da cuenta la copia auténtica del registro civil de defunción, los
informes del comandante del grupo “Depredador” del Batallón de Infantería de
Marina No. 15 Francisco de Paula Santander, el informe del primer respondiente

87 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
88 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
89 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
90 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.

43

Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

CTI y el protocolo de necropsia (hechos probados 7.1.4., 7.1.5., 7.1.8. y 7.1.9.). El
daño tiene el carácter de antijurídico, pues se trata de la afectación de un interés
legítimo protegido por el ordenamiento jurídico, cuya lesión no encuentra
justificación legal.

En efecto, la vida es uno de los derechos inherentes e inalienables de la persona y
se constituye en presupuesto esencial para la realización de los demás derechos.
Además, este derecho se encuentra protegido en el Preámbulo de la Constitución
Política, que proclama dentro de los fines del Estado asegurar la vida de sus
integrantes, y en el artículo 11 Superior, que establece que "el derecho a la vida es
inviolable", de donde la vulneración de tales postulados y los daños que sobre
ellos se generen resultan antijurídicos.

7.2.2. La imputación

Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico a la Nación - Ministerio
de Defensa - Ejército Nacional, es menester establecer si este le es atribuible
fáctica y jurídicamente.

Así, en aras de resolver el problema jurídico, en el presente proceso de reparación
directa, se escuchó la declaración de Yima Liz Alarcón Ochoa91 quien declaró
sobre su conocimiento de la víctima y de su grupo familiar por haber sido su
vecina y señaló que no le constaba que Catalino López Barahona hubiera
pertenecido a algún grupo armado ilegal, que lo consideraba “una persona
honrada, y trabajadora, amigable con todo el mundo”, dedicado al “cultivo de maíz,
frijol y a la recolección de café, yuca, cacao, plátano” para su sustento y el de su
familia, pero no hizo referencia alguna a los hechos relacionados con la muerte de
Catalino.

Por su parte, Pablo Miranda Morales92, también vecino de la víctima, declaró que
Catalino López Barahona vendía “las cosechas de lo que sacaba café, maíz y

91 Fl. 109 y 110, C.1.
92 Fl. 111 y 112, C.1.

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otros” en la vereda donde vivían. Sobre la muerte de la víctima el testigo señaló
que “en el momento llegó el Ejército y le dieron un tiro, lo sacaron y lo terminaron
de rematar”, pero no precisó la fecha ni si estuvo en el lugar de los hechos ni por
qué le constaba tal afirmación. Sobre la pertenencia de la víctima a un grupo
armado ilegal sostuvo que “él todo el tiempo desde que lo distingo fue campesino,
él no pertenecía a ningún grupo, vivíamos de la cosecha”.

Ahora bien, a juicio de la Sala y en los términos del artículo 21793 del Código de
Procedimiento Civil, se observa que los testimonios de Yima Liz Alarcón Ochoa y
Pablo Miranda Morales no presentan sospechas de parcialidad. Aunque conocían
a la víctima, no hay indicios de una relación especial que pueda interpretarse
como un posible conflicto de intereses, pues se limitaron a testificar sobre su
conocimiento del núcleo familiar, de la actividad económica y del comportamiento
social de Catalino López Barahona.

Pues bien, en el escrito de demanda se argumenta que Catalino López Barahona
fue herido en su casa el 7 de junio de 2008 por militares, quienes luego se lo
llevaron a la fuerza y lo asesinaron cerca al lugar de su residencia.

Sin embargo, la versión oficial afirma que la muerte de Catalino López Barahona
tuvo lugar el 8 de junio de 2008 por contacto armado que la víctima y otros sujetos
tuvieron con tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 15 Francisco de Paula
Santander en la vereda Boquerón del municipio de Río de Oro, Cesar, en
desarrollo de la misión táctica “Júbilo”, la cual se encontraba respaldada en el
anexo de inteligencia sin fecha suscrito por el jefe de la Sección Segunda de ese
Batallón y en el documento contentivo de dicha Misión elaborado por el oficial de
operaciones de ese Batallón, pues desde el 3 de junio de 2008 tenían información
de la presencia de al menos 12 miembros del ELN en la zona, quienes
pretendían “realizar un secuestro a algún ganadero o finquero del sector” (hechos
probados 7.1.2., 7.1.3. y 7.1.4.)

93 “Artículo 217. Testigos Sospechosos. Son sospechosas para declarar las personas que en
concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas.”

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Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

Al efecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 351 y 352 del CPC, se
advirtió la presunción de autenticidad de los informes militares, dado su carácter
de documentos públicos, expedidos por funcionarios de esta naturaleza, en
ejercicio de su cargo, a los que la jurisprudencia les reconoce pleno valor
probatorio salvo que su autenticidad sea desvirtuada o, en palabras del
mencionado artículo 352, “mientras no se compruebe lo contrario”. Dicho esto, se
advierte que la presunta autenticidad de los informes militares es de aquellas
establecida por el legislador, denominadas presunciones iuris tantum, que admiten
prueba en contrario.

Así entonces, se observa que, aunque la misión táctica “Júbilo” tenía como fin
capturar y/o dar muerte en combate a miembros de la Compañía Capitán
Francisco del ELN, que al parecer estaban delinquiendo en el municipio de
Aguachica, Cesar (hecho probado 7.1.3.), en el anexo de inteligencia que
fundamentó dicha misión se habla de la presencia de miembros de esa Compañía
encabezada por alias “El Negro” (hecho probado 7.1.2.), quien según los archivos
de inteligencia de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional correspondía al
nombre de “Isidro Gelves” (hecho probado 7.1.1.), es decir, a una persona distinta
a Catalino López Barahona y sin que se contara con otra información de
inteligencia o judicial que lo relacionara con dicho alias.

Igualmente, en los informes de los hechos del 8 de junio de 2008, el comandante
del grupo “Depredador” señaló que a las 3:45 am de ese día el entonces soldado
profesional Alfonso Yilber Ovalle Pineda le reportó “que se encontraba en contacto
armado con varios sujetos” y que cuando llegó a su ubicación para brindarle apoyo
“ya se tenía controlada la situación”, luego ordenó el registro del lugar y hallaron el
cadáver de quien luego fue identificado como Catalino López Barahona (hecho
probado 7.1.4.), pero en dichos informes no se relatan las circunstancias de modo
en que habría ocurrido dicho combate, cuál fue el comportamiento de la víctima ni
quienes le dispararon, cuántos sujetos habrían atacado a la tropa, cuál era su
ubicación, ni ninguna otra explicación acerca del supuesto enfrentamiento.

Se advierte que ni el suboficial de operaciones ni el comandante del Batallón de
Infantería de Marina No. 15 Francisco de Paula Santander ni el comandante del
grupo “Depredador” de esa misma Unidad Militar rindieron declaración alguna en

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procedimiento judicial respecto de los documentos antes referidos, en las que se
ratificaran o ampliaran el contenido de estos.

No obstante que, el comandante del Batallón de Infantería de Marina No. 15
Francisco de Paula Santander y el comandante del grupo “Depredador” de esa
misma Unidad Militar dejaron constancia que durante la misión táctica “Júbilo” los
militares dispararon 123 cartuchos calibre 5.56mm distribuidos entre los
uniformados Alfonso Yilber Ovalle Pineda (33), Tomas Contreras Duarte (27), José
del Carmen Rodríguez Santana (19), Inocencio Abelino Gil González (21), Nelson
Javier Acevedo Caballero (23), John Edgar Rivera Florez (1) y Manuel Humberto
Suescun Contreras (1) (hechos probados 7.1.6. y 7.1.12), lo cierto es que se
desconoce por qué y desde qué posición dispararon contra sus supuestos
atacantes, pues los disparos recibidos por la víctima solo se obtienen de lo
señalado por el perito en la necropsia, sin que se pudieran establecer con certeza
cómo estaban ubicados los participantes del supuesto combate, pues no se realizó
inspección al lugar de los hechos ni estudio de las condiciones topográficas del
terreno, ni se recibieron declaraciones de los sindicados o posibles testigos de los
hechos, razón por la que no se tiene certeza de la ubicación y posición de víctima
y victimarios, distancia de disparos ni posibles obstáculos a las trayectorias de
estos, como lo concluyó el investigador del CTI de Cúcuta en su informe (hecho
probado 7.1.21.).

Además, si bien se determinó que la subametralladora mini uzi calibre 9mm No.
53192 hallada en el lugar de los hechos se encontraba en buen estado de
funcionamiento y apta para disparar; no se determinó lo mismo sobre los
cartuchos encontrados, pues no se realizó el estudio respectivo porque el
investigador balístico no contaba con los elementos necesarios para hacerlo,
como lo señaló en su informe (hecho probado 7.1.13.) y no existe prueba de que,
efectivamente, el arma haya sido usada por la víctima.

Igualmente, aunque el estudio de laboratorio estableció que los residuos de
disparo en manos derecha e izquierda (palma y dorso) tomados de Catalino López

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Barahona resultaron positivos para los metales de bario, antimonio y plomo,
(hecho probado 7.1.17.), cabe advertir, como lo hizo recientemente esta Sala de
Subsección94, que la prueba de residuos de disparo en mano no es definitiva para
establecer con certeza que la víctima disparó el arma encontrada contra los
militares, menos cuando no existe un análisis de balística que compare la
munición que supuestamente fue disparada con dichas armas ni alguna otra
evidencia con la que se pueda cotejar, como para concluir que armas diferentes a
las que portaba el personal castrense fueron disparadas en la escena de los
hechos, ni que permita tampoco inferir que una de estas fue accionada por
Catalino López Barahona, pues, como se dijo antes, no se realizó informe de
balística respecto de la munición encontrada en el lugar donde falleció la víctima.

Además, como ya lo ha señalado esta Sala en asuntos similares 95, resultaría en
una carga excesiva para la parte demandante, valorar sin objeción alguna la
prueba de residuos de disparo que resultó positiva, para dar por hecho que la
víctima accionó un arma contra los militares, pues esta prueba no es definitiva y,
tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia96, a través de las pruebas de
absorción atómica solo es posible establecer la presencia de residuos de disparo
en las manos del sospechoso, mas no la autoría del mismo, pues es posible que el
hallazgo de plomo, antimonio, bario y cobre no sea la consecuencia de haber
disparado un arma, así como que la ausencia de estos elementos puede ser el
resultado de la prueba practicada en una persona que sí disparó un arma.

De ahí que, en algunos casos, dicha evidencia (absorción atómica) puede
valorarse como una prueba indiciaria, pero en conjunto con las demás practicadas
en el proceso para realizar el juicio de responsabilidad. En ese sentido y para el
caso concreto, una vez valorada la prueba de residuos de disparo con las demás
pruebas recaudadas en el proceso no se concluye que el hoy occiso hubiera

94 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 9 de abril de 2025, exp. 54255.
95 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de

abril de 2025, exp. 54255 y sentencia del 14 de julio de 2025, exp. 53967.
96 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 17 de febrero de 2010, exp.

29734, M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán).

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accionado un arma de fuego el día de los hechos, toda vez que, más allá de la
prueba de absorción atómica, ninguna otra evidencia respalda o indica tal
conclusión.

De hecho, aunque el acta de gasto de munición señaló que los militares
dispararon 123 cartuchos calibre 5.56mm, no existe prueba de que la munición
encontrada en la escena de los hechos fue disparada por la subametralladora mini
uzi calibre 9mm No. 53192 cuyo porte fue atribuido al occiso, pues no se
comprobó el funcionamiento o compatibilidad de dicha munición con la referida
arma en el estudio de balística (hecho probado 7.1.13.); además, en el lugar de los
hechos no se hallaron casquillos ni cartuchos disparados por una
subametralladora mini uzi calibre 9mm No. 53192, lo que permite cuestionar si en
efecto la víctima usó esa u otra arma en contra de los uniformados.

En cambio, se demostró el uso de múltiples armas de manera indiscriminada
contra el occiso por parte del personal castrense por un número plural de soldados
entrenados en combate que fueron partícipes en el operativo, como la misma
demandada lo certificó (hechos probados 7.1.6 y 7.1.12.), quienes le dispararon a
la víctima de frente en la cabeza y pierna izquierda y de espaldas, atravesando su
hombro derecho, brazo izquierdo y pierna derecha, a una distancia mayor a dos
metros, pero sin que esta pudiera precisarse con exactitud, dado que ante la falta
de análisis de las condiciones topográficas del terreno y datos de campo
necesarios, no se tiene certeza de la ubicación y posición de Catalino López
Barahona respecto de los militares ni la presencia de posibles obstáculos a la
trayectoria de los disparos, como lo señaló el CTI de Cúcuta en su informe de
trayectorias (hecho probado 7.1.21.).

Lo anterior permite determinar que la víctima fue impactada desde diferentes
posiciones, sin que se pueda establecer que esta hubiera tenido la oportunidad de
disparar también o de representar peligro para los uniformados, lo que descarta lo
dicho en los informes militares acerca de la existencia de un combate entre el
occiso y estos y, más bien, indica un posible estado de indefensión de la víctima,
dadas las diferentes trayectorias de los proyectiles que lo impactaron, antes
descritas.

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Con todo, aun cuando se diera por cierto que los disparos contra la víctima se
efectuaron a más de dos metros de distancia, lo cual no se corroboró, cabe
advertir que ante la ausencia de información acerca de la ocurrencia de los hechos
y de cómo se desarrolló la escena en que falleció Catalino López Barahona, dicha
hipótesis no se puede sustentar con solidez, pues ninguna conclusión cierta ofrece
el protocolo de necropsia ni el estudio de las trayectorias de disparo realizado por
el CTI de Cúcuta, falencia que el mismo estudio advirtió (hechos probados 7.1.9. y
7.1.21.).

Igualmente, aunque se reportó que la víctima portaba un bolso en donde al
parecer cargaba material explosivo (hechos probados 7.1.4.y 7.1.8.), lo cierto es
que el mismo fue destruido por miembros del Batallón de Infantería de Marina No.
15 Francisco de Paula Santander en el lugar de los hechos (hecho probado
7.1.7.), sin que la policía judicial tomara antes alguna muestra para posterior
análisis del estado en que se encontraba dicho material, o establecer si de verdad
se encontraba apto para detonar o si existía evidencia de que la víctima manipuló
dicho material, como para, al menos, inferir que con este podía causar daño a los
uniformados.

Además, aunque la información de inteligencia que el Batallón de Infantería de
Marina No. 15 Francisco de Paula Santander tenía para el 3 de junio de 2008,
daba cuenta de la presencia de varios miembros de la Compañía Capitán
Francisco del ELN encabezada por alias “El Negro” (hecho probado 7.1.2.), igual
información de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional señalaba que alias “El
Negro” respondía al nombre de Isidro Gelves (hecho probado 7.1.1.), mas no al de
Catalino López Barahona y no se allegó prueba de que la víctima hubiera sido
identificado en dicha información de inteligencia con otro alias o como miembro de
ese u otro grupo armado ilegal, para la época de los hechos.

Asimismo, los testigos Yima Liz Alarcón Ochoa y Pablo Miranda Morales, quienes
fueron vecinos de la víctima, se refirieron a Catalino López Barahona como un
hombre trabajador del campo y no de armas o por su pertenencia a un grupo
subversivo.

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Igualmente, como lo denunció la compañera permanente de la víctima, Catalino
López Barahona fue amedrentado en su casa ubicada en la vereda Bellavista del
municipio de Aguachica, por un hombre que vestía prendas militares y otros tres
vestidos de civil, quienes le dispararon por la espalda, lo sacaron de su casa y
luego aquel apareció muerto cerca de allí vestido con ropa y botas militares (hecho
probado 7.1.14), lo que coincide con las heridas que recibió la víctima en posición
de indefensión, como antes se advirtió.

De igual manera, aunque el entonces DAS y la Dirección de Investigación Criminal
e Interpol DIJIN de la Policía Nacional certificaron que Catalino López Barahona
tenía dos órdenes de captura, una por el delito de fuga de presos, la cual ya había
sido cancelada por la autoridad judicial, y otra para cumplir pena de prisión por los
delitos de homicidio con fines terroristas y terrorismo (hechos probados 7.1.19. y
7.1.24.), es necesario advertir que la víctima estaba amparada por la presunción
de inocencia y, respecto de su posible participación en actividades delictuales, al
margen de su inocencia o responsabilidad penal, conservaba sus derechos a la
vida y a ser judicializado con el pleno de garantías procesales y sustanciales,
como lo recordó recientemente esta Sala de Subsección97.

A lo que se suma que, como ya se explicó antes, los militares no justificaron la
misión táctica “Júbilo” en la ejecución de una orden de captura contra Catalino
López Barahona, sino en la verificación de la presencia de varios miembros de la
Compañía Capitán Francisco del ELN encabezada por alias “El Negro”, quien
respondía al nombre de Isidro Gelves, no al de Catalino López Barahona, sin que
se demostrara tampoco que hubieran intentado capturarlo por orden judicial y que
este hubiere mostrado resistencia, obligando a los uniformados a usar la fuerza, al
punto de “darle de baja”.

Además, no podía presumirse que por encontrarse la víctima en el lugar de los
hechos a altas horas de la madrugada debía estar delinquiendo, pues ello
pudieron verificarlo los uniformados, quienes por su capacidad armamentística y

97Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 9 de abril de 2025, exp. 54255.

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Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

de personal se encontraban en la posibilidad de reducirla y verificar sus
antecedentes, antes que darle muerte, toda vez que las circunstancias no
constituían una excepción a la presunción constitucional de inocencia y al deber
también fundamental de la fuerza pública de proteger la vida de los civiles.

De ahí que las pruebas recaudadas no permiten determinar con certeza que, el 8
de junio de 2008, en la vereda Boquerón del municipio de Río de Oro, Cesar,
ocurrió un combate entre Catalino López Barahona y miembros del Batallón de
Infantería de Marina No. 15 Francisco de Paula Santander, pues, si bien, tampoco
se estableció por qué la víctima se encontraba ese día en ese lugar, no se
comprobó con certeza que atacó o disparó un arma de fuego contra los militares.

Con todo, la Sala considera justificado establecer en este caso un estándar
probatorio flexible y favorable a la parte demandante por no haber tenido control
sobre los hechos ni circunstancias, que sí lo tuvo la demandada por haber
participado en los hechos y haber tenido acceso y control de la zona donde
ocurrieron aquellos y, ante la dificultad de establecer una hipótesis del caso
factible, lo cual ha sido admitido por esta Corporación en asuntos similares al
formulado en este proceso, sin que ello comporte, en modo alguno, la creación de
una presunción de responsabilidad, pero sí permite la morigeración del régimen y
carga de las pruebas de la demandante, lo que, sin embargo, no suple el deber de
prueba que asiste a los extremos que integran la litis de establecer “el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, como
lo prevé el artículo 177 del Código de procedimiento Civil.

Lo anterior, por cuanto, como lo ha señalado la Corte Constitucional98, tanto la
jurisprudencia nacional como internacional ha reconocido la dificultad que
representa para las víctimas cumplir con el rigor probatorio en las acciones
judiciales, por lo que se ha establecido la posibilidad de flexibilizar los estándares
probatorios en casos en que ocurran graves violaciones de derechos humanos,

98Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-060 del 21 de marzo de 2021, MP: José
Fernando Reyes Cuartas.

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Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

como, por ejemplo, las llamadas ejecuciones extrajudiciales, sumarias y
arbitrarias.

Es así como la Corte destaca que el Consejo de Estado ha admitido que
demostrar la omisión de los agentes de las fuerzas militares y de policía de
proteger la vida de los habitantes del territorio nacional99 y de controlar a sus
uniformados en el cumplimiento de la labor encomendada100 encierra dificultades
probatorias porque la mayoría de ellos ocurren en circunstancias asociadas al
conflicto, en lugares remotos y las víctimas son personas que se encontraban en
estado de indefensión. Por ello, ha flexibilizado los estándares probatorios a efecto
de demostrar la responsabilidad patrimonial del Estado, aceptando, por ejemplo,
que las pruebas trasladadas de procesos penales o disciplinarios, se analicen en
este contexto con un rasero menor. Asimismo, que en el evento en que haya una
incompatibilidad probatoria que dé lugar a varios supuestos fácticos, “el juez
deberá privilegiar racionalmente aquellas que acrediten un grado superior de
probabilidad lógica o de probabilidad prevaleciente, resultado que se obtiene
aplicando las reglas de la experiencia que incluyen conocimientos técnicos, leyes
científicas o generalizaciones del sentido común”101.

La Corte Constitucional también resaltó que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en la sentencia del 29 de julio de 1988 del caso Velásquez Rodríguez
vs. Honduras, señaló que los criterios de valoración probatoria son menos
formales por la gravedad de las conductas que encierran, de ahí que lo
correspondiente sea aceptar que la prueba directa -documental o testimonios- “no
es la única que puede legítimamente considerarse para fundar la sentencia”. De
tal forma que la Corte Interamericana consideró que “[l]a prueba circunstancial, los
indicios y las presunciones, pueden utilizarse siempre que de ellos puedan
inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos”. Pues a juicio de esa Corte
internacional “a diferencia del derecho penal interno, en los procesos sobre

99 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 14 de julio de 2016, CP: Marta Nubia Velásquez Rico, exp. 35029.
100 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia de 30 de agosto de 2018, exp. 56451
101 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia de 30 de agosto de 2018, Exp. 56451.

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violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar
sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado
quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su
territorio”.

Finalmente, la Corte Constitucional destacó su propia jurisprudencia al respecto e
indicó que, de tiempo atrás, en la sentencia T-926 de 2014, advirtió que en los
casos en los cuales se analizan graves violaciones a los derechos humanos, la
valoración probatoria que realiza el juez debe flexibilizarse, admitiendo la
posibilidad de acudir a los indicios como pruebas determinantes de la
responsabilidad estatal. Con posterioridad, en la sentencia SU-035 de 2018, esa
Corte concluyó que, con ocasión del principio de equidad, procedía la
flexibilización de la valoración probatoria en los casos que comprometen
violaciones a los derechos humanos, puesto que en ellos se presenta “una ruptura
deliberada e injusta de la correlación entre la prueba del daño y la prueba del
perjuicio”. Lo anterior, debido a manifestaciones de poder irregular, desequilibrios
de fuerzas o estructuras de delincuencia institucional y organizada.

Aunado a lo expuesto, la sentencia SU-062 de 2018 reiteró la jurisprudencia
unificada en la materia, según la cual “existe un imperativo de flexibilizar los
estándares probatorios y de fortalecer el deber de los jueces de ejercer las
potestades que les han sido conferidas en aras de garantizar la justicia material
con pleno respeto de los derechos fundamentales de todas las partes
involucradas. Lo anterior trae como consecuencia, entre otras cosas, el uso de las
inferencias judiciales razonables”. En esa oportunidad, la Sala Plena de la Corte
ratificó que en los asuntos que involucran ejecuciones extrajudiciales, la presencia
de algunos “elementos, conductas o actuaciones pueden ser indicios de
responsabilidad del Estado”. Finalmente, en consonancia con los fallos de
unificación referidos, mediante la sentencia T-214 de 2020 la Corte analizó dos
acciones de tutela presentadas contra las decisiones de la jurisdicción contencioso
administrativa en el marco de procesos de reparación directa por presuntas
ejecuciones extrajudiciales. En esa oportunidad, la Corte recalcó que “en materia
de procesos que involucran graves violaciones de derechos humanos, el juez
debe, entre otros; (i) flexibilizar los estándares probatorios; (ii) reconocer la
preponderancia de la prueba indiciaria; (iii) hacer uso de las inferencias judiciales

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razonables; (iv) aumentar el estándar probatorio del Estado como demandado en
el proceso de reparación directa; (v) eventualmente exigirle al Estado que
demuestre que no cometió una ejecución extrajudicial; y (vi) hacer uso de las
pruebas aportadas a los procesos penales y disciplinarios correspondientes.”

Con base en todo lo anterior, la Corte Constitucional102 en providencia reciente
destacó cómo de manera uniforme y consolidada, la jurisprudencia constitucional
ha reconocido la necesidad de que el juez ordinario flexibilice los estándares
probatorios frente a la demostración de la acción u omisión del Estado, otorgando
mayor protagonismo a la prueba indiciaria, en atención a las dificultades
probatorias que comportan los casos que comprometen graves afectaciones a los
derechos humanos, como los denominados falsos positivos o ejecuciones
extrajudiciales.

Así, en virtud de lo anterior, cabe resaltar que cuando no existe prueba directa que
permita determinar con certeza la causa del daño, como lo ha señalado esta Sala
en situaciones similares103, es posible que, a partir de la existencia y valoración de
unos hechos debidamente probados y mediante la aplicación de las reglas de la
experiencia104, se establezca la existencia de otros que a priori se desconocen y
que permiten establecer la causa, en este caso, si la víctima murió en un
enfrentamiento con miembros del Ejército Nacional o no.

Al efecto, es menester poner de presente que según reiterada jurisprudencia del
Consejo de Estado el indicio es una prueba indirecta que construye el juez con
apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente
acreditados en el proceso, para así deducir determinadas consecuencias, lo
construye, dado que es una prueba representativa, que no percibe directamente

102 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-060 del 21 de marzo de 2021, MP: José
Fernando Reyes Cuartas.
103 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24

de abril de 2024, exp. 52313.
104 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 19 de noviembre de 2021, exp. 54097.

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Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
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como sí lo hace, por ejemplo, con una inspección judicial105. Esa construcción
indiciaria supone una exigente labor crítica, cuya apreciación debe ser en
conjunto, en los términos del artículo 250 del Código de Procedimiento Civil,
teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y convergencia entre sí y con los
demás medios de prueba.

Así, se tiene que el indicio está integrado por los siguientes elementos: i) los
hechos indicadores, que son los hechos conocidos, los rastros o huellas que se
dejan al actuar, que deben estar debidamente probados en el proceso; ii) una
regla de experiencia, de la técnica o de la lógica o de la ciencia, que es el
instrumento que se utiliza para la elaboración del razonamiento; iii) una inferencia
mental, que es el razonamiento, la operación mental o el juicio lógico crítico que
hace el juzgador, dando lugar a la relación de causalidad entre el hecho indicador
y el hecho desconocido; y iv) el hecho que aparece indicado, esto es, el resultado
de esa operación o inferencia mental106.

Pues bien, en el sub judice, se tiene:

1) Que los militares accionaron sus armas de dotación oficial el 8 de junio de
2008 en la vereda Boquerón del municipio de Río de Oro, Cesar, contra
Catalino López Barahona, como da cuenta la certificación de su
participación en la misión táctica “Júbilo” y el acta de legalización de
material de guerra gastado en desarrollo de esta consistente en 123
cartuchos calibre 5.56 mm (hechos probados 7.1.6. y 7.1.12.).

2) Que no se probó que la subametralladora mini uzi calibre 9mm No. 53192
encontrada en la escena de los hechos fue disparada por la víctima contra

105 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 10 de julio de 2013, Exp. 27913, reiterada por la Corte Constitucional, Sala Plena, en
la sentencia SU-060 del 21 de marzo de 2021, MP: José Fernando Reyes Cuartas.
106 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de

mayo de 2007, exp. 5700. Ver, en ese mismo sentido, las siguientes providencias: i) sentencia del
10 de julio de 2013, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
exp. 27913, y ii) sentencia del 1º de octubre de 2018, proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, exp. 53990.

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los militares, pues no se comprobó que los 36 cartuchos calibre 9mm
hallados hubieran sido disparados por la referida arma de igual calibre
como lo advirtió el estudio de balística (hechos probados 7.1.4. y 7.1.8.) y
sobre el otro proveedor con capacidad para 25 cartuchos calibre 9mm
encontrado en el lugar (hecho probado 7.1.8.), no se estableció que esos
cartuchos hubieran sido disparados ni recolectados para su análisis, solo el
proveedor, es decir, no se comprobó con estudio de balística ni otra prueba
similar, que la víctima realizó disparos en el lugar de los hechos.

3) Que de las diligencias del CTI no se concluye un intercambio de disparos,
en tanto los cartuchos encontrados no fueron estudiados o analizados, es
decir, no se verificó si fueron disparados, pues estaban dentro de un
proveedor; asimismo, no hubo vainillas en el lugar de los hechos (las que
quedan luego de un combate –y que debe detectar y recolectar el CTI-) y; el
arma encontrada no fue sometida a estudio de residuos de disparo interno y
de uniprocedencia con los proyectiles encontrados.

4) Que el occiso vestía “una camiseta azul, pantalón negro y botas de
caucho”, como dan cuenta los mismos informes militares (hecho probado
7.1.4.), vestimenta que se acompasa con la de un campesino de la región,
actividad a la que se dedicaba el occiso según los testigos Yima Liz Alarcón
Ochoa y Pablo Miranda Morales.

5) Que no se adelantó un proceso de identificación e individualización para
concluir que Catalino López Barahona y alias “El Negro”, se trataban de la
misma persona señalada en los archivos militares de inteligencia, pues
según estos documentos alias “El Negro” era el cabecilla que lideraba la
Compañía Capitán Francisco del ELN y que estaría haciendo presencia
desde el 3 de junio en el municipio de Aguachica, Cesar, “con fines
delictivos” (hecho probado 7.1.1.), pero, se insiste, no se comprobó que se
trata de Catalino López Barahona.

6) Que la víctima recibió disparos de frente en la cabeza y pierna izquierda y
de espaldas atravesando su hombro derecho, brazo izquierdo y pierna

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derecha, como dio cuenta el protocolo de necropsia (hecho probado 7.1.9),
es decir, recibió disparos en diferentes partes del cuerpo.

Ahora bien, es pertinente señalar que las reglas de la experiencia han sido
definidas por la doctrina107, como aquel medio a través del cual puede acudir el
operador judicial, en conjunto con su actividad intelectual, para llegar a la
constatación del hecho objeto de la controversia. Sobre este punto, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que las reglas de la
experiencia se construyen sobre hechos, cuya cualidad es su repetición frente a
los mismos fenómenos bajo determinadas condiciones, para que así puedan ser
tenidas como el resultado de prácticas colectivas sociales que por lo
consuetudinario se repiten dadas las mismas causas y condiciones, y producen
con regularidad los mismos efectos y resultados108. Sobre este concepto también
la Corte Constitucional ha precisado que una máxima de experiencia es principio
de lógica o regla de la ciencia y que debe tener fuerza argumentativa
complementada por la convergencia de los hechos demostrados109.

En segundo lugar, de acuerdo con lo anterior, resulta improbable, al punto de
desestimar la existencia de un ataque sorpresivo por parte de Catalino López
Barahona, que justificara la reacción armada del personal del Ejército, en tanto,
como máxima de la experiencia o discernido por el sentido común, no es lógico
que una persona de la cual no se tiene probado que tuviera entrenamiento
castrense o una experiencia equiparable a la militar en combate y manejo de
armas, se enfrente solo a por lo menos siete miembros del Batallón de Infantería
de Marina No. 15 Francisco de Paula Santander (hechos probados 7.1.6. y
7.1.12.) quienes portaban fusiles y podían responderle desde diferentes
posiciones como en efecto lo hicieron (hechos probados 7.1.9. y 7.1.21.) y,
además, que podían pedir refuerzos de ser necesario, dado que la misión táctica
“Júbilo” contaba con el grupo “Depredador” conformado por 18 efectivos y una

107 Taruffo, Michele: Contribución al estudio de las máximas de experiencia, 2023, Editorial Marcial

Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, pp 25.
108 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 1º de junio de 2016, Rad:

45585.
109 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, sentencia T-073 del 21 de marzo de 2023.

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Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

unidad de apoyo o segundo pelotón que constaba de 27 uniformados (hecho
probado 7.1.3.).

Por otra parte, el comportamiento descrito de Catalino López Barahona, haría
evidente su falta de adiestramiento y entrenamiento, así como hace dudar de su
pertenencia a una estructura de milicia típica de un grupo armado, pues allí
instruyen a sus militantes en esa clase de tácticas para atacar al personal de la
fuerza pública al igual que en tácticas de supervivencia cuando atentan contra las
fuerzas del orden, porque de lo contrario, solo los entrenarían para ser carne de
cañón o actores inertes y, esta inferencia, lo que permite establecer es que el
occiso era un civil ajeno al conflicto, quien no participaba de hostilidades contra la
fuerza pública al momento de su muerte. Esta condición por supuesto se
corrobora con otras pruebas recaudadas en el proceso como son los testimonios
de Yima Liz Alarcón Ochoa y Pablo Miranda Morales.

En tercer lugar, lo anterior permite hacer una inferencia lógico mental, en virtud de
la cual es dable colegir que los militares no actuaron en legítima defensa como lo
alegaron y no justificaron debidamente los disparos contra la víctima.

De ahí que, en cuarto lugar, como resultado de lo anterior, por vía de inferencia
razonable a partir de los hechos indicadores arriba referidos y mediante las
máximas de la experiencia y del sentido común, se puede establecer que la
víctima falleció por fuera de un combate, pues los militares le dispararon sin que
se tratara de una respuesta en legítima defensa. En efecto, fruto de lo anterior y
de pruebas directas recaudadas debidamente, resulta:

1) Que no se comprobó la ocurrencia de un combate entre la víctima y los
militares, pues no se demostró que Catalino López Barahona disparó el
arma hallada el día y en el lugar de los hechos en que falleció.

2) Que la víctima no se enfrentó a los militares como miembro de la “compañía
4 de septiembre del ELN en desarrollo de la misión táctica ‘Júbilo’”, pues no
vestía prendas de uso privativo de las fuerzas militares, como suelen
hacerlo los miembros de grupos armados ilegales.

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3) Que no se comprobó que la víctima fuera alias “El Negro”, es decir, que
fuera la persona objeto de la misión táctica “Júbilo”, pues no se tenía
ninguna información de inteligencia ni referencia o denuncia alguna de su
militancia en un grupo armado ilegal.

4) Que la víctima no representaba una amenaza para los militares y recibió
disparos desde diferentes trayectorias, es decir, hubo una preparación
anterior de los uniformados que pudieron organizarse en sus posiciones
para dispararle, pues aunque no se allegó prueba técnica del CTI o de
algún experto en balística y trayectorias sobre este aspecto en la escena de
los hechos, sí se comprobó que la víctima recibió disparos en diferentes
partes del cuerpo, lo que indica que fue neutralizada, sin que pudiera estar
en condición de atacar a la tropa, a lo que se suma que no se probó que
disparara arma alguna en el lugar de los hechos. Además, aunque el
estudio de trayectorias de los disparos determinó que estos fueron
realizados a una distancia mayor de 2 metros, pues no hubo tatuaje ni
ahumamiento, el técnico del CTI no explicó si esto descartaba o no una
posición de indefensión de Catalino López Barahona como tampoco la
posibilidad de este evadir los disparos ni que la víctima hubiera podido
atacar a los militares. Igualmente, el técnico aclara que no tuvo en cuenta
las condiciones topográficas del terreno, ni las declaraciones de los
sindicados o posibles testigos de los hechos, razón por la cual sugirió
realizar análisis con la diligencia en el lugar de los hechos, con los datos de
campo necesarios para establecer con mayor certeza la ubicación y
posición de víctima y victimario (hecho probado 7.1.21.). De ahí que la sola
indicación de que la víctima recibió disparos a más de 2 metros de distancia
no basta para descartar el uso injustificado de la fuerza por parte de la
tropa.

5) Que existía una denuncia por la incursión al domicilio de la víctima y por su
rapto, luego de lo cual apareció muerta.

6) Que, según el informe oficial, los miembros del Ejército Nacional dispararon
123 cartuchos, sin que se probara el uso de armas por parte de la víctima o de
ataque alguno de esta que justificara tal acción de los uniformados, menos

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cuando Catalino López Barahona fue el único que recibió múltiples heridas que
le causaron la muerte y ningún militar resultó lesionado. Tampoco puede
inferirse combate por el uso de tal cantidad de munición contra una sola
persona, cuando no se realizó una diligencia con análisis de posiciones y
trayectorias en el lugar de los hechos, como lo sugirió el técnico del CTI (hecho
probado 7.1.21.), que siquiera diera cuenta de una posición de combate de la
víctima y de disparos que hubieran recibido los militares.

7) Que la competencia del caso la asumió la Fiscalía General de la Nación,
Unidad de DDHH, mas no la justicia penal militar (que estudia actos propios
del servicio).

8) Que la víctima fue presentada inicialmente como una baja NN (conducta típica
en este tipo de casos denominado también falsos positivos).

Para la Sala, todo lo anterior desestima que haya existido un ataque previo de la
víctima contra los militares que justificara el uso letal de las armas por parte de
estos, dado que, se itera, no se probó el uso de armas por parte de la víctima, ni
siquiera se demostró que las municiones halladas en la escena hubieran sido
disparadas ni que fueran compatibles con la subametralladora mini uzi calibre
9mm No. 53192 cuyo porte fue atribuido al occiso, dado que no se realizó estudio
de balística sobre estas (hecho probado 7.1.13.).

En este sentido, de acuerdo con lo anteriormente descrito, fuerza concluir que no
se acreditó combate entre la víctima y los soldados, en cuya realización el
personal militar justificó su respuesta a la supuesta agresión de Catalino López
Barahona para darle muerte.

Así, debido a que no existe prueba de que la víctima se enfrentó a los militares ni
representó un peligro para estos, el hecho de que tuviera antecedentes no
constituía una justificación y/o autorización legal para ultimarlo, pues prevalecía su
derecho fundamental a la vida, a ser capturado y puesto a órdenes de la autoridad
competente que lo requería para ser judicializado con todas las garantías legales.

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Finalmente, analizados los anteriores hechos indicadores bajo los parámetros de
la sana crítica y las reglas de la experiencia, es posible tener como hecho indicado
que Catalino López Barahona falleció producto del uso injustificado de la fuerza
por parte del Ejército Nacional, puesto que no se demostró la existencia de
combate alguno en el que los uniformados y la víctima hubieran medido fuerzas o
situación en la que esta representara peligro para las vidas de los militares, por el
contrario, se probó que la víctima se encontraba sola, que no disparó un arma de
fuego ni atacó a la tropa, de modo que no acreditó razón alguna para que los
miembros del Ejército Nacional hubieran usado la fuerza contra el hoy occiso.

Por último, se recuerda que, como la ha advertido la Sección Tercera de esta
Corporación en asuntos similares, “en el uso de las armas de dotación oficial, por
parte de los miembros de la Fuerza Pública, debe tenerse en cuenta la
contingencia del peligro, lo cual implica que éstos pueden acudir a aquéllas solo
como última medida para proteger su integridad física o la de terceras personas,
evitando siempre cualquier exceso”110, el cual, de producirse, dará lugar a la
declaratoria de responsabilidad del Estado, salvo que se configure una causal
eximente de la misma como la culpa exclusiva y determinante de la víctima o el
ejercicio de la legítima defensa por parte de los uniformados, las cuales, como
antes se advirtió, no operaron en el sub judice.

Así, se demostró una privación arbitraria de la vida de la víctima – contraria a
derecho – en cuanto lesiona este interés del más alto raigambre y amparo
constitucional y convencional, cuya garantía posibilita el disfrute de los demás
derechos y bienes de las personas, entre tanto que su menoscabo lo inhabilita.

En concordancia, debe advertirse la inviolabilidad del derecho a la vida de las
personas, amparado por el artículo 11 de la Constitución Nacional que
expresamente proscribe la pena de muerte, en concordancia con el artículo 93 de
la Constitución Política, según el cual los tratados y convenios internacionales
ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su

110Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 22 de junio de 2017, exp. 45.350 y sentencia del 17 de agosto de 2017, exp. 42041.

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limitación, incluso, en los estados de excepción, prevalecerán en el orden interno,
ante lo cual se tiene el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos que reconoce el derecho a la vida como inherente a la persona humana,
protegido por la ley, bajo la proscripción expresa, según la cual, “nadie podrá ser
privado de la vida arbitrariamente”, así como el artículo 4.1. de la Convención
Americana sobre Derecho Humanos que expresamente prevé el derecho de toda
persona “a que se respete su vida” bajo la prohibición según la cual “[n]adie puede
ser privado de la vida arbitrariamente”.

Igualmente, además del sacrificio de la vida de Catalino López Barahona, se
quebrantaron bienes de igual o similar relevancia, tales como la integridad
personal, la honra, la presunción de inocencia de la víctima y el total
desconocimiento de la dignidad de la persona humana.

Adicionalmente se advierte el flagrante desconocimiento de los principios y reglas
del Derecho Internacional Humanitario – D.I.H. –, específicamente los contenidos
en el IV Convenio de Ginebra de 1949111, en el artículo 3112 común a los cuatro
Convenios de Ginebra y en su Protocolo Adicional II de 1977 113, relativos a la
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional que
exigen distinguir entre combatientes, entendiendo por tales a las personas que

111 Relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra.
112 Artículo 3 - Conflictos no internacionales. En caso de conflicto armado que no sea de índole

internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las
Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 1)
Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por
enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias,
tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la
religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. A este
respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba
mencionadas: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en
todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de
rehenes; c) los atenta dos contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y
degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal
legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los
pueblos civilizados. 2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. Un organismo
humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios
a las Partes en conflicto. Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor,
mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente
Convenio. La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el status jurídico de
las Partes en conflicto.”
113 Relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.

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participan directamente en las hostilidades, y no combatientes, entendidos estos
como todos aquellos que no participan de tales hostilidades, bien porque se trata
de personas civiles o porque siendo combatientes, por cualquier causa, han
depuesto sus armas.

En este sentido, el artículo 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra,
compendia las normas esenciales de dichos tratados y las hace aplicables a los
conflictos sin carácter internacional o interno, como es el caso del conflicto armado
colombiano.

Esta norma de ius cogens establece que se debe tratar con humanidad a todas las
personas que no participan en las hostilidades o que caigan en poder del
adversario, sin distinción alguna de índole desfavorable; prohíbe específicamente
los atentados contra la vida, las mutilaciones, la toma de rehenes, la tortura, los
tratos humillantes, crueles y degradantes y dispone que deben ofrecerse todas las
garantías judiciales, entre otros.

Por su parte, el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, que
desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949,
reitera la garantía de trato humanitario, el respeto por la judicialización y garantías
procesales de los infractores penales y la protección general de la población civil,
entre los cuales se resaltan las garantías fundamentales del trato humano
dispuestas en el artículo 4 ibidem, en cuanto establece el derecho de quienes por
cualquier causa no participan en las hostilidades a que se respeten su persona, su
honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas, al trato humanitario sin
distinción desfavorable.

Adicionalmente, se advierte que estos hechos de ejecución extrajudicial, sumaria o
arbitraria, y los de falso positivo se hayan contemplados en el Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional114, dentro de los denominados crímenes de guerra,
cometidos en el marco del conflicto armado sin índole internacional, previstos

114 Artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma que prohíben los crímenes de lesa humanidad y los
crímenes de guerra.

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como una violación grave del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra
de 12 de agosto de 1949, cometidos contra personas que no participen
directamente en las hostilidades. Si bien dicho Estatuto está orientado a
determinar la responsabilidad penal individual y en el sub judice no se juzga la
conducta individual de los agentes estatales, vale la pena resaltar que, por la
actuación del Estado a través de sus agentes, es que se compromete la
responsabilidad civil de este por una conducta que está contemplada no solo en el
derecho interno115 sino en un instrumento internacional aplicable respecto del
Estado colombiano para la época de los hechos116.

Corolario de todo lo expuesto, se encuentra acreditada, entonces, la falla en el
servicio como criterio de imputación del daño antijurídico al Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional, pues sus miembros hicieron uso injustificado de la fuerza,
como se explicó en precedencia, dado que no se demostró motivo alguno para
que le hubieran disparado y causado la muerte a la víctima, actuación que fue
contraria a su misión constitucional de proteger la vida de los residentes en
Colombia (artículos 2, inciso 2 y 11 de la Constitución Política) e infringieron la ley
(artículo 135 Código Penal), en especial instrumentos internacionales aprobados y
ratificados por Colombia en materia de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario.

Frente a lo anterior, además, conviene precisar que no obra prueba alguna en el
plenario que acredite el hecho o culpa de la víctima como causante del daño.

En suma, la Sala revocará la sentencia proferida el 31 de agosto de 2017 por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda y en
su lugar declarará la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada por la
muerte de Catalino López Barahona.

115 Artículo 135 Código Penal.
116 Colombia ratificó el Tratado de Roma el 5 de agosto de 2002, el cual entró en vigencia para

crímenes de lesa humanidad el 1 de noviembre de 2002 y para crímenes de guerra el 1 de
noviembre de 2009.

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Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

8. Liquidación de perjuicios

A continuación, se realizará la liquidación de perjuicios a favor de los
demandantes, teniendo en cuenta únicamente la tipología de aquellos que fueron
solicitados en la demanda.

8.1.1. La demanda peticionó por perjuicios morales 100 SMLMV para cada uno
de los demandantes.

Ahora bien, en sentencia del 28 de agosto de 2014117, la Sección Tercera de esta
Corporación unificó el criterio con relación al reconocimiento de perjuicios morales
en caso de muerte. En ella indicó que había lugar a reconocer perjuicios a quienes
habían sufrido aflicción por la muerte de una persona, en atención al grado de
relación afectiva o de consanguinidad que tenían con la víctima, según la siguiente
tabla:

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
Relación Relación
Relación Relación afectiva Relación afectiva
afectiva del 4° afectiva no
afectiva del 2° de del 3er de
de familiar
conyugal y consanguinidad o consanguinidad o
paterno – filial civil civil
consanguinidad (terceros
o civil. damnificados)

Porcentaje 100%
50% 35% 25% 15%
Equivalencia en
salarios
100 50 35 25 15
mínimos

De conformidad con los registros civiles de nacimiento y las sentencias de filiación
del 30 de diciembre de 2011 y del 26 de marzo de 2013, proferidas por el Juzgado
Promiscuo de Familia de Aguachica, en el expediente está acreditado que Lina
Malena López Jaimes, Keila Yeraldine López Jaimes Nogoa, Leidys López
Suárez, Samir Antonio López Suárez y Carlos Arturo López Suárez eran hijos de

117 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 27709.

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Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
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Catalino López Barahona118. Igualmente, como se explicó antes, se comprobó que
María Dévora Jaimes Nogoa era compañera permanente de la víctima.

En tal virtud, les corresponde por concepto de perjuicios morales la suma de 100
SMLMV, para cada uno de ellos.

En cambio, no se reconocerá suma alguna respecto de los demandantes Niber
José Nogoa Jaimes, Ingrid Carolina Nogoa Jaimes, Jorge Andrés Jaimes Nogoa,
Cristobal Jaimes Nogoa, Eulises Jaimes Nogoa y Urbana Suárez Meneses, de
quienes no se comprobó filiación o relación afectiva con la víctima, como atrás se
advirtió.

8.1.2. Por otro lado, la demanda solicitó condenar a la accionada a pagar, por
daño emergente, la suma de $3’000.000 para todos los demandantes a lo cual no
se accederá, pues, aunque en la demanda se indicó que esta pretensión estaba
soportada “en las facturas que se anexan”, con el libelo no se acompañó factura o
documento alguno que sustente el pago de erogaciones o gastos en que hayan
incurrido los demandantes por la suma solicitada.

8.1.3. Igualmente, en la demanda se solicitó a título de lucro cesante, la suma de
$100’000.000 para cada uno de los accionantes.

En cuanto al lucro cesante, esta Corporación ha sostenido que se trata de la
ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como
consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el daño,
habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima o de los
perjudicados.

Asimismo, la Corporación ha considerado que, como todo perjuicio, para que
proceda el reconocimiento y la indemnización por concepto de lucro cesante, éste

118 Fl. 282 a 296, C.1.

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Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

debe ser cierto y existente119, es decir, debe probarse que la víctima era
laboralmente activa, que devengaba ingresos mensuales, que con ellos otorgaba
ayuda económica a su familia y que a consecuencia del daño dejó de percibir el
salario con el cual sustentaba su propia subsistencia y la de su familia.

En este orden de ideas, de cara al reconocimiento del lucro cesante, la testigo
Yima Liz Alarcón Ochoa120 que Catalino López Barahona estaba dedicado al
“cultivo de maíz, frijol y a la recolección de café, yuca, cacao, plátano” para su
sustento y el de su familia, que María Dévora Jaimes Nogoa “está pasando
muchas necesidades porque el que sostenía ese hogar era el señor Catalino”. Por
su parte el testigo Pablo Miranda Morales121 señaló que Catalino López Barahona
cosechaba diferentes productos y los vendía a sus vecinos. Manifestó que la
“esposa” de Catalino era María Dévora Jaimes Nogoa, que “él vivía con ella y sus
hijos, él era quien sostenía el hogar […] él era el único que sostenía a esa familia y
a esa señora ahora le toca lidiar con todos los niños […] él sostenía a todos los
pelaos (sic) y a su mujer, ellos vivían de la cosecha”.

Ahora bien, se dijo con anterioridad que a juicio de la Sala y en los términos del
artículo 217122 del Código de Procedimiento Civil los testimonios de Yima Liz
Alarcón Ochoa y Pablo Miranda Morales no presentaban sospechas de parcialidad
porque, aunque conocían a la víctima, no había indicios de una relación especial
que pudiera interpretarse como un posible conflicto de intereses y resultan válidos,
pues son coherentes entre sí y se limitan a mencionar situaciones objetivas sobre
la actividad económica que desempeñada Catalino López Barahona, sin
evidenciar contradicciones o apreciaciones subjetivas. De manera que estos
testimonios acreditan la actividad productiva de la víctima, de la cual derivaba su
sustento y el de su compañera María Dévora Jaimes Nogoa e hijos, aunque no

119 Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 21 de

mayo de 2007. Exp. 15989 y de 1 de marzo de 2006. Exp. 17256.
120 Fl. 109 y 110, C.1.
121 Fl. 111 y 112, C.1.
122 “Artículo 217. Testigos Sospechosos. Son sospechosas para declarar las personas que en

concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas.”

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ofrecen información certera sobre el valor mensual devengado en el desempeño
de su labor.

Se advierte igualmente que, aunque la víctima tenía una orden de captura vigente
por los delitos de homicidio con fines terroristas y terrorismo (hecho probado
7.1.24.), esta fue expedida para cuando la víctima ya había fallecido, de manera
que para la época de los hechos Catalino López Barahona gozaba de libertad y
podía trabajar.

En otras palabras, dado que no se dispone de prueba concreta sobre el ingreso
base de liquidación de la víctima, se adopta la tesis de hogaño sostenida por esta
Corporación123, según la cual, al tener probado que la víctima se dedicaba a una
actividad productiva que le proporcionaba el sustento para él y su familia, se debe
presumir que su ingreso era equivalente al valor del salario mínimo legal mensual
vigente para la fecha de esta sentencia, fijado en la suma de $1.423.500124.

Igualmente, también debe aplicarse la jurisprudencia de la Corporación en la que
se ha reconocido la presunción según la cual los padres contribuyen al
sostenimiento económico de sus hijos hasta que estos alcanzan los 25 años de
edad125 en virtud de la obligación alimentaria contenida en el numeral 2 del artículo
411 del Código Civil126, presunción de hombre que, desde luego, es susceptible de
ser desvirtuada dentro del proceso.

En este orden de ideas, en punto al ingreso base de liquidación se descontará el
25% correspondiente al valor que la víctima destinaba para su propia subsistencia
y no se reconocerá el 25% por prestaciones sociales, toda vez que no se probó
que Catalino López Barahona ejercía una actividad laboral dependiente. Así, se
obtiene un ingreso base de liquidación de $1’067.625.

123 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2000, Exp. 11.842.
124 Fijado mediante el Decreto 1572 del 24 de diciembre de 2024.
125 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 18 de marzo de 2010. Rad.: 17047, en

Antología Jurisprudencias y Conceptos, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, disponible en
https://bit.ly/3qFJI0n
126 “Artículo 411. Se deben alimentos: […] 2. A los descendientes”.

69

Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

Finalmente, el reconocimiento del lucro cesante se realizará a favor de la
compañera permanente y de los hijos de la víctima. El ingreso base de liquidación
se dividirá en dos partes iguales, cada una por valor de $533.812. La primera
parte será destinada a la compañera permanente María Dévora Jaimes Nogoa. La
segunda parte se dividirá entre los 5 hijos de la víctima: Lina Malena López
Jaimes, Keila Yeraldine López Jaimes Nogoa, Leidys López Suárez, Samir
Antonio López Suárez y Carlos Arturo López Suárez, correspondiéndole a cada
uno la suma de $106.762.

Sin embargo, se observa que, determinar el periodo indemnizable desde la fecha
de la muerte – 8 de junio de 2008 – hasta la fecha de vida probable del mayor de
los compañeros permanentes, se requiere conocer la fecha de nacimiento de cada
uno de ellos y, aunque se conoce en este proceso que María Dévora Jaimes
Nogoa nació el 14 de diciembre de 1981, como consta en la copia de su cédula de
ciudadanía127, se desconoce cuándo nació Catalino López Barahona.

Siendo así, la Sala considera necesaria una condena en abstracto para que,
mediante tramite incidental, la parte actora pueda acreditar la fecha de nacimiento
de Catalino López Barahona y se liquide el periodo indemnizable a favor de María
Dévora Jaimes Nogoa, con observación de los siguientes parámetros:

i) Tener como ingreso base de liquidación para la indemnización consolidada y
futura de María Dévora Jaimes Nogoa, la suma de $533.812.

ii) Tener en cuenta la esperanza de vida del mayor de los compañeros
permanentes entre Catalino López Barahona y María Dévora Jaimes Nogoa, para
establecer el periodo total indemnizable que se distribuirá entre el periodo
consolidado, transcurrido entre la fecha de los hechos y la fecha del auto que
resuelve el incidente de liquidación y el periodo restante o futuro.

Expediente híbrido, página 21 del archivo “ED_C1_01 DEMANDA - PODER Y ANEXOS-
127

DOCUMENTO RESERVADO(.pdf) NroActua 49 .pdf”, índice 49 Samai.

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Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

Lucro cesante para Lina Malena López Jaimes

Lina Malena López Jaimes nació el 1 de febrero de 2004128. El periodo
indemnizable se establece desde la fecha de la muerte de la víctima, 8 de junio de
2008, hasta la fecha en que Lina Malena López Jaimes adquiera los 25 años de
edad, el 1 de febrero de 2029. Esto arroja un periodo total indemnizable de 247,82
meses, distribuidos entre el periodo consolidado, transcurrido entre la fecha de los
hechos y la fecha de la presente sentencia que corresponde a 209,35 meses, y el
periodo restante o futuro, que corresponde a 38,47 meses.

Lucro cesante consolidado para Lina Malena López Jaimes

S= $106.762 (1 + 0.004867)209,35 -1
0.004867

S = $38’680.129,42.

Lucro Cesante futuro para Lina Malena López Jaimes

S= $106.762 (1 + 0.004867)38,47 -1
0.004867 (1+0.004867)38,47

S= $3’737.288,82.

En consecuencia, corresponde a Lina Malena López Jaimes por concepto de lucro
cesante consolidado y futuro la suma total de $42’417.418.

Lucro cesante para Keila Yeraldine López Jaimes

Keila Yeraldine López Jaimes nació el 20 de enero de 2007129. El periodo
indemnizable se establece desde la fecha de la muerte de la víctima, 8 de junio de
2008, hasta la fecha en que Keila Yeraldine López Jaimes adquiera los 25 años de
edad, el 20 de enero de 2032. Esto arroja un periodo total indemnizable de 283,4

128 Página 292, C.1.
129 Página 296, C.1.

71

Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

meses, distribuidos entre el periodo consolidado, transcurrido entre la fecha de los
hechos y la fecha de la presente sentencia que corresponde a 209,35 meses, y el
periodo restante o futuro, que corresponde a 74,05 meses.

Lucro cesante consolidado para Keila Yeraldine López Jaimes

S= $106.762 (1 + 0.004867)209,35 -1
0.004867

S = $38’680.129,42.

Lucro Cesante futuro para Keila Yeraldine López Jaimes

S= $106.762 (1 + 0.004867)74,05 -1
0.004867 (1+0.004867)74,05

S= $6’624.502.

En consecuencia, corresponde a Keila Yeraldine López Jaimes por concepto de
lucro cesante consolidado y futuro la suma total de $45’304.631,4.

Lucro cesante para Leidys López Suárez

Leidys López Suárez nació el 21 de septiembre de 1995130. El periodo
indemnizable se establece desde la fecha de la muerte de la víctima, 8 de junio de
2008, hasta la fecha en que Leidys López Suárez adquirió los 25 años de edad, el
21 de septiembre de 2020. Esto arroja un periodo total indemnizable de 147,45
meses como periodo consolidado.

Lucro cesante consolidado para Leidys López Suárez

130 Página 295, C.1.

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Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

S= $106.762 (1 + 0.004867)147,45 x -1
0.004867

S = $22’945.473.

En consecuencia, corresponde a Leidys López Suárez por concepto de lucro
cesante consolidado la suma total de $22’945.473.

Lucro cesante para Samir Antonio López Suárez

Samir Antonio López Suárez nació el 31 de julio de 1993131. El periodo
indemnizable se establece desde la fecha de la muerte, 8 de junio de 2008, hasta
la fecha en que Samir Antonio López Suárez adquirió los 25 años de edad, el 31
de julio de 2018. Esto arroja un periodo total indemnizable de 121,72 meses como
periodo consolidado.

Lucro cesante consolidado para Samir Antonio López Suárez

S= $106.762 (1 + 0.004867)121,72 x -1
0.004867

S = $17’674.778.

En consecuencia, corresponde a Samir Antonio López Suárez por concepto de
lucro cesante consolidado la suma total de $17’674.778.

Lucro cesante para Carlos Arturo López Suárez

Carlos Arturo López Suárez nació el 8 de agosto de 1994132. El periodo
indemnizable se establece desde la fecha de la muerte, 8 de junio de 2008, hasta
la fecha en que Carlos Arturo López Suárez adquirió los 25 años de edad, el 8 de

131 Página 293, C.1.
132 Página 294, C.1.

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Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

agosto de 2019. Esto arroja un periodo total indemnizable de 133,98 meses como
periodo consolidado.

Lucro cesante consolidado para Carlos Arturo López Suárez

S= $106.762 (1 + 0.004867)133,98 x -1
0.004867

S = $20’104.178.

En consecuencia, corresponde a Carlos Arturo López Suárez por concepto de
lucro cesante consolidado la suma total de $20’104.178.

8.1.4. También en la demanda se pidió por “daño a la vida de relación o perjuicio
al proyecto de vida”, el equivalente a 120 SMLMV para cada uno de los actores.

Con relación a este rubro indemnizatorio, se advierte que los perjuicios
reclamados por los demandantes forman parte de la más reciente categoría de
perjuicio reconocida por la jurisprudencia como afectación relevante a bienes o
derechos convencional y constitucionalmente amparados133, que establece la
compensación, de oficio o a petición de parte, a través de medidas de reparación
no pecuniarias a favor de la víctima directa y de su núcleo familiar más cercano.
Sin embargo, la jurisprudencia unificada fijó la posibilidad de reconocimiento de
una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV única y exclusivamente para la
víctima directa del daño, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o
posibles para consolidar la reparación integral del daño134.

Así las cosas, es decir, toda vez que el reconocimiento pecuniario por afectación
relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados se
reservó única y exclusivamente para la víctima directa del daño, en el presente
caso no es procedente el reconocimiento peticionado para cada uno de los

133 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena
sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 26.251, 28804 y 32988.
134 Ibidem.

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Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

demandantes, por cuanto estos acuden a la jurisdicción en calidad de víctimas de
rebote o indirectas, y no de directos damnificados.

8.1.5. Finalmente, en la demanda se solicitó, a título de merma de la capacidad
laboral, la suma de $100’000.000 para cada una de las demandantes María
Dévora Jaimes Nogoa y Urbana Suárez Meneses.

En cuanto a la demandante Urbana Suárez Meneses, como antes se advirtió, esta
no se encuentra legitimada en la causa por activa y, frente a Dévora Jaimes
Nogoa no se acreditó en modo alguna la disminución de su capacidad laboral, que
permitiera estudiar el reconocimiento de este perjuicio como un daño a la salud.

En suma, de conformidad con lo expuesto, se revocará la sentencia proferida el 31
de agosto de 2017 por el Tribunal Administrativo del Cesar para, en su lugar,
acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, según lo expuesto en
precedencia.

9. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso
concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda y las mismas no se hallan
probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 31 de agosto de 2017 por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda y en
su lugar se dispone:

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Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Niber
José Nogoa Jaimes, Ingrid Carolina Nogoa Jaimes, Jorge Andrés Jaimes Nogoa,
Cristobal Jaimes Nogoa, Eulises Jaimes Nogoa y Urbana Suárez Meneses.

TERCERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional de los perjuicios causados a los demandantes con
la muerte de Catalino López Barahona, ocurrida el 8 de junio de 2008.

CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a
pagar por concepto de perjuicios morales: 100 SMLMV, para cada uno de los
demandantes Lina Malena López Jaimes, Keila Yeraldine López Jaimes Nogoa,
Leidys López Suárez, Samir Antonio López Suárez, Carlos Arturo López Suárez y
María Dévora Jaimes Nogoa.

QUINTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a
pagar por concepto de lucro cesante las siguientes cantidades: i) para Leidys
López Suárez la suma de $22’945.473, ii) para Samir Antonio López Suárez la
suma de $17’674.778; iii) para Carlos Arturo López Suárez la suma de
$20’104.178; iv) para Lina Malena López Jaimes la suma de $42’417.418 y: v)
para Keila Yeraldine López Jaimes la suma de $45’304.631,4.

SEXTO: CONDENAR en abstracto a la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército
Nacional a pagar, por concepto de lucro cesante, a María Dévora Jaimes Nogoa la
cuantía que se establezca en el trámite incidental, de conformidad con los
parámetros indicados en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

OCTAVO: Dar cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los
artículos 176 y 177 del C.C.A.

NOVENO: SIN COSTAS.

76

Radicación: 20001233100020100034801 (60395)
Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

DÉCIMO: En firme esta providencia remítase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado

VF/EX8

77

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