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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2010-00513-01

Fecha
21 de febrero de 2018
Consejero ponente
Jaime Orlando Santofimio Gamboa

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2010-00513-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

R E S U E L V E MODIFICAR la sentencia proferida el 8 de marzo de 2012 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, y en su lugar se dispone: PRIMERO: DECLARAR responsable a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL de los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue víctima Luis Alfonso Rumbo Puerta. SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL a pagar a título de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero: NIVEL DEMANDANTE CALIDAD INDEMNIZACIÓN 1º Luis Alfonso Rumbo Puerta Víctima 50 SMLMV 1º Elida Rosa Guerrero Gutiérrez Compañera permanente 25 SMLMV 1° María Camila Rumbo Guerrero Hija 25 SMLMV 1° José Andrés Guerrero Gutiérrez Hijo de crianza 25 SMLMV 1° Luz Elena Puerta Díaz Madre 25 SMLMV 1º Luis Manuel Rumbo Valdés Padre 25 SMLMV 2º Bill José Rumbo Puerta Hermano 13 SMLMV 2º Diana Luz Rumbo Puerta Hermana 13 SMLMV 2º Katty Johana Rumbo Puerta Hermana 13 SMLMV 2º Laudith Elena Rumbo Puerta Hermana 13 SMLMV 2º Javier Enrique Rumbo Estrada Hermano 13 SMLMV 2º Adriana Paola Rumbo Estrada Hermana 13 SMLMV TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL a pagar a favor de Luis Alfonso Rumbo Puerta a título de perjuicios materiales, en su modalidad de lucro cesante la suma de $19.421.382,84 CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 20001-23-31-000-2010-00513-01

Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa

21 de febrero de 2018

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Accede. Caso: Medida de aseguramiento de detención preventiva contra persona sindicada del delito de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego / SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA - No se acreditó la participación del sindicado en el delito / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Se configuró

[E]l proceso penal adelantado en contra de Luis Alfonso Rumbo Puerta como presunto coautor de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, tuvo su génesis en los hechos ocurridos el día 27 de marzo de 2009 en el establecimiento de comercio denominado Bar “La Sexta”, ubicado en la carrera 7 No. 17-17 del Barrio El Carmen de Valledupar, cuando un sujeto que portaba un arma de fuego, ingresó a dicho establecimiento propinándole varios disparos a 3 personas que se encontraban en el lugar. Lo cual dejó como resultado tres personas fallecidas. (…) [E]l 22 de mayo de 2009 el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías del municipio de Copey - Cesar profirió la orden de captura No. 0707705; la cual se hizo efectiva el día 23 de mayo de ese mismo año. (…) A continuación, el 24 de mayo de 2009 el Juzgado Promiscuo Municipal de El Copey, llevó a cabo la audiencia de control de legalidad, formulación de imputación y medida de aseguramiento, en donde resolvió declarar legalizada la captura realizada en contra del demandante e imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Luis Alfonso Rumbo Puerta, (…) Al momento de los alegatos de conclusión, la Fiscalía le solicitó al Juez de Conocimiento la absolución acusado (…) Finalmente, el 3 de agosto de 2010 durante el trámite de la audiencia de lectura del fallo, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, profirió sentencia absolutoria a favor del hoy demandante, como presunto coautor de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones (…) Asimismo, la Sala encuentra que la privación de la libertad padecida por Luis Alfonso Rumbo Puerta devino en injusta, en la medida que se halla acreditado que el hoy actor fue absuelto de los delitos imputados en su contra, por cuanto no se encontró demostrada su participación en los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2009, por lo cual es viable imputar objetivamente el daño antijurídico a la Nación - Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, conforme a los argumentos expuestos sobre imputación de la condena, en solidaridad, como lo hizo el Tribunal Administrativo del Cesar. NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del consejero Jaime Enrique Rodríguez Navas y del consejero Guillermo Sánchez Luque. Al respecto ver las aclaraciones de las providencias 36146 de 2015, 35796 de 2016, 37100 de 2016 y el voto disidente de la providencia 48842 de 2016.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCION C

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 20001-23-31-000-2010-00513-01(46501)

Actor: LUIS ALFONSO RUMBO PUERTA Y OTROS

Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

Contenido. Descriptor: Se confirma la declaratoria de responsabilidad proferida en primera instancia y modifica la condena. Restrictor: Aspectos procesales – legitimación en la causa – caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad / Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado / El derecho a la libertad individual / Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad / Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad / Imputación de la condena.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida el 8 de marzo de 2012 por el Tribunal Administrativo del Cesar en la que resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda así:

“PRIMERO: Negar las excepciones propuestas por las entidades demandadas.

SEGUNDO: Declárese administrativamente y patrimonialmente responsables en forma solidaria a la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial de los perjuicios causados a los demandantes por la privación injusta de la libertad del señor Luis Alfonso Rumbo Puerta.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, condénase solidariamente a la Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial a pagar a los demandantes las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios morales:

POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MORALES:

Para la víctima directa Luis Alfonso Rumbo Puerta, el equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Para Luz Elena Puerta Díaz y Luis Manuel Rumbo Valdez (padres de la víctima); para Elida Rosa Guerrero Gutiérrez (compañera permanente de la víctima), veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno. Y para María Camila Rumbo Guerrero (hija) y José Andrés Guerrero Gutiérrez (hijastro damnificado), el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia para cada uno.

Para Bill José Rumbo Puerta, Diana Luz Rumbo Puerta, Katty Johana Rumbo Puerta, Laudith Elena Rumbo Puerta, Adriana Paola Rumbo Estrada y Javier Enrique Rumbo Estrada (hermanos de la víctima) el equivalente a trece (13) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno.

POR DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN

Para la víctima directa Luis Alfonso Rumbo Puerta el equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Para Luz Elena Puerta Díaz y Luis Manuel Rumbo Valdez (padres de la víctima); para Elida Rosa Guerrero Gutiérrez (compañera permanente de la víctima, veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno. Y para María Camila Rumbo Guerrero (hija) y José Andrés Guerrero Gutiérrez (hijastro damnificado), el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

Para Bill José Rumbo Puerta, Diana Luz Rumbo Puerta, Katty Johana Rumbo Puerta, Laudith Elena Rumbo Puerta, Adriana Paola Rumbo Estrada y Javier Enrique Rumbo Estrada (hermanos de la víctima), el equivalente a trece (13) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno.

POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MATERIALES, en la modalidad de lucro cesante la suma de quince millones seiscientos treinta y dos mil doscientos veinte pesos ($15.632.220.oo) a favor de Luis Alfonso Rumbo Puerta.

CUARTO: Niéganse las demás súplicas de la demanda”.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1.- El 19 de noviembre de 2010- Luis Alfonso Rumbo Puerta (víctima directa), Elida Rosa Guerrero Gutiérrez (compañera permanente), María Camila Rumbo Guerrero (hija), José Andrés Guerrero Gutiérrez (hijo de crianza), Luz Elena Puerta Díaz (madre) Luis Manuel Rumbo Valdés (padre), Bill José, Diana Luz, Katty Johana, Laudith Elena Rumbo Puerta, Javier Enrique y Adriana Paola Rumbo Estrada (hermanos), por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa contenida en el artículo 86 del C.C.A., solicitaron que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial de los perjuicios sufridos por la “medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento penitenciario y carcelario, solicitada por la Fiscalía General de la Nación ante el Juzgado Promiscuo Municipal del El Copey con funciones de control de garantías”.

1.2.- Como consecuencia de la anterior declaración, la parte actora solicitó condenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial a pagar las siguientes sumas de dinero:

1.2.1.- Por concepto de perjuicios morales a favor de Luis Alfonso Rumbo Puerta el equivalente a 400 SMLMV; para su compañera permanente e hijos, la suma de 150 SMLMV; para sus padres, 130 SMLMV; y a favor de sus hermanos el equivalente a 100 SMLMV para cada uno de ellos.

1.2.2.- Por concepto de daño a la vida de relación, a favor de la víctima directa el equivalente a 200 SMLMV; para su compañera permanente e hijos, 150 SMLMV; a favor de sus padres, 130 SMLMV; y para sus hermanos, la suma de 100 SMLMV para cada uno de ellos.

1.2.3.- Por concepto de perjuicios materiales a título de lucro cesante a favor de Luis Alfonso Rumbo Puerta la suma de $28.200.000.oo equivalentes a las sumas de dinero que dejó de percibir como albañil durante el término que estuvo privado de su libertad.

1.3. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora expuso los hechos que la Subsección sintetiza así:

El día 23 de mayo de 2009 en el barrio “La Granja” de Valledupar – Cesar, el señor Luis Alfonso Rumbo fue detenido en cumplimiento de la orden de captura emitida por el Juzgado Tercero Penal Municipal, por los hechos ocurridos el día 27 de marzo de 2009 en el bar “La Sexta”, cuando se presentó un atentado criminal en el que resultaron asesinadas 3 personas.

El día 24 de mayo de 2009 ante el Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Garantía de El Copey – Cesar, se realizó la audiencia preliminar de legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento en donde se imputaron al demandante los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y se ordenó la reclusión en el “Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Valledupar”. El 5 de agosto de 2009 la Fiscalía acusó al demandante por la comisión de los punibles anteriormente mencionados.

El 1º de junio de 2010, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Valledupar realizó la audiencia del juicio oral y dio a conocer el sentido de la sentencia, la cual sería de carácter absolutorio. En consecuencia ordenó la libertad inmediata del actor.

Finalmente, el 3 de agosto de 2010 el Juez Primero Penal del Circuito realizó la audiencia de la lectura de la sentencia absolutoria proferida a favor del actor. Providencia que quedó ejecutoriada ese mismo día.

2. El trámite procesal

2.1.- Admitida la demanda y notificada la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, el asunto se fijó en lista.

2.2.- El día 24 de enero de 2011 la Rama Judicial contestó la demanda oponiéndose a todas las pretensiones, por cuanto “en ningún momento causó un daño antijurídico al demandante, así como a sus familiares; pues solamente actuó conforme a los principios rectores de nuestra Constitución Nacional, con base en la valoración de las pruebas allegadas por la Fiscalía y el ahora demandante. Mi representada sólo se limitó a decidir en su sana crítica si condenaba o absolvía al señor (a) Luis Alfonso Rumbo Puerta favoreciéndolo en el presente caso que estamos estudiando”.

Asimismo, la Fiscalía propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva por cuanto fue la Fiscalía la que dio inicio a la investigación, solicitó la expedición de la orden de captura y realizó la imputación de cargos.

2.3.- La Fiscalía General de la Nación, mediante escrito del 14 de febrero de 2011, también contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones por cuanto consideró haber actuado de conformidad con las obligaciones y funciones establecidas en el artículo 250 de la Constitución Política y en las disposiciones legales vigentes para la época de los hechos.

Finalmente, la Fiscalía propuso como excepciones la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto es el Juez de Garantías quien, con fundamento en los materiales probatorios presentados por la Fiscalía, decide sobre la viabilidad o no de decretar la medida de aseguramiento. Asimismo propuso el eximente de responsabilidad “hecho de un tercero”, por cuanto fue la Policía Nacional quien vinculó directamente al actor con los hechos investigados.

2.4.- Una vez decretadas y practicadas las pruebas, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el concepto de rigor. Oportunidad que fue aprovechada por la Rama Judicial, la parte demandante y la Fiscalía General de la Nación

II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Como se anotó ad initio de esta providencia, el 8 de marzo de 2012 el Tribunal Administrativo del Cesar accedió parcialmente a las súplicas de la demanda por cuanto consideró “que el proceso penal terminó con sentencia absolutoria a favor del procesado y debido a que el Estado – como en efecto no lo hizo en este proceso – no logró desvirtuar la presunción de inocencia del señor Luis Alfonso Rumbo Puerta, como autor del delito que se le imputaba, la detención que debió soportar resulta abiertamente injusta y desproporcionada, de suerte que el sacrificio general del anhelo de justicia y conocimiento de la verdad material frente a los hechos investigados” .

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

El 27 de marzo de 2012 el apoderado judicial de la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, por cuanto consideró demostrado que el proceso penal “se surtió de conformidad con la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos”.

Adicionalmente, sobre la función del juez de control de garantías manifestó que “La solicitud formulada por mi representada, sobre la imposición de la medida restrictiva de la libertad del señor Luis Alfonso Rumbo Puerta no presentaba para el juzgador, la obligación de acceder a la aplicación de la medida, pues de acuerdo a la nueva función dada a la Fiscalía General de la Nación, como ente acusador, no le asiste responsabilidad alguna en la formulación de tal postulación, por cuanto la misma no constituye un factor determinante en la decisión, la cual corresponde única y exclusivamente al Juez con Función de Control de Garantías”.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

1.- Admisión del recurso de apelación

Mediante auto del 8 de abril de 2013, esta Corporación admitió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra la sentencia de primera instancia.

2.- Alegatos de conclusión y audiencia de conciliación.

2.1.- Luego de admitido el recurso de apelación, la Sala corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera el concepto de rigor. Oportunidad procesal que fue aprovechada por la parte demandante y la Fiscalía General de la Nación.

2.2.- A continuación, esta Corporación fijó el día 29 de junio de 2016 como fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación judicial. Llegado el día y la hora programada, la diligencia se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio de la Rama Judicial.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El 18 de junio de 2013, el Ministerio Público presentó el concepto No. 158/2013 en el que solicitó “revocar y modificar parcialmente la sentencia apelada (…) para declarar que la responsabilidad patrimonial de los perjuicios ocasionados por la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Alfonso Rumbo Puerta es imputable exclusivamente a la Rama Judicial” y negar el reconocimiento del daño a la vida de relación, el cual, en el caso concreto, se encuentra cobijado por el perjuicio moral.

No advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a desatar la alzada previas las siguientes

V. CONSIDERACIONES

La Sala, retomando la problemática jurídica propuesta por el sub judice, precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión así: 1.- Aspectos procesales; 1.1.- Legitimación en la causa; 1.2.- Caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad; 2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado; 3. El derecho a la libertad individual; 4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad; 5. Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad; 6. Imputación de la condena; 7. Caso concreto; y 8. Liquidación de perjuicios.

1.- Aspectos procesales

1.1.- Legitimación en la causa

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”, o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes Luis Alfonso Rumbo Puerta en calidad de víctima directa y su núcleo familiar conformado por, María Camila Rumbo Guerrero (hija), Luz Elena Puerta Díaz (madre) Luis Manuel Rumbo Valdés (padre), Bill José, Diana Luz, Katty Johana, Laudith Elena Rumbo Puerta, Javier Enrique y Adriana Paola Rumbo Estrada (hermanos) quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa con los respectivos registros civiles de nacimiento.

Asimismo, acude al plenario Elida Rosa Guerrero Gutiérrez, en calidad de compañera permanente, quien en su condición se encuentra legitimada por activa toda vez las declaraciones extra proceso rendidas por Juan Sanmartin Melendrez y Angélica María Pérez Polo dan cuenta de la unión existente entre la demandante y la víctima directa desde hace 8 años para la época en que ocurrieron los hechos.

A su turno, comparece al proceso José Andrés Guerrero Gutiérrez en su calidad de hijo de crianza, quien en su condición se encuentra legitimado en la causa por activa con el registro civil de nacimiento del demandante en el que consta que el demandante era hijo de la compañera permanente de la víctima directa y con los testimonios rendidos por Elis Mariana Duran Baquero y Rafael de Jesús Orozco, amigos del actor quienes son unísonos en afirmar que el demandante era reconocido como hijo de Luis Alfonso Rumbo.

Ahora bien, para determinar la legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, a la luz de la Ley 906 de 2004 deben preverse las competencias funcionales y la colaboración legalmente establecida entre estas entidades durante las dos fases del proceso penal, a saber, la fase de investigación e indagación a cargo de la Fiscalía General de la Nación y la segunda, la etapa de juicio a cargo de la administración de justicia en lo penal.

Así, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación está obligada a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito- e, incluso, excepcionalmente conserva facultades para limitar derechos fundamentales mediante la orden de allanamiento y registro, interceptación de comunicaciones y capturas, aunque sus labores están esencialmente concernidas al desarrollo de la actividad investigativa del Estado.

Ahora bien, debe preverse que en principio cuando la medida de aseguramiento o restricción de la libertad tenga lugar como resultado de las labores de la policía judicial, la responsabilidad recaerá sobre el ente que coordina y orienta su actuación, esto es, la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte, la actividad Judicial refiere la intervención del Juez de Control de Garantías durante la etapa investigativa y el juez de conocimiento para la etapa de juzgamiento.

Por lo expuesto, la Sala considera que en los eventos de privación injusta de la libertad, de conformidad con el marco normativo establecido por la Ley 906 de 2004, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial se encuentran legitimados en la causa para comparecer como actores del extremo pasivo de la relación procesal.

Ahora, pese a esta regla general de legitimación, debe preverse que la responsabilidad de las entidades demandadas en la concreción de los daños que tengan lugar por privación injusta de la libertad, habrá de definirse en el correspondiente juicio de imputación, donde se establecerá si el daño se presentó o no como consecuencia del actuar u omisión negligente del Juez o el Fiscal del caso, o como consecuencia de la actuación legitima y conjunta de ambas autoridades.

1.2.- Caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo. Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación.

En el caso concreto, la Sala observa que el demandante fue absuelto mediante providencia que quedó ejecutoriada el 3 de agosto de 2010 lo que en principio indica que el término de caducidad vencería el 6 de agosto de 2012.

Sin embargo, antes del vencimiento del término de caducidad, esto es, el 29 de septiembre de 2010 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, la cual se llevó a cabo el 10 de noviembre de 2010 y se declaró fracasada por falta de ánimo conciliatorio de la Rama Judicial, según se observa en el acta suscrita ese mismo día.
Así las cosas, el cómputo de la caducidad se suspendió durante 1 mes, 1 semana y 5 días
(42 días) de manera que su vencimiento se corrió hasta el 17 de septiembre de 2012 y la demanda fue presentada el 19 de noviembre de 2010, es decir, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable”, sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4.- Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial.

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”.

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas.”

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,- eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P, debe ordenar su reparación.

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.
En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.”

5. Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad

En sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la reparación del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad, así:

Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 sólo se exige la prueba de la relación afectiva.

6.- Imputación de la condena

Para entrar a analizar la imputación de la condena a las entidades demandadas, es importante resaltar que el proceso penal acusatorio fue implementado por efecto del Acto Legislativo 03 de 2002 que modificó los artículos 250 y 251 de la Constitución Política y que, a su vez, fue desarrollado por la Ley 906 de 2004 que instituyó el Proceso Penal Acusatorio en dos fases: la primera de ellas, la fase de investigación e indagación a cargo de la Fiscalía General de la Nación; la segunda, la etapa de juicio a cargo de la administración de justicia en lo penal.

Al respecto, al igual que en la legitimación en la causa estudiada en el acápite 1.1 de estas consideraciones, es importante resaltar las competencias y funciones atribuidas tanto a la Fiscalía General de la Nación como de la administración de justicia dentro de las etapas del proceso penal establecido en la Ley 906 de 2004, a fin de establecer el marco normativo bajo el cual se desarrolla la actuación de estas autoridades públicas y, así, determinar el régimen que permite atribuir (fáctica y jurídicamente) la responsabilidad administrativa en los casos de privación injusta de la libertad sucedidos al amparo de la mencionada ley.

En primer lugar, en lo que respecta a la Fiscalía General la Constitución Nacional, luego de la modificación introducida por el Acto Legislativo 03 de 2002, en su artículo 250 establece:

“Artículo 250. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.

En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:

1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.

El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función.

La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas; igualmente, la ley fijará los límites y eventos en que proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

3. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello.

4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías.

5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar.

6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito.

7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.

8. Dirigir y coordinar las funciones de policía Judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.

9. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.

El Fiscal General y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.

En el evento de presentarse escrito de acusación, el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tengan noticias incluidas los que le sean favorables al procesado.

PARÁGRAFO. La Procuraduría General de la Nación continuará cumpliendo en el nuevo sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal, las funciones contempladas en el artículo 277 de la Constitución Nacional”

Asimismo, con relación a las funciones especiales de la Fiscalía General de la Nación el artículo 251 constitucional, luego de la modificación introducida por el artículo 3º del Acto Legislativo 03 de 2002, dispuso:

“Artículo 251. Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación:

1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos servidores que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.

2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los servidores bajo su dependencia.

3. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley.

4. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto.

5. Otorgar, atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de Policía Judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación.

6. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público”.

A la sazón, de conformidad con la Ley 906 de 2004, las labores que ejerce la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso penal acusatorio están esencialmente concernidas al desarrollo de la actividad investigativa del Estado, labor que se sirve de los organismos de policía judicial y se concreta en la recolección del material probatorio, de la evidencia física y de la información legalmente obtenida que le permite sustentar sus acusaciones y pretensiones ante el juez de garantías o de conocimiento, formular la imputación penal, obtener las medidas precautelativas que resulten necesarias, formular acusación penal y solicitar un fallo de culpabilidad.

De lo anterior debe resaltarse, en lo que respecta al derecho a la libertad, que los artículos 2 y 300 de la Ley 906 de 2004 dotaron a la Fiscalía General de la Nación de la potestad excepcional de ordenar capturas en aquellos eventos de flagrancia y cuando existieran motivos fundados y razonables que impedían solicitar el mandamiento escrito del juez competente para ordenarla.

Sin embargo, estas disposiciones fueron declaradas parcialmente inexequibles por las sentencias C-730, C-799 de 2005 y C-1001 de 2005 y, posteriormente modificadas por la Ley 1142 de 2007 que en sus artículos 1º y 21, reformó el art 2º y 300 de la Ley 906 de 2004, respectivamente, en el sentido de facultar a la Fiscalía General de la Nación para que excepcionalmente expida la orden de captura, escrita y motivada, en los eventos en que proceda la detención preventiva y en las circunstancias que describe la norma, pero bajo la condición de solicitar el control de legalidad de la misma ante el juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.

De lo expuesto es claro que normativamente la Fiscalía General de la Nación se encuentra instituida para fungir como órgano de investigación que tiene a cargo el ejercicio de la acción penal, específicamente en la etapa de investigación e instrucción y tiene a cargo la dirección y coordinación de la policía judicial.

Ahora, como se dijo en el acápite 1.1 de estas consideraciones, con relación a la policía judicial debe resaltarse que aunque ésta realiza actividades de investigación, lo hace bajo la coordinación y orientación de la Fiscalía General de la Nación y, por regla general, no puede actuar sin orden judicial, pues se itera, es función de la Fiscalía coordinar las actividades de la policía judicial, razón por la que la responsabilidad recaerá inicialmente sobre el ente investigador.

De otra parte, en lo que se refiere a la actividad judicial dentro del proceso penal acusatorio, específicamente del Juez de Control de Garantías, debe preverse que esta figura también fue introducida mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, que le otorgó la función de realizar las audiencias de control previo, posterior y de trámite de las actuaciones de la policía judicial y la Fiscalía General de la Nación.

Es por ello que la exposición de motivos de la Ley 906 de 2004 sostuvo que el Juez de Control de Garantías se instituyó para garantizar los derechos fundamentales de las personas investigadas como un órgano diferente al que dirige la investigación e indagación criminal, toda vez que éste debe limitar al ente que ejerce la persecución penal y verificar que el actuar de la Fiscalía General de la Nación se ajuste a los requerimientos constitucionales y legales.

Así, el juez de control de garantías subyace como restrictor de las funciones de la Fiscalía General de la Nación para garantizar la igualdad entre las partes y el principio de reserva judicial en la afectación de derechos fundamentales; en razón a lo cual el Acto Legislativo No. 03 de 2002 “dispuso que corresponde al juez de control de garantías autorizar las limitaciones a los derechos fundamentales”

Al respecto debe preverse que el principio de igualdad de armas que inspira el proceso acusatorio implica que el ente acusador es despojado, como regla general, de las funciones jurisdiccionales, de donde surge la necesidad de establecer un mecanismo que controle las actuaciones del acusador y proteja los derechos fundamentales que puedan verse afectados en el proceso, mediante la participación de un funcionario independiente y autónomo (juez) que pueda adoptar medidas restrictivas de los derechos como ocurre con el juez de control de garantías que no solo es distintito del acusador, sino que también es diferente al juez de conocimiento de la causa.

En este sentido la Corte Constitucional ha precisado que el fiscal, debido a la naturaleza de la tarea que se le impone, no puede ser neutral frente a sus consideraciones, pues su tarea de ente acusador genera durante el proceso de investigación del delito una idea preconcebida de la culpabilidad del imputado. Esto es apenas normal y es así como debe funcionar la psiquis de un funcionario a quien su trabajo le impone la obligación de buscar indicios y construir hipótesis a través de ellos, para así poder formular una imputación o una acusación que persevere en la etapa de juzgamiento.

Por el contrario el juez de garantías es un funcionario judicial - imparcial que interviene en la etapa de instrucción, propia de la Fiscalía General de la Nación, para realizar un examen de control de legalidad inmediato y proteger las garantías procesales que deben caracterizar un sistema de tipo acusatorio. De manera que quede confirmada la necesidad que motiva las medidas restrictivas de los derechos fundamentales, en cada caso, a la luz de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de cada medida.

Se trata, entonces, de un evento de colaboración legalmente establecida entre los funcionarios del aparato judicial, sobre todo en lo que concierne a la medida de aseguramiento y al derecho fundamental de la libertad, donde el espíritu garantista del sistema se acentúa y hace aún más significativa la intervención de los jueces durante la fase instructiva para controlar al ente acusador y proteger en la mejor forma posible las garantías procesales.

Es así que la intervención del juez de control de garantías se dirige a evaluar los motivos y razones que respalden la privación de la libertad a fin de que las medidas privativas de la libertad se encuentren apoyadas en motivos suficientemente razonables y proporcionales y no en simples sospechas.

Con fundamento en lo anterior es razonable que el capítulo III la Ley 906 de 2004 frente a la imposición de la medida de aseguramiento haya establecido que ella sólo sea procedente mediante decisión del juez de control de garantías.

Al efecto, el artículo 306, en su texto original establecía:

“ARTÍCULO 306. El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.

Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su decisión.

La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia”.

La norma antes trascrita fue modificada por el artículo 59 de la Ley 1453 de 2011 y el nuevo texto es el siguiente:

ARTÍCULO 306. SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. El fiscal solicitará al Juez de Control de Garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.

Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión.

La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia.

La víctima o su apoderado podrán solicitar al Juez de Control de Garantías, la imposición de la medida de aseguramiento, en los eventos en que esta no sea solicitada por el fiscal.

En dicho caso, el Juez valorará los motivos que sustentan la no solicitud de la medida por parte del Fiscal, para determinar la viabilidad de su imposición.

Nótese que la norma en cita, tanto en su texto original como en el nuevo texto, posibilita la imposición de la medida de aseguramiento por parte del juez de control de garantías pero a solicitud del fiscal del caso o incluso de la propia víctima o su apoderado.

Al efecto también debe preverse que para la imposición de las medidas de aseguramiento, especialmente de aquellas que surgen como privativas de la libertad, la Ley 906 de 2004 estableció una suerte de requisitos, algunos de carácter objetivo y otros subjetivos que se fundamentan en la actuación investigativa del fiscal.

De igual forma, el artículo 313 limitó la procedencia de la detención preventiva en establecimiento carcelario a los siguientes requisitos objetivos: (i) que el delito sea de competencia de los jueces penales de circuito especializados; (ii) que el delito sea investigable de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años; (iii) que se trate de los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal, cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes o (iv) que la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso de los tres años anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente.

Sin embargo, el mismo artículo 313 dispuso para la procedencia de la detención preventiva en establecimiento carcelario, en todo caso, la satisfacción de los requisitos señalados en el artículo 308 de la misma Ley 906 de 2004, el cual establece – subjetivamente - la posibilidad de decretar la medida de aseguramiento siempre y cuando pueda inferirse razonablemente que el imputado puede ser autor o participe de la conducta delictiva que se investiga, esto es, cuando los elementos materiales probatorios y la evidencia física o información obtenida por la Fiscalía permitan inferir la participación del imputado en la comisión del ilícito.

De manera que la actividad del juez de control de garantías siempre estará ligada a la actuación investigativa de la Fiscalía o su delegado, a quien, además, le corresponde acreditar alguno de los requisitos adicionales establecidos en la misma norma:

ARTÍCULO 308. REQUISITOS. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:

1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.

2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.

3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.
(…)”

Entonces, en todos los casos la decisión del juez de control de garantías se verá sustentada en la labor investigativa que adelante el correspondiente fiscal y en la teoría argumentativa que éste le exponga para fundamentar su solicitud.

Así, el fiscal podrá argumentar que la medida de aseguramiento se muestra como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, frente a lo cual el artículo 309 exige la demostración de los motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o que puede impedir o dificultar la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación.

Igualmente, cuando el fiscal considere que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, conforme a la norma siguiente – artículo 310, deberá acreditar la gravedad y modalidad de la conducta punible, así como la pena imponible más las siguientes circunstancias:

“1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales.

2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.

3. El hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.

4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional.

5. Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas.

6. Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años.

7. Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada.”

Del mismo modo, si el fiscal considera que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la víctima, deberá acreditar que existen motivos fundados que permiten inferir que aquél puede atentar contra ella, su familia o sus bienes, según se desprende del artículo 311 ibídem.

Y finalmente, cuando el fiscal del caso en su solicitud considere que probablemente el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia, conforme al artículo 312 deberá demostrar la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible, además de los siguientes factores:

“1. La falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.

2. La gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a este.

3. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena.”

Así las cosas, la decisión que adopte el juez de control de garantías frente a la imposición de la medida de aseguramiento o de la legalización de la captura se encuentra sujeta a la actividad probatoria e investigativa que exponga el fiscal, pues aun en los casos de captura en flagrancia, la labor del juez se dirige a revisar que la actuación de la fiscalía y de la policía judicial haya dado cumplimiento a los requisitos contenidos en los artículos 301, 302, 303 del Código de Procedimiento Penal para proceder a legalizarla o a ordenar la libertad inmediata, evento en el cual el juez también dependerá de la actuación directa del fiscal o de la policía judicial que actúa bajo su coordinación y orientación.

Por lo expuesto, de conformidad con el marco normativo establecido por la Ley 906 de 2004, la Sala considera que en el caso de autos, la condena debe imputarse tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial, en atención a los criterios de colaboración y asocio bajo los cuales se desarrolla la labor de instrucción e investigación dentro del proceso penal acusatorio.

Lo anterior, teniendo en cuenta, además, que por cuanto el daño se deriva de la actuación conjunta de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, de ella se desprende una responsabilidad solidaria que encuentra su fundamento legal en el artículo 2344 del Código Civil, según el cual:

ARTICULO 2344. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.

A su turno la jurisprudencia del Consejo de Estado, de vieja data ha señalado que “El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en la producción del daño”.

En síntesis, de la actuación legítima y conjunta desarrollada en el proceso penal acusatorio entre el juez y el fiscal se desprende una responsabilidad solidaria que encuentra su fundamento legal en el artículo 2344 del Código Civil y no en una simple teoría causal hipotética de equivalencia de las condiciones.

Así las cosas, igualmente debe precisarse que, en principio, dentro del proceso penal acusatorio concurren eficientemente en la producción del daño – privación de la libertad, la actuación desplegada por el juez así como la desplegada por el fiscal del caso, a quienes, en principio, serán responsables como coautores del daño.

Pero, la Sala subraya que lo anterior no significa que el juez de reparación directa deba perder de vista las particularidades de cada caso concreto, en los que, excepcionalmente, las circunstancias demuestren que fue el Juez o el Fiscal, individuamente, quien con su actuar u omisión negligente conllevó a la privación injusta de la libertad, por falla en el servicio; evento en el cual la condena deberá imputarse a la Rama Judicial o a la Fiscalía General de la Nación, según corresponda, de acuerdo con la atribución que del daño antijurídico resulte probada, a título de falla.

7. Caso concreto

De conformidad con los lineamientos teóricos antes expuestos y los medios probatorios que obran en el plenario, la Sala procede a analizar si en el caso de autos, las entidades demandadas son administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la privación de la libertad de la que fue víctima Luis Alfonso Rumbo Puerta o, por el contrario, si se configura el eximente de responsabilidad - culpa exclusiva y grave de la víctima.

Con relación a los hechos que dieron lugar a la investigación penal, la Sala encuentra demostrado que el proceso penal adelantado en contra de Luis Alfonso Rumbo Puerta como presunto coautor de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, tuvo su génesis en los hechos ocurridos el día 27 de marzo de 2009 en el establecimiento de comercio denominado Bar “La Sexta”, ubicado en la carrera 7 No. 17-17 del Barrio El Carmen de Valledupar, cuando un sujeto que portaba un arma de fuego, ingresó a dicho establecimiento propinándole varios disparos a 3 personas que se encontraban en el lugar. Lo cual dejó como resultado tres personas fallecidas.

Al respecto, el testigo presencial José Alberto Marulanda de la Rosa – señaló como responsable a Luis Alfonso Rumbo (hoy demandante), en razón a lo cual la Fiscalía incriminó al hoy demandante.

En virtud de lo anterior, el 22 de mayo de 2009 el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías del municipio de Copey - Cesar profirió la orden de captura No. 0707705; la cual se hizo efectiva el día 23 de mayo de ese mismo año.

A continuación, el 24 de mayo de 2009 el Juzgado Promiscuo Municipal de El Copey, llevó a cabo la audiencia de control de legalidad, formulación de imputación y medida de aseguramiento, en donde resolvió declarar legalizada la captura realizada en contra del demandante e imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Luis Alfonso Rumbo Puerta, por cuanto de la ”evidencia física recogido y asegurados o de la información legalmente obtenida se infiere razonablemente que el imputado Luis Alfonso Rubio Puerta es autor de las conductas imputadas, homicidio agravado en concurso con tráfico, fabricación y porte de arma de fuego”.

El 23 de junio de 2009 la Fiscalía 16 Seccional de Valledupar, presentó el escrito de acusación en contra de Luis Alfonso Rumbo Puerta como coautor de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; el cual fue sustentado el 5 de agosto de 2009, en audiencia de acusación que se adelantó ante el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar - Cesar, en donde se dijo:

“[los hechos] sucedieron el día 27 de marzo de 2009 en el establecimiento de comercio denominado Bar La Sexta, ubicado en la carrera 7 No. 17-17 del Barrio El Carmen de esta ciudad, cuando un sujeto portando arma de fuego, ingresó a dicho establecimiento propinándole varios disparos a unas personas que se encontraban en el lugar tomándose unas cervezas, resultando muertos Oscar Armando Quiñones Quiñones, soldado profesional activo, adscrito al Batallón de Ingenieros No. 10 General, Manuel Alberto Murillo Gonzáles; Diego Alejandro Ospina Marín y gravemente herido Danilo Enrique Campos Salas, quien posteriormente fallece el día 22 de abril de 2009, en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI de la Clínica Médicos Ltda., de esta ciudad, a consecuencia de las lesiones sufridas en estos hechos. Este sujeto, quien fue identificado como Luis Alfonso Rumbo Puerta (…), llegó al lugar a bordo de una motocicleta de alto cilindraje, de color roja, en compañía de otro sujeto quien fue identificado como José Luis Pacheco López (…).
(…)
Asimismo obra, acta de reconocimiento fotográfico y videográfico – FPJ – 20 de fecha 12 de mayo del 2009, realizado en presencia de José Alberto Marulanda de la Rosa, testigo presencial de los hechos, a quien se le colocó de presente dos álbumes fotográficos que contenían ocho fotografías de personas, en cada álbum relacionados en diferente orden, en la cual consta que el señor Marulanda de la Rosa, señaló en los dos albumnes (sic) que se le pusieron de presente a José Luis Pacheco López y Luis Alfonso Rumbo Puerta, como los dos sujetos que él observó el día de los hechos”.

Seguidamente, el 2 de octubre de 2009 el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, llevó a cabo la audiencia preparatoria en contra del demandante, en la que el apoderado del actor realizó el descubrimiento de los medios probatorios y a su vez la Fiscalía puso en conocimiento del juzgado de conocimiento la pertinencia y conducencia de las pruebas en que fundamentó su acusación.

El día 24 de febrero de 2010 el juez de conocimiento dio inició a la audiencia del juicio oral en contra del demandante, la cual fue suspendida y reanudada el 24 de febrero de 2010 y en la que la Fiscalía señaló que, teniendo en cuenta la ausencia de dos de sus testigos, “renunciaba a la práctica de sus próximas pruebas”. A su vez el abogado defensor presentó los medios probatorios pertinentes para demostrar la inocencia del demandante.

Al momento de los alegatos de conclusión, la Fiscalía le solicitó al Juez de Conocimiento la absolución acusado, pues, aunque “existían las versiones de los ciudadanos José Alberto Marulanda de la Rosa y de la misma señora Luz Marina Lizcano, que dejaban entrever la posible responsabilidad del imputado Luis Alfonso Rumbo Puerta en los sucesos, estos testigos [en la audiencia de juicio oral] desconocieron tal circunstancia, esto es, que no reconocieron a Luis Alfonso como el autor de los hechos investigados, esto a pesar, de encontrarse presente en la sala de audiencia. Deploró el Fiscal que los agentes Raúl Berthel Díaz y José Osorio Julio, no hubiesen comparecido al juicio para que declararan al respecto”. Petición que fue coadyuvada por el Ministerio Público.

En virtud de lo anterior, el Juez de Conocimiento emitió el sentido del fallo, el cual era absolutorio a favor de Luis Alfonso Rumbo, y en consecuencia ordenó su libertad inmediata, la cual se hizo efectiva el 1 de junio de 2010.

Finalmente, el 3 de agosto de 2010 durante el trámite de la audiencia de lectura del fallo, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, profirió sentencia absolutoria a favor del hoy demandante, como presunto coautor de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, con fundamento en los siguientes argumentos:

“En tratándose de la responsabilidad por la autoría de los hechos punibles destaca el juzgado, que el testimonio rendido por la ciudadana Luz Marina Lizcano Guerra, dejó en claro, que en efecto los hechos ocurrieron en un negocio de cantina suyo, donde vende licor cerveza. Que para el día 27 de marzo, por el cual le preguntaban, recuerda muy poco, pues estaba vendiendo, cuando al sonar los disparos una muchacha a su servicio la empujó, que no vio a quienes ingresaron a su establecimiento, que se llama Bar La Sexta, que no reconoció a nadie. Precisó que la Policía llegó hasta allí, pero ella no vio disparar a nadie. Mientras que por parte del ciudadano José Alberto Marulanda de la Rosa, se dijo, que vive en la carrera sexta, que conoce al Bar La Sexta, pues vive a una cuadra de allí e incluso, llega a veces a tomar gaseosas o cervezas. Que actualmente se encuentra a disposición del Inpec (detención domiciliaria). Que al escuchar unos tiros y al oír decir que existían unos muertos, fue a ver lo que ocurría. Después la SIJIN le pidió que rindiera una entrevista, sin saber de qué se trataba, que no vio nada de lo ocurrido. Que no sabe leer, ni escribir, sin embargo, los agentes le pidieron que firmara y él le puso la huella. No reconoció al imputado que se encontraba presente en la audiencia.

En tratándose de los testigos del defensor, señores Juan Sanmartín Melendez y Angélica María Pérez Polo, advierte el despacho, que se mostraron dubitativos respecto de precisar todo lo ocurrido el día 27 de marzo de 2009, cuando sucedieron los hechos aquí investigados. En todo caso, son pruebas que se devienen a favor del imputado y de sus afirmaciones no se produjo nada que lo impliquen en lo sucedido e investigado.

Valorados entonces estos testimonios, según lo requerido por el artículo 404 del C.P.P puede darse cuenta, por lo menos este funcionario, que en verdad se devienen muy dispares en sus conceptos, como para tener con ellos algo verdaderamente ocurrido y que pudiese comprometer a una persona, en este caso a Luis Alfonso Rumbo Puerta, como autor de los sucesos aquí investigados.

Así entonces, precisa manifestar el juzgado que el fallo lo es de carácter absolutorio, ya que no se cumplen los requisitos del artículo 318 de la Ley 906 del año 2004, para condenar, en especial lo atinente a la responsabilidad del encausado, se reitera, lo que conlleva a que se compartan las apreciaciones de los doctores Lucas José Socarras Araujo, Olga Lucia Pineda Villamizar y Rafael Francisco Palacio Castro. (…)”.

Dado lo anterior, con el anterior material probatorio y con los certificados emitidos los días 14 de septiembre y 4 de octubre de 2010 por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, la Sala encuentra demostrado que el señor Luis Alfonso Rumbo Puerta, estuvo efectivamente privado de la libertad desde el 23 de mayo de 2009, fecha en la que fue capturado en flagrancia hasta el 1 de junio de 2010, fecha en la que recobró la libertad, esto es, por el término de 12,03 meses, en virtud de un proceso penal que a la postre fue decidido a su favor por cuanto no se logró desvirtuar la presunción de inocencia del demandante.

Asimismo, la Sala encuentra que la privación de la libertad padecida por Luis Alfonso Rumbo Puerta devino en injusta, en la medida que se halla acreditado que el hoy actor fue absuelto de los delitos imputados en su contra, por cuanto no se encontró demostrada su participación en los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2009, por lo cual es viable imputar objetivamente el daño antijurídico a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, conforme a los argumentos expuestos sobre imputación de la condena, en solidaridad, como lo hizo el Tribunal Administrativo del Cesar.

En consecuencia, la Sala procede a declarar la responsabilidad por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Luis Alfonso Rumbo Puerta por el término de 12,03 meses.

8. Liquidación de perjuicios

8.1.- Perjuicios morales

Al respecto, el Tribunal de Primera Instancia reconoció por este concepto a favor de Luis Alfonso Rumbo Puerta, en su calidad de víctima directa la suma de 50 SMLMV; para compañera permanente, hijos y padres el equivalente a 25 SMLMV; y a favor de sus hermanas 13 SMLMV para cada uno de ellos.

Sin embargo, de conformidad con lo señalado por el apelante y los lineamientos expuestos en el punto 5 de estas consideraciones, la Sala procede a analizar si hay lugar a modificar el quantum reconocido por el Tribunal de Primera Instancia o si por el contrario, se debe confirmar lo decidido frente a los perjuicios morales.

En este sentido, la Sala encuentra acreditado que Luis Alfonso Rumbo Puerta comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad, de la que fue objeto por el término de 12,03 meses.

A su turno, Elida Rosa Guerrero Gutiérrez, acude al proceso en calidad de compañera permanente de la víctima directa, vínculo que la Sala encuentra plenamente demostrado con las declaraciones extra proceso rendidas por Juan Sanmartin Melendrez y Angélica María Pérez Polo, los testimonios de Elis Mariana Duran Baquero, Rafael de Jesús Orozco amigos de Luis Alfonso Rumbo y este último de la demandante y quienes son concordantes en afirmar que ella vivía en unión libre con la víctima directa para la fecha en que ocurrieron los hechos.

Asimismo, la Sala observa que comparece al proceso María Camila Rumbo Guerrero y José Andrés Guerrero Gutiérrez en calidad de hijos de la víctima directa, relación de cercanía afectiva que se encuentra acreditada con el registro civil de nacimiento de la primera; y en cuanto al segundo con los testimonios de Elis Mariana Duran Baquero, Rafael de Jesús Orozco amigos del actor y de Elida Rosa Guerrero que dan cuenta que el señor Luis Alfonso Rumbo reconoce al demandante como su hijo y que era reconocido por sus allegados dicho vinculo.

A su vez, comparecen al proceso Luz Elena Puerta Díaz, Luis Manuel Rumbo Valdés, en calidad de padres de la víctima directa; y Bill José, Diana Luz, Katty Johana, Laudith Elena Rumbo Puerta, Javier Enrique y Adriana Paola Rumbo Estrada, como hermanos de Luis Alfonso Rumbo Puerta, parentescos que la Sala considera acreditados con los registros civiles de nacimiento tanto de la víctima directa como de los aquí demandantes y que hacen presumir la relación de cercanía afectiva requerida por la jurisprudencia.

Ahora bien, está demostrado que Luis Alfonso Rumbo Puerta estuvo privado injustamente por el término de 12,03 meses.

En consecuencia, se observa que los demandantes se encuentran en el primero y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y segundo rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo de privación superior a doce (12) e inferior a dieciocho (18) meses cuya cuantificación se limita a 90 SMLMV a favor de la víctima directa, compañera permanente, hijos y padres y 45 SMLMV para sus hermanos.

No obstante, la Sala confirmará lo otorgado por el A quo a favor de los demandantes, toda vez que si bien la suma reconocida a él no se ciñe a los parámetros previstos por esta Corporación, en virtud del principio de la no reformatio in pejus no es permitido agravar la situación del apelante único, esto es, de la Fiscalía General de la Nación.

En consecuencia, la Sala confirmará el reconocimiento efectuado por el A quo a favor de los demandantes por concepto de perjuicio moral, a saber las siguientes sumas de dinero:

NIVEL
DEMANDANTE
CALIDAD
INDEMNIZACIÓN
1º
Luis Alfonso Rumbo Puerta
Víctima
50 SMLMV
1º
Elida Rosa Guerrero Gutiérrez
Compañera permanente
25 SMLMV
1°
María Camila Rumbo Guerrero
Hija
25 SMLMV
1°
José Andrés Guerrero Gutiérrez
Hijo de crianza
25 SMLMV
1°
Luz Elena Puerta Díaz
Madre
25 SMLMV
1º
Luis Manuel Rumbo Valdés
Padre
25 SMLMV
2º
Bill José Rumbo Puerta
Hermano
13 SMLMV
2º
Diana Luz Rumbo Puerta
Hermana
13 SMLMV
2º
Katty Johana Rumbo Puerta
Hermana
13 SMLMV
2º
Laudith Elena Rumbo Puerta
Hermana
13 SMLMV
2º
Javier Enrique Rumbo Estrada
Hermano
13 SMLMV
2º
Adriana Paola Rumbo Estrada
Hermana
13 SMLMV

8.1.2.- Daño a la vida de relación

El Tribunal de Primera Instancia reconoció por este concepto a favor de Luis Alfonso Rumbo Puerta, en su calidad de víctima directa la suma de 50 SMLMV; para compañera permanente, hijos y padres el equivalente a 25 SMLMV; y a favor de sus hermanas 13 SMLMV para cada uno de ellos.

No obstante, la Sala revocará el reconocimiento efectuado a título de daño a la vida de relación, y en su lugar lo denegará, por cuanto coincide con las consideraciones expuestas por el Ministerio Público quien estimó que el perjuicio así peticionado no está demostrado, por el contrario, su concepto se encuentra cobijado por el padecimiento, congoja y afectación moral del que fueron víctimas los demandantes, el cual ya se reconoció a título de daño moral.

Aunado a lo anterior, es pertinente tener en cuenta que el concepto del daño a la vida de relación ha sido acogido por la jurisprudencia bajo diferentes nomen iuris, dependiendo del interés jurídico vulnerado, así, por ejemplo, cuando el perjuicio deviene de una lesión psicofísica su reconocimiento procede bajo la denominación de daño a la salud.

Pero, si el daño a la vida de relación deviene de la lesión a otros bienes constitucionales deberá verificarse su concreción bajo los criterios de la categoría de “alteración grave a los bienes constitucional y convencionalmente amparados” y probarse en el plenario, de manera que se permita inferir que como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la que se vio sometido el actor, éste sufrió una lesión a alguno de sus bienes constitucionales o convencionalmente amparados, distintos del mismo derecho a la libertad.

Sin embargo, la Sala no encuentra probado este daño pues dentro del sumario no obran pruebas que permitan inferir que se configuró dicho perjuicio al señor Luis Alfonso Rumbo Puerta y a su familia.

En consecuencia, La Sala negará el daño a la vida de relación solicitado por la parte demandante.

8.2. Perjuicios materiales a título de lucro cesante.

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el A quo le otorgó al señor Luis Alfonso Rumbo Puerta la suma de $15.632.220.oo equivalentes a las sumas de dinero que dejó de percibir como albañil durante el término que estuvo privado de su libertad.

No obstante, la Sala considera pertinente entrar a revisar el reconocimiento efectuado por este concepto, de conformidad con lo señalado por el apelante y al tenor de lo dispuesto por la jurisprudencia de esta Corporación y lo demostrado en el plenario.

Al respecto, la Sala encuentra acreditado con los siguientes medios probatorios que el señor Luis Alfonso Rumbo Puerta se desempañaba como albañil para la época en que fue privado de su libertad y que de esta actividad económica derivaba sus ingresos mensuales.

• Certificación laboral proferida el 10 de septiembre de 2010 por Luis Manuel Medina Niño, maestro de obras y herrero y en el que consta que “el señor Luis Alfonso Rumbo Puerta (…) laboró con el suscrito como Oficial de Albañería por más de un año, hasta que fue detenido por un problema judicial en el año 2009. Dicha labor era desarrollada de lunes a sábado en el horario de 7:00 am – 12: 00 pm y 2:00 pm – 6: 00 pm, devengando diariamente para dicha época la suma de cuarenta mil pesos ($40.000.oo)”.

• Testimonios de Elis Mariana Duran Baquero y Rafael de Jesús Orozco, amigos de la víctima directa y de Elida Rosa Guerrero, quienes son coincidentes en afirmar que el demandante se desempeñaba como albañil para la época de los hechos.

Así las cosas, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza Luis Alfonso Rumbo Puerta ya que se observa que para la fecha en que fue privado de la libertad el demandante trabajaba como albañil de lunes a sábado y que de esta actividad obtenía un ingreso diario de $40.000.oo., tal como lo liquidó el A quo.

En consecuencia, procede a efectuar el ajuste del valor de la condena impuesta por el Tribunal de Primera Instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 178 del C.C.A. y demás normas concordantes, mediante actualización efectuada con base en el índice de precios al consumidor, así:

Ra = Rh X IPC FINAL (fecha de esta providencia)
IPC INICIAL (fecha de la sentencia que impuso la condena)

Ra =$15.632.220.oo X 138,85 (diciembre de 2017)
111,76 (marzo de 2012)

Ra = $19.421.382,84

En este orden de ideas, corresponde a Luis Alfonso Rumbo Puerta por concepto de lucro cesante, la suma de $19.421.382,84.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

R E S U E L V E

MODIFICAR la sentencia proferida el 8 de marzo de 2012 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, y en su lugar se dispone:

PRIMERO: DECLARAR responsable a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL de los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue víctima Luis Alfonso Rumbo Puerta.

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL a pagar a título de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:
NIVEL
DEMANDANTE
CALIDAD
INDEMNIZACIÓN
1º
Luis Alfonso Rumbo Puerta
Víctima
50 SMLMV
1º
Elida Rosa Guerrero Gutiérrez
Compañera permanente
25 SMLMV
1°
María Camila Rumbo Guerrero
Hija
25 SMLMV
1°
José Andrés Guerrero Gutiérrez
Hijo de crianza
25 SMLMV
1°
Luz Elena Puerta Díaz
Madre
25 SMLMV
1º
Luis Manuel Rumbo Valdés
Padre
25 SMLMV
2º
Bill José Rumbo Puerta
Hermano
13 SMLMV
2º
Diana Luz Rumbo Puerta
Hermana
13 SMLMV
2º
Katty Johana Rumbo Puerta
Hermana
13 SMLMV
2º
Laudith Elena Rumbo Puerta
Hermana
13 SMLMV
2º
Javier Enrique Rumbo Estrada
Hermano
13 SMLMV
2º
Adriana Paola Rumbo Estrada
Hermana
13 SMLMV

TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL a pagar a favor de Luis Alfonso Rumbo Puerta a título de perjuicios materiales, en su modalidad de lucro cesante la suma de $19.421.382,84

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaró voto Aclaró voto Cfr. Av. 36146/15,
Av. 35796/16 # 2 y 3, Av. 37100/16
y Cfr. voto disidente 48842/16 #4

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Presidente

En aplicación del acta No. 10 de 25 de abril de 2013 por medio de la cual el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera aprobó que los expedientes que están para fallo en relación con: (i) las personas privadas de la libertad, (ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado
Fls.277-317 C.P
Fls.242-263 C.P
Fls.70-90 C.1
Previo a la presentación a la demanda, el día 29 de septiembre de 2010 ante la Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos ante el Tribunal Administrativo del Cesar, la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial, la cual se llevó a cabo el día 10 de noviembre de 2010 (Fls.67-68 C.1) declarándose fallida por falta de ánimo conciliatorio de la Fiscalía General de la Nación, según consta en la constancia expedida ese mismo día por el Ministerio Público (Fls.69 C.1)
Fls.1-9 C.1
Fls.82-87 C.1
Fls.72-74 C.1
Fls.93 C.1
Fls.56 C.1
Fl.57 C.1
Fls.98-104 C.1
Fls.110-121 C.1
Fls.154 C.1
Fl.181 C.1
Fls.183-187 C.1
Fls.188-195 C.1
Fls.187-204 C.1
Fls.247-263 C.P
Fls.277-287 C.P
Fls.331 C. P
Fls.333 C.P
Fls.334-339 C.P
Fls.340-349 C.P
Fls.380 C.P
Fls.408-411 C.P
Fls.413 C.P
Fls.351-366 C.P
En el mismo sentido, el 28 de junio de 2016 el Ministerio Público presentó el concepto No. 001/2016 con el fin de intervenir en la audiencia de conciliación fijada por este Despacho (Fls.385-390 C.P)
Corte Constitucional. Sentencia C – 965 de 2003.

Fls.12 C.1
Obra registro civil de nacimiento de Luis Alfonso Rumbo Puerta en el que consta que sus padres son Luis Manuel Rumbo y Luz Elena Puerta (Fls.10 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Luis Alfonso Rumbo Puerta en el que consta que sus padres son Luis Manuel Rumbo y Luz Elena Puerta (Fls.10 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Bill José Rumbo Puerta en el que consta consta que sus padres son Luis Manuel Rumbo y Luz Elena Puerta, padres a su vez de la víctima directa (Fls.13 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Diana Luz Rumbo Puerta en el que consta consta que sus padres son Luis Manuel Rumbo y Luz Elena Puerta, padres a su vez de la víctima directa (Fls.14 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Katty Johana Rumbo Puerta en el que consta consta que sus padres son Luis Manuel Rumbo y Luz Elena Puerta, padres a su vez de la víctima directa (Fls.15 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Laudith Elena Rumbo Puerta en el que consta consta que sus padres son Luis Manuel Rumbo y Luz Elena Puerta, padres a su vez de la víctima directa (Fls.16 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Javier Enrique Rumbo Estrada en el que consta consta que sus padres son Luis Manuel Rumbo y Margarita de Jesús Estrada, padres a su vez de la víctima directa (Fls.17 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Adriana Paola Rumbo Estrada en el que consta consta que sus padres son Luis Manuel Rumbo y Margarita de Jesús Estrada, padres a su vez de la víctima directa (Fls.18 C.1)
Al respecto, para establecer el medio probatorio idóneo en la acreditación de la calidad alegada por esta demandante, es de resaltarse la naturaleza fáctica de la unión marital, pues, esta comporta una situación de hecho que produce efectos jurídicos Entonces en relación con la prueba de la unión marital de hecho, según lo dispuesto por el texto inicial del artículo 4° de la Ley 54 de 1990, antes de la modificación introducida por el artículo 2° de la Ley 979 de 2005, la existencia de la unión marital de hecho se acredita por los medios ordinarios de prueba, consagrados en el Código de Procedimiento Civil, es decir, por los contenidos en el artículo 175 ibídem, a saber: la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. Con relación a las declaraciones extra proceso, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 12 de noviembre de 2014. Exp.: 27.578 y de 27 d agosto de 2015. Exp.:48.995 “El artículo 298 del C.P.C. taxativamente establecía en cabeza del juez el deber de rechazar de plano los testimonios extraproceso que pretendieran usarse para fines judiciales, cuando estos no cumplieran con los requisitos allí establecidos, es decir: (i) cuando no se trataran como prueba anticipada, (ii) cuando no se practicaran por persona gravemente enferma y (iii) cuando se omitiera la citación de la parte contraria, a menos que se declarara bajo la gravedad de juramento que se ignoraba su ubicación. Sin embargo, en ambos casos, esto es cuando el testimonio extraprocesal se rendía con fines extra judiciales o judiciales, para que pudiera ser apreciable por el juez, se requería del cumplimiento de los requisitos de la ratificación, según el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. (…) No obstante lo anterior, la Sala prevé que actualmente los artículos 188 y 222 del nuevo Código General del Proceso permitieron que “las declaraciones extraprocesales que se aporten con la demanda pueden ser valoradas sin necesidad de que sean ratificadas (…) aun cuando no hayan sido practicadas con audiencia de la entidad demandada (…)”.

En este sentido, aunque la norma citada no es aplicable al caso concreto, por cuanto es posterior a la práctica de la declaración extra proceso sobre la cuales se discute e, incluso, es posterior a la presentación e iniciación del proceso que aquí se debate, también es claro que ella recoge el giró que en materia probatoria ha dado nuestro derecho procesal e ilumina la interpretación o valoración que el Juez contencioso administrativo, dentro del Estado Social de Derecho debe hacer de la prueba, en atención a los principios de prevalencia del interés sustancial o material de los derechos subjetivos sobre el simplemente formal o procesal”. Fls.29 C.1
Con relación a los hijos de crianza, la postura reiterada de la Jurisprudencia, constitucional y contenciosa, ha permitido que acreditada por cualquiera de los medios probatorios la circunstancia o relación de especial afecto y protección que se adjetiva como “hijo de crianza”, se infieran los padecimientos y perjuicios que les legitiman para comparecer ante el Juez y solicitar la indemnización de tales perjuicios, esto es, se infiera la legitimación material para actuar en acción de reparación directa. No obstante, la Sala ha considerado que debe, igualmente, ser rigurosa en cuanto a la prueba de la relación de crianza en legitimación de su interés dentro del sub lite y para cuya acreditación se remite a lo establecido por el artículo 399 del Código Civil Colombiano sobre la prueba de la posesión notoria del estado civil. De igual forma, respecto a la posesión notoria del estado de hijo, ya sea legítimo o de crianza, la Sala recogió los criterios expuestos por la Corte Suprema de Justicia al prever como elementos configurativos de dicho estado, el trato, la fama y el tiempo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 8 de abril de 2014. Exp.:25.279. Fls.11 C.1
Fls.160-161 C.1
Fls.178-179 C.1
Artículo 114 de la Ley 906 de 2004. Arts. 250 de la C. P. y 66; 322 de la Ley 906 de 2004
Artículo 250 de la C.P. De conformidad con los artículos 169 y 179 de la Ley 906 de 2004 que establece que las providencias se notifican por estrados y que los recursos que proceden en contra de dichas decisiones se interpondrán en la audiencia en la que se profirió el fallo, la Sala encuentra que en el caso de autos la decisión que puso fin al proceso adelantado en contra de la víctima directa, fue proferida el 3 de agosto de 2010 y quedó ejecutoriada ese mismo día por cuanto una vez notificada en estrados, no fue objeto de recurso de apelación en el curso de la audiencia pública. Lo anterior teniendo en cuenta que el día 4 y 5 eran sábado y domingo. Fls.67-68 C.1
Fls.69 C.1
Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.
“En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, No.4, 2000, p.174. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, expediente: 10923. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de junio de 2007, Expediente: 15989. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666. Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc. Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad.

Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056. Texto original Artículo 250. Corresponde a la Fiscalía: General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal efecto la Fiscalía General de la Nación deberá: 1. Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito. 2. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas. 3. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley. 4. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso. 5. Cumplir las demás funciones que establezca la ley. El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional. La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten. NOTA: El Parágrafo 2 fue adicionado por el Acto Legislativo  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11151" \l "0" 02 de 2003, el cual fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15243" \l "0" Sentencia C-816 de 2004, por el vicio de procedimiento ocurrido en el sexto debate de la segunda vuelta. El texto del Acto Legislativo 02 de 2003 era: Artículo 4°. El artículo 250 de la Constitución Política tendrá un parágrafo del siguiente tenor: Parágrafo 2º. Para combatir el terrorismo y los delitos contra la seguridad pública, y en aquellos sitios del territorio nacional donde no exista una autoridad judicial a la que se pueda acudir en forma inmediata o donde el acceso de los funcionarios ordinarios de policía judicial no sea posible por excepcionales circunstancias  de orden público, la Fiscalía General de la Nación conformará unidades especiales de Policía Judicial con miembros de las Fuerzas Militares, las cuales  estarán bajo su dirección y coordinación. Para el desarrollo de las labores propias de esta función, los miembros de la Unidad pertenecientes a las fuerzas militares se regirán, sin excepción, por los mismos principios de responsabilidad que los demás miembros de la unidad especial. Texto original: Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación: 1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución. 2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los empleados bajo su dependencia. 3. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto. 4. Otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de policía judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación. 5.

Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público.
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, que fue corregido por el Decreto 2770 de 2004 y ha sido modificado por: i) la Ley 1774 de 2016, “por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”, publicada en el Diario Oficial No. 49.747 de 6 de enero de 2016; ii) la Ley 1760 de 2015, “por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 906 de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad”, publicada en el Diario Oficial No. 49.565 de 6 de julio de 2015; iii) la Ley 1652 de 2013, “por medio de la cual se dictan disposiciones acerca de la entrevista y el testimonio en procesos penales de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales”, publicada en el Diario Oficial No. 48.849 de 12 de julio de 2013; iv) la Ley 1542 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.482 de 5 de julio de 2012, “Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal”; v) la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.110 de 24 de junio de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”; vi) por la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010, “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”; vii) por la Ley 1312 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.405 de 9 de julio de 2009, “Por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004 en lo relacionado con el Principio de Oportunidad”; viii) la Ley 1273 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.223 de 5 de enero de 2009, “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”; ix) la Ley 1257 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 47.193 de 4 de diciembre de 2008, “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”; x) la Ley 1142 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.673 de 28 de julio de 2007, “Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2005, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”; xi) la Ley 1121 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.497 de 30 de diciembre de 2006, “Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”. Por otra parte se debe tener en cuenta algunas disposiciones de la Ley 1098 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.446 de 8 de noviembre de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, 'a excepción de los artículos 320 a 325 y los relativos al juicio especial de alimentos los cuales quedan vigentes”. Para la interpretación del Artículo 35 de esta ley debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 3° de la Ley 1028 de 2006, “por la cual se adiciona el Código Penal y se dictan otras disposiciones”, publicada en el Diario Oficial 46.298 de 13 de junio de 2006. Artículo 114 de la Ley 906 de 2004. Artículo 31 de la Ley 906 de 2004. Artículo 114 de la Ley 906 de 2004. Avella Franco, Pedro.

Estructura del Proceso Penal Acusatorio, Edición 2007
Artículo 2. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada. En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes. Artículo 300. CAPTURA EXCEPCIONAL POR ORDEN DE LA FISCALÍA. El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente orden de captura escrita y motivada en los eventos en los que proceda la detención preventiva, cuando por motivos serios y de fuerza mayor no se encuentre disponible un juez que pueda ordenarla, siempre que existan elementos materiales probatorios, evidencia física información que permitan inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe de la conducta investigada, y concurra cualquiera de las siguientes causales: 1. Riesgo inminente de que la persona se oculte, se fugue o se ausente del lugar donde se lleva a cabo la investigación. 2. Probabilidad fundada de alterar los medios probatorios. 3. Peligro para la seguridad de la comunidad o de la víctima en cuanto a que, si no es realizada la captura, el indiciado realice en contra de ellas una conducta punible. La vigencia de esta orden está supeditada a la posibilidad de acceso al juez de control de garantías para obtenerla. Capturada la persona, será puesta a disposición de un juez de control de garantías inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes para que efectúe la audiencia de control de legalidad a la orden y a la aprehensión. Artículo 1°. El artículo  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787" \l "2" 2° de la Ley 906 de 2004 quedará así: Libertad. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada. En todos los casos se solicitará el control de legalidad de la captura al juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.

Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30229" \l "0" C-163 de 2008, en el entendido que dentro del término de treinta y seis (36) horas posteriores a la captura, previsto en la norma, se debe realizar el control efectivo a la restricción de la libertad por parte del juez de garantías, o la autoridad judicial competente. Artículo 21. El artículo  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787" \l "300" 300 de la Ley 906 de 2004 quedará así: Captura excepcional por orden de la Fiscalía. El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente orden de captura escrita y motivada en los eventos en los que proceda la detención preventiva, cuando por motivos serios y de fuerza mayor no se encuentre disponible un juez que pueda ordenarla, siempre que existan elementos materiales probatorios, evidencia física o información que permitan inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe de la conducta investigada, y concurra cualquiera de las siguientes causales: Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36629" \l "0" C-185 de 2008. El texto en cursiva fue declarado EXEQUIBLE en la misma Sentencia, en el entendido que el fiscal debe agotar diligentemente la búsqueda de todos los jueces legalmente competentes, incluido el juez de control de garantías ambulante. El texto en negrilla fue declarado EXEQUIBLE en la misma Sentencia, en el entendido que la información fue obtenida de conformidad con el inciso segundo del artículo 221 de la Ley 906 de 2004. 1. Riesgo inminente de que la persona se oculte, se fugue o se ausente del lugar donde se lleva a cabo la investigación. 2. Probabilidad fundada de alterar los medios probatorios. 3. Peligro para la seguridad de la comunidad o de la víctima en cuanto a que, si no es realizada la captura, el indiciado realice en contra de ellas una conducta punible. La vigencia de esta orden está supeditada a la posibilidad de acceso al juez de control de garantías para obtenerla. Capturada la persona, será puesta a disposición de un juez de control de garantías inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes para que efectúe la audiencia de control de legalidad a la orden y a la aprehensión. Artículos 244, 247, 248, 249, 250 y 297 Ley 906 de 2004
Artículo 327 C.P.P Control judicial en la aplicación del principio de oportunidad; Artículo 127 C.P.P Declaratoria de persona ausente; Artículo 289 C.P.P modificado Ley 1142/2007; artículo 18.- Formalidades; Artículo 306 C.P.P Solicitud de medida de aseguramiento; Artículo 318 CP.P Solicitud de revocatoria; Artículo 284 C.P.P Prueba anticipada; Artículo 342 C.P.P Medidas de protección
Proyecto de Ley Estatutaria No.001 De 2003 Cámara de Representantes
BERNAL CUELLAR Jaime y MONTEALEGRE LINETT Eduardo, El Proceso Penal, Fundamentos Constitucionales del Nuevo Sistema Acusatorio, Parte 1, Ed. Universidad Externado de Colombia, 5ª Edición 2004, Pág. 155. BERNAL CUELLAR Jaime y MONTEALEGRE LINETT Eduardo, obra citada, pág. 160. Sentencia C- 1092 de 2003. ARTÍCULO 307. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. Son medidas de aseguramiento: A. Privativas de la libertad
1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión. 2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento; B. No privativas de la libertad
1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. 2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada. 3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe. 4.

La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con el hecho. 5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. 6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. 7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa. 8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda* o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. 9. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento, conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una persona de notoria insolvencia, no podrá el juez imponer caución prendaria. PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo adicionado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1760_2015.html" \l "1" 1 de la Ley 1760 de 2015. Entra a regir a partir del 6 de julio de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo lo previsto en los parágrafos 2o y 3o del artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr007.html" \l "317" 317 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de un (1) año. Cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean tres (3) o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html" \l "INICIO" 1474 de 2011, dicho término podrá prorrogarse, a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, hasta por el mismo término inicial. Vencido el término, el Juez de Control de Garantías, a petición de la Fiscalía o del apoderado de la víctima, podrá sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad de que se trate, por otra u otras medidas de aseguramiento de que trata el presente artículo. PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1760_2015.html" \l "1" 1 de la Ley 1760 de 2015. Entra a regir a partir del 6 de julio de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicita pruebe, ante el Juez de Control de Garantías, que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento.

Artículo 301 Ley 906 de 2004
Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia de 26 de abril de 2001, Exp. 12.917.
ARTICULO 2344. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.
Fls.47-48 C.1
Según consta en el minuto 02:11 de la grabación No. 20001600107420090029600- 202384089001- 01 -02 del CD No. 1 el cual obra a Fls.217 (respaldo) del C.1
Fls.48 C.1
Fls.45-46 C.1 y grabación No. 20001600107420090029600- 202384089001- 01 -02 del CD No. 1 el cual obra a Fls.217 (respaldo) del C.1
Fls.47-52 C.1
Fls.53 C.1 y grabación No. 2000160017420090029600-200013109001-02-02 del CD No. 2 el cual obra a Fls.217 (respaldo) del C.1.
Fls.47-48 C.1
Fls.54 C.1
Fls.55 C.1
Fls.56-57 C.1
Fls.41 C.1
Fls.58 – 65 C.1
Fls.41 C.1
Fls.34 C.1
Fls.29 C.1
Fls.160-161 C.1
Fls.178-179 C.1
Al respecto, obra el registro civil de nacimiento que da cuenta que José Andrés Guerrero es hijo de Elida Rosa Guerrero, compañera permanente del señor Luis Alfonso Rumbo. (Fls.11 C.1)
Fls.12 C.1
Fls.160-161 C.1
Fls.178-179 C.1
Obra registro civil de nacimiento de Bill José Rumbo Puerta en el que consta consta que sus padres son Luis Manuel Rumbo y Luz Elena Puerta, padres a su vez de la víctima directa (Fls.13 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Diana Luz Rumbo Puerta en el que consta consta que sus padres son Luis Manuel Rumbo y Luz Elena Puerta, padres a su vez de la víctima directa (Fls.14 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Katty Johana Rumbo Puerta en el que consta consta que sus padres son Luis Manuel Rumbo y Luz Elena Puerta, padres a su vez de la víctima directa (Fls.15 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Laudith Elena Rumbo Puerta en el que consta consta que sus padres son Luis Manuel Rumbo y Luz Elena Puerta, padres a su vez de la víctima directa (Fls.16 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Javier Enrique Rumbo Estrada en el que consta consta que sus padres son Luis Manuel Rumbo y Margarita de Jesús Estrada, padres a su vez de la víctima directa (Fls.17 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Adriana Paola Rumbo Estrada en el que consta consta que sus padres son Luis Manuel Rumbo y Margarita de Jesús Estrada, padres a su vez de la víctima directa (Fls.18 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Luis Alfonso Rumbo Puerta en el que consta que sus padres son Luis Manuel Rumbo y Luz Elena Puerta (Fls.10 C.1)
En aplicación del principio de la non reformatio in pejus, por regla general, no puede agravarse la situación del apelante único, pues esta garantía constitucional ampara el derecho individual de la parte que resultó parcialmente vencida en el proceso, consistente en que, si apela, no puede ser modificado lo que le fue favorable porque la contraparte, al no recurrir, consintió en lo que se decidió en su contra, luego, quien consiente en lo desfavorable de un fallo, dispone de su interés al someterse inmediatamente a él, no obstante tener la posibilidad legal de alzarse contra la decisión mediante la interposición del recurso y sustentación de la apelación. Entonces, el principio de la non reformatio in pejus muestra en el trasfondo la protección de un interés individual que se ampara precisamente porque la otra parte dispuso del suyo al no recurrir lo que le fue desfavorable, evento en el cual las facultades del juez se restringen para proteger el derecho individual del apelante único.

Fls.30 C.1
Fls.160-161 C.1
Fls.178-179 C.1

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