Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2010-00535-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2010-00535-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 20001-23-31-000-2010-00535-02
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
10 de junio de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022)
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 20001-23-31-000-2010-00535-01 (48.266)
Demandante: JAIME GÓMEZ MATTOS Y OTROS
Demandado: LA NACIÓN - CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Acción: REPARACIÓN DIRECTA
Síntesis del caso: se demanda la responsabilidad patrimonial de la Contraloría General de
la República por el daño causado a la parte actora debido al levantamiento tardío de una
medida de suspensión provisional de un cargo en el marco de un proceso de responsabilidad
fiscal.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante1 contra
la sentencia proferida el 14 de febrero de 2013 por el Tribunal Administrativo del
Cesar2 mediante la cual dispuso lo siguiente:
“FALLA
PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA de los perjuicios causados a
los demandantes por la suspensión en el ejercicio del cargo que ocupaba el
señor JAIME GÓMEZ MATTOS como liquidador en la Electrificadora del Cesar
S.A.E.S.P. de acuerdo con las consideraciones de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a pagar a los demandantes
las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios morales.
Para JAIME GÓMEZ MATTOS, en su condición de víctima directa, la suma
de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para JOSÉ JAIME GÓMEZ BAUTE, MARÍA MÓNICA GÓMEZ BAUTE Y
JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ BAUTE, en su condición de hijos de la víctima
directa, la suma de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, para cada uno de ellos.
1
Fls. 594 a 599 cdno. apelación.
2
Fls. 559 a 592 cdno. apelación.
2
Expediente no. 20001-23-31-000-2010-00535-01(48.266)
Actor: Jaime Gómez Mattos y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
Para MARÍA EUGENIA BAUTE ARIAS, en su condición de cónyuge de la
víctima directa, la suma de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Para JAIME GÓMEZ URIBE, en su condición de padre de la víctima directa,
la suma de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
TERCERO: CONDENAR a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, a pagar al señor JAIME GÓMEZ MATTOS, por concepto de
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de
TRESCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($313'769.333).
CUARTO: NEGAR las demás súplicas de la demanda.
QUINTO: Sin condena en costas.
SEXTO: Dese cumplimiento a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso
Administrativo.
SÉPTIMO: En caso de no ser apelada la presente providencia, CONSÚLTESE”
(fls. 590 a 592 cdno. de apelación - negrillas y mayúsculas sostenidas del
original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 30 de noviembre de 20103, Jaime Gómez Mattos en
nombre propio y en representación de Juan Sebastián Gómez Baute (hijo), José
Jaime Gómez Baute (hijo), María Mónica Gómez Baute (hija), María Eugenia Baute
Arias (cónyuge) y Jaime Gómez Uribe (padre) por intermedio de apoderado judicial
presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación - Contraloría
General de la República con las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Que se declare a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios
morales y materiales causados al DR. JAIME GÓMEZ MATTOS, identificado
con la cedula de ciudadanía No. 77.013.999 de Valledupar, en su condición de
EX-LIQUIDADOR DE LA ELECTRIFICADORA DEL CESAR S.A. E.S.P. en
LIQUIDACIÓN, a su menor hijo JUAN SEBASTIAN GÓMEZ BAUTE; a JOSÉ
JAIME GÓMEZ BAUTE, en calidad de hijo, a MARIA MONICA GÓMEZ
BAUTE, en calidad de hija, a su esposa MARIA EUGENIA BAUTE ARIAS, y
a su padre JAIME GÓMEZ URIBE, por la suspensión inmediata que solicitó a
la Superintendencia de Servicios Públicos del cargo que ostentaba, de
LIQUIDADOR DE LA ELECTRIFICADORA DEL CESAR S.A. E.S.P., a través
3
Fls. 256 a 298 cdno. ppal. no. 2.
3
Expediente no. 20001-23-31-000-2010-00535-01(48.266)
Actor: Jaime Gómez Mattos y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
de la Resolución No. 04413 del 15 de marzo de 2000, hasta el día 13 de enero
de 2010, fecha en la cual se le levantó dicha suspensión, por la Resolución No.
0001 del 04 de enero de 2010, expedida por el señor Contralor General de la
República (F.), que le fue comunicada a mi poderdante con el Oficio No.
2010EE991 01, y a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS con el Oficio No. 201EE990 01, ambos de fecha 13 de enero
de 2.010, cuando ya la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
no tenía competencia para reintegrarlo al cargo que fue suspendido por
devolución de dicha electrificadora en liquidación a sus accionistas, y por haber
mancillado su buen nombre, con la investigación fiscal injustificada y
demorada, compulsación de copias bajo premisas erradas y tendenciosas a la
Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación,
originando con ello los procesos correspondientes, difamación de su buen
nombre por presuntos ilícitos en la prensa radiada local, periódicos regional y
nacional, y en la televisión nacional. En una clara falla del servicio.
SEGUNDA: Condenar en consecuencia, a la CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA, como reparación del daño causado a pagar a los actores, o
a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material
y moral, los cuales se estiman como mínimo en la suma de MIL CIENTO
QUINCE. MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS ($1.115.066.224), 0 conforme a 10 que resulte probado dentro del
proceso.
TERCERA: Que se condene a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, a través de su representante legal, para que de manera escrita
presente disculpa al Dr. JAIME GÓMEZ MATTOS, identificado con la cedula
de ciudadanía No. 77.013.999 de Valledupar, por haber mancillado su buen
nombre, con la investigación fiscal injustificada y demorada, compulsación de
copias bajo premisas erradas y tendenciosas a la Fiscalía General de la Nación
y a la Procuraduría General de la Nación, originando con ello los procesos
correspondientes y el detrimento de su patrimonio moral máxime con una
medida de suspensión inmediata del cargo que ostentaba como Liquidador de
la Electrificadora del Cesar S.A. E.S.P., la cual se extendió fuera de los límites
constitucionales, y por consiguiente la perdida de la confianza que en él tenía
depositada la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a título de
DAÑO MORAL SUBJETIVO COMPLEMENTARIO.
CUARTA: Que se condene a la Contraloría General de la República, para que
sobre los créditos adeudados a mi poderdante le pague las sumas necesarias
para hacer los ajustes de valor, conforme al índice de precios al consumidor o
al por mayor y tal como Io autoriza el art. 178 del C.C.A., dando aplicación a la
fórmula de actualización, que esta norma señala de la siguiente forma: (…)
QUINTA: Condenar a LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a
que si no da cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el art. 176 del
C.C.A., pague a favor de mi poderdante intereses comerciales durante los
primeros seis (6) meses contados a partir de la ejecutoría del fallo e intereses
moratorios después de este término conforme lo ordena el art. 177 del C.C.A”
(fls. 267 a 268 cdno. ppal. no. 2 – negrillas y mayúsculas sostenidas del texto
original).
4
Expediente no. 20001-23-31-000-2010-00535-01(48.266)
Actor: Jaime Gómez Mattos y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
Los fundamentos fácticos de la demanda se sintetizan así:
a) Mediante resolución no. 000967 de 28 de enero de 1999 la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante SSPD) decretó la liquidación de la
Electrificadora del Cesar SA ESP y a través Resolución no. 000986 del 29 de enero
de 1999 designó a Jaime Gómez Mattos como liquidador con unos honorarios
mensuales de $ 4.000.000, quien se posesionó a partir de esa fecha.
b) Por medio de la Resolución no. 04413 de 15 de marzo del 2000, la Contraloría
General de la República solicitó a la SSPD la suspensión inmediata en el ejercicio
del cargo de Jaime Gómez Mattos, lo cual cumplió la SSPD con la Resolución no.
002190 del 17 de marzo de 2000; por tal razón, dicha entidad designó en encargo
y luego en propiedad a distintos funcionarios.
c) En fallo de 14 de octubre de 2005, el director de Investigaciones Fiscales de la
Contraloría General de la República determinó que el actor no había incurrido en
responsabilidad fiscal, pero como la decisión no se pronunció sobre el levantamiento
de la suspensión provisional, el 19 de abril de 2006 el demandante le solicitó a la
demandada que adicione el fallo.
d) Por auto no. 000406 de 15 de junio de 2007 la Contraloría General de la
República declaró la prescripción del proceso de responsabilidad fiscal no.146
adelantado en contra del accionante.
e) El 25 de octubre de 2007, el actor le señaló a la entidad demandada que
renunciaba a la prescripción para que esta decidiera de fondo sobre la investigación
fiscal que le adelantó y, además, que reiteraba la petición de 19 de abril de 2006
sobre el levantamiento de la suspensión provisional del cargo.
f) En auto no. 506 de 7 de julio de 2008, la Contralora Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva revocó parcialmente el
auto 406 de 15 de junio de 2007 que declaró la prescripción del proceso de
responsabilidad fiscal y confirmó la decisión de fallar sin responsabilidad fiscal a
favor del demandante en relación con el hecho 17, decisión que le fue notificada al
demandante el 16 de agosto de 2008.
5
Expediente no. 20001-23-31-000-2010-00535-01(48.266)
Actor: Jaime Gómez Mattos y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
g) El 26 de octubre de 2009, el señor Gómez Mattos solicitó a la Contraloría General
de la República que aclarara si revocó la medida de suspensión provisional que le
impuso. Mediante Resolución no 0001 de 4 de enero de 2010 el Contralor General
de la República solicitó a la SSPD el levantamiento de la medida de suspensión
dispuesta por ese despacho en contra del accionante, para lo cual se libró el oficio
no. 201EE990 01 de 13 de enero de 2010.
h) A través de oficio no. 20106000080561 de 8 de febrero de 2010, la SSPD informó
a la Contraloría que no podía cumplir con la orden de levantar la medida de
suspensión del cargo que ocupaba el actor, impartida en la Resolución no. 0001 de
4 de enero de 2010, porque i) dicha medida estuvo vigente hasta que se emitió la
Resolución SSPD 002264 de 2000 que designó nuevo liquidador y relevó de ese
cargo al actor; y ii) con la Resolución SSPD 200551300001125 de 25 de enero de
2005, se declararon concluidas las obligaciones de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios sobre el proceso de liquidación de la Electrificadora del César
SA ESP.
i) Pese a que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación
archivaron las investigaciones seguidas contra el actor como consecuencia del
proceso fiscal, ello le restó opciones laborales.
j) Algunos medios de prensa noticiaron sobre las investigaciones que los entes de
control y la fiscalía le adelantaron al demandante, lo que puso en tela de juicio la
honra del actor y perjudicó a su núcleo familiar.
2. Contestación de la demanda
Mediante auto de 14 de abril de 2011 el Tribunal Administrativo del Cesar decidió
no tener en cuenta la contestación de la demanda que presentó la Contraloría
General de la República porque, tanto el poder como la demanda se allegaron en
copias simples, sin firmas originales y no se acreditó que el poderdante era el
representante legal de la entidad demandada (fol. 321 cdno. ppal. no. 2).
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Actor: Jaime Gómez Mattos y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
3. Alegatos de conclusión
3.1 Parte demandante
En síntesis, señaló que si bien la Contraloría General de la República suspendió a
Jaime Gómez Mattos en el cargo de liquidador de la Electrificadora del Cesar SA
ESP, demoró injustificadamente el levantamiento de dicha medida cautelar luego
de la absolución fiscal del actor, lo cual le generó los perjuicios reclamados (fls. 498
a 519 cdno. ppal. no. 2).
3.2 Nación - Contraloría General de la República
Sostiene, básicamente, que las pretensiones no están llamadas a prosperar porque
i) existe decaimiento del acto de suspensión provisional del cargo del demandante
cuando éste perdió la calidad de liquidador de la Electrificadora; ii) la acción
procedente en este caso era la de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
resolución de la SSPD que ordenó su desvinculación; iii) hay caducidad de la acción
de reparación directa por cuanto si el 7 de agosto de 2008 se confirmó la absolución
fiscal del actor a partir de esa fecha pasaron más de dos años hasta la presentación
de la conciliación extrajudicial el 14 de septiembre de 2010; iv) no está probada la
falla del servicio y el daño antijurídico porque la suspensión se adoptó en el marco
del ordenamiento jurídico y, v) hay incongruencia entre las pretensiones y lo alegado
por cuanto el tiempo que duró suspendido solo fue de cuatro días hasta que se
nombró a un nuevo liquidador (fls. 521 a 532 cdno. ppal no. 2).
4. Sentencia de primera instancia
El 14 de febrero de 2013, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la
responsabilidad patrimonial de la Contraloría General de la República por el daño
reclamado y la condenó a pagar a los demandantes perjuicios materiales y morales,
por las siguientes razones: i) la acción de reparación directa es procedente en este
caso, porque el actor pretende la indemnización del daño proveniente de la
ejecución y revocación de la medida de suspensión provisional en el ejercicio del
cargo que ocupaba en la Electrificadora del Cesar; ii) la responsabilidad de la
Contraloría General de la República se estructura por mantener esa cautelar
7
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después de la absolución fiscal del demandado, pues, cuando esta revocó la
suspensión, la entidad nominadora (SSPD) ya no tenía competencia para reintegrar
al actor en el cargo de liquidador y por ello este no pudo percibir sus emolumentos;
iii) se reconoce al demandante lucro cesante desde que fue suspendido del cargo
(17 de marzo de 2000) hasta cuando se declararon concluidas las obligaciones de
la SSPD (29 de noviembre de 2004); iv) también se indemnizan perjuicios morales,
porque la prolongación injustificada de la cautelar dejó en entredicho el buen
nombre del actor, sumado a que las investigaciones fiscales, penales y disciplinarias
que se le adelantaron fueron difundidas por distintos medios de comunicación; y, v)
finalmente, no ordena a la entidad demandada presentar disculpas al actor porque
el caso no corresponde a una grave violación de los derechos humanos (fls. 559 a
592 cdno. apelación).
5. Los recursos de apelación
5.1 Parte demandante
La parte actora solicitó que se acceda a la pretensión de daño emergente por lo
honorarios pagados a su apoderado y se ordene a la Contraloría General de la
República a pedir disculpas por mancillar el buen nombre de Jaime Gómez Mattos
(fls. 302 a 305 cdno. apelación).
5.2 Nación - Contraloría General de la República
La entidad demandada pide que se revoque la sentencia de primera instancia por
las siguientes razones: i) aunque el actor solicitó a la entidad demandada el
levantamiento de la suspensión provisional del cargo, es falso que dicha situación
le ocasionó un perjuicio continuado al actor por cuanto la medida solo se mantuvo
por cuatro días, esto es, hasta cuando se nombró al otro liquidador en la
Electrificadora del Cesar; ii) no hubo dilaciones injustificadas, porque la situación
jurídica del actor no se definía con el acto administrativo que levantaba la
suspensión del cargo sino el 7 de julio de 2008 cuando se determinó que no tenía
responsabilidad fiscal; iii) existe caducidad, porque, si el daño se concretó el 7 de
julio de 2008 cuando se absolvió al accionante, este solo tenía hasta el 7 de julio de
2010 para presentar la demanda, pero la impetró el 14 de septiembre de 2010; iv)
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Actor: Jaime Gómez Mattos y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
el demandante no sufrió perjuicios con la ejecución de la medida de suspensión,
porque no se probó que la Resolución 04413 de marzo 15 del 2000 proferida por la
Contraloría (vigente por cuatro días) le ocasionó los perjuicios que se describen
tanto en la demanda como en la sentencia; y v) tampoco se demostró la
responsabilidad de la Contraloría General de República en el despliegue
periodístico de las investigaciones adelantadas contra el actor.
6. Alegatos de conclusión segunda instancia
Por auto de 14 de febrero de 2014 se admitieron los recursos de apelación (fl. 649
cdno. de apelación) y, posteriormente, el 14 de marzo del mismo año (fl. 651 cdno.
de apelación) se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión por el término
común de diez (10) días y, por el mismo lapso al Ministerio Público para que emitiera
concepto.
Dentro del término concedido la parte actora insistió en lo dicho en el recurso de
apelación (fls. 652 a 670 cdno. apelación).
La parte demandada solicitó revocar en su integralidad el fallo de primera instancia
(fls. 672 a 681 cdno. de apelación) y reiteró los argumentos esbozados durante el
proceso.
7. El concepto del Ministerio Público
Considera que la entidad demandada es responsable por mantener la medida de
suspensión después de la absolución fiscal del demandante, pues, una vez emitido
el fallo sin responsabilidad fiscal la Contraloría General de la República no levantó
la medida en primera ni en segunda instancias y solo accedió por sendos
requerimientos del demandante; por tanto, estima que se debe resarcir la pérdida
de oportunidad del actor en la obtención de los honorarios en el cargo de liquidador
desde que se hizo efectiva la medida cautelar hasta cuando la empresa fue devuelta
a sus accionistas y cesaron las obligaciones de la Superintendencia y del liquidador;
el reconocimiento de perjuicios morales debe reducirse a un 50%, pero, no es
posible reconocer otros perjuicios porque no se encuentran acreditados (fls 682 a
693 cdno. de apelación).
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Expediente no. 20001-23-31-000-2010-00535-01(48.266)
Actor: Jaime Gómez Mattos y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) síntesis de la controversia y decisión
que se adoptará, 2) procedencia de la acción de reparación directa, 3) caducidad,
4) conclusión, y 5) condena en costas.
1. Síntesis de la controversia y decisión que se adoptará
Se debe establecer si la Contraloría General de la República debe reparar el daño
reclamado por haber suspendido provisionalmente al señor Jaime Gómez Mattos
en el ejercicio del cargo de liquidador de la Electrificadora del Cesar con ocasión de
una investigación fiscal que le adelantó en su contra y de la cual resultó absuelto,
pese a esto último la medida cautelar no se levantó con la decisión absolutoria sino
después de sendas peticiones del demandante.
El fallo de primera instancia estimó que la entidad demandada es responsable por
dilatar el levantamiento de la medida de suspensión provisional lo cual impidió que
la entidad nominadora pudiera reintegrar al actor en el cargo de liquidador y que
este percibiera sus emolumentos.
En sus apelaciones, los demandantes solicitan que se confirme la sentencia de
primera instancia, se acceda al perjuicio material de daño emergente por pago de
honorarios de abogado y se ordene pedir disculpas por la afectación al buen nombre
del señor Gómez Mattos. De otro lado, la entidad demanda pide que se revoque el
fallo porque la medida cautelar no comporta un perjuicio continuado por mantenerse
cuatro días; el despliegue periodístico sobre las investigaciones adelantadas en
contra del actor no le es imputable; no hubo dilación injustificada de la investigación
fiscal porque la situación jurídica del actor no se definía con el levantamiento de la
suspensión sino con la decisión de responsabilidad fiscal; y existe caducidad de la
acción de reparación directa porque, si la situación jurídica del actor se definió el 7
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de julio de 2008, este solo tenía hasta el 7 de julio de 2010 para presentar la
demanda, no obstante, se presentó la demanda el 14 de septiembre de 2010.
La sentencia de primera instancia será revocada porque existe caducidad de la
acción de reparación directa, por cuanto la parte demandante acudió a esta
jurisdicción por fuera de plazo legal para reclamar por el daño derivado de la medida
suspensión provisional en el ejercicio del cargo que la entidad demandada le impuso
al afectado dentro de un proceso de responsabilidad fiscal seguido en su contra,
daño que se materializó y develó antijurídico a partir de la decisión de absolución
sin responsabilidad fiscal del señor Gómez Mattos.
2. Procedencia de la acción de reparación directa
1) La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido en forma reiterada que la
escogencia de la acción para controlar las actuaciones de la administración no
depende de la voluntad del accionante sino de la fuente del daño4; por regla general
si este proviene de un acto administrativo ilegal el mecanismo resarcitorio procedente
es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, mientras que si el daño
emerge de un hecho, una omisión, o una operación administrativa, o la ocupación
temporal o permanente de inmuebles por razón de trabajos públicos la reparación
directa será la acción indemnizatoria idónea.
2) Esta Corporación también ha reconocido que la acción de reparación directa
procede excepcionalmente para reclamar los perjuicios causados por acto un
administrativo legal en el entendimiento que “el ejercicio de la función
administrativa, ajustado al ordenamiento jurídico, puede generar un rompimiento
del equilibrio de las cargas públicas, donde la procedencia de la acción de
reparación directa obedece a la ausencia de cuestionamiento respecto de la
legalidad del acto administrativo que generó los perjuicios alegados por la parte
actora”5.
4
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de mayo de 2011. exp. 26.758. Así mismo,
ver, entre otras, las sentencias de 7 de junio de 2007, exp. 16.474; del 19 de julio de 2007. exp.
30.905; del 31 de agosto de 2005. exp. 29.511.
5
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2020, exp. 25000-
23-26-000-2010-00281-01(45650), MP Alberto Montaña Plata.
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Expediente no. 20001-23-31-000-2010-00535-01(48.266)
Actor: Jaime Gómez Mattos y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
3) En el presente caso, la fuente del daño deriva de la Resolución número 004413
del 15 de marzo de 2000 proferida por el Contralor General de la República que
dispuso la suspensión provisional en el ejercicio del cargo que ocupaba el señor
Jaime Gómez Mattos con ocasión de la investigación fiscal adelantada en su contra,
situación que en principio tornaría improcedente la acción de reparación directa por
cuanto la acción procedente sería la de nulidad y restablecimiento del derecho.
4) Sin embargo, la Sala estima que la acción de reparación directa incoada en el
presente caso resulta idónea para la reparación del daño causado a los
demandantes con el acto de suspensión provisional6 en el ejercicio del cargo porque
i) no se impugna la legalidad de esta medida, sino que, se reclaman los perjuicios
que le ocasionó al demandante por su absolución fiscal y la extensión injustificada
de la misma hasta que fue revocada por la entidad demandada7 (fl.126 a 128 cdno.
1); ii) la Sección Segunda del Consejo de Estado ha precisado sobre este punto que
dicho acto no es demandable ante esta jurisdicción porque se trata de una decisión
preparatoria de carácter temporal que busca asegurar la transparencia del control
fiscal8; y iii) la Corte Constitucional estableció que el acto de suspensión no define
la situación jurídica del sujeto pasivo de la investigación fiscal, pero, cuando el
proceso culmina con una decisión de archivo o de absolución surge la obligación de
reparar del daño causado por la suspensión a través de la acción contenciosa
pertinente.
3. Caducidad de la acción de reparación directa
1) El artículo 136-8 del CCA establece que opera la caducidad de la acción de
reparación directa al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del
día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de
ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por
causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.
6
Resolución no. 004413 de 15 de marzo de 2000, proferida por la Contraloría General de la
República.
7
Resolución 001 de 2010 del 4 de enero de 2010.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 14 de noviembre de 2013, exp. 2006-00393-
01(1734-13).
12
Expediente no. 20001-23-31-000-2010-00535-01(48.266)
Actor: Jaime Gómez Mattos y otros
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2) El demandante plantea que el daño reclamado proviene de la medida de
suspensión provisional en el ejercicio del cargo que ocupaba en ese entonces como
liquidador de la Electrificadora del Cesar, la cual le impuso la Contraloría General
de la República a través de la Resolución no. 004418 de 15 de marzo de 2000
dentro de la investigación de responsabilidad fiscal no. 146 que esa entidad le
adelantaba en su contra (fls. 12 y 13 cdno. 1), medida que hizo efectiva la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD)mediante Resolución
no. 002190 de 17 de marzo de 2000 (fl. 14 cdno. 1).
Igualmente, aduce el actor que, pese a que la Contraloría lo absolvió
definitivamente, sin responsabilidad fiscal, por auto 506 de 7 de julio de 2008,
notificado el 16 de agosto del mismo año, la entidad demandada extendió
injustificadamente esa medida hasta que finalmente fue levantada por el Contralor
General de la República el 4 de enero de 2010 mediante la Resolución no. 001 (fls.
126 a 128 cdno. ppal. no. 1); por consiguiente, presupone que como la demanda
fue presentada el 30 de noviembre de 2010 la acción de reparación directa fue
impetrada dentro del plazo legal.
3) De acuerdo con el anterior planteamiento, se advierte que la parte actora
considera que el daño reclamado por la medida de suspensión culminó cuando el
Contralor General de la República le solicitó a la SSPD que efectuara el
levantamiento de la misma a través del citado acto administrativo; sin embargo, la
Sala considera que ese entendimiento para contabilizar el término de caducidad de
la acción de reparación directa no es correcto porque, según la normatividad que
regula la materia y la jurisprudencia de esta Sección, el señor Gómez Mattos tenía
la obligación legal de soportar los efectos de la citada medida de suspensión hasta
que cesará definitivamente la investigación fiscal adelantada en su contra, por lo
cual solo podía solicitar la reparación judicial de los perjuicios causados con esa
medida cautelar una vez este resultara absuelto sin responsabilidad fiscal en forma
definitiva, pues, solo a partir de ese momento se podía predicar que el daño irrogado
se tornaba antijurídico.
4) En ese contexto, las pruebas que obran en el expediente demuestran que la
entidad demandada finalmente absolvió de responsabilidad fiscal al señor Gómez
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Expediente no. 20001-23-31-000-2010-00535-01(48.266)
Actor: Jaime Gómez Mattos y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
Mattos mediante auto 506 de 7 de julio de 2008, el cual le fue notificado al
demandante el 16 de agosto del mismo año (fls. 100 a 110 cdno. 1), lo cual significa
que la antijuridicidad del daño se consolidó a partir de ese momento.
Por consiguiente, es claro que el término de caducidad de la acción de reparación
directa inició a correr desde el 17 de agosto de 2008 hasta el 17 de agosto de 2010;
no obstante, se encuentra acreditado que la parte demandante no interrumpió el
término de caducidad en forma oportuna, puesto que presentó la solicitud de
conciliación extrajudicial el 14 de septiembre de 2010, esto es, cuando ya había
fenecido el plazo legal para dicho efecto, pues, aunque la conciliación fue declarada
fallida el 18 de noviembre de ese mismo año y la demanda se presentó el 30 de
noviembre de esa anualidad, se había configurado el fenómeno de la caducidad de
la acción porque la parte actora no cumplió con su carga procesal de acudir a la
conciliación extrajudicial en forma oportuna para interrumpir el término de caducidad
(fls. 250 a 252 cdno. ppal. no. 1).
5) En ese entendimiento, considera la Sala que no era posible contabilizar dicho
término después del 4 de enero de 2010, fecha en la que la entidad demandada
dispuso que la SSPD levantara la suspensión, pues, el perjuicio reclamado por la
extensión de dicha medida con posterioridad a la absolución fiscal del afectado no
es real, por el hecho de que el 25 de enero de 2005 la SSPD levantó la toma de
posesión de los negocios, bienes y haberes de la Electrificadora del Cesar SA ESP,
determinó que la liquidación continuaba bajo la responsabilidad de los accionistas y
declaró concluidas las obligaciones de la superintendencia y el liquidador (fls. 27 y
28 cdno. no. 1), por consiguiente, a partir de ese momento cesó definitivamente la
intervención de la mencionada superintendencia y con ello toda posibilidad de
mantener la designación de un agente liquidador, circunstancia por la cual ya no
había ninguna opción de que el actor pudiese retornar al ejercicio del cargo de
liquidador de la empresa objeto de intervención por parte de ese órgano de control,
lo cual pone en evidencia que la orden de levantar la medida de suspensión del
actor en dicho empleo luego de que fue absuelto en el proceso de responsabilidad
fiscal ya no era factible por sustracción de materia, y por tanto una orden en tal
sentido resultaba intrascendente, huelga decir, completamente inane, sin ningún
efecto práctico por no existir ninguna posibilidad de que el actor retornara a ejercer
las funciones de agente liquidador de la empresa Electrificadora del Cesar SA ESP,
sin perjuicio, igualmente, que este ya había sido removido de ellas con mucha
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Expediente no. 20001-23-31-000-2010-00535-01(48.266)
Actor: Jaime Gómez Mattos y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
antelación por la SSPD y haberse designado inicialmente en encargo a otros
personas en su reemplazo y luego a otro en propiedad.
En efecto, debe advertirse que mediante Resolución 4413 de 15 de marzo de 2000
el Contralor General de la República solicitó a la SSPD la suspensión del
demandante (fls. 12 a 13 cdno 1), en atención de lo cual a través de la Resolución
2264 del 21 de marzo de 2000 la SSPD suspendió al demandante y encargó de las
funciones de liquidador de la empresa electrificadora a José Carlos Celedón Holguín
quien se posesionó en esa fecha (fls. 14 a 18); luego, mediante Resolución 3418 de
26 de abril de 2001, la SSPD aceptó la renuncia de José Carlos Celedón y designó
como liquidador en encargo a José Alfonso Ovalle, quien se posesionó ese mismo
día (fls. 19 a 21 cdno 1); posteriormente, mediante Resolución 6440 de 14 de mayo
de 2002, la SSPD removió a José Alfonso Ovalle y designó a Héctor Jose Carillo
Saavedra como nuevo liquidador, quien tomó posesión del cargo en esa fecha (fls.
22 a 24 cdno 1); finalmente, por Resolución 2926 la SSPD relevó al anterior
liquidador y designó en su reemplazo a Gisela Pastora Ariño Brito (fls 25 a 26 cdno
1); más tarde, mediante Resolución 1125 de 25 de enero de 2005, la SSPD levantó
la toma de posesión de la electrificadora por lo cual el proceso de liquidación debía
continuar con los accionistas y declaró concluidas las obligaciones de la SSPD y
del liquidador a partir de 29 de noviembre de 2004, fecha en que la liquidadora rindió
cuentas y entregó la liquidación a los accionistas de la empresa (fls 27 a 28 cdno.
1).
Según este recorrido, a partir de la suspensión del actor ocurrida el 7 de marzo de
2000 (Resolución 2190) y el nombramiento del primer encargado el 21 de marzo de
2000 (Resolución 2264), tan solo transcurrieron diecisiete (17) días calendario.
El 14 de mayo de 2002 se nombró a José Carillo Saavedra (Resolución 6440), sin
precisarse en el acto de designación si el nombramiento se hacía en encargo o en
propiedad.
Lo anterior también pone de manifiesto que la alegada prolongación de la medida
de suspensión provisional en el ejercicio del cargo que ocupaba el actor en la
Electrificadora del Cesar SA ESP no tenía ninguna incidencia jurídica en la
oportunidad procesal que tenía la parte actora para acudir oportunamente a esta
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Actor: Jaime Gómez Mattos y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
jurisdicción para reclamar por el daño especial que dicha cautelar le ocasionó, el
cual, se reitera, se consolidó a partir de la absolución fiscal definitiva del
demandante y no cuando se levantó finalmente la cautelar que, además, por su
naturaleza se encontraba unida a la suerte que corriera el proceso fiscal del que
hacía parte.
Dicho en otros términos, jurídicamente no resulta posible contabilizar el término de
caducidad de la acción de reparación directa para presentar oportunamente la
demanda a partir del levantamiento de la medida de suspensión provisional que
efectuó la entidad demandada a través de la Resolución no. 001 de 4 de enero de
2010, sino, después de la fecha de notificación de la decisión en la que absolvió
definitivamente al afectado dentro del proceso fiscal seguido en su contra, evento a
partir de cual se materializó la antijuridicidad del daño que le ocasionó los perjuicios
reclamados.
6) Por consiguiente, es claro que en este caso se configuró la caducidad de la acción
de reparación directa en la medida que la parte actora no acudió oportunamente a
esta jurisdicción luego de la consolidación efectiva del daño antijurídico a partir de
la absolución fiscal definitiva del señor Gómez Mattos, razón por la cual la Sala
declarará de oficio dicha excepción.
4. Conclusión
Se revoca la decisión de primera instancia porque la acción de reparación directa
incoada en esta causa se presentó por fuera del plazo previsto en el artículo 136-8
del CCA, por lo cual la Sala declarará de oficio dicha excepción.
5. Condena en costas
De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay
lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia en el caso concreto
actuación temeraria de alguna de las partes.
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Expediente no. 20001-23-31-000-2010-00535-01(48.266)
Actor: Jaime Gómez Mattos y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Revócase la sentencia de 14 de febrero de 2013 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar.
2º) Declárase de oficio probada la excepción de caducidad de la acción de
reparación directa.
3°) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal a la parte
demandante.
4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
(Firmado electrónicamente)
FREDDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado ponente Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
integrantes de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
plataforma digital SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 del Decreto-ley 806 de
2020.
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