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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-31-000-2010-00548-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 20001-23-31-000-2010-00548-02

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 20001-23-31-000-2010-00548-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR el numeral CUARTO de la parte resolutiva de la sentencia apelada, atendiendo las razones expresadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR, en sus demás partes, la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 61 Número único de radicación: 20001-23-31-001-2010-00548-02 Actor: LUIS FABIÁN FERNÁNDEZ MAESTRE CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 20001-23-31-000-2010-00548-02

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

5 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 02001-23-31-001-2010-00548-02
Referencia. Nulidad
Actor: LUIS FABIÁN FERNÁNDEZ MAESTRE

TESIS: NO SE PUEDEN CELEBRAR LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE
EL SEGUNDO INCISO DEL ARTÍCULO 355 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA, CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE
RECONOCIDA IDONEIDAD, CUANDO EL OBJETO DE LOS MISMOS
RECAIGA SOBRE BIENES INMUEBLES POR NO SER ESTOS RECURSOS
PRESUPUESTALES.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la

parte demandada contra la sentencia de 18 de abril de 2013,

proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró la

nulidad de los Acuerdos núms. 042 de 10 de agosto de 1998,

“Por el cual se conceden facultades al Alcalde para la suscripción de

un convenio de aporte”, 010 de 16 de abril de 2000, “Por el cual

se modifica el Acuerdo 042 del 10 de agosto de 1998”, expedidos por

el Concejo del Municipio de Valledupar; y del Negocio Jurídico

contenido en la Escritura Pública núm. 632 de 28 de marzo de

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Actor: LUIS FABIÁN FERNÁNDEZ MAESTRE

2000, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de dicho Municipio,

mediante el cual se eleva “a escritura pública el CONVENIO DE

APORTE DE UN LOTE DE TERRENO ENTRE EL MUNCIPIO DE

VALLEDUPAR Y FUNDACION FESTIVAL DE LA LEYENDA

VALLENATA, de fecha cinco (5) de Noviembre de Mil Novecientos

Noventa y Ocho (1.998)” y se “transfiere a título de aporte a la

FUNDACIÓN FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA, el derecho de

dominio” sobre el bien inmueble “La Esperanza.” Así mismo, ordenó

a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata a restituir el referido

bien inmueble, del cual fue transferido su dominio.

I. ANTECEDENTES

I.1. LUIS FABIÁN FERNÁNDEZ MAESTRE, en su calidad de

Alcalde Municipal de Valledupar y en ejercicio de la acción de nulidad,

prevista en el artículo 84 del CCA, presentó demanda ante el Tribunal

Administrativo de Cesar, tendiente a que mediante sentencia se

declarara la nulidad de los citados Acuerdos, expedidos por el

Concejo del Municipio de Valledupar y del referido negocio jurídico en

mención, y que se ordenara a la FUNDACIÓN DE LA LEYENDA

VALLENATA la devolución del predio “La Esperanza” al Municipio de

Valledupar.

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I.2. En apoyo de sus pretensiones señaló, en síntesis, los siguientes

hechos:

1º. Que el predio “La Esperanza” fue adquirido por el Municipio de

Valledupar mediante expropiación a la sociedad Construcciones e

Inversiones Santa Rosalía Ltda., previa declaración como bien de

utilidad común, por parte del Concejo de dicho Municipio, con el

objeto de realizar la ampliación del Parque Lineal de Hurtado.

2º. Agregó que el referido inmueble ingresó al patrimonio de ese

Municipio en calidad de bien de uso público.

3º. Que, posteriormente, el Concejo Municipal de Valledupar, a

través del Acuerdo núm. 007 de 3 de abril de 2000, cambió su

destinación y lo convirtió en un bien fiscal, con el fin de conseguir

créditos y recursos de financiación para la construcción del Parque

de la Leyenda Vallenata.

4º. Indicó que mediante el Acuerdo núm. 042 de 10 de agosto

de 1998, el Concejo Municipal de Valledupar concedió facultades al

alcalde del Municipio en mención, para suscribir un convenio de

aporte con la FUNDACIÓN FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA,

para la construcción del parque de la Leyenda Vallenata.

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5º. Que ante el vencimiento de esas prerrogativas otorgadas, el 16

de abril de 2000, el Concejo Municipal de Valledupar expidió del

Acuerdo Municipal núm. 10, que modificó el citado Acuerdo núm.

042 de 1998, en el sentido de concederle facultades a dicho alcalde

para suscribir un contrato o convenio con la Fundación Festival de la

Leyenda Vallenata, por medio del cual el mencionado Municipio le

transfiere la propiedad o dominio del predio La Esperanza, y esta

construya el parque de la Leyenda Vallenata con sus propios recursos

y preste sus servicios a la Administración Municipal en el fomento de

la cultura.

6º. Sostuvo que en virtud de esa autorización el alcalde de

Valledupar, en representación de ese Municipio, otorgó la Escritura

Pública núm. 632 de 28 de marzo de 2000, en la Notaría Primera del

Circuito de Valledupar, a través de la cual transfirió el dominio y la

posesión, a título de aporte, del predio La Esperanza, con extensión

de 23 hectáreas, en favor de la Fundación Festival de la Leyenda

Vallenata.

I. 3. NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS Y CONCEPTO DE
VIOLACIÓN

A juicio del actor, los actos demandados violaron los artículos 70 y

355 de la Constitución Política.

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En orden a sustentar la violación de las normas superiores de derecho

antes invocadas sostuvo, principalmente, lo siguiente:

Que de los actos acusados se establece que el predio “La Esperanza”

fue cedido de manera gratuita por el Municipio de Valledupar en favor

de la FUNDACIÓN FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA.

Con relación a la primera disposición constitucional, indicó que si bien

es cierto que este mandato constitucional impone al Estado

perentorias obligaciones en relación con la cultura, también lo es que

no contiene facultad habilitante alguna para transferir bienes

inmuebles en favor de particulares.

En lo concerniente a la segunda norma violada, expresó que el

Consejo de Estado en concepto de la Sala de Consulta y Servicio

Civil1, descrito al pie de página, ha definido su alcance, en el sentido

de que los contratos que se podrán celebrar “con recursos de los

respectivos presupuestos”, a que se refiere esa disposición,

solamente pueden versar sobre obligaciones de naturaleza dineraria,

estando excluidos los bienes inmuebles, por cuanto éstos no son

1
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 3 de septiembre de 2009, C.P.
Enrique José Arboleda Perdomo, número único de radicación 11001-03-06-000-2009-00039-00 (1957).

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recursos del presupuesto, a pesar de que formen parte del

patrimonio de la respectiva entidad, como activos que se reflejan en

la contabilidad pública.

Concluyó que tanto los Acuerdos, que concedieron facultades al

alcalde Municipal de Valledupar para realizar la transferencia del

bien, como el acto que contiene esa enajenación, violaron las citadas

normas constitucionales.

I.4. CONTESTACION DE LA DEMANDA

I.4.1.- El MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, mediante apoderado,

contestó la demanda y solicitó atenerse a lo que resulte probado en

el mismo, de acuerdo con los fundamentos fácticos y jurídicos.

I.4.2.- El CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, a través de

apoderado, al contestar la demanda pidió que se dicte sentencia

conforme a las pretensiones de la demanda y la contestación de

ésta.

I.4.3.- La FUNDACIÓN FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA

no contestó la demanda, no obstante haber sido notificada.

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II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 18 de abril de 2013, el Tribunal Administrativo

del Cesar declaró la nulidad de los Acuerdos núms. 042 de 10 de

agosto de 1998, “Por el cual se conceden facultades al Alcalde para

la suscripción de un convenio de aporte”, 010 de 16 de abril de

2000, “Por el cual se modifica el Acuerdo 042 del 10 de agosto de

1998”, expedidos por el Concejo del Municipio de Valledupar; y del

Negocio Jurídico contenido en la Escritura Pública núm. 632

de 28 de marzo de 2000, otorgada en la Notaría Primera del Círculo

de dicho Municipio, mediante el cual se eleva “a escritura pública el

CONVENIO DE APORTE DE UN LOTE DE TERRENO ENTRE EL

MUNCIPIO DE VALLEDUPAR Y FUNDACION FESTIVAL DE LA

LEYENDA VALLENATA, de fecha cinco (5) de Noviembre de Mil

Novecientos Noventa y Ocho (1.998)” y se “transfiere a título de

aporte a la FUNDACIÓN FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA, el

derecho de dominio” sobre el bien inmueble “La Esperanza.”

Asimismo, ordenó a la FUNDACIÓN FESTIVAL DE LA LEYENDA

VALLENATA restituir el bien inmueble, del cual fue transferido su

dominio, mediante convenio de aporte suscrito por el Municipio de

Valledupar para la construcción del Parque de la Leyenda Vallenata,

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ubicado en el Parque Lineal de Hurtado del Municipio de Valledupar,

sobre el predio “La Esperanza”.

Y, dispuso que, por Secretaría, se compulsaran copias de la sentencia

y del escrito de alegato de conclusión, visible a folios 326 a 336, con

destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de

la Judicatura, para que se investigue la presunta falta disciplinaria en

que pudo incurrir el abogado HUGO MENDOZA GUERRA, al no

observar la posible mesura y ponderación respecto de los servidores

públicos de la justicia.

Advirtió que la acción de lesividad es improcedente para demandar

la nulidad del negocio jurídico contenido en la Escritura Pública núm.

632 de 28 de marzo de 2000, teniendo en cuenta que las decisiones

susceptibles de ser controvertidas a través de esta acción son

declaraciones de voluntades unilaterales emitidas por una autoridad

administrativa (acto administrativo), y en este caso, el negocio

contenido en dicha escritura pública se trata de un acto bilateral

(convenio de aporte) entre el Municipio de Valledupar y la Fundación

Festival de la Leyenda Vallenata.

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Estimó que por la naturaleza del negocio jurídico contenido en dicha

escritura y en consideración a los Acuerdos acusados, los mismos

pueden ser susceptibles de enjuiciamiento a través de la acción de

nulidad, por cuanto en la demanda no se evidencia intención

diferente a la de proteger la legalidad y el ordenamiento jurídico, los

cuales revisten un interés para la comunidad, dado que su efectos

implicarían un “resquebrajamiento del orden jurídico y el

desmejoramiento del patrimonio económico y social del Municipio de

Valledupar”.

Aclaró que en la presente demanda no existe prueba que respalde la

afirmación realizada por el apoderado de la FUNDACIÓN FESTIVAL

DE LA LEYENDA VALLENATA, en el memorial de alegato de

conclusión, en el sentido de que la Escritura Pública núm. 632 de 28

de marzo de 2000 fue dejada sin efectos por la Escritura Pública núm.

1134 de 15 de agosto de 2000; y que aquella no fue registrada en el

folio de matrícula inmobiliario núm. 190-814 de la Oficina de

Instrumentos Públicos de Valledupar.

Que lo único cierto es que el negocio jurídico contenido en la citada

Escritura Pública núm. 632 de 28 de marzo de 2000 constituye plena

prueba de que le fue transferido el bien inmueble, toda vez que fue

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aportada en copia auténtica, que no genera duda sobre el acuerdo

de voluntades. Para el efecto, citó la sentencia2 de la Sección Tercera,

que señaló que las certificaciones que expida el Registrador de

Instrumentos Públicos sobre el folio de matrícula de un negocio

jurídico de transferencia del derecho de propiedad sobre bienes

raíces demuestran que operó la tradición, “pero no suplen la prueba

de los actos y contratos que se menciona en ellas”.

Que, por ello, es procedente el estudio de legalidad del negocio

jurídico elevado en la referida escritura pública, que contiene el

convenio celebrado entre el Municipio de Valledupar y la Fundación

en mención, pues el mismo sigue vigente y continúa produciendo

efectos jurídicos.

Anotó que, además, dicho negocio jurídico es susceptible de ser

demandado ante esta Jurisdicción, de conformidad con lo señalado

por el Consejo de Estado en sentencia de la Sección Primera 3, en la

que se expresó que lo que sí puede ser enjuiciado ante esta

Jurisdicción es su contenido, siempre y cuando éste consista en un

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 29 de marzo
de 2012, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, número único de radicación 05001-23-25-000-1997-1895-01
(21293).

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo
de 2005, C.P. Rafael Ostau De Lafont, número único de radicación 11001-03-24-000-1999-02477-01.

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acto administrativo o un acuerdo de voluntades, en el que intervenga

una entidad estatal.

Manifestó que los Acuerdos acusados se fundamentan en lo

establecido en los artículos 70 y 355 de la Constitución Política; y 32,

numeral 3, y 91, literal d), numeral 5, de la Ley 136 de 2 de junio de

1994.4

Indicó que en la exposición de motivos del Proyecto de Acuerdo

núm. 042 de 10 de agosto de 1998, se señaló:

“[…] En este orden de ideas, el Municipio de Valledupar ha
querido vincularse a este noble propósito suscribiendo un
convenio de aporte a la Fundación en los términos de los
artículos 70 y 355, inciso 2º de la Constitución Nacional que
establecen como deber del Estado, Municipio en este caso, el
deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos
los colombianos en igualdad de oportunidades, permitiéndole
la inversión de recursos con tal fin […]”.

Afirmó que en la exposición de motivos del Proyecto de Acuerdo

núm. 010 de 16 de abril de 2000, se estableció que la

transferencia se hará a título oneroso como contraprestación al

ejercicio de funciones públicas a cargo del Estado, inciso 2º del

artículo 355 de la Constitución Política, en concordancia con el

4
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”.

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Decreto 777 de 16 de mayo de 19925, expedido por el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público y el Presidente de la República.

Expresó que le asiste razón al actor cuando sostiene que el citado

artículo 70 de la Constitución Política no autoriza la transferencia de

bienes públicos a particulares, lo cual puede apreciarse con la simple

confrontación de la norma superior con el acto acusado. En

consecuencia, este proceder vicia de nulidad los mencionados

Acuerdo acusados.

Señaló que también se evidencia una “clara contraprestación” de los

actos demandados con lo establecido en el artículo 355 de la

Constitución Política.

Explicó que los Acuerdos acusados y el convenio protocolizado,

mediante la escritura pública núm. 632 de 28 de marzo de 2000,

tienen como objeto transferir la propiedad o dominio de un lote de

terreno de propiedad del Municipio de Valledupar para la construcción

del Parque de la Leyenda Vallenata, aporte que, conforme con lo

previsto en el citado artículo 355, no está autorizado, toda vez que

5
“Por el cual se reglamenta la celebración de los contratos a que se refiere el inciso segundo del
artículo 355 de la Constitución Política”.

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los bienes inmuebles no hacen parte del presupuesto de ese ente

territorial, sino que constituyen el patrimonio público del mismo.

Para el efecto, acogió el concepto emitido por la Sala de Consulta y

Servicio Civil del Consejo de Estado6 que concluyó:

“[…] que tanto por su ubicación en el contexto de la Carta
como por la precisión en el uso de los términos, la expresión
“recursos de los respectivos presupuestos” no pudo ser más
explícita en cuanto la intención del constituyente de restringir
el fomento de actividades particulares a la disponibilidad de
apropiaciones que sólo pueden haber sido decretadas por ley
anterior y destinadas para cumplir el plan de desarrollo. En
últimas se trata de que los recursos públicos que pueden
comprometerse en los contratos autorizados por el artículo
355 son exclusivamente de naturaleza dineraria, pues a éstos
corresponden las fuentes de ingresos relacionadas en la ley
orgánica del presupuesto cuando desarrolla las normas
constitucionales referentes al presupuesto de rentas. Para el
nivel nacional dice el decreto 111 de 1996 […]”.

Señaló que los bienes inmuebles forman parte del patrimonio público,

pero como activos que se reflejan en la contabilidad pública, de

acuerdo con el régimen correspondiente.

Afirmó que no puede celebrarse con la Fundación uno de los

contratos permitidos por el artículo 355 de la Constitución Política,

cuando el aporte público sea un bien inmueble.

6
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 3 de septiembre de 2009, C.P.
Enrique José Arboleda Perdomo, número único de radicación 11001-03-06-000-2009-00039-00 (1957).

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Sostuvo que “en virtud de las competencias del Ejecutivo en materia

de celebración de contratos entre el Estado y las entidades sin ánimo

de lucro, de reconocida idoneidad, como lo establece el inciso

segundo del artículo 355 de la Constitución Política, no se puede

regular la transferencia de la propiedad de inmuebles fiscales a

entidades sin ánimo de lucro, porque dicha disposición solamente se

refiere a los recursos del presupuesto”.

Anotó que previo a la expedición del Acuerdo núm. 042 de 10 de

agosto de 1998 acusado, el jefe de la Oficina Jurídica del

Departamento Nacional de Planeación, mediante oficio de 31 de julio

de 1998, advirtió acerca de la imposibilidad de transferir dicho

inmueble, vale decir, de un bien público, a título gratuito o sin

contraprestación económica, a una entidad privada, como es la

señalada Fundación.

Y que, además, dicho jefe señaló que la Constitución Política no

prohíbe que el Estado transfiera a los particulares, sin

contraprestación económica, recursos públicos “siempre y cuando tal

transferencia tenga un sustento en principios y derechos

constitucionales expresos”.

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Sobre este aspecto, el a quo manifestó que no encontró argumentos

constitucionales y legales de los cuales se pueda inferir que la

finalidad que persigue el convenio celebrado entre el Municipio de

Valledupar y la FUNDACIÓN FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA

estuviese sustentada en principios y derechos constitucionales

expresos, ni mucho menos que se esté cumpliendo con la

contraprestación que se planteó en los acuerdos demandados.

Que, por el contrario, se restringió el uso y el goce al Municipio de

Valledupar de todas las instalaciones que construyera la mencionada

Fundación, ya que se dio paso a que una entidad privada restringiera

el acceso al inmueble y se lucrara con su explotación, sin que el

Municipio recibiera contraprestación alguna por ello.

Observó que pese al cambio de destinación del bien objeto de debate

(de uso público a bien fiscal), la imposibilidad de transferencia del

dominio de dicho inmueble seguía incólume, pues

independientemente de dicha modificación a bien fiscal, éste seguía

haciendo parte del patrimonio público del Municipio de Valledupar,

pero no constituía un elemento de su presupuesto, a la luz de lo

esbozado por el Consejo de Estado.

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Con respecto a las facultades concedidas al alcalde Municipal de

Valledupar por el Concejo de dicho Municipio, estimó que no se

ajustan a derecho, pues si bien una de sus funciones es la de

reglamentar la autorización al alcalde para contratar, según lo

previsto en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 136, también lo es

que las prerrogativas que le fueron concedidas no se sujetan a las

disposiciones constitucionales en que deberían fundarse.

Que, por consiguiente, el alcalde Municipal de Valledupar no acató

las normas jurídicas aplicables al caso, toda vez que en el negocio

jurídico celebrado entre éste y la mencionada Fundación no se

observaron las restricciones previstas en el artículo 355 de la

Constitución Política, dada la imposibilidad de transferir un bien

inmueble, al no constituir parte del presupuesto del Municipio, lo cual

viola el artículo 91, literal d), numeral 5, de la Ley 136.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

III.1. La parte demandada, la FUNDACIÓN FESTIVAL DE LA

LEYENDA VALLENATA, fincó su inconformidad, en esencia, así:

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Alegó que mal hizo el actor al presentar una demanda de nulidad,

prevista en el artículo 84 del C.C.A., debido a que se trataba de una

demanda contra sus propios actos.

Señaló que “[…] la acción impetrada debía entenderse como de

“lesividad”, y en tal sentido esta no resultaba procedente ya que la

comprensión referida de ella, sólo permitiría su procedencia frente a

actos de contenido particular y de ninguna manera frente a aquellos

de carácter general, frente a los cuales resulta procedente la acción de

nulidad simple; salvo que se argumentara sobre móviles y finalidades,

situación ésta que no se advierte en la demanda, ni en la sentencia

que se recurre […]”.

Insistió que, en caso de acogerse la posición de la acción de lesividad,

“[…] el actor y el Tribunal de primera instancia entendieron que los

actos administrativos acusados eran de contenido general y, por ello,

resultaba procedente una acción de simple nulidad, caso en el cual

la sola demanda y mucho más la sentencia serían cuestionables por

haber utilizado la acción de lesividad para situaciones no viables

(cuestionamiento de actos administrativos de contenido general); o

entendieron que eran actos administrativos de contenido particular y

como tales, susceptibles de cuestionamiento a través de la “acción

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de lesividad” solo que aludieron y comprendieron una acción de

“simple nulidad” sin referir siquiera móviles y finalidades […]”.

Indicó que la acción de lesividad es por prescripción imperativa del

artículo 136, numeral 7, del CCA, de dos (2) años contados a partir

del día siguiente de la expedición de los actos administrativos cuya

legalidad y/o constitucionalidad se cuestione.

Que, por tal razón, la acción estaba caducada teniendo en cuenta que

desde la expedición de los actos administrativos demandados hasta

la fecha de la presentación de la demanda, transcurrieron no menos

de diez (10) años.

Que, por ello, la sentencia apelada resulta “vulneradora del derecho

fundamental al debido proceso”.

Adujo que, además, el actor presentó la demanda en su condición de

alcalde Municipal de Valledupar y no como lo establece el artículo 151

del CCA, que señala que las entidades públicas deberán estar

representadas mediante abogado titulado e inscrito en los procesos

que intervengan como demandantes, demandados o terceros.

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Número único de radicación: 20001-23-31-001-2010-00548-02
Actor: LUIS FABIÁN FERNÁNDEZ MAESTRE

Expresó que el tercero de los actos, cuya legalidad y

constitucionalidad se cuestiona, se refiere a un “negocio jurídico”,

contenido en la escritura pública núm. 632 de 28 de marzo de 2000

de la Notaría Primera del Círculo de Valledupar, que es, a su juicio,

un contrato estatal, celebrado entre el Municipio de Valledupar y la

FUNDACIÓN FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA, protocolizado

mediante escritura pública, y no un acto administrativo.

Adujo que presentar una demanda, en ejercicio de una acción de

nulidad, para cuestionar la legalidad de un contrato estatal constituye

un desconocimiento del objeto de la acción de controversias

contractuales y una violación al artículo 84 del CCA, que limita la

acción de nulidad para el juzgamiento de actos administrativos. Dicha

violación constituye también una evidente violación al debido

proceso.

Expresó que también resulta abiertamente contrario al citado artículo

84 del CCA, ordenar a la Fundación demandada restituir un inmueble

en el contexto de una acción de nulidad.

Manifestó que se violaron las normas del Código Civil, relativas al

traslado de dominio de inmuebles, a la tradición el título y modo de

ello, así como el derecho fundamental al debido proceso, al ordenar

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Actor: LUIS FABIÁN FERNÁNDEZ MAESTRE

la restitución del inmueble, con fundamento en la ilegalidad de un

contrato (que se valoró como si fuera un acto administrativo), que

no transfirió la titularidad o el dominio de ese predio, habida cuenta

que no sólo perdió sus efectos por un acuerdo posterior de las partes,

sino que nunca fue registrado.

Explicó que el negocio jurídico que se protocolizó con la

Escritura Pública núm. 632 de 28 de marzo de 2000

demandado no fue el título que sirvió para la transferencia de

dominio del referido inmueble, toda vez que las partes,

posteriormente, suscribieron un nuevo negocio jurídico, que fue

elevado a la escritura pública núm. 1134 de 15 de agosto de 20007,

otorgada por la Notaría 3ª del Círculo de Valledupar, que sí fue

registrada; y que en este nuevo negocio jurídico expresamente se

convino dejar sin efectos el anterior, que fue protocolizado con la

citada escritura pública núm. 632.

Estimó que aun cuando es cierto que se cita como fundamento de los

Acuerdos acusados el artículo 355 de la Constitución Política, “existe

una remuneración o contraprestación en favor del Municipio, es decir

7
Corresponde a la escritura pública núm. 1134 de 18 de mayo de 2000, conforme a la sentencia del
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, de 5 de julio
de 2018, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, número único de radicación 200-01-23-31-000-2010-
00478-01.

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hace falta uno de los requisitos aludidos para poder calificar el

contrato que se celebrara en desarrollo de ellos, como aquellos a que

hace referencia esta disposición constitucional”.

Expresó que, en este caso, lo que existió fue la autorización del

Concejo Municipal de Valledupar para que el alcalde de dicho

Municipio pudiera celebrar un contrato oneroso, no gratuito

(donación), con una contraprestación en favor del Municipio, ya que

a cambio de un bien inmueble, el Municipio en mención puede recibir

el uso de la infraestructura construida por un particular, para fines

de proteger y fomentar la cultura y las diversas manifestaciones del

pluriculturalismo de nuestra Nación.

III.2. El coadyuvante de la Fundación Festival de la Leyenda

Vallenata, mediante escrito obrante a folios 458 a 478 del C.P.,

interpuso recurso de apelación, con el fin de que se revoque

integralmente la sentencia apelada.

Asimismo, solicitó revocar la compulsa de copias, ordenada a él, por

el fallador de primera instancia, al considerar que hay ausencia de

todo elemento subjetivo, dolo, “doble intención” o mala fe, mala

intención o proclividad en las frases del escrito de alegato de

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conclusión, que presentó ante el Tribunal de primera instancia.

Además, de que nunca procuró contrariar o “estorbar” la excelencia

de las meditaciones del Tribunal en mención.

Adujo que el a quo no abordó el argumento de que la acción

propuesta por el actor fue una evidente acción de lesividad y no

propiamente una acción de nulidad, habida cuenta que el actor

demandó en su condición del alcalde Municipal dos (2) actos

administrativos expedidos por el Concejo Municipal de Valledupar y

un negocio jurídico suscrito entre el Municipio de Valledupar y la

FUNDACIÓN FESTIVAL LA LEYENDA VALLENATA, acción de lesividad

que, a su juicio, estaba caducada.

Expresó que los actos administrativos bilaterales, como el referido

negocio jurídico, no son objeto de la acción de nulidad, sino del

ejercicio de la acción de controversias contractuales, razón por la cual

le correspondía al fallador de primera instancia inhibirse de decidir

de fondo sobre ello.

Manifestó que, en el fallo apelado, el a quo expresó que en “la

presente demanda no existe ninguna prueba que respalde” la

afirmación realizada por el apoderado de la FUNDACIÓN FESTIVAL

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DE LA LEYENDA VALLENATA en el memorial de alegato de conclusión,

en el sentido de que la Escritura Pública núm. 632 de 28 de marzo

de 2000 fue dejada sin efectos por la Escritura Pública núm. 1134 de

15 de agosto de 2000, y que aquella no fue registrada en el folio de

matrícula inmobiliario núm. 190-814 de la Oficina de Instrumentos

Públicos de Valledupar.

Pero que lo cierto es que el fallador de primera instancia sí conocía

que por la Escritura Pública núm. 1134 de 15 de agosto de 2000 se

había dejado sin efectos la Escritura Pública núm. 632 de 28 de

marzo de 2000, es decir, que el negocio jurídico (contrato estatal),

contenido en este instrumento jurídico, no existe en el mundo del

derecho teniendo en cuenta que relacionó la referida escritura pública

núm. 1134 como prueba, en la sentencia de 2 de marzo de 2012,

proferida por ese Tribunal, con ocasión del proceso adelantado en

ejercicio de la acción popular, radicada bajo el núm. 20-001-23-31-

002-2010-00478-00.

Precisó que resulta intrascendente en el mundo jurídico la escritura

pública núm. 632 de 28 de marzo de 2000, toda vez que el negocio

de que da cuenta dicha escritura pública nunca se inscribió en el

registro de instrumentos públicos, faltando con ello el “modo” para

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la efectividad del traslado del dominio, además de que a través de la

citada escritura núm. 1134 de 15 de agosto de 2000, se cancelaron

los efectos de aquella.

Que, por consiguiente, el a quo anuló un negocio jurídico, contenido

en una escritura pública, que no existe y no produce efectos jurídicos.

Indicó que además de declarar la nulidad de dicho negocio jurídico,

el Tribunal de primera instancia ordenó la restitución del inmueble,

lo cual es propio de una acción de nulidad y de restablecimiento o de

una acción contractual.

Alegó que se cumplieron a cabalidad los requerimientos establecidos

en el artículo 355 de la Constitución Política, en la celebración del

convenio de asociación entre el Municipio de Valledupar y la

mencionada Fundación, mediante el cual se transfirió el dominio de

un inmueble para adelantar las obras del Parque de la Leyenda

Vallenata, teniendo en cuenta que el Municipio de Valledupar es una

entidad pública que puede comprometer sus recursos; celebró un

contrato (no realizó una donación), en el cual se contempló una

contraprestación en favor de la entidad pública (el goce y uso del

predio para desarrollar programas cívicos); suscribió dicho negocio

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con una entidad sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, como lo

es la Fundación en mención; y comprometió el presupuesto para el

impulso de programas y actividades de interés público. Por tal razón

no se violó la norma constitucional antes citada.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1- La FUNDACIÓN FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA

ratificó integralmente el recurso de apelación. Para el efecto, señaló

que la acción impetrada se encontraba caducada; que pese a darse

trámite a una nulidad simple se dispuso anular un contrato y ordenar

la restitución de un inmueble, situación constitutiva de un

quebrantamiento al ordenamiento jurídico vigente; y que la orden de

restitución de un inmueble se adoptó con base en un título que nada

tuvo que ver con el traslado de dominio, cuya legalidad se cuestionó.

IV.2- En esta etapa procesal, el Ministerio Público, la parte actora,

el Municipio de Valledupar, el Concejo Municipal de Valledupar y el

coadyuvante de la Fundación en mención guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de los

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Acuerdos núms. 042 de 10 de agosto de 1998, “Por el cual se

conceden facultades al Alcalde para la suscripción de un convenio de

aporte”, 010 de 16 de abril de 2000, “Por el cual se modifica el

Acuerdo 042 del 10 de agosto de 1998”, expedidos por el Concejo

del Municipio de Valledupar; y del Negocio Jurídico contenido en

la Escritura Pública núm. 632 de 28 de marzo de 2000,

otorgada en la Notaría Primera del Círculo de dicho Municipio,

mediante el cual se eleva “a escritura pública el CONVENIO DE

APORTE DE UN LOTE DE TERRENO ENTRE EL MUNCIPIO DE

VALLEDUPAR Y FUNDACION FESTIVAL DE LA LEYENDA

VALLENATA, de fecha cinco (5) de Noviembre de Mil Novecientos

Noventa y Ocho (1.998)” y se “transfiere a título de aporte a la

FUNDACIÓN FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA, el derecho de

dominio” sobre el bien inmueble “La Esperanza.”

Los actos acusados, establecen:

“[…] CONCEJO MUNICIPAL
Valledupar- Cesar

ACUERDO No 042
10 DE AGOSTO DE 1998

“POR EL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL
ALCALDE PARA LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO
DE APORTE”.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, en uso de sus
facultades constitucionales y legales, y en especial lo
señalado en los artículos 70 y 355 de la Constitución

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Nacional y las demás que le confiere la Ley 136 de 1984 en
sus artículos 32 numeral 3º y artículo 91 literal D numeral 5º
y,

CONSIDERANDO

[…]

6) El parque se convertirá en el eje dinamizador de las
actividades recreativas, ecológicas y educativas del entorno
donde estaría ubicado, logrando mejorar sustancialmente el
carácter turístico del Balneario Hurtado y su zona de
influencia actualmente en franco deterioro. Este escenario
sería utilizado por la Administración Municipal para la
realización de eventos de tipo cívico, cultural y social que
sean del interés de la misma sin costo alguno y en fechas que
no interfieran con la agenda oficial de la FUNDACIÓN.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Conceder al Alcalde Municipal de
Valledupar facultades para suscribir un convenio de
aporte con la FUNDACION FESTIVAL DE LA LEYENDA
VALLENATA, para la construcción del Parque de la
Leyenda Vallenata.

ARTICULO SEGUNDO: Estas facultades tienen el alcance
permitido por la Constitución y la Ley y otorgan la autonomía
para la valoración de bienes tangibles o intangibles que se
consideren necesarios en su implementación.

ARTICULO TERCERO: Establézcase en el convenio de
aporte, que en caso de darle al bien en uso diferente al
pactado ser revertirá la propiedad nuevamente al Municipio.

ARTICULO CUARTO: La vigencia de estas facultades serán
de tres (3) meses contados a partir de la fecha de sanción y
publicación.”

ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su
sanción y publicación. […]” (Destacado fuera de texto.)

“[…] CONCEJO MUNICIPAL
Valledupar- Cesar
ACUERDO No. 010
16 de abril del 2000

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“POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 042 DEL 10
DE AGOSTO DE 1998”.

El Concejo Municipal de Valledupar, en uso de sus facultades
constitucionales y legales, y en especial las señaladas en los
artículos 70 y 355 de la Constitución Nacional, artículos
32 y 91 de la Ley 136 de 1994 y,

CONSIDERANDO

Que el Concejo Municipal de Valledupar le concedió
facultades al Señor Alcalde de Valledupar para suscribir un
convenio de aporte con la Fundación Festival de la Leyenda
Vallenata para la construcción del parque de la Leyenda
Vallenata.

Que las facultades otorgadas se encuentran vencidas
haciéndose necesario prorrogarlas hasta el 31 de diciembre
del 2000.

Que el convenio suscrito con el Municipio de Valledupar y la
Fundación Festival de la Leyenda Vallenata presentó varias
falencias que hicieron imposible la transferencia del domino
del predio “La Esperanza” a la Fundación Festival de la
Leyenda Vallenata por lo que se hace necesario modificar y
prorrogar las facultades concedidas.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Modifíquese el artículo primero del
Acuerdo No 042 del 10 de agosto de 1998, en el sentido de
concederle facultades al Señor Alcalde del Municipio
de Valledupar para suscribir un contrato o convenio
con la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata
donde el Municipio le transfiere la propiedad o dominio
del predio “La Esperanza”, ubicado en el sector Hurtado,
jurisdicción del Municipio de Valledupar, con un área
aproximada de 23 hectáreas con los siguientes linderos:
Norte: Propiedades de la Universidad Popular del Cesar, Sur:
Con el cerro de Hurtado y predio de Cicolac, Este: Con el río
Guatapuri y Oeste: Con el Conjunto Residencial del Norte y
el viejo carreteable que conduce a Hurtado; para que ésta
construya el parque de la Leyenda Vallenata con sus propios
recursos y preste sus servicios a la Administración Municipal
en el fomento de la cultura tales como la historia, las

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leyendas, los mitos, costumbres y protección del medio
ambiente en el sector del parque de la Leyenda Vallenata.

PARAGRAFO: El Municipio tendrá derecho como
contraprestación a este convenio de aporte al uso y goce de
todas las instalaciones de la Fundación para eventos
culturales y sociales, siempre y cuando se encuadren dentro
de su objeto social, por término indefinido.

ARTICULO SEGUNDO: Modifíquese el artículo cuarto del
Acuerdo No 042 del 10 de agosto de 1998, en el sentido de
prorrogar la vigencia de las facultades otorgadas hasta el 31
de diciembre del 2000.

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de
su sanción y publicación. […]” (Las negrillas y subrayas fuera
de texto.)

“[…] ESCRITURA PÚBLICA

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS (632)

FECHA: VEINTIOCHO (28) DE MARZO

CLASES DE ACTOS: CANCELACION DE ESCRITURA,
PROTOCOLIZACION DEL CONVENIO Y APORTE

OTORGANTES: EL MUNCIPIO DE VALLEDUPAR Y LA
FUNDACION FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA.

MATRICULA No: 190-0000-814.
CUANTIA: $350.000.000.oo.

En la ciudad de Valledupar, capital del Departamento del
Cesar, República de Colombia, ante mi JUAN FEDERICO
ACOSTA RODRIGUEZ, Notario Primero del Círculo de
Valledupar, comparecieron el doctor JOHNNY
CONCEPCION PEREZ OÑATE, mayor de edad, vecino y
residente en esta ciudad, de estado civil casado con sociedad
conyugal vigente, identificado con la cédula de ciudadanía
número 17.190.714 expedida en Bogotá, que obra en este
acto en Representación del MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,
en su condición de Alcalde Mayor, elegido en la elección
popular de Alcaldes realizada el Veintiséis (26) de octubre de
mil novecientos noventa y siete (1997) cuya credencial le fue
otorgada el cuatro (4) de noviembre del mismo año,

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posesionado ante el Notario Tercero del Círculo de Valledupar
el primero (1º) de enero de mil novecientos noventa y ocho
(1998), cuya copia debidamente autenticada junto con la
certificación de que en la actualidad ejerce dicho cargo,
presenta para su protocolización con este instrumento y
CONSUELO ARAUJO NOGUERA, mayor de edad, vecina de
Valledupar e identificada con la cédula de ciudadanía número
26.934.953 expedida en Valledupar, quien actúa en el
presente convenio en su calidad de Presidente Ejecutiva y
Representante Legal de la FUNDACIÓN FESTIVAL DE LA
LEYENDA VALLENATA y manifestaron:
PRIMERO.- Que mediante este instrumento público
CANCELAN Y DEJAN SIN EFECTOS JURÍDICOS la escritura
pública número dieciocho (18) de fecha seis (6) de enero del
Dos mil (2000) otorgada en esta Notaría, la cual no fue
registrada. SEGUNDO.- Que mediante este instrumento
eleva a escritura pública el CONVENIO DE APORTE DE UN
LOTE DE TERRENO ENTRE EL MUNCIPIO DE
VALLEDUPAR Y FUNDACION FESTIVAL DE LA LEYENDA
VALLENATA, de fecha cinco (5) de Noviembre de Mil
Novecientos Noventa y Ocho (1.998), que a la letra dice:
“CONVENIO DE APORTE DE UN LOTE DE TERRENO
ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y LA
FUNDACION FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA.
Ente los suscritos a saber: Por una parte el doctor JOHNNY
CONCEPCION PEREZ OÑATE, mayor de edad, vecino y
residente en esta ciudad, de estado civil casado con sociedad
conyugal vigente, identificado con la cédula de ciudadanía
número 17.190.714 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa
en el presente convenio en su calidad de Alcalde del
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, debidamente autorizado tal
y como consta en el acuerdo 042 del 10 de agosto de mil
novecientos noventa y ocho (1.998) y por la otra:
CONSUELO ARAUJO NOGUERA, mayor de edad, vecina de
Valledupar e identificada con la cédula de ciudadanía número
26.934.953 expedida en Valledupar, quien actúa en el
presente convenio en su calidad de Presidente Ejecutiva y
Representante Legal de la FUNDACIÓN FESTIVAL DE LA
LEYENDA VALLENATA, han celebrado el presente convenio
que regirá por las normas generales establecidas para este
tipo de convenios y en particular por las cláusulas que a
continuación se describen: PRIMERA.- EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR a través de su representante legal y según
autorizaciones dadas mediante el acuerdo 042 del 10 de
agosto de 1.998 expedido por el Honorable Concejo Municipal
entrega a título de aporte a la FUNDACION FESTIVAL DE LA
LEYENDA VALLENATA un lote de terreno de DIECISEIS
HECTAREAS (16 Has) o 160.000 metros cuadrados, ubicado

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en el Parque Lineal de Hurtado de la Ciudad de Valledupar, y
que corresponde a una segregación del área de cesión que
recibió el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, en el Proceso de
expropiación seguido por el Municipio de Valledupar en
contra de Inversiones Santa Rosalía. SEGUNDO.- La
FUNDACION FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA a su vez
se compromete a desarrollar en el predio recibido como
aporte, el PARQUE DE LA LEYENDA VALLENATA, que constará
de los siguientes espacios culturales, recreativos y
administrativos: Plaza de los Chimilas, Teatro Coroniaimo,
Coliseo Cacique Upar, Tarima Compae Chipuco, Museo del
Vallenato, Bosque del Amor Amor, Bohio de los Tupes,
Comedor de los Cariachiles, Laguna Sicarare, Isla del Milagro,
Capilla de la Virgen, Puente Antoñuelo, Escuela de Música
Rafael Escalona, Tienda de la India Francisca, Parqueaderos
Vehiculares, La sede Administrativa de la FUNDACION
FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA y otros escenarios
más; todo cual se construirá previa aprobación del proyecto
y diseño para la ejecución de la obra. TERCERA.-El
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, a su vez, podrá utilizar sin
costo alguno, los espacios culturales y recreativos que
construya la FUNDACION FESTIVAL DE LA LEYENDA
VALLENATA en desarrollo del Parque del mismo nombre, para
la realización de eventos exclusivos del Municipio, de tipo
cívico, cultural, educativo y/o sociales que sean del interés
del mismo, y en fechas que no interfieran con la agenda
oficial de la FUNDACION FESTIVAL DE LA LEYENDA
VALLENATA. CUARTA.- En caso de que la FUNDACIÓN
FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA, desista en el interés
de desarrollar la obra enunciada, el Municipio solicitará la
inmediata devolución del aporte entregado y en consecuencia
se resolverá el convenio aquí plasmado.LA FUNDACIÓN
FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA tendrá un tiempo de
diez (10) años contados a partir de la firma del presente
convenio para la construcción del proyecto denominado
PARQUE DE LA LEYENDA VALLENATA.[…] Para constancia se
firma en Valledupar, a los seis (6) días del mes de noviembre
de 1998 para efectos de sus respectivo perfeccionamiento
(fdo.) JHONNY PEREZ OÑATE Alcalde de Valledupar, (fdo)
CONSUELO ARAUJO NOGUERA, Presidenta y Representante
Legal Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.”
TERCERO.- comparecen nuevamente el doctor JOHNNY
CONCEPCION PEREZ OÑATE, de condiciones civiles antes
anotadas, y quien obra en este mismo acto en
Representación del MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, y
CONSUELO ARAUJO NOGUERA, también de condiciones
civiles ya conocidas, quien actúa en esta acto en calidad de
Presidente Ejecutiva y Representante Legal de la

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FUNDACIÓN FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA, y
dijeron: PRIMERO.- Que el doctor JOHNNY
CONCEPCION PEREZ OÑATE, en representación del
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, transfiere a título de
aporte a la FUNDACIÓN FESTIVAL DE LA LEYENDA
VALLENATA, el derecho de dominio que ejerce sobre el
siguiente inmueble: Predio urbano con una extensión
superficiaria de DIECISEIS HECTAREAS (16 Has), situado en
el Sector de Hurtado, jurisdicción del Municipio de Valledupar
y está comprendido dentro de los siguientes linderos: …
SEGUNDO.- Que para efectos de este convenio se estima su
valor en la suma TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE
PESOS MONEDA CORRIENTE ($350.000.000.oo) […]”
(Destacado fuera de texto.)

En primer lugar, los recurrentes coinciden en afirmar que la acción

procedente en este caso debe ser la de lesividad, la cual está

caducada y frente a la que el actor carece de legitimación.

Sobre el particular, la Sala advierte lo siguiente:

De acuerdo con la demanda, la acción procedente es la de nulidad,

por cuanto hay una evidente ilegalidad que va aparejada con un

especial interés para la comunidad, al ser el bien inmueble fiscal

del Estado, objeto del litigio, de gran importancia cultural para la

ciudad y para sus habitantes.

En el caso sub examine, como quiera que los cargos de la demanda

están orientados a dejar sin efecto los Acuerdos acusados, por

medio de los cuales el Concejo Municipal de Valledupar otorga

facultades al Alcalde de ese Municipio, para transferir la propiedad o

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dominio del bien inmueble “La Esperanza”, así como el negocio

jurídico contenido en la Escritura Pública núm. 632 de 28

marzo de 2000, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de dicho

Municipio, a través del cual se transfiere el inmueble de propiedad

del Municipio de Valledupar a la Fundación Festival de la Leyenda

Vallenata, la acción procedente es la de nulidad instaurada.

A este respecto, cabe señalar que si bien es cierto que los Acuerdos

acusados son de contenido particular y concreto, susceptibles de

demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del

derecho, habida cuenta que a través de los mismos se faculta al

Alcalde Municipal de Valledupar para suscribir un contrato o convenio

y trasferir la propiedad de un bien inmueble claramente

individualizado, también lo es que dichos actos pueden ser

enjuiciables a través de la acción de nulidad.

Como lo advirtió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en

sentencia, indicada a pie de página8, la acción de nulidad también

procede contra actos particulares “[…] cuando la situación de carácter

individual a que se refiere el acto, comporte un especial interés, un

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de octubre de 1996,
C.P. Daniel Suárez Hernández, número único de radicación S-404.

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interés para la comunidad de tal naturaleza e importancia, que vaya

aparejado con el afán de legalidad, en especial cuando se encuentre

de por medio un interés colectivo o comunitario, de alcance y contenido

nacional, con incidencia trascendental en la economía nacional y de

innegable e incuestionable proyección sobre el desarrollo y bienestar

social y económico de gran número de colombianos […].”

Esta Sección, en la sentencia de 18 de septiembre de 20149, también

precisó acerca de la procedencia de la acción de nulidad frente a

actos de contenido particular que afectan el interés general, de la

siguiente manera:

“[…] Frente al caso en estudio, la Sala considera que acorde
con Jurisprudencia reiterada de la Sección10:

“[…] De acuerdo con la doctrina de los móviles y finalidades
sostenida por esta Corporación, el control de legalidad de los
actos administrativos que definen situaciones jurídicas
particulares procede en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo cual no obsta para que se
ejerza en su contra la acción de simple nulidad cuando
se demuestre que los efectos del acto acusado
desbordan los intereses particulares que constituyen
su objeto, afectando intereses generales de la
comunidad.[…]”11 (Destacado fuera de texto).

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
septiembre de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 15001-23-31-
000-2002-03118-01.

10
“Ver sentencia de 2 de diciembre de 2000, Consejera Ponente María Claudia Rojas Lasso, expediente
19960152301, Autoridades Departamentales, actor Luz Marina Gutiérrez Múnera.”
11
“Ver sentencia de Sala Plena de 8 de marzo de 2005, Expediente núm. 2001-00145-01 (IJ),
Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.”

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En virtud de lo anterior, la Sala considera que es evidente que los

Acuerdos demandados encuadran dentro de los actos de carácter

particular que comportan un interés general para la comunidad de tal

naturaleza e importancia, que va aparejado con el afán de legalidad,

razón por la cual su control jurisdiccional es a través de la acción de

nulidad.

Al respecto, conviene precisar que el estudio de legalidad de las

decisiones impugnadas en los Acuerdos demandados va ligado de

manera inescindible al referido Negocio Jurídico (contenido en la

Escritura Pública núm. 632 de 28 marzo de 2000), teniendo en

cuenta que a través de esos Acuerdos se faculta al alcalde Municipal

de Valledupar para realizar dicho negocio, el cual es la obligada y

directa consecuencia de la ejecución de aquellos actos

administrativos cuestionados.

Ahora, es oportuno traer a colación las precisiones que se han dado

por parte de esta Sección, frente al tema atinente a la procedencia de

la acción de lesividad, cuando esta es incoada por alcaldes

Municipales contra actos administrativos expedidos por los Concejos

de los mismos Municipios.

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Sobre este asunto, en la sentencia12 de esta Sección, se puntualizó

lo siguiente:

“[…] De otro lado, la sugerencia referente a que la acción
incoada debió corresponder a la de lesividad, según se
manifiesta tangencialmente en los alegatos de
conclusión de la segunda instancia, tampoco es de
recibo; pues si bien, el Alcalde del Municipio es el
representante legal de éste, el acto acusado fue emitido
por otra entidad pública distinta de la Alcaldía, cual es
el Concejo Municipal, el que cuenta con capacidad
jurídica autónoma para emitir sus propios actos, y por
ende, el Alcalde no participó en su preparación y
expedición. Frente a ello, no sobra anotar que la
denominada acción de lesividad, se halla consagrada en
el ordenamiento jurídico a fin de que sea la propia
institución emisora del acto administrativo, la que
ostente la oportunidad de demandarlo en defensa de la
legalidad, y además, con la posibilidad de restablecer el
derecho conculcado por aquel. Es pertinente traer a
colación lo que al respecto puntualizó esta Sección en
Sentencia de 6 de febrero de 2014, Expediente No. 2011-
00784, M.P. Dra. María Claudia Rojas Lasso:

“En cuanto al tema de la acción de lesividad debe entenderse
que ésta busca la protección de la legalidad y
consecuentemente el restablecimiento de un derecho que se
ha visto afectado por el acto administrativo viciado de nulidad,
entonces dicha acción le ofrece a la administración la
posibilidad de que en defensa del interés público y del
ordenamiento jurídico y ante actos que vulneren este último,
controvierta ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa
sus propias actuaciones. En el caso sub examine, observa
la Sala que ciertamente la actora pretende con la demanda la
defensa del interés público y del orden jurídico vigente ante la
existencia de un acto administrativo que vulnera este último.
Asimismo, el restablecimiento del derecho comprende “volver
la situación jurídica de la sociedad GRECON INGENIEROS S.A.
al estado en que se encontraba antes de la inscripción de los
actos administrativos cuya nulidad se solicita.”, es decir,

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de mayo
de 2015, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 05001-23-31-000-2004-
06362-01.

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restablecer una situación completamente contraria al
ordenamiento jurídico […]” (Destacado fuera de texto).

Por consiguiente, en este caso no era procedente la acción de

lesividad, sino la de nulidad instaurada, en la que cualquier persona

está legitimada para demandar, de conformidad con lo establecido

en el artículo 84 del CCA, y que, por regla general, puede incoarse

en cualquier tiempo a partir de la expedición de los actos acusados,

es decir, no está sujeta a término de caducidad alguna, de acuerdo

con el artículo 136, numeral 2, ibidem.

En consecuencia, no se violó el debido proceso y no prospera esta

censura.

En segundo lugar, debe dilucidarse si los actos acusados son

violatorios del inciso segundo del artículo 355 de la Constitución

Política, pues de acuerdo con lo señalado por el apoderado de la

FUNDACIÓN FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA no se da tal

violación, ya que, a su juicio, lo que existió fue una autorización del

Concejo Municipal para celebrar un contrato oneroso con una

contraprestación en favor del Municipio y no un contrato de donación,

al cual hace referencia esa disposición constitucional.

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Por su parte, el coadyuvante de dicha Fundación adujo que se

cumplieron los requisitos de la norma constitucional, razón por la cual

no se violó.

Del texto del Acuerdo núm. 042 de 10 de agosto de 1998

demandado se desprende que fue expedido por el Concejo Municipal

de Valledupar “[…] en uso de sus facultades constitucionales y legales,

y en especial en lo señalado en los artículos 70 y 355 de la

Constitución Nacional y las demás que le confiere la Ley 136 de 1994

en sus artículos 32 numeral 3º y artículo 91 literal D numeral 5º […]”13.

Y del Acuerdo núm. 010 de 16 de abril de 2000 demandado,

también se desprende que fue expedido por el Concejo Municipal de

Valledupar “[…] en uso de sus facultades constitucionales y legales, y

en especial en lo señalado en los artículos 70 y 355 de la Constitución

Nacional y artículos 132 y 91 de la Ley 136 de 1994 […]”14.

Para dirimir la controversia, debe tenerse en cuenta que el artículo

355 de la Constitución Política, prevé:

13
Destacado fuera de texto.
14
Destacado fuera de texto.

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“[…] Artículo 355.- Ninguna de las ramas u órganos del poder
público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de
personas naturales o jurídicas de derecho privado.

El Gobierno, en los niveles nacional, departamental,
distrital y municipal podrá, con recursos de los
respectivos presupuestos, celebrar contratos con
entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida
idoneidad con el fin de impulsar programas y
actividades de interés público acordes con el plan
nacional y los planes seccionales de desarrollo. El
Gobierno Nacional reglamentará la materia. […]” (Destacado
fuera de texto.)

En relación con este asunto, es pertinente traer a colación la

sentencia15 C-507 en la cual la Corte Constitucional dijo lo siguiente:

“[…] 4.2 Doctrina constitucional sobre la facultad de
asignar recursos o bienes públicos a particulares
La Corte Constitucional ya ha tenido oportunidad de
pronunciarse sobre el contenido del artículo 355 de la
Carta. Según la doctrina constitucional vigente, en principio
la Constitución prohíbe toda donación de recursos públicos.
Sin embargo, lo anterior no significa que el Estado no pueda
implementar políticas sociales o económicas que tengan
como herramienta la asignación de bienes o recursos sin una
contraprestación directa e inmediata a cargo del beneficiario.

Por el contrario, en un Estado social de derecho, el
Estado tiene ciertas obligaciones sociales que se
concretan, entre otras, en la asignación de bienes o
recursos públicos a sectores especialmente protegidos
por la Constitución. No obstante, para que este tipo de
asignaciones resulten ajustadas a la Carta, se requiere
que satisfagan, cuando menos, cuatro requisitos
constitucionales que se mencionan brevemente a
continuación y se explican en los apartes que siguen de esta
decisión.

15
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia de 21 de mayo de 2008, C.P. Jaime Córdoba Triviño,
número único de radicación D-6987.

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En primer lugar, toda asignación de recursos públicos
debe respetar el principio de legalidad del gasto. En
segundo término, toda política pública del sector
central, cuya ejecución suponga la asignación de
recursos o bienes públicos, debe encontrarse reflejada
en el Plan Nacional de Desarrollo y en el
correspondiente plan de inversión. Adicionalmente,
toda disposición que autorice una asignación de
recursos públicos sin contraprestación por parte del
beneficiario, tiene que encontrarse fundada en un
mandato constitucional claro y suficiente que la
autorice. Por último, debe respetar el principio de
igualdad [...]

4.5 Toda autorización para entregar recursos o bienes
públicos sin contraprestación debe perseguir una
finalidad constitucional clara, suficiente y expresa y no
simples finalidades vagas o generales

Según el artículo 355 de la Constitución, los recursos que
administra el Estado no pueden ser objeto de donaciones
discrecionales por parte de ninguno de sus agentes. En
efecto, quienes transitoriamente ejercen funciones públicas
no son titulares del derecho de dominio sobre los recursos
públicos y, en consecuencia, no pueden disponer libremente
de ellos.

En este mismo sentido, la Corte ha sostenido que, como regla
general, la Carta prohíbe los auxilios o donaciones. Sin
embargo, la Corte también ha indicado que el Estado puede
reconocer subsidios si persigue la satisfacción de un objetivo
constitucional claro, expreso y suficiente (como la
satisfacción de los derechos sociales, especialmente cuando
se trata de los sectores más pobres de la población) y cuando
resulte imperioso para realizar una finalidad esencial del
Estado16. En otras palabras, las donaciones o auxilios sólo
serán constitucionalmente legítimas si son el resultado del
cumplimiento del deber constitucional expreso de adoptar
medidas encaminadas a financiar, con bienes o recursos
públicos, la satisfacción de derechos constitucionales de
grupos o sectores constitucionalmente protegidos o de
actividades que deben realizarse por mandato constitucional
y que son ejecutadas por particulares que requieren, para
satisfacer los fines estatales, de un apoyo o ayuda del
Estado17.

16
“ Cfr. Sentencia C-205 de 1995; Sentencia C-251 de 1996; Sentencia C-152 de 1999.”
17
“Sentencia C-506 de 1994, Sentencia C-136 de 1995, Sentencia C- 923 de 2000.”

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Como ya lo ha señalado la Corte, lo anterior no significa que
el Estado no pueda incentivar ciertos sectores o actividades
particularmente valiosas con créditos blandos, de largo plazo
o a cambio de la satisfacción específica de beneficios sociales,
como el aumento del empleo o la productividad. Sin
embargo, en estos casos, debe quedar claramente
establecida la obligación correlativa de la persona
beneficiada. De otra forma se trataría de una donación
prohibida por la Constitución. A este respecto en reciente
sentencia la Corte reiteró la doctrina en la materia. Al
respecto señaló:

[…]

8.3. La prohibición establecida en el artículo 355 superior
puso fin a una situación anómala generada en los abusos
cometidos por algunos congresistas. Para explicar su alcance,
la jurisprudencia ha precisado:

“[…] (1) La prohibición de los auxilios y donaciones, es la
respuesta al abuso derivado de la antigua práctica de los
‘auxilios parlamentarios’, y en buena medida explica su
alcance. (2) La prohibición de los auxilios y donaciones, no
significa la extinción de la función benéfica del Estado, la cual
puede cumplirse a través de la contratación con entidades
privadas sin ánimo de lucro y reconocida idoneidad. (3) El
auxilio o donación, materia de la prohibición, se
caracterizan por la existencia de una erogación fiscal
en favor de un particular sin que ella tenga sustento
en ninguna contraprestación a su cargo. Igualmente,
corresponden a estas categorías, las transferencias a
particulares, que no estén precedidas de un control sobre los
recursos o que éste no pueda realizarse con posterioridad a
la asignación. Finalmente, se califican de esta manera, las
prácticas que por los elementos que incorporen, puedan
tener la virtualidad de revivir la proscrita figura de los
auxilios. (4) Por vía negativa, no se consideran auxilios o
donaciones, las transferencias presupuestales que se hacen
a entidades descentralizadas. (5) No se estima que se viole
el artículo 355 de la C.P., cuando el Estado otorga subsidios,
estímulos económicos, ayudas o incentivos, en razón del
cumplimiento de deberes o principios de origen constitucional
que describen actividades públicas irrenunciables.”18”19”[…]”
(Destacado fuera de texto.)

18
“C-254 de 1996.”
19
“C-042 de 2006. En el mismo sentido Sentencias C-022 de 2004 y C-1168 de 2001.”

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De conformidad con lo anterior, para que resulte ajustada la

asignación de bienes o recursos públicos a particulares, a través de

la celebración de contratos, al artículo 355 de la Constitución Política,

debe cumplir con respetar el principio de legalidad del gasto;

encontrarse reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo y en el

correspondiente Plan de Inversión y para que se autorice una

asignación de recursos públicos sin contraprestación por parte del

beneficiario tiene que encontrarse fundada en un mandato

constitucional claro y suficiente que la autorice; y respetar el

principio de igualdad.

Y, por el contrario, para que resulte prohibida dicha asignación, debe

tratarse de una erogación fiscal en favor de un particular sin que

ella tenga sustento en ninguna contraprestación a su cargo o

cuando no esté precedida de un control sobre los recursos o que éste

no pueda realizarse con posterioridad a la asignación o cuando pueda

tener la virtualidad de revivir la proscrita figura de los auxilios.

Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto,

indicado a pie de página20, con respecto a la enajenación de bienes

20
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 3 de septiembre de 2009, C.P.
Enrique José Arboleda Perdomo, número único de radicación 11001-03-06-000-2009-00039-00 (1957).

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inmuebles fiscales y el alcance del artículo 355 de la Constitución

Política, señaló:

“[…] Con la consulta se busca identificar el instrumento
jurídico por el cual la Nación podría transferir la propiedad
que detenta sobre un inmueble fiscal, a una fundación
privada sin ánimo de lucro que tiene por objeto el desarrollo
de actividades relacionadas con los derechos y servicios
constitucionales referidos a la educación, la cultura y el
conocimiento.

Como se desarrollará a continuación, en el punto primero de
este concepto examinará la Sala los artículos 96 de la ley 489
de 1998, 355 de la Constitución Política y 36 de la ley 9ª de
1989, invocados en la consulta; y en el punto segundo,
analizará las disposiciones vigentes en materia de
enajenación de la propiedad de bienes fiscales nacionales,
que corresponden a las leyes 708 de 2001, 80 de 1993 y
1150 de 2007, y sus reglamentos específicos.

I. Las hipótesis jurídicas de la consulta

a) Los artículos 96 de la ley 489 de 1998 y 355
constitucional:

Los dos primeros incisos del artículo 96 de la ley 489 de 1998
regulan los “convenios de asociación” que pueden suscribir
las entidades estatales de todo orden, con “personas
jurídicas particulares… de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 355 de la Constitución Política.”

El artículo 355 de la Carta prohíbe a “todas las ramas u
órganos del poder público… decretar auxilios o donaciones a
favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado”;
pero también autoriza a los gobiernos nacional y territorial,
para que “con recursos de los respectivos presupuestos […
celebren…] contratos con entidades privadas sin ánimo de
lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar
programas y actividades de interés público acordes con el
plan nacional y los planes seccionales de desarrollo”; y
faculta al gobierno nacional para reglamentar esta
contratación.

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Esta Sala ha analizado en distintas oportunidades los
antecedentes y el alcance de las disposiciones contenidas en
el artículo 355 superior21, los cuales pueden resumirse en que
la autorización al Congreso de la República dada en la
reforma constitucional de 1968 para “fomentar las empresas
útiles o benéficas dignas de estímulo o apoyo”, devino en
distintas formas de desviación de los recursos públicos. El
tema fue objeto de debates en la Asamblea Nacional
Constituyente y concluyó en la adopción del artículo
355 para prohibir la transferencia a los particulares, a
título gratuito, de recursos públicos, permitiendo “que
se continuara con las labores de fomento y apoyo sólo
mediante contrato y con unos estrictos requisitos”;
contratos que “se estructuran bajo la idea de que lo que se
busca realmente es una suerte de alianza de fuerzas públicas
y privadas para lograr un mismo propósito… Así, no podría
darse un contrato conmutativo, en el cual se advierta un
intercambio o venta de bienes y servicios, sino un convenio
para colaborarse en el cumplimiento de sus misiones, lo que
se permite al coincidir el objeto social del privado que actúe
sin ánimo de lucro con la actividad que el Estado quiere
impulsar”.22

Los estrictos requisitos establecidos por la norma
superior hacen referencia a que el particular con el que
se contrate sea una “entidad”, esto es, una persona
jurídica, sin ánimo de lucro y de “reconocida
idoneidad”; y a que el objeto contractual, además de
corresponder al objeto social de la entidad sin ánimo
de lucro, corresponda a programas y actividades de
interés público, acordes con el plan nacional o los
planes seccionales de desarrollo.

[…]

Aunque la Sala ha tenido la oportunidad de analizar
ampliamente el artículo 355 de la Carta, la consulta que
ahora resuelve la lleva a destacar un elemento de ésta que
no había sido objeto de profundización. Veamos:

21
“Por vía de ejemplo se citan: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 24
de febrero de 2005, Rad. No. 1626, C. P. Gloria Duque Hernández; Concepto del 31 de agosto de 2005,
Rad. No. 1666, C. P. Luis Fernando Alvarez Jaramillo; Concepto del 23 de febrero de 2006, Rad. No.
11001-03-06-000-2005-01710-00, C. P. Luis Fernando Alvarez Jaramillo; Concepto del 25 de
septiembre de 2008, Rad. No. 11001-03-06-000-2008-00040-00(1911), C. P. Enrique José Arboleda
Perdomo.”
22
“Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 25 de septiembre de 2008, Rad.
No. 11001-03-06-000-2008-00040-00(1911). Publicación autorizada con oficio OF108-37063 de
diciembre 2 de 2008.”

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El artículo 355 es el último de los artículos que
conforman el capítulo III, “Del presupuesto”, Título
XII, “Del régimen económico y de la Hacienda
Pública”, en la Constitución; y además, dice textualmente
la parte pertinente de su inciso segundo:

“El gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital
y municipal podrá, con recursos de los respectivos
presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin
ánimo de lucro…”

La Sala concluye que tanto por su ubicación en el
contexto de la Carta como por la precisión en el uso de
los términos, la expresión “recursos de los respectivos
presupuestos” no pudo ser más explícita en cuanto a
la intención del constituyente de restringir el fomento
de actividades particulares a la disponibilidad de
apropiaciones que sólo pueden haber sido decretadas
por ley anterior y destinadas para cumplir el plan de
desarrollo. En últimas se trata de que los recursos
públicos que pueden comprometerse en los contratos
autorizados por el artículo 355 son exclusivamente de
naturaleza dineraria, pues a éstos corresponden las
fuentes de ingresos relacionadas en la ley orgánica del
presupuesto cuando desarrolla las normas constitucionales
referentes al presupuesto de rentas. Para el nivel nacional
dice el decreto 111 de 199623:

“Artículo 11: El presupuesto general de la Nación se compone
de las siguientes partes:
“a) El presupuesto de rentas contendrá la estimación de los
ingresos corrientes de la Nación; de las contribuciones
parafiscales cuando sean administradas por un órgano que
haga parte del presupuesto, de los fondos especiales, los
recursos de capital y los ingresos de los establecimientos
públicos del orden nacional; …”.

Los bienes inmuebles, por su parte, forman parte del
patrimonio público pero como activos que se reflejan
en la contabilidad pública, de acuerdo con el régimen
correspondiente. Tanto los recursos monetarios como
los bienes fiscales integran el patrimonio público, pero
su naturaleza determina un régimen jurídico y
económico diferente, de manera que la expresión

23
Decreto 111 de 1996, “"Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225
de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto".

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recursos de los respectivos presupuestos” excluye los
bienes inmuebles.24
Por ello es que reuniendo FUNDALECTURA las exigencias
constitucionales de ser persona jurídica sin ánimo de lucro y
de reconocida idoneidad, al punto que el legislador la
reconoció como órgano asesor del gobierno nacional en los
temas relacionados con el fomento de la lectura, no puede
celebrarse con ella uno de los contratos permitidos por el
artículo 355 de la Carta, cuando el aporte público sea un bien
inmueble.

La restricción constitucional a “recursos de los presupuestos”
comporta un efecto adicional, que responde a una de las
preguntas que se han formulado a la Sala y que hace
referencia a la posibilidad de reglamentación de la norma
superior, pues si bien ésta habilita directamente al Gobierno
Nacional para el efecto, la competencia de éste queda
claramente enmarcada en las expresiones
incorporadas en el precepto habilitante y entonces en
ejercicio de su competencia el gobierno nacional sólo
puede referirse a los recursos presupuestales y no a
otros recursos como los bienes inmuebles.”

24
“Corte Constitucional, Sent. C-064-03: “… El patrimonio del Estado puede cobijar bienes de muy
diverso contenido y naturaleza: muebles e inmuebles… Sobre este punto se observa, en primer lugar,
que no hay definición constitucional de patrimonio del Estado, lo que obliga a acudir a los criterios
generales señalados en la Carta Política sobre el particular. Por otro lado, la Corte considera que no es
posible asimilar o confundir el concepto de patrimonio privado con el de patrimonio del Estado, puesto
que éste involucra formas de propiedad como los bienes de uso público (C.Pol., art. 63), el patrimonio
ecológico, el genético (C. Pol., arts 8°, 79 y 80), el patrimonio cultural, el arqueológico (C. Pol., arts
63 y 72) que no se asemejan a las formas de propiedad privada, precisamente porque tienen
características diversas y persiguen fines distintos y se encuentran bajo la especial protección del
Estado. Por tal razón, el concepto de patrimonio del Estado es propio del Derecho Público, lo que
lógicamente se desprende del tipo de relación que surge sobre esos bienes, que no es igual al que
tienen los particulares sobre la propiedad privada.” / Régimen de Contabilidad Pública: “73. El
Régimen de contabilidad pública contiene la regulación contable pública de tipo general y específico. La
regulación contable pública de tipo general está contenida en el Plan General de Contabilidad Pública
(PGCP). La regulación de tipo específico está contenida en el Manual de procedimientos y en la Doctrina
Contable Pública. /…/ 9.1.1 Normas técnicas relativas a los activos…141. Noción. Los activos son
recursos tangibles e intangibles de la entidad contable pública obtenidos como consecuencia de hechos
pasados, y de los cuales se espera que fluyan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros,
a la entidad contable pública en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Estos recursos,
tangibles e intangibles, se originan en las disposiciones legales, en los negocios jurídicos y en los actos
o hechos financieros, económicos, sociales y ambientales de la entidad contable pública. Desde el punto
de vista económico, los activos surgen como consecuencia de transacciones que implican el incremento
de los pasivos, el patrimonio o la realización de ingresos. También constituyen activos los bienes
públicos que están bajo la responsabilidad de las entidades contables públicas pertenecientes al
gobierno general. / 9.1.1.5 Propiedades, planta y equipo…165. Noción. Las propiedades, planta y equipo
comprenden los bienes tangibles de propiedad de la entidad contable pública que se utilizan para la
producción y comercialización de bienes y la prestación de servicios, la administración de la entidad
contable pública, así como los destinados a generar ingresos producto de su arrendamiento, y por tanto
no están disponibles para la venta en desarrollo de actividades productivas o comerciales, siempre que
su vida útil probable en condiciones normales de utilización, exceda de un año. Tratándose de las
entidades contables públicas del gobierno general, incluye los bienes para el uso permanente recibidos
sin contraprestación de otras entidades del gobierno general. /… 174. Las propiedades, planta y equipo
deben reconocerse y revelarse de acuerdo con su naturaleza y capacidad de desplazamiento, en
muebles, inmuebles, plantaciones y de locomoción propia. […]”

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Actor: LUIS FABIÁN FERNÁNDEZ MAESTRE

“[…]”

“Con base en las premisas anteriores, la Sala
RESPONDE:

“2. ¿En virtud de las competencias del Ejecutivo en materia
de celebración de contratos entre el Estado y las entidades
sin ánimo de lucro, de reconocida idoneidad (como lo
establece el inciso 2º del artículo 355 de la Constitución
Política), se encuentra regulada por vía general esta situación
o se podría regular la materia sobre la cual versa esta
consulta (enajenación de inmuebles a entidades privadas sin
ánimo de lucro, en desarrollo de programas de interés
público acordes con el Plan de Desarrollo)?

“En virtud de las competencias del Ejecutivo en
materia de celebración de contratos entre el Estado y
las entidades sin ánimo de lucro, de reconocida
idoneidad, como lo establece el inciso segundo del
artículo 355 de la Constitución Política, no se puede
regular la transferencia de la propiedad de inmuebles
fiscales a entidades sin ánimo de lucro, porque dicha
disposición solamente se refiere a los recursos del
presupuesto. […]” (Destacado fuera de texto.)

De acuerdo con la citada sentencia y el concepto trascrito, los auxilios

y donaciones se encuentran prohibidos, por regla general. Sin embargo,

el Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y

municipal, puede celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo

de lucro y de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar programas y

actividades de interés público acordes con el plan nacional y los planes

seccionales de desarrollo, con recursos de los respectivos

presupuestos, vale decir, con recursos públicos de naturaleza

dineraria.

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Actor: LUIS FABIÁN FERNÁNDEZ MAESTRE

Empero, no puede celebrar dichos contratos con entidades privadas sin

ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, cuando el objeto de los

mismos recaiga sobre bienes inmuebles, por no ser estos recursos

presupuestales.

Además, la Sala advierte que el objeto del contrato, a que hace

referencia el segundo inciso del citado artículo 355, debe estar dirigido

a impulsar programas y actividades de interés público acordes con el

plan seccional de desarrollo; es decir, que la actividad se encuentre en

el plan de desarrollo, para garantizar que el programa sea de interés

público. Asimismo, debe cumplir con las demás exigencias

constitucionales señaladas en la sentencia de la Corte Constitucional,

antes indicada.

En el presente caso, resulta incuestionable que el Concejo Municipal de

Valledupar cuando concedió facultades, a través de los Acuerdos

demandados, al Alcalde de ese Municipio para suscribir un contrato o

convenio con la FUNDACIÓN FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA,

con el objeto de transferir la propiedad o dominio del inmueble “La

Esperanza”, y estableció que el Municipio tendría derecho a una

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contraprestación25 al convenio de aporte, vale decir, al uso y goce de

todas las instalaciones de la Fundación para eventos culturales y

sociales, lo hizo con el objeto de que el alcalde en mención celebrara

el contrato, a que se refiere el segundo inciso del artículo 355 de la

Constitución Política, pues así se desprende del encabezado de dichos

actos administrativos y del hecho de que la referida contratación tenía

como objetivo ser celebrada entre una entidad pública del orden

municipal y una entidad privada sin ánimo de lucro26 y de reconocida

idoneidad, como lo es la mencionada Fundación.

Sobre el particular, es preciso señalar que la contraprestación, a que

hace referencia el parágrafo del artículo primero del Acuerdo núm.

010 de 2000 demandado, implica gratuidad y no onerosidad.

Al efecto, es del caso traer a colación la sentencia de la Sección

Tercera27, en la que, al estudiar una acción popular, puntualizó que

cuando el Concejo Municipal expresó en el parágrafo del artículo

primero del Acuerdo 010 de 2000 acusado que el Municipio tendría

25
La referida contraprestación fue establecida en el considerando núm. 6 de del Acuerdo núm.042
de 10 de agosto de 1998 acusado y en el parágrafo del artículo primero del Acuerdo núm. 010 de
16 de abril de 2000, también demandado.
26
Conforme consta en el Certificado de Existencia de Entidades Sin Ánimo de Lucro núm. 1773248, de
la “FUNDACION FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATO O DE LAS INICIALES LA FUNDACION FLV”,
expedido por la Cámara de Comercio de Valledupar, visible a folios 15 a 18.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
de 5 de julio de 2018, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, número único de radicación 200-01-23-
31-000-2010-00478-01.

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derecho “como contraprestación” al uso y goce de todas las

instalaciones, dicha contraprestación necesariamente implicaba

gratuidad.

Así, discurrió esa Sección:

“[…] En cuanto a la gratuidad del uso, es cierto que esta
expresión no quedó explícitamente contenida en la parte
resolutiva de los acuerdos 042 de 1998 y 010 de 2000, pues
el Concejo Municipal consideró suficiente con que quedara
expresada en la parte considerativa del primero; sin
embargo, al analizar los antecedentes del acuerdo 010
de 2000, a los que se debe acudir para develar el
sentido y alcance de la palabra “contraprestación”,
que sí quedó contenida en la parte resolutiva de este
último y sobre cuya existencia discuten las partes de
este proceso, es claro para la Sala que, cuando el
Concejo Municipal expresó en el parágrafo del artículo
primero del acuerdo 010 de 2000 que el municipio
tendría derecho “como contraprestación” al uso y goce
de todas las instalaciones, dicha contraprestación
necesariamente implicaba gratuidad, lo cual se explica
no solo porque así se desprende de forma contundente de lo
debatido por ese órgano, sino, principalmente, porque sería
contradictorio pensar que se pretendiera garantizar el uso
como contraprestación, pero que el municipio, en todo caso,
debiera pagar por él, así fuera un costo menor.

Entender, como lo hace la Fundación, que la expresión
“contraprestación” que quedó escrita en el parágrafo del
artículo primero del acuerdo 010 de 2000, donde dice que el
municipio “tendrá derecho como contraprestación a este
convenio de aporte al uso y goce de todas las instalaciones”,
no implica gratuidad, es desconocer su contenido mismo,
pues el hecho de tener que pagar por lo que recibiría a
cambio de la transferencia del bien, aunque fuera –se insiste-
un valor menor (descuento que, como se verá enseguida, ni
siquiera quedó definido en el convenio) anula la posibilidad
de la contraprestación, representada, según lo indicado por
el Concejo Municipal, en el uso del predio, uso que, por tanto,
era la carga que debía asumir la Fundación por su
adquisición, lo que explica, a su vez, la razón por la cual ésta

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no podía cobrar al municipio por el uso de algunos espacios
del parque. […]”.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que si los Acuerdos

demandados, así como el negocio jurídico contenido en la citada

escritura pública demandado, establecieron una contraprestación en

favor del Municipio, ello no lleva a considerar que las autorizaciones

otorgadas, a través de los Acuerdos acusados, lo fueran para celebrar

un contrato oneroso, ni que el referido negocio jurídico acusado tuviera

esa naturaleza, dado que el auxilio o donación, a que se refiere y es

permitido por el artículo 355 de la Constitución Política, debe comportar

una contraprestación o beneficio social, es decir, debe caracterizarse

por establecer una obligación correlativa a la persona beneficiada,

conforme lo señaló la Corte en la sentencia antes señalada.

Por ello, para la Sala carece de fundamento el argumento del apoderado

de dicha Fundación, según el cual a través de los Acuerdos demandados

se autorizó fue la celebración de un contrato oneroso que “suponía una

contraprestación” en favor del Municipio, diferente al contrato que hace

referencia el artículo 355 de la Constitución Política.

Ahora, la Sala observa que el Concejo Municipal de Valledupar al

conceder dichas facultades para celebrar el referido contrato no

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satisfizo las exigencias que para la celebración de contratos entre el

Gobierno, en el nivel municipal, y las entidades privadas sin ánimo de

lucro y de reconocida idoneidad, reclama el inciso segundo del artículo

355 de la Constitución Política, habida cuenta que dichas facultades

recaen sobre el objeto de un contrato que no resulta ajustado a lo

dispuesto en la citada norma constitucional.

En efecto, la Sala considera que el objeto del contrato recae sobre la

transferencia de dominio o propiedad de un recurso inmueble, que

forma parte del activo del patrimonio público del Municipio de

Valledupar, pero no constituye recurso presupuestal.

Por tal razón, aparece claro que los Acuerdos demandados,

expedidos por el Concejo Municipal de Valledupar, violaron el artículo

355 de la Constitución Política, al conceder facultades al alcalde de

dicho Municipio para celebrar un contrato o convenio de aporte con la

mencionada Fundación para transferirle la propiedad de un bien fiscal

y, en consecuencia, es procedente declarar su nulidad.

De manera, que acertó el Tribunal de primera instancia cuando estimó

que los Acuerdos demandados violaron el artículo 355 de la

Constitución Política.

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Ahora bien, la Sala advierte que como la declaratoria de nulidad de los

Acuerdos acusados lleva a que las cosas vuelvan al estado anterior, a la

expedición de los actos anulados, debiéndose tener como si éstos no

hubieran existido, la transferencia de dominio efectuada a través del

referido negocio jurídico, en cumplimiento del Acuerdo núm. 042 de

10 de agosto de 1998 acusado, corre la misma suerte de los actos

administrativos que le sirvió de fundamento para celebrarlos, por ser éste

una consecuencia directa de la ejecución de las facultades otorgadas por

el Concejo Municipal de Valledupar a su alcalde, a través de los citados

Acuerdos, como se puso de presente anteriormente.

Y es por esa razón que no resulta procedente la acción de controversias

contractuales, invocada por los apelantes.

En lo concerniente al argumento referente a que resulta abiertamente

contrario al artículo 84 del CCA, así como violatorio de las normas del

Código Civil, relativas al traslado de dominio de inmuebles, a la

tradición el título y modo de ello y al derecho fundamental al debido

proceso, ordenar a la Fundación demandada la restitución del

inmueble, con fundamento en la ilegalidad de un contrato, que no

transfirió la titularidad o el dominio de ese predio, habida cuenta que

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no sólo perdió sus efectos por un acuerdo posterior de las partes,

sino que nunca fue registrado, la Sala estima lo siguiente:

Dentro del presente proceso no se probó que se dejó sin efectos el

Negocio Jurídico demandado, contenido en la Escritura Pública

núm. 632 de 28 de marzo de 2000, por una posterior escritura, ni

tampoco que la misma careció de registro, teniendo en cuenta “que

dichas pruebas no fueron solicitadas en el escrito a través del cual el

señor Hugo Mendoza Guerra pidió ser tenido como coadyuvante (Folio

71), oportunidad procesal pertinente con la que contaba para anexar

y pedir las pruebas que considerara necesarias”, conforme se señaló

en el auto de 11 de diciembre de 2012, por medio del cual se resolvió

una solicitud de pruebas de segunda instancia.

Sin embargo, a través de la antes citada sentencia de la Sección

Tercera, se estableció que el Negocio Jurídico demandado,

contenido en la Escritura Pública núm. 632 de 28 de marzo de

2000, sí fue dejado sin efectos por el negocio contenido en la escritura

pública núm. 1134 de 18 de mayo de 2000 y que no fue registrada la

primera escritura en mención en la Oficina de Registro de

Instrumentos Púbicos.

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Así, lo expresó la mencionada sentencia:

“[…] El convenio de aporte del 6 de noviembre de 1998 se
elevó a escritura pública 632 del 28 de marzo de 200028,
otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Valledupar, en
la que se agregó a lo pactado en ese convenio que la
Fundación se obligaría a devolver el bien si en el término de
10 años le daba una destinación diferente a la pactada en
dicho convenio; además, por medio de esta misma escritura
pública se dejó sin efectos la escritura pública 18 del 6 de
enero de 2000, pero ninguna de las dos fue registrada
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos,

[…]

Finalmente, el 18 de mayo de 2000, con sustento en el citado
acuerdo 10 de ese mismo año el municipio de Valledupar y
la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata suscribieron un
“CONVENIO DE APORTE”29, por medio del cual “EL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR a través de su Representante
Legal (sic) quien obra según las autorizaciones dadas
mediante Acuerdos (sic) 042 del 10 de Agosto (sic) de 1998,
007 del 3 de Abirl (sic), (sic) y 010 del 16 de Abril (sic) de
2000 expedidos por el Honorable Concejo Municipal,
transfiere, a título de aporte, a la FUNDACION FESTIVAL DE
LA LEYENDA VALLENATA la propiedad o dominio de un lote
de terreno de veintitrés hectáreas (23Has) dentro del predio
‘La Esperanza’…”30.

[…]

El convenio se elevó a escritura pública 1134 del 18 de
mayo de 200031 y, por este mismo medio, se revocó la
escritura pública 632 del 28 de marzo de 2000. En la
primera de tales escrituras se agregó al convenio que “el
predio lo transfiere y entrega el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
como aporte y la FUNDACION FESTIVAL DE LA LEYENDA
VALLENATA acepta la transferencia de la propiedad y lo
recibe a título de Aporte (sic), y se compromete, además, a
devolver el lote de terreno transferido en aporte, si en el

28
“Folios 32 a 35 del cuaderno 1.”
29
“Folios 7 a 10 del cuaderno 1.”
30
““Folios 7 y 8 del cuaderno 1.”
31
Folios 36 a 40 del cuaderno 1, 695 a 697 del cuaderno 4, 793 a 819 del cuaderno 5 y 1338 a 1342
del cuaderno 7.”

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lapso de diez (10) años no le ha dado la destinación
establecida en el convenio”32.

De acuerdo con el certificado de tradición del bien, la
escritura pública 1134 se registró en la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Valledupar el 26 de septiembre
de 200033. […]” (Destacado fuera de texto.)

Ahora, en torno a la orden de restitución del inmueble, dispuesta por

el fallador de primera instancia, la Sala debe estarse a lo dispuesto

en la sentencia antes indicada, proferida por la Sección Tercera de

esta Corporación, que constituye cosa juzgada y ordenó lo siguiente:

“[…] Conforme a lo anterior y en ejercicio de las facultades
conferidas al juez de la acción popular por el artículo 34 de
la ley 472 de 1998, respecto de las decisiones que puede
adoptar para proteger los derechos colectivos que se
encuentren amenazados o vulnerados, la Sala modificará la
parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, en el
sentido de señalar que, por ser necesario para garantizar su
protección y restablecimiento: i) a partir de la ejecutoria
de la sentencia cesarán los efectos del convenio de
aporte celebrado el 18 de mayo de 2000, elevado a
escritura pública 1134 del 15 de agosto de ese mismo
año, ii) la sentencia hará las veces de título traslaticio
del dominio y, en consecuencia, deberá ser registrada
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Valledupar en los folios de matrícula inmobiliaria 190-
814 y 190-95742, para efectos de que la titularidad del
bien vuelva a quedar en cabeza del municipio.

iii) Dado que, según la información que obra en el proceso,
los recursos públicos provenientes de regalías fueron
transferidos por el municipio de Valledupar a la Fundación
Festival de la Leyenda Vallenata para ser invertidos en la
construcción del parque y éste debe pasar al dominio del
municipio, no se mantendrá la orden dirigida a la entidad
territorial en el sentido de iniciar los trámites pertinentes
para recuperarlos, pero sí la que señala que la Fundación

32
“Reverso folio 38 del cuaderno 1.”
33
“Folios 691 y 692 del cuaderno 4 y 821 a 823 del cuaderno 5”.

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Festival de la Leyenda Vallenata deberá hacer la
entrega formal y material al municipio de Valledupar
del inmueble aportado por éste mediante el “convenio
de aporte” del 18 de mayo de 2000, elevado a escritura
pública 1134 del 15 de agosto del mismo año, lo que
supone también la entrega de las obras y de las
mejoras en él construidas, pero el término para el
cumplimiento de esta obligación se ampliará a
cuarenta y cinco (45) días, contados a partir del día
siguiente a la ejecutoria de esta sentencia.

En lo que a esas obras concierne, dado que la titularidad del
predio se restituirá al municipio, éstas pasarán también a ser
de propiedad de este último, lo mismo que las mejoras que
se le hubieren podido realizar, teniendo en cuenta que está
probado en el proceso que para su construcción se invirtieron
recursos públicos. Respecto de las inversiones que hubiere
realizado la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata sobre
el predio en el tiempo que lo ha tenido bajo su dominio –
aproximadamente 18 años– se tendrán por retribuidas con la
explotación económica que ella ha realizado sobre el bien
durante ese mismo período y, por tanto, el municipio no
estará en el deber de entregar dinero alguno a la Fundación
por ese concepto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Subsección A, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar el 1o. de marzo de 2012, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la
presente providencia. Dicha sentencia, por consiguiente,
quedará así:

[…]

QUINTO: DECLÁRASE la cesación de los efectos del
convenio de aporte celebrado el 18 de mayo de 2000,
elevado a escritura pública 1134 del 15 de agosto de ese
mismo año, de acuerdo con lo expuesto en la parte
considerativa de la presente providencia.

SEXTO: TRANSFIÉRESE a favor del municipio de
Valledupar la propiedad de las 23 hectáreas que éste
le transfirió a la Fundación Festival de la Leyenda

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Vallenata a través del “convenio de aporte” del 18 de
mayo de 2000, elevado a escritura pública 1134 del 15
de agosto de 2000, de acuerdo con lo expuesto en la
parte considerativa de la presente providencia.

SÉPTIMO: En consecuencia, ORDÉNASE:

1. A la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Valledupar, inscribir la presente sentencia en los folios de
matrícula inmobiliaria Nos. 190-814 y 190-95742,
pertenecientes al lote de terreno denominado Parque de la
Leyenda Vallenata, la cual, en este caso, hará las veces de
título traslaticio del dominio, de conformidad con lo expuesto
en la parte considerativa de la presente providencia.

2. A la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, que
en el término de cuarenta y cinco (45) días siguientes
a la ejecutoria de esta providencia, haga entrega
formal y material al municipio de Valledupar del
inmueble aportado por éste, cuyo dominio se transfirió
a la Fundación mediante escritura pública No. 1134 de
2000, junto con sus construcciones y mejoras, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa
de la presente providencia.

3. Al municipio de Valledupar, que dentro del término de
cuarenta y cinco (45) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, reciba el predio las obras y las mejoras
construidas en dicho parque, de conformidad con lo expuesto
en la parte considerativa de la presente providencia […]”.
(Destacado fuera de texto)

En este orden de ideas, resulta evidente la procedencia de declarar

la nulidad de los actos administrativos acusados, razón por la cual se

confirmará la sentencia apelada de 18 de abril de 2013, proferida por

el Tribunal Administrativo de Cesar, en cuanto a que los cargos

relacionados con su legalidad, planteados en el recurso de apelación,

son infundados y no tienen la virtualidad de infirmarla.

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Por último, en lo tocante a la solicitud de revocar la compulsa de copias,

ordenada mediante el fallo apelado, al coadyuvante de la FUNDACIÓN

FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA, por los términos utilizados en

su escrito de alegatos de conclusión, la Sala considera que lo que quiso

manifestar el apoderado, a través de dicho memorial, fue que la

decisión que se iba a tomar en la sentencia de primera instancia, al

resolver la presente demanda, presentada en ejercicio de la acción de

nulidad, sería muy similar a la que decidió el a quo con anterioridad, al

fallar la acción popular, pues en esta se presenta una misma realidad

fáctica y probatoria que en aquella.

Dicho señalamiento, para la Sala, no constituye una mala intención

o mala fe, máxime cuando expresamente el coadyuvante señaló:

“[…] Sin embargo por todo lo que habrá de decirse se aspira
que se revise con cuidado las reflexiones de la Sala y por lo
menos -por favor- se respondan los argumentos que aquí
ahora con todo respeto se plantean ante tan excelentes
interlocutores judiciales […]”. (Destacado fuera de texto)

En consecuencia, se ordenará revocar el numeral CUARTO de la parte

resolutiva de la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en

dicha parte de esta providencia.

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Ahora, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de

conformidad con el artículo 171 del CCA y atendiendo la conducta

asumida por las partes no se evidenció temeridad ni mala fe en la

actuación procesal, razón por la cual no hay lugar a ello.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR el numeral CUARTO de la parte resolutiva de

la sentencia apelada, atendiendo las razones expresadas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR, en sus demás partes, la sentencia

apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

TERCERO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

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CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al

Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de diciembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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