Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2011-00042-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Reparación directa: no condena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2011-00042-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 20001-23-31-000-2011-00042-01
Consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero
24 de enero de 2019
REPARACIÓN DIRECTA - No condena
SÍNTESIS DEL CASO: La Fiscalía General de la Nación realizo allanamiento en la vivienda de los demandantes, en dicha diligencia, se incautaron equipos electrónicos que posteriormente fueron devueltos.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Término. Cómputo
[L]a acción de reparación directa, de acuerdo con lo previsto en el art. 136 n.° 8 del C.C.A., dispone del término de dos (2) años para demandar, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia del hecho lesivo. En el presente caso, teniendo en cuenta que los daños alegados provienen del allanamiento e incautación de material informático de propiedad de la familia Palomino Rodríguez, cuya entrega se realizó el 27 de enero de 2009 y que la presente demanda se instauró el 27 de enero de 2011 ─con independencia de la solicitud de conciliación judicial fechada 29 de septiembre de 2010 y declarada fallida 27 de enero de 2011─ esto es, antes de cumplirse el plazo bienal establecido para tal efecto por el legislador, se evidencia que fue interpuesta de manera oportuna.
FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136.8
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Elementos. Fundamento normativo
[E]l artículo 90 de la Constitución Política se constituye en la fuente de la responsabilidad estatal en Colombia, y prescribe que esta solo es susceptible de ser de clarada en los eventos en los que logre demostrarse que concurrió un daño, entendido como aquél que sufre una persona que no se encuentre en el deber legal de soportarlo , y la imputabilidad a una autoridad estatal, en el sentido de que sea su acción u omisión el elemento determinante de las lesiones que puedan sufrir las personas en su integridad física, derechos, intereses o bienes jurídicamente protegidos. (…) en cualquiera de los regímenes jurídicos o títulos de imputación que se pretendan esgrimir para endilgar al Estado responsabilidad, ya sea de carácter contractual o extracontractual, resulta un requisito indispensable para que sea procedente acceder a las pretensiones demostrar de manera fehaciente la certeza del daño por el cual se demanda el resarcimiento patrimonial.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLITÍCA - ARTÍCULO 90
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - No configurada / DAÑO ANTIJURÍDICO - No se acreditó
[S]olo obran en el expediente las afirmaciones que se emulan en la demanda, los recortes de prensa y los testimonios rendidos ante el a quo por Rosalba Estella Paternina Barón y Yusselfy Araujo Morales. Sin embargo, ninguna de estas piezas probatorias acredita plenamente y con suficiente convicción la ocurrencia de las circunstancias descritas en la demanda. (…) respecto de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la Sala encuentra que el actor precisa que lo constituyen los gastos que tuvo que sufragar con objeto de la investigación adelantada, tales como honorarios profesionales de abogados para que realizaran la defensa en la investigación penal. (…) no se aportó ninguna evidencia que probara la vinculación de la familia Palomino Rodríguez a una proceso penal, las gestiones del apoderado, no se allegó el contrato de prestación de servicios que acredite la suma de dinero pactada por los mismos, ni tampoco recibos que acrediten que alguna suma de dinero fue efectivamente pagada. A falta de documentos, solo obra en el plenario la manifestación de los actores. Así las cosas, en lo relativo a estos honorarios, la Sala señala que sobre la causación y pago de los honorarios de abogado no se cuenta con ningún elemento de prueba en el expediente que lo acredite debidamente, por lo que se negara esta pretensión. (…) no se logró acreditar de manera concreta la ocurrencia de los daños que alega la parte demandante de daños a materiales de computación y afectación a la honra y buen nombre, y por ello resulta inocuo realizar cualquier tipo de valoración sobre la configuración de los restantes elementos para acreditar la responsabilidad estatal, tales como la conducta que, de acuerdo con la demanda, desplegaron los miembros del C.T.I y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 20001-23-31-000-2011-00042-01(47421)
Actor: ANDRÉS PALOMINO MARTÍNEZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 21 de marzo de 2013, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
El 23 de octubre de 2008, la Fiscalía 25 Seccional de Valledupar, Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ordenó, en el marco de una investigación penal, el registro y allanamiento de la vivienda ubicada en la carrera 19 C 2 n.° 8C-16, barrio Ichagua, Valledupar, Cesar, donde residía la familia Palomino Rodríguez. En esta diligencia los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones ─C.T.I.─ de la Fiscalía General de la Nación incautaron (i) un disco duro SEAGATE, serial 5LSFRKTJ/160GB de un computador DELL, serie 54, y (ii) una memoria USB, marca Kingston de 512 MB072606. El 27 de enero de 2009, la misma fiscalía ordenó la devolución de los elementos incautados, los cuales fueron recibidos sin novedad alguna.
ANTECEDENTES
A. Lo que se demanda
1. Mediante escrito presentado el 27 de enero 2011 ante el Tribunal Administrativo del Cesar (fls. 33-60, c.1), en ejercicio de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del C.C.A., los señores Andrés Palomino Martínez, Elizabeth Rodríguez Bolaño, Teresa, Claudia Lourdes y Jesús Andrés Palomino Rodríguez, en nombre propio, por intermedio de apoderado, interpusieron demanda contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, por los daños y perjuicios ocasionados por el registro y allanamiento de la vivienda ubicada en la Carrera 19 C 2 n.º 8C-16, Barrio Ichagua, Valledupar, en la que se incautó material informático. Lo anterior a fin de que se realicen las siguientes declaraciones y condenas:
Primero. Que se declare a LA NACIÓN – (FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN), responsable administrativamente de todos los daños y perjuicios tanto materiales y/o patrimoniales, como de los daños extrapatrimoniales (perjuicios morales objetivos, subjetivos y vulneración a los derechos fundamentales de los demandantes como la dignidad humana, honra, familia y tranquilidad) ocasionados a la FAMILIA PALOMINO RODRÍGUEZ, la cual está compuesta por el señor ANDRÉS PALOMINO MARTÍNEZ y la señora ELIZABETH RODRÍGUEZ BOLAÑO y los hijos MARÍA TERESA, CLAUDIA LOURDES y JESÚS ANDRÉS PALOMINO RODRÍGUEZ por el registro y allanamiento de la vivienda ubicada en la Carrera 19 C 2 Nº 8C-16 Barrio Ichagua en hechos ocurridos el 23 de octubre de 2008 siendo las 06:30 de la mañana, en la ciudad de Valledupar (Cesar) ordenó, por parte del C.T.I. Bogotá – Valledupar.
Segundo. Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA (POLICIA NACIONAL), a indemnizar los perjuicios causados a los demandantes así:
I. PERJUICIOS MORALES: Las pautas de negociación extraprocesal para cristalizar la conciliación, las presento de la siguiente manera:
a. Para ANDRÉS PALOMINO MARTÍNEZ, en su condición de víctima, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales al precio que tenga a la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso.
b. Para ELIZABETH RODRIGUEZ BOLAÑO, en su condición de víctima, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales al precio que tenga a la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso.
c. Para MARÍA TERESA, CLAUDIA LOURDES y JESÚS ANDRÉS PALOMINO RODRÍGUEZ, en su condición de víctimas, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales para cada una, al precio que tenga a la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso.
II. PERJUICIOS MATERIALES: Se tendrá en cuenta los gastos que haya tenido que sufragar la familia PALOMINO RODRÍGUEZ, para obtener su desvinculación y defenderse de la sindicación que le hizo la Fiscalía y por la cual se tramitó el respectivo proceso penal; están representados en los honorarios que tuvo que cancelar a la Doctora ANDREA FERNANDA GUZMÁN, como su apoderada para afrontar el proceso penal. Este rubro de perjuicios será considerado como Daño Emergente y se estima en la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) M/L.
III. PERJUICIOS A LA VIDA DE RELACIÓN: Se reconocerán a los señores ANDRÉS PALOMINO MARTÍNEZ, ELIZABETH RODRÍGUEZ BOLAÑO y MARÍA TERESA, CLAUDIA LOURDES y JESÚS ANDRÉS PALOMINO RODRÍGUEZ, atendiendo a la entidad de las sindicaciones realizadas, la divulgación de la noticia por los medios de comunicación y el impacto social en el medio en que se desarrollan sus actividades, sus antecedentes y demás que han producido alteraciones de las condiciones de su vida por causa del hecho, para lo cual se reconocerá como indemnización la suma equivalente a 200 Salarios Mínimos Legales Mensuales, vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso.
(...)
1.1. Como fundamento de las pretensiones, los accionantes sostuvieron que (i) siendo las 6:30 de la mañana del 23 de octubre de 2008, la Fiscalía 25 Seccional de Valledupar, Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, mediante expediente n.° 110016000099200809003, ordenó el registro y allanamiento de la vivienda ubicada en la carrera 19 C2 n.º 8C-16 barrio Ichagua, Valledupar, por parte del C.T.I.; (ii) en el acta de registro y allanamiento fueron incautados un disco duro y una memoria USB de propiedad de la familia Palomino Rodríguez; (iii) mediante acta del 27 de enero de 2009, se realizó la entrega de los elementos incautados sin presentar ninguna novedad; (iv) adicionalmente se notificó a la familia Palomino Rodríguez que no se halló información que pudiera hacer parte de la investigación adelantada en el referido expediente; (v) posteriormente, el disco duro incautado presentó irregularidades irreparables, razón por la que tuvieron que adquirir uno nuevo.
B. Trámite Procesal
2. En el término para presentar contestación de la demanda (fls. 71-78, c.1), el apoderado de la Nación –Fiscalía General de la Nación–, se opuso a las pretensiones formuladas por los demandantes, con fundamento en las siguientes razones: (i) la actuación consistente en el allanamiento realizado a la vivienda referida no es constitutiva de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues la Fiscalía obró en cumplimiento de sus funciones y de conformidad con la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos; (ii) los demandantes no demostraron la configuración del daño por ellos padecido. Aunado a lo anterior, propuso la excepción de falta de legitimación por pasiva.
3. En el término para presentar alegatos de conclusión, los demandantes (fls. 254- 264, c.2) insistieron en los perjuicios causados por el allanamiento de su vivienda y la incautación del disco duro del computador, y la memoria extraíble también de su propiedad, a pesar de no existir elementos probatorios o de incriminación que hubieran justificado dicha medida o que los vinculara a proceso alguno.
3.1. La Nación – Fiscalía General de la Nación (fls. 266-270, c.2) reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
3.2. El Ministerio Público guardó silencio.
4. Surtido el trámite de rigor, el 21 de marzo de 2013, el Tribunal Administrativo del Cesar profirió sentencia de primera instancia (fls. 309-321, c.p), mediante la cual negó las súplicas de la demanda. Lo anterior, con fundamento en lo siguiente: (i) Las pruebas que obran en el expediente no lograron demostrar la existencia de un daño causado por un agente del Estado del cual se deriven los perjuicios reclamados por los demandantes; (ii) no se encuentra demostrado que el daño al disco duro del computador o memoria extraíble haya ocurrido por la manipulación de los agentes del Estado, pues tal como lo afirma el propio apoderado del actor, al momento de la devolución de estos elementos, se encontraban en perfecto estado; (iii) no se acreditaron los presupuestos para endilgar responsabilidad a la Nación representada por las entidades demandadas.
5. Contra la referida sentencia de primera instancia, la parte demandante interpuso y sustentó oportunamente recurso de apelación (fls. 324-328, c.p). Las razones de su inconformidad fueron las siguientes: (i) la vulneración de sus derechos a la dignidad derivados del atropello del que fueron víctimas con el operativo de allanamiento e incautación de sus bienes; (ii) el quebranto y humillación exabrupto por la intrusión de agentes estatales, quienes amparados por la ley realizaron un operativo sin justificación o antecedente alguno, con lo que se vulneró sus derechos a la intimidad personal y familiar, buen nombre e inviolabilidad de domicilio.
6. Una vez concedido el recurso de apelación, mediante auto del 16 de agosto de 2013, la Sección Tercera del Consejo de Estado corrió traslado a las partes y al Ministerio Público por el término de 10 días para que presentaran alegatos de conclusión y solicitud de traslado para concepto (fl. 341, c.p).
6.1. Las partes y el Ministerio público guardaron silencio (fl. 343, c.p).
CONSIDERACIONES
7. Previo a resolver el fondo del asunto, la Sala verificará la concurrencia de los presupuestos procesales de la acción, tales como: la jurisdicción y competencia para conocer y fallar el sub lite; la procedencia del medio escogido; la legitimación en la causa de las partes y la caducidad de la acción.
A. Presupuestos procesales
7.1. Con relación a la jurisdicción, competencia y acción procedente, se observa que el Consejo de Estado es el órgano facultado para zanjar el presente litigio, al mismo tiempo que es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar proferida el 21 de marzo de 2013, conforme lo dispone la Ley 270 de 1996, que desarrolla la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados con la actividad de administrar justicia.
7.2. De otro lado, el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo prescribe que la acción de reparación directa constituye la vía procesal conducente para buscar la responsabilidad civil extracontractual de la demandada como consecuencia de los hechos descritos en la demanda.
7.3. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, se encuentra demostrada en cabeza de los señores Andrés Palomino Martínez, Elizabeth Rodríguez Bolaño y María Teresa, Claudia Lourdes y Jesús Andrés Palomino Rodríguez, habida cuenta de que fueron los afectados directos con los presuntos daños derivados de la diligencia judicial de allanamiento e incautación adelantada por la Fiscalía 25 Seccional de Valledupar, Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
En efecto, la diligencia de registro y allanamiento ordenada por la Fiscalía 25 de Derechos Humanos de Valledupar, y adelantada el 25 de octubre de 2008 por los funcionarios de la policía judicial, fue atendida, tal como se corrobora en el fl. 10 del cuaderno n.° 1, por la señora María Teresa Palomino Rodríguez, quien es hija de Andrés Palomino Martínez y Elizabeth Rodríguez Bolaño, y hermana de Jesús Andrés y Claudia Lourdes.
7.3.1. Por el extremo pasivo, se constata que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden a la Fiscalía General de la Nación, de manera que la Nación, representada por tal entidad, se encuentra legitimada como parte demandada en el asunto de la referencia.
7.4. En lo que concierne a la caducidad, es sabido que, la acción de reparación directa, de acuerdo con lo previsto en el art. 136 n.° 8 del C.C.A., dispone del término de dos (2) años para demandar, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia del hecho lesivo.
7.4.1. En el presente caso, teniendo en cuenta que los daños alegados provienen del allanamiento e incautación de material informático de propiedad de la familia Palomino Rodríguez, cuya entrega se realizó el 27 de enero de 2009 y que la presente demanda se instauró el 27 de enero de 2011 (fl. 28, c.1) ─con independencia de la solicitud de conciliación judicial fechada 29 de septiembre de 2010 y declarada fallida 27 de enero de 2011 (fls. 32, c.1)─ esto es, antes de cumplirse el plazo bienal establecido para tal efecto por el legislador, se evidencia que fue interpuesta de manera oportuna.
B. Presupuestos de valoración probatoria
8. En relación con algunos medios de prueba que se relacionarán en el acápite de hechos probados, la Sala los valorará conforme a las siguientes consideraciones: primero, se referirá a las pruebas documentales aportadas en copia simple; segundo, a los testigos de oídas; y tercero, a los recortes de prensa.
8.1. Validez de los documentos aportados en copia simple. Con la demanda se allegaron algunos documentos en copia simple. Con relación a estos documentos, la Sala se sujetará al criterio de unificación recientemente establecido por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en cuanto al valor probatorio de las copias simples, según el cual es preciso tener en cuenta que las partes en el curso procesal aceptaron que los documentos fueran tenidos en cuenta y coincidieron en la valoración de los mismos en forma recíproca, pues no fueron tachados ni al momento de arrimarlos al plenario probatorio ni durante el transcurso del debate procesal; por tanto, dichas copias tienen vocación de ser valoradas a fin de determinar el grado de convicción del juez frente a los hechos materia de litigio, pues de lo contrario se desconocería el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
8.1.1. Por lo anterior, en aras de darle aplicación al criterio de unificación jurisprudencial en lo concerniente a las copias simples, la Sala considera que los sujetos procesales han conocido el contenido de los documentos allegados, lo que permite tenerlos en cuenta para fallar el fondo del sub lite.
8.2. Los testigos de oídas. Dentro del presente proceso obran testimonios que hacen referencias a circunstancias conocidas “de oídas”, declaraciones que en principio podrían calificarse de sospechosas en los términos del artículo 217 del C.P.C.; no obstante, esto no quiere decir que sus versiones deban descartarse de plano, sino que en aras de preservar el patrimonio de la prueba, la valoración de su grado de confiabilidad deberá analizarse de manera rigurosa e integral con otros medios de convicción obrantes en el proceso, sin perjuicio de que no se valore lo que les fue transmitido por los mismos demandantes.
8.3. En cuanto a los recortes de prensa. De acuerdo con la jurisprudencia unificada de la Corporación sobre la valoración de recortes de prensa, los allegados al expediente junto con la demanda (fls. c.1) y decretados como prueba (fls. 124 a 164, c.2), pueden ser considerados no solamente para tener por acreditado el registro mediático de los hechos, sino también la existencia de los mismos, siempre y cuando tengan conexidad con otros medios de prueba y coincidan con ellos.
C. Hechos de relevancia probatoria
9. Con base en las pruebas obrantes en el expediente, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:
9.1. Los señores Andrés Palomino Martínez y Elizabeth Rodríguez Bolaño contrajeron nupcias el 16 de noviembre de 1983, de cuya unión nacieron María Teresa, Claudia Lourdes y Jesús Andrés Palomino Rodríguez (registro civil de matrimonio y de nacimiento, fls. 6 a 9, c.1).
9.2. El 23 de octubre de 2008, la Fiscalía 25 Seccional de Valledupar, Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ordenó, en el marco de una investigación penal, el registro y allanamiento de la vivienda ubicada en la carrera 19 C 2 n.° 8C-16, barrio Ichagua, Valledupar, Cesar, donde residían los señores Andrés Palomino Martínez, Elizabeth Rodríguez Bolaño; María Teresa, Claudia Lourdes y Jesús Andrés Palomino Rodríguez. En esta diligencia los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones ─C.T.I.─ de la Fiscalía General de la Nación incautaron i) un disco duro SEAGATE, serial 5LSFRKTJ/160GB de un computador DELL, serie 54 y ii) una memoria USB, marca Kingston de 512 MB072606. La diligencia fue atendida por la señora María Teresa Palomino Rodríguez, quien consignó en letra manuscrita: “en el momento de practicar la diligencia se presentó de manera correcta, no fue vulnerado ningún derecho a las personas que se encontraban en el inmueble, se terminó la diligencia a las 7:50 A.M” (acta de registro y allanamiento FPJ18, fl. 10, c.1).
9.3. El 27 de enero de 2009, la Fiscalía 25 Seccional de Valledupar, Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ordenó la devolución de los elementos incautados. Por ende, el investigador criminalístico II del Grupo de Derechos Humanos del C.T.I., entregó a la señora María Teresa Palomino Rodríguez en la vivienda ubicada en la carrera 19 C 2 n.° 8C-16, barrio Ichagua, Valledupar, Cesar, (i) un disco duro SEAGATE, serial 5LSFRKTJ/160GB de un computador DELL, serie 54 y, (ii) una memoria USB, marca Kingston de 512 MB072606. La señora Palomino Rodríguez dejó constancia escrita que se instaló “el respectivo disco duro, el cual funciona sin presentar ninguna novedad”. El investigador le precisó a la señora Palomino que “una vez realizada la búsqueda en el disco duro, no se halló ningún tipo de información que pued[iera] hacer parte de la investigación” (acta de entrega, fls. 11, c.1).
D. Problema jurídico
10. La Sala deberá decidir si procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación-Fiscalía General de la Nación por (i) las averías del material incautado ─disco duro SEAGATE, serial 5LSFRKTJ/160GB de un computador DELL, serie 54─; (ii) el registro y allanamiento al domicilio de los afectados, ubicado en la carrera 19 C 2 n.° 8C-16, barrio Ichagua, Valledupar, Cesar; y (iii) la afectación a la honra y el buen nombre de la familia Palomino Rodríguez por la presunta difusión en los medios de comunicación de la diligencia judicial.
10.1. El análisis se centrará en la prueba existente sobre la efectiva ocurrencia del daño y su imputabilidad a la Fiscalía General de la Nación tanto por entregar el material incautado en condiciones defectuosas, registrar y allanar el inmueble de la familia Palomino Rodríguez, como por la difusión de la diligencia judicial en los medios de comunicación a nivel local y nacional.
E. Análisis de la Sala
11. En la actualidad, el artículo 90 de la Constitución Política se constituye en la fuente de la responsabilidad estatal en Colombia, y prescribe que esta solo es susceptible de ser de clarada en los eventos en los que logre demostrarse que concurrió un daño, entendido como aquél que sufre una persona que no se encuentre en el deber legal de soportarlo, y la imputabilidad a una autoridad estatal, en el sentido de que sea su acción u omisión el elemento determinante de las lesiones que puedan sufrir las personas en su integridad física, derechos, intereses o bienes jurídicamente protegidos.
11.1. De acuerdo con la doctrina, el daño es el primer elemento de la responsabilidad. De ahí que “el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, [es] la enunciación, el establecimiento y la determinación de aquél, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria”.
11.2. Esto implica que, en cualquiera de los regímenes jurídicos o títulos de imputación que se pretendan esgrimir para endilgar al Estado responsabilidad, ya sea de carácter contractual o extracontractual, resulta un requisito indispensable para que sea procedente acceder a las pretensiones demostrar de manera fehaciente la certeza del daño por el cual se demanda el resarcimiento patrimonial.
11.3. En el caso concreto, según se estableció en el párrafo 1, los daños por los cuales la parte demandante solicita en este proceso el resarcimiento patrimonial son: (i) la avería de un disco duro; (ii) el registro y allanamiento al domicilio de los afectados, ubicado en la carrera 19 C 2 n.° 8C-16, barrio Ichagua, Valledupar, Cesar; y (ii) la afectación a la honra y al buen nombre.
11.4. Se planteó que estos daños resultaban imputables al Estado en cuanto la Fiscalía General de la Nación no solo entregó el disco duro en condiciones irregulares, sino que, al mismo tiempo, con ocasión de la diligencia judicial de registro y allanamiento al domicilio de la familia Palomino Rodríguez, afectó la honra y buen nombre de la familia Palomino Rodríguez, cuando la noticia fue difundida en los medios de comunicación de alcance local y nacional.
11.5. De manera metodológica, la Sala abordará, en primer lugar, el daño a los materiales de computación y la afectación a la honra y al buen nombre, y finalmente el daño por el registro y allanamiento al domicilio de la familia Palomino Rodríguez.
12. El daño al material de computación y a la honra y buen nombre de la familia Palomino Rodríguez
12.1. Los daños concernientes al material de computación y a la honra y buen nombre no se encuentran debidamente acreditados en el expediente y, por tanto, resulta forzoso negar las pretensiones de la demanda. La anterior afirmación se sustenta en las siguientes razones:
12.2. La avería del material incautado el 23 de octubre de 2008 ─disco duro SEAGATE, serial 5LSFRKTJ/160GB de un computador DELL, pretendió ser probada, principalmente, con la factura fechada 21 de diciembre de 2009, suscrita por DPC Sistemas y Telecomunicaciones que da cuenta de una compra de un nuevo disco duro 500 GB SATA SEAGATE por valor de $133.000 (factura, código de cliente 598, FA090632, fls. 16, c.1), en la medida que según los demandantes “el disco duro SEAGATE Serial 5LSFRKTJ/160GB incautado vino con irregularidades irreparables”. No obstante, el acta de entrega que se realizó el 27 de enero de 2009 ─v. párr. 9.3.─, la cual fue recibida por María Teresa Palomino, constata que el material incautado se entregó “sin ninguna novedad”.
12.3. Además, cabe advertir que desde la fecha en que se hizo la devolución de los elementos incautados ─27 de enero de 2009─ y la fecha en que el demandante dice haber adquirido un nuevo disco duro ─21 de diciembre de 2009─ habían transcurrido más de 10 meses, con lo que persiste la incertidumbre sobre la verdadera responsabilidad de la entidad demandada en la configuración del daño referido en la demanda, al igual que no permite llegar a la conclusión de que el nuevo disco duro fue adquirido a causa de los daños producidos por los agentes del C.T.I. en la diligencia de allanamiento, más aún cuando no se consignó ni se advirtió alguna novedad al momento de la restitución.
12.4. Ahora, en la demanda y con las pruebas allegadas al expediente, se precisa también que los actores llevaron el 21 de noviembre de 2008 la CPU, marca DELL, modelo E520, serie n.° 54QG3D1, al local SISTEMAS & SISTEMAS de la ciudad de Valledupar para una revisión, y su diagnóstico fue el siguiente: “después de realizar la valoración de la CPU es de daño físico en las conexiones del disco duro, el cual es tipo SATA” ─fls. 15─; no obstante, desde el momento en que se hizo la diligencia de allanamiento hasta cuando se reportó la novedad en el mencionado centro técnico había transcurrido aproximadamente 1 mes, con lo cual tampoco se tiene suficiente certeza de que el daño a dicha pieza de computación se haya originado como consecuencia exclusiva de la manipulación por parte de los agentes estales de los aparatos electrónicos cuando hicieron el allanamiento.
12.5. Por otra parte, se dice en la demanda que el 11 de diciembre de 2008 se realizó compra de un disco duro MAXTOR de 160 STA S/N: 4QJP en el local SISTEMAS & SISTEMAS de la ciudad de Valledupar, por valor de $118.104; sin embargo, además de que habría transcurrido un tiempo de 2 meses entre la diligencia y la compra, la factura 196434 refiere que el disco duro MAXTOR de 160 STA S/N:4QJP se adquirió en otro lugar, esto es almacén BERTA LENIS VEGA ARRIETA (factura de venta por valor de $137.000, fls. 13, c.1), con lo que surgen divergencias entre lo afirmado en la demanda y las pruebas recopiladas en el expediente, además nada sugiere de forma pertinente que esa nueva adquisición de una pieza de computación corresponda realmente a los daños presuntamente originados el 23 de octubre de 2008.
12.6. Ahora, en cuanto al daño a la honra y al buen nombre, su afectación pretendió ser probada, principalmente, con un conjunto de declaraciones de varias personas que residían cerca de la vivienda de la familia Palomino Rodríguez o que eran allegadas a las hijas de la pareja. La prueba del daño emerge de los testimonios rendidos dentro del proceso. Sin embargo, ya en el aparte correspondiente a la validez de las pruebas recaudadas durante el trámite procesal se da cuenta de las razones por las cuales esas declaraciones no podrán ser tenidas en cuenta, entre las que se destaca que no es posible valorar las declaraciones referenciadas en lo concerniente a lo que les habría sido comunicado por los mismos demandantes a los testigos.
12.7. En efecto, en relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó a cabo la diligencia judicial, obran en el expediente declaraciones vertidas durante el presente trámite contencioso administrativo, por dos personas de las que se advierte que no percibieron directamente el desarrollo de la situación fáctica, sino que su desarrollo les fue trasmitido por los mismos demandantes.
12.8. De las declaraciones de los señoras Rosalba Estella Paternina Barón y Yusselfy Araujo Morales se tiene que eran amigos y próximos a los demandantes, y que a pesar de que no estuvieron en el desarrollo de la diligencia judicial de allanamiento e incautación, ante la pregunta del juez sobre el conocimiento de los hechos, narraron las circunstancias con la advertencia de que dichos conocimientos fueron adquiridos por comentarios de los mismos demandantes.
12.9. En ese orden de ideas, estas declaraciones son de oídas y si bien, en principio, pueden ser valoradas bajo ciertas condiciones señaladas por la jurisprudencia, también es inobjetable que tal valoración no es posible cuando sus manifestaciones de convencimiento se forman a partir de la incidencia de uno de los extremos procesales del litigio, pues valorar dichos testimonios de oídas, cuyo criterio se formó a partir de lo narrado por una de las partes, supondría, en otras palabras, apreciar la percepción que el demandante tiene de los hechos en los cuales basó sus pretensiones, sin perjuicio de que sus manifestaciones le extiendan eventualmente algún beneficio.
12.10. En suma, los testimonios de esta personas si bien pueden ofrecerse creíbles, pues según reza en sus declaraciones, se trata de personas vecinas y conocedoras del ámbito familiar, personal y laboral de los demandantes, no es plausible a partir de ellos tener por cierto el daño a la afectación a la honra y buen nombre, particularmente en lo que les fue transmitido por los mismos demandantes.
12.11. También se trajeron a colación otros elementos con la presentación de la demanda para probar la afectación a la honra y al buen nombre de la familia Palomino Rodríguez, como los recortes de prensa que presuntamente retratan la difusión de la noticia de la audiencia de allanamiento e incautación que se llevó a cabo el 23 de octubre de 2008, pero en los periódicos locales y nacionales, precisamente en las fechas 23, 24, 25 y 26 de octubre del año 2008, no figura esta novedad y, por ende, no está probado el daño afirmado en la demanda.
12.12. El Director del Diario “El Pilón” de Valledupar, la Directora Jurídica de Negocios “El tiempo”, Casa Editorial, S.A., sostuvieron que, una vez realizadas las búsquedas en las bases de datos respectivas, no se encontró información relacionada con la incautación de material magnético a la familia Palomino Rodríguez correspondiente a los días 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2008 (fls. 292 a 293, c.2). En el mismo sentido, a la vista del cotidiano El Heraldo y Vanguardia, de fechas 24, 25 y 26 de octubre de 2008, no se evidencia ninguna reproducción respecto a una noticia de allanamiento e incautación de material magnético en la vivienda de dicha familia.
12.13. La Sala encuentra que solo obran en el expediente las afirmaciones que se emulan en la demanda, los recortes de prensa y los testimonios rendidos ante el a quo por Rosalba Estella Paternina Barón y Yusselfy Araujo Morales. Sin embargo, ninguna de estas piezas probatorias acredita plenamente y con suficiente convicción la ocurrencia de las circunstancias descritas en la demanda.
12.14. Por último, respecto de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la Sala encuentra que el actor precisa que lo constituye los gastos que tuvo que sufragar con objeto de la investigación adelantada, tales como honorarios profesionales de abogados para que realizaran la defensa en la investigación penal.
12.15. En el caso bajo estudio, la Sala verifica que se no se aportó ninguna evidencia que probara la vinculación de la familia Palomino Rodríguez a una proceso penal, las gestiones del apoderado, no se allegó el contrato de prestación de servicios que acredite la suma de dinero pactada por los mismos, ni tampoco recibos que acrediten que alguna suma de dinero fue efectivamente pagada. A falta de documentos, solo obra en el plenario la manifestación de los actores.
12.16. Así las cosas, en lo relativo a estos honorarios, la Sala señala que sobre la causación y pago de los honorarios de abogado no se cuenta con ningún elemento de prueba en el expediente que lo acredite debidamente, por lo que se negara esta pretensión.
12.17. En estas condiciones probatorias, la Sala encuentra que no se logró acreditar de manera concreta la ocurrencia de los daños que alega la parte demandante de daños a materiales de computación y afectación a la honra y buen nombre, y por ello resulta inocuo realizar cualquier tipo de valoración sobre la configuración de los restantes elementos para acreditar la responsabilidad estatal, tales como la conducta que, de acuerdo con la demanda, desplegaron los miembros del C.T.I y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
12.18. En este sentido se ha pronunciado esta sección, en los siguientes términos:
(…) porque a términos del art. 90 de la Constitución Política vigente, es más adecuado que el juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona de derecho público.
La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.
Con anterioridad, el examen judicial de estas controversias, por lo general, enfocaba inicialmente la comisión de una falla del servicio, conducta consecuente con el concepto de daño que tradicionalmente se había venido manejando, según el cual la antijuridicidad del daño se deducía de la ilicitud de la causa.
12.19. En otra decisión, sobre el mismo aspecto se señaló:
Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño, puesto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.
En efecto, en sentencias proferidas (…) se ha señalado tal circunstancia precisándose (…) que “es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…” y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado.
12.20. La Sala debe agregar a lo anterior que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte actora falló en cumplir con la carga probatoria que le impone dicha norma, toda vez que no allegó al proceso las pruebas válidas necesarias para demostrar que en efecto acaeció el daño que fundamenta la acción indemnizatoria.
13. El daño proveniente del registro y allanamiento al domicilio de la familia Palomino Rodríguez
13.1. El numeral 2° del artículo 250 de la Constitución Política impone a la Fiscalía General de la Nación, en desarrollo de sus competencias, “adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones”. De tal previsión constitucional surge con claridad que fue voluntad del Constituyente facultar directamente a la Fiscalía para adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptación de comunicaciones, como regla general, sometidos al control posterior del juez de control de garantías.
13.2. De conformidad con el artículo 28 de la Constitución Política, son tres los requisitos exigidos a las autoridades para allanar y registrar un domicilio: (i) la existencia de un mandamiento escrito de autoridad judicial competente; (ii) el respeto a las formalidades legales y (iii) la existencia de un motivo previamente definido en la ley.
13.3. Esa norma superior fue desarrollada por el artículo 14 de la Ley 906 de 2004, la cual consagra, dentro de los principios rectores y garantías procesales, el de la intimidad, negando la posibilidad de que se efectúen registros, allanamientos o incautaciones en domicilio, residencia o lugar de trabajo, sin la orden escrita del Fiscal General de la Nación o su delegado.
13.4. El artículo 220 ibídem fijó los fundamentos para la expedición de una orden de registro y allanamiento: sólo puede librarse cuando existan “motivos razonablemente fundados”, que deben tener respaldo probatorio (art. 221 ib.), “de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para concluir que la ocurrencia del delito investigado tiene como probable autor o partícipe al propietario, al simple tenedor del bien para registrar, al que transitoriamente se encontrare en él; o que en su interior se hallan los instrumentos con los que se ha cometido la infracción o los objetos producto del ilícito”.
13.5. La Corte Constitucional advirtió en la sentencia C-366 de 2014 que no se conculca el respeto exigido a la inviolabilidad del domicilio (artículo 28 superior), pues en la orden de registro o allanamiento, el Fiscal deberá determinar los lugares donde será efectiva la medida y de no poder hacerlo la descripción exacta de aquéllos. A su vez, se guarda la reserva judicial que debe existir para esa clase de irrupción en los bienes sujetos a ese tipo de medida, toda vez que acorde con la norma constitucional debe mediar mandamiento escrito de autoridad competente, en este caso la Fiscalía, con las formalidades legales ya señaladas y por motivos previamente definidos en la ley (art. 220 L. 906 de 2004).
13.6. En síntesis la Corte Constitucional concluyó en dicho fallo que si bien toda persona tiene derecho a que su domicilio no sea registrado, ese derecho no es absoluto, pues puede ser restringido (i) en virtud a mandamiento escrito de autoridad judicial competente; (ii) con las formalidades legales; y (iii) por motivo previamente definido en la ley.
13.7. En ese orden, la Fiscalía en cumplimiento de su obligación constitucional de adelantar el ejercicio de la acción penal e investigar los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento, puede entre otras facultades, adelantar registros y allanamientos para obtener elementos materiales probatorios y evidencia física.
13.8. En el caso concreto, aunque no se probó en el plenario la vinculación de la familia Palomino Rodríguez a un proceso penal, el registro y allanamiento del domicilio constituye en principio una carga que todo ciudadano debe soportar, siempre que esta ocurra con observancia de las garantías impuestas por la Constitución y la Ley, sin que en el presente caso se hubiera acreditado que el registro y allanamiento tuvo connotaciones que excedieron la mencionada carga pública o que no hubiese contado con autorización judicial.
13.9. Así, el registro y allanamiento al domicilio de la familia Palomino Rodríguez no puede considerarse per se como un daño antijurídico. Cosa distinta es la posibilidad de que tales actividades puedan generar al procesado algún daño antijurídico que deberá acreditarse en cada caso particular para que este pueda serle indemnizado.
13.10. El daño en estos eventos debe tener la entidad de antijurídico, de modo que corresponde al accionante, en cada caso, no solo demostrar la lesión padecida, sino que de la misma se derivó consecuencias negativas y adversas a sus derechos o intereses que no estaba obligado a soportar, lo que no se puede presumir del hecho del registro y allanamiento al domicilio de la familia Palomino Rodríguez. Si bien la actuación de la administración de justicia pudo haber generado daños, estos deben ser debidamente acreditados para que puedan ser reparados, pero no es posible presumirlos a partir de la simple actividad judicial de registrar y allanar un inmueble con autorización judicial.
13.11. En efecto, el ejercicio de las competencias constitucionales y legales de los organismos que tiene a cargo la investigación de conductas punibles no pueden considerarse en sí mismos como fuente de daños.
13.12. El daño alegado, producto del referido registro y allanamiento, fue jurídico, amén de que no es posible establecer, con fundamento en las pruebas aportadas, que el accionante hubiese sufrido un menoscabo a sus derechos e intereses.
13.13. En suma, lo demostrado es que el registro y allanamiento por parte de la policía judicial contó con autorización judicial y que María Teresa Palomino Rodríguez, moradora del domicilio objeto de registro, aceptó voluntariamente el ingreso.
13.14. Si en gracia de discusión no hubiese existido la autorización judicial, el numeral 1º del artículo 230 de la Ley 909 de 2004, prevé que no se requiere la orden escrita de la Fiscalía para proceder al allanamiento cuando el propietario, tenedor del bien objeto del registro o quien pueda verse afectado por la diligencia, autoriza expresamente su realización.
13.15. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-806 de 2009 precisó que no resulta irrazonable ni desproporcionado que cuando la autorización para la realización del allanamiento provenga directamente del propietario o morador del domicilio objeto de registro que pueda verse afectado con su realización, no se exija la orden escrita de la Fiscalía. Así, precisó que si quien se ve afectado con la diligencia autoriza su realización, se supera la sospecha de arbitrariedad que tendría un allanamiento realizado sin orden escrita y contra la voluntad del morador. La autorización libre y expresa del titular de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad, deriva esta forma de allanamiento en un acto razonable y proporcionado siempre que el consentimiento haya sido manifestado de manera libre y expresa.
F. Costas
14. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de marzo del 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
En firme este proveído, devuélvase al Tribunal de origen para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
Ramiro Pazos Guerrero
Magistrado
María Adriana Marín Marta Nubia Velásquez Rico
Magistrada Magistrada
La Sala logra evidenciar que en el escrito de alegatos presentado por la Fiscalía General de la Nación se incurre en imprecisiones respecto a las medidas impuestas al actor Andrés Palomino Martínez, ya que no se acreditó en este proceso que se le haya sido impuesto una medida de aseguramiento de detención preventiva.
Según lo dispuso el Consejo de Estado en el auto de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, rad. 11001-03-26-000-2008-00009-00, en los asuntos donde se debate la responsabilidad del Estado en su función de administrar justicia, conocerán de dichos asuntos en primera instancia los tribunales de lo contencioso administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, sin consideración a la cuantía.
“La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.
Registro civil de matrimonio de Andrés Palomino Martínez y Elizabeth Rodríguez Bolaño (fl. 9, c.1). Registro civil de nacimiento de Maria Teresa Palomino Rodríguez (fl. 6, c.1).
Registros civiles de nacimiento de Jesús Andrés y Claudia Lourdes Palomino Rodríguez (fls. 7 y 8, c.1).
Consejo de Estado, Sección Tercera –en pleno-, sentencia del 28 de agosto del 2013, rad. 25.022, M.P. Enrique Gil Botero.
Ver, sobre el particular, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de mayo de 2012, rad. 11001-03-15-000-2011-01378-00(PI), M.P. Susana Buitrago Valencia y, recientemente, sentencia de 14 de julio de 2015, rad. (SU) 110010315000201400105-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro en la que, a la regla de valoración mencionada, se agregaron precisiones en los eventos en los que: (i) los recortes de prensa dan cuenta de hechos notorios; y (ii) en los que transcriben las declaraciones de funcionarios públicos.
No se demostró en el plenario probatorio la vinculación de algún integrante de la familia Palomino Rodríguez a un proceso penal por parte de la Fiscalía General de la Nación.
“Art. 90.- El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
La Corte Constitucional en sentencia C-333 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero consideró: “El perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. La Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho, pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización. Igualmente no basta que el daño sea antijurídico sino que éste debe ser además imputable al Estado, es decir, debe existir un título que permita su atribución a una actuación u omisión de una autoridad pública.”
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 4 de abril de 1968, citada por Juan Carlos Henao, El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p. 36.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de marzo del 2014, rad. 30.561, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
El testimonio de la señora Rosalba Estella Paternina Barón: “(…) PREGUNTADO: Qué le consta respecto a un registro de allanamiento de la vivienda ubicada en la carrera 19 C (sic) n.° 8C-16, barrio Ichagua, ocurrida el 23 de octubre de 2008, por parte del CTI. CONTESTADO: bueno con frecuencia, los visito y nos llamamos me enteré en días posteriores de la embarazosa situación que vivió su familia en esos días, me contaron de que la Fiscalía 25 de Derechos Humanos habían hecho un registro de allanamiento en su vivienda, y les incautaron el disco duro de su computador perteneciente a su familia, más la memoria perteneciente a ellos mismos, requisaron las gavetas, las repisas alrededor encontraron la salita donde estaba ubica el computador y fue donde más estuvieron, bueno estos fueron hechos vergonzosos para ellos, delante de vecinos, amigos y familiares, porque ya les dije antes, tengo bastante tiempo de conocerlos y tratarlos y hasta el momento manejan una buena conducta y una buena relación con sus amigos y familiares (…) PREGUNTADO: Usted sabe y (sic) estos hechos fueron publicados en algún periódico. CONTESTADO: bueno me comentaron que la noticia fue publicada por un periódico y la noticia se escuchó por la radio” (declaración, fls. 186 a 187, c. 2).
En similares condiciones la señora Yusselfy Araujo Morales comentó: “PREGUNTADO: Sírvase decir al despacho qué conocimiento tiene usted de los hechos por los cuales usted es citada a esta diligencia y dónde se encontraba el día que ocurrieron dichos hechos. CONTESTÓ: El día 23 de octubre del 2008, yo me encontraba en mi casa aquí en Codazzi, cuando como a las siete y media de la mañana, recibí una llamada de CLAUDIA PALOMINO, que me llamó muy asustada por algo que había ocurrido en su casa ese mismo día a las seis y media de la mañana, me contó que había llegada una comisión de la fiscalía para realizarle una diligencia de allanamiento donde le revisaron toda la casa closet, levantaron los colchones como si estuviesen buscar (sic) armamento, no les daban mayo (sic) explicación porque se estaba realizando dicho allanamiento, solo les decían que eran de la unidad de derechos humanos, ese día les decomisaron la unidad de disco duro del computador y una memoria USB (…) hago la salvedad que en esa (sic) entonces yo vivía en esa casa y el día anterior a los hechos me había desplazado hacia Codazzi, a visitar a mis padres (…)” (declaración, fls. 232 a 233, c.2).
“(…) como ocurre con cualquier otro medio de prueba admitido por la ley, la valoración del testimonio de oídas deberá realizarla el juez de manera conjunta con los demás elementos probatorios que hubieren sido oportuna y regularmente acopiados en el proceso, con el agregado de que en estos casos debe tenerse especial cuidado para efectos de someter la versión del declarante a un tamiz particularmente riguroso con el fin de evitar que los hechos a los cuales se les otorgue credibilidad resulten finalmente distorsionados por el proceso de comunicación a que se encuentra sometida una declaración de tal naturaleza, puesto que es evidente que el relato de los hechos que realizará el testigo de oídas no dirá relación con aquellos que él hubiere percibido de manera directa sino que se referirá a hechos respecto de los cuales tuvo conocimiento de manera indirecta, por la referencia o transmisión que sobre los mismos le hubiere efectuado otra persona.//Precisamente para evitar que los hechos lleguen alterados al conocimiento del juez, como resultado de la transmisión que ha de ocurrir acerca de la versión de su acaecimiento cuando el conocimiento sobre los mismos se obtiene a través de testimonios indirectos o de referencia, el juzgador ha de ser particularmente cuidadoso en verificar, entre otros aspectos de importancia, i).- las calidades y condiciones del testigo de oídas; ii).- las circunstancias en las cuales el propio testigo de oídas hubiere tenido conocimiento, indirecto o por referencia, de los hechos a los cuales se refiere su versión; iii).- la identificación plena y precisa de la(s) persona(s) que, en calidad de fuente, hubiere(n) transmitido al testigo de oídas la ocurrencia de los hechos sobre los cuales versa su declaración, para evitar así que un verdadero testimonio pueda confundirse con un rumor, en cuanto proviniere de fuentes anónimas o indeterminadas; iv).- la determinación acerca de la clase de testimonio de oídas de que se trata, puesto que estará llamado a brindar mayor confiabilidad el testimonio de oídas de primer grado que aquel que corresponda al grado sucesivo por ser el resultado de haber escuchado a otro relatar unos hechos de los cuales dicho tercero tuvo conocimiento por el relato que, a su turno, recibió de otra persona y así sucesivamente”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 2009, rad. 17629, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de septiembre de 1993, rad. 6144, M.P. Juan de Dios Montes.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2002, rad. 12625, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.
Corte Constitucional, sentencia C-366 de 2014, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
Corte Constitucional, sentencia C-806 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.
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