Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2011-00220-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2011-00220-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 20001-23-31-000-2011-00220-01
Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa
21 de febrero de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Accede parcialmente. Caso: Medida de detención preventiva contra persona sindicada del delito de secuestro extorsivo / SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA - No se demostró la participación del sindicado en el delito / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA - De la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Se configuró
[E]l 3 de julio de 2009 el Juez 2do Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar - Cesar, llevó a cabo la audiencia de control de legalidad, formulación de imputación y medida de aseguramiento, en donde resolvió declarar legalizada la captura del hoy demandante e imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Jhon Jamer Zambrano Carrillo como presunto autor del delito de secuestro extorsivo. (…) El 19 de octubre de 2009 el juzgado de conocimiento dio inicio a la audiencia del juicio oral en contra del demandante, la cual finalizó el 29 de enero de 2010 y en donde la Fiscalía solicitó la absolución del demandante de los cargos endilgados en su contra por el punible de secuestro extorsivo (…) En virtud de lo anterior, el Juez de Conocimiento emitió el sentido del fallo, el cual sería absolutorio, y en consecuencia ordenó la libertad inmediata de Jhon Jamer Zambrano Carrillo. (…) [L]a privación de la libertad padecida por Jhon Jamer Zambrano Carrillo devino en injusta, en la medida en que fue privado de la libertad en virtud de un proceso penal que a la postre fue decidido a su favor por cuanto no se logró demostrar su participación en la comisión del secuestro extorsivo por el que fue investigado. (…) En conclusión, la Sala modificará la sentencia de primera instancia y declarará la responsabilidad solidaria de la Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Jhon Jamer Zambrano Carrillo, durante el término de 7, 01 meses. Lo anterior en razón a que la privación de la libertad se dio dentro del actuar legítimo y conjunto que desplegaron las entidades demandadas dentro del proceso penal acusatorio. NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque. Al respecto ver las aclaraciones de las providencias 36146 de 2015 y 35796 de 2016
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 20001-23-31-000-2011-00220-01(46488)
Actor: JHON JAMER ZAMBRANO CARRILLO Y OTROS
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)
Contenido. Descriptor: Se modifica la sentencia de primera instancia que declaró responsable de la privación injusta de la libertad a la Rama Judicial y en su lugar se declara patrimonial y solidariamente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial. Restrictor: Aspectos procesales – legitimación en la causa – caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad / Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado / El derecho a la libertad individual / Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad - Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad - Imputación de la condena.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial contra la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2012 por el Tribunal Administrativo del Cesar en la que resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda:
“PRIMERO: DECLARAR la prosperidad de las excepciones denominadas falta de legitimación por pasiva, propuestas por la Nación – Fiscalía General de la Nación; y en consecuencia, exonerarle de responsabilidad, por las consideraciones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial, por los perjuicios morales y materiales infringidos al señor Jhon Jamer Zambrano Carrillo, con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fue objeto, entre el 2 de julio de 2009 y el 1 de febrero de 2010, conforme a las motivaciones expuestas en este proveído.
TERCERO: Como consecuencia del ordinal anterior, CONDÉNASE a la Nación – Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial a pagar a titulo de indemnización las siguientes sumas:
i) Por concepto de perjuicios morales:
• Para el señor Jhon Jamer Zambrano Carrillo en su condición de la víctima directa, la cantidad equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para Luz Mariela (sic) y Luz Karina Zambrano Meza, Victoria y Jhon Carlos Zambrano Rangel, en calidad de hijos de la víctima directa, la cantidad equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos.
• Para José del Carmen Zambrano Nieto, en su condición de padre de la víctima directa, la suma de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Para Yulieth, Estefania, Yelena, Olga Tatiana, Berenice y Verlidez Zambrano Arrieta, en su condición de hermanas de la víctima directa, la suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de ellas.
ii) Por concepto de perjuicios materiales:
• A favor del señor Jhon Jamer Zambrano Carrillo, víctima directa la suma de tres millones novecientos cuarenta y ocho días (sic) diez pesos ($3.948.010.oo) por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.
CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda
(…)”.
I. ANTECEDENTES
1. Lo pretendido
1.1.- El 6 de abril de 2011- Jhon Jamer Zambrano (víctima directa), Luz Mirella Zambrano Meza, Luz Karina Zambrano Meza, Victoria Zambrano Rangel, Jhon Carlos Zambrano Rangel (hijos), José del Carmen Zambrano (padre), Yulieth, Estefanía, Yelenia, Olga Tatiana, Berenice y Verlidez Zambrano Arrieta (hermanas), por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa contenida en el artículo 86 del C.C.A., solicitaron que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial de los perjuicios sufridos por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Jhon Jamer Zambrano por el término comprendido entre el 2 de julio de 2009 y 29 de enero de 2010 y por “el padecimiento de un proceso penal que éste sufriera y que se extendió desde la fecha de su captura 02 de julio de 2009 – hasta el 29 de enero de 2010, fecha en que el Juzgado Penal del Circuito Especializado del Conocimiento de Valledupar decretó su libertad inmediata, enunciado el sentido de fallo absolutorio, el cual se hizo efectivo y quedó ejecutoriado el 23 de febrero de 2010”.
1.2.- Como consecuencia de la anterior declaración, la parte actora solicitó condenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial a pagar las siguientes sumas de dinero:
1.2.1.- Por concepto de perjuicios morales a favor de la víctima directa el equivalente a 150 SMLMV; para sus hijas y padre, 100 SMLMV; y a favor de sus hermanas, la suma de 80 SMLMV.
1.2.2.- Por concepto de perjuicios materiales a titulo de lucro cesante a favor de Jhon Jamer Zambrano Carrillo la suma de $8.500.000.oo equivalentes a las sumas de dinero que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo privado de su libertad, derivadas del ejercicio de la actividad económica que realizaba como pescador independiente en el corregimiento de Saloa del municipio de Chimichagua, Cesar durante el tiempo que estuvo privado de su libertad.
1.2.3.- Por concepto de daño a la vida de relación a favor de Jhon Jamer Zambrano el equivalente a 150 SMLMV; para sus hijas y padre, 100 SMLMV; y a favor de sus hermanas, la suma de 80 SMLMV.
1.3. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora expuso los hechos que la Sala sintetiza así:
El día 23 de marzo de 2009 el Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Garantía de La Paz – Cesar, previa solicitud de la Fiscalía Primera Especializada Delegada ante el Gaula, expidió orden de captura en contra de Jhon Jamer Zambrano como presunto autor del delito de secuestro extorsivo del que fueron víctimas Roxana Ruiz Gómez, Edeth Gullen Ruiz y Fernel Lima Martínez, habitantes del corregimiento de Saola del municipio de Chimichagua – Cesar, quienes fueron retenidos los días 1 de noviembre y 11 de diciembre de 2008 por miembros de grupos al margen de la ley con el fin de hurtarles una cantidad de dinero que se habían encontrado días anteriores.
En virtud de lo anterior, el 2 de julio de 2009 la Policía Nacional capturó a Jhon Jamer Zambrano.
El 3 de julio de 2009 el Juez Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, resolvió imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del demandante como presunto autor del delito de secuestro extorsivo; y el 24 de agosto de 2009 la Fiscalía formuló acusación en contra del actor como presunto autor del punible en cita.
A continuación, el expediente pasó al Juez Penal del Circuito de Conocimiento quien el día 29 de enero de 2010 durante el trámite de la audiencia del juicio oral, dio a conocer el sentido de fallo, el cual fue proferir sentencia absolutoria a favor del actor y ordenó su libertad inmediata por cuanto consideró que no se encontraba demostrada su responsabilidad y participación en el secuestro extorsivo del cual fueron víctimas Roxana Ruiz Gómez, Edeth Gullen Ruiz y Fernel Lima Martínez.
Por último, el 23 de febrero de 2010 el juzgado de conocimiento realizó la lectura de la sentencia absolutoria proferida a favor del demandante. La presente providencia quedó ejecutoriada ese mismo día.
2. El trámite procesal
2.1.- Admitida la demanda y notificada la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, el asunto se fijó en lista.
2.2.- La Rama Judicial mediante escrito del 30 de mayo de 2011 dio contestación a la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones por cuanto consideró que “en ningún momento causó un daño antijurídico al demandante, así como a sus familiares; pues solamente actuó conforme a los principios rectores de nuestra Constitución Nacional, con base en la valoración de las pruebas allegadas por la Fiscalía y el ahora demandante. Mi representada sólo se limitó a decidir en su sana critica si condenaba o absolvía al señor (a) Jhon Jamer Zambrano Carrillo favoreciéndolo en el presente caso que estamos estudiando”.
Por último, la Rama Judicial propuso como excepciones la falta de legitimación en la causa por pasiva por cuanto no fue la Rama Judicial la que dio inicio a la investigación ni solicitó la expedición de la orden de captura, y mucho menos realizó la imputación de cargos; y la ineptitud sustantiva de la demanda por la falta de relación de causalidad, toda vez que no se configura la falla del servicio alegada por la parte demandante.
2.3.- Asimismo, el día 10 de junio de 2011 la Fiscalía General de la Nación contestó la demanda y se opuso a todas las pretensiones, por cuanto consideró ajustada a derecho la actuación adelantada dentro del proceso penal en contra de Jhon Jamer Zambrano.
También la Fiscalía propuso como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva “al no incumbir a la Fiscalía General de la Nación, con el nuevo estatuto de procedimiento penal, imponer la medida de aseguramiento, toda vez que como se dijo anteriormente le corresponde a la Fiscalía adelantar la investigación, para de acuerdo con los elementos materiales probatorios y evidencia física obrantes en ese momento procesal, solicitar, como medida preventiva la detención del sindicado, si lo considera conveniente, correspondiéndole al Juez de Garantías estudiar dicha solicitud, analizar los elementos materiales probatorios y evidencia física presentada por la Fiscalía, para luego si establecer la viabilidad o no de decretar la medida de aseguramiento, es decir, que finalmente, si todo se ajusta a derecho es el juez de garantías quien decide y decreta la medida de aseguramiento a imponer”.
2.4.- Una vez decretadas y practicadas las pruebas, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el concepto de rigor. Oportunidad que fue aprovechada por la parte demandante, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Como se anotó ad initio de esta providencia, el 20 de septiembre de 2012 el Tribunal Administrativo del Cesar accedió parcialmente a las súplicas de la demanda por cuanto consideró:
“De conformidad con las pruebas recaudadas y arriba reseñadas, considera la Sala que, en este evento, se incurrió en una privación injusta de la libertad, donde el Juzgado Penal Municipal de La Paz Cesar, ordenó la captura del señor Zambrano Carrillo y el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Garantías, le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en Centro Carcelario, teniendo que soportar estar privado de la libertad por un término de doscientos nueve (209) días, para luego ser absuelto por el Juzgado Penal de Circuito Especializado de Valledupar con Funciones de Conocimiento, al no poderse desvirtuar la presunción de inocencia.
De tal manera que la privación de la libertad de que fue objeto el demandante resultó ser injusta, puesto que al estar detenido sufrió un daño que no estaba en la obligación de soportar. En tales condiciones, la exigencia doctrinaria y jurisprudencial de que el sindicado y los demás demandantes en el juicio de responsabilidad hayan padecido daños, se encuentra cumplida en el presente caso, como quiera que además de la aflicción connatural a la reclusión en un establecimiento carcelario y la situación en la que el demandante se vio privado de la posibilidad de dedicarse a las labores productivas que le permitían proveer al sostenimiento de su familia.
(…)
De conformidad con lo anterior, es claro para la Sala que la responsabilidad por la privación injusta de la libertad, sufrida por Jhon Jamer Zambrano Carrillo, durante los doscientos nueve (209) días entre el 2 de julio de 2009 y el 1 de febrero de 2010 recae sobre la Nación – Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial, al ser el ente quien ordenó capturar al señor Jhon Jamer Zambrano Carrillo (…) y le impuso la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario, para luego ser absuelto del delito que se le endilgaba. En ese sentido se acogen los argumentos expresados por la Nación – Fiscalía General de la Nación por cuanto el hecho generador del daño, en el presente caso, fue causado por la Nación – Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial, sin que aquella entidad haya tenido injerencia en el mismo; y por tanto, prosperan las excepciones por ella planteadas.
Por consiguiente, se debe responsabilizar a la Nación – Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial bajo el titulo de imputación objetivo, por el daño antijurídico que se le causó, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el accionante durante el término ya señalado”.
III. EL RECURSO DE APELACIÓN
El 22 de octubre de 2012 la Rama Judicial interpuso recurso de apelación en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia por cuanto se encuentra demostrado:
1.- La actuación del Juez con Función de Control de Garantías dentro del proceso penal adelantado en contra del actor se encuentra respaldada por “los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que exhibió la Fiscalía en audiencia preliminar”.
2.- La actuación del Juez de Conocimiento fue “favorable al demandante respetando su libertad como lo demuestran las sentencias (audiencias) aportadas por el demandante de fecha 19 de octubre de 2009 y 29 de enero de 2010 en donde se profiere el fallo absolutorio y se le concede la libertad inmediata a petición en audiencia de la Fiscalía General de la Nación por tener la imposibilidad de probar su teoría del caso con respecto a la responsabilidad y participación en el ilícito por parte del señor Jhon Jamer Zambrano Carrillo”.
3.- Dentro del expediente de la investigación penal adelantada en contra del actor existía por lo menos un indicio grave de que el demandante era el responsable de la conducta delictiva de secuestro extorsivo y en ese sentido la medida de privación de la libertad resultó ajustada a la Ley.
4.- El Tribunal de Primera Instancia desconoció que el proceso penal adelantado en contra del actor tuvo su origen en la indicación que hizo la Fiscalía General de la Nación al hoy demandante como participe de los hechos investigados.
5.- No se encuentran demostrados los perjuicios reclamados por la parte demandante.
IV. TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
1.- Admisión del recurso de apelación
Mediante auto del 8 de abril de 2013, esta Corporación admitió el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial en contra la sentencia de primera instancia.
2.- Alegatos de conclusión y audiencia de conciliación.
2.1.- Luego de admitido el recurso de apelación, la Sala corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera el concepto de rigor. Oportunidad procesal que fue aprovechada por la Fiscalía General de la Nación.
2.2.- A continuación, esta Corporación fijo el día 15 de octubre de 2014 como fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación judicial. Llegado el día y la hora programada, la diligencia se declaró fallida por inasistencia de la Rama Judicial.
V. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El 3 de octubre de 2014, el Ministerio Público presentó el concepto No. 256 en el que consideró que “la privación de la libertad que padeció Jhon Jamer Zambrano Carrillo implicó un daño que no estaba en la obligación de soportar, razón por la cual resulta irrelevante estudiar si las decisiones que impusieron la privación de la libertad estuvieron o no ajustadas a derecho”.
VI. CONSIDERACIONES
Retomando la problemática jurídica propuesta por el sub judice, la Sala precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión así: 1.- Aspectos procesales; 1.1. Legitimación en la causa; 1.2.- Caducidad; 2.- Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado; 3.- El derecho a la libertad individual; 4.- Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad; 5.- Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad; 6.- Imputación de la condena; 7.- Caso concreto; y 8.- Liquidación de perjuicios; 8.1.- Perjuicios morales; 8.2. Perjuicios materiales a título de lucro cesante.
1.- Aspectos procesales
1.1.- Legitimación en la causa
La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”, o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.
En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes Jhon Jamer Zambrano en calidad de víctima directa y su núcleo familiar conformado por Luz Mirella Zambrano Meza, Luz Karina Zambrano Meza, Victoria Zambrano Rangel, Jhon Carlos Zambrano Rangel (hijos), José del Carmen Zambrano (padre), Yulieth, Estefanía,Yelena, Olga Tatiana, Berenice y Verlidez Zambrano Arrieta (hermanas), quienes se encuentran legitimados en la causa por activa.
Ahora bien, para determinar la legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, a la luz de la Ley 906 de 2004 deben preverse las competencias funcionales y la colaboración legalmente establecida entre estas entidades durante las dos fases del proceso penal, a saber, la fase de investigación e indagación a cargo de la Fiscalía General de la Nación y la segunda, la etapa de juicio a cargo de la administración de justicia en lo penal.
Así, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación está obligada a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito- e, incluso, excepcionalmente conserva facultades para limitar derechos fundamentales mediante la orden de allanamiento y registro, interceptación de comunicaciones y capturas, aunque sus labores están esencialmente concernidas al desarrollo de la actividad investigativa del Estado.
Ahora bien, debe preverse que en principio cuando la medida de aseguramiento o restricción de la libertad tenga lugar como resultado de las labores de la policía judicial, la responsabilidad recaerá sobre el ente que coordina y orienta su actuación, esto es, la Fiscalía General de la Nación.
Por su parte, la actividad Judicial refiere la intervención del Juez de Control de Garantías durante la etapa investigativa y el juez de conocimiento para la etapa de juzgamiento.
Por lo expuesto, la Sala considera que en los eventos de privación injusta de la libertad, de conformidad con el marco normativo establecido por la Ley 906 de 2004, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial se encuentran legitimados en la causa para comparecer como actores del extremo pasivo de la relación procesal.
Ahora, pese a esta regla general de legitimación, debe preverse que la responsabilidad de las entidades demandadas en la concreción de los daños que tengan lugar por privación injusta de la libertad, habrá de definirse en el correspondiente juicio de imputación, donde se establecerá si el daño se presentó o no como consecuencia del actuar u omisión negligente del Juez o el Fiscal del caso, o como consecuencia de la actuación legitima y conjunta de ambas autoridades.
1.2.- Caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad.
La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.
La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo. Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.
Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación.
En el caso concreto, la Sala observa que el demandante fue absuelto mediante providencia que quedó ejecutoriada el 23 de febrero de 2010 lo que en principio indica que el término de caducidad vencería el 24 de febrero de 2012.
Sin embargo, antes del vencimiento del término de caducidad, esto es, el 15 de septiembre de 2010 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, la cual se llevó a cabo el 24 de noviembre de 2010 y se declaró fracasada por falta de ánimo conciliatorio de la Rama Judicial, según se observa en el acta suscrita ese mismo día.
Así las cosas, el cómputo de la caducidad se suspendió durante 2 meses, 1 semana y 2 días (70 días) de manera que su vencimiento se corrió hasta el 3 de mayo de 2012 y la demanda fue presentada el 6 de abril de 2011, es decir, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A
2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado
Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.
De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.
En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.
El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable”, sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”.
La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.
Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.
3. El derecho a la libertad individual
Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.
Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.
4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad
La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:
En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial.
También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”.
Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.
Dijo entonces el Consejo de Estado:
“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.
“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas.”
En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,- eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:
“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”
En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.
Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.
En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P, debe ordenar su reparación.
Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.
En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.”
5. Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad
En sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la reparación del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad, así:
Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 sólo se exige la prueba de la relación afectiva.
6.- Imputación de la condena
Para entrar a analizar la imputación de la condena a las entidades demandadas, es importante resaltar que el proceso penal acusatorio fue implementado por efecto del Acto Legislativo 03 de 2002 que modificó los artículos 250 y 251 de la Constitución Política y que, a su vez, fue desarrollado por la Ley 906 de 2004 que instituyó el Proceso Penal Acusatorio en dos fases: la primera de ellas, la fase de investigación e indagación a cargo de la Fiscalía General de la Nación; la segunda, la etapa de juicio a cargo de la administración de justicia en lo penal.
Al respecto, al igual que en la legitimación en la causa estudiada en el acápite 1.1 de estas consideraciones, es importante resaltar las competencias y funciones atribuidas tanto a la Fiscalía General de la Nación como de la administración de justicia dentro de las etapas del proceso penal establecido en la Ley 906 de 2004, a fin de establecer el marco normativo bajo el cual se desarrolla la actuación de estas autoridades públicas y, así, determinar el régimen que permite atribuir (fáctica y jurídicamente) la responsabilidad administrativa en los casos de privación injusta de la libertad sucedidos al amparo de la mencionada ley.
En primer lugar, en lo que respecta a la Fiscalía General la Constitución Nacional, luego de la modificación introducida por el Acto Legislativo 03 de 2002, en su artículo 250 establece:
“Artículo 250. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.
En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:
1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.
El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función.
La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas; igualmente, la ley fijará los límites y eventos en que proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
3. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello.
4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías.
5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar.
6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito.
7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.
8. Dirigir y coordinar las funciones de policía Judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.
9. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.
El Fiscal General y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.
En el evento de presentarse escrito de acusación, el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tengan noticias incluidas los que le sean favorables al procesado.
PARÁGRAFO. La Procuraduría General de la Nación continuará cumpliendo en el nuevo sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal, las funciones contempladas en el artículo 277 de la Constitución Nacional”
Asimismo, con relación a las funciones especiales de la Fiscalía General de la Nación el artículo 251 constitucional, luego de la modificación introducida por el artículo 3º del Acto Legislativo 03 de 2002, dispuso:
“Artículo 251. Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación:
1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos servidores que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.
2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los servidores bajo su dependencia.
3. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley.
4. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto.
5. Otorgar, atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de Policía Judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación.
6. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público”.
A la sazón, de conformidad con la Ley 906 de 2004, las labores que ejerce la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso penal acusatorio están esencialmente concernidas al desarrollo de la actividad investigativa del Estado, labor que se sirve de los organismos de policía judicial y se concreta en la recolección del material probatorio, de la evidencia física y de la información legalmente obtenida que le permite sustentar sus acusaciones y pretensiones ante el juez de garantías o de conocimiento, formular la imputación penal, obtener las medidas precautelativas que resulten necesarias, formular acusación penal y solicitar un fallo de culpabilidad.
De lo anterior debe resaltarse, en lo que respecta al derecho a la libertad, que los artículos 2 y 300 de la Ley 906 de 2004 dotaron a la Fiscalía General de la Nación de la potestad excepcional de ordenar capturas en aquellos eventos de flagrancia y cuando existieran motivos fundados y razonables que impedían solicitar el mandamiento escrito del juez competente para ordenarla.
Sin embargo, estas disposiciones fueron declaradas parcialmente inexequibles por las sentencias C-730, C-799 de 2005 y C-1001 de 2005 y, posteriormente modificadas por la Ley 1142 de 2007 que en sus artículos 1º y 21, reformó el art 2º y 300 de la Ley 906 de 2004, respectivamente, en el sentido de facultar a la Fiscalía General de la Nación para que excepcionalmente expida la orden de captura, escrita y motivada, en los eventos en que proceda la detención preventiva y en las circunstancias que describe la norma, pero bajo la condición de solicitar el control de legalidad de la misma ante el juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.
De lo expuesto es claro que normativamente la Fiscalía General de la Nación se encuentra instituida para fungir como órgano de investigación que tiene a cargo el ejercicio de la acción penal, específicamente en la etapa de investigación e instrucción y tiene a cargo la dirección y coordinación de la policía judicial.
Ahora, como se dijo en el acápite 1.1 de estas consideraciones, con relación a la policía judicial debe resaltarse que aunque ésta realiza actividades de investigación, lo hace bajo la coordinación y orientación de la Fiscalía General de la Nación y, por regla general, no puede actuar sin orden judicial, pues se itera, es función de la Fiscalía coordinar las actividades de la policía judicial, razón por la que la responsabilidad recaerá inicialmente sobre el ente investigador.
De otra parte, en lo que se refiere a la actividad Judicial dentro del proceso penal acusatorio, específicamente del Juez de Control de Garantías, debe preverse que esta figura también fue introducida mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, que le otorgó la función de realizar las audiencias de control previo, posterior y de trámite de las actuaciones de la policía judicial y la Fiscalía General de la Nación.
Es por ello que la exposición de motivos de la Ley 906 de 2004 sostuvo que el Juez de Control de Garantías se instituyó para garantizar los derechos fundamentales de las personas investigadas como un órgano diferente al que dirige la investigación e indagación criminal, toda vez que éste debe limitar al ente que ejerce la persecución penal y verificar que el actuar de la Fiscalía General de la Nación se ajuste a los requerimientos constitucionales y legales.
Así, el juez de control de garantías subyace como restrictor de las funciones de la Fiscalía General de la Nación para garantizar la igualdad entre las partes y el principio de reserva judicial en la afectación de derechos fundamentales; en razón a lo cual el Acto Legislativo No. 03 de 2002 “dispuso que corresponde al juez de control de garantías autorizar las limitaciones a los derechos fundamentales”
Al respecto debe preverse que el principio de igualdad de armas que inspira el proceso acusatorio implica que el ente acusador es despojado, como regla general, de las funciones jurisdiccionales, de donde surge la necesidad de establecer un mecanismo que controle las actuaciones del acusador y proteja los derechos fundamentales que puedan verse afectados en el proceso, mediante la participación de un funcionario independiente y autónomo (juez) que pueda adoptar medidas restrictivas de los derechos como ocurre con el juez de control de garantías que no solo es distintito del acusador, sino que también es diferente al juez de conocimiento de la causa.
En este sentido la Corte Constitucional ha precisado que el fiscal, debido a la naturaleza de la tarea que se le impone, no puede ser neutral frente a sus consideraciones, pues su tarea de ente acusador genera durante el proceso de investigación del delito una idea preconcebida de la culpabilidad del imputado. Esto es apenas normal y es así como debe funcionar la psiquis de un funcionario a quien su trabajo le impone la obligación de buscar indicios y construir hipótesis a través de ellos, para así poder formular una imputación o una acusación que persevere en la etapa de juzgamiento.
Por el contrario el juez de garantías es un funcionario judicial - imparcial que interviene en la etapa de instrucción, propia de la Fiscalía General de la Nación, para realizar un examen de control de legalidad inmediato y proteger las garantías procesales que deben caracterizar un sistema de tipo acusatorio. De manera que quede confirmada la necesidad que motiva las medidas restrictivas de los derechos fundamentales, en cada caso, a la luz de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de cada medida.
Se trata, entonces, de un evento de colaboración legalmente establecida entre los funcionarios del aparato judicial, sobre todo en lo que concierne a la medida de aseguramiento y al derecho fundamental de la libertad, donde el espíritu garantista del sistema se acentúa y hace aún más significativa la intervención de los jueces durante la fase instructiva para controlar al ente acusador y proteger en la mejor forma posible las garantías procesales.
Es así que la intervención del juez de control de garantías se dirige a evaluar los motivos y razones que respalden la privación de la libertad a fin de que las medidas privativas de la libertad se encuentren apoyadas en motivos suficientemente razonables y proporcionales y no en simples sospechas.
Con fundamento en lo anterior es razonable que el capítulo III la Ley 906 de 2004 frente a la imposición de la medida de aseguramiento haya establecido que ella sólo sea procedente mediante decisión del juez de control de garantías.
Al efecto, el artículo 306, en su texto original establecía:
“ARTÍCULO 306. El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.
Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su decisión.
La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia”.
La norma antes trascrita fue modificada por el artículo 59 de la Ley 1453 de 2011 y el nuevo texto es el siguiente:
ARTÍCULO 306. SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. El fiscal solicitará al Juez de Control de Garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.
Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión.
La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia.
La víctima o su apoderado podrán solicitar al Juez de Control de Garantías, la imposición de la medida de aseguramiento, en los eventos en que esta no sea solicitada por el fiscal.
En dicho caso, el Juez valorará los motivos que sustentan la no solicitud de la medida por parte del Fiscal, para determinar la viabilidad de su imposición.
Nótese que la norma en cita, tanto en su texto original como en el nuevo texto, posibilita la imposición de la medida de aseguramiento por parte del juez de control de garantías pero a solicitud del fiscal del caso o incluso de la propia víctima o su apoderado.
Al efecto también debe preverse que para la imposición de las medidas de aseguramiento, especialmente de aquellas que surgen como privativas de la libertad, la Ley 906 de 2004 estableció una suerte de requisitos, algunos de carácter objetivo y otros subjetivos que se fundamentan en la actuación investigativa del fiscal.
De igual forma, el artículo 313 limitó la procedencia de la detención preventiva en establecimiento carcelario a los siguientes requisitos objetivos: (i) que el delito sea de competencia de los jueces penales de circuito especializados; (ii) que el delito sea investigable de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años; (iii) que se trate de los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal, cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes o (iv) que la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso de los tres años anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente.
Sin embargo, el mismo artículo 313 dispuso para la procedencia de la detención preventiva en establecimiento carcelario, en todo caso, la satisfacción de los requisitos señalados en el artículo 308 de la misma Ley 906 de 2004, el cual establece – subjetivamente - la posibilidad de decretar la medida de aseguramiento siempre y cuando pueda inferirse razonablemente que el imputado puede ser autor o participe de la conducta delictiva que se investiga, esto es, cuando los elementos materiales probatorios y la evidencia física o información obtenida por la Fiscalía permitan inferir la participación del imputado en la comisión del ilícito.
De manera que la actividad del juez de control de garantías siempre estará ligada a la actuación investigativa de la Fiscalía o su delegado, a quien, además, le corresponde acreditar alguno de los requisitos adicionales establecidos en la misma norma:
ARTÍCULO 308. REQUISITOS. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.
(…)”
Entonces, en todos los casos la decisión del juez de control de garantías se verá sustentada en la labor investigativa que adelante el correspondiente fiscal y en la teoría argumentativa que éste le exponga para fundamentar su solicitud.
Así, el fiscal podrá argumentar que la medida de aseguramiento se muestra como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, frente a lo cual el artículo 309 exige la demostración de los motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o que puede impedir o dificultar la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación.
Igualmente, cuando el fiscal considere que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, conforme a la norma siguiente – artículo 310, deberá acreditar la gravedad y modalidad de la conducta punible, así como la pena imponible más las siguientes circunstancias:
“1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales.
2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.
3. El hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.
4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional.
5. Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas.
6. Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años.
7. Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada.”
Del mismo modo, si el fiscal considera que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la víctima, deberá acreditar que existen motivos fundados que permiten inferir que aquél puede atentar contra ella, su familia o sus bienes, según se desprende del artículo 311 ibídem.
Y finalmente, cuando el fiscal del caso en su solicitud considere que probablemente el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia, conforme al artículo 312 deberá demostrar la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible, además de los siguientes factores:
“1. La falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.
2. La gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a este.
3. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena.”
Así las cosas, la decisión que adopte el juez de control de garantías frente a la imposición de la medida de aseguramiento o de la legalización de la captura se encuentra sujeta a la actividad probatoria e investigativa que exponga el fiscal, pues aun en los casos de captura en flagrancia, la labor del juez se dirige a revisar que la actuación de la fiscalía y de la policía judicial haya dado cumplimiento a los requisitos contenidos en los artículos 301, 302, 303 del Código de Procedimiento Penal para proceder a legalizarla o a ordenar la libertad inmediata, evento en el cual el juez también dependerá de la actuación directa del fiscal o de la policía judicial que actúa bajo su coordinación y orientación.
Por lo expuesto, de conformidad con el marco normativo establecido por la Ley 906 de 2004, la Sala considera que en el caso de autos, la condena debe imputarse tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial, en atención a los criterios de colaboración y asocio bajo los cuales se desarrolla la labor de instrucción e investigación dentro del proceso penal acusatorio.
Lo anterior, teniendo en cuenta, además, que por cuanto el daño se deriva de la actuación conjunta de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, de ella se desprende una responsabilidad solidaria que encuentra su fundamento legal en el artículo 2344 del Código Civil, según el cual:
ARTICULO 2344. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.
A su turno la jurisprudencia del Consejo de Estado, de vieja data ha señalado que “El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en la producción del daño”.
En síntesis, de la actuación legítima y conjunta desarrollada en el proceso penal acusatorio entre el juez y el fiscal se desprende una responsabilidad solidaria que encuentra su fundamento legal en el artículo 2344 del Código Civil y no en una simple teoría causal hipotética de equivalencia de las condiciones.
Así las cosas, igualmente debe precisarse que, en principio, dentro del proceso penal acusatorio concurren eficientemente en la producción del daño – privación de la libertad, la actuación desplegada por el juez así como la desplegada por el fiscal del caso, a quienes, en principio, serán responsables como coautores del daño.
Pero, la Sala subraya que lo anterior no significa que el juez de reparación directa deba perder de vista las particularidades de cada caso concreto, en los que, excepcionalmente, las circunstancias demuestren que fue el Juez o el Fiscal, individuamente, quien con su actuar u omisión negligente conllevó a la privación injusta de la libertad, por falla en el servicio; evento en el cual la condena deberá imputarse a la Rama Judicial o a la Fiscalía General de la Nación, según corresponda, de acuerdo con la atribución que del daño antijurídico resulte probada, a título de falla.
7.- Caso concreto
De conformidad con el objeto del recurso de apelación, los medios probatorios que obran en el plenario y los lineamientos teóricos antes expuestos, la Sala determinará si en el caso de autos la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial son administrativa y patrimonialmente responsables de la privación de la libertad a la que se vio sometido el señor Jhon Jamer Zambrano Carrillo como presunto autor del delito de secuestro extorsivo.
Con relación a los hechos que dieron lugar a la investigación penal, la Sala encuentra demostrado que el proceso penal adelantado en contra de Jhon Jamer Zambrano Carrillo, tuvo su génesis en los siguientes hechos:
“el 11 de diciembre de 2008 a eso de las seis de la mañana cuando el joven Edeth Guillen Ruiz a petición de su señor padre salió acompañado del menor Fernel Lima Martínez al monte “Palma Sola” por la vía de la carretera a las Vegas a sacar una yuca; empezando su trabajo se le presentaron tres (3) sujetos armados de los cuales uno llevaba una capucha y le exigieron al segundo que amarrara al primero como en efecto lo hizo.
Fue así como proceden a meterlo en un hueco donde lo amenazaban con un cuchillo, le pegan patadas y puños y le ponen un cigarrillo encendido exigiéndole les informara donde se encontraban los dólares y como quiera que le respondió que estaban enterrados en la carretera, llamaron a la madre de Edeth señora Yosana Ruiz Gómez para que los llevara comida y una pala con la que proponían sacar la caleta que reclamaban.
Procediendo entonces a separar los secuestrados quedando el menor Fernel Lima Martínez al cuidado del encapuchado a quien conoció como Jorge Luis Gutiérrez Balanza con quien permaneció varias horas y luego por su propia voluntad lo deja en libertad prohibiéndole que diera aviso a las autoridades.
Entretanto a Yosana Ruíz le permitieron hablar con su hijo y luego los separaron. Conociendo su marido Edeth Guillen Contreras el paradero de su señora esposa sale en su búsqueda acompañado de su cuñado Carlos Beleño Gómez y en cuanto le escucharon la voz uno de los secuestradores corre con ella luego huye y la deja a su suerte por lo que regresó a su hogar. En tanto que Edeth Guillen Contreras y su cuñado le dan captura a Jorge Luis Gutiérrez Balanza en momento que divisaron a Edeth Guillen Ruíz en poder de sus secuestradores y aquel pasa silbando en actitud sospechosa.
En interrogatorio realizado a Guitierrez Balanza dio cuenta de la participación de Jhon Carrao identificado por los investigadores como Jhon Jamer Zambrano Carrillo”.
En virtud de lo anterior, el 23 de marzo de 2009 el Juzgado Promiscuo Municipal de La Paz con Funciones de Control de Garantías expidió la orden de captura No. 0708280 en contra de Jhon Jamer Zambrano Carrillo como presunto autor del delito de secuestro extorsivo; captura que se hizo efectiva el 2 de julio de 2009, según consta en el informe ejecutivo FPJ – 03 emitido ese mismo día por la Policía Judicial.
Acto seguido, el 3 de julio de 2009 el Juez 2do Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar – Cesar, llevó a cabo la audiencia de control de legalidad, formulación de imputación y medida de aseguramiento, en donde resolvió declarar legalizada la captura del hoy demandante e imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Jhon Jamer Zambrano Carrillo como presunto autor del delito de secuestro extorsivo .
El 25 de julio de 2009 la Fiscalía Primera Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar - Cesar formuló acusación en contra del señor Jhon Jamer Zambrano Carrillo por el delito de secuestro extorsivo.
El 19 de octubre de 2009 el juzgado de conocimiento dio inicio a la audiencia del juicio oral en contra del demandante, la cual finalizó el 29 de enero de 2010 y en donde la Fiscalía solicitó la absolución del demandante de los cargos endilgados en su contra por el punible de secuestro extorsivo, por cuanto consideró que “no pudo probar la responsabilidad del procesado más allá de toda duda por la imposibilidad de lograr la comparecencia de los testigos dado que se fueron del país como está demostrado en las pruebas que presentó”. Petición que fue coadyuvada por el Ministerio Público.
En virtud de lo anterior, el Juez de Conocimiento emitió el sentido del fallo, el cual sería absolutorio, y en consecuencia ordenó la libertad inmediata de Jhon Jamer Zambrano Carrillo.
Es de observar que el 23 de febrero de 2010, durante el trámite de la audiencia de lectura del fallo, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar actuando como juez de conocimiento profirió sentencia absolutoria a favor de Jhon Jamer Zambrano Carrillo, con fundamento en los siguientes argumentos:
“En efecto, acorde con la defensora, la referencia que se hace de este procesado está en un interrogatorio de indiciado que se recepcionó una vez fue capturado Jorge Luis Gutiérrez Balanza y en una entrevista que se hizo a Yosana Ruíz, madre de uno de los secuestrados. Ni uno ni otro testimonio pudieron entrar al juicio pues muy a pesar de encontrarse privado de la libertad y condenado por estos mismos hechos Jorge Luis Gutiérrez Balanza la Fiscalía no lo presentó como prueba condiciones en que no podía introducir el interrogatorio a que hizo referencia el investigador Efrain Cesar Ramírez López, pues tenía el testigo disponible para escucharlo, cosa distinta sucedió con el testimonio de Yosana Ruíz Gómez a quien tampoco se trajo a declarar, pero en este caso la Fiscalía aunó esfuerzos y no la pudo localizar, no obstante su entrevista tampoco se introdujo como prueba, ese relató entró a través del ente investigador Efrain César Ramírez que da cuenta que se referencia a él como el sujeto CARRAO uno de los tres que participó en el secuestro y que se destacaron dos investigadores para identificarlo.
Bautista Chanaga Alexander uno de los investigadores referidos por Efrain Cesar para esa misión dice que en efecto su trabajo fue de identificación y dado que estaba relacionado en la entrevista de Edeth Guillen Ruíz y su señora madre como Jhon Carrao la Policía lo identificó por labores del vecindario como Jhon Jamer Zambrano Carrillo y obtuvieron por la Registraduria su plena identificación.
Muy a pesar que no se trajo a declarar la fuente directa que le referenció a los investigadores quien era el sujeto CARRAO, el despacho contrario a la posición de la defensa no duda que se trata del procesado Jhon Jamer Zambrano Carrillo, dado que Fernel Lima Martínez una de las víctimas lo señala en el juicio, no como el sujeto que participó en su secuestro, pero si como el pescador que (sic) conoce en el pueblo como CARRAO, lo que encuentra confirmación con la lógica y el sentido común ingredientes del principio de la sana critica, pues siendo ambos de Saloa y criados allí un pueblo pequeño no hay ninguna razón para que no sepa quién es el sujeto que en su terruño se le como (sic) CARRAO.
Cosa distinta es que esos medios de convicción no nos lleven al conocimiento de toda duda de la autoría y responsabilidad en cabeza del justiciable, dado que el testigo víctima no lo señala como autor del secuestro quedando sólo en su contra el testimonio de Efrain Cesar Ramírez, que está claro es prueba de referencia y a la luz del artículo 381 de la Ley 906 de 2004, la sentencia condenatoria no puede fundarse exclusivamente en prueba de referencia, por lo que a la luz de dicha norma no le queda al Despacho pronunciamiento distinto que absolver al procesado de los cargos por los que fue llamado a responder en juicio”.
Dado el material probatorio que antecede, y el oficio No. 307- EPMSCVAL – A – JUR proferido el 18 de julio de 2011 por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, la Sala encuentra demostrado que el señor Jhon Jamer Zambrano, estuvo efectivamente privado de la libertad desde el 2 de julio de 2009, fecha en la que fue capturado hasta el 1 de febrero de 2010, fecha en la que recobró la libertad en virtud de la sentencia absolutoria proferida a su favor, esto es, por el término de 7,01 meses.
De igual forma, la Sala encuentra que la privación de la libertad padecida por Jhon Jamer Zambrano Carrillo devino en injusta, en la medida en que fue privado de la libertad en virtud de un proceso penal que a la postre fue decidido a su favor por cuanto no se logró demostrar su participación en la comisión del secuestro extorsivo por el que fue investigado. Recuerdese que, en este sentido, el fallo absolutorio dijo que los medios probatorios obrantes dentro del proceso penal “no nos lleve[a]n al conocimiento de toda duda de la autoría y responsabilidad en cabeza del justiciable”.
En conclusión, la Sala modificará la sentencia de primera instancia y declarará la responsabilidad solidaria de la Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Jhon Jamer Zambrano Carrillo, durante el término de 7, 01 meses. Lo anterior en razón a que la privación de la libertad se dio dentro del actuar legítimo y conjunto que desplegaron las entidades demandadas dentro del proceso penal acusatorio.
8. Liquidación de perjuicios
8.1.- Perjuicios morales
Al respecto, el Tribunal de Primera Instancia reconoció por este concepto a favor de Jhon Jamer Zambrano, en su calidad de víctima directa la suma de 40 SMLMV; para sus hijos y padre el equivalente a 20 SMLMV; y a favor de sus hermanas 10 SMLMV para cada uno de ellos.
No obstante, el apoderado de la parte demandada en el escrito contentivo del recurso de apelación se opuso a las sumas de dinero reconocidas por el A quo por considerar que dicha suma de dinero no se encontraba demostrada en el plenario.
En consecuencia, de conformidad con lo señalado por el apelante y los lineamientos expuestos en el punto 5 de estas consideraciones, la Sala procede a analizar si hay lugar a modificar el quantum reconocido por concepto de perjuicios morales, o si, por el contrario, se debe confirmar lo decidido por el A quo.
En este sentido, la Sala encuentra acreditado que Jhon Jamer Zambrano comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad, de la que fue objeto por el término de 7,01 meses.
Asimismo, Luz Mirella Zambrano Meza, Luz Karina Zambrano Meza, Victoria Zambrano Rangel, Jhon Carlos Zambrano Rangel, José del Carmen Zambrano Nieto, Yulieth, Estefania, Yelena, Olga Tatiana, Berenice y Verlidez Zambrano Arrieta respectivamente, comparecen al proceso en calidad de hijos, padre y hermanas del privado de la libertad, parentescos que la Sala encuentra acreditados con los correspondientes registros civiles de nacimiento tanto de la víctima directa como de los aquí demandantes y que hacen presumir dentro de los niveles 1 y 2 la relación de cercanía afectiva requerida por la jurisprudencia para el reconocimiento del perjuicio moral en las víctimas indirectas.
Ahora bien, está demostrado que Jhon Jamer Zambrano estuvo privado injustamente por el término de 7,01 meses.
En consecuencia, se observa que los demandantes se encuentran en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva, así como en el cuarto rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo de privación superior a seis (06) e inferior a nueve (09) meses, cuya cuantificación se limita a 70 SMLMV a favor de la víctima directa, sus hijos y su padre y 35 SMLMV para sus hermanas.
No obstante, la Sala confirmará lo otorgado por el A quo a favor de los demandantes, toda vez que si bien la suma reconocida no se ciñe a los parámetros previstos por esta Corporación, en virtud del principio del principio de la no reformatio in pejus, al juez no le es permitido agravar la situación del apelante único, esto es, de la Rama Judicial quien resulta deudor solidario de la obligación aquí declarada.
En consecuencia, la Sala confirmará los perjuicios morales reconocidos en primera instancia:
NIVEL
DEMANDANTE
CALIDAD
INDEMNIZACIÓN
1º
Jhon Jamer Zambrano Carrillo
Víctima
40 SMLMV
1º
Luz Mirella Zambrano Meza
Hija
20 SMLMV
1°
Luz Karina Zambrano Meza
Hija
20 SMLMV
1°
Victoria Zambrano Rangel
Hija
20 SMLMV
1°
Jhon Carlos Zambrano Rangel
Hijo
20 SMLMV
1º
José del Carmen Zambrano Nieto
Padre
20 SMLMV
2º
Yulieth Zambrano Arrieta
Hermana
10 SMLMV
2º
Estefania Zambrano Arrieta
Hermana
10 SMLMV
2º
Yelena Zambrano Arrieta
Hermana
10 SMLMV
2º
Olga Tatiana Zambrano Arrieta
Hermana
10 SMLMV
2º
Berenice Zambrano Arrieta
Hermana
10 SMLMV
2º
Verlidez Zambrano Arrieta
Hermana
10 SMLMV
8.2. Perjuicios materiales a título de lucro cesante.
Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el A quo le otorgó al señor Jhon Jamer Zambrano la suma de $3.948.010.oo equivalentes a las sumas de dinero que dejó de percibir como pescador durante el término que estuvo privado de su libertad.
No obstante, la Sala considera pertinente entrar a revisar dicho reconocimiento, de conformidad con lo señalado por el apelante y al tenor de lo dispuesto por la jurisprudencia de esta Corporación y lo demostrado en el plenario.
Al respecto, la Sala encuentra acreditado con los siguientes medios probatorios que el señor Jhon Jamer Zambrano se desempañaba como pescador para la época en que fue privado de su libertad y que de esta actividad económica derivaba sus ingresos mensuales.
• Escrito de Acusación proferido el 25 de julio de 2009 por la Fiscalía Primera Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, en contra del actor por el delito de secuestro de extorsivo y en el que consta que el demandante tenía como profesión u oficio, la de pescador.
• Sentencia absolutoria proferida el 23 de febrero de 2010 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, a favor del demandante y en la que consta que este se desempeñaba como pescador.
-Testimonios rendidos por Miguel Molina Pérez y Lucy Victoria Guerra Rodríguez, quienes manifestaron conocer al demandante y concordaron en afirmar que para la época de los hechos Jhon Jamer Zambrano se desempeñaba como pescador.
Así las cosas, la Sala encuentra acreditada la configuración del perjuicio material en cabeza Jhon Jamer Zambrano ya que está demostrado que éste obtenía sus ingresos de las labores que desempeñaba como pescador, pero observa que no existe certeza sobre el valor de los ingresos que el demandante percibía, motivo por el cual se debe acudir equitativamente al salario mínimo, tal como lo liquidó el A quo.
En consecuencia, la Sala procede a efectuar el ajuste del valor de la condena impuesta por el Tribunal de Primera Instancia de conformidad con lo establecido en el artículo 178 del C.C.A. y demás normas concordantes, mediante actualización efectuada con base en el índice de precios al consumidor, así:
Ra = Rh X IPC FINAL (fecha de esta providencia)
IPC INICIAL (fecha de la sentencia que impuso la condena)
Ra = $3.948.010.oo X 139,72 (enero 2018)
111,69 (septiembre de 2012)
Ra = $4.938.812,40
En este orden de ideas, corresponde a Jhon Jamer Zambrano por concepto de lucro cesante, la suma de $4.938.812,40
En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
R E S U E L V E
MODIFICAR la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2012 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar y en su lugar se dispone:
PRIMERO: DECLARAR solidariamente responsables a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL de los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue víctima Jhon Jamer Zambrano Carrillo
SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL a pagar a título de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:
NIVEL
DEMANDANTE
CALIDAD
INDEMNIZACIÓN
1º
Jhon Jamer Zambrano Carrillo
Víctima
40 SMLMV
1º
Luz Mirella Zambrano Meza
Hija
20 SMLMV
1°
Luz Karina Zambrano Meza
Hija
20 SMLMV
1°
Victoria Zambrano Rangel
Hija
20 SMLMV
1°
Jhon Carlos Zambrano Rangel
Hijo
20 SMLMV
1º
José del Carmen Zambrano Nieto
Padre
20 SMLMV
2º
Yulieth Zambrano Arrieta
Hermana
10 SMLMV
2º
Estefania Zambrano Arrieta
Hermana
10 SMLMV
2º
Yelena Zambrano Arrieta
Hermana
10 SMLMV
2º
Olga Tatiana Zambrano Arrieta
Hermana
10 SMLMV
2º
Berenice Zambrano Arrieta
Hermana
10 SMLMV
2º
Verlidez Zambrano Arrieta
Hermana
10 SMLMV
TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL a pagar a favor de Jhon Jamer Zambrano a título de perjuicios materiales, en su modalidad de lucro cesante la suma de $4.938.812,40.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaró voto Cfr. Av. 36146-15, Cfr. Av. 35796-16 #2 y #3.
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Presidente
En aplicación del acta No. 10 de 25 de abril de 2013 por medio de la cual el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera aprobó que los expedientes que están para fallo en relación con: (i) las personas privadas de la libertad, (ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado
Fls.257-265 C.P
Fls.233-255 C.P
Fls.68-93 C.1
Previo a la presentación de la demanda, el día 15 de septiembre de 2010 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría No. 47 Judicial II para Asuntos Administrativos ante el Tribunal Administrativo del Cesar, la cual se llevó a cabo el día 24 de noviembre de 2010 y se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio de la Rama Judicial, según consta en acta suscrita ese mismo día. (Fls.67 C.1)
Actúan a través de su padre, Jhon Jamer Zambrano. Actúa a través de su padre, José del Carmen Zambrano
Actúa a través de su padre, José del Carmen Zambrano
Fls.1-12 C.1
Fls.69-74 C.1
Fls74-78 C.1
Fls.96-97 C.1
Fls.101 C.1
Fl.102 C.1
Fls.104-111 C.1
Fls.115-123 C.1
Fls.136 C.1
Fls.210 C.1
Fls.212-217 C.1
Fls.223-229 C.1
Fls.218-224 C.1
Fls.233-255 C.P
Fls.257-265 C.P
Fls.278 C.P
Fls.280 C.P
Fls.281-299 C.P
Fls.316 C.P
Fls.323-336 C.P
Corte Constitucional. Sentencia C – 965 de 2003. Obra registro civil de nacimiento de Luz Mirella Zambrano en el que consta que su padre es Jhon Jamer Zambrano. (Fls.18 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Luz Karina Zambrano en el que consta que su padre es Jhon Jamer Zambrano. (Fls.17 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Victoria Zambrano en el que consta que su padre es Jhon Jamer Zambrano. (Fls.15C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Jhon Carlos Zambrano en el que consta que su padre es Jhon Jamer Zambrano. (Fls.16 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Jhon Jamer Zambrano Carrillo en el que consta que sus padres son José del Carmen Zambrano y Marta Carrillo (Fls.13 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Yulieth Zambrano en el que consta que su padre es José del Carmen Zambrano, padre a su vez de la víctima directa. (Fls.21 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Estefania Zambrano en el que consta que su padre es José del Carmen Zambrano, padre a su vez de la víctima directa. (Fls.22 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Yelena Zambrano en el que consta que su padre es José del Carmen Zambrano, padre a su vez de la víctima directa. (Fls.23 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Olga Tatiana Zambrano en el que consta que su padre es José del Carmen Zambrano, padre a su vez de la víctima directa. (Fls.25 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Berenice Zambrano en el que consta que su padre es José del Carmen Zambrano, padre a su vez de la víctima directa. (Fls.27 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Verlidez Zambrano en el que consta que su padre es José del Carmen Zambrano, padre a su vez de la víctima directa. (Fls.29 C.1)
Artículo 114 de la Ley 906 de 2004. Arts. 250 de la C. P. y 66; 322 de la Ley 906 de 2004
Artículo 250 de la C.P. De conformidad con los artículos 169 y 179 de la Ley 906 de 2004 que establece que las providencias se notifican por estrados y que los recursos que proceden en contra de dichas decisiones se interpondrán en la audiencia en la que se profirió el fallo, la Sala encuentra que en el caso de autos la decisión que puso fin al proceso adelantado en contra de la víctima directa, fue proferida el 23 de febrero de 2010 y quedó ejecutoriada ese mismo día por cuanto una vez notificada en estrados, no fue objeto de recurso de apelación en el curso de la audiencia pública.
Fls.67 C.1
Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.
“En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, No.4, 2000, p.174. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, expediente: 10923. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de junio de 2007, Expediente: 15989. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666. Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc. Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056. Texto original Artículo 250. Corresponde a la Fiscalía: General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal efecto la Fiscalía General de la Nación deberá: 1. Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito. 2. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas. 3. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley. 4. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso. 5. Cumplir las demás funciones que establezca la ley. El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional. La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten. NOTA: El Parágrafo 2 fue adicionado por el Acto Legislativo HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11151" \l "0" 02 de 2003, el cual fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15243" \l "0" Sentencia C-816 de 2004, por el vicio de procedimiento ocurrido en el sexto debate de la segunda vuelta. El texto del Acto Legislativo 02 de 2003 era: Artículo 4°. El artículo 250 de la Constitución Política tendrá un parágrafo del siguiente tenor: Parágrafo 2º.
Para combatir el terrorismo y los delitos contra la seguridad pública, y en aquellos sitios del territorio nacional donde no exista una autoridad judicial a la que se pueda acudir en forma inmediata o donde el acceso de los funcionarios ordinarios de policía judicial no sea posible por excepcionales circunstancias de orden público, la Fiscalía General de la Nación conformará unidades especiales de Policía Judicial con miembros de las Fuerzas Militares, las cuales estarán bajo su dirección y coordinación. Para el desarrollo de las labores propias de esta función, los miembros de la Unidad pertenecientes a las fuerzas militares se regirán, sin excepción, por los mismos principios de responsabilidad que los demás miembros de la unidad especial. Texto original: Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación: 1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución. 2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los empleados bajo su dependencia. 3. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto. 4. Otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de policía judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación. 5. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público.
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, que fue corregido por el Decreto 2770 de 2004 y ha sido modificado por: i) la Ley 1774 de 2016, “por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”, publicada en el Diario Oficial No. 49.747 de 6 de enero de 2016; ii) la Ley 1760 de 2015, “por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 906 de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad”, publicada en el Diario Oficial No. 49.565 de 6 de julio de 2015; iii) la Ley 1652 de 2013, “por medio de la cual se dictan disposiciones acerca de la entrevista y el testimonio en procesos penales de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales”, publicada en el Diario Oficial No. 48.849 de 12 de julio de 2013; iv) la Ley 1542 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.482 de 5 de julio de 2012, “Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal”; v) la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.110 de 24 de junio de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”; vi) por la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010, “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”; vii) por la Ley 1312 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.405 de 9 de julio de 2009, “Por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004 en lo relacionado con el Principio de Oportunidad”; viii) la Ley 1273 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.223 de 5 de enero de 2009, “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”; ix) la Ley 1257 de 2008, publicada en el Diario Oficial No.
47.193 de 4 de diciembre de 2008, “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”; x) la Ley 1142 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.673 de 28 de julio de 2007, “Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2005, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”; xi) la Ley 1121 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.497 de 30 de diciembre de 2006, “Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”. Por otra parte se debe tener en cuenta algunas disposiciones de la Ley 1098 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.446 de 8 de noviembre de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, 'a excepción de los artículos 320 a 325 y los relativos al juicio especial de alimentos los cuales quedan vigentes”. Para la interpretación del Artículo 35 de esta ley debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 3° de la Ley 1028 de 2006, “por la cual se adiciona el Código Penal y se dictan otras disposiciones”, publicada en el Diario Oficial 46.298 de 13 de junio de 2006. Artículo 114 de la Ley 906 de 2004. Artículo 31 de la Ley 906 de 2004. Artículo 114 de la Ley 906 de 2004. Avella Franco, Pedro. Estructura del Proceso Penal Acusatorio, Edición 2007
Artículo 2. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada. En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes. Artículo 300. CAPTURA EXCEPCIONAL POR ORDEN DE LA FISCALÍA. El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente orden de captura escrita y motivada en los eventos en los que proceda la detención preventiva, cuando por motivos serios y de fuerza mayor no se encuentre disponible un juez que pueda ordenarla, siempre que existan elementos materiales probatorios, evidencia física información que permitan inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe de la conducta investigada, y concurra cualquiera de las siguientes causales: 1. Riesgo inminente de que la persona se oculte, se fugue o se ausente del lugar donde se lleva a cabo la investigación. 2. Probabilidad fundada de alterar los medios probatorios. 3. Peligro para la seguridad de la comunidad o de la víctima en cuanto a que, si no es realizada la captura, el indiciado realice en contra de ellas una conducta punible. La vigencia de esta orden está supeditada a la posibilidad de acceso al juez de control de garantías para obtenerla.
Capturada la persona, será puesta a disposición de un juez de control de garantías inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes para que efectúe la audiencia de control de legalidad a la orden y a la aprehensión. Artículo 1°. El artículo HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787" \l "2" 2° de la Ley 906 de 2004 quedará así: Libertad. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada. En todos los casos se solicitará el control de legalidad de la captura al juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes. Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30229" \l "0" C-163 de 2008, en el entendido que dentro del término de treinta y seis (36) horas posteriores a la captura, previsto en la norma, se debe realizar el control efectivo a la restricción de la libertad por parte del juez de garantías, o la autoridad judicial competente. Artículo 21. El artículo HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787" \l "300" 300 de la Ley 906 de 2004 quedará así: Captura excepcional por orden de la Fiscalía. El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente orden de captura escrita y motivada en los eventos en los que proceda la detención preventiva, cuando por motivos serios y de fuerza mayor no se encuentre disponible un juez que pueda ordenarla, siempre que existan elementos materiales probatorios, evidencia física o información que permitan inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe de la conducta investigada, y concurra cualquiera de las siguientes causales: Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36629" \l "0" C-185 de 2008. El texto en cursiva fue declarado EXEQUIBLE en la misma Sentencia, en el entendido que el fiscal debe agotar diligentemente la búsqueda de todos los jueces legalmente competentes, incluido el juez de control de garantías ambulante. El texto en negrilla fue declarado EXEQUIBLE en la misma Sentencia, en el entendido que la información fue obtenida de conformidad con el inciso segundo del artículo 221 de la Ley 906 de 2004. 1. Riesgo inminente de que la persona se oculte, se fugue o se ausente del lugar donde se lleva a cabo la investigación. 2. Probabilidad fundada de alterar los medios probatorios. 3. Peligro para la seguridad de la comunidad o de la víctima en cuanto a que, si no es realizada la captura, el indiciado realice en contra de ellas una conducta punible. La vigencia de esta orden está supeditada a la posibilidad de acceso al juez de control de garantías para obtenerla. Capturada la persona, será puesta a disposición de un juez de control de garantías inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes para que efectúe la audiencia de control de legalidad a la orden y a la aprehensión.
Artículos 244, 247, 248, 249, 250 y 297 Ley 906 de 2004
Artículo 327 C.P.P Control judicial en la aplicación del principio de oportunidad; Artículo 127 C.P.P Declaratoria de persona ausente; Artículo 289 C.P.P modificado Ley 1142/2007; artículo 18.- Formalidades; Artículo 306 C.P.P Solicitud de medida de aseguramiento; Artículo 318 CP.P Solicitud de revocatoria; Artículo 284 C.P.P Prueba anticipada; Artículo 342 C.P.P Medidas de protección
Proyecto de Ley Estatutaria No.001 De 2003 Cámara de Representantes
BERNAL CUELLAR Jaime y MONTEALEGRE LINETT Eduardo, El Proceso Penal, Fundamentos Constitucionales del Nuevo Sistema Acusatorio, Parte 1, Ed. Universidad Externado de Colombia, 5ª Edición 2004, Pág. 155. BERNAL CUELLAR Jaime y MONTEALEGRE LINETT Eduardo, obra citada, pág. 160. Sentencia C- 1092 de 2003. ARTÍCULO 307. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. Son medidas de aseguramiento: A. Privativas de la libertad
1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión. 2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento; B. No privativas de la libertad
1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. 2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada. 3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe. 4. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con el hecho. 5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. 6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. 7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa. 8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda* o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. 9. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento, conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una persona de notoria insolvencia, no podrá el juez imponer caución prendaria. PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo adicionado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1760_2015.html" \l "1" 1 de la Ley 1760 de 2015. Entra a regir a partir del 6 de julio de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo lo previsto en los parágrafos 2o y 3o del artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr007.html" \l "317" 317 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de un (1) año. Cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean tres (3) o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html" \l "INICIO" 1474 de 2011, dicho término podrá prorrogarse, a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, hasta por el mismo término inicial. Vencido el término, el Juez de Control de Garantías, a petición de la Fiscalía o del apoderado de la víctima, podrá sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad de que se trate, por otra u otras medidas de aseguramiento de que trata el presente artículo. PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1760_2015.html" \l "1" 1 de la Ley 1760 de 2015. Entra a regir a partir del 6 de julio de 2016.
El nuevo texto es el siguiente:> Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicita pruebe, ante el Juez de Control de Garantías, que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento.
Artículo 301 Ley 906 de 2004
Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia de 26 de abril de 2001, Exp. 12.917.
ARTICULO 2344. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.
Fls.58-59 C.1
Fls.197-200 C.1
Fls.34 C.1
Fls.193 - 194 C.1
Fls.47-53 C.1
Fls.175-176 C.1
Fls.60 y 155 C.1
Fls.58 – 65 y 153-160 C.1
Fls.142 C.1
Obra registro civil de nacimiento de Luz Mirella Zambrano en el que consta que su padre es Jhon Jamer Zambrano. (Fls.18 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Luz Karina Zambrano en el que consta que su padre es Jhon Jamer Zambrano. (Fls.17 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Victoria Zambrano en el que consta que su padre es Jhon Jamer Zambrano. (Fls.15C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Jhon Carlos Zambrano en el que consta que su padre es Jhon Jamer Zambrano. (Fls.16 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Jhon Jamer Zambrano Carrillo en el que consta que sus padres son José del Carmen Zambrano y Marta Carrillo (Fls.13 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Yulieth Zambrano en el que consta que su padre es José del Carmen Zambrano, padre a su vez de la víctima directa. (Fls.21 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Estefania Zambrano en el que consta que su padre es José del Carmen Zambrano, padre a su vez de la víctima directa. (Fls.22 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Yelena Zambrano en el que consta que su padre es José del Carmen Zambrano, padre a su vez de la víctima directa. (Fls.23 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Olga Tatiana Zambrano en el que consta que su padre es José del Carmen Zambrano, padre a su vez de la víctima directa. (Fls.25 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Berenice Zambrano en el que consta que su padre es José del Carmen Zambrano, padre a su vez de la víctima directa. (Fls.27 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Verlidez Zambrano en el que consta que su padre es José del Carmen Zambrano, padre a su vez de la víctima directa. (Fls.29 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Jhon Jamer Zambrano Carrillo en el que consta que sus padres son José del Carmen Zambrano y Marta Carrillo (Fls.13 C.1)
En aplicación del principio de la non reformatio in pejus, por regla general, no puede agravarse la situación del apelante único, pues esta garantía constitucional ampara el derecho individual de la parte que resultó parcialmente vencida en el proceso, consistente en que, si apela, no puede ser modificado lo que le fue favorable porque la contraparte, al no recurrir, consintió en lo que se decidió en su contra, luego, quien consiente en lo desfavorable de un fallo, dispone de su interés al someterse inmediatamente a él, no obstante tener la posibilidad legal de alzarse contra la decisión mediante la interposición del recurso y sustentación de la apelación. Entonces, el principio de la non reformatio in pejus muestra en el trasfondo la protección de un interés individual que se ampara precisamente porque la otra parte dispuso del suyo al no recurrir lo que le fue desfavorable, evento en el cual las facultades del juez se restringen para proteger el derecho individual del apelante único.
Fls.47 C.1
Fls.58-65 C.1
Fls.147-148 C.1
Fls.149 C.1
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